Violencia, crimen y desarrollo social en América Latina y el Caribe

 

Violence, crime, and social development in Latin America and the Caribbean

 

Mayra Buvinic, Andrew Morrison y María Beatriz Orlando

 

Banco Interamericano de Desarrollo/Banco Mundial

 

Resumen

América Latina y el Caribe registran, después de África Subsahariana, las tasas de homicidio más altas del planeta. La violencia representa costos monetarios directos para los gobiernos de la región que alcanzan varios puntos del producto interno bruto. Los impactos negativos de la violencia en el desarrollo económico y social no se limitan a estos "gastos incurridos" que ocupan valiosos recursos que podrían utilizarse en proyectos de salud y educación, sino que incluyen la reducción de la productividad de la fuerza de trabajo, reducciones en la acumulación de capital humano y capital social y reducciones en las tasas de ahorro e inversión. Los objetivos de este artículo son: ofrecer un diagnóstico sobre la situación de la violencia en la región, reseñar los impactos negativos de la violencia para el desarrollo y contribuir con el establecimiento de prioridades dentro de una agenda de investigación sobre la violencia en la región.

Palabras clave: violencia, violencia social, criminalidad, desarrollo social, América Latina.

 

Abstract

Latin America and the Caribbean is the region with the highest homicide rates in the planet, after Sub-Saharan Africa. Violence generates direct monetary costs for governments in the region that are equivalent to several percentage points of each country's GDP. However, the negative impacts of violence on economic and social development go beyond these direct costs, and the consequent use of public resources that could be used for education and health. Negative impacts include reductions in labor force productivity, human and social capital accumulation, as well as lower savings and investment rates. The goals of this paper are: describe the status of violence in the region, report negative impacts of violence on the region's economic and social development, and help establish research priorities for future work.

Key words: violence, social violence, criminality, social development, Latin America.

 

Introducción

La violencia se define como "el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica, con intención de hacer daño" (Buvinic et al., 1999) y en sus varias manifestaciones (homicidio, robo, secuestro, violencia doméstica) es uno de los mayores obstáculos al desarrollo y bienestar de la población de América Latina. La región registra, después del África Subsahariana, las tasas de homicidio más altas del planeta (OMS, 2000). La violencia es un mal en sí mismo desde el punto de vista de los derechos humanos y la pérdida de años de vida saludable por parte de la población.

La violencia también representa costos monetarios directos para los gobiernos de la región, costos que alcanzan hasta 8.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en Colombia y magnitudes similares en El Salvador, Brasil, México, Perú y Venezuela (Londoño y Guerrero, 2000). Los impactos negativos de la violencia en el desarrollo económico y social no se limitan a estos "gastos incurridos" que ocupan valiosos recursos susceptibles de utilizarse en proyectos de salud y educación, sino que incluyen la reducción de la productividad de la fuerza de trabajo, reducciones en la acumulación de capital humano y capital social, así como reducciones en las tasas de ahorro e inversión.

Según lo expresado anteriormente, sobran razones para considerar la reducción de los niveles de violencia como uno de los objetivos primordiales de una estrategia para el desarrollo social en América Latina.

 

Crimen y violencia

La definición de violencia de Buvinic et al., citada en la introducción, goza de un amplio consenso en la literatura sobre este tema,¹ e incluye tanto el uso de la fuerza como la amenaza de uso que juega un papel fundamental en las percepciones sobre la violencia y sobre seguridad en un contexto determinado. Estas percepciones son importantes, pues contribuyen a las causas para otros actos de violencia.

La intencionalidad de las conductas excluye de esta definición a los accidentes e incluye el uso de la agresión para resolver conflictos. Esta definición comprende el suicidio y otros fenómenos autodestructivos. Es importante notar que la violencia puede ser física o psicológica y que el uso de la fuerza para hacer daño incluye el abuso sexual. Asimismo, la violencia así definida puede darse entre extraños o conocidos e incluso entre miembros de un mismo grupo familiar.

El crimen, definido como cierta acción ilegal según el sistema judicial, está íntimamente relacionado con la violencia, pero ambos conceptos no son equivalentes. La definición de violencia hace énfasis en el uso o amenaza de uso de la fuerza con la intención de dañar, mientras que la definición del crimen presta mayor énfasis a la descripción y tipificación de ciertas conductas ilegales. Es así como existen tanto el crimen no violento (fraude, hurto, prostitución sin coerción) como la violencia no criminal (ciertos casos de violencia ejercida por el Estado y la violencia doméstica en los países donde aún no forma parte del sistema penal) (Buvinic et al., 1999).

La violencia es un fenómeno complejo, multidimensional y que obedece a factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales. Los fenómenos que acompañan al comportamiento violento cruzan, constantemente, las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad. A su vez, la violencia tiene consecuencias que abarcan diversos ámbitos individuales, familiares, comunales y sociales. La propia multidimensionalidad de la violencia genera distintas manifestaciones de la misma o distintos tipos de violencia. Los criterios más comunes para clasificar la violencia junto a la tipología que originan se reseñan en el cuadro 1. La categorización de la violencia es útil para su estudio y para el diseño e implementación de políticas destinadas a la prevención y el control de uno o varios tipos combinados de violencia.

En muchos casos, las situaciones violentas responden a una combinación de distintos tipos de violencia, por ejemplo, la violencia de las pandillas es mayoritariamente violencia física y psicológica instrumental con fines económicos y sociales, dentro de un contexto urbano. La violencia doméstica contra la mujer por parte de la pareja es, en ciertos casos, violencia instrumental para obtener el control de los recursos económicos del hogar o ejercer control sobre la mujer. Pero ambas formas frecuentemente también tienen un componente emocional —el hacer daño— que retroalimenta a la violencia si ella es exitosa. Adicionalmente, las distintas manifestaciones de la violencia muestran profundas interrelaciones causales. Existe evidencia teórica (modelos de aprendizaje del comportamiento) y empírica sobre la influencia determinante de la violencia doméstica sufrida o presenciada por niños sobre el desarrollo de conductas violentas diversas como adultos (Berkowitz, 1996, citado en Banco Interamericano de Desarrollo, 2000, y Buvinic y Morrison, 2000).

 

Causas de la violencia

La violencia es un fenómeno complejo que tiene múltiples causas y, a la vez, estas causas se relacionan entre sí. Desde el punto de vista del diseño e implantación de políticas públicas para combatir la violencia, es necesario identificar los factores de riesgo del comportamiento violento.² Al analizar los factores de riesgo y protección consideramos útil distinguir aquéllos que operan a los siguientes niveles: individual, del hogar, comunitario o de la sociedad (cuadro 2). Al analizar la conducta violenta utilizando un prisma temporal, los factores asociados a la violencia se pueden organizar en: predisposiciones biológicas y antecedentes sociales, características situacionales y evento desencadenante. A continuación se resumen las principales causas de la violencia, según distintas disciplinas.

Bases biológicas

Los factores genéticos y biológicos, así como el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, aumentan la predisposición a exhibir conductas agresivas y violentas. Se piensa que las influencias genéticas, si se documentan, involucrarán varios genes y fuertes interacciones con el medio ambiente (Reiss y Roth, 1993). Pero los estudios demuestran cada vez más que existe un vínculo entre la violencia y anomalías cerebrales y neurobiológicas, la gran mayoría de ellas prevenibles. Factores que aumentan la actividad o reactividad del cerebro (traumas) o disminuyen su capacidad moderadora de impulsos (abuso o abandono infantil, abuso de alcohol o drogas) aumentan la capacidad del individuo para responder en forma violenta (Perry, 1996).

Las experiencias de la infancia temprana tienen una importancia desproporcionada en la organización del cerebro adulto. Ambas, la negligencia física o la emocional en las etapas prenatal y de la infancia temprana, como la exposición del infante a la violencia traumática, alteran el desarrollo del sistema nervioso central, predisponiendo a la violencia. Estos eventos también contribuyen a su aprendizaje, subrayando la interacción entre lo biológico y lo ambiental.

Aun cuando el daño cerebral de por sí o el abuso infantil de por sí no conducen necesariamente a la violencia y la violencia se da sin la presencia de daño cerebral o abuso previo, la combinación de anomalías cerebrales y abuso infantil aumenta significativamente la probabilidad de una futura conducta violenta.

El consumo de alcohol y ciertas drogas "modifica el procesamiento de la información y los procesos evaluativos... reduciendo los umbrales, limitando la revisión de opciones e impidiendo el raciocinio" (McAlister, 2000). Resultados para 16 países confirman la relación existente entre consumo de alcohol y crimen violento (Markowitz, 2000b). Según Markowitz (2000a) un incremento del impuesto a la cerveza reduciría la probabilidad de asaltos, mientras que la despenalización de la marihuana y una reducción en el precio de la cocaína resultarían en mayores robos y asaltos en Estados Unidos. En el caso de la cocaína, uno de los principales efectos es el incremento en robos y otros crímenes contra la propiedad que comenten los adictos con la finalidad de obtener fondos para la adquisición de la droga. Por otra parte, en el caso del crack, que es un sustituto barato de la cocaína, Grogger y Willis (1998) encuentran una relación directa entre violencia interpersonal y consumo, mas no una relación lineal entre violencia contra la propiedad y consumo.

