Pobreza y población objetivo de Progresa en cuatro municipios indígenas de la Sierra Norte de Puebla

 

Poverty and objective population of Progresa in four indigenous municipalities of the North Sierra of Puebla

 

Adrián González Romo, Benito Ramírez Valverde, Julio Boltvinik Kalinka y Alfonso Macías Laylle

 

El Colegio de Tlaxcala/El Colegio de México.

 

Resumen

En este trabajo se analizó si existen diferencias entre la población participante y no participante en el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), usando como caso la población indígena de cuatro municipios de la región totonaca de Puebla. Los medios de contraste son: carencia de bienes durables, condiciones de vivienda, nivel de ingreso y características de la educación. La información fue captada mediante 213 entrevistas, donde 75 por ciento correspondió a familias participantes en Progresa y el restante a no participantes. Se encontró que ambas poblaciones presentan niveles similares de pobreza, muestran las mismas carencias y en algunas variables se presentan características de mayor pobreza para los no beneficiarios. Se puede señalar que la selección de la población objetivo de Progresa debe ser revisada para evitar sesgos en los apoyos otorgados, ya que es necesario corregir errores en el nuevo programa, Oportunidades.

Palabras clave: pobreza, población indígena, medición de la pobreza, Progresa, Programa Oportunidades, Sierra Norte de Puebla, Puebla, México.

 

Abstract

In this work the differences between people in the Education, Health and Feeding Program (Progresa) and the people who did not participate of it, using as sample indigenous people of four communities of the totonaca region in Puebla State, where the study was carried out. The means of contrast used were the lack of basic patrimony; living conditions; income level and level of education. The information was gathered by applying 213 surveys of which 75 percent of families were part of the Progresa program and 25 percent were not. The result showed that both groups were in similar conditions of poverty and they show the same deficiencies. In some variables greater poverty is present in the group that is not part of the program. People participating in this program should be re-selected to give a better support to the needing population and correct the possible mistakes in the new program, called Oportunidades.

Key words: poverty, indigenous people, poverty measurement, Progresa, Oportunidades Program, North Sierra of Puebla, Puebla, Mexico.

 

Introducción

La política social de combate a la pobreza en México ha mostrado diferentes facetas que hacen de ella un fenómeno importante para estudiar. Después de un largo periodo de una política "nacionalista" que se inicia con el Cardenismo y termina con López Portillo, se implementa un modelo globalizador que se ha denominado "neoliberal", instrumentado a través de la reducción de la participación del Estado en la vida social. Con ello se intenta que las formas de vida económica y comercial se rijan por la oferta y demanda, con la libre afluencia de mercancías sin restricciones arancelarias, ni fronteras nacionales. Desde antes de la aplicación del modelo neoliberal, los programas no lograron disminuir la población en condiciones de pobreza, entonces podemos decir que las condiciones se han agudizado con la transformación de los programas universales por una atención pública focalizada. Con ninguno de estos enfoques de la política social se han tenido los logros pretendidos y las carencias son cada día mayores.

Aun cuando el Estado ha intentado mejorar la situación imperante por medio de diferentes programas, éstos han sido insuficientes para superar la pobreza. Por ello es necesario diseñar y aplicar nuevos programas de desarrollo que tengan una visión de largo plazo y que afecten los factores estructurales que originan la pobreza.

El periodo presidencial de Ernesto Zedillo (1994-2000) es caracterizado por su ambigüedad en cuanto a la instrumentación de la política social; sin embargo, es a mediados de ese sexenio (agosto de 1997) cuando el gobierno presenta el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) como la fórmula para combatir la pobreza de manera integral, según la óptica adoptada por esa administración.

Progresa pretende mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias pobres, particularmente de los niños y de sus madres, para ello intenta efectuar acciones para que el aprovechamiento escolar no se vea afectado por la falta de salud o la desnutrición de los niños y jóvenes, ni porque realicen labores que dificulten su asistencia escolar. Se busca que los hogares dispongan de medios y de recursos suficientes para que sus hijos completen la educación básica. Aunado a ello, Progresa intenta promover la participación y el respaldo comunitario en las acciones del programa para que los servicios educativos y de salud beneficien al conjunto de las familias de las localidades donde opera (Progresa, 1999: 2).

En el aspecto educativo, se ofrece apoyo económico a niños y menores de 18 años inscritos entre tercero de primaria y tercero de secundaria. El monto de la beca depende del nivel de escolaridad y del sexo, y a ese estipendio se añade una cantidad que se otorga a la familia como apoyo alimentario. El recurso económico se entrega a las madres de familia para que lo administren, con la idea de cambiar conductas familiares y prácticas que no valoran al sexo femenino. La atención en salud consta de consultas médicas por medio de un paquete básico de servicios de salud, con apoyo de capacitación-pláticas en forma mensual. Se aprovecha la infraestructura ya existente en las localidades y se compromete a las familias a asistir a las clínicas de salud, ya que pueden dejar de recibir los beneficios del programa en caso de incumplimiento con el programa. Se otorga un suplemento alimenticio a mujeres embarazadas, lactantes y a familias con niños desnutridos. Se afirma que estos suplementos aportarán, en promedio, 20 por ciento de las calorías necesarias y 100 por ciento de micronutrientes (Progresa, 1999: 16-24).

Ante la situación observada, se asume que el concepto de pobreza está relacionado con la insatisfacción de las necesidades humanas, donde el problema se muestra de tal manera que rebasa las intenciones de la política social, denotando que el sistema social no está funcionando en forma adecuada para la población indígena y grandes sectores de la población marginada y pobre en México.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las condiciones de vida de los pobres de la región totonaca atendidos y no atendidos por Progresa. Es decir, observar las diferencias existentes entre participantes y no participantes en el programa, en términos de los aspectos componentes de la pobreza.

Las interrogantes planteadas son: ¿La clasificación de pobres y menos pobres que hace Progresa entre las familias es adecuada? ¿Cuáles son los factores que determinaron que familias pobres de esta región indígena no recibieran el beneficio?

 

Pobreza

Es necesario, desde luego, discutir el concepto de pobreza. Vélez (1994: 18) señala que una persona es pobre cuando se ubica en una situación en la cual existe insalubridad, desnutrición, escasos recursos y una alta exposición a las inclemencias del tiempo y a las enfermedades. La acción conjunta de estos factores no permite, al que la padece, movilidad y acceso a las oportunidades de mejorar el estado en que se encuentra, dicho en otras palabras, una persona pobre es aquélla que, dado su estado precario, carece de capacidades y oportunidades de desarrollo.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la pobreza es la ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un mínimo de ciertas necesidades llamadas básicas, (Boltvinik, 1990). Dentro de las necesidades básicas se incluyen aquéllas que de manera evidente y directa requieren un esfuerzo productivo para su satisfacción (alimentación adecuada, mantenimiento de la salud, vivienda adecuada al tamaño de la familia, educación básica, acceso a servicios básicos de información, recreación y cultura, vestido y calzado, transporte público y comunicaciones básicas).

El Banco Mundial (2001: 15) señala en su informe 2000-2001 la importancia de ampliar el concepto de pobreza para incluir en él la privación material, la vulnerabilidad y exposición al riesgo, y la falta de representación e impotencia, ya que estos aspectos limitan sus capacidades. Estos conceptos requieren indudablemente su clara definición, y no deben ser utilizados como formas abstractas, dado que cada uno de ellos conduce a discusiones en virtud de la amplia diversidad de las interpretaciones posibles.

Max Neef (1996: 23-51) hace un aporte importante al estudio y análisis de la pobreza al clasificar las principales necesidades del ser humano, diferenciando, desde luego, la categoría entre necesidad y satisfactor de esas necesidades. La propuesta, que ha sido base de muchas investigaciones, tiende a enfatizar al hombre como elemento central de análisis, en la preocupación por dar prioridad a la autodependencia y la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. Su aporte consiste en afirmar que las necesidades humanas son "finitas, pocas y clasificables, que son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de la cultura, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades". Para ello aporta una clasificación bajo una matriz que correlaciona las necesidades de ser, tener, hacer y estar, con las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Julio Boltvinik (2001) define la pobreza de una manera profunda al señalar que es necesario buscar las causas en factores estructurales, que se alejan de soluciones mediáticas, donde los individuos están a merced de las grandes políticas, de decisiones que no toman en cuenta la opinión de los que están siendo afectados y que en múltiples ocasiones tienden al fracaso:

La definición de pobreza más aceptada, como insatisfacción de necesidades humanas, puede leerse como violación de los derechos humanos si partimos de la concepción de que toda persona, por el hecho de existir, tiene derecho a la satisfacción de las necesidades humanas. La actitud hacia la pobreza en gran medida está determinada por la idea que se tenga del origen de la pobreza. Quienes piensan que la pobreza se origina en fallas del individuo, su mal comportamiento, la vagancia, el vicio, el alcoholismo, etcétera, tienen una actitud hacia los pobres muy diferente que quienes pensamos que la pobreza se origina en fallas no del individuo, sino de los sistemas sociales. Los primeros adoptan una actitud dura, poco generosa, hacia los pobres. Incluso en distintos momentos de la historia se les ha tratado como delincuentes. Ser pobre ha sido equivalente a ser vago y merecía cárcel en distintos regímenes legales.

