Introducción

El embarazo adolescente y el matrimonio forzado son dos temas relacionados que han adquirido importancia por sus implicaciones negativas en la salud y calidad de vida de los y las menores, a la vez que se enmarcan en las discusiones de protección a la infancia y de sus derechos humanos. Ambos fenómenos ocurren principalmente en países del tercer mundo, en los sectores de población más pobres y marginados y, en el caso de América Latina, en las poblaciones indígenas y rurales. Constituyen, asimismo, un tema central en las discusiones recientes sobre el desarrollo (^{UNFPA, 2012}).

El matrimonio forzado es una práctica muy antigua que en los últimos años ha sido objeto de gran atención académica, política y social, particularmente en su dimensión de expresión de violencia contra la niñez, y de violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (^{UNICEF, 2014}; ^{Warria, 2017}; ^{Frías, 2017}). Suele identificarse con la participación en la decisión por parte de mujeres y hombres, principalmente de las mujeres, y suele asumirse que ocurre en menores de edad.

El matrimonio forzado es “todo aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes, debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar” (^{UNICEF, 2014: 4}). El matrimonio forzado es una práctica aún común en cientos de países (^{UNFPA, 2012}). El ^{Fondo de Población de las Naciones Unidas (2012)}, estima que, con excepción de China, una de cada tres niñas de países en desarrollo contraerá matrimonio antes de cumplir 18 años, y que una de cada nueve menores lo hará antes de los 15 años. Lo anterior ocurre pese a que en el ámbito internacional existe acuerdo casi generalizado¹ de que el matrimonio forzado es una violación a los derechos humanos de las menores, por lo que deben generarse acciones globales para erradicarlo y mejorar sus condiciones de vida (^{Machel, Pires y Carlsson, 2013}; ^{Simmons y Burn, 2013}; ^{Frulli, 2008}).

Aunque el matrimonio forzado se ha reportado en varones y mujeres adolescentes y adultos/adultas jóvenes, generalmente ocurre en niñas y mujeres adolescentes (antes de cumplir 18 años), bajo la coerción e incluso violencia por parte de los padres y de la sociedad (^{UNICEF, 2014}). La ^{UNICEF (2014)} afirma que los y las menores no pueden consentir de manera voluntaria sobre su vida futura, debido a la inmadurez psicológica, física y emocional que ellos y ellas presentan. La falta de poder de decisión y de la presión social, la ausencia de otras opciones de vida mediadas por las normas culturales arraigadas en las comunidades, y las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de género, son algunos de los elementos contextuales que subyacen a la “voluntad” de las menores de edad para establecer uniones tempranas y embarazos precoces, particularmente en las poblaciones indígenas (^{Menkes y Suárez, 2003}; ^{Stern, 2004}; ^{Arias et al., 2008}). La diferencia con el concepto de “matrimonio forzado”, tal como ha sido definido por ^{UNICEF (2014)}, estriba en que la unión “voluntaria” es reconocida por las mujeres como un acto en el que ellas consienten la unión; sin embargo, en las menores de edad, el matrimonio “voluntario” no puede ser interpretado como un acto pleno e informado y sujeto a coerción o presiones sociales (^{UNFPA, 2013}), debido a que por edad aún no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre su vida reproductiva; su “decisión” de aceptar la unión es resultado de su escaso poder de decisión y de la presión social de su entorno, además de la falta de otras opciones de vida.

El matrimonio forzado se ha considerado una expresión más de violencia contra menores que puede ser entendida como tráfico de niños y niñas (^{Warria, 2017}), el cual puede ocurrir en situaciones que incluyen la violación, el rapto, el matrimonio con el violador, y otras expresiones de violencia y coerción por parte de los familiares de la niña para lograr el matrimonio (^{Kopelman, 2016}; ^{Frías, 2017}). Asimismo, ha sido reconocido como un problema social y de salud pública, principalmente en la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres, debido a que experimentan un inicio de relaciones sexuales de manera forzada, la probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual, están expuestas a sufrir violencia sexual y de género, con los consecuentes daños a la salud mental, pero de manera importante se exponen al embarazo temprano que incrementa los riesgos de morbilidad y mortalidad materno-infantil (^{Organización Mundial de la Salud, 2012}).

Desde la mirada de género, el matrimonio forzado es el resultado del ejercicio abusivo del poder en el que, a la desventaja del sexo, se agrega la desventaja por ser menor de edad, debido a que generalmente ocurre con mujeres en la niñez o adolescencia bajo condiciones sociales en las que se asume que nacen y crecen para casarse y tener hijos como el único rol y función reconocida para la mayoría de las sociedades (^{UNFPA, 2012}). El embarazo adolescente y el matrimonio forzado suelen compartir esas condiciones sociales y están articulados entre sí. La condición de desventaja social de las mujeres es un aspecto clave de la reproducción y control social (^{UNFPA, 2012}; ^{Scott et al., 2014}). Así los aspectos institucionales de las relaciones de género ejercen una influencia decisiva en los arreglos que conllevan a la reproducción de la desigualdad en la familia y la comunidad (^{Sen, 1990}), el matrimonio de menores de edad -más aún si es forzado-, da cuenta de esos arreglos. No se trata de decisiones individuales sino de formas comunitarias de relación. Los arreglos matrimoniales ocurren en los contextos donde existe control social y familiar sobre la vida de hombres y de mujeres, y donde las mujeres entran al mercado matrimonial desde la pubertad. En el matrimonio forzado, la mayoría de las veces las parejas no se conocen antes de casarse, normalmente las mujeres son pedidas por el varón a los padres, y el matrimonio es concertado, independientemente de la “voluntad” de las niñas o adolescentes.

Entre los factores que contribuyen a las uniones tempranas y forzados en las zonas pobres, muchas de ellas indígenas (en el caso de América Latina), o de algunos grupos religiosos, está el de “asegurar la subsistencia económica de las niñas y las mujeres que no tienen acceso a recursos productivos y que viven en situaciones de extrema pobreza” (^{UNICEF, 2014: 3}), puesto que casar a las niñas puede traer ventajas económicas, en que los padres pueden acordar la unión de las hijas a cambio de dinero o de otros bienes. No obstante, las prácticas de matrimonio infantil también se presentan en algunos países con las familias con estrato económico alto como un medio para preservar el prestigio social y económico (^{UNICEF, 2014}).

