La utilización de servicios sociales entre las mujeres migrantes en la ciudad de Buenos Aires

 

The social safety net between migrants women in Buenos Aires city

 

María Cristina Cacopardo y María Eugenia Aguilera

 

Universidad Nacional de Luján.

 

Este artículo fue
Recibido el 30 de noviembre de 2010
Aprobado el 5 de febrero de 2013.

 

Resumen

En forma interrelacionada con la importancia de poseer un trabajo que asegure la equidad social, existen aspectos de las condiciones concretas de vida que pueden ser dimensionadas para indagar sobre la vulnerabilidad social de distintos grupos poblacionales. Partiendo del supuesto de que los y las migrantes —en este caso las personas nacidas en los países limítrofes y Perú— se incluyen en los sectores con mayor informalidad de la economía y con una creciente marginalidad social, el objetivo principal es detectar entre migrantes y no migrantes los rasgos diferenciales por sexo más sobresalientes en la utilización de algunos de los servicios que conforman la red de seguridad social.

Palabras clave: Migración, género, servicios sociales.

 

Abstract

Interrelated with the importance of having a job that assures social fairness, there are aspects of the concrete conditions of life that can be measured to investigate on the social vulnerability of different population groups. Assuming that migrants of both sexes -in this case people born in the bordering countries and Peru- work in economic sectors with high informality, and face an increasing social marginality, the primary goal is to detect, comparing migrants to non-migrants, the characteristics with higher differentials by sex in the use of some of the services that conform the social safety net.

Key words: Migration, gender, social services.

 

Introducción

Este trabajo se ubica en un marco conceptual que analiza la migración de las mujeres en una perspectiva comparada con los varones migrantes y, a su vez, con respecto a los y las no migrantes. Se asume que un enfoque relacional es la forma más adecuada de avanzar en la comprensión de la situación específica y diferenciada de las mujeres migrantes.

En gran parte de las investigaciones sobre la migración femenina en Argentina el acento está puesto en el nivel y la modalidad de la participación laboral. Se ha encontrado que las migrantes incorporadas a la fuerza laboral urbana en nuestro país están menos afectadas por el desempleo que los varones, lo cual se explica por la existencia de refugios laborales en el servicio doméstico y en los servicios personales, preferentemente desempeñados por mujeres. A su vez, en la medida que la crisis económica golpeó más en los sectores del trabajo con fuerte inserción masculina, ciertas "ventajas" debieran leerse más como un retroceso en la situación laboral de los varones que como un avance de las mujeres. La precarización —dada por la fuerte incidencia del trabajo sin beneficios sociales derivados del mismo— y la segmentación en determinados nichos laborales son las facetas más críticas que caracterizan al empleo de las migrantes, acompañado por un creciente pasaje a principal sostén económico del hogar, posiblemente sin modificaciones en la "redistribución" de los roles en el ámbito doméstico (Cacopardo y Maguid, 2003).

En forma interrelacionada con la importancia de poseer un trabajo que asegure la equidad social, existen aspectos de las condiciones concretas de vida que permiten indagar sobre la vulnerabilidad social de distintos grupos poblacionales y acerca del acceso que tienen los migrantes a los servicios sociales. Las condiciones de sobrevivencia incluyen tanto la disponibilidad de servicios sociales como la posibilidad de su utilización. Además, a dicha disponibilidad y posibilidad debería agregarse la calidad de los mismos, lo cual marcaría la situación diferenciada y desigual de los grupos que integran una sociedad, en función de las diversidades culturales, la educación alcanzada, los niveles de ingresos y la modalidad de la inserción laboral.

Estos temas se vinculan a dos facetas, por un lado, lo que el Estado ofrece y pone a disposición de los ciudadanos y, por el otro, la concepción de ciudadanía que logran construir los migrantes de acuerdo con su percepción de "provisionalidad" y de la noción de los derechos que portan en su bagaje cultural (Herrera, 2002), así como por la calidad del trato que reciben los usuarios (Bronfman et al., 1997). En este sentido, Jelin (2007) plantea que el concepto de ciudadanía implica la pertenencia a una comunidad, y que esto lleva a mecanismos de diferenciación entre "ciudadanos" y "no ciudadanos", tanto en relación con los derechos políticos como con los vinculados a la educación, la salud y el trabajo.

