¿Cuántos y de dónde son?

En diez años fiscales que abarca de octubre de 2009 a julio de 2018 se presentaron en Estados Unidos 203,079 eventos de intercepción y aprehensión de menores inmigrantes centroamericanos y 127,951 menores migrantes mexicanos; es decir, los menores centroamericanos representaban 61.3 por ciento y los mexicanos 38.7 por ciento, cuyo promedio anual fue 23,008 y 12,795 respectivamente; es decir, la mayoría de los menores migrantes son de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, no obstante, no por eso el problema para México es menor. El año fiscal en el que hubo mayores aprehensiones fue 2014, lo que coincide con la crisis por la saturación de los albergues existentes y por la improvisación de algunos de ellos en los campos militares (Tabla 1).

A partir de los datos oficiales que arroja la información de las autoridades estadounidenses podemos considerar claramente dos momentos: 2009-2014 y 2015-2018. El primero se distingue por un crecimiento explosivo en las aprehensiones en el territorio estadounidense de los menores migrantes de origen centroamericano hasta alcanzar su nivel más alto en 2014, mientras que México en 2009 aportaba la mayor cantidad de los cuatro países, en 2014, aunque su flujo se mantenía constante, su proporción quedaba por debajo de los tres países centroamericanos. El segundo momento es muy errático, pero su tendencia es descendente, con excepción de Guatemala, seguido por Honduras que son los dos países que aportan la mayor cantidad de menores migrantes aprehendidos; en cambio, México, termina en 2018 con una clara disminución de sus menores migrantes, respecto de 2009 y 2014 (Figura 1).

Figura 1: Menores Migrantes no Acompañados Aprehendidos el ICE, 2009-2018 

Según información de la Secretaría de Gobernación en 2015, de los 11,667 eventos que se refieren a menores migrantes deportados a México, las entidades que aportaron una mayor proporción fueron: Oaxaca (12.5 por ciento), Guerrero (10.1 por ciento), Sonora (diez por ciento), Tamaulipas (9.4 por ciento), Michoacán (6.4 por ciento) y Guanajuato (5.8 por ciento) (^{Lorenzen, 2016}); es decir, en 2015 seis entidades aportaron aproximadamente 54.2 por ciento del total. Los estados de Oaxaca y Guerrero y en menor medida Michoacán son los que más preocupan por su vulnerabilidad por ser migrantes indígenas.

Otro de los aspectos que destacan entre 2015-2018, relacionados con la presencia de los menores migrantes es el registro de aprehensiones de migrantes de edades distintas que son parte de una misma familia. Su presencia es realmente muy alta y debe de ser parte de los distintos flujos que presenta la migración internacional.

En este caso, mientras Guatemala y Honduras representan los dos países con mayor crecimiento e incidencia, México muestra una presencia realmente marginal y en claro descenso. Estas tendencias, indican que los menores migrantes de origen centroamericano experimentan mayores presiones sociales y peligros en sus países, respecto de los mexicanos, que los obligan a emigrar (Tabla 2).

Hasta aquí resulta obvia la necesidad de promover una alianza estratégica con los gobiernos de los países centroamericanos con el objetivo de abordar juntos la defensa de los menores migrantes; esto sin embargo, exige de México comprometerse a hacer su parte respecto de los menores migrantes que se desplazan por el territorio nacional con destino hacia Estados Unidos.

Cabe advertir que las cantidades dadas no son exactas, primero, porque las aprehensiones y las deportaciones son eventos y no inmigrantes; es decir, un mismo inmigrantes puede ser detenido y registrado varias veces, sobre todo en el caso de los menores mexicanos que son deportados a la zona fronteriza de México y entregados a las autoridades mexicanas, algunos de ellos vuelven a intentar cruzar y son reaprehendidos por segunda o tercera vez en territorio estadounidense. Cuando esto sucede, son detenidos como reincidentes.