En México, ^{Frías (2017)} documenta, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011) y la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI 2008), que 4.1 por ciento de las mujeres indígenas han sido obligadas a casarse y 4.8 por ciento fueron compradas con fines matrimoniales. También señala que 1.8 por ciento de las mujeres en regiones indígenas fueron casadas sin su consentimiento y 2.3 por ciento fueron raptadas para posteriormente casarse con ellas.

Los estudios etnográficos en México realizados en las poblaciones indígenas describen que el matrimonio arreglado consiste en que los padres comprometen en matrimonio a sus hijos e hijas “entre las edades de 14 y 18 en las mujeres y entre los 16 y 20 en los hombres, lo que permite una vida normal sin represiones y conflictos” (^{Pozas, 2012: 113}). Una de las características del matrimonio arreglado indígena es que las niñas y adolescentes tradicionalmente, deben ser “pedidas y entregadas en matrimonio”, si bien puede ser con su consentimiento o no, mientras que los hombres tienen la oportunidad de elegir con quien se van a casar y que sea de su agrado, lo cual significa una “asimetría entre la condición de la mujer y del hombre ante el matrimonio” (^{Bourdieu, 2007: 312}). Aunque las mujeres tuvieran la oportunidad de rechazar casarse con el pretendiente cuando es pedida porque no es de su agrado, no siempre es aceptado su rechazo, puesto que en la mayoría de las culturas el matrimonio “representa una alianza entre familias, un instrumento de cohesión social y, por lo tanto, no existen consentimientos individuales, sino procesos de negociación y de pactos colectivos” (^{Igareda, 2015: 616}).

Por otra parte, ^{Gonzáles Montes y Mojarro Iñiguez (2011)} en su estudio de ocho regiones indígenas de México, reportan que la región Altos de Chiapas es la que tiene mayor porcentaje de novias pedidas 72 por ciento, robadas 18.8 por ciento y compradas 8.6 por ciento, mientras que en la región maya² únicamente 1.1 por ciento fueron compradas (^{Gonzáles y Mojarro, 2011}). Sin embargo, aunque hay un porcentaje alto de novias pedidas o compradas, muchas de ellas pudieron haber casado sin su consentimiento, es decir, que fueron obligadas a hacerlo.^{3 Gonzáles, 1999} (citado en ^{Gonzáles y Mojarro, 2011: 193}) argumenta que con relación a la compra-pago de la novia “se refiere a que el novio y la familia deben entregar dinero y/o diversos bienes a los padres de la novia, como compensación por los gastos en los que incurrieron en la crianza de la muchacha, dado que ella se trasladará a vivir al hogar de sus suegros”.

Ante la alarmante cifra de más de seis millones de mujeres entre 12 y 17 años que en México han contraído matrimonio o viven en concubinato, apenas el pasado 30 de abril de 2019, la Cámara de Diputados en México, derogó 29 artículos del Código Civil Federal para suprimir todas las menciones al matrimonio entre menores de edad (^{Cámara de Diputados, 2019}). El estado de Chiapas ocupa el primer lugar nacional en matrimonio infantil debido a que 44.82 por ciento de las mujeres han contraído matrimonio antes de cumplir 18 años de edad, seguido de Guerrero, 42.41 por ciento y Oaxaca, 39.17 por ciento (^{El Universal, 2019}).

En cuanto al embarazo adolescente, ha sido un tema ampliamente estudiado en América Latina. Se ha demostrado que la maternidad y los embarazos adolescentes ocurren con mayor frecuencia en los estratos sociales bajos, sectores marginados y pobres, en los que se encuentra sobrerrepresentada la población indígena (^{Menkes y Suárez, 2003}; ^{Stern, 2004}; ^{Arias et al., 2008}). El embarazo adolescente está “estrechamente relacionado con las normas culturales que prevalecen entre las indígenas, donde la unión tiene que estar inmediatamente asociada al embarazo” (^{Chávez et al., 2007: 46}; ^{Mojarro et al., 2008}). En el caso de las indígenas, se ha señalado que los padres entregan en matrimonio a sus hijas cuando son muy jóvenes, mediante lo que se conoce como matrimonio arreglado, concertado o pactado (^{Mindek, 2003}; ^{Araiza, 2006}; ^{Torres, 2015}); aunque también existe el matrimonio o unión “voluntaria” de los y las menores debido a que los patrones culturales han legitimado los matrimonios y uniones a edades muy jóvenes. Las mujeres indígenas tienen pocas oportunidades de acceso a la educación y ocupación remunerada, por lo que las alternativas a la maternidad son escasas (^{Menkes y Stern, 2012}). De ahí que se considere que el embarazo a temprana edad es un objetivo buscado, deseado, que ayuda a concretar su único proyecto de vida: el de ser madres y, en la mayoría de los casos, esposas (^{De Jesús, 2011}; ^{Menkes y Suárez, 2013}; ^{Solís, 2013}).

El embarazo es un objetivo individual, familiar y social sujeto a normas de género que pueden sancionar a la mujer que no se embaraza enseguida de la unión: “si la mujer no se embaraza en un plazo acordado” (^{Araiza, 2006: 5}) “el marido puede regresarla con sus padres o en su defecto llevar a vivir con su familia a una segunda esposa” (^{Freyermuth et al., 2014: 19}). ^{Ojeda (1999: 38)}, señala que “es común que en nombre de la preservación de los intereses de la unidad familiar y comunitaria se justifique socialmente reglamentaciones y prácticas jurídicas que, en muchas ocasiones, funcionen en detrimento de los intereses de los individuos”, y que estos intereses son más fuertes en contextos indígenas donde existen prácticas culturales muy arraigadas y que operan a través de las normas sociales. Entre estos intereses, la vida sexual y reproductiva de las mujeres es más afectada y vulnerada, porque “la mujer solo puede tener relaciones eróticas coitales en el matrimonio y solo puede ser madre en el matrimonio” (^{Lagarde, 2011: 335}). Con frecuencia las mujeres indígenas se ven sometidas a prácticas sexuales y reproductivas no deseadas, porque las normas de género dictan que ser mujer significa ser esposa y madre; “una mujer debe ser esposa siempre para asegurar su maternidad culturalmente aceptada” (^{Lagarde, 2011: 335}).

