Los estudios demográficos y actuariales en el mundo, tanto como en nuestro país, han manifestado su preocupación por la crisis de las pensiones de los trabajadores que alguna vez pasaran a ser jubilados y pensionados, y han argumentado que es uno de los grandes temas sujetas a discusión en el siglo XXI. En este contexto, instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere un aumento en la edad de retiro. Para dar viabilidad a tal propuesta, los esquemas de jubilación, la OCDE propuso que el gobierno mexicano relacione la edad de retiro, estimada entre 60 y 65 años, con el incremento en la esperanza de vida, que actualmente es de 74.5 años.¹

De hecho, la mayoría de las reformas para mantener las pensiones en todo el mundo se centran en la edad de jubilación y en su tamaño absoluto monto de las pensiones.² Por ejemplo en España la reforma de las pensiones es la pieza clave del pacto social entre gobierno, sindicatos y sector patronal. Tal reforma tiene como objetivo principal reforzar el sistema de pensiones, de cara a los desafíos del cambio demográfico. Sus dos elementos más importantes son la subida de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de 15 a 25 años. Ambos cambios fueron introducidos gradualmente a partir de 2013, y se ven acompañados por otros ajustes del sistema.

En el caso de Italia, la edad de retiro para el 2050 se predice que será a los 68 años, en Estados Unidos y Alemania a los 67 años, mientras que en México todavía se mantiene la edad de 65 años, a pesar de su bono demográfico.³ En este sentido la OCDE, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugieren como objetivo una tasa de reemplazo en un rango entre 50 y 70 por ciento, realizando aportaciones entre 15 y 18 por ciento, pero en México las aportaciones son de las más bajas, con 6.5 por ciento,⁴ lo cual expresa una diferencia pronunciada entre países con este objetivo.

Para abonar a esta idea de la desigualdad entre países, al interior de México podemos encontrar una distribución desigual de recursos económicos destinados a las pensiones. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el gasto público en pensiones por sistema de reparto (tres por ciento del PIB) es desigual. El 33.7 por ciento del presupuesto se asigna a la Ciudad de México, si se incluye al Estado de México (8 por ciento), Nuevo León (5.9 por ciento), Jalisco (5.2) y Veracruz (4.7 por ciento), reciben 57.7 por ciento del gasto público en pensiones. Entre las 27 entidades federativas restantes, se reparten 43.3 por ciento del gasto público en pensiones por sistema de reparto.⁵

Esta situación se complica en las entidades si su deuda pública es grande, y se pretende con ello resolver su endeudamiento. Si se considera deuda/ingresos totales, Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León son los tres estados con mayor nivel de endeudamiento en marzo de 2016 y, por lo tanto, entidades de mayor riesgo de las pensiones. Este indicador de endeudamiento es importante porque la fuente de pago de la deuda considera ingresos totales como son participaciones, aportaciones e ingresos locales.⁶

Por otra parte, de 2016 a 2017 Nuevo León, Morelos, Yucatán Veracruz y Guerrero tuvieron un incremento superior al 21 por ciento reales de las pensiones; en tanto que el Estado de México creció en 19.6 por ciento. En cambio la Ciudad de México, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán tuvieron un incremento al 14 por ciento reales.⁷

Pero a pesar de estos incrementos, el problema consiste en que todos los estados se ven afectados por el creciente pago de pensiones por sistema de reparto, ya que implica menores programas sociales a largo plazo; pero no todos reciben los mismos beneficios, lo cual trae consigo la profundización de la desigualdad social.

Lo anterior es porque el gasto público en pensiones es desigual, si se analiza por el número de individuos mayores de 60 años: por sistema de reparto, cada adulto mayor de la Ciudad de México recibirá más de $ 168 mil pesos en 2017. Cada adulto mayor de Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Baja California y Querétaro recibirá entre $ 69 mil y $ 50 mil pesos en este año. Lo que llama la atención, el Estado de México, siendo uno de las entidades que más recursos reciben, destine tan sólo 30 mil para cada adulto mayor al año. En cambio, cada adulto mayor de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Zacatecas recibirá menos de $ 25 mil pesos en 2017.⁸

Esta concentración geográfica, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), de los beneficios de las pensiones por sistema de reparto trae causas y consecuencias económicas. En aquellos estados donde se concentran la actividad económica y los empleos formales, sus adultos mayores gozan, en promedio, de pensiones más altas; sin embargo, aquellas entidades federativas pobres, en las que sus adultos mayores reciben pensiones en promedio menores, los gobiernos estatales deben destinar más recursos para que dichos adultos mayores tengan una vida digna.

Así se presenta un futuro desalentador en términos de pensiones, y el escenario podría empeorar más pronto de lo que se cree, tanto a nivel nacional como a nivel de las entidades federativas. Estudios en México sostienen que será hasta 2021 cuando empiece el trámite de retiro para la generación Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), los trabajadores que empezaron a trabajar después de julio de 1997 no tendrán una pensión ‘tradicional’, por lo que deberán ajustarse sólo a lo que hayan ahorrado en su cuenta individual en la Afore.⁹

Este futuro desalentador se puede ver expresado en la siguiente afirmación, tal como advierte Alan Gómez, director de ventas de Principal Afore:

Veremos algunos cambios, es posible que como respuesta tengamos un aumento en la edad de retiro para que los trabajadores puedan seguir ahorrando antes de jubilarse. Tendremos una generación de ‘adictos al trabajo’ porque lo ahorrado no será suficiente para dejar de trabajar, además de que veremos un mayor índice de autoempleo, y quizá de informalidad.¹⁰

Este escenario pinta que habrá una pérdida de calidad de vida en la etapa de retiro y se requieren planes públicos y privados para complementar su pensión durante el retiro laboral de los trabajadores formales. Pero ¿qué pasa con quienes no cuentan con una pensión? Según estimaciones, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refleja que el 75 por ciento (3 de cada 4) de los adultos mayores a 60 años o más que no contaban con una pensión en 2010 y que es una expresión de la iniquidad del trabajo en nuestro país.¹¹

Papeles de Población en este número inicia con un tema afín al que acabamos de referir, pero destacando las características socioeconómicas de supervivientes de 50 o más años de edad en México y otros temas que se relacionan con la fecundidad, el logro educativo, la nupcialidad, la brecha salarial femenina, el proceso de segregación residencial, los procesos periurbanos y el proceso de crecimiento prescolar en el contexto familiar. Dichas preocupaciones retratan las propias preocupaciones de los investigadores que escriben para nuestra revista y buscan incentivar la discusión en esas dimensiones demográficas del mundo pasado, presente y futuro.