Introducción

La vitivinicultura en Chile comenzó durante el siglo XVI, pero la producción de vinos que ha posicionado al país en el ámbito internacional se inició a finales del siglo XIX. Esta actividad fue impulsada por importantes familias aristocráticas de la época, quienes importaron variedades de cepas francesas y contrataron expertos de la misma nacionalidad para que se encargaran desde el trabajo con las viñas hasta la producción de vino (^{Müller, 2004}).

La implementación de esta actividad involucró al menos dos siglos. Ya entrado el siglo XX se transitó desde una vitivinicultura de empresas familiares, identificadas por su apellido, a sociedades basadas en acciones (^{Del Pozo, 1997}). Esta situación se potenció con los principios neoliberales impulsados por el Consenso de Washington que produjeron en Chile cambios en su política económica, destacando la eliminación de barreras a la inversión extranjera y la exportación de sectores con ventajas competitivas, que permitieron la consolidación de la industria y transformando los valles subnacionales en espacios de la vitivinicultura internacional y lograron posicionar a Chile como el sexto mayor productor de vinos y el cuarto exportador a nivel mundial (^{Vergara, 2001}; ^{Silva Lira, 2005}; ^{Alburquerque, 2013}; ^{OIV, 2016}).

En la actualidad, el modelo de desarrollo vitivinícola se considera beneficioso para el país porque tiene una serie de ventajas en comparación con el modelo de desarrollo de commodities, ya que es compatible con la pequeña propiedad, la industrialización, el trabajo intensivo, la inversión de capital y de tecnología, además crea una gama de actividades secundarias (^{Lacoste, 2005}). Por tanto, este desarrollo debería beneficiar a los pequeños y medianos productores, pero el rápido crecimiento de la industria vinícola chilena significó un aumento exponencial en el precio de la uva, incentivando su comercio. Esto condicionó a los viñateros a sólo comercializar a través del mercado de la uva, lo cual la disminución del precio de la uva generó problemas para los productores quienes no alcanzaban a cubrir los costos de producción. Esta situación incentivó el cambio o abandono de esta actividad, que generó una disminución de la superficie de vides en los valles vinícolas del Itata y Biobío (^{ODEPA, 2015}).

Además, la situación ha hecho que los viñateros busquen apoyo a través de instituciones cooperativistas con el objetivo de solucionar estos problemas, acciones que han generado una disputa tripartita entre: (a) Vinos de Chile (gran industria), (b) Coalición Nacional de Viñateros (pequeños y medianos productores) y (c) las instituciones públicas. Este artículo analiza las relaciones de poder presentes en los discursos de estos agentes sobre el desarrollo vitivinícola de los Valles del Itata y Biobío, ubicados en las regiones del Ñuble y del Biobío. Para ello, se utilizó como herramienta metodológica el análisis de discurso, el cual se posiciona como una perspectiva útil para analizar las estrategias que utilizan estos actores y su influencia en las decisiones que ocurren en esta actividad.

1. Desarrollo, poder y estructuras del sector vitivinícola

No son nuevos los programas y proyectos que tratan a los problemas de la desigualdad. Dichos problemas buscan socavar de forma directa o indirecta el acceso otorgado por las instituciones y sus políticas al aprovechamiento de sus recursos (^{Schejtman y Berdegue, 2008}). El más aclamado de estos proyectos es el “desarrollo”, iniciado con el discurso del presidente Truman en 1949 que anuncia la doctrina del “trato justo” para espacios del llamado tercer mundo (América Latina, Asia y África) que desde ese mismo momento se convirtieron en “áreas subdesarrolladas” (^{Escobar, 2014}). El desarrollo busca producir importantes cambios cualitativos entre las zonas marginadas y aquellas con potencial de desarrollo (Janvry y Sadoulet, 2004, citado en ^{Schejtman y Berdegue, 2008}), pero en la práctica esta tan anhelada transformación sólo ha aumentado los problemas socioeconómicos presentes en estas zonas (^{Escobar, 1998}).

La delimitación tautológica evidencia que la definición de “desarrollo” se debe vincular a la interpretación que se hace del mundo y de sus dinámicas (^{Freitas Caetano, 2016: 51}), puesto que al hablar de este concepto se asocian significados como crecimiento o progreso. Generalmente, se refiere a un incremento más o menos equilibrado y armonioso, donde la principal cuestión es que el desarrollo tiene que estar obligatoriamente asociado a otro término que defina lo que es objeto de desarrollo (^{García, 2016}). En términos prácticos, este concepto se puede entender a través de cuatro premisas: (a) el crecimiento no es igual a desarrollo; (b) el desarrollo no se mide en términos absolutos; (c) el desarrollo es un fenómeno histórico-social; y (d) involucra los niveles de avance en los individuos, lo cual se materializa en las sociedades a través de la combinación de capital y tecnología y de las acciones de políticas económicas y sociales (^{Becerra Lois y Pino Alonso, 2005}; ^{Escobar, 2014}).