Según Boyd y Pikkov (2005), el debilitamiento del Estado de bienestar y la creciente privatización de los servicios generan una brecha entre los derechos formales y el acceso sustantivo a los recursos por parte de los pobres. Si bien esto afecta a todos los grupos empobrecidos, las desigualdades que se generan con la degradación de la asistencia y de los servicios sociales afectan en modo particular a los migrantes de los sectores menos calificados y, dentro de ellos, en especial a las mujeres, sobre quienes repercuten más las desventajas y las limitaciones en el uso de sus derechos. En este sentido, es importante enfatizar que las mujeres migrantes dejan e ingresan a sociedades que se encuentran, en diverso grado, estratificadas por el género (Piper, 2007). A su vez, se observa una mayor demanda de empleos femeninos vinculados al trabajo doméstico y al cuidado de las personas y el incremento consecuente de posibles remesas, con lo cual las mujeres migrantes deben afrontar en forma más o menos penosa, cuanto mayor o menor sea la estratificación de los roles masculinos y femeninos, su doble rol de trabajadoras y de "cuidadoras" del hogar y de sus hijos, y lo que esto implica respecto a la educación y a la salud, en lo que Chant (2006) denomina "feminización de la responsabilidad y de la obligación".

 

Objetivos

Las preguntas a plantearse son complejas y deberían permitir la discusión sobre la situación de los varones y las mujeres migrantes en sus múltiples opciones y estrategias para ejercer sus derechos ciudadanos y cómo contrastan con los de la población no migrante. En relación con esto, sería importante visualizar en qué medida la condición de migración es el principal factor diferenciador, o bien la pertenencia a los grupos sociales más desprotegidos social y económicamente.

En un mundo que se va caracterizando en modo creciente por una movilidad territorial polarizada, es decir, que migran grupos muy y poco calificados (Pellegrino, 2003 y s/f), la noción de "mujer migrante", así como el neutral concepto de "migrante" y de "no migrante", invisibilizan las diferencias de acuerdo con la calificación, a la educación, a los ingresos, así como a sus implicancias en el acceso a la ciudadanía y a los derechos.

Tal enfoque integral implicaría contar con un potente sustrato de información cualitativa y cuantitativa que consintiera integrar lo que reflejan las fuentes estadísticas con la subjetividad de los propios actores.

Este estudio se refiere a los y las migrantes de sectores sociales que se desplazan desde los países limítrofes y de Perú hacia Argentina, solos o integrando hogares que en su gran mayoría se encuentran bajo la línea de pobreza, como ha sido observado por Maguid y Arruñada (2005), y en el caso de muchas mujeres porque probablemente también buscan la emancipación de sistemas muy estratificados por el género en sus países de origen.

En función de la fuente utilizada se propone avanzar en forma muy acotada en el análisis sobre el acceso y la utilización de algunos servicios, como la vivienda y la atención de salud, y de este modo contribuir a la perspectiva de los derechos de los migrantes.

Si bien la vivienda es muchas veces entendida como un bien de mercado, diferente al acceso a la salud pública, se considera que una vivienda digna y de calidad es un derecho ciudadano.

Entonces, bajo el supuesto de que los y las migrantes pertenecen —sobre todo aquellos que tienen menos años de residencia en el país— a los sectores con mayor informalidad laboral, con su consecuente marginalidad social, el objetivo principal es detectar entre migrantes y no migrantes los rasgos que den cuenta de las diferencias por sexo más sobresalientes en la utilización de algunos de los servicios que conforman la red de seguridad social.