El punto conceptual de partida para el análisis crítico es la postulación de que la satisfacción de las necesidades básicas de una persona o de un hogar depende de las siguientes seis fuentes de bienestar: a) el ingreso corriente, b) los derechos de acceso a servicios y bienes gubernamentales de carácter gratuito (o subsidiados), c) la propiedad o derechos de uso de activos que proporcionan servicios de consumo básico (patrimonio básico acumulado), d) los niveles educativos, las habilidades y destrezas, entendidos no como medios de obtención de ingresos, sino como expresiones de la capacidad de entender y hacer, e) el tiempo disponible para la educación, la recreación, el descanso y las labores domésticas, f) los activos no básicos o la capacidad de endeudamiento del hogar (Boltvinik, 1994: 38).

Desai (1999: 20) introduce un concepto que da pauta a planteamientos alternativos. Este autor parte de que un individuo debe de poseer cinco capacidades básicas o fundamentales y que dan lugar a necesidades diferenciadas y en constante movimiento en el tiempo y espacio en que se ubique: a) la capacidad de permanecer vivo y disfrutar de una vida prolongada; b) la capacidad para asegurar la reproducción biológica de las personas; c) la capacidad para tener una vida saludable; d) la capacidad para interactuar socialmente; y e) la capacidad para tener conocimiento y libertad de pensamiento y expresión. Este planteamiento se contrapone con los principios de Max Neef en el momento que afirma que las necesidades cambian con el tiempo y el espacio, pero no ejemplifica dicha dialéctica, sin embargo, la forma de englobar las capacidades que debe de tener un ser humano son bastante acertadas con las necesidades humanas, de ahí su importancia.

 

La medición de la pobreza

La discusión en torno a la mejor forma de medir la pobreza en los últimos años ha oscilado entre el uso de métodos multidimensionales o de los métodos unidimensionales. La crítica se acentúa fundamentalmente al usar el método de la línea de la pobreza, donde se señala la importancia de incluir aspectos relevantes como la vivienda con todos sus servicios, el derecho a contar con servicios públicos, educación, servicios de salud, seguridad social, empleo, ingreso, recreación, esparcimiento y cultura, de tal manera que se cuente con información más real de cómo se encuentran las personas pobres y las inclemencias que están padeciendo.

En forma general, se puede señalar que existen tres métodos de uso generalizado para medir la pobreza y de ahí se han derivado variantes importantes: a) línea de la pobreza (LP); b) necesidades básicas insatisfechas (NBI), y c) medición integrada de la pobreza (MMIP). Por ser los principales, la discusión girará en torno a ellos, sin dejar de señalar la importancia de sus variantes.

De los métodos unidimensionales, el más común es la línea de pobreza (método directo), señalado de esta forma porque sólo toma en cuenta una parte de las seis fuentes de bienestar: el ingreso corriente. El método de LP consiste en comparar el ingreso o el consumo per cápita de un hogar, con la denominada línea de pobreza. Los hogares con ingresos menores que la línea de la pobreza se consideran pobres y, por ende, las personas que en ellos habitan. Una importante discusión en torno a este método es la forma de cómo se define la línea de la pobreza, el umbral de definición de la línea.

El Banco Mundial considera en extrema pobreza las familias que ganan menos de un dólar al día y, en el rubro de pobreza moderada, en México se ha definido a aquéllos que están por debajo de 60 dólares al mes por persona y por encima de la línea de la extrema pobreza. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en forma conjunta con Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), determinaron una línea de pobreza para México en 1993, y actualizado para 1996, donde se desprende que una persona que tenga un ingreso de 4 068 pesos anuales se encuentra en pobreza extrema y con 7 889 pesos anuales por persona, se considera pobre moderado.

Una variante de éste método es definir una Canasta Normativa Alimentaria (CNA), para ello se calcula su costo y se multiplica por el gasto que se dedica a los alimentos (recíproco del coeficiente de Engel¹) de algún grupo de hogares, para definir la línea de la pobreza. En estudios realizados por Boltvinik para el año de 1990, se llegó a concluir que el ingreso definido para considerar a un individuo pobre sólo representaba 76 por ciento de la canasta definida en la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) y el 54 por ciento de la canasta utilizada por Cepal/ PNUD; así mismo, Boltvinik señaló que al usar CNA se crea un sesgo importante, toda vez que la pobreza se determina a partir de ciertas preferencias y hábitos alimenticios de los más pobres y con los costos de la región donde viven.

Los grandes contrastes se muestran en la línea de pobreza existente de los países desarrollados con los de América Latina, en el caso de Estados Unidos se considera pobre a una familia de cuatro personas con ingresos menores a 16 400 dólares anuales, es decir, de 4 100 dólares por persona al año, ingreso per cápita superior al registrado en casi la mitad de los países del mundo, 60 por ciento superior al ingreso per cápita actual en México y más de lo que percibe alrededor de 80 por ciento de la PEA de este país (Levine, 2001: 11).

El método de necesidades básicas insatisfechas (NBI), también denominado método indirecto, ha sido utilizado frecuentemente y consiste en comparar la situación de cada hogar en cuanto a un grupo de necesidades específicas, con una serie de normas que expresan el nivel mínimo debajo del cual se considera insatisfecha la necesidad. Los hogares que tienen una o más necesidades básicas insatisfechas se consideran pobres. Este método muestra sus debilidades al seleccionar el tipo de necesidades, y el criterio de qué tipo de pobreza expresa el método. No es tan fácil desarrollarlo, ya que se carece de información desagregada a nivel familia. Este método depende del ingreso o del consumo privado corriente de los hogares. El número de pobres identificados no es independiente del número de rubros de necesidades básicas seleccionadas.

El método multidimensional intenta tomar las seis fuentes de bienestar de los hogares: ingreso corriente, activos no básicos, activos básicos, acceso a bienes y servicios gratuitos, conocimientos y tiempo libre. Los métodos multidimensionales de medición de la pobreza más importantes son el método de medición integrado de la pobreza (MMIP), desarrollado por Boltvinik en 1992, y el de necesidades básicas insatisfechas generalizado, en sus versiones de Mack y Lasley, y la versión modificada en la parte de privación de Townsend. La diferencia sustancial en referencia a estos métodos multidimensionales es que el propuesto por Boltvinik incluye el tiempo libre como parte de las necesidades humanas.

A estas dos variantes se ha agregado una tercera, que se compone de una combinación de los métodos anteriores. Boltvinik, en conferencia realizada en 2001, señala que "las metodologías más adecuadas son el MMIP mejorado y el índice de progreso social-privación vital (IPS-PV), entre las combinadas, y el NBI-VGM (variante generalizada mejorada, que aún está probándose). El IPS-PV incorpora conceptualmente la cantidad de vida (y) conjuntamente con la calidad de la vida (permite) construir el indicador de privación vital, sin embargo, hay problemas para el cálculo de la cantidad de la vida".

La última variante propuesta por Boltvinik se denomina método de medición integrada de la cantidad y calidad de vida (MEMICCAV) y tiene como particularidad la incorporación de la esperanza de vida a la medición. Esta variante es sumamente interesante, sin embargo, tiene sus limitantes al no existir información desagregada para determinar la calidad de vida, la recreación y el esparcimiento, aspectos que generalmente dependen en demasía de la región y tipo de población que se analiza.

Existen otros métodos que se han utilizado para construir indicadores de pobreza, como los de índices de Sen-Foster y Thorbecke, considerados como de Desarrollo Humano, que miden la pobreza y su relación, por ejemplo, para medir el concepto de marginación, se realiza a partir del cálculo de indicadores de marginación, por la técnica estadística de componentes principales.

En torno a las limitaciones de los métodos, Hernández Laos, en conferencia realizada en 2001, hace un excelente resumen que sin duda aporta al análisis de los métodos, para eso los agrupa en tres rubros:

en primer lugar destaca la especificación de las líneas de la pobreza adoptadas, por ejemplo, los umbrales de carácter relativo señalados por la Unión Europea; en tanto que otros estándares de carácter absoluto muestran diferencias metodológicas de consideración: los tres procedimientos generalmente utilizados son: a) La aplicación de líneas de pobreza con base en una canasta normativa de satisfactores esenciales, cuyo contenido y costo es materia de discusión por parte de los investigadores y depende de la sociedad y el momento específicos analizados; b) La cuantificación de la canasta alimentaría que cubre los requerimientos nutricionales de la población, con base en estándares de gasto de un estrato determinado de la sociedad, a la cual se añade una proporción empíricamente determinada —generalmente a través de la aplicación del inverso del llamado Coeficiente de Ángel— para cubrir el resto de las necesidades de las personas, y c) la aplicación de una variante del procedimiento anterior, pero entre un número de países —generalmente los más pobres—, y su conversión en moneda extranjera, considerando la paridad del poder adquisitivo, con el objeto de llevar comparaciones internacionales.

De las grandes limitantes en la utilización de los métodos de medición de la pobreza tenemos, en el caso de la determinación del ingreso, que las encuestas de hogares o censos no cuentan con una información clara y confiable de la declaración del ingreso y que tiende más a una subdeclaración, también se muestra que no existen adecuados sistemas muestrales que cubran adecuadamente a los más pobres y los más ricos, según la escala de importancia numérica o porcentual. En el caso de los más pobres, no siempre se llega por los mismos problemas de distanciamiento o problemas geográficos donde los encuestadores no le dan la adecuada importancia. Y en el caso de los hogares más ricos, el problema es la confiabilidad de su declaración de ingreso por la declaración de impuestos, que representa un gran problema en México, difícil de resolver y, por tanto, tiende a una subdeclaración de los ingresos que perciben.