La evolución histórica del concepto de desarrollo ha tenido dos etapas. En la primera predomina una visión exclusivamente economicista, en donde destacan indicadores como productividad, competitividad y eficiencia; la segunda etapa presta una mayor atención a las personas y comunidades como los sujetos que están en el centro del desarrollo. En la actualidad domina esta última corriente, que busca aprovechar los recursos no tradicionales (capital intangible) y asociarlos a una mayor sustentabilidad de los procesos productivos (^{Boisier, 2016}; ²⁰¹⁵).

Han pasado más de 70 años de instituciones, procesos, políticas y programas dedicados a fomentar, subsidiar e incentivar el desarrollo. Sin embargo, los países del tercer mundo aún son subdesarrollados y todavía participan en condiciones desiguales en el sistema de comercio e inversiones (^{Brewer, 2002}). Las teorías marxistas y el estructuralismo latinoamericano han atribuido a la estructura interna de los países como el principal determinante del desarrollo, puesto que la forma social de la riqueza se constituye a través del valor de cambio, y los países latinoamericanos basan su estructura en la producción y abastecimiento de materias primas para el proceso de producción mundial conformando una determinada relación económica basada en el intercambio de magnitudes desiguales, que en definitiva actúan como un determinante social (^{Prebisch, 1949}).

En palabras de Arturo Escobar, se odia criticar al desarrollo y sólo se proponen pequeñas correcciones o mejoras pero sin cuestionar la esencia de este en sí mismo. Es más el desarrollo actúa como táctica de colonización produciendo una dominación del pensamiento y las acciones, quedando registrado en nuestra política, cultura, economía y sociedad, materializándose mediante las características e interrelaciones de tres ejes: (1) las formas de conocimiento, que se refieren a la elaboración de teorías, conceptos y objetos; (2) el sistema de poder, que regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este discurso; y (3) la normalización de las prácticas con las que los individuos llegan a reconocerse a sí mismos como “desarrollados” o “subdesarrollados”. Normalmente estos ejes son materializados a través de la institucionalización de estos procesos por órganos eficientes, cuyo objetivo es vincular la realidad económica, social, cultural y política con los conocimientos, técnicas y herramientas que el modelo de desarrollo recomiende (^{Escobar, 1998}; ²⁰¹⁴), actuando básicamente como el acto de “llevar” a los otros (de acuerdo con mecanismos de coerción más o menos estrictos) a comportarse de cierta manera en un terreno más o menos abierto de posibilidades (^{Foucault, 2021}).

Para el caso chileno, la construcción del “subdesarrollo” es el nombre que toma la forma de subjetivación de la distorsión inmemorial, por la cual el orden social silencia a la mayoría de los afectados (^{Rancière, 1996: 36}), ya que se hace una exclusión de los conocimientos y las opiniones de aquellos que deberían beneficiarse del desarrollo (^{Escobar, 1998}; ²⁰¹⁵), generando una disputa por la palabra, puesto que la construcción y asimetrías del poder lingüístico imposibilitan la comunicación, ya que las reglas y códigos están determinadas a favor del “desarrollo” (^{Rancière, 1996}).

Esta situación se materializa en la estructura interna de producción a través de medidas, tales como la importación de equipos, tecnologías y expertos traídos de los países desarrollados, con el fin de elevar los niveles técnicos, culturales y la calidad de vida de los grupos sociales con el fin de conseguir una expansión del desarrollo social y económico del país, que han desincentivado los métodos, técnicas y prácticas culturales creadas por las idiosincrasias nacionales (^{Gunder, 1978}).

Las asimetrías de poder subyacentes en las relaciones e interacciones de los estados desarrollados con los subdesarrollados se pueden entender a través de 5 premisas presentadas por ^{Foucault (2021)}: (1) el sistema de las diferenciaciones, que permite actuar sobre las acciones de los otros; (2) los tipos de objetivos impulsados por aquellos que actúan sobre las acciones de los demás; (3) los medios de hacer; (4) formas de institucionalización; y (5) los grados de racionalización. Los grados de racionalización y los tipos de institucionalización toman preponderancia a la hora de entender el modelo de desarrollo puesto que éste utiliza estructuras jerarquizadas (instituciones), sistemas legales y los grados de racionalización para elaborar, transformar u organizar procesos y adaptarlos a diferentes situaciones, por lo cual las instituciones nos proporcionan puntos de observación privilegiados para vislumbrar la concentración y tipos de relaciones de poder existentes (^{Foucault, 2021}; ¹⁹⁸⁸).

