Dato-no dato: convenciones y gubernamentabilidad

Para interpretar ciertos aspectos de la gubernamentabilidad es ineludible realizar estudios comparados sin perder de vista la perspectiva de largo plazo. Se entiende por gubernamentabilidad al conjunto de instituciones, cálculos y tácticas que permiten al poder tomar a la población como objetivo principal de su ejercicio, que tiene como forma de saber predominante la economía política y por instrumento técnico los dispositivos de seguridad (^{Domingo, 2008: 11}).

En tal sentido tanto los registros como los censos⁴ son instrumentos para el cálculo de las poblaciones que observados en el largo plazo dejan ver aspectos relativos a los procesos de tecnificación y de civilización en torno al uso de las computadoras. Asimismo, no hay que soslayar que los usos de las herramientas demográficas (censos, registros, etc.) son reguladas a través de las leyes de estadística que tampoco son atemporales.

Por ello los aspectos generales sobre datos, fuentes, tipos de segregación y protección de derechos vinculados a los registros de población y a los censos de población (Esquema 1) se contrastan con las bases de datos de la colección de tratados de Naciones Unidas, capítulo IV sobre Derechos Humanos que ubica en primer término a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (París, 9/12/1948) y en decimosexto lugar a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada (CED) (New York, 20/12/2006) advirtiéndose que la ratificación no es necesariamente efectiva, aunque intenta prevenir los delitos aludidos mediante el derecho internacional.

El Esquema 1 recorta las variables vulnerables según tipos de segregación lo que podría coadyuvar a que los controladores -cámaras y poder ejecutivo- de cada país adviertan la necesidad de actualización de los marcos legales vigentes para prevenir el ejercicio abusivo de su poder mediante criterios poblacionistas, maltusianos, natalistas, inmigración selectiva, aborto selectivo por sexo u otro criterio de segregación demográfica gubernamental prefijado sobre todo en periodos autoritarios, aunque también en contextos democráticos pues la mayoría de las naciones del mundo cuentan con el recurso legal que les permite declarar el estado de excepción u otras intervenciones estatales similares.

No hay que eludir que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio entró en vigor el 12 de enero de 1951 habiendo sido ratificada hasta el momento por 40 países que se pueden agrupar según décadas: en la de 1940 firmaron cinco países, en la de 1950 veintiocho países, en la de 1960 dos países, en la de 1970 un país, durante la década de 1980 dos países y en los dos mil dos países más (Tabla 1).

Pese a la existencia de tal Convención entre los estados que no participan se cuentan en Europa: Chipre, Letonia, Moldovia y la Santa Sede y en América central insular: Granada, Guyana, Santa Lucía, Suriname y San Cristóbal y Nieves. Los países del continente africano que no han firmado la Convención son once (Angola, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Kenia, Madagascar, Mauritania, Niger, Madagascar, Mozambique, República Centroafricana y República Unida de Tanzania). Y los pertenecientes al continente asiático llegan a dieciocho (Brunei, Filipinas, Indonesia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Japón, Mauritania, Estados Federados de Micronesia, Nieue, Palaos, Reino de Bután, Reino de Tailandia, República de Kiribati, República de Vanuatu, Timor Oriental, Tuvalu y Samoa). Además de Qatar y Omán que se encuentran entre los países del Oriente Medio en tal situación.

Es pertinente mencionar que el término “genocidio” fue creado por Raphael Lemkim y pese a su definición problemática, la Convención en términos jurídicos aplica aun cuando existen tres elementos clave de divergencia en ella: la cuestión de la intencionalidad, el carácter de los grupos incluidos en la definición y el grado de aniquilamiento (total o parcial) como elemento excluyente de la definición (Feierstein, 2014: 33).

Con todo, en la experiencia argentina al menos diecisiete sentencias (2014-2019) califican al genocidio reorganizador argentino como tal (Tabla 1 y Anexo 1).

Sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada (CED) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, la norma entró en vigor cuatro años después, el 20 de diciembre de 2010 con una totalidad de 98 estados signatarios y 63 partes⁵ (Tabla 2).

Un concepto clave en dicha Convención radica en la prohibición de justificar la desaparición forzada en estado de guerra, estado de excepción, razones de seguridad nacional, inestabilidad política o emergencia pública.

Al respecto, se conoce que en la situación actual por la pandemia del Covid-19, la ^{Cepal (2020)} ha señalado la prioridad de la protección de datos personales “ya que la seguridad de la infraestructura digital (por ejemplo, la prevención de la piratería informática de los centros de salud)” hoy puede ser entendida como una temática de vida o muerte, aunque se desconoce si además de los registros de morbimortalidad, las rondas censales de 2020 incluirán preguntas sobre Covid-19 u otros temas sensibles como el documento nacional de identidad (^{Arriola et al., 2018}; ^{Grushka, 2019}; ^{INDEC, 2020}; ^{Clarín, 2020}).⁶

Tanto es así que en la situación actual de la pandemia por el coronavirus varios países europeos dudan de la conveniencia de confiar el despliegue de las redes de telecomunicaciones 5G a la empresa Huawei, “por ser «un proveedor de alto riesgo» para la seguridad nacional” alertando acerca de la dependencia excesiva de China. Un razonamiento que se reafirma ante la promulgación de la controvertida ley de seguridad de Hong Kong que criminaliza la secesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras, y restringe el derecho a las protestas y la libertad de expresión lo que generó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