 

La pobreza en México

Las cifras oficiales de la pobreza muestran contrastes difíciles de comprender, que se han utilizado de acuerdo con el momento político. Simplemente, en los últimos tres sexenios, las variaciones se presentan a simple vista: en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) se reconocía la existencia de 27 millones de pobres, con Ernesto Zedillo (1994-2000) ya se consideraba a 47 millones y, actualmente (2000-2006), la cifra se ha incrementado a 53 millones de habitantes en estas condiciones. Cifras poco confiables, que son criticadas por un gran número de investigadores que afirman que los datos son sumamente conservadores. Con lo señalado podemos concluir dos aspectos: o los datos son poco confiables, o el modelo se ha ido convirtiendo en una fábrica de pobres.

Damián y Boltvinik (2003: 525), basándose en el MMIP, nos ofrecen otro panorama donde el comportamiento porcentual de la población pobre, pasa de 63.71 por ciento en 1992, 67.72 en 1994, 74.81 en 1996, 76.54 en 1998 a 73.56 por ciento en el 2000. De 1992 al 2000, el incremento bruto de la población pobre fue de 13.9 millones, muy superior al incremento de la población en 2.2 por ciento en el mismo periodo.

Un indicador que ayuda a analizar el comportamiento de la pobreza en México es el salario y se observa que la tendencia de éste se mantuvo a la baja durante el periodo que va de 1994 a 1999 "en el orden de 20 por ciento" y "los salarios se mantienen constantes en el mejor de los casos"; de 1981 a 1994 se registra una disminución de más de 60 por ciento de los salarios reales (Damián, 2002: 56).

Utilizando las mediciones de la pobreza del Banco Mundial, Damián y Boltvinik (2003: 523-524) señalan que la pobreza en 1996 está cuatro puntos porcentuales por debajo de 1968 y 20 puntos porcentuales por arriba de la de 1981. "La Cepal proyecta para 2001 una incidencia de 42.3 por ciento de la pobreza en México, es decir, casi el mismo nivel que en 1968: más de tres décadas perdidas".

Por otro lado, existe la polémica en torno a reconocer en donde se localiza el problema, si en poblaciones urbanas o rurales. Las diferencias existentes de la pobreza entre el medio rural y urbano son un indicador importante en la toma de decisiones de política social, por ejemplo, Progresa consideró que el problema se concentraba en las zonas rurales y fue el mecanismo que usaron para asignar el presupuesto social durante este sexenio. Al respecto, Boltvinik y Damián (2001: 34) hacen una acérrima oposición a tal argumento: "El ingreso de la población urbana está más sujeto a bruscas fluctuaciones en las crisis, lo que coloca a la población de este medio (urbano) en una situación de mayor riesgo de caídas y recaídas en la pobreza por ingresos."

El campo ha mostrado, en el mejor de los casos, un estancamiento en los niveles de vida que no ha podido ser modificado por Progresa/Oportunidades ni por el cambio estructural que describe la "teoría del derrame" ni por la apertura de fronteras (Damián y Boltvinik, 2003: 530).

Desde la crisis ocurrida a partir del año de 1982, producto de la caída de los precios del petróleo, tiende a agudizarse la estabilidad económica, que es controlada por medio de endeudamiento externo (crisis estructural de la economía basada en la monoexportación). El acatar los compromisos ante el exterior hace que las condiciones de la población más necesitada se agudicen, ya que el poder adquisitivo del peso tiende a perder fuerza, las mercancías se encarecen y los salarios, aun con incrementos, nunca logran recuperan el poder de compra, afectando directamente las clases medias y bajas de la población, que siguió empobreciéndose.

El viraje en la política y con ello el adelgazamiento del Estado, como es el caso del cierre de empresas paraestatales que brindaban servicios a estos grupos sociales, como fueron Ferrocarriles Nacionales de México, que quitó un medio de transporte y circulación de mercancías accesible a la población de escasos recursos; el cierre de Conasupo, que abastecía de productos populares a la población más necesitada, así como el cierre de Inmecafé, que prestaba atención a los pequeños productores de café, sobre todo a indígenas, entre muchas empresas que desaparecen y dejan sin apoyos a grandes sectores de la población.

 

El Progresa

Dentro de las estrategias de política social, el programa fundamental es Progresa, iniciado en 1997 y continuado como Oportunidades a partir del 5 de marzo del 2002, cuando el Poder Ejecutivo Federal elabora el decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades, acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo 2003. En esta nueva etapa, Oportunidades amplía su atención a pobres urbanos y becas para estudiantes de preparatoria.

Progresa fue el principal programa del gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con un nivel similar al de Coplamar con José López Portillo, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con Miguel de la Madrid y el programa Solidaridad durante el gobierno del presidente Carlos Salinas. La importancia del programa es tal que la población beneficiada durante el 2000 llegó a ser de 2.6 millones de hogares y operaba en más de 50 mil localidades, en más de 2 mil municipios y 31 estados. El programa contó con un presupuesto de 777 millones de pesos, equivalente a 0.2 por ciento del PIB Nacional (IFPRI, 2001: 7). A diferencia de programas anteriores, la visión del programa es la familia, por tanto, la manera de distribuir el recurso es mediante la focalización, a diferencia de los programas universales. Progresa es un programa considerado de corte neoliberal en materia de gasto social, ya que atiende individuos y se aleja del sentido comunitario (los errores o fallas del sistema se atribuyen a los individuos). De aquí la importancia de hacer este tipo de estudios que revisen los enfoques focalizados y su instrumentación.

Para el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI) de Washington, el

...Progresa se acerca al ideal de focalización 'perfecta' más que cualquier otra de las alternativas posibles de transferencias y focalización analizadas. La evaluación muestra que Progresa sobrepasa la capacidad de estos métodos alternativos en términos de la reducción de las medidas de pobreza, al ponderar con mayor peso los hogares extremadamente pobres, aunque el logro del método de focalización de Progresa fue tan sólo 3.05 puntos porcentuales más alto que la reducción en la pobreza que podría alcanzarse si todos (o 100 por ciento) de los hogares de las localidades donde opera el Programa fueran incluidos, en lugar de 78 por ciento seleccionado por Progresa... (IFPRI, 2001: 15).

La función de Progresa es brindar apoyos a familias en extrema pobreza, por ello se asume como concepto que "la pobreza extrema es esencialmente el resultado de capacidades individuales y familiares inadecuadas, que se traducen en niveles muy bajos de funcionamiento social" (Progresa, 1999: 5-10).

Como parte de esta falta de capacidades, el programa plantea mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias pobres, particularmente de los niños, niñas y de sus madres; integrar estas acciones para que el aprovechamiento escolar no se vea afectado por la falta de salud o la desnutrición de los niños y jóvenes, ni porque realicen labores que dificulten su asistencia escolar y procurar que los hogares dispongan de medios y de recursos suficientes para que sus hijos completen la educación básica (Progresa, 1997).

En el aspecto educativo, apuesta a que la mejora en el nivel educativo va a romper el círculo vicioso intergeneracional de la transmisión de la pobreza (supuestamente creará las capacidades necesarias para enfrentar la vida de mejor manera), por eso el componente educativo tiene las trasferencias más grandes de recursos monetarios de que se dispone. Se ofrece apoyo económico a niños y niñas menores de 18 años, inscritos entre tercero de primaria y tercero de secundaria, que cumplan con 85 por ciento de asistencia. El monto va a depender del nivel de escolaridad y del sexo del beneficiario, la cantidad otorgada va de 80 hasta 265 pesos mensuales para los niños, y de 80 a 305 pesos para las niñas. El máximo beneficio propuesto inicialmente fue de 625 pesos mensuales por familia, más los 125 pesos de apoyo alimentario. A principios del ciclo escolar se otorgan útiles escolares y la beca se suspende durante los dos meses de vacaciones.

El componente de atención a la salud intenta brindar atención integral a las familias beneficiadas, partiendo de la oferta existente de clínicas y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social-Solidaridad y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La ampliación de la oferta rebasa la capacidad de Progresa y recae en las secretarías responsables y de los estados respectivos, limitante propia del programa. Desde su inicio, la oferta de dicha infraestructura determinó la exclusión de comunidades ya de por sí marginadas.

La atención es mediante consultas médicas a través de un paquete básico de servicios de salud, que consiste en pláticas de capacitación que se imparten mensualmente, donde se da énfasis a la salud preventiva. Se atiende primordialmente a mujeres embarazadas y los problemas de desnutrición infantil (Progresa, 1999: 17). Para los servicios de salud, el paquete no es nada nuevo, quizá lo más importante es la intensidad con que se aplica al comprometer a las familias a su asistencia, ya que si no se presentan pueden dejar de recibir los beneficios.

El componente de alimentación otorga suplementos alimenticios a mujeres embarazadas y durante seis meses del periodo de lactancia. Estos suplementos se proporcionan en siete sobres de 240 gramos por familia al mes. Además se proporciona nutrición infantil, para lo cual se ofrece otro sobre de 240 gramos de papilla para niños de entre cuatro y veinticuatro meses, y para los niños de entre dos y cinco años cuando se detecta algún grado de desnutrición. Se afirma que estos suplementos aportan, en promedio, 20 por ciento de las calorías necesarias y 100 por ciento de micronutrientes (Progresa, 1999b: 16-24).

El personal de salud es el encargado de dar seguimiento al componente de alimentación, así como de apoyar y fomentar el hábito del consumo diario de los suplementos alimenticios mediante demostraciones periódicas de su preparación. El manual para los responsables de salud solicita que se motive a las madres a consumir el suplemento y la papilla.

Dado que los montos monetarios se ajustan cada seis meses, para el semestre enero-junio del 2000, el monto se había incrementado a 790 pesos por familia como cantidad máxima a recibir. Para ese año se habían incorporado 2.6 millones de hogares distribuidos en 50 mil localidades y 1984 municipios.