Para entender el interior de las organizaciones e instituciones de la industria vitivinícola y mostrar las estructuras de esta industria y del propio vino, es necesario entender las relaciones jerárquicas que las atañen, las cuales expresan superioridad, igualdad e inferioridad social, que son aceptadas y percibidas, y no necesariamente se relacionan con las cualidades de los individuos o sus productos, sino más bien con las posiciones sociales que ellos mantienen y/o sostienen o a ciertos atributos que estos adscriben, siendo en definitiva relaciones de poder ejercidas por los distintos actores dentro de la sociedad (Weber, 1922, citado en ^{Valdivia Carter, 2015}). Teniendo como cometido construir sistemas de aptitudes duraderas y transferibles, utilizando mecanismos estructurados, que funcionan como estructuras estructurantes; es decir, “principios generadores y organizadores de prácticas de representaciones sociales” (^{Bourdieu, 2010: 11}), que tienen como finalidad la reproducción de estas condiciones a través de normas y códigos morales (^{Althusser, 1974}).

Así, entonces se construyen los principios que definen a un buen o mal vino, siendo básicamente el producto de procesos institucionalizados, los cuales buscan generar el límite entre los objetos técnicos y los objetos de arte, siendo materializado en nuestra conducta mediante normas y acuerdos sociales, generando en la práctica las connotaciones de excelencia o de marginación. En el caso del vino y su proceso de constitución social, se ve afectado por la dependencia en las transformaciones en las relaciones de los enólogos con los no enólogos y de igual forma la relación de los enólogos con los otros enólogos, construyendo un campo intelectual y artístico relativamente autónomo que busca definir la función del enólogo y del vino. Este proceso debe contextualizarse porque la producción de este bien agroalimentario se sujeta a componentes culturales y a la jerarquización dada sobre estas mismas prácticas, generando una jerarquización social sobre el consumo, dando por resultado la conformación de “marcadores de clase” (^{Bourdieu, 2010}).

Por tanto, el consumo y legibilidad del vino esta intrínsecamente asociado a un código y la decodificación depende de la capacidad individual que se dispone para entender este código, siendo el capital que se posee el que permitirá diferenciar las cualidades de un buen vino de uno malo. En la sociedad existen códigos desigualmente complejos y refinados, materializados y reproducidos a través de sistemas educacionales metódicos o difusos que cambian según la época y la clase social. Estas competencias culturales se pueden adquirir mediante un aprendizaje institucionalizado y, por tanto, se delimita el universo de representaciones que son propias de estos agentes (^{Bourdieu, 2016}; ²⁰¹⁰).

La ubicación geográfica en la construcción de la “calidad del vino”, además de aportar las características edafoclimáticas para la producción de la uva, juega un rol social. Se crean imaginarios sobre estos territorios, ya que las percepciones expresadas por distintitos individuos van formando en definitiva el status de dicho espacio geográfico. Además, la sociedad estigmatiza estos territorios, debido a la valoración de los niveles socioeconómicos de las personas que los habitan, los cuales cambian dependiendo de las zonas (^{Valdivia Carter, 2015}).

2. Metodología

La construcción epistemológica de este trabajo tiene como punto de partida los conceptos y postulados del interaccionismo simbólico y de la teoría critica. Dichos principios toman a la estructura simbólica y semiológica del lenguaje como procesos construidos por el ser humano y su entorno, porque no se puede entender al individuo como ente aislado -el sujeto es configurado dentro de un entramado social que le permite aprender u obtener su significado en la interacción entre ellos y/o su contexto histórico-social (^{Frankenberg, 2011}; ^{Horkheimer, 2000}).

La realidad no es imperturbable puesto que mediante los mismos procesos de interacción se encuentran en una constante definición y redefinición. Esto origina cierta incredulidad con respecto a las metanarrativas, ya que ellas no explican la totalidad del fenómeno y generalmente silencian, marginan e invisibilizan las perspectivas de grupos subalternos (^{Briones, 1996}; ^{González Soriano, 2002}).

El lenguaje como mecanismo entre el individuo y la sociedad nos permite entender cómo los sujetos hacen uso de él mediante acciones estratégicas para conseguir sus objetivos. Dado que el lenguaje como práctica social tiene la capacidad de configurar otras prácticas sociales (ya sean cognitivas, comunicativas, culturales o políticas, etc.), las cuales están reglamentadas y controladas por instituciones, el discurso en sí mismo (acto comunicativo estratégico) permite un nivel de abstracción que posibilita la observación de los supuestos del razonamiento social en los individuos y en la eticidad de la sociedad (^{Laso, 2004}; ^{Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978}).

Todo discurso nace de un contexto dialógico porque el lenguaje contiene significados ontológicos, entre otros más. Es un medio representativo para acceder a la subjetividad humana (^{Gadamer, 1998}). El discurso está constituido por ideas, pensamientos y símbolos que poseen la facultad de reajustar constantemente su universo humano (^{Cassirer, 1967}). Éstos no se encuentran aislados, sino que están acompañados por las circunstancias que los rodean (posición social, creencias, etc.), las cuales también influyen sobre ellos y crean cierto consenso sobre las formas y prácticas culturales que determinan cuáles ideas son más influyentes que otras (^{Said, 1999}).