La otra observación, como ya se empieza a reconocer, no se trata de menores inmigrantes “no acompañados”, pues, el trabajo de campo demuestra fehacientemente que entre ellos hay menores que van acompañados de sus padres, familiares o amigos y al ser aprehendidos por los agentes de inmigración son separados de ellos. Y es que el propio sistema de captura conduce a la separación de los menores, pues si uno de ellos cuenta con redes de solidaridad y reconoce que va acompañado, los agentes de inmigración terminan acusando al acompañante de tráfico de indocumentados; así que no hay más opción que mentir o callar. Esta práctica termina produciendo vulnerabilidad y por tanto, su consecuencia inmediata es el aumento de los riesgos a que son sometidos los menores al ser separados de sus redes sociales y de sus padres o familiares cercanos; entonces, de surgir la pérdida de la seguridad ontológica, nada tiene que ver con la predisposición personal a ella, sino que es resultado de dicha política. Pero, lo realmente infundado es que no existe nada que indique que los inmigrantes sean un peligro para la seguridad de Estados Unidos y que éste peligro desaparezca o disminuya con la separación de los menores respecto de los mayores. Sobre esta afirmación existen asimismo suficientes evidencias que prueban la frecuente separación de las esposas en 2012 respecto de sus cónyuges y de hermanas y hermanos (^{Ángel del et al., 2012: 37-38}). Por supuesto, aunque en este caso se trata de mayores de edad, nada justifica que el gobierno estadounidense separe a hombres y mujeres cuando son cónyuges o hermanos. Sólo debemos imaginar el sufrimiento expresado en impotencia, miedo, ira e incertidumbre que experimenta un migrante cuando va al cuidado de un menor o de su cónyuge o familiar y es separado violentamente de ellos. Por supuesto, si a esto sumamos la incomunicación a que son duramente sometidos, en ambos casos los costos humanos son terribles.

Con frecuencia quienes acompañan a los menores son también amigos, vecinos o miembros de una misma comunidad que actúan como redes sociales. Y es que ante los peligros, las redes sociales de los migrantes funcionan como solidaridad y protección; por tanto nada tienen que ver con el llamado tráfico de indocumentados. Por esa razón es importante exigir por las autoridades consulares de México la distinción entre redes de migrantes y relaciones de otro tipo. Por lo demás, entre más peligros haya que sortear durante la travesía a territorio estadounidense, las redes sociales se hacen más necesarias.

Otro de los aspectos que inciden en la vulnerabilidad y en el incremento de los riesgos a partir de 2012 en adelante, es la prevalencia de niñas, además de su corta edad, rasgos ambos que están actualmente en los registros estadounidenses entre los de mayor crecimiento. Y es que como se decía anteriormente, la vulnerabilidad creada por el propio Estado no tiene justificación alguna cuando los menores son indefensos por su corta edad, más si son niñas. Así, de octubre de 2013 a mayo de 2014 fueron registrados 785 menores de cinco años detenidos por el Immigration and Customs Enforcement¹ Sólo bastará preguntarse a partir de las imágenes recientes de los medios de comunicación qué es lo que puede suceder cuando una o un menor de cinco años es separada(o) de sus padres en territorio estadounidense, ¿podrán comunicar cómo se llama?, o ¿de dónde proceden?, o ¿quiénes son sus padres? El mostrar estas cifras debiera de ser suficiente para una intervención directa desde México (Figura 2).

Año Fiscal 2013 (Octubre 01, 2012 a Septiembre 31 de 2013); Año Fiscal 2014 (Octubre 01, 2013 a Mayo 31de 2014).

Fuente: Pew Center Analysis of U. S. Customs and Border Protection, Enforcement Integrated Database records.