Carácter aprendido

La conducta violenta se aprende y la primera oportunidad para aprender a comportarse agresivamente surge en el hogar, observando e imitando la conducta agresiva de los padres, otros familiares o incluso personajes que aparecen en programas de los medios de comunicación masiva (Bandura, 1973). Las reacciones de los padres que premian las conductas agresivas de sus hijos y el maltrato infantil por parte de ellos son algunos de los mecanismos mediante los cuales los niños aprenden, a una temprana edad, a expresarse en forma violenta (Berkowitz, 1996). El niño aprende a asociar estímulos agresivos con conductas violentas y a responder con violencia a frustraciones u otros eventos nocivos. A pesar de que los niños que han sufrido abuso no necesariamente repiten cuando crecen el tipo de abuso experimentado, y que los adultos violentos no necesariamente han tenido una niñez sufriente, los estudios muestran una relación significativa entre la victimización durante la niñez (tanto los niños que son maltratados, como los que son testigos del abuso crónico de otros familiares) y la propensión posterior a conductas violentas (Dahlberg, 1998). La violencia también se aprende en la escuela y la calle.

Factores demográficos

La edad, la densidad poblacional y el género influyen en la violencia por medio de mecanismos distintos y pueden servir para predecir, en forma muy general, las tendencias de violencia en la sociedad. En Latinoamérica, como en otras regiones del mundo, los homicidios son perpetrados mayormente por hombres jóvenes. Entre los factores que predisponen a los jóvenes a escoger actividades violentas se encuentran las altas tasas de desempleo juvenil, la impunidad en el sistema judicial y el acceso fácil al alcohol, las drogas y las armas de fuego. A esto se le puede añadir la cultura de violencia en los medios de comunicación, que lleva a la imitación de la violencia y a la disminución de las inhibiciones sociales.

El crecimiento y aumento en la densidad poblacional, especialmente en las grandes ciudades, aumentan el estrés, la frustración y el anonimato que instigan la conducta violenta (Calhoun, 1962). Una de las pocas diferencias entre los sexos que surge antes de los dos años es la conducta agresiva. Las niñas son menos agresivas que los niños (Maccoby y Jadelin, 1974).

En América Latina, patrones culturales autoritarios en la familia, derivados del Derecho Napoleónico, acentúan y refuerzan esta diferencia entre los sexos. Según éste, el pater familias es dueño de la vida de la mujer y de sus hijos, situación que lleva a éstos a una gran vulnerabilidad frente a la violencia. La mujer está además condicionada por sistemas legales que protegen en forma desigual a los hombres y las mujeres. Este sesgo legal contra la mujer se convierte en un obstáculo importante para la prevención de la violencia contra ella (Mahoney, 1994).

Factores económicos

El enfoque económico del crimen se basa en el trabajo de Becker (1968), según el cual el agresor realiza una decisión racional al incurrir en actividades ilegales o violentas, después de examinar el costo-beneficio de las mismas y tratar de maximizar su beneficio. Es decir, dadas las valoraciones y objetivos del agresor potencial, éste responde al beneficio esperado y al castigo esperado del comportamiento violento.

Diversos estudios empíricos en el continente dan soporte a la afirmación de que la violencia (medida utilizando tasas de homicidio, robo y violación) responde a cambios en el castigo esperado (Banco Mundial, 2001). Otro grupo de estudios económicos se concentra en los beneficios del crimen y la violencia, encontrando, en el caso de los actos violentos con motivación económica, que a mayor desigualdad de ingresos el beneficio esperado dado por la diferencia entre el ingreso de la víctima y el ingreso del agresor, y por lo tanto la probabilidad de conductas violentas, es mayor (ibídem).

Aun cuando no existe evidencia empírica concluyente con respecto al impacto de la pobreza sobre la violencia, algunas condiciones que están presentes en situaciones de pobreza, tales como el hacinamiento y el desempleo, incrementan significativamente la probabilidad de violencia (Buvinic et al., 1999). Fajnzylber et al. (2001) realizan un estudio sobre los determinantes macroeconómicos de la violencia a nivel mundial, empleando un panel de 45 países durante el periodo 1970-1994.³ El modelo estimado explica gran parte de la variación de la tasa de homicidios y la variación de la tasa de robos a nivel mundial. Sus resultados indican que la tasa de crecimiento del PIB reduce la violencia, la desigualdad de ingresos incrementa significativamente la violencia y la tasa de violencia en el pasado determina en forma importante la tasa de violencia presente.

Por otra parte, el nivel de ingresos promedio de cada país y la escolaridad promedio no tienen un efecto concluyente sobre los niveles de violencia por países, aunque las diferencias de ingreso y escolaridad distinguen a grupos violentos de grupos no violentos dentro de los países. Dados estos resultados, los autores concluyen que el nivel actual de desarrollo de un país no es tan importante para explicar los niveles de violencia, como la reducción de la desigualdad, el crecimiento económico y el nivel de violencia preexistente. La presencia empírica de inercia de la violencia comprueba el carácter aprendido de la misma (transmisión intergeneracional de la violencia), así como la interacción temporal entre distintos tipos de violencia, el entorno y las normas de una sociedad.

Factores protectores. El capital social

Las instituciones efectivas de control social cumplen un papel central en disuadir el comportamiento violento. Estas instituciones incluyen la policía y el aparato judicial y penal en el sector público, así como las iglesias y las organizaciones sociales y comunitarias en el sector privado. En América Latina, la debilidad de las instituciones de control social en el sector público, y la consecuente impunidad de la conducta criminal es vista por muchos como uno de los factores de riesgo principales de las altas tasas de violencia criminal (Sanjuan, 1998). Aunque hay evidencia creciente de que la severidad de las penas no tiene un efecto de disuasión significativo, la probabilidad de ser aprehendido y procesado puede tener impacto y la probabilidad de actuar en forma violenta aumenta en la medida en que los costos o incentivos negativos disminuyen. Un papel similar de control social juegan las instituciones y grupos privados que fomentan lo que hoy se llama el capital social, entendido como las características de la organización social, incluyendo la confianza, las normas y las redes sociales, que, al facilitar acciones coordinadas, pueden mejorar la eficiencia del funcionamiento social (Putnam, 1993). Por lo cual se puede concluir que las comunidades con poco o deficiente capital social deben ser más susceptibles a la violencia. Las altas tasas de migración parecen contribuir a la reducción del capital social, puesto que representan una ruptura de los vínculos comunitarios. La reducción del delito puede contar con más éxito cuando las soluciones involucran la participación comunitaria. Asimismo, la atención y prevención de la violencia doméstica puede ser más efectiva cuando existen fuertes redes sociales. El estudio de la relación entre el capital social y la violencia es de carácter reciente y confronta el problema de la doble causalidad existente entre ambas variables. Estudios en Jamaica (Moser y Holland, 1997), Guatemala (Moser y McIllwaine, 2001a), y Colombia (Moser y Mclllwaine, 2001b), reportan que la violencia destroza el capital social. Estos trabajos también evidencian que la debilidad del capital social y la existencia de capital social perverso para compensar dichas debilidades forman un ambiente propicio para el comportamiento violento.

 

Situación actual de la violencia

Cuantificar la violencia o construir indicadores precisos de magnitud para cada una de sus múltiples manifestaciones presenta dificultades importantes. Algunas fuentes de información son los organismos de seguridad, estadísticas judiciales y las estadísticas de salud, las cuales presentan notable subregistro. Entre las estadísticas oficiales, la más confiable y utilizada es la tasa anual de mortalidad bruta por homicidios por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, las estadísticas de homicidio deben interpretarse con cautela, puesto que son muy sensibles a revisiones en la metodología de recolección que han sido comunes a muchos países de la región. El homicidio es el acto violento de mayor gravedad, pero su relación con otros actos violentos no es necesariamente lineal y en muchos países la incidencia de delitos contra la propiedad, sobre los que se tienen pocas estadísticas confiables en Latinoamérica, no guarda una relación directa con el homicidio.

Adicionalmente, existen hechos violentos, como la violación y la violencia doméstica, que rara vez son denunciados, incluso si son reconocidos por el sistema legal como crímenes. La falta de denuncia se debe, en parte, a la falta de capacidad —real o percibida por la población— de las autoridades para combatir el comportamiento violento y dar protección a la víctima contra futuras represalias por parte de los agresores. Es por ello que además de las estadísticas oficiales es necesario contar con encuestas de victimización, así como con encuestas especiales para detectar la violencia doméstica.

Aunque existen pocas encuestas de victimización en la región, las que se han realizado dan fe del elevado nivel de subregistro de hechos violentos en las estadísticas oficiales. Rubio (1998) estima que en América Latina la proporción de incidentes violentos que son denunciados fluctúa entre 15 y 30 por ciento de todos los cometidos. La falta de sistemas de información sobre la magnitud de la violencia para cada tipo de comportamiento violento en la región, tanto a nivel agregado como a nivel local obstaculiza el desarrollo de mejores intervenciones de política para su prevención y control.