El discurso en las sociedades explicita los significados para ayudar a comprender a las culturas. De este modo, es posible visualizar la estructura y el funcionamiento de los diferentes niveles de representación, las posiciones y pensamientos de las identidades tipificadas de los grupos (^{Pardo Abril, 2007}). Su función es disminuir la distancia entre cogniciones sociales y cogniciones personales. Las opiniones individuales generalmente son organizadas y esquematizadas por temas sociales relevantes y también utilizadas como métodos de simplificación sobre el discernimiento, pues la comprensión activa o la producción de un texto habla bajo la influencia de modelos mentales (^{Van Dijk, 1996}).

Para la selección del corpus de esta investigación, se realizó un muestreo intencional de distintas fuentes documentales: Reporte de sustentabilidad (Viña Concha y Toro); Estrategia 2020 (Vinos de Chile, A. G.); Plan estratégico 2016-2020 (COPABIO); Estudio de caracterización de la cadena de producción y comercialización de la cadena de valor de la agroindustria vinícola (ODEPA); la documentación para la Fiscalía Nacional Económica y el texto para el V seminario Patrimonio Vitivinícola: Hacia una gestión sostenible del patrimonio en el Valle del Itata, (éstos fueron preparados por Yenny Llanos); reportajes y artículos periodísticos de diarios (La Discusión, el Mostrador, etc.); Cuenta pública del Ministerio de Agricultura (MINAGRI); informe del año 2006 de la Comisión Nacional del Vino y memorias (Anuales de Vinos de Chile); Presentación estudio de caso: abuso explotativo por posición dominante y competencia desleal en la industria vinícola en Chile; Cartas a los dirigentes y representantes de las cooperativas y entre otros documentos asociados directa o indirectamente con el conflicto vitivinícola de los Valles del Itata y Biobío. La información, obtenida hasta alcanzar el punto de saturación -es decir, hasta que los propios datos se volvieron repetitivos y no aportaron a la investigación, se recabó mayoritariamente de fuentes de información pública.

El estudio estuvo mediado por categorías, cuyo propósito fue analizar a través del etiquetamiento, desagregación y reagregación de textos centrados en la lengua y las relaciones sociales dentro de los discursos. La utilización del análisis crítico del discurso se realizó con Atlatis.ti, el software de investigación cualitativa (^{Muhr, 1993}). El proceso de investigación fue cíclico, reiterando la obtención de nuevos datos y analizándolos mediante un procedimiento de codificación abierta. Se consiguieron principalmente tres categorías: argumentos sobre el desarrollo vitivinícola de los Valles del Itata y Biobío; los instrumentos, mecanismos y/o prácticas que conforman las acciones o inacciones de los agentes; y los nexos de las practicas discursivas y sociales que utilizan los agentes. Para ello, se emplearon recursos retóricos que permitieron entender el carácter social e interpretativo de los argumentos, significados y entramados en el funcionamiento discursivo y el uso pragmático de los textos (los distintos corpus). Lo anterior permitió analizar las relaciones de poder dentro del desarrollo vitivinícola de los Valles del Itata y Biobío, y los agentes (vinos de chile, Coalición Nacional de Viñateros e instituciones públicas) que producen, mantienen y reproducen esta situación.

Además del análisis crítico de discurso, se utilizó un policy network, o red de políticas públicas, porque permite esclarecer de forma gráfica las relaciones de poder y su intensidad. En la construcción de policy network (véase ^{Porras Martínez, 2001}) se optó por una perspectiva nominalista y se realizó a través de un análisis global, siendo las dimensiones utilizadas:

A continuación, la Figura 1 ilustra la vinculación de los elementos teóricos y metodológicos utilizados en el análisis crítico de discurso:

Fuente: elaboración propia con base en los elementos metodológicos a utilizar.

Figura 1 Diagrama sobre elementos teóricos y metodológicos 

3. Resultados

3.1. Contexto histórico y marco legal

La industria vitivinícola chilena obtiene uno de sus hitos más importantes entre los años 1830 y 1930 al reestructurarse para la exportación de vinos a Europa, ya que las vides de ese continente fueron atacadas por el ácaro filoxera, que produjo la disminución drástica de la producción del vino en el viejo continente (^{Pszczólkowski, 2015}). Este hecho dividió la vitivinicultura chilena en dos. Una, la “tradicional”, se caracteriza por la producción de vinos con fuertes rasgos identitarios utilizando cepas nacionales (País y Moscatel de Alejandría, entre otras) junto con métodos que se habían mantenido casi sin variaciones desde la época de la conquista (^{Ledesma, 2015}), extendiéndose desde el Huasco hasta los últimos fuertes de la Región del Biobío (^{Solminihac, 2015}). La otra vitivinicultura, la “moderna”, aprovecha las condiciones presentes en el país para la incorporación de cepajes y tecnología traídos desde Francia, proceso monopolizado por la oligarquía de la época (^{Rojas Aguilera, 2015}).