Para Boltvinik, el hecho de que sea un programa focalizado, dirigido a pobres extremos que habitan localidades de alta marginación, introduce dos desigualdades en el interior de los hogares:

Por una parte, los que tienen hijos en edades escolares y quienes no lo tienen. Esta desigualdad puede llegar a ser de seis a uno. Por otra parte, discrimina en contra de los hogares más grandes, para los cuales el apoyo per cápita es menor. Una razón de ello se deriva del tope máximo a los apoyos monetarios totales en 750 pesos por mes. Otra razón es el hecho que el apoyo alimentario es igual para cualquier tamaño de familia. Así, los 125 pesos mensuales significan un apoyo per cápita de 62 pesos con 50 centavos en un hogar de dos personas y sólo 12 pesos con 50 centavos en un hogar de 10 personas.

 

La determinación de la población objetivo

Debido a que la pobreza conduce a la falta de oportunidades para un desarrollo adecuado de los individuos, lo cual se constituye en un elemento para mantenerse pobre, quien padece la pobreza queda obligado a concentrar sus esfuerzos en la subsistencia diaria, lo cual limita sus posibilidades de realizar actividades que le permitan desarrollar su potencial productivo y alcanzar una mayor integración social. En consecuencia, Progresa también plantea la importancia de fomentar la creación de capacidades entre quienes viven en extrema pobreza, así se señala en el párrafo siguiente:

El combate a la pobreza extrema tiene entre sus objetivos igualar las oportunidades de las familias que sufren esta condición con las del resto de la sociedad. Para ello concentra sus esfuerzos en aumentar sus capacidades básicas, apoyando su acceso a los bienes y servicios sociales que les permitan adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para una vida plena y autosuficiente, el combate a la pobreza extrema busca atender aspectos que inciden tanto en la demanda como en la oferta de educación, salud y alimentación (Progresa, 1999: 28).

Se parte del supuesto de que un mayor nivel educativo aumenta el uso de servicios de salud y que la salud y una buena alimentación redundan simultáneamente en el mantenimiento de un buen estado de salud y un buen desempeño escolar.

En el documento de lineamientos del Progresa se hace alusión al concepto de pobreza, al señalar que se trata de falta de capacidades básicas de los individuos para lograr satisfacer las necesidades insatisfechas.

En Progresa restan valor a los métodos unidimensionales de medición de la pobreza, por ello señalan sus documentos que

el ingreso familiar tomado para medir la pobreza, como único elemento, tiende a subestimar la pobreza. Se puede presentar el caso de familias que, justamente por su precaria condición socioeconómica, incorporan en tareas generadoras de ingresos a un mayor número de miembros del hogar elevando con ello su nivel de ingresos. Esto tiene secuelas en las oportunidades de desarrollo de las capacidades y potencialidades de los miembros de la familia, como puede ser inasistencia de los niños a la escuela, lo que coloca en una posición de mayor vulnerabilidad social en el futuro (Progresa, 1999: 138-139).

El método multidimensional utilizado por Progresa para determinar su población objetivo se hace correlacionando diferentes variables sociales, en el intento de distinguir entre pobres y pobres extremos.

Estos indicadores se relacionan con diversas esferas de la condición social y económica de las familias y comprenden, entre otros: composición y tamaño de los hogares; edad, escolaridad, participación laboral y tipo de ocupación de sus miembros; equipamiento de las viviendas y posesión de bienes y enseres domésticos.

La identificación del índice de localidades y microrregiones pobres en este programa se basó en indicadores agregados de la población, con aspectos sobre analfabetismo, ocupación, tamaño de los hogares y diversas características del equipamiento y servicios de las viviendas. Este índice tiene cinco estratos de marginación: muy baja, baja, media, alta y muy alta. El primer elemento fue considerar a localidades menores de 2 500 habitantes que tuvieran escuela y clínica en un radio de cinco kilómetros a la redonda y de ahí se seleccionaron, bajo el criterio de Conapo, aquéllas ubicadas dentro de alta y muy alta marginación. Bajo este criterio se excluyeron a las localidades más pobres por no contar con dichos servicios.

El proceso seguido para llegar a determinar las familias que serían beneficiadas en la primera etapa fue de la siguiente manera: seleccionaron los municipios que contaban con la mayor marginación a nivel nacional con base en información secundaria generada por INEGI, posteriormente determinaron cuáles localidades serían beneficiadas y finalmente, con información captada a través de entrevistas a familias, determinaron a los beneficiarios. La evaluación inicial para identificar a las familias que requerían el apoyo se realizó con la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares 1997 y la encuesta de Evaluación de los Hogares 1998, (ENCASEH-ENCEL), con un muestreo de 24 mil 500 hogares y 506 localidades. Del total de localidades encuestadas, 37 por ciento sirven de control, ya que no son beneficiadas por Progresa (Progresa, 1999: 393-395).

Entre la selección de localidades y población, los indicadores utilizados son diferentes, para el primero se tomaron como fundamentales el porcentaje de población analfabeta, viviendas sin agua, sin drenaje, sin electricidad, sin piso de tierra, de población ocupada en el sector primario y el número de ocupantes por cuarto, mientras que para determinar las familias a beneficiar con información captada en entrevistas, se utilizó una técnica multivariada (análisis discriminante) o lo que Boltvinik señala como "método de normas reveladas de NBI", el cual se basó en el número de ocupantes por cuarto, piso de tierra, índice de dependencia, acceso a la seguridad social, número de niños de 0 a 11 años, sexo del jefe del hogar, posesión de refrigerador, de lavadora, de estufa de gas, de vehículo y baño con agua.

Estas dos formas de seleccionar localidades y familias se aleja de los objetivos planteados por el programa en cuanto a mejorar las condiciones de vida a través de la educación, salud y alimentación, contradiciendo el método de la selección con indicadores muy diferentes, dificultando de gran forma las evaluaciones al programa.

La herencia recibida de Progresa a Oportunidades está cargada de deficiencias, que es necesario se resuelvan de la mejor manera, sin afectar a la población más necesitada que espera seguir contando con el apoyo; asimismo, es importante empadronar a las familias que no han sido beneficiadas en estas regiones pobres, de tal forma que sea posible verificar si son sujetos de recibir los beneficios de Oportunidades. Indudablemente se han visto cambios, como es el caso de dar atención a jóvenes estudiantes de preparatoria y la incorporación de las zonas urbanas marginadas, sin embargo, aún quedan cosas que hacer de las iniciadas en Progresa.

 

La región

La región totonaca se encuentra localizada geográficamente entre los paralelos 19°58'40" y 20°31'45" de latitud Norte y los meridianos 97°34'27" y 98°15'27" de longitud Occidental. La altitud varía de 540 msnm en Huehuetla y Jopala a 1 560 msnm en Tepango de Rodríguez. Se conforma de dos microrregiones, la región norponiente, conformada por tres municipios, y la región nororiente, donde se concentran los 17 municipios totonacos restantes. La región se puede apreciar en el mapa de la página siguiente.

El estudio se realizó en la región totonaca, integrada por 21 de los 64 municipios que conforman la Sierra Norte de Puebla. Los totonacos representan 27 por ciento del total de la población que habla un idioma indígena en el estado. De acuerdo con el censo del 2000, se tiene una población indígena totonaca de 100 090 habitantes (considerando a los menores de cinco años), población que está distribuida en 25 121 hogares. La región se caracteriza por índices de bienestar que se encuentran muy por debajo de las condiciones que un individuo requiere para una vida digna, y por supuesto abajo también de la media nacional. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2001) 15 de los 21 municipios son considerados en el extremo de la marginación (muy alta marginación) y los otros seis municipios se encuentran en marginación alta. Es característico observar escasos recursos productivos, falta de vías de comunicación, analfabetismo, desnutrición, que aunados a las características físico-geográficas hacen de esta una región con una problemática compleja y difícil para desarrollar actividades agrícolas y para la vida en general.

Gráfica 1

Como una de las características interesantes, observamos que en 16 de los municipios totonacos se cuenta con una población hablante de la lengua indígena de poco más de 90 por ciento, con un nivel de pobreza considerado en los mismos niveles porcentuales o más. En tres de los 21 municipios existe una población totonaca relativamente baja, como es el caso de Jalpan con 7.7 por ciento, Tlacuilotepec con 20.3 por ciento, Zihuateutla con 23.5 por ciento. El municipio de Ahuacatlán, que cuenta con 93.5 por ciento de la población indígena, y de éstos 47.6 por ciento de la población es totonaca, y la restante, nahua. En el municipio de Tuzamapan de Galeana, 47 por ciento es población indígena, y de ésta, 32 por ciento es hablante del totonaco.

 

Características del área de estudio

El área de estudio comprende los municipios de Huehuetla, Hueytlalpan, Olintla y Zapotitlán de Méndez, los tres primeros están considerados como de marginacion muy alta, y el último, con alto nivel de marginación. La población totonaca de esos municipios es de 88, 88, 94 y 71 por ciento, respectivamente.

La tasa de crecimiento anual en los últimos 20 años fue de 4.5 por ciento, pero sobresalen los municipios de Hueytlalpan y Zapotitlán, con una tasa un poco mayor a seis por ciento. Hueytlalpan ocupa el primer lugar en marginación estatal, Huehuetla el tercero y Olintla el sexto lugar.

La población analfabeta representa 41.2 por ciento, mientras que sin primaria completa de 15 años y más tiene 67.5 por ciento en promedio en los cuatro municipios.