Indicadores de violencia

La omnipresencia y heterogeneidad de la violencia en América Latina puede constatarse, tanto desde el punto de vista de las víctimas (percepción generalizada, medios de comunicación y encuestas de victimización), como desde el punto de vista de estadísticas oficiales, como la tasa de homicidios. En América Latina y el Caribe este índice es muy alto, comparado con el del resto del mundo. Para finales de la década de 1990, según la Organización Mundial de la Salud (2002), al menos diez países en el continente americano registraron tasas de homicidios superiores a la tasa mundial de 8.9 y al menos cuatro países registraron tasas de homicidios superiores a 20, de un total de 19 países para los cuales existen datos (cuadro 3). En términos absolutos, se estima que en América Latina y el Caribe mueren por homicidio entre 110 000 y 120 000 personas cada año (Concha y Villaveces, 2001).⁴

La elevada tasa promedio de homicidios para América Latina oculta importantes diferencias entre países. Guatemala y el Salvador, en Centroamérica, y Colombia, en la región Andina, registraron tasas de homicidio superiores a 50 durante las décadas de 1980 y 1990. El caso opuesto es el de los países del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile), que registran niveles relativamente bajos de homicidio (tasas menores a 10).

En el cuadro 3 también se observa que la tasa de homicidios registra un incremento a nivel mundial durante las tres décadas representadas, como consecuencia de factores demográficos, de la mayor integración de los mercados lícitos e ilícitos a nivel global y de la propia inercia de la violencia en el tiempo (Buvinic y Morrison, 2000). En América Latina, la información incompleta de la que se dispone es insuficiente para establecer tendencias claras a nivel de países. Sin embargo, puede notarse que durante las décadas de 1970 y 1980 se registraron incrementos en la tasa de homicidios en muchos países, especialmente en los países andinos. Estos incrementos en los homicidios dentro del área andina están asociados al conflicto guerrillero y la difusión del narcotráfico en Colombia, así como a reformas macroeconómicas y estructurales que produjeron aumentos significativos en la desigualdad y el desempleo (Buvinic y Morrison, 2000; Arriagada y Godoy, 1999; Banco Mundial, 2002).

Los datos correspondientes a la década de 1990 en el cuadro 3 no son directamente comparables con los de décadas anteriores; sin embargo, se observan reducciones de la tasa de homicidios en algunos países centroamericanos, mientras que se registraron incrementos sustanciales en Venezuela, Brasil, Ecuador y Paraguay.⁵

Las tasas de homicidios nacionales no muestran la gran disparidad urbano-rural de la violencia, ni la disparidad entre distintas regiones y entre ciudades. Tal como se aprecia en el cuadro 4, Medellín, Cali, Ciudad de Guatemala, San Salvador, Caracas y Rio de Janeiro registran tasas de homicidio mayores de 50. Para algunas ciudades se dispone de otras estadísticas, además de la tasa de homicidios.⁶ El robo a mano armada es uno de los hechos más comunes, así como otros delitos violentos contra la propiedad. Las tasas de victimización en Bahía, Cali, Caracas, Río de Janeiro, San José, San Salvador y Santiago oscilan entre 10.6 por ciento (San José) y 38.5 por ciento (San Salvador), lo cual implica una mayor exposición a la violencia de la que indica la tasa de homicidios.

Los habitantes de América Latina, sobre todo en áreas urbanas, viven con una sensación de inseguridad permanente. Esta sensación se ve reflejada en encuestas de opinión pública como las de Latinobarómetro (Latinobarómetro, 2002), en las que la delincuencia figura como uno de los problemas más importantes de cada país junto al desempleo, la inflación, la pobreza y la corrupción. Según la misma fuente, los niveles de confianza interpersonal en la región son bajos, puesto que menos de 16 por ciento de los entrevistados en la región, para el año 1997, expresa que se puede confiar en los extraños.

Esta cifra promedio oculta grandes diferencias entre países: en Brasil, menos de cinco por ciento de la población en estudio expresa que se puede confiar en los extraños; mientras que en Uruguay más de 30 por ciento opina que sí puede confiar en los demás. Los niveles de confianza, que constituyen una medida en relación con el capital social, se han deteriorado entre el año 1996 y el año 2000, para la mayoría de los países latinoamericanos.

La violencia de género

Tanto por razones biológicas (hormonales y fisiológicas) como por razones económicas, sociales y culturales, la mayor parte de los agresores son hombres (Organización Mundial de la Salud, 2002). En muchos casos la violencia se manifiesta contra la mujer constituyendo un tipo de violencia que, según las Naciones Unidas, se define como:

...cualquier acto de violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas... la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada (Naciones Unidas, 1993, citado en García, 2000: 7).

La violencia contra la mujer puede ser de carácter social e incluye la violación y el abuso sexual por parte de extraños durante asaltos en la calle, a hogares o como resultado de una estrategia durante conflictos armados; robos, mutilación genital, tráfico de mujeres para prostitución forzosa y la violencia psicológica, física y sexual en el lugar de trabajo. También incluye la violencia doméstica contra la mujer, que consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual de una mujer por parte de un familiar o de su pareja.⁷

Tanto la violencia social como la violencia doméstica contra la mujer están relacionadas con patrones de género que abarcan las estructuras patriarcales y sitúan a la mujer en una posición subordinada con respecto al hombre, lo cual configura una la falta de equidad entre los géneros desde un punto de vista legal, económico y social. Estos patrones de género pueden mantenerse en diferentes regiones, culturas, niveles sociales y educativos (García, 2000).

Los patrones tradicionales de género ligan la noción de masculinidad a la autoridad, el honor y la agresión. La violencia contra la mujer se diferencia de la violencia interpersonal contra los hombres en cuanto a las modalidades de la misma, sus efectos y la tolerancia social y de la víctima ante su presencia. A nivel mundial y en América Latina, los hombres adultos tienden a ser víctimas de un extraño o de un conocido ocasional, mientras que para las mujeres es más probable ser víctima de un familiar o de la pareja (Heise et al., 1999).⁸ De acuerdo con la información disponible, el problema de la violencia doméstica es la forma predominante de violencia contra la mujer en América Latina (García, 2000), por lo que le dedicaremos mayor atención en esta sección.

Como resultado de unas 50 encuestas comparables a nivel mundial, entre 10 y 50 por ciento de las mujeres declararon haber sido golpeadas o maltratadas físicamente por su pareja actual o una pareja anterior (Heise et al., 1999). Adicionalmente, la violencia doméstica física casi siempre está acompañada por manifestaciones de violencia psicológica y violencia sexual (hasta en la mitad de los casos).

Para América Latina, el cuadro 5 reseña los resultados sobre prevalencia según varios estudios, registrándose una tasa de hasta 36 por ciento de mujeres víctimas de violencia física por parte de una pareja a lo largo de su vida (Haití). Los datos en relación con la violencia psicológica y sexual son igualmente alarmantes, sobre todo si se considera que en muchos casos se combinan los tres tipos de violencia.

En su trabajo seminal sobre la violencia doméstica, Heise (1998) emplea un modelo ecológico sobre los factores relacionados específicamente con la violencia doméstica. A nivel social, la autora señala los siguientes factores:

1. Normas que otorgan al hombre poder sobre la mujer.

2. Aceptación de la violencia como forma de resolver conflictos de pareja.

3. Estructuras rígidas de género. A nivel de la comunidad, los factores más importantes de riesgo son: pobreza y desempleo, delincuencia, aislamiento de la mujer y la familia de interacciones con la comunidad; a nivel de la relación de pareja, los factores de riesgo son:

3.1. Conflictos matrimoniales.

3.2. Conflictos con parientes.

3.3. Control de los bienes económicos y las decisiones del hogar por parte del hombre exclusivamente. Desde el punto de vista individual del agresor, los factores que incrementan el riesgo de comportamiento doméstico violento son: ser hombre, presenciar violencia matrimonial en la niñez.

3.4. Ser víctima de abuso, rechazo o abandono en la niñez.

3.5. Uso de alcohol. En el cuadro 6 se resumen los factores de riesgo presentes para las mujeres víctimas de violencia doméstica según varios estudios realizados en la región.⁹

América Latina es la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998), lo que contribuye a los altos niveles de violencia en la región. La desigualdad genera tensión social e incentivos económicos que son factores importantes para el robo, asalto callejero, secuestro y robo a mano armada. La principal causa de la desigualdad de ingresos en la región es la desigualdad en remuneraciones, lo cual se debe en parte a los diferenciales en cantidad y calidad de la educación dentro de la población (ibídem).

A nivel agregado, la pobreza en sí misma no necesariamente causa violencia (Arriagada y Godoy, 1999, y Fajnzylber et al., 2001). Sin embargo, la pobreza origina sentimientos de estrés y frustración que pueden desencadenar comportamientos violentos si están acompañados por desempleo (exclusión económica) y hacinamiento en barrios urbanos recién conformados (ruptura del capital social) (Buvinic et al., 1999 y Moser y Lister, 1999). En Latinoamérica, los barrios más pobres y en algunos casos de reciente formación de las ciudades registran niveles de diversos tipos de violencia, superiores al resto del área urbana (Organización Panamericana de la Salud, 1996 y McAlister, 2000).

A nivel individual, las diferencias de ingreso y escolaridad distinguen a los grupos más violentos de aquéllos menos violentos, sobre todo en cuanto a la tasa de victimización por homicidio y la probabilidad de cometer homicidios. En las ciudades de Estados Unidos, la probabilidad de ser víctima de homicidio o asalto es tres veces mayor para los individuos que viven en familias con ingresos menores a 7 500 dólares al año, con respecto a los individuos cuyas familias registran ingresos superiores a los 50 000 dólares al año (Rosenberg, 1999: 13, en Moser y Lister, 1999).