Se conoce que en China “dos de los ocho médicos de Wuhan que, en diciembre de 2019, alertaron sobre la gravedad del coronavirus y fueron hostigados y arrestados por ello, fallecieron en febrero y marzo” y se desconoce el paradero de los seis médicos restantes (^{Tang, 2019}; ^{Cardenal, 2020}; ^{Télam, 2020}). Asimismo, en octubre de 2020, el presidente de China alentó a su ejército a que se prepare para la contienda (^{Ámbito, 2020(b)}; ^{Nakamae, 2020}; ^{Rubiolo, 2021}) lanzando además un censo que georreferenció toda la información incrementando aún más, el control cibernético de la población en función de la política demográfica china (^{Bongaarts y Greenhalgh, 1985}; ^{Greenhalgh, 2008}; ^{Feng, Cai y Gu, 2013}; ^{Clarín, 2020}; ^{Sadeque, 2020}). Según ^{Cancelado Franco (2020: 35)} “los nuevos mercados,⁷ marcaron las confrontaciones bélicas de la historia reciente, previa a las guerras mundiales”.

Dicho de otro modo, los aspectos paradigmáticos asociados a la gubernamentabilidad se identificaron en los corpus legislativos relacionados a las leyes de estadística que determinaron dos experiencias gubernamentales paralelas en el tiempo (Esquema 2 ).

Fuente: elaboración propia.

Esquema 2 Representación para la comparación entre entorno y leyes de estadística 

El análisis en profundidad del caso argentino se justifica en tanto es uno de los sistemas estadísticos que integran el Mercosur.⁸ La complejidad de dicho sistema se aprecia al examinar el entorno, es decir, varios aspectos de las permanencias y cambios en el sistema político, el ordenamiento jurídico, la organización administrativa, la estructura económica, las condiciones socioculturales y el desarrollo científico y tecnológico ligados a la ley 17.622/1968. Para ello se utilizaron dos decretos secretos desclasificados paradigmáticos (InfoLEG) y se recurrió al acervo documental de la Biblioteca Digital UNESCO DOC los que se complementaron con documentos hallados en el Servicio Histórico del Ejército (SHE) y de Cancillería, así como, a publicaciones del Ministerio de Defensa y de la Comisión del Arma de Comunicaciones e Informática. Información adicional se halló en el archivo del SERPAJ. Además de revisar las investigaciones especializadas en doctrinas militares hegemónicas, el problema de la emergencia en el sistema constitucional e historia del periodo 1930-1983 trabajados en estudios previos. Para el examen internacional de la discriminación se consultaron documentos gubernamentales, investigaciones de la Biblioteca Digital UNESCO DOC.

El estudio exploratorio del entorno de la ley sobre el registro de la población israelí se realizó mediante bases de datos del Knesset o parlamento israelí e información sobre el tratado de libre comercio Israel-Mercosur provienen del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los Estados Americanos (SICE).

De fondo, el hilo conceptual que conduce a la reflexión final distingue elementos paradigmáticos de las doctrinas demográficas, de la historia de la empresa IBM y de la historia de las ciencias presentes en las figuraciones sobre el proceso de civilización y tecnificación de Norbert Elias que expresan tensiones, conflictos y cambios que no pueden entenderse sin estudiar varias peculiaridades de la condición humana en interdependencia (Esquema 3).

Fuente: elaboración propia.

Esquema 3 Comparación entre entornos y leyes de estadística: dos experiencias 

Entorno y ley de estadística: experiencia argentina

Existe coincidencia en afirmar que las dictaduras militares utilizaron datos personales para la planificación de la desaparición forzada de personas (^{UNESCO, 2007: 61}) lo que refuerza la necesidad de reforma de la ley de estadística que no es exhaustiva en relación con el tópico confidencialidad de los datos recabados con fines estadísticos por dos motivos fundamentales: i) la imbricación normativa que incidió en la configuración de los órganos centrales de estadística; ii) varios aspectos del entorno.

En cuanto a las permanencias y cambios del sistema político argentino ha pesado en él, la aplicación del estado de sitio coincidiendo, a su vez, con el máximo despliegue planetario del estado de excepción que devino en una praxis común, luego de la puesta a prueba de los mecanismos y dispositivos del estado de excepción como paradigma de gobierno durante la Primera Guerra Mundial (^{Agamben, 2007}).⁹ Dicha práctica gubernamental redundó en la paulatina erosión de los poderes legislativos del parlamento a nivel global y local que se limita, a menudo, a ratificar disposiciones emanadas del ejecutivo con decretos que tienen fuerza-de-ley,¹⁰ siendo la dependencia legal del sistema un indicador del perfil de riesgo de un Estado para el genocidio (^{Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities, s./f.}).

