Presentación

En este año se inició el proceso de recepción de solicitudes del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Children Arrivals, DACA). Este programa es la acción administrativa que ha adoptado la administración del presidente estadunidense Barack Obama para frenar las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron a suelo estadunidense siendo menores de edad y que tenían menos de 31 años de edad el 15 de junio de 2012. Los jóvenes son popularmente conocidos como dreamers, en referencia a las iniciativas reformistas llamadas Dream Act (S.1545), que se han presentado a escala federal y en legislaturas estatales para regularizar el estatus de estudiantes indocumentados.

DACA permite a ciertos individuos vivir y trabajar en Estados Unidos por un tiempo, no es un estatus legal definitivo, simplemente se detiene la persecución, se les permite trabajar y estudiar, demostrar que son buenos ciudadanos y que algún día podrán acceder a la regularización y posteriormente a la ciudadanía.

Los posibles beneficiarios son alrededor de dos millones, pero solo 800 mil podrán acceder al programa. De esta cantidad, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el Centro Pew de Investigaciones Hispánicas, la inmensa mayoría, 68 y 74 por ciento (1.3 millones) son mexicanos o centroamericanos. El asunto no es de menor importancia para Estados Unidos ni para México. Instituciones de prestigio como las citadas han difundido estudios en los que se calcula que hay aproximadamente 1.76 millones de jóvenes que se beneficiarían del programa.

Instituciones como el MPI calculan que hay aproximadamente 320 mil personas que cumplen con los requisitos de edad y residencia que establece el DACA, pero que en la actualidad no están matriculados en ninguna escuela ni han conseguido el diploma de bachillerato o certificado de General Education Diplome (GED). Algunos son todavía menores de edad, mientras otros son jóvenes adultos. Muchos son trabajadores agrícolas (hay 85 mil trabajadores en zonas rurales sin documentos y muchos de ellos radican en tres estados del Pacífico (California, Oregón y Washington), y 20 mil en California), pero tienen empleos de bajos ingresos, en lugares como plantas procesadoras de carne o industrias como la construcción o el sector de servicios.

Estamos ante una oportunidad de regularizar, aunque sea de manera temporal, el estatus migratorio de muchos mexicanos en Estados Unidos, que salieron de México siendo menores de edad. Veremos si nuestras autoridades mexicanas deciden ser parte de la solución o si con su indiferencia o indolencia de siempre se convierten en parte del problema, que impida que los dreamers elegibles puedan cumplir con los requisitos del DACA.

En este número iniciamos con la sección referida a la migración internacional. El trabajo de Francisco Entrena Durán, de la Universidad de Granada, analiza las migraciones mundiales en el contexto actual e incluye tres dimensiones: lo socioeconómico, lo político-institucional y lo simbólico-cultural. Estas tres dimensiones que actúan de manera conjunta e interrelacionadamente tienen implicaciones a nivel local tanto en el lugar de origen como en el de destino; con este trabajo se busca un paradigma metodológico que sea útil para un estudio totalizador en casos concretos.

Silvia Mónica Bardomás, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina, centra su trabajo en la provincia de Mendoza e identifica distintas situaciones de trabajadores migrantes según sus características personales, trayectoria laboral, combinación y particularidades de las inserciones en esta zona y en el lugar de origen, motivos excepcionales o reiterados que alientan el desplazamiento en busca de trabajo, las condiciones de vida durante su permanencia.

Francesca Randazzo, Juan R. Coca y Jesús A. Valero Matas, del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de la Universidad de Valladolid, reflexionan sobre las palabras relacionadas a la vejez, cuyas traducciones permiten entender una realidad particular y que implica una lectura singular de nuestras sociedades, porque posee desde el principio un prejuicio etnocéntrico. Esta es una construcción social que toma cuerpo en un lugar y en un momento preciso, así que tendrá una dimensión histórica y cultural específica, comprometida de manera particular con lo que se considera como realidad. También es un producto ideológico, en el sentido más amplio del término, ya que atañe los intereses de diversos grupos y que contrasta con los estudios teóricos y empíricos sobre este tema.