Un indicador imperfecto de la probabilidad de cometer homicidios u otros delitos es el perfil del aprehendido o condenado según las estadísticas judiciales o estudios criminológicos basados en encuestas a los criminales. Este indicador es imperfecto, puesto que la captura de criminales por la policía y el sistema judicial es un proceso sesgado por naturaleza. El perfil de los condenados o aprehendidos por varios tipos de crímenes en la región es el de hombres jóvenes, solteros y de estratos socioeconómicos bajos. En el caso de Chile, 71.5 por ciento de los aprehendidos por homicidio declaró no tener oficio o ser obrero (Arriagada y Godoy, 1999), mientras que en Cali, Colombia, un alto porcentaje proviene de hogares donde la madre es jefa de hogar (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a y 2000b).

Los distintos grupos socioeconómicos experimentan la violencia bajo diferentes manifestaciones. Los delitos a la propiedad son más comunes en los barrios latinoamericanos de ingresos medios y altos, mientras que el homicidio, lesiones físicas por conflictos violentos y la violencia doméstica física son más comunes en las barrios de bajo ingreso (Gaviria y Velez, 2001, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a y 2000b).

Violencia étnica

La diversidad étnica es una característica histórica de América Latina, originada por el pasado colonial, los movimientos inmigratorios asociados a las guerras del siglo pasado en Europa y los movimientos migratorios dentro de la región. En muchos países de América Latina no existen estadísticas censales o levantadas mediante encuestas de hogares que permitan realizar estudios nacionales sobre la existencia de discriminación racial y problemas de convivencia étnica en la región. El caso de la violencia no es la excepción y no se dispone de tasas de homicidio por grupos étnicos. Sin embargo, existe evidencia local sobre los niveles de exclusión social y cultural de ciertos grupos indígenas y de raza africana (Borjas, 1995; Katzman, 1999).

En relación con la intolerancia étnica, la encuesta de opinión Latinobarómetro encuentra niveles bajos pero significativos en uno de sus cuestionarios. El cuestionario preguntó: "¿A quién no le gustaría tener como vecinos?" Una gran mayoría de los encuestados en la región (entre 43 y 67 por ciento) respondió que no le gustaría vivir cerca de drogadictos, ni de homosexuales, ni de extremistas políticos, mientras que una minoría importante (entre seis y 12 por ciento) señaló que no le gustaría vivir cerca de un grupo étnico específico (africanos, musulmanes, asiáticos o judíos, según el caso).

Los casos recientes más documentados de violencia étnica en la región están relacionados íntimamente con la violencia política y han tenido lugar durante conflictos armados entre un grupo que detenta el poder político y guerrillas o grupos rebeldes.¹⁰ En el caso de Guatemala, la población indígena fue diezmada y aterrorizada, en un grado mayor al resto de la población, por parte de las fuerzas del Estado durante la guerra civil de 36 años que finalizó en 1996 (Moser y McIllwaine, 2000a). La razón para combatir a los indígenas fue el vínculo existente o supuesto entre éstos y el ejército guerrillero Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, como parte de una política de contrainsurgencia. Durante este periodo se ejecutaron indígenas (hasta unos 150 000) y se adoptaron otras políticas de terror como la violación sistemática de mujeres indígenas y el desplazamiento forzado de indígenas que incluyó la destrucción de 440 aldeas, lo que dejó como legado una cultura del silencio para evitar repercusiones violentas, lo cual condujo a una gran tolerancia ante otras formas de violencia social y doméstica (Moser y McIllwaine, 2000a).¹¹

Las tensiones étnicas tienen como marco, en algunos países, problemas ancestrales de tenencia de la tierra y la exclusión social y económica (Easterly, 2002). Por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, tiene como objetivo proteger a los indígenas ante la explotación y los problemas de tenencia de la tierra. En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra representa a grupos descendientes de africanos que han sido sistemáticamente excluidos de la propiedad de la tierra o expulsados en forma violenta de las tierras que habitaban (Sutherland, 2001). Da Silva (2001) y Rivera (2001) consideran que las reformas agrarias y de tenencia de la tierra son necesarias para mejorar la convivencia entre distintos grupos étnicos, junto con el diálogo y la mediación.

Violencia contra niños y jóvenes

La edad es uno de los factores demográficos que más afectan la probabilidad de ser agresor o de ser víctima. En esta sección se presenta una reseña sobre dos tipos de violencia comunes en América Latina: la violencia contra los niños y la violencia juvenil.

La violencia social y doméstica contra los niños y adolescentes (menores de 18 años) se define como:

...todas las formas de maltrato físico y emocional, el abuso sexual, el abandono, la negligencia en el cuidado, la explotación comercial o de otro tipo, que resulten en daños reales o potenciales para la salud, supervivencia, desarrollo y dignidad del niño, dentro del contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder (Organización Mundial de la Salud, 1999).

Dentro de esta definición, las formas de maltrato infantil presentan algunas peculiaridades que las distinguen del maltrato a los adultos:

1. El maltrato emocional incluye, además de la burla y ridiculización, fallas en proporcionar al niño o a la niña un ambiente apropiado de apoyo para su desarrollo y una figura de referencia.

2. El abandono incluye la omisión de cuidados de salud y la falta de supervisión y protección apropiadas.

3. El abuso sexual incluye toda actividad sexual que el niño o la niña no pueda comprender, se encuentre inmaduro físicamente para realizar o no esté preparado para dar su consentimiento al respecto, incluyendo la prostitución y pornografía infantil de cualquier tipo.

4. La explotación comercial incluye el trabajo infantil.

A nivel mundial se calcula que cada año unos 10 millones de niños quedan con secuelas psicológicas como consecuencia de las guerras y otros tipos de violencia, incluyendo violencia contra los niños (Organización Panamericana de la Salud, 1996). Solamente en Estados Unidos se denunciaron en 1992 más de 2.9 millones de casos de abuso de niños o negligencia en su cuidado (Organización Panamericana de la Salud, 1996). La violencia doméstica física contra los niños suele ser cometida por la madre, mientras que la violencia doméstica sexual suele ser cometida por el padre u otras figuras masculinas como hermanos, tíos y parientes.

En América Latina y el Caribe se dispone de algunas estadísticas incompletas con respecto al maltrato infantil. En relación con el abuso sexual, los siguientes datos dan una idea sobre la magnitud del problema: en Barbados 30 por ciento de las mujeres entrevistadas han experimentado abuso sexual en la niñez; en Costa Rica, 32 por ciento de las mujeres y 13 por ciento de los hombres han sufrido el mismo abuso, y lo mismo ocurrió en Nicaragua a 26 por ciento de las mujeres y 20 por ciento de los hombres (Heise et al., 1999).

Una de las pocas encuestas de niños que se ha llevado a cabo revela que 63 por ciento de los niños chilenos en octavo grado (según datos de una muestra representativa nacional de 1 533 niños), indicó que había experimentado violencia física en su hogar y 34 por ciento de ellos indicó haber sufrido abuso físico severo. Esto parece indicar que el abuso severo contra los niños es tanto o mayor que el abuso similar contra las mujeres (Larraín et al., 1997).

La existencia de unos siete millones de "niños de la calle" en la región está vinculada a distintas formas de violencia infantil, como abandono, violencia doméstica que los empuja a huir del hogar o explotación (Organización Panamericana de la Salud, 1996). Los niños de la calle son objeto también de violencia policial y asesinatos (limpieza social) por parte de escuadrones de la muerte.¹² A su vez, los niños de la calle tienen una alta probabilidad de convertirse en delincuentes, dadas las carencias emocionales y económicas a las que se enfrentan y su falta de oportunidades en la sociedad.

La violencia doméstica contra el anciano es común en Estados Unidos, donde se estima que uno de cada 25 ancianos sufre de abuso (Organización Panamericana de la Salud, 1996). Aunque no se dispone de datos para América Latina, se sospecha que se trata de un problema relevante debido al alto grado de dependencia económica de los ancianos dados los sistemas fallidos de seguridad social y los escasos ahorros de la población.

En América Latina, al igual que en el resto del mundo, la mayor parte de los crímenes, sobre todo homicidios, son perpetrados por hombres jóvenes (entre 18 y 24 años de edad). El perfil del aprehendido en los siguientes casos confirma la afirmación anterior: "en Cali, más de un 70 por ciento de los homicidas condenados tienen entre 20 y 29 años" (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000b); "en Chile, 48.6 por ciento de los homicidas, 28.1 por ciento de los violadores y 61.4 por ciento de los ladrones, tienen entre 15 y 24 años de edad" (Arriagada y Godoy, 1999).

Los hombres jóvenes también registran las tasas más altas de mortalidad por homicidio en la región, convirtiéndose en sus principales víctimas. A nivel mundial, los hombres entre 14 y 44 años registran las más altas tasas de mortalidad por homicidio (gráfica 1). Entre los factores de riesgo para criminalidad juvenil se encuentran el abandono de la escuela secundaria (o el bajo rendimiento escolar) y el desempleo juvenil, que conducen a una falta de oportunidades económicas y sociales. También juegan un papel importante en la violencia juvenil la impunidad del sistema, el acceso al consumo de alcohol y drogas, y la disponibilidad de armas de fuego.

Otros factores de riesgo para el joven son el aprendizaje de la violencia como medio para resolver conflictos en el hogar (violencia doméstica), la escuela, la comunidad y la difusión de actividades favorables a la agresión en los medios de comunicación masiva (McAlister, 2000).