Y con fuerza-de-ley es como se reglamentó la norma que rige el Sistema Estadístico Nacional (SEN) actualmente. Situación histórico-jurídica asociada, asimismo, con una trama administrativa y burocrática militar previa en la que incidió también la doctrina de facto: según ^{Périès (2009: 391-434)} desde el 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia convalidó los actos jurídicos realizados por funcionarios bajo poder de facto, alineándose así con las fuerzas armadas hasta 1983; para ^{Negretto (1994: 119)} , en cambio, dicha alineación ocurrió desde 1947. Por ello no hay que omitir tampoco que el contexto de producción de dicho aparato fue la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que estableció criterios gubernamentales explícitos e implícitos de segregación en torno a la figura de la subversión interna.¹¹

En efecto, durante la dictadura del general Edelmiro Farell, con el coronel Juan Perón en el Ministerio de Guerra y el contralmirante Alberto Teisaire en el Ministerio del Interior, el 17 de octubre de 1944 por decreto presidencial se creó, la Dirección General de Estadística del Ejército¹² para ejecutar todas las actividades estadísticas vinculadas con abastecimiento y movilización, y para ensayar tipos de tarjetas perforadas. Tiempo después, el 6 de septiembre de 1951 durante el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, el Senado y la Cámara de Diputados reglamentaron la Ley 14.046 de Censos y Estadísticas que materializó, la confluencia entre estadísticas civiles y militares (^{Masciadri, 2013}).

Norma que durante la vigencia de la DSN fue reemplazada por la 17.622 del 25 de enero de 1968 que rige desde entonces el SEN. Esta última legislación reforzó la confluencia aludida posicionando a los Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas (CJFA) entre los órganos centrales de estadística, especificando que corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) organizar un centro para el intercambio de información nacional e internacional. Dicho articulado -expresión pública de la injerencia militar en el SEN- permitió hallar la Dirección de Información y Sistematización de Datos (DISCAD), una repartición del ámbito administrativo pero militar creada, confidencialmente, a comienzos de 1968.

Por otra parte, si se enfoca el periodo 1930-1983, es importante notar que el estado de excepción se aplicó por periodos cada vez más extensos conforme al incremento de la actividad represiva del Estado ante el aumento de los movimientos sociales emergentes. Por ello, si bien heterogéneo desde el punto de vista de la política formal -de facto, de derecho-, el periodo 1969-1983 se homogeneizó debido al estado de sitio y al concepto de seguridad nacional que se traspuso con mayor realismo técnico.

En ese sentido fue sancionada con fuerza-de-ley la llamada 16.970 de Defensa Nacional de 1966 que fundamentó, la interdependencia entre seguridad y desarrollo y que originó los Sistemas Nacionales de Planeamiento y Acción para la Seguridad -que contaba con el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia (CNI), dependientes del Poder Ejecutivo- y el Sistemas Nacionales de Planeamiento y Acción para el Desarrollo -compuesto por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)-.¹³ Competía al CONASE requerir los datos, estadísticas y demás informaciones directamente de los ministerios nacionales, comandos en jefe, secretarías de Estado, gobiernos de provincia, intendencias municipales, organismos públicos y entidades privadas dependientes del CONADE.

Ha sido investigada por Guillermo ^{O’Donnell (2009: 56)}, la especificidad histórica del Estado Burocrático Autoritario (EBA) en relación con otros tipos de estados autoritarios, esto es, que “quienes llevan a cabo y apoyan su implantación [las clases dominantes] coinciden en que el requisito principal para extirpar la crisis es subordinar y controlar estrictamente al sector popular, revertir la tendencia autonomizante de sus organizaciones de clase y eliminar sus expresiones en la arena política”. Y las clases dominantes utilizaron todos los medios “para extirpar la crisis que viciaba el binomio seguridad-desarrollo” siendo la ley 17.622 que rige el SEN, un componente de la especificidad histórica del EBA. Es conocida la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones y algunas de sus categorías: obrero, estudiante, maestro, abogado y demás; datos personales que, vinculados con el nombre, el apellido y la dirección pueden redundar en la identificación.

En otros términos, datos almacenados por la administración y conservados con el identificador habrían permitido a la DISCAD¹⁴ consolidar archivos patronímicos de los sujetos y de sus vínculos (parentales, filiales, laborales, patrimoniales y demás). En lo que respecta a datos poblacionales, la Secretaría de Hacienda en coordinación con el INDEC operaron el Centro SCD con equipos IBM bajo la dirección del contador Roberto C. Luzzani. Pero todo EBA es resistido¹⁵ y al revisar la síntesis biográfica de Carlos Noriega, la presunción se hace evidente pues se inició trabajando en CONADE hacia 1962 y fue detenido-desaparecido en 1977 siendo director del INDEC (1973-1977) aunque en su legajo figura su renuncia.

Fuente: Dirección y Gestión de Personal, INDEC, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 29-9-2010

Legajos históricos: extracto expediente s01:0357273/2010 

Es importante notar que el Sistema de Información y Computación de Datos (SICAD) fue “un sistema integrado por personas, máquinas y medios montado para actuar en los campos de aplicación de la fuerza en apoyo de la conducción estratégica operacional, táctica, administrativa y financiera” que mediante la técnica de investigación operativa desarrolló procedimientos y métodos para concretar los objetivos de la conducción militar mediante computadoras de alta velocidad (^{EMGE, 1968}).

En lo referente a la estructura económica y a las condiciones socioculturales del entorno de la ley 17.622 es clave revisar alianzas estratégicas paradigmáticas de la última dictadura militar argentina en el terreno de la informática presentando tres sucesos alusivos relevantes: 1) Decreto S 585 del 9 de marzo de 1978; 2) I Conferencia UNESCO-IBI realizada entre el 28 de agosto el 6 de septiembre de 1978; 3) Decreto S 1827 del 11 de agosto de 1978. Hechos que al mismo tiempo bosquejan otros aspectos de la trama burocrática contigua a los desarrollos SCD en el país vinculados al desarrollo científico y tecnológico.