La vivienda, a nivel municipal, muestra niveles con una marginación preocupante. El único municipio que muestra algunos contrastes positivos es el de Zapotitlán en comparación con los otros tres municipios que se muestran más homogéneos en sus condiciones de la vivienda (cuadro 1).

 

Metodología

El trabajo se desarrolló mediante la técnica de entrevista, utilizando el cuestionario como instrumento. Dado el universo de la población que representa la región totonaca, se consideró importante realizar un muestreo y se determinó estudiar sólo una parte de los municipios. Con información previa de fuentes secundarias se seleccionaron los municipios de Huehuetla, Hueytlalpan, Olintla y Zapotitlán de Méndez.

Una vez seleccionados los municipios, se decidió obtener una muestra estadística en cada municipio. Se utilizó un muestreo cualitativo usando la variable de autocalificación de su nivel de vida. Esta variable se obtuvo mediante una prueba piloto y fue de gran importancia y determinante para definir el tamaño de muestra. En la encuesta piloto se estudiaron los valores de la variable, "se considera pobre". Con los resultados de la autocalificación de "pobre" en la encuesta piloto se obtuvieron los estándares de p_n = 0.75 y q_n = 0.25, donde p_n significa la proporción de la población con la característica de interés (se considera pobre) y q_n la proporción de la población sin esa característica. La confiabilidad de la muestra fue de 95 por ciento y 5 por ciento de precisión.

Siguiendo el procedimiento y sustituyendo en la ecuación, se calculó el tamaño de muestra para cada municipio. El número de familias seleccionadas fueron: 66 en el municipio de Huehuetla, 44 en Hueytlalpan, 61 en Olintla y 42 en Zapotitlán, lo cual conforma un total de 213 familias.

Con el tamaño de muestra definido se procedió a levantar entrevistas en cada municipio, seleccionando en forma aleatoria a los jefes de familia, según los padrones de Progresa y listados municipales para familias no participantes. De acuerdo con la importancia del estudio, el porcentaje de familias entrevistadas fue de 75 por ciento a familias participantes en Progresa y el restante 25 por ciento a familias no participantes. Para el análisis estadístico se usaron las pruebas de χ², correlación y prueba de t de Student.

 

Resultados

Tratando de dar respuesta al objetivo planteado de realizar un análisis comparativo de las condiciones de vida de los pobres de la región totonaca atendidos por Progresa y aquéllos que no fueron beneficiados (participantes y no participantes) se realizó un análisis de los principales elementos que caracterizan la pobreza: el patrimonio básico o carencia de bienes durables, la pobreza en la vivienda, el ingreso y características de la educación.

Patrimonio básico

Estudios recientes realizados por Boltvinik² señalan la necesidad del análisis del patrimonio básico como parte importante de los bienes que necesita una familia para no ser considerada como pobre. De los seis grandes indicadores de carencias que el mismo autor señala, el patrimonio básico o carencia de bienes durables (CBD), es un indicador parcial del análisis de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Ninguna familia encuestada cuenta con los nueve bienes mínimos considerados en la canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE). En ninguna de las 210 familias entrevistadas encontramos la existencia de automóvil, motocicleta, bicicleta, lavadora y bomba de agua. La distribución entre los participantes Progresa y no Progresa, es homogénea en el sentido de que ambos carecen de dichos bienes.

De los pocos bienes que poseen, el radio sigue jugando una de las principales funciones como medio de comunicación, diversión y entretenimiento en las familias de la región, por ello es importante reconocer que cerca de 70 por ciento de las familias cuenta con un radio o una grabadora, como se observa en el cuadro 2. Sin embargo, no existe diferencia significativa entre familias participantes y no participantes de Progresa poseedoras de este bien, de acuerdo con la prueba de ji-cuadrada (χ² = 0.398; p = 0.528).

Desde la ciudad de Cuetzalan del Progreso, Puebla, se transmite una señal de radio en forma diaria en náhuatl, totonaco y castellano, bajo formatos originales se escucha música y se transmiten noticias y recados a las familias de la región. La estación XECTZ, La Voz de la Sierra Norte, forma parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas y transmite en los 1350 kiloherzios, en amplitud modulada, con 5 000 vatios de potencia, su señal llega a localidades ubicadas en 64 municipios del estado de Puebla, así como a 18 municipios de Veracruz. Esta estación de radio juega un importante papel en mantener los valores culturales en la zona noreste de la Sierra Norte de Puebla y la Sierra de Papantla, Veracruz, zona mejor conocida como Totonacapan, donde predomina la música de xochipitsauak y el huapango.

El 30 por ciento restante de las familias encuestadas carecen de radio y permanecen en una condición de desventaja informativa respecto de quienes sí cuentan con ese bien, pues tardan más en conocer los acontecimientos que ocurren en otros espacios geográficos, aun cuando esto no quiere decir que estén absolutamente desinformados. La televisión no ha podido sustituir al radio como medio dominante de comunicación en virtud de su alto costo y las dificultades físicas para la recepción de la señal televisiva en la serranía. Sólo 14 por ciento de las familias incluidas en la muestra de estudio cuenta con una televisión en su hogar (11.3 por ciento para familias participantes y 19.7 por ciento para no participantes, sin embargo, se encontró que no existe diferencia significativa (χ² = 2.668 ; p = 0.102).

Aun cuando tengamos presente la visión occidentalista del consumo, eso no implica que no deban contar con los bienes indispensables, pero en esas condiciones de pobreza gran parte de las familias carecen de recursos para obtener sus alimentos, la pregunta lógica es ¿para que sirve una estufa o una licuadora? Si hablamos de necesidades básicas optaríamos desde luego por satisfacer la alimentación y posteriormente surgirían otras necesidades secundarias, también importantes, pero de segundo plano.

Es claro que en estas regiones no puede asumirse que, para mejorar las condiciones de vida de las personas, éstas deban tener todo el conjunto de bienes cuya posesión es reconocida por los especialistas como indicador de que no se vive en la pobreza, sin embargo, observar si la población en estudio posee o no esos bienes nos da una idea de la situación que están padeciendo.

Aun cuando no es considerable el número, existen 12 familias (5.7 por ciento) que tienen máquina de coser. Es importante señalar que este bien lo poseen fundamentalmente familias que han aprendido a realizar algunas artesanías o productos que venden en las ciudades, como una alternativa en la búsqueda de ingresos familiares.

La pobreza, el aislamiento geográfico y las costumbres marcan el tipo de formas de vida. Es necesario señalar que sólo 10 por ciento de las familias posee una estufa, pero pocos de quienes la tienen realmente la utilizan, ya que su posesión es producto de un regalo de algún familiar que salió a trabajar a la ciudad, pero resulta más fácil conseguir leña que contar con el combustible requerido, toda vez que no hay un buen abastecimiento de gas o en muchas ocasiones los propietarios de la estufa carecen de suficientes recursos económicos para comprarlo.

El uso de la plancha, considerado como un bien indispensable en la zonas urbanas, en estas comunidades pasa inadvertido, así lo demuestra el número tan reducido de familias que la poseen (7.6 por ciento), mientras que 18.6 por ciento de las familias poseen licuadora. En ambos casos no existe diferencia significativa entre participantes y no participantes en cuanto a la posesión de estos bienes, (χ² = 1.292 y p = 0.256, para el primero y χ² = 1.099 y p = 0.294, para el segundo); además, se encontró que la mayoría de ambos grupos carecen de estos bienes.

Tratándose de un ámbito rural, también es importante considerar que ninguna de las familias entrevistadas cuenta con animales de carga, de trabajo o como medio de transporte, aunque éstos no formen parte de la CNSE. Esta situación señala el grado extremo de las condiciones de vida, por la importancia que representan para el hombre de campo este tipo de animales, sin embargo, no quiere decir que no existan, se observa que estos bienes son poseídos por las familias adineradas que viven en las cabeceras municipales, principalmente. Como mecanismo de transporte sería un buen apoyo, ya que tienen que caminar largas travesías, para la parcela o para apoyarse al salir a comprar alimentos, que son escasos en las localidades. Constantemente se les ve bajando lomas cargando con su mecapal los tercios de leña, las mazorcas, o el café en cereza. En casos de urgencia, tienen que caminar largas jornadas para llevar a los enfermos a la clínica ubicada por lo general en la cabecera municipal, en estos casos ayudaría de manera importante el contar con dichos animales.

 

Características de la vivienda familiar

Para todo colectivo familiar, el espacio más íntimo es la vivienda, en la cual se llevan a cabo diversas funciones, desde la convivencia, la protección y la educación colectiva, como reflejo propio de muchos de los conocimientos heredados. La vivienda se vuelve multifuncional, en ella se localiza el dormitorio, la cocina, el fogón, el almacén de alimentos y la convivencia con los animales domésticos. Se aprende a dormir en espacios inapropiados, lo cual es valorado aun cuando el dormitorio se conforma por las formas más rústicas y sencillas para descansar: la cama se compone de una serie de tablas acomodadas en lo alto, protegidas con trapos o un simple cobertor, que al llegar el día se quitan y dejan el espacio libre para otras actividades o para realizar la limpieza; el comedor lo conforma una mesa rústica, con dos o tres sillas; el hornillo arde casi todo el día para tener el café caliente, cocer las tortillas y otros alimentos; el calor del fuego en la cocina une a la familia al permitir compartir juntos el momento que se acostumbra por las tardes al tomar los alimentos y sentarse a dialogar en torno al fuego del hornillo, cuando el jefe de familia regresa de la jornada de trabajo (generalmente sale a las cinco de la mañana y regresa al atardecer, entre las cinco y seis de la tarde).