La violencia juvenil es un fenómeno que puede darse a nivel de individuos o en agrupaciones de jóvenes o pandillas urbanas. Las pandillas alcanzan distintos niveles de organización en América Latina y normalmente pertenecer a una pandilla constituye no sólo un medio para cometer actos violentos, sino un fin en sí mismo (McAlister, 2000, Concha y Santacruz, 2002, Moser y McIllwaine, 2000a, 2000b, y Moser y Lister, 1999).¹³ En la raíz de la conformación de las pandillas se encuentran, además de los factores de riesgo individuales para los jóvenes, la desintegración social, falta de acceso a los servicios públicos, la pobreza y el hacinamiento. Las pandillas surgen, en parte, ante la incapacidad de la sociedad para abordar las inquietudes de la juventud y relacionarse con los grupos juveniles de alto riesgo, en concreto, las fallas del sistema educativo para integrar a los jóvenes de los barrios pobres (ibídem).

Los jóvenes latinoamericanos miembros de pandillas y grupos similares buscan en ellas un estilo de vida ('onda', moda, acceso a drogas, un sentido de pertenencia, 'vacilar' y divertirse) que les sirva como escape y protección ante el duro medio ambiente en el que se desenvuelven. Al defenderse entre sí y crear situaciones violentas con miembros de otras pandillas, estos grupos juveniles constituyen una forma de capital social "perverso" (Moser y McIlwaine, 2000a, 2000b y Moser y Lister, 1999) o una especie de sucedáneo para un cierto orden dentro de la caótica vida del barrio y un medio para el desarrollo de la identidad de sus miembros. La pandilla es, a la vez, un producto de la ruptura de un orden social previo (muchas pandillas surgen en barrios de reciente formación durante migraciones a la ciudad) y una forma de socialización que utiliza la violencia para sus propósitos, transmitiendo sus valores a través de una subcultura que incluye música, vestido, jerga propia y el uso de drogas.

Desde el punto de vista económico, estos grupos pueden ofrecer incentivos interesantes a los jóvenes en barrios pobres, pues las pandillas a veces están involucradas con el narcotráfico (McAlister, 2000 y Concha y Santa Cruz, 2002) y otros mercados negros que reportan inusitadas ganancias, aunque a un riesgo muy alto. Desde un punto de vista psicológico, estudios sobre jóvenes violentos encuentran que ellos justifican su propia violencia achacándosela a los demás y deshumanizando a sus víctimas (McAlister, 2000). Una vez que el pandillero supera la adolescencia y juventud temprana, puede abandonar la pandilla y reintegrarse a la vida de la comunidad, o bien, convertirse en jefe de su pandilla, formar una nueva o pasar a integrar una banda criminal profesional (Moser y McIlwaine, 2000a).

 

El costo socioeconómico de la violencia

Además de constituir violaciones a los derechos humanos, todos los tipos de violencia en la región generan profundos impactos negativos para el desarrollo y diferentes tipos de costos para la sociedad en su conjunto. Los costos de la violencia tienen un impacto intertemporal, lo que agrava la carga financiera y social para generaciones presentes y futuras. En el ámbito macroeconómico, la violencia reduce la inversión extranjera y nacional, y disminuye el ahorro interno, perjudicando así las posibilidades de crecimiento a largo plazo. A nivel microeconómico, la violencia desincentiva la inversión de tiempo y dinero en educación e induce a algunos a desarrollar habilidades delictivas en vez de estudiar. También puede disuadir a algunas personas de estudiar por las noches por temor al delito violento. La violencia doméstica contra las mujeres y los niños también frena el desarrollo económico. El abuso afecta el desempeño de los niños en la escuela y, por lo tanto, su productividad futura y el rendimiento de la inversión nacional en educación. Las mujeres que sufren violencia doméstica son menos productivas en sus lugares de trabajo, lo cual es una pérdida directa para la producción nacional.

La atención de las consecuencias de las violencias doméstica y social comporta la utilización de los escasos recursos disponibles en la sociedad. Los gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales podrían, de lo contrario, ser destinados a propósitos más productivos. Conocer los impactos y el costo de la violencia es un paso importante para el diseño de una estrategia social, puesto que contribuye a la conformación de prioridades en la formulación de políticas públicas y constituye uno de los elementos de una guía para la asignación de recursos.

Existen dos enfoques posibles para medir el costo que cobra la violencia a una sociedad: el enfoque global pretende captar la totalidad de los costos de la violencia; el enfoque parcial intenta captar sólo un aspecto del costo total. El enfoque parcial se usa cuando es imposible adoptar el enfoque global, ya sea por falta de datos, por la complejidad de la metodología o cuando se requiere resaltar un impacto específico de la violencia. Dentro del enfoque global se han desarrollado tres metodologías que permiten calcular los costos sociales de la violencia:

1. El enfoque contable, que especifica categorías y estima sus costos, tiene como ventaja que puede utilizarse cuando sólo existe información parcial, pero implica desventajas, como el riesgo de doble contabilización y la arbitrariedad inevitable de la categorización de los costos.

2. Los modelos hedónicos de vivienda o de terreno, que miden el impacto de la seguridad del barrio sobre el valor de la vivienda o del terreno, pretendiendo de esta forma medir la disposición de la población a pagar por la ausencia de violencia, tienen como ventaja la precisión en la medición, pues se controla por muchos factores; pero como desventaja, requieren información estadística muy detallada y de buena calidad. En Estados Unidos, algunas estimaciones que emplean esta metodología establecen una relación inversa entre la tasa de criminalidad de una zona y el valor de la vivienda (Clark y Cosgrove, 1990). Para la Ciudad de México, Teruel et al. (2002) encuentran que los residentes estarían dispuestos a pagar más de 20 por ciento adicional en alquiler de vivienda para vivir en un vecindario con una tasa de homicidio que fuese 50 por ciento inferior a la actual.

3. El método de valoración contingente, que intenta medir el valor que el mercado asignaría a la reducción de la violencia, asumiendo que la seguridad fuese un bien comercializable, tiene como ventaja la posibilidad de generar información donde no exista otro indicador para los costos de la violencia; pero su desventaja consiste en que las valoraciones de las personas dependen de su nivel de ingreso por lo que las estimaciones dependerán del nivel de ingreso de los que participan en el estudio.

En las subsecciones siguientes se presentan algunos datos sobre el costo de la violencia en América Latina, estimados por medio de la metodología contable. Para facilitar la exposición, hemos clasificado a estos costos en: costos directos (monetarios), costos no monetarios, costos económicos multiplicadores y costos sociales multiplicadores. Sin embargo, existen otras categorizaciones posibles.

Costos directos de la violencia

Bajo un enfoque contable, los costos directos de la violencia abarcan el valor de bienes y servicios utilizados para prevenirla, ofrecer tratamiento a sus víctimas y capturar y procesar a los perpetradores. Estos son los resultados de algunos estudios con estimaciones de costos directos de la violencia:

1. En Colombia, el gasto público en seguridad y justicia criminal alcanzó cinco por ciento del PIB en 1996; los gastos privados en seguridad llegaron a 1.4 por ciento del PIB (Cede, 1997: 23-25).¹⁴ Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, los costos de la violencia entre 1991 y 1996, incluyendo tanto la violencia urbana como el conflicto armado, se estiman en 18.5 por ciento del PIB. La pérdida de vidas tiene mayor peso en este costo, con 43 por ciento del total, seguida del exceso de gasto militar, con 30 por ciento; gasto en seguridad, con 23 por ciento, terrorismo, con tres por ciento, y salud, con uno por ciento (Departamento Nacional de Planeación, 1998).

2. En El Salvador, los gastos de las instituciones de gobierno, los costos legales, las lesiones personales y las actividades de prevención representaron más de seis por ciento del PIB de 1995 (Cruz y Romano, 1997: 32).

3. En Venezuela, el gasto público en seguridad fue de aproximadamente 2.6 por ciento del PIB de 1995 (IESA, 1997: 25-27).

4. En Chile, los gastos privados de seguridad ascendieron a cerca de 238 millones de dólares en 1994, monto equivalente a 17 dólares per cápita. Estos gastos se desglosan en los siguientes rubros: servicios privados de vigilancia, 66.8 por ciento; seguros de robo, 7.7 por ciento, y otros productos de seguridad, 14.4 por ciento (PNUD, 1998).

5. En Ciudad de México, los gastos relativos a las medidas de seguridad pública y privada sumaron 181 millones de dólares en 1995 (Fundación Mexicana para la Salud, 1997); la administración de justicia y de prisiones se responsabilizó por otros 128 y 690 millones de dólares, respectivamente.

6. En Lima, el gasto público del gobierno nacional en policía, cortes y prisiones fue equivalente aproximadamente a uno por ciento del producto regional del área metropolitana en 1997, mientras que el gasto privado para medidas de seguridad alcanzó otro 0.41 por ciento del producto regional (Instituto Apoyo, 1997: 26-28).

En el cuadro 5 se presenta un resumen de la importancia de los costos de la violencia para algunos países de América Latina, basado en estimaciones comparables que incluyen costos directos. Es importante tomar en cuenta que las categorías de costos no son mutuamente excluyentes, por ejemplo, la voluntad de los ciudadanos para pagar puede incluir también el valor de un menor impacto de la violencia en la salud; ni completas, pues no incluyen explícitamente el costo de un menor nivel de ahorro e inversión. Los estimaciones más conservadoras de los costos directos de la violencia en cuanto a pérdidas en salud y pérdidas materiales alcanzan una magnitud de hasta 8.4 por ciento del PIB nacional en Colombia y nueve por ciento del PIB nacional en Venezuela.