Mediante el Decreto S 585 refrendado por el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla se designó en la Subsecretaría de Informática, al Comodoro (R) D. Oscar Gregorio Vélez secretamente. Aunque Oscar Gregorio Vélez ya había participado como asesor presidencial en SCD durante el onganiato;¹⁶ momentos incipientes de la informática cuando la secretaria general de la Presidencia organizó las Jornadas SCD/1968 los días 26 y 30 de noviembre en el Banco Municipal de Buenos Aires, organizando, al año siguiente el Congreso SCD/1969 al que concurrieron 1.057 personas. Entre sus participantes se cuenta al ingeniero Horacio Reggini en el panel “Desarrollo de los principios de la sistematización” y las palabras de cierre estuvieron a cargo del secretario de Ciencia y Tecnología, Alberto Carlos Taquini que ocupó ese cargo entre 1968 y 1971.

Cabe destacar que, como resultado de la experiencia adquirida en aplicación de sistemas, en 1970, el IBI (Intergovernmental Bureau for Informatics) eligió a la Argentina para realizar la I Conferencia Latinoamericana de Autoridades Gubernamentales de Informática en la que participaron el Dr. José Dien de Melles Telles (Brasil), el Dr. Efraim Friedman (Chile), el Ing. Luis Fernando Meyer Cabanillas (Paraguay) y el Sr. Dov Cheviev (Israel) (^{De la Cuesta Ávila, 2002: 44-48}).

No hay que soslayar que el proceso de desarrollo vinculado al uso de máquinas expresa demandas económicas, sociales y políticas relacionadas a la gubernamentabilidad sobre todo cuando objetivos de seguridad, de defensa o de poderío económico aparecen ligados a las conquistas de la ciencia y la tecnología. Se ha visto que la seguridad era la herramienta defensiva “que obraba a la manera de un escudo protector del desarrollo” (^{Comando en Jefe del Ejército, 1967}) lo que explica la extensa zona del poder ejecutivo que comprendió a los ministerios, secretarías, organismos y dependencias vinculadas al Ministerio de Cultura y Educación, del cual se desprende la Comisión Nacional Argentina para UNESCO y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la cual depende el CONICET (Esquema 4 ).

(*) el organigrama no indica fecha, aunque el informe describe la situación científica y tecnológica en los años 70’.

Fuente: ^{UNESCO, 1978, p. 212-217}.

Esquema 4 Estructuras de la política científica y tecnológica nacional, Argentina* 

Es importante reflexionar sobre el hecho que en las distintas áreas del CONICET católicos de derecha ocuparon funciones públicas relevantes durante aquel periodo predominando católicos integristas y del nacionalismo de derecha (^{Mignone, 2013: 201}; ^{O’Donnell, 2009: 445}).

En cuanto a la UNESCO, si bien Argentina se afilio el 15 de septiembre de 1948 fue durante la XIV Conferencia General realizada en París el 25 de octubre de 1966 que se designó presidente de esta al Sr. Attilio dell’Oro, prestigioso abogado que había sido ministro de Educación¹⁷ durante el gobierno de facto de la autodenominada Revolución¹⁸ Libertadora. Años después durante la XVI Conferencia General (París, 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970) de la que participaron 124 Estados miembros, 2 asociados, 2 representantes de Estados no miembros, siete de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, 16 de organizaciones intergubernamentales y 114 de organizaciones internacionales no gubernamentales, el Sr. Attilio dell'Oro Maini (Argentina) obró como presidente y un único delegado de República Federal de Alemania, Canadá, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, India, Jamaica, Japón, Madagascar, Nigeria, Reino Unido, Tanzania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoeslavia obraron como vicepresidentes.

Mientras tanto, en Argentina, la dictadura de turno comandada por Roberto Marcelo Levingston extendía su zona de poder ejecutivo durante estado de sitio (^{Valderrama, 1995: 174; 200}).

A fin de examinar la trascendencia gubernamental de la elección de Argentina para la realización de la I Conferencia Latinoamericana de Autoridades Gubernamentales de Informática (1970) es significativo destacar que el IBI tuvo sus orígenes en el International Computation Centre (ICC) creado por la UNESCO en 1951 y que inició sus actividades en 1961 como un centro de cálculo destinado a la comunidad científica internacional que en aquella época no disponía de máquinas de cálculo debido a su elevado costo. Aunque el ICC se vio superado por la velocidad de los cambios tecnológicos al punto que hacia 1969 estuvo al borde de su extinción. Fue cuando el argentino Fermín Bernasconi comenzó con la transición del ICC al IBI desde Roma.