La transición de una vitivinicultura “tradicional” a una “moderna” cambió la importancia de los territorios productores, puesto que, desde la independencia hasta mediados del siglo XIX la zona del Biobío era considerada como la mejor zona productora de vinos de Chile. Hasta 1870 los vinos tradicionales competían directamente contra los de imitación francesa (vinos producidos con cepas francesas, que ocupaban Denominación de Origen (DO) europeo para su comercialización en el país) (^{Carrasco, 2014}). En estos años la institucionalidad publica presentó un sesgo a favor de la utilización de cepas francesas, terminando con la imposición del estilo francés como el único paradigma valido para la producción de vinos (^{Lacoste et al., 2015a}). Este proceso perjudicó a la producción de vinos tradicionales y redistribuyó su producción en zonas visibles o invisibles, claro dependió de la concordancia que tuvo con los métodos de hacer (técnicas) y ser (vinos) convenientes para la parte dominante (^{Rancière, 1996}), puesto que se produjo un cambio en la concepción y valoración de estos mostos marginalizándolos y relegándolos a zonas periféricas de la actual vitivinicultura (^{Lacoste et al., 2015b}). La legislación e institucionalización del vino desincentivó a la vitivinicultura tradicional, principalmente por trabas en su comercialización y aumentos al impuesto del vino a través de la Ley de Alcoholes de 1929 (^{Reyes Coca, 2001}). A esta situación se le agregan factores económicos, como una sobreproducción de uva vinífera y la vinificación con uva de mesa (^{Ledesma, 2015}).

La construcción identitaria predominante en la vitivinicultura mundial se caracteriza por una fuerte identificación de un tipo de cepa con una región vinícola. Este vínculo se forja debido a la atribución al suelo de las características que posee el vino (^{Pszczólkowski, 2004}; ²⁰¹⁴). La institucionalización de los territorios vitivinícolas chilenos se produce a través de una zonificación de los valles y las cepas con que se pueden producir vinos. Las zonas vinícolas representadas en el Mapa 1 se constituyeron con el Decreto N° 464 (^{Diario Oficial, 1995}).

Fuente: elaboración propia a través del software ArcGIS (^{Esri, 1999}), se emplearon datos obtenidos del decreto N° 464.

Mapa 1 Zonificación de los valles vinícolas de Chile 

La comercialización en mercados extranjeros ha requerido transformaciones en el aparato institucional, con el fin de adecuarlos a los requisitos internacionales. Las principales transformaciones en la legislatura sobre la vitivinicultura fueron establecidas en las décadas de 1980 y 1990, producto de los acuerdos internacionales firmados con la Unión Europea. Tales transformaciones estuvieron asociadas a las prácticas enológicas en el Decreto N°78 (1986), que establecieron a la zonificación vinícola o Denominación de Origen (DO) y su modificación (1995), la prohibición de la utilización y comercialización de productos con nombres relacionados con Indicaciones Geográficas (IG) o DO europeas, entrando en vigencia un nuevo reglamento para la uva vinífera (^{ODEPA, 2016}).

La modernización del agro para la comercialización global significó una adaptación en las características productivas de los territorios y al mismo tiempo transformó las condiciones socioculturales, símbolos y códigos de los habitantes de estas zonas, induciendo respuestas peculiares por parte de estos actores (^{Fawaz Yissi, 2005}). La respuesta de la vitivinicultura chilena inició en 1994 y contempló la selección del Carménère para ligarla a la idiosincrasia de Chile mediante el siguiente discurso: “los chilenos estábamos trabajando para devolver al mundo una variedad perdida” (^{Pszczólkowski, 2004}). Esta respuesta tuvo buena acogida en el comercio mundial, que trajo repercusiones dentro de la propia industria vinícola. La más importante fue el cuestionamiento del paradigma francés para la producción de vinos nobles, ya que los vinos tradicionales y sus territorios han vuelto a la palestra buscando obtener otra ventaja absoluta en el comercio internacional mediante la valoración de las identidades locales, que es cada vez más apreciada en el sistema de comercio global.

En la actualidad, el mercado del vino chileno casi en su totalidad se autoabastece con producción local (^{Vinos de Chile A. G., 2012}), pero la gran mayoría de los viñateros debe comercializar en el mercado de la uva que ha impulsado el nacimiento de las iniciativas cooperativistas. No obstante, estas instituciones se han tropezado con dos grandes problemas -no poseen los recursos necesarios para vinificar y no poseen las condiciones que le permitan llegar al consumidor final-, ya que no cuentan con economías de escala y departamentos de marketing que faciliten estas acciones (^{COPABIO, 2016}; ^{Llanos, 2015}).

4. Discusión

La influencia del modelo neoliberal dentro de la agroindustria vitivinícola ha potenciado la internacionalización e industrialización del vino, con el fin de aumentar las tasas de ganancias. Este proceso también ha potenciado y robustecido el mercado junto a sus canales de comercialización, generando que estos sean los principales medios de interacción entre los agentes descritos, los cuales han pasado de un comercio local a ser parte de una cadena de valor en una economía globalizada. El modelo económico y su proceso globalizatorio influyen directamente en la directriz que ha tomado el desarrollo del sector vitivinícola, el cual se encuentra apoyado por la institucionalidad publica, jugando un rol secundario o de apoyo encargado de facilitar el comercio en el exterior y mediante la imagen país se busca potenciar el desarrollo de este sector:

Un aspecto relevante para tal objetivo es el desarrollo de la denominada Imagen País, que finalmente permita que internacionalmente se llegue a identificar a Chile como un importante productor de vinos de alta calidad (^{Llanos, 2015: 5}).