La importancia de estas formas es que a partir de que no cuentan con más recursos se han tejido una serie de costumbres y rituales que son propios de su formación cultural y de sus limitantes presentes. Es importante señalar este mecanismo de la colectividad familiar, donde cada uno de los componentes de la vivienda juega un papel importante y diferente de las zonas urbanas.

Desde el punto de vista de salud, indudablemente la vivienda también constituye un elemento de primordial importancia. El hacinamiento revela la falta de espacio de desarrollo individual, es el reflejo de la incapacidad económica de la familia, es la pobreza objetivizada.

De las familias entrevistadas, 30 por ciento carece de vivienda y se encuentra habitando la casa de los padres, el otro 70 por ciento de las familias tiene independencia y cuenta con su propio jacal. Aun cuando son pueblos indígenas, la gran mayoría tienen construida su vivienda en terrenos con características de propiedad privada, sólo cinco por ciento de las familias tienen ubicadas sus viviendas en terrenos ejidales, y de éstas familias sólo 30 por ciento cuenta con papeles de titularidad (terrenos familiares).

Poseer una vivienda no necesariamente implica que ésta tenga las condiciones adecuadas para vivir. Lo que se observa, por el contrario, es la existencia de una pequeña construcción improvisada. Las características de construcción de las viviendas son las siguientes: sus paredes son de materiales de la región, como varas, madera encimada o sobrepuesta en forma rústica (54 por ciento de las viviendas), 24 por ciento con ladrillo y 15 por ciento de piedra de la región. En 56 por ciento de las viviendas se ha logrado que el dormitorio esté separado de la cocina con varas o palos; en una esquina guardan la mazorca que utilizan para hacer sus alimentos durante el año, mientras que en 44 por ciento la choza es un solo cuarto sin división en la cocina y el dormitorio, principalmente se observa que 51 por ciento de las viviendas de las familias que no tienen Progresa se encuentran en esta condición, contra 41 por ciento de las familias que sí cuentan con el programa.

La mitad de las viviendas tienen techo de lámina de cartón, 2.5 de cada 10 están construidas con techo de teja y sólo 14.4 por ciento de las viviendas tienen techo de colado de cemento. La condición de ser beneficiarios o no beneficiarios del Progresa no marca diferencia respecto a los materiales de construcción usados en los techos de las viviendas, como se observa en el cuadro 3.

La gran mayoría de las viviendas tiene piso de tierra aplanado (80 por ciento), 22 por ciento de los participantes en Progresa cuenta con piso de cemento, mientras que sólo 16.4 por ciento de los que no están beneficiados cuenta con éste material en los pisos de su vivienda, como puede ser observado en el cuadro siguiente.

Se constató que no existe diferencia estadística entre los que cuentan con el apoyo Progresa y los que no lo tienen (χ² = 1.000 y p = 0.801 en el caso de material de techo y χ² = 0.840 y p = 0.359 para el tipo de pisos), situación que demuestra claramente que para ambas poblaciones las condiciones son adversas en las condiciones de la vivienda respecto al tipo de piso y material empleado en la construcción de los techos.

Las localidades de Tuxtla y Nanacatlán, pertenecientes al municipio de Zapotitlán de Méndez, posiblemente por su cercanía con la Carretera Interserrana, tienen mayor posibilidad de comercio y con ello mayores facilidades para contar con los materiales de construcción. Se observó que 50 por ciento de las viviendas que cuentan con material adecuado en sus techos, como cemento, se encuentra en estas dos localidades. Esta condición no necesariamente determina que los niveles de pobreza sean considerablemente menores, sin embargo, se constata que los índices de marginación son menores (alta marginación), que los otros tres municipios ubicados en muy alta marginación. También se aprecia que ante ésta situación de ventaja, los habitantes de Tuxtla y Nanacatlán han podido migrar con mayor facilidad y así tener posibilidades de otros ingresos, que por lo menos se manifiestan en la vivienda. Indudablemente que la alternativa de migrar no necesariamente es la forma adecuada de mejorar las condiciones de vida, y tal vez sea una explicación burda de por qué han mejorado la vivienda, a costa de otros sacrificios.

En sólo seis de cada 100 casos, las viviendas cuentan con algún tipo de acabado, es decir, 94 por ciento de las viviendas están construidas con materiales rústicos y no proporcionan a las familias una protección adecuada, toda vez que la mayoría de las viviendas muestran huecos en las paredes por donde se filtra el aire (78.8 por ciento de las viviendas), lo cual propicia enfermedades de vías respiratorias en forma frecuente. En general, las viviendas son poco adecuadas para enfrentar los fenómenos naturales. En el caso de las viviendas de las familias participantes en el programa, 75.5 por ciento no contaba con protección adecuada, siendo que en los no participantes, 77 por ciento de las familias se ubicaban en esta situación. Se encontró que no existe diferencia significativa entre participantes y no participantes (χ² = 0.152; p = 0.696).

Casi todas las familias encuestadas cocinan sus alimentos en fogón con combustible de leña (95 por ciento de las casas), como parte de las recomendaciones del programa IMSS-Solidaridad, sin embargo, existe 21 por ciento de familias que lo realiza en hogueras al ras del suelo. Sólo 10 de cada 100 familias cuentan con estufa de gas.

En promedio, seis personas habitan cada una de las viviendas, donde se muestra un máximo de 15 personas (familia nuclear y extensa) y sólo en 16 por ciento de las viviendas habitan menos de cuatro personas. Se observa que las viviendas de familias Progresa tienen 6.06 personas viviendo en la habitación, mientras que en las viviendas de los no Progresa habitan 5.5 miembros. Sin embargo, no se muestra diferencia significativa entre ambas poblaciones y el número de miembros que habitan la vivienda, en ambos el número es considerable, así se muestra al comparar medias independientes mediante la prueba de t de Student (t = 1.62; p = 0.107), como puede observarse en la gráfica 2.

Destaca el hecho de que el número de personas por vivienda es considerable y no sería tan preocupante si la vivienda contara con condiciones adecuadas, sin embargo, por el tipo de vivienda con que cuentan, la situación se complica. En términos de importancia de salud y conductas sociales, el grado de hacinamiento es realmente fuerte y dañino, en virtud de la falta de condiciones de higiene propicias para que los niños y jóvenes se desarrollen.

El promedio de cuartos por vivienda es de 1.18, mientras que las familias cuentan con 5.9 miembros, esto da como resultado a cinco miembros por cuarto habitando la vivienda, 4.6 para los participantes y 5.17 para los que no cuentan con Progresa, como puede observarse en el cuadro 5.

La basura que se genera es tratada en 45 por ciento de las viviendas, pero la mayoría la quema al aire libre o la arroja en el patio trasero o en los barrancos. En cuanto a la carencia de los servicios públicos necesarios, 95 por ciento de las viviendas que están fuera de la mancha urbana carecen de drenaje, el cual también es arrojado a los barrancos o al patio.

Todas las localidades cuentan con luz eléctrica, sin embargo existen viviendas que no han sido beneficiadas por no contar con el recurso para hacer su instalación, ya que el tendido de la red se encuentra retirado de su vivienda. El beneficio de la luz eléctrica en comunidades alejadas data de menos de una década y se implementaron métodos realmente complicados para el traslado de los materiales, como es uso de helicópteros que arrojaban postes en los caminos más cercanos y la población se encargaba de transportarlos al lugar indicado. A pesar de que las localidades cuentan con el servicio, 28 por ciento de las viviendas aún carecen del beneficio, 39 por ciento de las viviendas de población no incluida en el Progresa carece del servicio eléctrico, y sólo 28 por ciento de las viviendas Progresa carecen de éste. Entre los hogares sin servicio eléctrico, 18.3 por ciento se alumbra con candil, 7.1 por ciento con lámpara de petróleo y 2.3 por ciento con velas.

Aun cuando los datos no son alarmantes en cuanto a la disposición de excretas, las pocas familias que no la disponen en forma adecuada tienden a mantener los focos de infección. Por otro lado, aun cuando se tiene considerada la existencia de letrinas para la disposición de excretas éstas no reciben el mantenimiento adecuado, es decir, no tienen los cercos y techos adecuados, no se tratan con cal y mantienen filtraciones de agua, como se puede apreciar en el cuadro 6.

En el estudio de campo, en las entrevistas a familias y mediante la técnica de observación fue posible detectar que 21 por ciento de las familias excretan al aire libre, 67 por ciento de las viviendas ya cuenta con letrina y 12 por ciento cuentan con baño con fosa séptica y en algunos casos con drenaje. Las familias que no están participando en Progresa manifiestan una problemática mayor, ya que 34.4 por ciento de familias siguen con fecalismo al ras del suelo (13 por ciento más que el promedio general). Mediante la prueba de ji-cuadrada (χ² = 10.142; p = 0.006), se constató que existe diferencia significativa en cuanto a la forma de eliminación de excretas: los no participantes realizan fecalismo al ras del suelo en mayor medida que los no participantes, por lo que sus condiciones de pobreza, en este caso, son aún mayores.

 

Características de la educación de la familia

La edad promedio de los padres entrevistados es de 44 años y de las madres de 40 años. La edad promedio de los padres que participan en el programa es de 41.5 años y los que no participan es un poco mayor, 41.9 años. No existe diferencia significativa de acuerdo a la edad y la participación (t = -0.280; p = 0.779). El promedio de escolaridad en la familia es de 3.6 años, 3.35 para el sexo femenino y 3.8 para el masculino. En la gráfica 3 se muestra la distribución de los años de escolaridad de los padres de familia.

