La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) fue una decisión de política migratoria del gobierno de Estados Unidos con el fin de beneficiar a ciertos migrantes no documentados que llegaron como niños a Estados Unidos y que cuentan con cierto nivel educativo, en particular se les ha denominado Dreamers (soñadores). La acción diferida es llevada a cabo por el U.S. Department of Homeland Security (DHS) de ese país.

Esta medida ejecutiva fue anunciada en la mañana del 15 de junio de 2012 por la secretaria de Estado Janet Napolitano, y posteriormente reafirmada en conferencia de prensa ese mismo día por la tarde por el presidente Barack Obama. Dicho programa, fue creado a través de una acción ejecutiva que el entonces presidente Obama firmó en agosto de 2012 y que, sin embargo, el actual presidente estadunidense ha anunciado su posible terminación en los próximos seis meses de este año.

Esto significa que de los casi 790 mil jóvenes inmigrantes no autorizados que han recibido permisos de trabajo y protección de la posible deportación a través de este programa federal desde que fue creado por el presidente Barack Obama, según los últimos datos publicados por los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos corren riesgo de ser deportados y truncado sus sueños.¹

El DACA, proporciona a los inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años tienen hoy la oportunidad de permanecer en Estados Unidos para estudiar o trabajar, siempre que cumplan ciertas condiciones como estar matriculado en la escuela secundaria, tener el grado de secundaria o el denominado Desarrollo Educativo General (GED) o su equivalente, y no tener una condena penal grave. Los aprobados para el programa reciben un permiso de trabajo y la protección de la deportación durante dos años, y estos beneficios pueden ser renovados.

Desde el año de 2012, se han emitido alrededor de 800 mil renovaciones de este tipo. Dichas solicitudes de renovación han aumentado significativamente cada trimestre desde que se implementó, por ejemplo, en el tercer trimestre del año fiscal 2016 fueron 16 mil y para el segundo trimestre del año fiscal de 2017 la cifra se ubicó de 122 mil, lo cual significa que un número creciente de participantes del programa han podido renovar sus beneficios por otros dos años a tal grado que a mediados del año fiscal 2017, más de 200 mil inmigrantes no autorizados habían renovado los beneficios que otorga el DACA.²

Según una estimación del Centro de Investigación Pew de 2014,³ en total, alrededor de 1.1 millones de inmigrantes no autorizados eran elegibles y en 2016, 1.9 millones de personas estaban en esa situación, los cuales alrededor de 78 por ciento eran potencialmente elegibles por el programa (de los cuales 1.2 millones eran mexicanos).⁴ El total refleja el número de solicitudes durante la vida del programa, no el número de solicitudes aprobadas o los inmigrantes que actualmente reciben dicho beneficio. Por ejemplo para el caso de los dreamers de origen mexicano, desde que inició el programa hasta el término del año fiscal 2016, fueron aprobadas 546 253 solicitudes iniciales y 342 479 renovaciones.⁵ Esta cifra, sostiene el American Immigration Council que, cuando inicio el programa en 2012, aproximadamente 71 por ciento de los beneficiarios potenciales eran mexicanos distribuidos en varios estados del país y en 2017, se incrementaron a 78 por ciento. El mayor número de beneficiarios potenciales de México en 2012, se encontraban en California (437 662), Texas (259 880), Illinois (71 619), Arizona (66 301), Georgia (35 723) y Florida, (31 879).⁶ Para 2016, dicha cifra fue para California de 439 mil, Texas, 230 mil, Illinois, 77 mil, Arizona, 48 mil, Giorgia, 48 mil y Florida, 35 mil.⁷

El presidente Donald Trump con su política restrictiva los pone en una situación de vulnerabilidad,⁸ el 5 de septiembre de 2017 tomó la decisión de poner fin a DACA, decisión que trajo consecuencias políticas amplias al forzar al Congreso a abordar el tema, aunque la suspensión se demorará seis meses para que el Congreso busque una alternativa y con ello cumplir una promesa de campaña para deshacer todas las medidas ejecutivas adoptadas por Obama.⁹ DACA es un proyecto de ley respaldado por un grupo de senadores demócratas y republicanos el cual ofrecería protección contra la deportación y un permiso de trabajo a los elegibles para los beneficios que ofrece el programa. Varios senadores estadunidenses que apoyan el proyecto de ley representan a estados con algunos de los más altos receptores de DACA, incluyendo California, Illinois y Arizona de los cuales tres cuartas partes de los beneficiarios del programa tienen nacionalidad mexicana, según los últimos datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).¹⁰

Estas cifras obligan a pregúntale al Gobierno de México: qué hará con los 622 mil dreamers que regresarán desde Estados Unidos. Porque estos se agregan a la cantidad importante de deportaciones y retornos voluntarios de mexicanos desde dicho país. Los dreamers representa para México un reto o una oportunidad para México? ¿Cómo resolver este problema que tiene la característica de ser trasnacional? ¿Cómo apoyar a una población con perfecto inglés, acostumbrada a ingresos altos (porque 91 por ciento de ellos trabajan), ¹¹ a otro estilo de vida y otro tipo de cultura? ¿Cómo adaptarse a la nuestra? ¿Cuáles programas o políticas de reinserción o inserción social necesitan para los que regresen a nuestro país? ¿Estamos preparados para ello? ¿Qué facilidades otorgar para estudiar y trabajar, acceder a servicios médicos y programas sociales?

Algunos expertos hablan de focalizar el programa pero no dicen cómo. Porque los retos son multidimensionales, empezando por lo económico que requiere aprovechar su formación escolar adquirida en Estados Unidos para potenciar el desarrollo regional y local. Detectar nichos laborales como los denominados Call Center que han empezado a emplear bilingües deportados y detectar actividades económicas (oficios y profesiones) que sean afines a sus habilidades y capacidades adquiridas. En términos sociales, la Secretaría de Educación Pública Federal y la de los estados tendrán que incluir reformas para revalidar estudios y, el registro civil, el apostillamiento del acta de nacimiento. Instrumentar programas para viviendas de los deportados y sus padres mediante programas de pie de casa u otro a fin de facilitar la inserción social regional y local. En términos políticos se requiere facilitar su participación en la arena política que permita el vínculo con su lugar de origen y destino todo ello enmarcado en el trasnacionalismo como lo amerita esta situación de nuestros connacionales.

En términos de la investigación científica se presentan grandes retos para su comprensión en la lógica interdisciplinar y multidisciplinar que le permita sugerir líneas de investigación articuladas a la política de incorporación social en nuestro país en caso de una deportación masiva.

Este y otros tantos temas son realidades sociodemográficas tratados en Papeles de Población y en esta ocasión incluye en sus páginas los retos del envejecimiento para la protección social de la vejez y las causas asociadas a su calidad de vida. También se tratan temas de la migración y sus dimensiones de la movilidad a través de la educación, la política migratoria española así como los procesos de integración y exclusión social de que son objeto.

Asimismo se argumenta que Papeles de Población está al pendiente de los nuevos temas o tópicos demográficos tales como las que se exponen en la percepción de riesgos socio-ambientales de Valparaíso, Chile, la disponibilidad de alimentos en México: producción y su proyección para 2050, y la discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT en Colombia que esperamos sean revisados y discutidos en términos filosóficos y empíricos en la línea de los estudios de la población.