Las consecuencias y costos de la violencia doméstica contra la mujer, los niños y adolescentes se resumen en el cuadro 6.

Una serie de impactos significativos ocurren sobre la salud mental y física de las víctimas, y posiblemente sus hijos. La violencia sexual hacia mujeres y niños incluye el rechazo al uso del condón y otros medios anticonceptivos dentro del contexto de relaciones sexuales inesperadas y no deseadas, con graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva. La elevada frecuencia de maltrato durante el embarazo incrementa los problemas durante el mismo y afecta la salud del feto (Heise et al., 1999, Buvinic et al., 1999, García-Moreno, 2000).

Estos efectos en la salud representan costos directos significativos para el sistema de salud y la sociedad en su conjunto en América Latina (cuadro 6). Adicionalmente, los costos directos provocados por la violencia doméstica suelen ser recurrentes puesto que, como afirman Heise et al. (1999: 18), las consecuencias para la salud tienen tres características fundamentales:

1. Los impactos sobre la salud persisten en el tiempo (incluso una vez que el abuso ha terminado).

2. Cuanto más grave es el abuso más graves son los impactos en la salud.

3. El impacto de los distintos episodios de abuso es acumulativo a lo largo del tiempo.

Costos no monetarios

Los costos no monetarios incluyen impactos en la salud que no necesariamente generan demanda para la utilización de servicios de salud, como por ejemplo mayor morbilidad, mayor mortalidad debido a homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas y desórdenes depresivos. En la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (2000b), se reseña el resultado de varios estudios con estimaciones de costos no monetarios de la violencia:

1. Anualmente hay nueve millones de años de vida saludables (Avisa) perdidos en el mundo por concepto de violaciones y violencia doméstica, cifra mayor que el total de las mujeres víctimas de todos los tipos de cáncer existentes y más de dos veces el total de Avisa perdidos por mujeres en accidentes de vehículos motorizados (Banco Mundial, 1993).¹⁵

2. En El Salvador se perdieron 178 000 Avisa en 1995 por muertes violentas (Cruz y Romano, 1997: 30). En Perú, la cifra fue de 60 792 (Instituto Apoyo, 1997: 16); 163 136 para Río de Janeiro (ISER, 1998: 42) y en Ciudad de México fue de 57 673 (Fundación Mexicana para la Salud, 1997: 14). Para Caracas no se incluyeron los impedimentos en el cálculo (sólo se incluyeron las muertes); incluso así, se perdieron 56 032 años potenciales de vida en 1995 por homicidios (IESA, 1997: 31).

3. En Colombia, entre 18 y 27 por ciento de todos los Avisa perdidos durante el periodo de 1989-1995 fueron causados por homicidios, mientras que el promedio mundial alcanza sólo 1.4 por ciento. (Cede, 1997: 12-16).

4. La violencia genera una serie de daños psicológicos, semejantes a los vividos en zonas de guerra (Cardia, 1998).

Costos económicos multiplicadores

Los efectos multiplicadores económicos de la violencia son significativos e implican una menor acumulación de capital humano, una menor tasa de participación en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, mayor ausentismo y menores ingresos. Existe evidencia, en el caso de las mujeres que sufren violencia doméstica, de índices más altos de ausentismo y mayor probabilidad de ser despedidas o abandonar sus trabajos (Morrison y Orlando, 1999). Los impactos en la productividad se deben a dificultades en la concentración, desmotivación y al peligro que implica trabajar horas extra o capacitarse en cursos nocturnos. Esta reducción en la productividad tiene impactos intergeneracionales y su efecto negativo sobre el crecimiento económico es significativo (Cotte, 2001, realiza una estimación para Colombia).

A nivel macroeconómico, la violencia implica una menor capacidad de ahorro e inversión en capital físico (Buvinic et al., 1999) con el consecuente impacto en el crecimiento económico (Cotte, 2001). La violencia también causa la omisión de proyectos económicos eficientes o la ubicación de plantas y empresas en lugares subóptimos desde un punto de vista económico pero más seguros. Otro impacto macroeconómico es la reducción de la efectividad de las políticas económicas, sobre todo de la política fiscal, puesto que la violencia dificulta la recaudación de ingresos tributarios e impide la focalización apropiada del gasto público (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000b). El crimen sobre la propiedad implica transferencias subóptimas entre individuos que pueden representar hasta 4.4 por ciento del PIB en el caso de Colombia (cuadro 5).

La violencia doméstica tiene impactos económicos multiplicadores al afectar la inserción y productividad de las mujeres (y de los adultos que fueron objeto de maltrato infantil) en el mercado de trabajo. En el cuadro 6 se mencionan algunos efectos sobre la productividad tales como el ausentismo por motivos de salud y la falta de concentración. En algunos casos la pareja abusiva incluso llega hasta el sitio de trabajo de la víctima para intimidarla y controlar sus acciones. Esta reducción en la productividad tiene una incidencia sobre el nivel de ingreso, según los modelos económicos de remuneraciones, que pudo constatarse en el caso de Nicaragua y Chile (Morrison y Orlando, 1999). Al agregar las pérdidas de ingreso por motivo de violencia doméstica, según el porcentaje aproximado de víctimas a nivel nacional, el costo para la sociedad en su conjunto representa entre 1.6 por ciento del PIB para Nicaragua y dos por ciento del PIB para Chile (ibidem).

Costos sociales multiplicadores

Los efectos multiplicadores sociales incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia por medio del aprendizaje, la erosión del capital social, una calidad de vida reducida y una menor participación de la población en los procesos democráticos. La privatización de las funciones policiales es uno de los efectos negativos de la transmisión de la violencia que tiene impactos en la desigualdad y la violencia futura (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000).¹⁶

La baja autoestima de las mujeres víctimas de violencia doméstica suele mantenerlas aisladas y dificulta su participación en el mercado de trabajo, acceso al crédito, participación política y su participación en programas y proyectos comunitarios (Morrison y Orlando, 1999, y Heise et al., 1999). Muchas veces estas mujeres no participan en las juntas de padres en las escuelas de sus hijos. Esta escasa participación de la mujer en el plano económico, político y social constituye una barrera para el desarrollo económico y social pues tiene impactos negativos en el mercado de trabajo, la capacidad de superar la pobreza, el funcionamiento de instituciones democráticas y el éxito de programas y proyectos sociales costosos. La violencia doméstica juega un papel fundamental en la transmisión intergeneracional de comportamientos violentos a nivel social y doméstico.

La transmisión intergeneracional de la violencia ha sido ampliamente documentada y está sustentada en el marco conceptual reseñado anteriormente. Los adultos, los medios de comunicación y la sociedad en general muestran en muchos casos a los niños y a los jóvenes que la violencia es una manera rápida de resolver conflictos y ganar control, acumular riqueza y adquirir aprobación (pandillas). De esta forma, el individuo conforma normas y actitudes que permiten el comportamiento violento bajo ciertos estímulos del medio ambiente y circunstancias emocionales específicas.

La violencia política, donde las fuerzas policiales o los grupos paramilitares se transforman en agentes de violencia perpetrada contra ciertos grupos, especialmente contra niños de la calle, menoscaba la democracia y genera más violencia. Más adelante se describe la manera en que la violencia política ha generado una cultura del silencio y una mayor tolerancia ante todo tipo de violencia en algunos países. La impunidad estatal ante la violencia genera, a su vez, violencia individual y grupal para "hacer justicia" por propia mano mediante peleas callejeras entre pandillas y linchamientos (McAlister, 2000 y Banco Mundial, 2000).

La erosión del capital social y humano existente en las sociedades, así como la reducción en su tasa de acumulación, tiene consecuencias negativas multiplicadoras para el desarrollo, puesto que incrementa la desigualdad, reduce el crecimiento económico y la inversión en capital físico (afectando el crecimiento económico futuro) (Banco Mundial, 2000). La violencia también tiene efectos negativos en la conformación de instituciones propias de los países conducentes a un mejor clima para el desarrollo (Banco Mundial, 2000). Por último, la violencia genera un círculo vicioso, puesto que la erosión de "los capitales" para el desarrollo y las instituciones genera mayor violencia futura.

 

Factores de riesgo y posibles soluciones

Las intervenciones para combatir la violencia están basadas en la prevención del comportamiento violento mediante acciones sobre los factores de riesgo, y el control social (incluyendo acciones policiales y reclusión) que se ejerce sobre individuos que ya han cometido o estén considerando cometer actos de violencia. Las acciones de prevención primaria están dirigidas a la población en general, con el fin de evitar conductas agresivas. La prevención secundaria está dirigida a grupos de alto riesgo, y la prevención terciaria a individuos que ya han ejercido conductas violentas o han sido víctimas de la misma.

Estas definiciones señalan diferencias marcadas entre la prevención y el control, pero en realidad, las acciones destinadas a combatir la violencia forman parte de un continuo que va desde la prevención hasta el control. Hay acciones preventivas, tales como la enseñanza de técnicas para resolución pacífica de conflictos, que pueden ser estrategias de control en el caso de ser aplicadas en grupos de personas que ya han cometido actos violentos. Asimismo, las acciones de control policial, tales como el arresto o las multas, tienen en algunos casos un impacto disuasivo importante que actúa como prevención de la violencia futura por parte de otros actores.