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reconoce realidades como la señalada en párrafos anteriores, y documenta que los embarazos en adolescentes tienden a ocurrir con más frecuencia en minorías étnicas, y que son el resultado de un conjunto de elementos que interactúan, como la pobreza y la aceptación del matrimonio infantil por parte de las comunidades y la familia (^{UNFPA, 2013}). Ese organismo afirma que las mujeres menores de 18 años aún no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre su vida reproductiva, así como decidir sobre el número de hijos y con qué frecuencia, y reconoce que la gestación adolescente es el resultado de la falta de poder de decisión y de la presión social de su entorno, además de la falta de otras opciones de vida.

Este estudio, realizado en la comunidad indígena Tseltal Amatenango del Valle en Chiapas, describe la condición, y cambios del matrimonio forzado y del embarazo adolescente en un contexto de rígidas normas de género, pero en el que se han registrado cambios económicos y educativos para las mujeres. En la primera parte del documento se describen algunas de las características sociodemográficas y económicas de la comunidad, su situación actual y sus transformaciones en las últimas décadas. Con ello se pretende contextualizar el descenso de la práctica del matrimonio forzado, que se ha acompañado de otros cambios reproductivos como la disminución de la edad de unión y retraso en el primer embarazo en adolescentes unidas. Finalmente, se discute el cambio en estas prácticas a la luz de algunos supuestos sobre la disminución del matrimonio forzado como resultado del reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas y de una mayor equidad de género, así como el posible impacto que tendría la modificación de la legislación para prohibir el matrimonio infantil en México.

Aspectos metodológicos

Para realizar este estudio se recurrió a metodologías cuantitativas y cualitativas, así como a la revisión de fuentes secundarias de información. Este estudio contó con la aprobación del Comité de Ética en la Investigación de El Colegio de la Frontera Sur. En el apartado cuantitativo, el acopio de información fue realizado mediante una encuesta probabilística aplicada a 120 hogares en cuatro Áreas Geoestadística Básica (AGEB) en la cabecera municipal de Amatenango del Valle. Fueron diseñados dos cuestionarios específicamente para este estudio: el primero, aplicado a familias que contiene preguntas para obtener la estructura familiar y datos sociodemográficos de sus integrantes, así como condición de salud, trabajo y aporte al gasto familiar; el segundo, correspondió a un cuestionario individual dirigido específicamente a mujeres de 12 a 55 años de edad alguna vez unidas y alguna vez embarazadas, en el que fueron preguntas para reconstruir la historia de embarazos, las historias de la unión y del primer embarazo, la condición actual de unión, ocupación, ingresos, y percepción del cambio o no, de la condición de las mujeres de mayor edad, respecto a las más jóvenes. Ambos cuestionarios fueron sometidos a pruebas piloto en una comunidad diferente a la de estudio, pero cercana y semejante en cuanto a la etnia, para adecuar el lenguaje, la extensión y la comprensibilidad de las preguntas por parte de las mujeres entrevistadas, a la vez que lograr la capacitación de los encuestadores y encuestadoras. La información recopilada fue capturada en dos bases de datos, correspondientes a cada uno de los cuestionarios.

El matrimonio forzado fue identificado mediante la pregunta ¿usted quería casarse? (cuando se casó), que corresponde a la definición de matrimonio forzado expresada por la ^{UNICEF (2014)}, descrita en páginas previas.⁴ Seguido de una serie de preguntas sobre las circunstancias en que ocurrió el matrimonio, incluyendo si fue “pedida”, si conocía al novio antes de que fuera pedida, si se fugó con el novio sin consentimiento de los padres, entre otras. El embarazo adolescente, fue estimado a partir de los datos obtenidos por la historia de embarazos.

El análisis de los datos fue realizado para describir la magnitud y tendencias del matrimonio forzado, así como de la edad de unión, características de las uniones, la escolaridad y el trabajo remunerado. Adicionalmente, mediante análisis de regresión logística binaria se estableció un modelo explicativo del embarazo adolescente, en el que se incluyeron como variables independientes la escolaridad, el trabajo remunerado y el deseo o no de contraer matrimonio (si quería casarse o no). Esta última variable fue utilizada para describir y comparar el cambio reproductivo, tomando en cuenta las consideraciones conceptuales sobre matrimonio forzado y matrimonio “voluntario” descritas previamente.

El apartado cualitativo consistió en dos grupos focales para comprender las condiciones y razones de las mujeres para aceptar o no el matrimonio cuando “son pedidas”, y lo que piensan sobre el matrimonio forzado; todo ello en relación con sus actividades económicas remuneradas. En el primer grupo focal participaron ocho mujeres y, en el segundo, cinco mujeres. Ambos fueron realizados en español ya que gran mayoría de las mujeres en la comunidad son bilingües y la totalidad de quienes participaron en los grupos focales hablan y comprenden bien el español. La información fue grabada, previo consentimiento de las participantes y, posteriormente fue transcrito para su análisis, garantizando la confidencialidad de los datos y de las participantes.

El contexto de estudio

Amatenango del Valle, que es uno de los 17 municipios de la región Altos Tsotsil-Tseltal de Chiapas. Está ubicada sobre la carretera Panamericana a 32 kilómetros al sur de San Cristóbal de las Casas (Mapa 1) que es la ciudad más importante de la región Altos.

Fuente: Microsoft Bing. mapa de Amatenango del Valle Chiapas - Bing. Actualizado el 04-05-21

Figura 1: Localidades e infraestructura del municipio de Amatenango del Valle, Chiapas 

La cabecera municipal de Amatenango del Valle ocupa un lugar estratégico, ya que se puede comunicar directamente con dos ciudades principales: San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez mediante la carretera internacional, lo que ha permitido el intercambio comercial de ciertos productos y artesanías.