En tanto organización intergubernamental, el IBI congregó un máximo de 43 países miembros hasta 1985, año en que comenzó su decadencia cuando Francia retiró su membrecía, le siguió España en 1986 e Italia en 1987 lo que condujo a la disolución de esta organización en 1989. El IBI organizó varias conferencias del tipo hasta arribar, a la I Conferencia UNESCO-IBI realizada en Torremolinos Málaga (España), entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 1978 (^{UNESCO, IBI, 1979}).¹⁹

Para profundizar sobre estos hechos alusivos a la historia de la informática hay que conocer que durante la I Conferencia UNESCO-IBI de 1978, el ministro de la presidencia del Gobierno de España Sr. José Manuel Otero Novas actuó como presidente del evento²⁰ y el subsecretario de informática de Argentina Sr. Oscar Gregorio Vélez intervino como vicepresidente siendo relator de la reunión, el director de Investigación Científica y Tecnológica de Argelia, Sr. Mentalechta.²¹ También participaron en calidad de vicepresidentes los delegados por: i) China el jefe de la Oficina de Ciencias Básicas de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, Sr. Yen; ii) Francia el director de Industrias Electrónicas e Informática ministro de Industria, Sr. Pelissolo; iii) Irán el viceministro para la organización del Plan y Presupuesto de Informática, Sr. Firuz Vakil; iv) Iraq el director general de NCC, Dr. Albayati; v) Italia el delegado permanente ante la UNESCO, Sr. Carducci Artenisio; vi) Nigeria el director adjunto de informática, Sr. Awomolo; vii) Estados Unidos de América el profesor visitante Duke University J.E. Fobes;²² viii) URSS el viceministro de Automoción de Instrumentos y de Medios de Automoción y de Telecomunicaciones, Sr. Genni Kavalerov y ix) Yugoslavia²³ el presidente del Consejo de Informática Dr. Iván Mecanovic. Por los estados que actualmente constituyen el Mercosur asistieron las delegaciones de: Brasil encabezada por Geraldo Holanda Cavalcanti representante de su país ante la UNESCO; de Bolivia presidida por el gerente general M. Basilio Plaza Martínez; de Venezuela encabezada por el director general de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente Luis José Diaz Zuloaga; de Paraguay representada por el consultor Néstor Manuel Brítez Airaldi; de Uruguay dirigida por el ministro consejero de la Embajada del país en España, Adolfo Castells Mendivil. Por Israel asistió Dov Chevion, director del Office Mechanization Centre Israel.

Resulta evidente que la participación del comodoro (R) D. Oscar Gregorio Vélez reforzó la credibilidad intergubernamental de la dictadura argentina ante el mundo,²⁴ por tanto, la mesa de cierre confirió a la delegación argentina las palabras de clausura en la persona de Luis M. Laurelli,²⁵ aun cuando también participó Luis Pedro Beccaria, director de Políticas y Normas de la Subsecretaría de Informática. En efecto, mientras que el nombramiento de Oscar Gregorio Vélez en la Subsecretaría de Informática se realizó mediante un decreto secreto, durante la I Conferencia UNESCO-IBI se sostuvo que:

[Y]a no es un secreto (…) que la informática es un instrumento insustituible para el conocimiento de la profusa información que, a diario, nos llega y que permite poner a nuestra disposición aquellos datos que están en la base de toda la evolución económica y social de nuestras comunidades” (^{UNESCO, IBI, 1979: 14; 29-30}).

Se menciona, asimismo, que las aplicaciones de la informática constituyen un campo que plantea la transición a una informática de masas para su uso en oficinas, concepción de planos o gráficos asistida por computadoras, correo electrónico, transferencia electrónica de fondos para automatizar las operaciones financieras, enseñanza asistida por computadoras, informática doméstica desconectada o conectada, robótica. Por otra parte, en el discurso final del director general del IBI, Fermín A. Bernasconi figuran a su entender las acciones a desarrollar a futuro: i) nuevas tecnologías especialmente las miniaturizadas; ii) la normalización y iii) el flujo a través de fronteras; señalando que dichas acciones deben contar con el marco en el que serán ejecutas y los fines a los que están destinadas.

Pero el marco que Fermín Bernasconi trazó aludía a una crisis mundial sin precedentes, a raíz de la extinción de las fuentes energéticas, la explosión demográfica, la desigual distribución del poder y de la riqueza que conducirían a la humanidad a condiciones límites, más allá de los cuales se produciría una desestabilización en cadena con efectos imprevisibles. Todo ello lo vincula a que la informática modifica “la importancia en las principales variables en juego” y las “modificaciones pueden, a su vez, acelerar y agravar dicha crisis” (^{UNESCO, IBI, 1979: 70}).

Ocurre que, tras la Segunda Guerra Mundial, los paradigmas de la explosión demográfica ligada a la composición y calidad de la población, la extensión del movimiento revolucionario en el Tercer Mundo y el holocausto nuclear tiñeron de alarmismo las declaraciones de militares, religiosos, funcionarios y científicos de varias áreas incluida la informática como se ve reflejado en el discurso de Bernasconi. No obstante, el informe general que sintetiza la participación de 267 delegados y de 23 representantes y observadores denominado “La situación actual y perspectivas futuras del empleo de la informática: experiencias en la elaboración de políticas y estrategias nacionales en materia de informática” es más alentador. Aludiendo a los factores de deshumanización en las relaciones sociales se expresa, asimismo, el riesgo de la concentración de la tecnología y del potencial de investigaciones en un número limitado de países y de empresas multinacionales que acentúan las tendencias monopólicas. A ello se contrapone la cooperación y los intercambios regionales e internacionales, en especial, en teleinformática, bancos de datos, mantenimiento, normalización y aplicaciones al tiempo que se menciona que la cooperación debe ser objetiva, sin discriminación, aunque se enuncian los “lazos de sangre”, “de familia” que determinaron el vínculo entre el IBI y la UNESCO desde 1970 (^{UNESCO, IBI, 1979}: 24, párrafo 48).