 

Fuentes y metodología

La fuente utilizada es la Base Usuario de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2007 de la Dirección de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encuesta llevada a cabo entre los meses de octubre y diciembre.¹ Dicha base contiene la mayor parte de las variables incluidas en los cuestionarios aplicados en dicho año. Por tratarse de una encuesta no diseñada específicamente para el estudio de las migraciones, se restringen notablemente las posibilidades de desagregación de las categorías de las variables, limitadas al grado de confiabilidad de la estimación.

El universo seleccionado está constituido por los varones y las mujeres de 20 años o más residentes en la CABA definidos en los siguientes dos subuniversos, siempre diferenciados por sexo: No migrantes y Migrantes limítrofes y de Perú (L+P). Con el fin de diferenciar la antigüedad de la migración,² cuando es posible,³ se clasifica a los migrantes en recientes y no recientes, de acuerdo con los datos que se presentan más adelante. La comparación se realiza, entonces, entre aquellos cuyo lugar de nacimiento es la CABA y los que nacieron en algunos de los países limítrofes de Argentina (Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) y en Perú. Esto implica que una parte de la población migrante en la CABA no está incluida en el análisis, es decir, los que han nacido en el interior del país y en el resto de los países no mencionados. La razón de esto se basa en la necesidad de disminuir el efecto de las fuertes diferencias en las dinámicas migratorias —tanto demográficas como culturales— de los distintos grupos migrantes.

Se debe tener en cuenta que por el tipo de fuente utilizada se analizan stocks de migrantes, lo cual implica que se trata de los sobrevivientes de los movimientos migratorios anteriores a la fecha, es decir, que no han muerto ni egresado de la CABA. Por último, el corte de edad en 20 años o más reposa en dos requerimientos, por un lado, en que es la población que debiera haber transitado la mayor parte de los ciclos educativos y, por otro lado, en que la utilización de los servicios y las motivaciones aducidas sean respondidas por las personas adultas.

 

Breve reseña de la migración en la CABA

La presencia de migrantes provenientes de los países limítrofes y de Perú ha sido creciente en la CABA, los datos censales de 1991 y 2001 muestran que en el total de Argentina aumentan 17 por ciento y que su peso relativo sobre la población total del país se mantuvo casi estable (Cuadro 1). Sin embargo, en la CABA el impacto es mucho más fuerte, su volumen aumentó 52 por ciento y el peso sobre la población porteña pasó de 4.1 por ciento a 6.2 por ciento, en un periodo en que la tasa de crecimiento anual de la CABA fue de solo uno por mil. Otra manifestación de su concentración en esta área urbana es que el peso de estos migrantes respecto al conjunto L+P residente en todo el país pasó de 14.2 por ciento a 18.5 por ciento.

La distribución de los ingresos al stock de migrantes registrados en la EAH en 2007 señala, justamente, que a medida que se avanza en el tiempo aumenta su cantidad, alcanzando, de 1997 a 2007, 51 y 46 por ciento del total de varones y mujeres respectivamente (Gráfica 1). A partir del año de ingreso a la CABA, se consideran como recientes a quienes llegaron en esa última década y como no recientes a quienes llegaron hasta 1996.

 

El perfil sociodemográfico

Los indicadores básicos de las poblaciones no migrantes y migrantes de 20 años o más que se derivan de la misma encuesta muestran con respecto a la estructura etaria un fuerte envejecimiento entre no migrantes y en los migrantes no recientes, particularmente entre las mujeres (Cuadro 2). Esto responde tanto a la antigüedad de la residencia para los migrantes, como a la mayor longevidad de las mujeres en ambas poblaciones. En cambio, los migrantes recientes son notablemente más jóvenes.