Para 2015, Amatenango del Valle tenía una población total de 5,071 habitantes, de los cuales 46.6 por ciento son hombres y 53.4 por ciento son mujeres. Hay un total de 1,010 adolescentes de 10 a 19 años de edad, 48.5 por ciento son hombres y 51.8 por ciento son mujeres (^{INEGI, 2015}). Es un municipio de alto grado de marginación, 67.57 por ciento de la población vive en pobreza extrema (^{CONEVAL, 2010}). El idioma predominante es el Tseltal, 97 por ciento de sus habitantes se considera indígena, de ellos 8.5 por ciento son monolingües de tseltal, es decir, no hablan español (^{INEGI, 2015}).

Respecto a la cobertura de servicios de salud, en la cabecera municipal de Amatenango del Valle se cuenta con una unidad médica rural de consulta externa que pertenece al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS-Prospera), que comenzó a operar a finales de la década de 1970 y que brinda, de manera gratuita, consultas de medicina general, atención materno-infantil, planificación familiar, educación para la salud, promoción del saneamiento y orientación nutricional, además de inmunizaciones, control de enfermedades transmisibles, detección oportuna del cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, farmacia, archivo y estimulación temprana.

Una de las acciones más importante que se realiza en esta unidad es la de promover el uso de métodos anticonceptivos a todas las mujeres que acudan a solicitar atención médica; actualmente, un porcentaje importante (46.9 por ciento) de las mujeres en edad reproductiva llevan su control de planificación familiar en esta unidad. Cabe mencionar que en esta unidad se encuentra un Centro de Atención Rural al Adolescente (CARA), que inició sus actividades en 1998. Este Centro inicialmente funcionaba de manera regular impartiendo pláticas en las escuelas sobre prevención de embarazos adolescentes.

Actualmente, este espacio no está en funcionamiento debido a la falta del personal para realizar actividades y proporcionar atención a los adolescentes y jóvenes, y también por las presiones de las iglesias locales, por lo que las y los adolescentes que radican en este lugar no reciben información sobre salud sexual reproductiva y prevención de embarazo adolescente, y menos aún cuentan con información sobre métodos anticonceptivos y la disponibilidad de los mismos. Por ello, las actividades de planificación familiar se dirigen únicamente a mujeres unidas, pero no a mujeres y hombres solteros, aunque tengan una vida sexual activa. La unidad médica rural cuenta con un médico pasante y una técnica de enfermería con plaza definitiva en turno matutino; los fines de semana el servicio médico es ofrecido por una médica de contrato.

En cuanto a la infraestructura educativa, en la cabecera municipal existen nueve escuelas preescolares y ocho escuelas primarias distribuidas en diferentes barrios. Hay escuelas federales-monolingües, indígenas-bilingües y del sistema CONAFE⁵ en donde los niños y las niñas tienen acceso a recibir los cursos de educación básica. En 1988 se inauguró una escuela secundaria, pero fue hasta 1997 que se consolidó con una población estudiantil de 30 alumnos (^{Ramos, 2003}). En el ciclo escolar 2001-2002 abrió sus puertas el plantel No. 256 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, lo que permitió a las y los jóvenes continuar con sus estudios en el nivel medio superior en su propia comunidad. Antes de la llegada del plantel, los jóvenes que querían continuar con sus estudios lo hacían en Teopisca municipio vecino de Amatenango. Es importante mencionar que en esta comunidad hay jóvenes que han emigrado a otras ciudades del estado o fuera del estado para continuar con sus estudios universitarios, se encontraron testimonios de padres de familia que tienen hijos e hijas estudiando en la ciudad de México, Morelia, Veracruz, y dentro del estado, se encontraron principalmente ciudades de San Cristóbal de las Casas y Comitán, por lo que se registran jóvenes que han concluido sus estudios universitarios. No obstante, sigue habiendo un porcentaje importante de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (nueve por ciento); 27.4 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta, y 28.9 por ciento de las personas de 15 años o más, tienen la educación básica incompleta. Durante el ciclo escolar 2014-2015, en el nivel primaria había 1,655 alumnos inscritos en la escuela, de los cuales 50 por ciento eran hombres y 50 por ciento mujeres; en la secundaria, en total había 496 estudiantes, de ellos 59 por ciento eran hombres y 41 por ciento eran mujeres; en el nivel bachillerato había 206 alumnos, 72 por ciento eran hombres y 28 por ciento mujeres (Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2016), documentándose que, conforme avanza el nivel de escolaridad, el porcentaje de mujeres es menor. Como se analizará enseguida, esta desigualdad se encuentra relacionada con la dinámica económica de la comunidad, en la que las mujeres ocupan un lugar destacado.

Entre las principales actividades económicas y fuentes de ingreso destacan la alfarería artesanal y textil, migración temporal de hombres a ciudades cercanos o a otros estados del país y fuera del país; la venta de aves, ganado y hortalizas de traspatio, el empleo temporal en las oficinas del municipio, así como la producción de maíz y frijol. Se practica en menor medida la ganadería de traspatio, y parte de sus ingresos se complementa con los apoyos gubernamentales como Procampo⁶ y Prospera.⁷ Existe una clara división sexual del trabajo, los hombres se dedican en las actividades agrícolas, mientras que las mujeres se dedican principalmente a las actividades artesanales de alfarería y textil, combinándolas con las actividades domésticas y el cuidado de sus hijos. Hay dos colonias en donde las mujeres únicamente se dedican a elaborar ropa artesanal que a van a vender a San Cristóbal de las Casas y Comitán, actividades que les genera escasos ingresos económicos, por lo que ellas también participan en las actividades agrícolas y el cuidado de ganado de traspatio.

De acuerdo con ^{Nash (1993)} y ^{Ramos (2003)}, el trabajo de alfarería se ha ido transformando con el tiempo, aunque desde la época prehispánica se practicaba para elaborar utensilios de uso doméstico o para ceremonias religiosas, fue “a partir de finales de 1980 que la comercialización de artesanía adquiere prioridad en la comunidad y que la llegada masiva de turistas al estado abrió también otra forma de comercializar” (^{Ramos, 2003: 19}). Además de la reciente apertura de la carretera panamericana, abrió las posibilidades de instalar comercios de alfarería en las orillas de la carretera, lo que también facilitó el acceso a turistas y la movilización de las mujeres alfareras para ofrecer sus productos a otras ciudades de Chiapas.