En efecto, en aquella época de experimentación en los desarrollos informáticos se proyectaron espacios y prácticas específicos en los ámbitos gubernamentales sobre la base de prejuicios ideológicos (guerrilleros tecnológicos) y étnicos (indios, tribus) que en la trama del poder contribuyeron con la falta de autonomía económica en el campo de la informática de países como Brasil (proyecto COBRA) y Argentina (^{Adler, 1988: 59-90}; ^{Jacovkis, 2014}; ^{Diaz de Guijarro, et.al., 2015}; ^{De Souza Neves, et.al., 2015}; Rodríguez Leal y Carnota, Raúl, 2015; ^{Monteiro Fernández, 2015}).

Otro factor que alude a la discriminación se encuentra en el Informe de la Comisión I Requisitos básicos previos para el empleo eficaz de la Informática pues allí se menciona, por una parte, el papel de la cooperación internacional llevado adelante entre países africanos, árabes, latinoamericanos y de Europa oriental, aludiéndose, por otra parte, a que un delegado se refirió a la “arabización”²⁶ en la utilización de la informática vinculada a la electrónica, a las telecomunicaciones y a los sistemas automatizados así como, a las relaciones con la industria y las investigaciones (^{UNESCO, IBI, 1979: 25-28}). En cuanto al Informe de la Comisión II Aplicaciones de la informática, se plantea la desarmonización de las legislaciones sobre los flujos transnacionales de datos que suscitan diversas y complejas problemáticas vinculando entre sí aspectos jurídicos, sociales, económicos y políticos en relación con los datos sensibles que se transmiten por intermedio de transportadores sencillos siendo, un tema de interés no sólo para los Estados y las empresas sino también para los usuarios (^{UNESCO, IBI, 1979: 29-32}).

En cuanto al paradigma del holocausto nuclear mencionado por Bernasconi, no hay que ignorar que la Argentina participó en la Conferencia Preparatoria para la Fundación del Organismo Internacional UNESCO realizada en el Instituto de Ingenieros Civiles (Londres, del 1 al 16 de noviembre de 1945).²⁷ Durante aquella Conferencia presidida por la ministra de educación del Reino Unido Miss Ellen Wilkinson se pretendía crear una Organización para la Educación y la Cultura, al tiempo que algunos científicos -como Joseph Needham, Jefe de la Misión Científica Británica a China y el físico Julián Huxley quien luego sería el primer director general de la UNESCO- bregaron para que se incluyera a la Ciencia en el proyecto justificando su postura, a propósito del bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki -agosto de 1945- lo que en aquel momento soterró otras discusiones vinculadas al uso de datos personales para la planificación del genocidio perpetrado al pueblo judío por los nazis y sus aliados (^{Seltzer, 1998}; ^{Black, 2001}; ^{Seltzer y Anderson, 2001}). Es decir, al paradigma del holocausto nuclear no se contrapuso el paradigma de la planificación del genocidio realizado sobre la base de la segregación sistemática de personas que, supuestamente, menoscaban a la especie humana. Aunque a partir de 1947 se inició el proyecto sobre los “Estados de tirantez que afectan a la comprensión internacional”²⁸ desde las ciencias sociales en el ámbito de la UNESCO (^{Valderrama, 1995: 39}).

Un rasgo característico de la “especie” (^{Vetta y Courgeau, 2003}) se advierte cuando se analiza la observación realizada por Norbert Elias acerca de las prácticas del tradicional método japonés de regulación propia durante la Segunda Guerra Mundial que se resume en el hecho que cualesquiera que fueran las circunstancias, los guerreros japoneses no estaban preparados para la derrota pues su código establece a la captura como una humillación imperdonable que se vio reflejada, asimismo, en la capacidad de expresar placeres sádicos con los prisioneros, ligado a un fanatismo extremo y a su incapacidad de deponer las armas aun en la derrota lo que se modificó luego de la primera bomba atómica americana cuando el emperador japonés estuvo en condiciones de poner freno a dicho código. Como ha escrito Norbert Elias,²⁹

[E]n medio de las peculiaridades de tales cambios civilizatorios en la estructura de la personalidad y especialmente en los estándares sociales de autorregulación, prosiguen otros cambios, tal vez económicos y tecnológicos, que se manifiestan sólo después (1998: 486-487).

En efecto, de acuerdo con Fernando ^{Valderrama (1995: 182; 219; 232}) desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta 1968 sucedieron cien guerras y conflictos armados. Sin embargo, la UNESCO durante la XVIII Conferencia (París, 17 de octubre de 1974) sólo sancionó a Israel tras la Guerra de los Seis Días de junio de 1967 y lo hizo tiempo después, cuando concedió estatuto de observador a la Organización para la liberación de Palestina (OLP) mientras que no aprobó la solicitud de ingreso de Israel en la región de Europa,³⁰ a lo que se sucedió la suspensión del pago de la contribución de Estados Unidos de América situación que se modificó hacia 1977. Tales disputas sobrevinieron en medio de la crisis del petróleo cuando el gobierno de Estados Unidos de América anunció la devaluación del dólar en diez por ciento (12 de febrero de 1973).