Figura 2: Aprehensiones en Estados Unidos de Menores Migrantes 

Al momento de redactar estas líneas, la prensa estadounidense se ha encargado de mostrar reiteradamente las imágenes de terror de los menores inmigrantes separados de sus padres, recluidos en albergues, clamando piedad para encontrarse con sus seres queridos. Pero en lugar de atender sus súplicas, varias fuentes han denunciado la peligrosa aplicación de psicotrópicos a los menores con el objetivo de que dejen de molestar.² Las consecuencias de estos y otros hechos, ya ha provocado la muerte de menores centroamericanos que estaban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas(ICE) perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pero, no todo son malas noticias, existe un antecedente por lo menos en el sentido de otorgar el estatus de refugiados a los menores que llegan a Estados Unidos huyendo de los peligros en sus países de origen. En efecto, en 2008 el Congreso de Estados Unidos reconoció que las deportaciones expeditas de menores “no acompañados” se estaban haciendo sin revisar los peligros a los que están expuestos. Esto sirvió para aprobar una propuesta de ley que hasta la fecha sigue siendo letra muerta, pero que es necesario refrendar:

…La Ley sobre Protección de las Víctimas de Trata del 2008, (TVPRA) ordenó que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional), entrevistara a cada niño, niña o adolescente sin compañía mexicano, para tomar la determinación de que (i) no sea una víctima potencial de tráfico o trata de personas, (ii) no tenga posibilidad de solicitar asilo, y (iii) que voluntariamente pueda y quiera regresar a su hogar en su país de origen. A menos de que todas estas preguntas se respondan de una manera afirmativa, el menor no debe ser regresado inmediatamente a México, sino que debe permanecer para ser evaluado y que pueda reclamar protección en los Estados Unidos (^{Appleseed, 2011}).

Esta ley reconoce que existen menores que debieran de ser tratados cuidadosamente y en caso de estar en grave peligro otorgarles el estatus de refugiados; es decir, lo peor es que se tiene conciencia del peligro que corren estos menores y no se actúa en consecuencia. Pero, como ya se dijo, la inmigración es tratada en cada caso como un problema directo entre el Estado y las personas y no como una situación estructural que implica responsabilidades de dos países y dos Estados (^{Castañeda, 2012: 111-112}).

En esta misma lógica existe un conflicto entre la tradición y vigencia de la ley sobre el derecho de asilo en Estados Unidos, que ha salido a relucir a raíz de la presencia de migrantes que forman parte del éxodo de centroamericanos. Por un lado, el Presidente Donald Trump pretende imponer el estado de excepción desconociendo la existencia de las leyes a través de una “orden ejecutiva” en contra del asilo de aquellos inmigrantes que ingresan al país o pretenden hacerlo de manera indocumentada; y por otro, El Juez de Distrito Jon Tigar, en San Francisco, al revisar esta situación emite un fallo contra de esa iniciativa presidencial. Esto mismo ha sucedido con los intentos de desconocer derechos a los dreamers y con el intento de desconocer el derecho a la nacionalidad y la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Se trata de dos tipos de concepciones de Estado en disputa y que el mismo Donald Trump clarifica cuando afirma que el mencionado juez es simpatizante del expresidente Barack Obama.

Asimismo, además de la mayor vulnerabilidad y riesgo que produce la separación de estos menores de sus familiares, lo trágico es que cuando son capturados y deportados a México, el Instituto Nacional de Migración oculta los hechos al llamarles “repatriados” como parte de un programa humanitario. Es cierto que no todos pasan por la decisión de un Juez de inmigración, quien ordena su deportación, pero, nadie ignora que son obligados a elegir entre el proceso legal y la deportación “voluntaria”; es decir, lo que tenemos son dos tipos de deportaciones, una mandatada por el sistema judicial y la otra implementada de facto. Por supuesto, esto nada tiene que ver con la repatriación, ya que los deportados ya se encuentran en su patria.