A finales de la década de 1970 y a principios de la siguiente se inició un profundo cambio económico en la comunidad. En ese periodo había una constante emigración masculina por la crisis agrícola y económica, lo que originó la reestructuración de las actividades productivas de las familias y principalmente de las mujeres. Las dificultades económicas que vivían las familias obligaron a los hombres a emigrar a ciudades como Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, para trabajar de peones o albañiles (^{Collier, 1992}). Otros iban a trabajar en la zafra de caña de azúcar a Pujiltic, mientras que las mujeres, para generar ingresos salían a vender sus productos artesanales de alfarería en ciudades cercanas como Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal, y los principales productos eran macetas, comales y cántaros destinados a uso utilitario o decorativo (^{Ramos, 2003}).

Sin embargo, Nash señala que el poder salir a otros lugares, vender sus productos y obtener ingresos económicos directamente, afectaba la posición de las mujeres, lo que provocó “usar medios más poderosos de supresión para preservar las relaciones patriarcales” (^{Nash, 1993: 148}). Cabe mencionar que no solo por eso fue el descontento de los hombres sino también por el trabajo organizado de las mujeres en una cooperativa fomentada por el Instituto Nacional Indigenista, porque implicaba trabajar en los talleres y en grupos, idea que no fue agradable para los hombres hasta que la cooperativa desapareció por la “resistencia masculina”; sin embargo, la participación económica de las mujeres en la alfarería no disminuyó, e incluso se ha incrementado con el tiempo.

A pesar de las dificultades y diferentes obstáculos que enfrentaban las mujeres de Amatenango, de acuerdo con ^{Ramos (2003: 18)} : “ellas iban ganando un estatus diferente dentro del contexto indígena de los Altos. Ellas, siendo indígenas, viajaban a la ciudad, aprendieron a hablar español y tenían experiencia en los espacios públicos”, lo que, de acuerdo con los resultados de este estudio, ha sufrido un retroceso importante en cuanto a salir de la comunidad, en la medida en que la producción de la alfarería y su venta local, ha sido cada vez más importante, manteniéndose ahora con mayor frecuencia en su comunidad de origen.

Amatenango del Valle es, con base en datos del Censo de Población y Vivienda, 2010, el municipio indígena de los Altos de Chiapas con la más alta tasa de participación económica de las mujeres de 12 años o más: 37.17 por ciento.⁸ En los últimos años las mujeres alfareras, en producción individual y familiar, se han visto en la necesidad de innovar sus productos para poder competir en el mercado (^{Ramos, 2003}). En este estudio se observó competencia entre mujeres y entre familiares en la producción de jaguares, pavorreales, palomas, gallos y otros productos más modernos, destinados específicamente para el mercado turístico.

El esfuerzo creativo busca que no se repitan los diseños de sus vecinas o de otras mujeres, y son las hijas, principalmente, quienes participan fuertemente en la creación de nuevos productos, desde la fabricación, la decoración y el diseño de los colores. Las niñas entre los 8 y 12 años empiezan hacer las piezas de barro, comienzan con figuras muy pequeñas hasta que van aprendiendo hacer objetos más grandes. A partir de los 15 años elaboran sus propias piezas y las comercializan. Los ingresos obtenidos de la venta de la alfarería se destinan para la compra de alimentos y ropa para la familia, así como para herbicidas y fertilizantes; además de la contribución a la economía familiar, tiene un fuerte impacto como recurso de resistencia⁹ frente a las presiones de género ejercidas por los varones en la comunidad, en particular en lo relativo a contraer matrimonio.

Resultados

Tendencias socioeconómicas y cambio reproductivo

En relación con la actividad económica, se observó que la mayoría de las mujeres (81.7 por ciento) ha realizado actividades remuneradas alguna vez, con porcentajes elevados en todos los grupos de edad, sin diferencias significativas entre ellos (p = 0.084) (Figura 2).

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo.

Figura 2: Porcentaje de mujeres que han realizado o realizan actividades remuneradas por grupos edad. Amatenango del Valle, Chiapas, México 

Adicionalmente, se observa que las mujeres adolescentes unidas registran en mayor proporción que las no unidas el desempeño de un trabajo remunerado (88.5 vs. 66.7 por ciento), respectivamente (p = 0.032); mientras que en los otros grupos de edad no se registraron diferencias estadísticamente significativas. El unirse en esta comunidad significa asumir todas las responsabilidades asociadas a ser esposas y madres y cumplir con las normas sociales que la comunidad establece, incluyendo el trabajo remunerado para contribuir a la economía familiar, lo que se considera parte de sus obligaciones.¹⁰

Respecto a la escolaridad, se aprecia un cambio significativo por grupos de edad, en el que las mujeres más jóvenes (15 a 19 años) tienen en promedio mayor escolaridad que las mujeres de mayor edad (X² = 197.634, 12 gl, p < 0.000); asimismo, se observa una reducción en la proporción del matrimonio forzado (X² = 16.321, 6 gl, p = 0.012), y una disminución en la edad de unión (X² = 41.445, 18 gl, p = 0.001) (Figura 3).

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo.

Figura 3: Promedio de escolaridad, edad promedio a la unión y proporción de matrimonio forzado por grupos edad. Amatenango del Valle, Chiapas, México 

En la Tabla 1, se muestran las cifras de la edad media de unión de las mujeres, la edad media de unión de los esposos, la proporción que se unieron antes de cumplir 18 años, el porcentaje de matrimonio forzado (no querían casarse) y el porcentaje de unión antes de cumplir 18 años entre quienes no querían casarse, por grupos de edad.