La composición por sexo, medida a través del número de mujeres por cada 100 varones, resulta con bastante mayor predominio femenino entre los migrantes, sobre todo entre los migrantes antiguos; es decir, en forma rotunda hay más mujeres que varones migrantes L+P. Sin embargo, cabe reflexionar acerca de la feminización de las migraciones —con los recaudos debidos a que la referencia es a stocks y no a ingresos—, por el fuerte descenso del índice de femineidad que se observa al pasar de los migrantes antiguos a los recientes, tanto en la población de 20 años o más como en la que se encuentra en edades potencialmente activas. Si bien entre las migrantes no recientes, como se mencionó, existe una estructura más envejecida, parece plausible presuponer una mayor afluencia relativa de inmigrantes L+P varones con relación a periodos anteriores, pues es posible que la atenuación de la fuerte crisis económica argentina haya vuelto a favorecer el ingreso de varones al mercado laboral urbano; de hecho, en la evolución de los ingresos se observa una mayor concentración de los varones en la última década. Asimismo, no debería descartarse la alternativa de un regreso importante de mujeres de estos grupos migratorios.

Los migrantes varones tienen un nivel de actividad más elevado en relación con los no migrantes, situación que se acentúa entre los más recientes, confirmando el carácter laboral de estas migraciones. Las mujeres migrantes alcanzan tasas de actividad más altas respecto a las no migrantes, también con mayor nivel entre las migrantes recientes. En un trabajo sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires para el año 1999, Cacopardo y Maguid (2003) habían encontrado tasas más bajas para las migrantes limítrofes y señalaban que la mayor presencia femenina no se traducía en una mayor tasa de actividad. En este caso nos encontramos con una propensión laboral más definida para las mujeres migrantes L+P residentes en la CABA, situación que puede estar definida por una mayor participación económica de las mujeres peruanas, como ya fuera advertido por Cerrutti (2009) para el total de Argentina en 2001.

Por último, el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio, tomado como indicador de relaciones laborales precarias, es contundente en marcar las diferencias entre migrantes y no migrantes y dentro de los migrantes L+P, la fuerte precarización de las mujeres y, siempre manteniendo ese desnivel por sexo, de los migrantes más recientes.

 

El nivel educativo

La educación constituye un derecho social básico, es decir, el derecho a recibir del Estado todo lo necesario para acceder a la misma, considerando su importancia en el desarrollo personal y laboral de las personas. Sin embargo, en este trabajo no se incluye al sector educativo como un "servicio" a utilizar porque el universo seleccionado excluye a niños y adolescentes y, por otro lado, se desconoce si los migrantes adultos realizaron estudios en Argentina o en sus lugares de origen. Por lo cual, y dada la reconocida asociación que existe entre el nivel educativo de una población y la calidad de la inserción social que dicha población consigue, este punto del trabajo propone un análisis del perfil educativo de los distintos grupos definidos según su condición migratoria.

La población adulta nativa de la CABA se destaca por alcanzar un alto nivel educativo, 75 por ciento de los varones y 78 por ciento de las mujeres completa al menos el nivel medio; es decir, un promedio de 12 años de estudio.⁴ Las y los migrantes L+P presentan un perfil educativo diferenciado según se trate de una migración antigua o reciente, aunque siempre el nivel educativo es más bajo que el de los nativos, teniendo en consideración que las diferencias en años de estudio para cada nivel en cada país implican una comparación aproximada.

De las mujeres y de los varones L+P que llegaron a la ciudad hasta 1996, 55 por ciento no completaron el nivel secundario. En cambio, 55 por ciento de las mujeres migrantes L+P que ingresaron a la ciudad durante la década anterior al relevamiento culminaron dicho nivel y entre los varones la proporción mejora hasta 60 por ciento.

Es probable que esta diferenciación entre los y las migrantes según la antigüedad de su residencia en la CABA esté relacionada con la expansión de la cobertura y la retención del sistema educativo en los distintos países de la región. Dicha retención posibilita a la población joven que migra, hacerlo con una mayor cantidad de años de escolaridad aprobados.