Los albergues estadounidenses³

Por lo que toca a la observación participante, el encuentro oficial por invitación expresa de los agentes de inmigración de la Patrol Border en El Paso, Texas me dio acceso a una experiencia impactante y dolorosa: estuve frente a un menor recién aprehendido, que en esa fecha contaba con 16 años, edad similar a la que entonces tenía mi hijo menor de quien me interrogué seriamente sobre la posibilidad de que él fuera un indocumentado más como sucede tan frecuentemente en la entidad zacatecana. Y es que lo relacioné con otros tantos jóvenes zacatecanos que no encuentran alternativas para su desarrollo y a esa corta edad se involucran en los flujos de la migración internacional. En efecto, comparando el mismo grupo de edades para dos momentos distintos, la Encuesta Censal de 2015, con respecto Censo General de Población y Vivienda de 2010 registra un déficit importante para México de 167,640 habitantes entre las edades de 14 a 19 años (^{INEGI, 2010}; ^{INEGI, 2015}); es decir, la mayor parte de ellos son menores de edad. En comparación con 2000 versus 2005, éstas cifras son bajas como resultado de la reciente crisis económica, pero, a nuestro juicio, representan una fuerza de trabajo única, en primer lugar, en condiciones óptimas de salud, y con rasgos de personalidad específicos en donde resalta, la fuerza, la resistencia, la audacia, el valor, pero sobre todo, la juventud; es decir, un grupo de migrantes mexicanos que la crisis económica y el mismo proceso de control fronterizo los selecciona como fuerza de trabajo excepcional para el capital estadounidense. El resultado de esa vulnerabilidad creada intencionalmente y que se agravará cada vez más ante las políticas persecutorias del Estado norteamericano, consiste en seleccionar entre los migrantes sólo a aquellos que reúnen las mejores cualidades de salud física y emocional como trabajadores. Esta es la verdadera función de toda esa política darwiniana cuyas respuestas evade el gobierno mexicano. Desde las prácticas “darwinianas” hoy en boga que suponen la sobrevivencia del más fuerte y que anidan también en los sentimientos nacionalistas de una gran parte de la sociedad estadounidense, se infiere que quienes en adelante crucen la frontera habrán pasado la prueba más rigurosa; serán por tanto, entre los inmigrantes, los más aptos para la economía de ese país.

El menor migrante antes mencionado, una vez capturado fue llevado a un Centro de Detención de El Paso, Texas para su declaración de ley. El sistema de datos de la computadora registraba y comparaba sus huellas digitales comprobando que se trataba de la misma persona; indicando que ya tenía un record de dos aprehensiones previas a pesar de que había dado nombres distintos ¡No cabía duda, aunque él no veía, sus huellas lo delataban! Mientras yo permanecía callado y tratando de no expresar emociones, a él lo observo cansado y pensativo de frente a un oficial de inmigración, quien apoyándose en los archivos del sistema de datos de la Patrulla Fronteriza lo compara con los registros anteriores y con orgullo me muestra la pantalla de su computadora como si sólo se tratara de un acto de eficiencia tecnológica. Los datos revelaban que nació el 8 de Julio de 1990. Allí me explicaron que de reincidir y llegar a acumular un número determinado de detenciones, así sea menor de edad, será procesado y privado de su libertad. En esa ocasión sólo sería deportado a México de manera expedita, aspecto que debido a la distancia no sucedería si fuera centroamericano; en este segundo supuesto, sería trasladado a un albergue para menores. Esta observación indica que aunque frecuentemente se detiene y se deporta de manera inmediata a los menores migrantes mexicanos, cuando son reincidentes son privados de su libertad; esto es uno de los resultados que poco se conocen. Por tanto, es una falacia escuchar que entre los menores migrantes mexicanos no existen detenidos; lo que sucede es que no son atendidos por las autoridades mexicanas.