La utilización del proceso de globalización para la comercialización de la producción vinícola y la utilización de la imagen país como proceso simplificador en la elección de vinos son puntos de concordancia entre todos los agentes. Estos coinciden en la meta del sector vitivinícola, pero en la desconstrucción de esta meta se puede ver que existen varias formas de lograrlo, es más, muchas de estas formas son antagónicas. ^{Vinos de Chile (2012)}, el actor más importante en esta materia y líder del comercio vinícola del país, plantea en su misión:

Fortalecer la imagen y reconocimiento de los vinos chilenos en mercados internacionales, estableciéndonos como un origen remium e incrementando el valor de la marca “Wines of chile”, elevando así el precio promedio, ventas y valor agregado para todos los actores de la industria nacional (^{Vinos de Chile A. G., 2012}).

Por su parte, la Asociación Gremial busca mejorar las condiciones de comercialización para “todos los actores de la industria nacional”, pero en la actualidad, la comercialización y la construcción de productos de calidad llevan importantes requisitos productivos, sociales y ambientales, los cuales no se están cumpliendo. La coalición Nacional de Viñateros denuncia el uso de prácticas dañinas en la construcción de la imagen país:

Es de nuestro mayor interés poder mejorar la calidad e imagen del vino chileno, para lo cual se hace necesario la prohibición de vinificación con uva de mesa, la prohibición de incorporación del agua en el vino, la reglamentación de nuevas plantaciones y de las denominaciones de origen, tal como ocurre en países productores emblemáticos de vino en el mundo (^{Llanos, 2017: 18}).

Las acusaciones presentadas por la Coalición Nacional de Viñateros se deben a las modificaciones efectuadas al Decreto 78 de la ley N° 18.455 (^{Diario Oficial, 1986}), siendo el inciso 22 y 23 los más controversiales, ya que permiten la agregación de hasta un 7% de agua a los vinos (^{Gacitúa, 2017}). Además, se suma que importantes empresas realizan prácticas controversiales y contrarias a la legislación. Uno de los hechos es lo sucedido con la Viña Santa Rita:

La caja Tetra Pack dice claramente “Cabernet Sauvignon” y, más abajo, “hecho con Uva de Mesa […], la Viña Santa Rita informa que ayer 24 de mayo, fue alertada de la circulación de un producto rotulado fuera de la norma legal, correspondiente a 120 Tetra Pack elaborado con uva de mesa; situación que reportamos de forma inmediata a las autoridades correspondientes”, dijo a través de un comunicado (^{El Mostrador.cl, 2017: 1}).

Las empresas pertenecientes a la Asociación Gremial Vinos de Chile institucionalizan, normalizan y aseguran su producción y comercialización a través de procesos de certificación. El más importante de éstos es el certificado de sustentabilidad y en él se miden valores sociales y ambientales a lo largo de la cadena de producción vitivinícola. Dentro de las empresas chilenas destaca Concha y Toro, la marca de vinos más poderosa del mundo que cumple con un 97% en la certificación del código de sustentabilidad de Vinos de Chile (^{Concha y Toro, 2015}). La importancia que juegan estas empresas dentro del mercado le permite influir en este:

Algunos corredores con los que trabajan que la viña Concha y Toro no iba a comprar uva blend, o sea, la materia prima para hacer vino corriente este año, y en compensación está ofreciendo un bono a los productores con los que negocia anualmente, que estipula un pago de 20 pesos por kilo de uva, de acuerdo con el volumen que entregaron en los dos últimos años, a cambio de un compromiso de venta para la temporadas 2017 y 2018, que considera un precio base de 100 pesos por kilo, con la opción de desistir por parte de la viña (^{Guerra Martínez, 2016: 8}).

El entramado relacional subsistente en las prácticas que constituyen los dispositivos, los cuales normalizan las reglas y normativas en el mercado del vino y la uva, muestra que las relaciones de poder existentes entre los agentes permiten una dominación de unos actores sobre otros. Vinos de Chile no necesita romper las normas que aseguran su certificación, que utiliza como dispositivo legitimador y justificador de sus buenas prácticas ante las exigencias impuestas por mercados internacionales, ya que posee el poder suficiente para entregar señales que distorsionen el mercado a su favor, invisibilizando las practicas dañinas para los pequeños y medianos productores mediante un instrumento (mercado) que debería ser libre y autónomo. Ante esta situación, la ^{Coalición Nacional de Viñateros (2017)} denuncia la coaptación de este instrumento debido a las siguientes razones:

Poder comprador altamente concentrado y verticalmente integrado, explota a pequeños productores que están fuertemente atomizados y atrapados a seguir en el rubro, sin poder de negociación o de escalamiento en la cadena, debido a elevadas barreras, economías de escala, la condición estacional y perecible del producto (^{Coalición Nacional de Viñateros, 2017: 1}).

