Con el propósito de contribuir al pensamiento científico en las Ciencias Sociales Espacialmente Integradas, la revista Economía, Sociedad y Territorio, muestra en esta edición, número 59, enero-abril de 2019, a través de diez investigaciones, las dificultades, los aciertos, las propuestas y los avances conseguidos en esta área del conocimiento.

En el primero de ellos, “La producción de territorios precarios por el dispositivo legal”, Erika Saccucci, autora, analiza dos conflictos por toma de tierra en la ciudad de Córdoba, Argentina: Piedra Blanca y Pueblos Unidos. De este modo, en este artículo se da a conocer cómo opera el dispositivo de poder legal en dos conflictos por el acceso a la tierra en la ciudad de Córdoba y como al mismo tiempo, se han recuperado analíticamente las resistencias que los sujetos producen frente a estos dispositivos. Las tácticas son resistencias microfísicas, resignificadoras de los efectos del poder que pueden habilitar la emergencia de procesos de lucha. Así, la vida cotidiana se presenta en el análisis como lugar en donde es posible conocer tanto la reproducción del poder y sus dispositivos como, al mismo tiempo, “otras” prácticas que lo desafían.

Con la intención que supone la implementación de instancias realmente democráticas de involucramiento de la ciudadanía Melina Guardamagna y Malena Reyes analizan la política de ordenamiento territorial en Mendoza, Argentina, donde la participación ciudadana ha sido instrumentada de forma heterogénea desde el 2006 a la actualidad. Así, desde el artículo “El desafío de la implementación de políticas públicas participativas para el desarrollo del territorio” plantean una relación dialéctica entre teoría, método y práctica, en este sentido, el estudio de un caso real, a partir de los criterios para evaluar la legitimidad de las políticas públicas participativas les permitió establecer uno de los principales problemas: el acceso a la información. Esto repercute directamente en la capacidad de influencia de ciertos actores, sobre todo los de la sociedad civil y de aquellos municipios opositores al gobierno provincial, por lo que concluyen que el problema, en todo caso, ha sido que la autoridad de aplicación y el organismo creado para tal fin, la APOT, no han sabido liderar el proceso y resolver estos conflictos en cada momento. Finalmente a pesar de estas críticas, se trata de una política que define un entramado institucional novedoso para la gestión provincial, más acostumbrada al formato de arriba hacia abajo. De esta forma, a lo largo de los años, vemos cómo la temática ya forma parte de la agenda no sólo del Estado, sino también de la sociedad. Es decir, la política a lo largo de estos diez años ha logrado construir capacidad institucional, los habitantes de Mendoza conocen de la temática, o al menos han escuchado o leído sobre ella.

En el ámbito de la economía y la administración Elías Alvarado Lagunas, Karina Valencia Sandoval y Óscar Iturrlade Mota presentan el artículo “Impacto del entorno social en el robo a microempresas del área metropolitana de Monterrey”, donde mediante una caracterización de microempresas del área metropolitana de Monterrey, con datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, efectuada mediante dos modelos de elección discreta binaria: logit y probit, obtienen los efectos de localización y vecindario sobre la probabilidad de ser objeto de robo con violencia. Demostrando que el entorno social, específicamente las características de vecindario y localización, juega un papel muy importante para predecir la probabilidad de que los empresarios sean víctimas de robo violento en sus microempresas. Asimismo, se observa que el rezago social que existe entre los municipios del área metropolitana de Monterrey tiene un efecto negativo en la percepción de los empresarios, cuyas microempresas están ubicadas en colonias con una alta marginación.

Los resultados arrojaron que el delito de robo posee una lógica geográfica y social predecible, por lo que también es un delito combatible. Para ello, los autores sugieren el desarrollo de estrategias preventivas focalizadas en la creación de un departamento o área encargada de analizar bases de datos existentes sobre las características socioeconómicas, geoespaciales y denuncias que puedan influir en los delitos, con el objeto de identificar las zonas o puntos rojos de mayor robo a microempresas en los municipios del área metropolita de Monterrey.