El nivel de escolaridad de los padres de sexo masculino es de 2.7 años, mientras que de las madres 1.8 años, 0.9 puntos más en nivel educativo a favor del primero. Los participantes tienen en promedio 2.75 años de escolaridad, mientras que los no participantes, 2.54 años, sin embargo, no existe diferencia significativa entre el nivel de escolaridad y su nivel de participación en el programa, esto lo pudimos constatar mediante una prueba de medias independientes, que arrojó una t = 0.500 y una significancia igual a 0.618. Se puede constatar el papel marginal de la mujer, que en el aspecto educativo queda relegado, como en muchos aspectos más en nuestra sociedad.

Del total de miembros de la familia mayores de 15 años, 36.1 por ciento son analfabetas, mientras que el restante 63.9 por ciento se considera como alfabeta, existiendo diferencia significativa entre participantes y no participantes respecto a la población analfabeta: hay más analfabetas entre los no participantes (χ² = 7.118; P < 0.008). En el cuadro 7 se muestra claramente que la población no participante en Progresa, 43.9 por ciento es analfabeta, 10.8 puntos porcentuales más que los participantes. El promedio de escolaridad de los mayores de 15 años es igual a 3.48 años.

Se encontró que existe una correlación negativa entre edad y escolaridad, lo que concuerda con un gran número de estudios sobre el medio rural, que indica que los grupos de mayor edad poseen niveles menores de escolaridad.

Al realizar una prueba de t entre edad y escolaridad entre los padres y madres participantes y no participantes no se encontró diferencia alguna, pero se observó diferencia por género entre la edad y escolaridad de los padres, esto muestra una vez más la disparidad de género.

En el caso de los que hablan sólo el totonaco (total de las familias monolingüe), la edad promedio es de 37 años, y la escolaridad, 1.2 años. La población que es monolingüe y que cuenta con el apoyo de Progresa, tiene un promedio de edad de 29 años y cuenta con 1.7 años de escolaridad, mientras que, entre quienes son bilingües, la edad promedio es un poco inferior, de 22 años, y tiene en promedio 4.2 años de escolaridad. En el caso de la población que habla sólo el español, la edad promedio es de 15 años y el nivel de escolaridad es de 5.3 años; para el sexo femenino, el promedio de edad es de 18 años, con 3.9 años de escolaridad.

Esta situación nos muestra que las familias más jóvenes tienen más interés por participar en los programas o por su facilidad de ser bilingües pueden interactuar más hacia el exterior.

Se verifican las marcadas diferencias existentes en la relación entre sexos, siempre en desventaja hacia la mujer, de ahí la importancia de instrumentar programas con visión de género que permita a ambos sexos igualar oportunidades para un adecuado desarrollo de las familias, partiendo desde luego de respetar sus costumbres y tradiciones, para evitar confrontaciones familiares y comunitarias.

Los cambios en los niveles educativos se abocan principalmente a los niños, ni Progresa ni la evaluación realizada por el IFPRI toman en cuenta las condiciones que presenta la familia respecto a la educación, lo cual dificulta en gran medida el aprovechamiento.

 

Efectos de indicadores de educación en Progresa

En lo que respecta al nivel de deserción escolar (primaria y secundaria) en los cuatro municipios estudiados, se encontró que disminuye en 1.84 por ciento del ciclo escolar de 1994-1995 a 1999-2000. Tres años antes de iniciar el programa, el índice de deserción era de 6.64 por ciento, mientras que tres años posteriores al inicio del Progresa disminuye a 4.80 por ciento. A nivel primaria, el índice de deserción es de 2.09 por ciento, mientras que a nivel de secundaria el índice de deserción fue positivo pero en menor medida, de 1.04 por ciento. Es decir, en el primero el índice de deserción era de 6.49 por ciento y disminuye a 4.4 puntos porcentuales, mientras que en secundaria el índice de deserción era mayor que el nivel de primaria, y éste disminuye también, aunque no en el mismo ritmo, es decir, pasó de 7.69 a 6.6 por ciento, de 1994 al 2000.

De un total de 7 425 alumnos antes de iniciar el programa, se tenía que 14.1 por ciento de los alumnos reprobaban. Después de tres años de haber iniciado operaciones el componente educativo de Progresa, para el año 2000/2001 y con una población de 8 417 alumnos, se logra abatir el índice al pasar a 10.2 por ciento de alumnos reprobados (3.9 por ciento menos que al inicio del programa), con una tasa de crecimiento 13.3 por ciento del nivel de existencias. Mediante una prueba de ji-cuadrada (χ² = 76.44; P < 0.00001) se pudo mostrar que esta reducción porcentual fue significativa y que es posible atribuirla al apoyo otorgado por Progresa.

En el nivel de primaria, la población crece 6.4 por ciento y el índice de reprobación antes de iniciado el programa era de 14.5 y disminuye en los tres años posteriores al inicio de programa a 11.6 por ciento, poco representativo, ya que disminuyó sólo 2.9 por ciento.

Respecto a los estudiantes de nivel secundaria, observamos que el índice de reprobación mantiene una tendencia a disminuir en relación de antes y después del programa, al pasar de 11.5 por ciento en los ciclos de 1994-1995, 1995-1996 y 1996-1997 a 4.04 por ciento de estudiantes reprobados para los ciclos escolares 97-98, 98-99y 2001-2002, es decir, disminuyó 7.46 puntos porcentuales, con un crecimiento de matricula realmente considerable de 63 por ciento en los seis años estudiados. Las causas de esta tendencia se pueden imputar como parte de los estímulos ofrecidos por el programa y que está directamente relacionado con la tendencia positiva de la deserción.

De los alumnos de nivel primaria, 42 por ciento están inscritos con edades superiores a los que estipula la normatividad y se va incrementando el porcentaje conforme se avanza en los grados de primero a sexto.

A través de la prueba ji-cuadrada se encontró diferencia significativa en la deserción escolar (χ² = 6.24; probabilidad = 0.012), por lo que se puede afirmar que para el ciclo escolar 2000/2001 los niños de mayor edad han desertado en mayor proporción que los niños que cursan la escuela primaria con edades establecidas por el sistema educativo nacional, consideradas como normales.

 

Ingreso y empleo³

De las familias entrevistadas, 22 por ciento se dedica exclusivamente a trabajar la tierra que posee, mientras que 55 por ciento a la vez de trabajar la tierra propia trabaja como jornalero y 20 por ciento, al no contar con tierra, trabaja constantemente como jornalero. No existe diferencia entre ser participante y no participante en el programa de acuerdo al tipo de actividad que realiza el jefe de familia. Un porcentaje altamente considerable de familias se apoyan con los hijos (60 por ciento) para trabajar la tierra, sobre todo los jóvenes que tienden a abandonar la escuela a muy temprana edad, sin concluir en múltiples ocasiones sus estudios básicos.

Del 77 por ciento de familias que tienen tierra para trabajar, 68 por ciento tiene sembrado café, a la par de este cultivo, 65 por ciento siembra maíz en pequeñas superficies inferiores a una hectárea de tierra (el promedio de superficie por productor es de 0.79 ha). El maíz es totalmente para autoconsumo, mientras que el café se vende al menudeo, generalmente en forma de café en cereza.

Los que aportan ingreso son 1.3 miembros en promedio por cada familia, incluyendo el trabajo de los menores de edad. De acuerdo con información reciente analizada por Boltvinik (1998), para lograr un ingreso familiar que permita poder adquirir la canasta básica de satisfactores esenciales (CBSE), para el año de 1982, un hogar requería 1.75 trabajadores que percibieran el ingreso promedio (salario mínimo), mientras que para 1993 y 1994 éste aumentó a 2.2 salarios mínimos. El principal ingreso obtenido es del producto de la venta del café en cereza que es vendido al menudeo y es de aproximadamente 2 150 pesos anuales por productor.

El ingreso familiar promedio obtenido, sin considerar la actividad del café, es de 380 pesos semanales (387 participantes y 355 los no participantes, mediante la prueba de medias independientes se corroboró que no existen diferencias significativas entre participantes y no participantes (t = 1.290 y un nivel de significancia de 0.198, respecto al ingreso percibido). El ingreso fundamental es el que obtienen como jornaleros agrícolas (77 por ciento de los que perciben un ingreso fuera de la finca). Por lo general trabajan cuando no tienen actividad en su propia parcela y cuando la necesidad apremia.

Según la actividad que realizan fuera de la finca, el ingreso más elevado es el de trabajadora doméstica, sin embargo, son pocas las personas que se dedican a este oficio (cuadro 8), el de peón de albañilería se ubica al mismo nivel de ingreso que el trabajar como jornalero agrícola, sin embargo, es conocido que esta última actividad cada día ocupa menos trabajadores, debido a la crisis que afecta la cafeticultura.

El ingreso promedio mensual es muy variable, ya que las dos principales actividades que realizan son su propia parcela y como jornaleros agrícolas, y estas actividades dependen de la temporada y de la existencia de trabajo. Los meses que laboran al año, por tipo de actividad, son siete meses como jornalero agrícola, cinco meses de peón de albañilería y doce meses como trabajadoras domésticas.

El rango de edad de los que laboran y aportan ingreso es muy amplio, oscila entre los 11 y 95 años. Hombres y mujeres que son jefes de familia, hijos, hermanos y abuelos aportan ingresos.

Las remuneraciones de los hijos provienen fundamentalmente de las constantes migraciones en busca de empleo a las ciudades cercanas: San Martín Texmelucan y la Ciudad de Puebla, en Puebla; Apizaco, San Pablo del Monte y la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, o Texcoco, en el Estado de México. No se observan migraciones importantes a Estados Unidos. Se intentó probar si los hijos de familiares que no contaban con Progresa migraban más que los que sí contaban con el apoyo, sin embargo, los datos no mostraron diferencias significativas. La información se muestra en el cuadro 9.