Esta acusación ha tomado dos caminos. El primero de ellos es la judicialización del conflicto a través de una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica. El segundo camino es la mediación e intervención mediante las instituciones públicas, la cual entregó como respuesta:

En la producción de vinos corrientes, sin embargo, existe una estructura de contratos de un año de duración para los viñateros y productores de vino granel, o compra de uva y vino granel en el mercado spot, por lo que puede estar más expuesta a problemas de libre competencia y abusos de poder de mercado, dada la gran concentración del mercado nacional, donde las tres principales viñas concentran más del 85% de la producción del vino en el mercado nacional (^{ODEPA, 2015: 126}).

En resumen, es posible señalar que la mayor parte de las interacciones explicitas de los agentes están relacionadas con el intercambio de mercancías, siendo el funcionamiento del mercado el eje articulador del conflicto, específicamente el precio del kilo de uva. Esta situación denota el equilibrio de fuerza de los agentes, colocándolos a dos de ellos (Vinos de Chile y Coalición Nacional de viñateros) en zonas antagónicas y a un tercer actor (las instituciones públicas) en una zona aparentemente neutra, encargándose de la supervigilancia del mercado y su autonomía -esta parte se encarga de mediar y garantizar los principios rectores que guían el desarrollo de esta actividad productiva (Figura 2). Además, hay un conflicto inherente por la imagen país entendida como institución, ya que juega en el rubro vitivinícola un papel primordial debido a su utilización como recurso (pues ésta entrega credibilidad e identidad) en la comercialización de sus productos (vino, etnoturismo, etc.). La imagen grosso modo se encuentra constituida por el aumento en las utilidades (producción de vinos de buena calidad), el perfil y reputación percibidos por la opinión pública internacional y buenas prácticas productivas (valores asociados a la producción del vino).

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Atlas.ti (^{Muhr, 1993}).

Figura 2 Policy network: posicionamiento y relaciones de los agentes 

El mercado como eje articulador explicita las posiciones de los agentes sobre la construcción del desarrollo, porque hay una disputa por el precio de la uva que ha posicionado tácticamente a distintos agentes en lugares que les permiten maximizar la visibilización de sus demandas y discursos, con el fin de instaurar un consenso asociado con la verdad que proclaman y así lograr sus objetivos. Entendiendo que tales posiciones no son neutras, al igual que su influencia o poder, los agentes las emplean para realizar ciertas acciones. Esto se refleja en el precio de la uva, puesto que es un mal valor de venta y un buen valor de compra, perjudicando enormemente a los productores de los valles del Itata y Biobío -los precios no alcanzan para cubrir los gastos de manejo y cosecha. Debido a la concentración del mercado nacional del vino, Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita concentran para el año 2014 más del 87% de este mercado (^{ODEPA, 2015}) y también de la compra de uva. Hacen funcionar este mercado como oligopsonio, otorgando un gran poder a los demandantes y dejando prácticamente sin poder de negociación a los oferentes. Esta situación llevó a la Coalición Nacional de Viñateros a buscar otras formas de solucionar esta problemática y la más importante de ellas es la judicialización del conflicto ante la Fiscalía Nacional Económica. La judicialización del conflicto acusa la presencia de un actor dominante, el cual interviene en las decisiones del mercado de la uva, corrompiendo a su favor el funcionamiento de las leyes de oferta y demanda.

Las instituciones públicas son el agente que tiene mayor interacción con los demás participantes en este rubro, debido a la multiplicidad de funciones que debe cubrir dentro del sector vitivinícola y otros sectores asociados. El principal rol que debe cumplir es salvaguardar la autonomía del mercado como institución encargada en la asignación de recursos. Si a lo anterior le agregamos que en el país se tiende a concentrar el poder, Chile se vuelve más susceptible y vulnerable para que agentes puedan influir y dirigir las decisiones ejercidas por el mercado, debido a su participación e influencia que poseen en él.

Las instituciones públicas funcionan como cajas negras para los demás agentes, en donde las funciones de input y output son las principales formas de interacción que poseen con los demás actores. Las acciones (output) de las instituciones públicas no son neutras y responden a varios factores, resaltando las alternativas técnicas formuladas por la ideología desarrollista de moda. Estas acciones ejercen presión sobre las respuestas entregadas. Dentro de estas respuestas se encuentran las modificaciones a la legislatura referente a los decretos N° 464 (^{Diario Oficial, 1995}), 78 y la ley N°18.455 (1986), que han redefinido los valles vinícolas del país, incluyendo y excluyendo las cepas aptas para vinificar y han normalizado “las formas de producción del vino”.