Tabla 1: Edad de unión, matrimonio forzado y porcentaje de uniones tempranas en matrimonios forzados según grupos de edad. Amatenango del Valle, Chiapas 

Grupos de edad	n	Edad media a la unión de las mujeres	Edad media a la unión de los esposos	% unión antes de cumplir 18 años	% matrimonio forzado (no querían casarse)	% unión antes de cumplir 18 años entre quienes no querían casarse
15 a 19	19	15.16	19.47	100.0	0.0	0.0
20 a 24	39	18.03	21.18	47.8	1.8	0.0
25 a 29	46	18.41	23.35	47.8	2.0	2.0
30 a 34	64	21.14	24.36	39.1	1.6	1.6
35 a 39	61	20.66	26.10	37.7	7.8	4.9
40 a 44	43	19.70	24.67	46.5	4.7	4.7
45 a 49	38	19.05	23.45	55.3	15.8	13.2
Total	310	18.67	23.76	51.6	4.7	3.9

Fuente: elaboración propia con base en datos del trabajo de campo.

En total, de las 340 mujeres unidas entrevistadas de 15 a 49 años, 4.7 por ciento correspondió a matrimonios forzados; de ellas, 25.0 por ciento ocurrieron cuando las mujeres eran menores de 15 años (12-14 años), 66.7 por ciento cuando tenían entre 15 y 19 años y 8.3 por ciento cuando ellas tenían entre 20 y 24 años. Estos datos indican que no todos los matrimonios forzados corresponden a matrimonio infantil o adolescente; sin embargo, el mayor porcentaje se observa cuando las adolescentes se encontraban en el rango de edad de 15 a 19; el matrimonio forzado infantil ocurrió en uno de cada cuatro matrimonios forzados.

También se observa que existe una relación entre el matrimonio forzado con el embarazo adolescente, registrándose que entre las mujeres que no querían casarse, 59.1 por ciento tuvo su primer hijo/a antes de cumplir 18 años, cifra significativamente mayor a la de las mujeres que se sí querían casarse: 30.7 por ciento (X² = 10.127, 4 gl, p = 0.038). Lo anterior ocurre porque la edad de unión se encuentra estrechamente relacionada con la edad a la que ocurre el primer embarazo (X² = 159.186, 3 gl, p = 0.001), y como se ha señalado, un elevado porcentaje de los matrimonios forzados ocurrieron cuando las mujeres eran menores de edad.

La relación entre unión y embarazo temprano en las mujeres que fueron forzadas a contraer matrimonio puede explicarse como resultado no solamente por las escasas alternativas a la maternidad de las mujeres indígenas (^{Menkes y Stern, 2012}), quienes, una vez unidas, son presionadas por las normas culturales para embarazarse enseguida (^{Chávez et al., 2007}; ^{Mojarro et al., 2008}), sino por la condición de desventaja por su edad que facilita el ejercicio del poder y la imposición de los padres, la pareja y la comunidad para que establezca una unión no deseada sin más opción que sujetarse a las normas sociales establecidas.

El matrimonio forzado en menores de edad ocurrió con un hombre al que no conocían, siempre de mayor edad que ellas, y donde la violencia ejercida por este sobre la esposa es una referencia común en la comunidad. Algunos testimonios de las mujeres dan cuenta de ello:

- “Yo me casé cuando tenía 15 años (…) y luego encontré mi bebé”.

-¿Usted decidió casarse a esa edad?

“No, no quería yo pue, no quería, pero mi abuelito, mi abuelito, como me entraron a pedir, ya te entraron a pedir, yo lo voy a recibir el bocado me decía mi abuelito, yo no quería yo pue todavía, pero a la fuerza me dijeron, (…)”.

-¿Usted conoció antes a su esposo?

“No, no conocía yo, ni lo había visto, si, ni lo había visto, pues hasta cuando metieron el bocado [en la pedida se lleva una ofrenda: pan, refresco, cervezas] empezó a llegar en mi casa el muchacho y así lo conocí, iday no quería yo con él, me daba pena, no sé qué me daba, miedo, sí” (Mujer de 55 años. Grupo focal 1, 21 de junio 2018).

-Y usted ¿cómo fue que se casó?

“Pedida, tenía yo 16 años cuando me entró a pedir [su exesposo], ya mi papá estaba consciente porque ya tenía yo 16 años. Está bien dice, está bien se van a casar, si tú ya pensaste bien, bueno dice el muchacho. Ya me dio ya mi papá”.

-¿A usted le preguntaron si quería casarse o no?

“Ah no, mi papá no. Nomás dijo pue, salió el hombre, y vino mi papá, mira hija dice te vas a casar con este hombre, ya le dije que si te vas a casar dice, por qué le dijiste si yo no me gusta le dije, no me gusta ese hombre, ni me imaginaba yo que me iba casar con ese hombre, no me gustaba, no es mi destino, no es mi suerte, no me gusta le dije, a poco tú vas a escoger con quien te vas a casar me dijo mi papá, quién sabe soy yo dice, el que manda soy yo me dijo mi papá. ¡Ay! y mi mamá dijo, cómo pudiste hacer esto, si tu hija no quiere es que no quiere, no tú, no, pero va estar bien cerquita su casa el muchacho dijo mi papá, está bien cerca por eso le dije el muchacho que si se van a casar dice, según qué porque vivía cerca, y no, es muy malo su suerte que eligió, pues si porque él lo quiso, yo no, así. Vino el bocado y lo recibieron, y ya después nos casamos un mes de diciembre. Después de dos meses que me casé ya iba balacear el hombre, hasta que llegamos a separarnos” (Mujer de 52 años. Grupo focal 2, 6 de julio 2018.

-¿Cómo se sintió usted cuando la obligaron a casar?

“Pues para mí -yo dije- ni modo, así es la vida dije yo. Estaba viendo que así era la costumbre pue, antes era normal para las mujeres casarse con un hombre sin haberlo conocido y que los papás decidan por ellas, pero ahora ya sé que ya no es normal” (Mujer de 48 años. Entrevista personal, 5 de mayo 2018).

El descenso en la proporción de matrimonios forzados ha sido significativo en la comunidad, y es reconocido por las mujeres de diferentes edades, quienes expresaron que las muchachas ya pueden elegir y decidir con quién casarse:

“[…] Yo veo que ahora las muchachas ya tienen libertad, ellas deciden si quieren casar o no, si les gusta o no les gusta el muchacho. Ahora ya es libre, ella decide si sí o no, en cambio antes pue aunque no les gustó el muchacho, tienen que aceptar pue, no tiene nada que hacer porque la obligan, la obligan. Así, como que no está bien así” (Mujer de 48 años. Entrevista personal, 5 de mayo 2018).