En el mismo marco del combate al crimen, en el artículo “Um método econométrico na identificação dos determinantes da criminalidade municipal: a aplicação em Minas Gerais, Brasil (2000-2014)”, Gabriel Teixeira Ervilha y João Eustáquio de Lima, analizan a través de la metodología de datos como la ciudad de Minas Gerais ha impactado en los indicadores de criminalidad en sus 853 municipios desde 2000 hasta el 2014, y demuestran la relación entre las tazas de criminalidad y los indicadores socioeconómicos y demográficos, en ese sentido se analizaron las diferentes formas de criminalidad, los delitos contra una persona, contra el patrimonio y los de menor importancia.

Por lo que sus resultados arrojan políticas de enfrentamiento a la criminalidad intercalando políticas relacionadas con la educación y la asistencia social como: escuelas de tiempo completo, integración, capacitación técnica y ampliación de los servicios de asistencia social, donde es fundamental la eficiencia que la policía debe tener ante la delincuencia. Señalando que además de las políticas públicas, de seguridad, de educación y de asistencia social es fundamental la gestión de la información en los medios de comunicación, de manera que éstos no impacten negativamente en los habitantes de los municipios y se reduzcan los índices de violencia. Es necesario emplear los programas de lucha contra la pobreza y desigualdad de manera particular para cada municipio.

Respecto a la geografía urbana, los autores Bernd Pfannenstein, Jonatán Obed Martínez Jaramillo, Edgar Eduardo Anacleto Herrera y Salvador Sevilla Villalobos, analizan el fenómeno de las urbanizaciones cerradas y como estas han impactado el área metropolitana de Guadalajara, México; logrando que en 2016 la ciudad contara con 2973 fraccionamientos de acceso restringido, y es en este quinto artículo “Planificación urbana y la influencia de las urbanizaciones cerradas: El Área Metropolitana de Guadalajara, México”, que manifiestan como este fenómeno requiere la reinterpretación del espacio público de la ciudad y sus espacios de uso colectivo.

Los autores destacan que el proceso de planificación y gestión urbana que sigue México debe ser modificado para atenuar las diferencias que existen entre los diferentes grupos sociales y promover la construcción de ciudades abiertas que inviten a la integración de su comunidad. Es necesaria una reformulación de las normas que regulen el crecimiento de la ciudad y su correcto funcionamiento porque, como se ha expuesto, el modo de crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara tiene el potencial para cambiar la forma en que sus habitantes viven la ciudad y, por ende, cómo actúan respecto a ella y a sus vecinos. Existe un entorno fragmentado debido a la imposición de muros que trajo consigo el modelo residencial fortificado y que acentúa los niveles de marginación como efecto del desarrollo de prácticas de corte capitalista.

Por consiguiente, se debe comenzar por definir un criterio articulado para el desarrollo de la ciudad y su homologación entre los criterios urbanísticos y legislativos. Conceptos, metas, reglas claras y transparentes para todos los agentes involucrados en la producción del suelo con el fin de alcanzar un proceso de gestión urbana planificada estratégicamente que aporte en la construcción de un sistema equilibrado y funcional.

Interesados en la capacidad de adaptación de grupos comunitarios a través de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), los autores José Roberto Morales Rodríguez, Alejandro Ortega Argueta, Dora Elia Muñoz y Francisco Delfín Gurri García, evalúan un programa gubernamental ambiental denominado Procodes donde la propuesta teórica y empírica sostiene una interrelación entra la dimensión social y la dimensión ecológica mientras que parte de la metodología empleada para medir la capacidad de adaptación considera las respuestas potenciales de estos grupos ante los posibles cambios en el ambiente.

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo con base en dos actividades productivas impulsadas por Procodes: los huertos comunitarios y la cría de peces en jaulas flotantes. El artículo rescata los aspectos positivos impulsados por el programa como el fortalecimiento del capital social mediante las redes de confianza y de cooperación por un bien común. Mientras que no pueden dejarse de lado los elementos negativos derivados de los criterios de asignación de recursos y de las diferencias que crea entre los grupos. Los autores subrayan que la participación está influenciada por los fenómenos ambientales y destaca como puede influir en un cambio de patrones culturales.