Las instituciones públicas son garantes del cumplimiento de acuerdos productivos, comerciales, ecológicos, etc., con otros países. Al mismo tiempo, fuerzan que los demás agentes los cumplan mediante certificados, los cuales avalúan el cumplimiento de las condiciones acordadas y exigidas por los distintos estándares nacionales e internacionales -con esto se genera una connotación de seguridad en aquellos productos que los poseen. Otra función de los certificados es simplificar y facilitar la comercialización en mercados extranjeros; así como entregar estándares mínimos de calidad para el consumidor. De esta forma, se salvaguarda la reputación e imagen de estos productos.

La certificación de las grandes viñas asociadas en Vinos de Chile juega un importante rol en la comercialización en mercados extranjeros, ya que con estos se asegura el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales y productivos. Además, la certificación facilita el ingreso a mercados altamente exigente -en la actualidad, esto ha permitido que la asociación gremial comercia con más de 150 países. Esta certificación juega un rol fundamental en la imagen y reputación que la asociación gremial desea proyectar.

La alta concentración del mercado de la uva ha generado que la asociación gremial Vinos de Chile sea el mayor comprador de uva vinífera del país. Lo anterior le entrega un poder de dominación sobre los oferentes, puesto que la naturaleza de la uva permite un corto periodo de tiempo con la calidad óptima para la producción de vino (sobre maduración). El poder de estas empresas en el mercado de la uva y las condiciones del producto se reflejan en su precio, ha llegado a alcanzar mínimos de hasta 30 pesos (0,046 dólares) por kilo de uva, lo cual ha incentivado a los viñateros abandonar este rubro.

La imagen país es un constructo en el cual todos los agentes enfatizan en cuanto a la importancia que posee en el desarrollo del sector vitivinícola. La función de la imagen país es asociar a Chile como un importante productor de vinos de alta calidad y con ello aumentar el consumo y precio de los vinos chilenos en el extranjero. La confección utilitarista otorgada a la imagen país debe basarse necesariamente en la calidad de los vinos, así como en las condiciones productivas, sociales y ecológicas de su producción, debido a que estas condiciones son otra parte de las circunstancias que se evalúan en la conformación de un buen vino.

Conclusión

La construcción discursiva de este conflicto se encuentra en mediación entre múltiples discursos. Por una parte, está el discurso oficial de las instituciones públicas, basado en el éxito de las grandes empresas. Por el otro, se encuentran los discursos locales de los viñateros, los cuales están en una situación de dominación y dependencia por parte de la gran industria. La principal causa de discordia es el precio de la uva, ante lo cual ninguno de los agentes busca romper las relaciones comerciales entre ellos, pero al mismo tiempo es posible reconocer una clara supremacía de un agente (Vinos de Chile) sobre el otro (Coalición Nacional de Viñateros).

La construcción discursiva histórica sobre la producción del vino tiene una clara visión positivista, la cual resta importancia a las cepas y vinos de los valles del Biobío e Itata, marginándolos del desarrollo y posicionándolos como un actor secundario dentro de la vitivinicultura. Con el afán de modernizar el país, las instituciones públicas impusieron las páacticas francesas como la única forma valida de producción de vino, lo que significo en el largo plazo una desvalorización de los vinos y cepas nacionales, aprisionándolas en determinadas zonas geográficas y finalmente invisibilizándolas en la industria vitivinícola nacional.

La producción de vinos con cepas y métodos tradicionales y los territorios en donde se producen estuvieron fuera de la legislación vitivinícola de Chile hasta 1990. Esta situación generó para los productores de este tipo de cepa esta dicotomía: sus uvas no son consideradas viníferas y tampoco son consideradas uva de mesa. Lo anterior produjo una extrema vulnerabilidad en la vitivinicultura tradicional, puesto que permitía que cualquier otro usuario tomara provecho de ella, conformando un tipo de relación especial (exclusión inclusiva) con los demás productores de vino. La exclusión inclusiva se debe principalmente a la exclusión enológica de las cepas tradicionales para realizar un “buen vino” y, al mismo tiempo, la inclusión como materia prima barata para aumentar el volumen, corregir la acidez, color etc. Esta situación normalizó la condición simbólica que presenta este tipo de vitivinicultura, manteniendo la vulnerabilidad de estas cepas y sus productores. Incluso con el cambio en las normativas, leyes y reglamentos que hoy imperan sobre la vitivinicultura, las cepas tradicionales aún mantienen un bajo precio en comparación con las otras, además esta situación se ha visto reforzada por el auge de la industria vinícola en los últimos años.

Por último, esta investigación enfatizó en los discursos que construyen la desigualdad que afecta los territorios vinícolas de los valles del Biobío e Itata. Este tipo de análisis entrega una arista diferente para comprender cómo los procesos económicos se expresan en el tiempo y en el espacio, configurando nuevos territorios que se ven transformados por el rol que presentan los actores y su influencia sobre los lugares. Además, estas perspectivas que buscan relevar la importancia de la construcción social del espacio que deben contribuir a la implementación de programas y políticas públicas que busquen solucionar de forma directa o indirecta la situación desigual que viven los viñateros de estas zonas.