“[…] ahora ya no es así, ahora ya es más bonito parece”

“[…] y ahora ya ellos se platican, hasta piden permiso [con los papás] algunos muchachos o cuando

salen a estudiar ya van conociendo a su novio” (Mujer de 52 años. Grupo focal 1, 21 de junio 2018).

En el mismo sentido fue el siguiente testimonio:

-Usted ¿cómo fue que se casó?

“Yo [risa]. Pues yo me huí, me fui sola”.

-Aaah, te huiste, ¿ya conocías el muchacho, fueron novios?

“Sí”.

-¿Cómo fue que se conocieron?

“Jaja, [todas se ríen]. Lo conocí en el campo, él llegaba a trabajar en su milpa allá por el camino, cuando salía de la secundaría ahí lo veía, él me habló y quise yo también, nos hicimos novios”.

-¿Cuántos meses fueron novios?

“Tres meses, ya estaba terminando la secundaría, ya cuando salí me fui con él”.

-¿Cuántos años tenías cuando te fuiste con tu esposo?

“15 años y él tenía 17 años” (Mujer de 22 años. Grupo focal 2, 6 de julio 2018).

Otra mujer que ahora tiene 32 años narró cómo conoció a su esposo y planearon irse a vivir juntos:

“lo que me gustó [de su esposo], jajaja…no es que cuando nos conocimos era muy tranquilo (…), él era músico, tocaba pue, y llegaba a tocar allá en mi comunidad y después él me habló, y yo no le hacía caso, jeje, no le hacía caso porque como no lo veía pue cada ratito, que tal tenía novia o ya tenía esposa, no le hacía caso pero él si no me dejaba ya, jajaja, si pue, después me enamore de él, lo fui queriendo también, es que el corazón manda pue, si una persona quieres no te da miedo, después lo fui conociendo, y así hasta creo que tres años estábamos platicando que me quería, me decía cosas pue y yo también, pero le decía pue mi esposo, le decía, no mira, era mi sueño pues casarme, no salir huyendo, no mira para que no tengamos problemas le voy a decir mi papá mi mamá y que me voy contigo le dije, pero él no quiso, tuvo miedo para decir sí, no, que tal si me regaña tu papá, tu mamá, que tal si no te dejan pue, ah bueno, y me dijo pue si no quieres ir conmigo te voy a dejar, jajaja, y el miedo que tuve, yo lo quería yo también y mejor me vine, jeje.

-¿Cuántos años tenías cuando te fuiste con tu esposo?

“18 años, mi esposo tenía 21 años” (Mujer de 32 años. Grupo focal 1, 21 de junio 2018.

A partir de estos testimonios se observa que el consentimiento o la unión “voluntaria” se refiere casi en su totalidad a la “elección” de la pareja por ellas y, en un elevado porcentaje, son niñas o adolescentes que establecen la unión sin esperar el consentimiento de los padres.

En general las mujeres reconocen los cambios en la forma en que establecen la unión las mujeres más jóvenes, aunque también el cambio reproductivo relacionado con la menor edad de unión:

- […] ¿Y lo siguen haciendo así hasta ahora?

“No, (…). Siempre esta cambiado ya ahora, se huyen pue, ya no lo esperan sus pedidas (…)” (Mujer de 40 años. Grupo focal 2, 6 de julio 2018).

-¿Hay mujeres que se casan muy chicas?

“Si, tan chiquita, una niña pue que es compañera de mi hijito que va salir de secundaría, ya tiene dos bebés, uno de un año y otro está a punto de nacer o creo que ya nació, ya se alivió creo ya la chamaquita, sí, bien chiquita”.

-¿Ella quiso casarse o la obligaron?

“No, ella quiso, no la obligaron, se huyó pue, ella huyó, se fue. Se fue con un hombre de 26 años, bien grande ya el hombre, pero ni modos ahí se fue la chamaquita. Aquí se casan ya muy chiquitas, a veces no se cuidan, no se cuidan, se van, hay algunas que les gusta casarse así de grande, solo algunas y algunas que se van.

-¿A qué edad se fue ella?

“Uuum, creo que, de 14 años, casi llevando dos meses cuando entraron en la secundaría cuando ella se fue, de primer grado de secundaria se fue” (Mujer de 40 años. Grupo focal 2, 6 de julio 2018).

Los cambios en la escolaridad, en la edad de unión, el matrimonio “voluntario” y el retraso del primer embarazo son más evidentes en el grupo de menor edad: las adolescentes. A continuación, se profundiza sobre esos aspectos en las niñas y adolescentes menores de 18 años para comprender las condiciones y características del cambio reproductivo que están experimentando.

Discusión y conclusiones

Los cambios reproductivos en la vida de las mujeres tseltales de Amatenango del Valle, nos llevan a las siguientes reflexiones y conclusiones.

Ante el reconocimiento de la importante participación económica de las mujeres por parte de la comunidad y las familias, la práctica del matrimonio forzado ha disminuido asociado a la participación de las mujeres en actividades productivas remuneradas, mismas que han tenido efecto en dos ámbitos: por una parte, dependen menos económicamente del varón y, para los padres las hijas ya no representan una carga económica, sino que contribuyen al sostenimiento del hogar; esto es diferente a lo reportado por ^{Lagarde (2011)}, quien, para otros contextos señalaba que las mujeres “a cierta edad, se convierten en un estorbo, deben partir, deben pasar a manos de otro hombre (…) si no lo hacen se vuelve una carga económica, social y afectiva”. Este cambio, ha ayudado a que las mujeres en esta comunidad, sobre todo las más jóvenes puedan decidir con quién o simplemente no casarse, aun frente a las presiones de género que ejercen los familiares y la comunidad.