La Encuesta Anual de Hogares 2007 indaga sobre quienes ya no se encuentran en el sistema educativo cuál fue el motivo más importante por el que dejaron de estudiar. La porción de población que manifestó haber tenido que abandonar los estudios es, para varones y mujeres respectivamente, la siguiente: no migrantes, 61.7 y 56.5 por ciento; migrantes antiguos, 82.7 y 83.9 por ciento; y migrantes recientes, 84.5 y 81.2 por ciento. Estos datos señalan un mayor nivel de abandono educativo por parte de los y las migrantes, aunque la diferencia es poca si se considera antigüedad y sexo.

Una vez agrupados los motivos hasta dicotomizar la variable por razones de confiabilidad, se observa que, tanto para nativos como para el conjunto de migrantes L+P, los motivos mayoritariamente declarados como causa de abandono de estudios son los económicos.

Los motivos económicos de abandono educativo tienen una importancia mayor entre la población migrante L+P, tanto varones como mujeres. El motivo económico pesa especialmente entre los migrantes con niveles educativos bajos, situación que refuerza, generalmente, una inserción ocupacional precaria, la que favorece condiciones de pobreza y de desventajas sociales.

Destaca que en aquellos hogares cuyos miembros adultos tienen en promedio pocos años de escolaridad y adicionalmente son pobres, se reproduce el comportamiento antes señalado; es decir, temprana inserción laboral de niños y adolescentes por necesidad de completar ingresos, competencia entre el tiempo del trabajo y el de estudio y abandono por motivos económicos (Aguilera y Rodríguez, 2005). En cambio, las familias con mayores logros educativos incentivan a los menores a formar parte del circuito escolar y a valorizarlo más allá de situaciones coyunturales de pobreza que puedan presentarse (Binstock y Cerrutti, 2004).

Gráfica 2

Con el aumento del nivel educativo, se incrementa también el peso del casamiento como motivo de abandono de estudios, especialmente entre las mujeres. El incremento de esta causa podría estar asociado al aumento de la edad y al consiguiente ingreso a la etapa de formación de familia. La poca cantidad de casos en la muestra no permite el control por edad de la variable; de cualquier manera, entre las mujeres con secundario completo o más esta causa no económica de abandono de estudios es más importante para las nativas.

 

La utilización de los servicios sociales

El Estado argentino reconoce para los y las inmigrantes importantes derechos expresados en la Ley de Migraciones 25871 (2004), como se observa en su artículo 6 en general y en el artículo 8 referido a la salud.

Artículo 6. El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

Artículo 8. No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.

Esta ley reconoce derechos básicos de los inmigrantes, una clara intención positiva e igualitaria en términos comparativos con la legislación restrictiva de muchos otros países, incluso xenofóbica⁵ en muchos de la Unión Europea. Si bien la legislación argentina ofrece una base sustantiva de igualdad, no alcanza, como se dijera al inicio, para garantizar el ejercicio de dichos derechos ni la buena calidad de las prestaciones, situación esta última seguramente extendida para inmigrantes como no migrantes que pertenecen a los sectores pobres de la población. No obstante, con respecto a la vivienda (Cuadro 4) se cuenta con indicadores muy directos que probablemente reflejan en mayor grado la calidad, como la vivienda precaria (incluidas el rancho, pieza de hotel y pensión, inquilinato y otras), el uso de baño compartido con otro hogar y el hacinamiento (dos y más personas por cuarto).

La condición de no migrante es una muy fuerte ventaja para acceder a condiciones adecuadas de vivienda ya que solo entre dos y cuatro por ciento de esta población se encuentra habitando viviendas precarias, tienen baño compartido o se encuentran hacinadas, y esto no muestra ser una situación diferenciada por sexo.

En cambio, entre los y las migrantes los valores oscilan entre seis y 36 por ciento, y donde la antigüedad juega un rol muy importante: el porcentaje de personas en vivienda precaria y con baño compartido —en grado menor el hacinamiento— son notablemente superiores entre los y las migrantes más recientes. Esto es señalado por Cerrutti (2009), quien al comparar datos provenientes de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales plantea que los inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires, con relación a los de otras áreas del país, acceden a una variada oferta de servicios a expensas de una oferta menor y más cara de viviendas.