En lo relativo a la estructura económica y retomando la situación particular argentina que se dio en medio de tal situación internacional, en paralelo, el 11 de agosto de 1978, el Poder Ejecutivo Nacional³¹ autorizó, confidencialmente mediante el Decreto S 1827, a contratar en forma directa por la suma de 4.762.434 millones de dólares, la adquisición de una “Sistema de Computación” a la compañía para el Comercio Mundial en América y el Lejano Oriente IBM. Dicha transacción se realizó el 11 de mayo de 1978 en la ciudad de Mount Pleasant en Nueva York participando por IBM, John L. Collins y por el Comando en Jefe de la Armada Argentina, Juan José Lombardo y Juan Manuel Sosa Escalada, con la traducción de Graciela Alsina. Aludiendo a la metáfora periodística sobre el “síndrome de Eichmann”³² (^{El tempo (a), 198-}), documentos del acervo documental del SERPAJ refieren que la empresa que suministró los equipos y el soporte técnico para confeccionar listados con propósitos políticos represivos en Argentina y en otras dictaduras de la región fue IBM. De acuerdo con una publicación del Ministerio de Defensa varias personas de los listados comenzaron a ser “tratadas” en 1967 y el “tratamiento” se extendió hasta 1983 inclusive. Ya se revisó lo actuado por la DISCAD en el INDEC y para el intercambio regional de datos, el procedimiento habría comprendido al Condortel (^{IPPDH, 2015}). A lo que se suma los rasgos antisemitas de este genocidio donde, la alianza tecnológica y filosófica entre el régimen nazi y la IBM se reprodujo, en la alianza entre la última dictadura militar y dicha corporación ya que, sobre la base de cálculos modestos, la población judía tuvo en el proceso genocida argentino una sobrerepresentación de más de cinco veces su proporción en la población general (^{Centro de Estudios Sociales, 2007}).³³ Es importante relacionar el rol que cumplió el CUPED en el manejo de al menos, los registros de los empleados públicos pues dicho centro SCD operó en el ministerio de Bienestar Social desde 1968 y también mientras quedó a cargo del fascista y anticomunista, López Rega, jefe de la triple A.

Siendo que al menos diecisiete sentencias calificaron al caso argentino como un genocidio se instala el alerta, una vez más, sobre el riesgo que representa el monopolio comercial sobre los datos de empresas como IBM, que no sólo se especializó en el procesamiento de la información censal desde 1890 (^{Black, 2001}) sino que, al igual que otras empresas abarcó áreas de procesamiento de datos sobre aeronáutica, energía atómica, ingeniería civil, defensa nacional, consumidores, empresas, industria automotriz y petroquímica, seguridad social, transportes, comunicaciones, salud, universidades.

A través de la obra de ^{Adler (1987: 223-237)} se conoce que IBM se encuentra radicada en Argentina desde 1923 y que a finales de 1969 poseía 65,9 por ciento del mercado y en 1973 era la trigésima segunda empresa que trabajaba a plena capacidad debido a que los niveles de desarrollo y aplicación de la informática en el país se ubicaron en el nivel básico y operativo en el periodo 1960 y 1980.³⁴ Ello explica que, de la producción nacional realizada en IBM, todo menos cinco por ciento de la producción se destinara a la exportación, la mitad de la cual iba a los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el Japón y Suecia. A mediados de los setenta, 90 por ciento de los negocios de la industria de la informática (la tercera entre las grandes industrias del mundo) recaía en algunas compañías multinacionales, y sólo una concentraba 67 por ciento del mercado mundial.³⁵

Finalmente, el recorte de la gubernamentabilidad realizado en este apartado repone un fragmento de la aporía que representa el no-dato. Y como parte de tal evidencia, aquellas situaciones donde se utilizan datos de registro para la desaparición forzada de personas deben impulsar cambios legislativos ratificando el consentimiento libre, informado, revocable y de interpretación restrictiva que conlleva el amparo de los derechos humanos de acuerdo con las exigencias tecnológicas del siglo XXI.

Pese a que Argentina adhirió a la Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio el 9 de abril de 1956, con reservas, mediante el Decreto Ley 6.286, un reciente Proyecto de Reforma del Código Penal argentino (^{Borinsky, 2019}) procura incluir, entre otras figuras penales, los delitos de genocidio como tipo penal autónomo y el de terrorismo. Pese al retraso legislativo en la materia y al disenso, cada vez más consenso sobre que la sociedad argentina contemporánea es una sociedad postgenocidio (^{Levy, 2009}). Por ello generar una base jurídica exhaustiva que redunde en la introducción de prácticas estatales preventivas abarcando la norma que tutela el SEN constituye, una tarea pendiente en cuanto a las garantías de no repetición.

Uno de los países fundados durante el siglo XX luego de un genocidio es Israel. De modo que revisar ese aspecto del articulado legal israelí permite reconocer la necesidad de cambio de la reglamentación sobre estadísticas argentina.