La aportación de ingresos según el parentesco en la familia y el municipio tiene un comportamiento similar, mostrando que los jefes y jefas de familia son los que fundamentalmente aportan el mayor ingreso, apoyados en menor medida, pero de gran importancia, por los hijos, sobre todo por el trabajo fuera de la finca.

 

Conclusiones

La problemática de la pobreza de los indígenas en México y en especial de los totonacos de la Sierra Norte de Puebla tiene causas estructurales que se han venido agudizando en los últimos años con la caída de los precios del café y la contracción de las políticas públicas instrumentadas por el Estado mexicano. Esta crítica situación los ha obligado a buscar recursos adicionales mediante diversas estrategias, una de las cuales ha sido la migración.

El concepto de pobreza adoptado por Progresa/Oportunidades en cuanto a la falta de capacidades básicas es rebasado por un sinnúmero de carencias básicas. No basta con intentar crear capacidades para que los pobres dejen de serlo, es necesario complementarlas mediante la participación pública para crear las condiciones de un desarrollo armónico, dando énfasis a las actividades productivas que permitan mejorar el ingreso familiar. Ante los mecanismos de medición de la población objetivo y el reconocimiento de que la pobreza no sólo es la falta de capacidades básicas, sino falta de empleos productivos y servicios públicos, es necesario evitar que el programa se vuelva asistencialista y pueda afectar estos tres elementos. Si se atacaran simultáneamente, se podrían obtener resultados mucho más alentadores en plazos menores que si sólo se espera a que los niños estudien y modifiquen sus condiciones de vida sólo por el hecho de contar con educación básica.

En cuanto a los indicadores que se utilizaron como medios de contraste y de análisis, podemos señalar lo siguiente. Existe una carencia alarmante en cuanto a los bienes básicos que tienen los hogares, la pobreza en este rubro es extrema y no existe diferencia significativa entre la población indígena beneficiada y no beneficiada por el Progresa, manifestación clara de la extrema pobreza en que se encuentran.

Los niveles educativos de los miembros de las familias entrevistadas son sumamente bajos para el total de la población. Existe una relación inversa entre edad y nivel educativo. La población monolingüe cuenta con niveles escolares más bajos que los bilingües y el nivel de analfabetismo es mayor entre los no participantes, con diferencias significativas con los participantes. El nivel educativo es homogéneo para ambas poblaciones.

La principal ocupación basada en la actividad agrícola es el café, que ha sido complementada con el empleo como jornaleros agrícolas y las migraciones temporales a los sitios cercanos, como el Distrito Federal, Puebla y el Estado de México, entre las principales. El ingreso familiar se complementa con el aporte de cada uno de los miembros, sin embargo, los jefes y jefas de familia siguen siendo los que aportan un mayor ingreso a la familia. No existen diferencias significativas en cuanto a las remuneraciones de quien aporta ingresos de beneficiarios y no beneficiarios de Progresa. El ingreso promedio en las cuatro principales actividades que realizan los miembros de la familia es semejante, siendo sumamente bajo e insuficiente para cubrir las necesidades de las familias indígenas.

La crítica situación que están padeciendo los integrantes de la población estudiada se manifiesta en las condiciones de las viviendas que habitan, observable en los materiales de construcción, los espacios con que cuentan, la baja cobertura de servicios públicos como agua, drenaje y luz eléctrica, para ambas poblaciones.

Un número muy elevado de familias que se encontraban en deplorables condiciones de vida no fueron incluidas en el programa. Se puede interpretar de diferentes formas, según apreciación de las familias beneficiadas, no fueron empadronados debido a lo alejado del sitio en que habitan o por las difíciles condiciones para llegar a la vivienda, pero eso no significa que su condición de pobreza sea significativamente diferente de quienes están incluidos en el programa Progresa/Oportunidades. Otra causa importante a considerar es que en el momento del empadronamiento no se encontraban en su vivienda por la necesidad de buscar empleo fuera de la localidad. Se puede ver como un problema operativo, sin embargo, aun cuando fuera de esta manera, es importante reconsiderar esta falla en el programa Oportunidades/Progresa.

Como conclusión general es posible señalar que en la región de estudio no existen diferencias significativas entre la población participante y no participante y en algunos rubros se manifiestan peores condiciones para los no beneficiarios de Progresa/Oportunidades. Por ello es necesario que este programa focalizado evite cancelar apoyos a familias que considera que han logrado el objetivo y superado la pobreza; por el contrario, es importante que se busque la manera de brindar los beneficios a familias que han permanecido al margen de éstos hasta ahora, mediante un nuevo empadronamiento. También es importante ampliar la cobertura mediante la integración y reconsideración de acciones que teóricamente son conocidas y aceptadas como propias de las condiciones de pobreza. Por ello se requiere mayor intervención del Estado en regiones pobres e indígenas de México, dando énfasis en acciones productivas, generación de empleo y mejoramiento del ingreso familiar.

 

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Notas

¹ El coeficiente de Engel, en términos generales, es la proporción del ingreso familiar dedicada a comprar alimentos.

² Se tomó como base para conocer el equipamiento del hogar, el listado utilizado por Boltvinik, donde enmarca diecinueve bienes, de los cuales nueve (bicicleta, grabadora, televisor, ventilador, estufa de gas, refrigerador, licuadora, plancha y lavadora) están dentro de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE), en la cual también se incluyen otros bienes durables, como mesas, sillas, etc. y los otros 10 que aún cuando no se incluyen en la CNSE, son considerados relevantes en el hogar.

³ No se consideró el ingreso proveniente del Progresa.

 

Información sobre los autores

Adrián González Romo. Es profesor investigador de tiempo completo nivel B y Coordinador del Posgrado en Desarrollo en El Colegio de Tlaxcala A. C. Tiene estudios de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Maestría en Geografía Económica por El Colegio de Puebla y Doctorado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del periodo de enero del 2005 a diciembre del 2007. Cuenta con la publicación del libro, El combate a la pobreza en los pueblos indígenas totonacos de Puebla, editado en el año 2005 por el Colegio de Tlaxcala en Coedición con el Colegio de Posgradudos y el Sistema de Investigación Ignacio Zaragoza-Conacyt, y se encuentra en imprenta su el libro, La pobreza en el medio rural. La línea de investigación que desarrolla está orientada al análisis de la problemática de pobreza que padece la población mexicana, fundamentalmente en el sector rural (tanto en el ámbito del impacto de las políticas públicas, los motivos que conducen a la migración y la búsqueda de estrategias para mejorar las condiciones vida). Actualmente se encuentra dirigiendo y participando el proyecto de investigación denominado, 'Migración y Pobreza: Remesas, Condiciones de Vida y Trayectorias Laborales de Migrantes Tlaxcaltecas en Estados Unidos y Canadá', financiado por Fomix-Conacyt. Correo electrónico: agromo@coltlax.edu.mx y aromo@colpos.mx.

Benito Ramírez Valverde. Ingeniero agrónomo especialista en Fitotecnia por la Universidad Autónoma Chapingo. Cursó la maestría en Ciencias en Estadística en el Colegio de Postgraduados y la maestría en Estudios Latinoamericanos en Tulane University. Es profesor investigador por el Colegio de Posgraduados asignado al Campus Puebla. Desde 1991 imparte cursos de posgrado en materias como Estadística, Análisis Regional, Muestreo y Diseños experimentales. Es autor y coautor de diversos artículos científicos, memorias en extenso, capítulos de libros. Ha participado en 11 Congresos internacionales y en 24 a nivel nacional. Fue Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2004. Correo electrónico: bramirez@colpos.mx.

Julio Boltvinik. Formado como economista, se concibe a sí mismo como pobretólogo. Es, desde 1992, profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993; colaborador de La Jornada, donde publica semanalmente la columna Economía Moral, y de Radio Imagen, con un espacio semanal con el mismo nombre. Ha dedicado casi 20 años a estudiar y combatir la pobreza. Sus tres libros más recientes son índice de progreso social. Una propuesta (en coautoría con Amartya Sen y Meghnad Desai), 1992, PNUD, reeditado por la UNAM en 1998; Pobreza y estratificación social en México, 1995, INEGI, y Pobreza y distribución del ingreso en México (en coautoría con Enrique Hernández Laos, 1999, Siglo XXI). Correo electrónico: jbolt@colmex.mx.

Joaquín Alfonso Macias Laylle. Es profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados asignado en el Campus Puebla. Tiene estudios de Ingeniero Agrónomo, especialista en suelos, por la EscuelaNacional de Agricultura. Chapingo, México, Maestro en Ciencias con especialidad en Productividad de Suelos, Colegio de Postgraduados. Chapingo, México y obtuvo el grado de Doctor of Philosophy: Soils Fertility and Crop Production, Iowa State University. E. U.A. Especialista en temáticas relacionadas con el desarrollo rural, ha sido distinguido con numerosos cargos directivos en el Colegio de Postgraduados, el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, el Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática del Gobierno del Estado de Tlaxcala y hasta junio del 2005 fungió como presidente de El Colegio de Tlaxcala. Asesor de 14 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 7 de doctorado. Ha participado en Proyectos Fomix-Conacyt como director de proyectos y colaborador de investigación. Es coautor del libro denominado El combate a la pobreza en los pueblos indígenas totonacos de Puebla, editado en el año 2005 Correo electrónico: amacias@prodigy.net.mx.