En ambos grupos las mujeres migrantes presentan valores más reducidos, lo cual puede explicarse porque una parte se desempeña como servicio doméstico con cama adentro, o porque, como se desarrollara en Cacopardo (2003), las mujeres logran desplegar estrategias que les aseguren una mejor habitabilidad.

En este caso es notable la calidad diferencial de vivienda que presentan las migrantes antiguas respecto a sus pares varones: solo seis por ciento de estas mujeres habitan viviendas precarias, mientras que 10 por ciento tiene baño compartido y 14 por ciento se encuentra en estado de hacinamiento; valores que entre sus pares varones alcanzan 13, 16 y 24 por ciento respectivamente.

Los indicadores de salud que se presentan a continuación tienen limitaciones inherentes a la forma de medición, es decir, se orientan a la utilización y no a la calidad de los servicios.

En el acceso a la salud se considera en primer lugar el tipo de cobertura médica y luego siempre se tiene en cuenta dicha variable, ya que permite homogeneizar —en la dirección comentada en los objetivos— a los grupos poblacionales, sean o no migrantes, en la medida que la carencia de cobertura por parte de una obra social o prepaga⁶ esta fuertemente relacionada con la modalidad de inserción laboral.

La diferencia entre migrantes L+P y no migrantes de la CABA que solo acceden a la cobertura médica que ofrecen los hospitales públicos —es decir, que no poseen obra social ni prepaga— es abismal, y esto es mucho más negativo para las migrantes más recientes, entre las cuales 66 por ciento no cuenta con tal beneficio; en contraparte, esta situación que solo alcanza a 11 por ciento entre las no migrantes y 13.5 por ciento entre los varones no migrantes (Cuadro 5). Es decir, la ausencia de empleos formales que garantizan la pertenencia a una obra social se hace evidente en modo muy marcado entre los y las migrantes L+P, y más en aquellos con menor antigüedad de residencia en la ciudad, que seguramente ingresan al mercado de trabajo por la base de la estructura ocupacional, donde se ubican los empleos más precarizados.

En este contexto, las mujeres no migrantes y las mujeres migrantes antiguas muestran cierta ventaja respecto a sus pares varones. Se podrían plantear como interrogantes para investigar si la salida de la crisis implicó más informalidad para el mercado de trabajo masculino, o también si las mujeres empleadas domésticas con más años de residencia están legalizando su condición migratoria y cuentan, por lo tanto, con seguridad social.

En la encuesta se indaga sobre el tiempo transcurrido desde la última consulta médica, variable que se ha clasificado en menos de dos años y dos años y más (Cuadro 6).

La proporción de los que no han tenido una consulta médica desde hace dos años o más es bastante mayor cuando solo se posee cobertura pública y estos valores son aun más altos para los varones. Puede constatarse que en la población con cobertura solo pública, los migrantes más antiguos tienen un comportamiento bastante similar al de los no migrantes.

Por otro lado, se observa que existe un comportamiento de las mujeres, sean o no migrantes, tengan o no otra cobertura, que señala una mayor frecuencia en la utilización de la consulta médica con respecto a los varones, lo cual reflejaría una mayor propensión de las mujeres a solicitar atención médica. Es decir, si bien la afiliación a algún sistema de salud favorece la búsqueda de una mayor atención médica, siempre son las mujeres las que presentan una mayor demanda y las que tienen las diferencias menos pronunciadas en función de la condición de migración.

La encuesta profundiza para las mujeres acerca de la prevención ginecológica, a través del estudio Papanicolau (PAP) y de la mamografía En el caso del PAP (Cuadro 7), se considera el porcentaje de mujeres que no se ha realizado el estudio desde hace más de un año, donde están incluidas las que nunca se lo hicieron por su baja frecuencia (en la población total de mujeres solo representa 7.7 por ciento). Nuevamente no se observan grandes diferencias entre las mujeres en función de su condición de migración, aunque sí del tipo de cobertura. Cuando solo se cuenta con el acceso al sistema público, entre 56 y 60 por ciento de las mujeres se ubica en esa categoría, valores que retroceden entre 34 y 42 por ciento ante la presencia de otra cobertura.