Entorno y registro de la población: experiencia israelí

Tras la Segunda Guerra Mundial se fundó el Estado de Israel (14 de mayo de 1948)³⁶ que heredó el sistema legal del gobierno británico³⁷ aunque, las trasformaciones necesarias para la organización del nuevo país las inició el Consejo Estatal Provisional (14 de mayo de 1948-14 de febrero de 1949) mediante ordenanzas, entre otras, The Prevention of Terrorism Ordinance, 5708-1948. Las reformas prosiguieron con la Asamblea Constitucional, luego denominada primer Knesset (14 de febrero de 1949 - 20 de agosto de 1951) que como una de sus acciones más destacadas plasmó la Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law, 5710, No. 64, 1950 que penalizó los crímenes contra el pueblo judío, contra la humanidad y los crímenes de guerra ocurridos en el contexto aludido. En el mismo sentido, The Crime of Genocide (Prevention and Punishment), Law 5710, 1950 a la vez que sanciona las conductas genocidas, protege a la población de potenciales políticas poblacionales segregacionistas por motivos de nacionalidad, etnia y religión.

En términos demográficos es importante revisar dicho entramado jurídico pues la sola existencia del Estado de Israel denuncia y se contrapone, a las políticas segregacionistas del régimen nazi (30 de enero de 1933 - 8 de mayo de 1945) y de sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial (1 de septiembre de 1939 - 14 de agosto de 1945) que reconfiguró la geopolítica mundial.

De ahí que la ley migratoria postgenocidio conocida como Law of Return, 5710, No. 48, 1950 adquirió un carácter fundante en la configuración multicultural de la población israelí a la que se sumó, la norma sobre diversidad religiosa cuyas diferencias de criterios sobre los derechos a los cuales pueden acceder las mujeres motivaron la sanción temprana de la Women's Equal Rights Law, 5711, No. 68, 1951. Es decir, con la fundación del Estado de Israel, la autonomía religiosa heredada del Mandato Británico se transpuso quedando, el aspecto poblacional referido a matrimonios y divorcios bajo la jurisdicción de cada corte religiosa de Israel: para judíos la Corte Rabínica (Rabinical Court Judisdiccion (Marriage and Divorce) Law 5713, No. 64, 1953), para musulmanes la Corte Sharia (Qadis Law, 5221, No. 50, 1961), para drusos la Corte Drusa (The Druze Courts Law, 1962) y para cristianos la Corte de Israel específica para la comunidad cristiana con lo cual se cuenta con estadísticas sobre matrimonios y divorcios según religión, aunque para Francis ^{Raday (1995) 38} el estatuto de divorcio irradia desigualdad, incluso cuando se lo intenta regular mediante normas seculares como la mencionada ley sobre igualdad de derechos de la mujer. En el año 1965, el quinto Knesset (4 de septiembre de 1961-22 de noviembre de 1965) plasmó la Population Registry Law, 5727, No. 65, 1965 posicionando a Israel entre los más de sesenta países del mundo que a finales del decenio de 1960 gestionaban sus registros realizando, la copia de un formulario, codificado y perforado mediante computadoras de alta velocidad (^{Naciones Unidas, 1992: 72-75}).

En efecto, con una base común a los registros implementados por Islandia, Bulgaria, Hungría y la exrepública Democrática Alemana y una treintena de países de la Unión Europea (^{Poulain y Herm, 2013}) Israel centraliza la información en bancos de datos individualizables, aunque, las publicaciones estadísticas corresponden a compilaciones de conjunto. Es importante revisar el caso israelí³⁹ pues el compromiso de administrar y actualizar el Registro de la Población lo asume el Ministerio del Interior en la Administración del Registro de la Población y, la producción estadística recae sobre la Oficina Central de Estadística, dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar que compila las estadísticas habiendo creado, en 1956, la Comisión Nacional de Estadísticas Vitales y Sanitarias (Naciones Unidas, 1985: 16).

Todo registro de población consiste en un sistema de datos individualizado, es decir, un mecanismo para la inscripción constante, y/o la vinculación coordinada, de determinada información relativa a cada individuo de la población residente de un país o zona permitiendo determinar la dimensión y las características de la población a intervalos de tiempo dados.

Los registros de población se construyen a partir de un inventario de los habitantes de una zona y sus características el que debe actualizarse continuamente. Para localizar un acta de una persona particular o de un hogar o familia en un registro de población se elaboran índices por dirección de calles que facilitan, la inscripción del suceso en el registro asignado mediante un número personal único. Los registros se ocupan de la inscripción y certificación de los nacimientos y defunciones, la emisión de pasaportes y tarjetas de identidad, los cambios de residencia y del estado de residencia legal (por ejemplo, de un visado de turista a una residencia permanente). En efecto, la Population Registry Law, 5727, No. 65, 1965 instituye en su capítulo primero, la aplicabilidad de la norma a los residentes según: i) nombre y apellido; ii) nombre de los padres; iii) fecha y lugar de nacimiento; iv) sexo; v) grupo étnico; vi) religión; vii) estado personal (soltero, casado, divorciado, viudo); viii) nombre del cónyuge; ix) nombre, fecha de nacimiento, sexo de los hijos; x) nacionalidad/es presente/s y pasada/s; xi) dirección; xii) año de ingreso al país; xiii) fecha de inicio de la residencia.

En síntesis, el sistema de archivos e índices de un país se denomina "registro de la población" y tanto su organización, como su funcionamiento debe tener una base jurídica exhaustiva que redunda en la introducción de las prácticas estatales preventivas analizadas (Esquema 3).