Las estrategias para la prevención de la violencia están basadas en el enfoque epidemiológico de la violencia. La epidemiología concibe a la violencia como un problema de salud pública puesto que causa muerte e invalidez, incrementa la frecuencia en el consumo de alcohol y substancias psicotrópicas, aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual (violencia sexual) y tiene impactos sobre la depresión y otros trastornos mentales. La 'generación-transmisión' social de la violencia se incrementa ante la presencia de ciertos factores de riesgo y se reduce ante la presencia de ciertos factores de protección (Organización Mundial de la Salud, 2002, y Organización Panamericana de la Salud, 1996). Los factores de riesgo, sean características individuales o del entorno, incrementan la probabilidad de que se produzca un hecho violento, aunque no sean la causa última del mismo. A través de estudios empíricos es posible determinar, en forma bastante precisa, la probabilidad de ocurrencia de ciertos hechos violentos y la incidencia de ciertos factores sobre dicha probabilidad.¹⁷ Una vez identificados los factores de riesgo más importantes para una comunidad determinada, la epidemiología propone intervenciones públicas sobre ellos con la finalidad de prevenir la violencia y reducir su frecuencia. La última etapa del enfoque epidemiológico consta del análisis y la evaluación de la efectividad de acciones preventivas de violencia realizadas en un contexto determinado.

El enfoque epidemiológico enfatiza una combinación de estrategias múltiples en extensos grupos de la población, puesto que se pueden esperar efectos más amplios cuando se tratan varios factores de riesgo simultáneamente y cuando se realiza una intervención temprana (en los primeros años de la niñez) sobre los mismos (Organización Panamericana de la Salud, 1996, y Rosenberg, 1999, en Moser y Lister, 1999). La prevención de la violencia es, en general, más eficiente que las acciones de control de la violencia; por ejemplo, en Estados Unidos se estima que por cada dólar invertido en prevención se podrían ahorrar al menos seis dólares invertidos en programas de control (Buvinic et al., 1999). Greenwood et al. (1998) comparan la efectividad y los costos de cuatro programas de prevención temprana de la violencia con la ley que requiere arresto permanente después de tres ofensas graves en California.¹⁸ Esta investigación concluye que la nueva política de penalización tiene un impacto en la reducción de las tasas de criminalidad; sin embargo, los programas preventivos (especialmente los incentivos para graduarse en la secundaria) tienen notablemente mayor costo-efectividad (evitan más crímenes por dólar invertido).

A continuación se presenta un conjunto de políticas que han sido implantadas con éxito o pueden ser implantadas en América Latina, enfatizando el rol de las políticas relacionadas con la prevención. En primer lugar, es necesario contar con información oportuna y desagregada tanto de los tipos y nivel de la violencia a nivel local como de los factores principales de riesgo dentro de una comunidad. Dentro de una estrategia preventiva integral de la violencia hemos clasificado el abanico de opciones disponibles en políticas con incidencia en el largo plazo y políticas con incidencia en el mediano y corto plazo. Por último, se resumen las acciones de control y respuesta a la violencia de mayor relevancia para la región.

Sistemas de vigilancia epidemiológica

La Organización Panamericana de la Salud ha establecido guías para la creación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica que puedan sustentar las acciones preventivas contra la violencia. Estos sistemas permiten la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información y el análisis e interpretación de los datos no sólo para proveer un mejor fundamento analítico en el diseño de estrategias preventivas, sino también para permitir la evaluación de los programas adoptados (Concha y Villaveces, 2001). Estos sistemas pueden ser de carácter universal o local y estar basados en información muestral o proveniente de registros institucionales, dependiendo del caso. Para algunos tipos de violencia, especialmente la violencia doméstica, resulta apropiado un sistema de vigilancia epidemiológica de carácter "centinela", en el cual una o más instituciones escogidas determinan las tendencias de ese tipo de violencia y las reportan a la comunidad y al resto de los organismos dedicados a la prevención de la violencia (Concha y Villaveces, 2001). Tanto la Organización Panamericana de la Salud como el Banco Interamericano de Desarrollo enfatizan el rol de los municipios como unidad base para programas de vigilancia, prevención y control de la violencia en América Latina con la coordinación y apoyo necesarios a nivel regional y nacional (Concha y Villaveces, 2001, y Banco Interamericano de Desarrollo et al., 2000a). En Colombia, las alcaldías de Bogotá y Cali han desarrollado, dentro de sus programas integrales para combatir la violencia, sistemas de vigilancia epidemiológica con información oportuna y periódica (Banco Interamericano de Desarrollo et al., 2000b).

Perspectiva de largo plazo

Un grupo de factores de riesgo que se conforman durante largo tiempo y cuya solución es de largo plazo y requiere cambios en el conjunto de la sociedad está conformado por los 'factores de riesgo estructurales'. Otros factores cuya solución es de largo plazo están dados por las políticas de desarrollo social que actúan sobre los grupos de individuos en alto riesgo de convertirse en agresores o víctimas.

El primer factor estructural de riesgo para la violencia en América Latina es la desigualdad de ingresos, activos y oportunidades (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998). Los países con distribuciones del ingreso menos equitativas dentro de la región son Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá, mientras que los países con desigualdad más baja son Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay (Comisión Económica para América Latina, 1999). La desigualdad afecta las oportunidades a las que tiene acceso cada individuo y el beneficio esperado de cometer actos violentos contra la propiedad. Dentro de las políticas económicas y sociales destinadas a la reducción de la desigualdad en América Latina resaltan el incremento del acceso a la educación primaria y secundaria, el mejoramiento de la calidad educativa dentro de las escuelas públicas y la aplicación de políticas para la reducción de las disparidades de ingreso regionales y sectoriales (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998).

Otro factor estructural de riesgo para la violencia es la pobreza, aun cuando no es una causa directa del comportamiento violento. La pobreza puede generar percepciones de privación y sentimientos de frustración, así como contribuir con situaciones de hacinamiento y alta densidad poblacional en el hogar en las grandes urbes, condiciones que son factores de riesgo de violencia. Una de las condiciones necesarias para reducir la pobreza en el largo plazo es el crecimiento económico sostenido y brindar acceso a la salud y educación a los grupos pobres (Banco Mundial, 2000a).

Otros factores de riesgo con un componente estructural y social importante son el desempleo y la deserción escolar juveniles (jóvenes que no estudian ni trabajan). La desocupación juvenil y el abandono de la escuela secundaria afectan a por lo menos ocho por ciento de los jóvenes de entre 13 y 17 años en la mayoría de los países latinoamericanos (Comisión Económica para América Latina, 1999). Puesto que la mayor parte de los crímenes son cometidos por jóvenes, la falta de oportunidades laborales y escolares son particularmente graves y fomentan el ingreso de los jóvenes a pandillas urbanas. Entre las estrategias de prevención social de la violencia relacionadas con estos factores de riesgo están los programas que brindan incentivos a los jóvenes para terminar sus estudios secundarios. Estos incentivos pueden ser incentivos económicos directos, incrementar la vinculación entre la escuela secundaria y las necesidades del mercado de trabajo (certificados de computación y contabilidad), mejorar las relaciones de la escuela con la comunidad y con los jóvenes, y mejorar el ambiente escolar. En forma complementaria a los esfuerzos de la escuela, los programas comunitarios de tutelaje o actividades especiales para los adolescentes de alto riesgo pueden contribuir a la reducción de la violencia dentro de este grupo (Arriagada y Godoy, 1999; McAlister, 2000a).

Otro ejemplo de estrategias de desarrollo social que pueden tener un impacto significativo en el largo plazo son las visitas a las madres en situación de pobreza crítica a quienes se les puede brindar atención pre y pos natal gratuita para evitar lesiones en los niños que puedan incrementar la tendencia al comportamiento violento. Estas acciones pueden enmarcarse dentro de programas de salud pública diseñados para las mujeres pobres en los que se brinda mayor acceso a los servicios de salud reproductiva e información para un embarazo y crianza saludables (Rosenberg y Mercy, 1991). La sociedad civil puede apoyar estas acciones de prevención temprana de la violencia por medio de organizaciones no gubernamentales que proveen asistencia en las etapas tempranas del desarrollo infantil y servicios de guardería infantil (públicos o privados) de buena calidad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000).

Un grupo más de intervenciones preventivas estructurales son las relacionadas con la aceptación y promoción de comportamientos violentos por parte de una comunidad o de la sociedad en su conjunto. Estas estrategias de prevención usan la escuela, los centros de salud, organizaciones religiosas y los medios de comunicación social para difundir mensajes en contra de la violencia e implantar programas para entrenamiento en la resolución pacífica de conflictos que incluyen reformas en los programas educativos y programas de mediación entre compañeros de clase. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la instigación de la violencia y pueden utilizarse con éxito para modificar en el largo plazo actitudes colectivas hacia la violencia. Algunas acciones específicas son: la reducción de la programación violenta en el horario infantil, el entrenamiento a periodistas en el reportaje de crímenes violentos, los mensajes de convivencia pacífica (utilizando telenovelas y otra programación comercial, además de campañas institucionales específicas) (Organización Panamericana de la Salud, 2000, y Sanjuan, 1998). Dos ejemplos de programas destinados a la resolución pacífica de conflictos son Mejor Hablemos, en Cali, Colombia, en el que se ilustran historias reales de resolución pacífica y Justicia para Todos, en Venezuela, en el que se ilustra la función de un juez de paz empleando casos reales (Sanjuan, 1998, y Primero Justicia, 2000).