Por otra parte, la escolaridad de las mujeres se ha incrementado significativamente, con registro de ingreso a la educación media y superior de algunas mujeres. Esta condición ha contribuido a la disminución del matrimonio forzado porque les permite retar la autoridad de los padres, unirse “voluntariamente”, y retrasar el primer embarazo posterior a la unión mediante el uso de métodos anticonceptivos modernos. El acceso a la educación formal y a las escuelas les abre nuevas posibilidades de relacionarse entre los jóvenes y el contacto con nuevas formas de pensamiento. El incremento de la escolaridad promedio, como producto de la modernización, afecta las prácticas reproductivas en dos sentidos: por una parte, el aumento del grado de escolaridad de las mujeres se ha acompañado de un descenso de la proporción de matrimonios forzados y ha incrementado las uniones “voluntarias”; por otro lado, ha disminuido la edad promedio de unión, a la vez que la proporción de unidas entre los 12 y 19 años es de 16 por ciento, cifra ligeramente superior a la media nacional para asentamientos menores a 15 mil habitantes. Además, tiene un importante papel explicativo en el uso de métodos anticonceptivos para retrasar el primer embarazo, ya que se encuentra asociado a la mayor escolaridad. Así, el embarazo adolescente, sobre todo a edades muy tempranas (12 a 14 años) ocurre por matrimonios arreglados, aunque con el consentimiento de la novia, seguido de embarazo, y se concentra, por la edad de las mujeres, en el grupo con menor escolaridad.

Los servicios de salud y las campañas de planificación familiar han tenido un efecto muy importante en la vida reproductiva de las mujeres indígenas tseltales de Amatenango del Valle, pero vinculado a la mayor escolaridad de las mujeres unidas. El trabajo remunerado y el acceso a la educación de las mujeres, ha permitido que las adolescentes y mujeres se enfrenten a las normas tradicionales de género, “rechazando algunas, actualizando otras u otorgándoles otros sentidos” (^{Reartes, 2011: 90}) que, en el caso de esta comunidad, implica el rechazo al matrimonio, el retraso del primer embarazo o la construcción de alternativas de vida diferentes a la de madres y esposas. Las normas comunitarias de género se han tensionado frente a los nuevos conocimientos y experiencias de las mujeres; se podría decir que, sobre todo las de mayor escolaridad, tienen mayor dominio y control sobre su propia vida. El trabajo remunerado les ha permitido a muchas de ellas a acceder y manejar sus propios recursos materiales y económicos (^{Comisión de Mujeres y Desarrollo, 2007}), lo que les ha permitido resistir las rígidas normas de género y la violencia ejercida contra ellas por los hombres, para mejorar sus condiciones de vida expresadas en su mayor autonomía en la toma de decisiones económicas y en las prácticas reproductivas para disminuir o evitar la sobrecarga de trabajo y la exposición a la violencia por parte de su pareja; esto puede considerarse un logro en una comunidad donde la violencia contra las mujeres es generalizada y podría ser interpretada como un indicador de mejora en las relaciones de género e igualdad entre hombres y mujeres en la comunidad. No obstante, los resultados de este estudio muestran que los varones no han cambiado la manera de relacionarse con las mujeres; son ellas, quienes, aun a costa de no unirse o no ser madres, resisten dicha violencia y transgreden -no sin consecuencias-, las normas que exigen ser “pedidas” para contraer matrimonio o unirse, registrándose en las actuales adolescentes unidas, que en todos los casos de la unión fue “voluntaria”.

Debido a la permanencia de las desiguales relaciones de género, la prohibición legal del matrimonio infantil no ayudaría a reducir las uniones tempranas. De hecho, en una comunidad como esta en la que ha disminuido la edad de unión, y persiste la norma que legitima los matrimonios arreglados en niñas, se ha observado más recientemente, la ocurrencia de uniones fuera de la norma (no esperar a ser pedidas) y el no establecimiento de una unión formal (matrimonio legal), lo que coloca a las menores en condición de alta vulnerabilidad; si a ello se agrega el cambio en la legislación, el resultado podría ser un incremento de la vulnerabilidad de las menores y mayor inestabilidad de las uniones. Como se documentó en este trabajo, las y los jóvenes se unen “voluntariamente”, particularmente entre quienes tienen mayor escolaridad, mencionando haberse enamorado o que su pareja les gustó; sin embargo, el mayor porcentaje de las uniones tempranas no se concreta de manera formal o legal, sino en uniones libres y la tasa de abandono o separación es muy elevada, mucho más que la registrada por mujeres de mayor edad. Esto muestra la vigencia de las normas de género y el control social al que se enfrentan las mujeres en esta comunidad, lo que podría empeorar con la prohibición del matrimonio de menores de edad.

Se sugiere instrumentar políticas públicas que protejan a las mujeres en general que son víctimas de cualquier tipo de violencia, principalmente a las mujeres que se unen a temprana edad, porque tienen “mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y violencia sexual de sus parejas” (^{ONU MUJERES, 2016: 8}; ^{Casique y Castro, 2018}); en el caso de esta comunidad, porque son uniones más inestables y siempre acompañadas de embarazos, dejándolas, en el caso de separarse o ser abandonadas, en una condición de elevada vulnerabilidad.

Finalmente, para disminuir las prácticas de uniones tempranas y embarazos adolescentes, se debe pensar en políticas integrales que consideren las condiciones contextuales de cada grupo social y pueblo originario. Es importante apoyar las actividades productivas y económicas de las adolescentes y jóvenes en el medio rural e indígena, crear condiciones de ocupaciones remuneradas (creación de cooperativas y microempresas, y motivarlas a que asistan a la escuela y continúen sus estudios¹⁵) a la par de la mejora de las oportunidades educativas, que, como se ha documentado en este trabajo, tienen un papel clave en el cambio de expectativas y resistencia de las mujeres al matrimonio forzado y la maternidad temprana en un entorno de violencia por la pareja. Aunado a ello, debe realizarse un trabajo permanente, con hombres y mujeres, para el logro de la equidad de género, el respeto a los derechos humanos de las mujeres de los pueblos originarios, así como de sus derechos sexuales y reproductivos, mejorando e incrementando la atención a la salud en las adolescentes, con énfasis en la educación sexual y reproductiva que, en algunas comunidades como la de este estudio existía, pero ha dejado de funcionar. Sin estas acciones, no se podrá erradicar la práctica de matrimonios arreglados en niñas, disminuir las uniones tempranas “voluntarias” y el embarazo en adolescentes, o mejorar la calidad de vida de las adolescentes y de las mujeres en general.