Otro tema que llama la atención en el ámbito de los estudios ecológicos es la propuesta teórica de María Evelinda Santiago Jiménez, autora del texto “Resilience and Socio-Ecological Literacy in the territory” que pretende lograr objetivos de alfabetización y por ende de resilencia. Un elemento fundamental en el artículo se aborda mediante las cooperativas que ejemplifican estas prácticas de alfabetización por parte de comunidades locales hacia turistas que las visitan, con el interés de participar en ellas.

La investigación aborda un tema de relevancia y actualidad relacionado con la resiliencia y la forma en que ésta puede ser reforzada a partir de prácticas de alfabetización socioecológica en los territorios.

La precariedad de los ingresos que perciben los trabajadores formales como informales es para Rodolfo Armando Canto Saenz la principal causa que perpetúa la pobreza y acentúa la desigualdad en México. El autor señala que las políticas distributivas no son sufiencientes porque, a diferencia de las políticas redistributivas, no inciden en el reparto de la riqueza y el poder, con ello, no demerita los programas para combatir la pobreza, sin embargo, nos dice, que el problema se halla en los bajos ingresos perpetuados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CSM). Un factor que coadyuvaría para llevar a cabo una nueva política salarial es el incremento de impuestos a las empresas cuya recaudación es menor a la de la clase media.

Otro elemento de relevacia, en términos de política salarial es la necesidad de abandonar el esquema de aumentos limitados a la inflación sin considerar las ganancias en la productividad. Debe mencionarse que el artículo no basa su análisis unicamente sobre la dimensión económica deja claro que es preciso redistribuir no sólo el ingreso sino también el poder, puede verse la desigualdad intraempresarial donde resaltan las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin duda este es un artículo pertinente, completamente, al contexto nacional en el reciente cambio de gobierno federal el 1 de diciembre de 2018.

Posteriormente, Liliana Rendón Rojas, Roldán Andrés Rosales y Pablo Mejía Reyes, analizan la evolución del empleo de subsectores manufactureros de los municipios y delegaciones de las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Toluca durante el periodo 2008-2013. Para ello, los autores recurren al análisis espacial shift-share espacial que a diferencia del shift share tradicional ofrece un diagnóstico a nivel de localidad geográfica que permite analizar el fenómeno de la interdependencia regional. Es decir, este estudio comprueba que los municipios comprendidos en el análisis presentan auto-correlación espacial.

Entre los resultados de este análisis se identifican efectos de derrame intermunicipal en seis subsectores así como una influencia positiva en una proporción importante de los municipios estudiados, sin omitir diferencias importantes para cada sector. No obstante, por la baja productividad tecnológica identificada, este trabajo deja clara la necesidad de una política industrial que apoye a los subsectores en su experiencia productiva y de competencia local.

Por último, Alejandro Rosendo Chávez, Francisco Herrera Tapia, Ivonne Vizcarra Bordi y Norma Vaca Tavira nos ofrecen los resultados de una investigación que tuvo por objetivo conocer la contribución al desarrollo rural en el municipio de Almoloya de Alquisiras en relación con la migración y las actividades agrícolas según el contexto y las condiciones que imperan en el municipio. La investigación señala que aun cuando el municipio seleccionado no está considerado entre aquellos que tienen los índices más altos de migración en la nación, el Estado de México ocupa el cuarto lugar en el país mexicano.

Asimismo, de acuerdo a variables socioeconómicas, demográficas y geográficas el municipio estudiado al tener un perfil territorial rural y un perfil productivo agrícola explica porque los migrantes de retorno tratan de mantener la agricultura como parte de sus actividades económicas. Los autores expresan también la necesidad de reconocer a los migrantes, a la luz de las políticas públicas como actores sociales que inciden en el desarrollo de la comunidad y del municipio.

Así presentamos a ustedes este número con la satisfacción de publicar los resultados de investigaciones de temas urbanos y territoriales. Agradecemos a los autores y a los revisores por confiar sus trabajos a la revista Economía, Sociedad y Territorio.