En los siguientes cuadros donde se controla la utilización del estudio PAP con la presencia de hijos y la educación, se ha tomado el total de inmigrantes mujeres, ya que desagregar por antigüedad invalidaba la mayoría de las categorías.

La presencia de hijos parece ser un factor importante para tener una mayor frecuencia del estudio PAP entre las mujeres que solo tienen la cobertura pública en salud y también con proporciones similares entre migrantes y no migrantes (Cuadro 9). En cambio, entre las mujeres que tienen obra social o prepaga la presencia de hijos no marca diferencias. En efecto, diversos autores han señalado que los hijos viabilizan el contacto con el sistema de salud para las mujeres más vulnerables.

En general la educación parece facilitar a las mujeres migrantes y no migrantes un mayor uso del estudio. Aunque entre las no migrantes con cobertura solo pública no se muestran diferencias por nivel educativo, las que tienen otra cobertura también eemplean más el servicio cuando se eleva el nivel educativo (Cuadro 9).

Para evaluar el grado de utilización del estudio de la mamografía se ha seleccionado a las mujeres de 35 años o más, dado que en edades más jóvenes es muy baja la presencia de este estudio.

Las mujeres no migrantes hacen más uso de la mamografía, en particular si tienen otra cobertura (solo 15 por ciento no la realizó nunca). Las migrantes, con porcentajes más altos de no utilización, tienen la misma tendencia. Es decir, tener algún sistema de salud garantiza que el porcentaje de mujeres que acceden a este estudio preventivo de la salud femenina se amplié notablemente.

 

Consideraciones finales

La pregunta que ha orientado este trabajo es detectar si la condición de migrante es per se un factor de diferenciación en el acceso a los derechos ciudadanos o si lo es la pertenencia a los sectores sociales con mayor fragilidad social.

Las respuestas a los objetivos propuestos se encuentran parcialmente limitados por el tipo de fuentes disponibles, no diseñadas especialmente para el estudio de grupos migrantes. Sin embargo, han permitido explorar sobre algunos supuestos acerca de las relaciones entre migración y derechos ciudadanos, que debería ser profundizadas con instrumentos metodológicos más adecuados a dicho propósito.

En el caso más desarrollado del acceso a la salud, las mujeres y varones migrantes y no migrantes que solo tienen la cobertura de la salud pública tienden a equipararse en el grado de utilización de estos servicios, a partir de lo cual se infiere que más allá de la condición de migración resultaría ser la situación de precariedad laboral los que los colocaría en una situación de mayor vulnerabilidad y de desventaja.

Lo destacable es que en uno y otro grupo los que solo tienen acceso a los servicios de salud pública, por esto mayormente trabajadores informales, representan una fracción muy diferente de sus propias poblaciones: alrededor 17 por ciento de los y las no migrantes y 42 por ciento entre los migrantes L+P y 57 por ciento entre las migrantes L+P. Es decir, que estos migrantes son menos "ciudadanos" en la medida que una inserción laboral precaria les restringe el acceso a uno de los servicios sociales esenciales, la salud.

Puede suponerse con respecto al ingreso al sistema de salud público que es igualitario con independencia de la nacionalidad de las personas, no así el acceso igualitario al mercado laboral formal que asegura coberturas en salud alternativas a la pública, que evidentemente garantizan una mayor frecuencia en la utilización de los servicios de prevención, aunque se desconozca su calidad.

Esto genera una erosión, como se mencionara al principio, entre los derechos formales y un acceso sustantivo a los recursos por parte de los migrantes, que en el caso de los migrantes de los países limítrofes y de Perú, en particular de los más recientes, los coloca entre la población pobre de Argentina.