A la mañana siguiente nuestro grupo de académicos visitaría un albergue “modelo”, Southwest Key Shelter for Minors de la ciudad de Phoenix, Arizona que en aquel entonces funcionaba como el principal albergue de la zona para Menores “no acompañados” de origen centroamericano. Debe subrayarse que para poder ingresar se establecieron varias condiciones que el lector debe de interpretar según su criterio: no preguntar nada a los menores, desprenderse de computadoras, celulares, cámaras, grabadoras, plumas, lápices, cuadernos. El tiempo de permanencia de los menores migrantes en los albergues sirve para procesar, deportar u otorgar a terceros la custodia de los menores migrantes. Su población en ese momento era de aproximadamente 40 menores cuyas edades promedio oscilaban entre los 14 y 17 años, lo cual indicaba que con todo y sus consecuencias, se trata de un sector que es separado de los adultos. Nótese que no siempre se trata de menores migrantes “no acompañados”, sino que en muchos casos son menores migrantes separados con violencia de quienes los acompañan. De cualquier forma, a distancia me pregunto por qué no observé a menores de 10 y 5 años; ¿están en otro albergue?, ¿los han dado en adopción? Esta es una de las interrogantes que en el momento de la visita no hice y que a la distancia resulta pertinente no dejar de lado en las futuras investigaciones.

El Shelter for Minors es parte de la Agencia de Jóvenes Refugiados de Estados Unidos, la cual se encarga de su financiamiento. Su personal reconoce que “todos los niños llegan asustados…” Lo primero que se hace es darles comida y asignarles una trabajadora social, quien se encargará de “explicarles” que este no es un Centro de Detención, sino un lugar muy distinto que funciona como un albergue. Más allá de lo que sucede en esos centros, lo real es que muchos de estos menores fueron separados de sus familiares durante el cruce fronterizo y se encuentran privados de su libertad.

El trabajador o trabajadora social es también el encargado(a) de localizar a los familiares de estos menores en Estados Unidos, o en su país de origen, utilizando los medios de comunicación de alguna radiodifusora local o los servicios de la iglesia de la comunidad. En algunos casos, quienes llegan hasta ese lugar son indígenas que no hablan Español como sucede con algunos guatemaltecos. Para esto, por ley debe buscarse a alguien que pueda servir de traductor de alguna lengua particular, lo cual frecuentemente no sucede. En este caso se les deporta o se busca una familia adoptiva que en Estados Unidos quiera asumir su custodia; pero, la pregunta correcta debe ser: ¿los padres, por estar en otro país o ser indocumentados no tienen derecho a reclamar a sus hijos? Obviamente, esto está fuera de toda racionalidad sobre derechos humanos, pues ¿qué pasa cuando la custodia de éstos menores se entrega a terceros? ¿acaso eso no es un exceso del Estado liberal frente a las personas? Por supuesto, un familiar puede solicitar la custodia de uno de estos menores, pero, suele no reunir los requisitos exigidos. Las autoridades de nuestros países han renunciado a clarificar este hecho.

El Shelter for Minors cuenta con habitaciones amplias, compartidas por varios menores. Son cómodas y tienen un lugar de convivencia social con sofás y televisor. Obviamente, los menores no están recluidos formalmente en cárceles, pero, no pueden marcharse; o sea, no son albergues: son claramente centros de detención permanente.

Quienes están a cargo de esto centros no son oficiales de inmigración, sino instructores que ofrecen talleres de mecánica, pintura, música, repostería y dibujo técnico a los internos; en ese sentido esta situación ha cambiado gracias a las presiones sociales en defensa de los derechos humanos, pero no se puede generalizar y menos ahora que se reconozca que se trata de una política de abierta criminalización para perseguir a los inmigrantes.

Se percibe que este centro se reconoce como un espacio donde priva la pluralidad étnica: en las paredes del centro de detención que se menciona están desplegadas las banderas de El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, etc. Llama la atención una pintura artística colgada de la pared con la imagen de un puño humano que se extiende a ambos lados desvaneciendo suavemente sus formas humanas con la leyenda: “muchos países, muchas culturas”. Y es que la pintura es uno de las experiencias artísticas más sublimes que el hombre es capaz de desarrollar libremente e incluso en condiciones como las que aquí se describen (^{Lyotard, 1987}).