En la tercera sección se presenta el trabajo de Milenka L. Argote, de Corpotalentos ONG, quien analiza de sensibilidad de los nacimientos a pequeños cambios de la Tasa Global de Fecundidad (TGF), para determinar si se presenta el efecto mariposa en Bolivia en 2003. Según la autora, en su análisis de sensibilidad de los nacimientos a variaciones de medio, uno y dos por ciento por encima y por debajo de la media de la TGF se observó un comportamiento no lineal y heterogéneo en los diferentes grupos quinquenales y para el último grupo el porcentaje de variación es mayor a 30 por ciento, por lo cual se presenta un efecto que amplifica el error en los nacimientos, entonces la TGF es una variable sensible según estos resultados, y recomienda tomar en cuenta este factor en proyecciones de población.

Dulce K. Ramírez López de la Universidad Autónoma de Chiapas, y sus coautores reflexionan sobre la problemática que viven las mujeres inmigrantes residentes en la zona rural de Tapachula, Chiapas. En su estudio cuantitativo sobre salud reproductiva, dan cuenta de la vulnerabilidad y desventajas sociales de estas mujeres que se expresan en la precariedad del empleo, la inserción comunitaria y el acceso a los servicios de salud, entre otras. Asimismo, exponen los principales obstáculos que enfrentan las inmigrantes para hacer socialmente visible su vulnerabilidad y destacan la importancia de aspectos de interés internacional relativos a las migraciones desde el enfoque de género y salud reproductiva.

En la cuarta sección se presenta el trabajo de Landy L. Sánchez Peña, de El Colegio de México, cuyo aporte metodológico se basa en examinar la pobreza en Guadalajara a nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB). Su trabajo metodológico revisa tres aproximaciones para dar cuenta de la dependencia y heterogeneidad espacial: análisis exploratorio de datos espaciales, modelos de regresión espacial autorregresivos y la regresión geográficamente ponderada. Con ello la autora busca mostrar cómo el análisis espacial puede contribuir a entender tres preguntas que han emergido con fuerza en los estudios de pobreza: cuán concentrada está la pobreza urbana; cuáles son los determinantes de la pobreza y si éstos varían a lo largo del territorio.

En esta misma lógica, Katya Rodríguez Gómez, de la Universidad de Guanajuato, discute la situación de las mujeres respecto a la pobreza para conocer si puede hablarse de feminización de la pobreza en el caso de México. Para ello, la autora aplica el modelo colectivo que permite salvar las limitaciones del modelo unitario y dar cuenta de las diferencias de género al interior de los hogares, que son escondidas por el cálculo convencional de la pobreza. Aplicar dicho modelo le permite sostener que hay una substancial brecha de género en la pobreza, y que la mayor pobreza femenina se encuentra en los hogares encabezados por hombres. Sin embargo, no puede hablarse de feminización de la pobreza en México porque el concepto no resulta útil para describir a cabalidad la situación de la pobreza femenina y, por ello, sugiere algunos pasos que debería seguirse en la investigación sobre este tema.

Por último, Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, examina el calendario del primer trabajo estable de tres cohortes de mujeres y lo compara con el de los hombres de las mismas cohortes, presenta, además, los factores sociodemográficos asociados a este. Su investigación señala que, a pesar de los cambios históricos y socioeconómicos que el país ha registrado, las personas continuaron accediendo a la adultez a través de las vías socialmente asignadas a su género, independientemente de su condición socioeconómica y cohorte. La incorporación masculina al mercado laboral fue casi universal, mientras que en la población femenina dicha transición no logró estandarizarse como parte de su primer trayecto de vida.

Por su parte, Gerardo Ordóñez Barba, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, analiza la situación que guarda la instrumentación de la política del derecho a la no discriminación en una de las entidades que, al menos formalmente, se encuentra a la vanguardia en esta materia, Baja California Sur. El trabajo del autor permite constatar que, a pesar de los avances legislativos, las iniciativas y los recursos involucrados en estas áreas de responsabilidad están aún lejos de ser un instrumento eficaz para el pleno ejercicio del derecho a la no discriminación de los sudcalifornianos.

Los artículos aquí propuestos ofrecen un estímulo para reflexionar ciertos puntos de la migración, el envejecimiento, la fecundidad, la pobreza y discriminación, que son cuestiones que buscan acuerdos y desacuerdos en nuestro tiempo.

Juan Gabino González Becerril

Director