Entre las mujeres migrantes L+P la situación se agrava por dos situaciones. Una es la disponibilidad de tiempo de las mujeres pobres para concurrir —por ellas y por las personas a su cuidado— a servicios generalmente muy demandados, con lo cual la carga de trabajo invisible aumenta notablemente. Por otro, el hecho de que las dinámicas migratorias en Argentina sean poco vigorosas determina que las mujeres migrantes entren paulatinamente en un proceso de envejecimiento que las ubica en zonas de gran fragilidad por su condición de pobres y migrantes. A los problemas de salud comunes al envejecimiento de todas las mujeres (Jansá, 2006), se agregan factores vinculados a las pésimas condiciones de habitabilidad y de trabajo que impactan en su carga de "cuidadoras" y de "sostenedoras" del hogar, y que se supone repercutirán en su salud en las edades más avanzadas.

 

Bibliografía

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Notas

¹ Se agradece la buena disposición de los profesionales de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular la de su director, José M. Donati, quienes en forma expedita y comprensiva del tema introdujeron los cambios necesarios en la base para el tratamiento del país de nacimiento de los extranjeros.

² Año a partir del que reside en forma continua en la CABA.

³ Cuando las categorías con coeficientes de variación superiores a 10 por ciento eran muy numerosas no se consideró la antigüedad de la migración.

⁴ En Argentina, en promedio y con algunas variantes por jurisdicción, el nivel básico implica a los primeros 6/7 años de estudio y el nivel medio a los siguientes 5/6 años de estudio.

⁵ Téngase presente la reciente promulgada ley italiana de seguridad que convierte a los inmigrantes indocumentados en delincuentes.

⁶ En Argentina la atención de la salud está garantizada por una obra social para quienes son trabajadores en relación de dependencia y sus familiares, a partir de sus propios aportes y de aportes que obligatoriamente realiza el empleador por cada empleado de su plantilla, a la correspondiente obra social. Las prepagas son empresas privadas que cada usuario contrata individualmente por un costo mensual variable, según la composición del grupo familiar y las prestaciones que brindan.

 

Información sobre los autores:

María Cristina Cacopardo. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires; especialista en Demografía por el Centro Latinoamericano de Demografía (Naciones Unidas). Es profesora titular de la Universidad Nacional de Luján. Su área principal de investigación está orientada hacia las migraciones internacionales en Argentina, donde encara aspectos como familia, mujer, endogamia y participación laboral. En estos temas ha publicado en diversas revistas especializadas y sus publicaciones más recientes son "Migrantes limítrofes y desigualdad de género en el mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires" (en coautoría con Alicia Maguid), en Desarrollo Económico, núm. 170, 2003, Buenos Aires; "Crisis y mujeres migrantes en Argentina", en Papers de Demografía, núm. 242, Centro de Estudios Demográficos, Universidad Autónoma de Barcelona, 2004; "Acerca de las mujeres migrantes en la Argentina: tendencias y mercado de trabajo", en Migraciones, globalización y género en Argentina y Chile, CECYM, 2005, Buenos Aires. Dirección electrónica: cacopard@mail.unlu.edu.ar

María Eugenia Aguilera. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires; especialista y magister en Demografía Social por la Universidad Nacional de Luján. Profesora en la Universidad Nacional de Luján. Área principal de investigación: las migraciones y los mercados de trabajo rurales. Publicaciones de los últimos años: El trabajo infantil rural en dos valles de la Patagonia Argentina. Análisis del trabajo de campo, año 2007 (2010); Sistematización de los trabajos presentados en los Seminarios Regionales 2008-2009, "El Trabajo infantil en el agro Argentino" (en coautoría con Susana Aparicio y Daniel Re), en Trabajo infantil e Infancia. Investigaciones en territorio, La Crujía, 2012, "Trabajo transitorio y trabajadores migrantes en el agro argentino" (en coautoría con Susana Aparicio), en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, núm. 35, 2011, CIEA/UBA. Dirección electronica: aguilerame@gmail.com