Quienes están aquí recluidos teóricamente tienen derecho por ley a solicitar ir a juicio ante un Juez de Inmigración con la intención de quedarse a residir en Estados Unidos. En el caso comentado, existe un grupo de abogados de “Las Américas” que los asiste legalmente. Uno de los cuestionamientos de este centro es que si el familiar se encuentra residiendo como indocumentado, enfrentará serias dificultades para asumir la custodia, ya que debe mostrar solvencia económica, entrar en relación con el grupo de abogados y acudir varias veces al albergue, lo que en términos reales lo hace un blanco probable de aprehensión. Se trata de una tragedia humana porque ni los familiares son garantía de ser elegidos como “tutores”; es decir, el menor es colocado en el mayor de los desamparos, pues carece del derecho a elegir y a recibir el afecto y el amor de sus seres queridos, como lo proclaman los derechos supremos del niño; bástenos mencionar sólo uno de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño relacionados al tema tratado,

ARTÍCULO 9: Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño (subrayado mío).⁴

Una reflexión cuidadosa de esta experiencia indica que, aunque en estos centros los menores y adolescentes se muestran tranquilos, saben que su libertad, sueños de superación y trabajo han sido truncados. Por ejemplo, según lo comentó un trabajador social, un joven guatemalteco, hijo de un inmigrante indocumentado, llevó a los tribunales su caso, y a pesar de tener alta probabilidad de ganar su juicio, decidió volver a Guatemala porque sabía que su mamá estaba muy triste. Él dijo, tratando de retener el llanto: “venía a estudiar y a reunirme con mi padre, pero fracasé…” En el Shelter for Minors hizo muchos amigos y le conflictúa despedirse de ellos; y es que entre quienes comparten la misma historia es común que se establezcan relaciones intensas de solidaridad. Cuando un menor es liberado se realiza una reunión general de despedida. Una de las últimas acciones será dejar a sus compañeros un mensaje escrito en un tablero.

Dos trabajadores sociales, con un alto grado de sensibilidad humana reconocen que a estos niños les toman cariño y ello se debe a su vulnerabilidad e historia personal. Efectivamente, estos menores tratan de ingresar a Estados Unidos cargados de ilusiones, llegar a reunirse con sus familiares, trabajar con ellos y en algunos casos llevan la intensión de estudiar. Son jóvenes que no han tenido una niñez estándar, como sucede con frecuencia con todos los jóvenes migrantes. La mayoría de estos menores han trabajado sustituyendo la ausencia de su padre, otros, hijos de madres solteras, han asumido el rol de varones adultos sin serlo, etc.

Ya sin la presencia de los menores y en una situación de relajamiento un trabajador social, a pregunta de su servidor, comenta una experiencia de un joven que al llegar a Shelter for Minors lo primero que preguntó fue que cuánto tiempo iba a estar retenido en el albergue; al enterarse que por lo menos 45 días, dijo que su mamá en Guatemala se iba a morir porque estaba imposibilitada para valerse por si misma. En su comunidad él se dedicaba a tejer artesanías y con lo que vendía mantenía a su madre. Antes de llegar a Estados Unidos estuvo reuniendo dinero para el pasaje y dejar un fondo provisional a su madre. Pensaba llegar a Estados Unidos y enviarle inmediatamente dinero, pero, le tocó “la mala suerte”, y entonces su principal tormento era no poder volver a Guatemala inmediatamente. Aquí hay que reconocer que en Centroamérica existe un ambiente de violencia mayor que en México y obliga a estos menores a huir de su país. Esa violencia aumentó con la deportación a esos países de los grupos de pandillas por Estados Unidos.