En la prevención estructural de la violencia doméstica juega un rol importante la erradicación de la discriminación contra las mujeres en el sistema educativo, por medio de mejorar las oportunidades de las niñas en la escuela y revisiones curriculares que consideren la perspectiva de género (eliminar estereotipos sexistas de los textos escolares e incluir los aportes de las mujeres en las artes y las ciencias). Es importante aumentar la participación de niños y niñas por igual en actividades que antes se consideraban para un solo género, como los deportes y la educación familiar. Otra estrategia preventiva en el sistema educativo es el control de la violencia entre compañeros de escuela y educar a los niños en relación con los efectos nocivos de la violencia doméstica (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a).

Para la prevención estructural de la violencia doméstica también se han utilizado con éxito campañas en los medios de comunicación que persiguen como objetivos:

1. Cambiar las actitudes y valores del público.

2. Concientizar a la población.

3. Brindar información sobre los servicios de apoyo disponibles y lograr que tanto las víctimas potenciales o reales como los victimarios conozcan las leyes y penas relacionadas con la violencia doméstica. Un ejemplo de una campaña comprensiva para la violencia doméstica en los medios de comunicación es un programa implementado en Argentina (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000a). Otras estrategias de prevención estructural que han dado buenos resultados son las campañas informativas interinstitucionales (sector salud, sector educativo, alcaldía, organizaciones comunales) empleando redes locales comunitarias (Heise et al., 1999).

Perspectiva de corto plazo

Dada la magnitud y graves impactos de la violencia en América Latina, las intervenciones de largo plazo resultan necesarias pero claramente insuficientes para la región, puesto que sus resultados pueden demorar una generación o más y dependen de complejos factores económicos, sociales y culturales. Por otra parte, los representantes políticos (específicamente gobernadores y alcaldes) tienen más incentivos para implantar acciones contra la violencia si los resultados pueden notarse durante su periodo de ejercicio de funciones. En consecuencia, una estrategia integral para la reducción de la violencia también debe contener intervenciones que ofrezcan resultados en el corto y mediano plazo y cuyo impacto en los hechos violentos sea más directo y observable. Estas estrategias actúan sobre los factores de riesgo próximos al individuo que desencadenan o instigan el comportamiento violento y sobre los factores situacionales que están relacionados con la oportunidad de cometer un acto violento en forma provechosa para el agresor.

En América Latina, de acuerdo con la información disponible, uno de los principales factores de riesgo próximos son el consumo de alcohol, especialmente durante días festivos y fines de semana, y la amplia disponibilidad de armas de fuego. Existen experiencias exitosas en la prevención de estos factores de riesgo en la región, en las que se tomó en cuenta las características particulares de una localidad. Las alcaldías de Bogotá y Cali, dentro de sus programas contra la violencia, han adoptado leyes que limitan la venta del alcohol durante ciertas horas del día y ciertos días, así como programas de salud para reducir el consumo de alcohol y drogas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a).¹⁹

En relación al porte de armas, se han realizado esfuerzos importantes en El Salvador y Nicaragua para establecer controles bajo los acuerdos de pacificación (Arriagada y Godoy, 1999). La alcaldía de Panamá creó el programa Armas por Comida con la colaboración de la empresa privada de alimentos cuyos donativos la alcaldía convierte en bonos de comida que son entregados a cambio de armas sin mayores investigaciones (Arriagada y Godoy, 1999). En el caso de Colombia, las alcaldías de Bogotá y Cali han restringido el porte de armas y establecido programas de entrega pacífica de armas con algún incentivo monetario o para realizar una obra social para la comunidad (programa de armas por cucharillas para bebé) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a). Sin embargo, también es necesario realizar esfuerzos a nivel nacional e internacional para la regulación del tráfico y disponibilidad de armas.

Los factores situacionales de riesgo pueden ser manejados por medio de programas dirigidos a la reducción de oportunidades para formas de violencia específicas (hurto, vandalismo y asalto, por ejemplo). Estas intervenciones deben hacer más difícil, costoso y menos provechoso el uso de la violencia por parte de un agresor mediante alteraciones del medio ambiente, como mayor iluminación, puertas y ventanas con mecanismos de seguridad, alarmas y espejos en pasillos estrechos, entre otras (State of Victoria, 2000). Estas intervenciones pueden ser públicas o privadas, pero las alcaldías pueden contribuir a la educación de la población en relación con diversas formas de asegurar sus hogares y autos, así como incorporar mayor seguridad en los programas de construcción de vivienda y mejora de barrios. Un caso especial de acciones sobre factores de riesgo situacionales está basado en la "teoría de la ventana rota" de Kelling, según la cual el deterioro del medio ambiente físico, falta de iluminación apropiada y falta de presencia de la policía en la comunidad incentivan la violencia). Este principio fue aplicado con éxito en la ciudad de Nueva York (Buvinic et al., 1999, y Organización Panamericana de la Salud, 1996). Las iniciativas de alcaldías latinoamericanas tendentes a mejorar el estado de las plazas y calles e incrementar su iluminación, así como aumentar el patrullaje policial en barrios peligrosos, también han dado resultados positivos, pero el rango de acciones puede ampliarse considerablemente al considerar proyectos de desarrollo urbano que incluyan infraestructura para deportes, recreación y organizaciones comunitarias (ibidem).

 

El control y las respuestas sociales a la violencia

Para un efectivo control de la violencia y para aumentar el poder disuasivo de las medidas de control, juega un papel fundamental el costo esperado de cometer un delito violento (determinantes económicos de la violencia). Este costo esperado es función de la probabilidad de ser aprehendido, la probabilidad de ser juzgado y condenado y los años de condena. En América Latina es común el pésimo funcionamiento de los sistemas de justicia, lo cual obstaculiza el control de la violencia y genera mayor criminalidad, pues la sensación de impunidad causa nuevos episodios violentos y la justificación de la justicia por mano propia (Arriagada y Godoy, 1999).²⁰ Por lo tanto, en el control de la violencia es necesario considerar las reformas del sistema judicial y carcelario, así como las policías de la región.

Las reformas judiciales deben incluir instancias para la resolución pacífica de conflictos en los que no es necesario un tribunal para dirimir la disputa, tales como las casas de justicia en Colombia y el programa de jueces de paz en Venezuela (Justicia para Todos, 2002). Estos programas acercan la justicia al ciudadano común y a la vez refuerzan el entrenamiento y mecanismos institucionales para la resolución de conflictos.

Entre las experiencias interesantes de reforma en la acción policial en la región se encuentra la aplicación de modelos de policía que trabajan con la comunidad a través de consultas y mejorar la relación con las organizaciones comunales. Estos modelos incluyen a una policía que identifica y responde ante los factores de riesgo inmediato para la violencia (reportar fallas en el alumbrado, por ejemplo). Una estrategia de control de la violencia que ha dado buenos resultados ha consistido en modificar el estilo de patrullaje, pasando éste de ser aleatorio a concentrarse en las zonas de alta concentración del delito y durante ciertas horas del día (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a). Estas estrategias policiales requieren reformas profundas en los cuerpos policiales e incluso la creación de nuevas policías a nivel de alcaldía o municipios. Las reformas necesarias a los cuerpos policiales existentes o las características de las nuevas policías se resumen a continuación (Arriagada y Godoy, 1999):

1. Incrementar los requisitos educativos y mejorar el entrenamiento y capacitación de la policía.

2. Crear planes estratégicos para que la policía sea capaz de prevenir escenarios potenciales de crimen.

3. Reducir las funciones de la policía, especialmente las administrativas.

4. Elevar los salarios de los policías.

5. Reforzar el control estatal y de la sociedad civil sobre las acciones de los cuerpos policiales.

Entre las experiencias de policía comunitaria en la región se encuentran las de las alcaldías de Cali, Medellín y Bogotá en Colombia, Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, en Brasil, y Villa Nueva, en Guatemala (Moreno, 2002; Candina, 2002, y Lunecke, 2002). La mayoría de estas experiencias encontraron como primer obstáculo el miedo de la población a los cuerpos policiales, dada la larga tradición de desconfianza debido a abusos cometidos contra la población en América Latina. Uno de los problemas encontrados en Colombia es la coexistencia de dos sistemas policiales, uno nacional y otro municipal, en una misma ciudad con métodos y filosofía distintos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a). Sin embargo, en las tres ciudades colombianas que adoptaron modelos de policía comunitaria dentro de planes integrales de reducción de la violencia se logró mejorar la relación de la policía con la comunidad (ibidem, y Moreno, 2002a). En Sao Paulo se observó una mejor comunicación entre la policía y la comunidad, pero la opinión pública sigue considerando a la policía como ineficiente (Moreno, 2002b). En el caso concreto de Sao Paulo, los organismos policiales adoptaron la filosofía de la policía comunitaria, pero el Estado no ha comprometido suficientes recursos humanos y financieros para el proyecto. En Bello Horizonte, un primer modelo de policía comunitaria fracasó totalmente, en parte debido al aislamiento del programa dentro de la misma organización policial y la fuerte dedicación de los miembros del programa a actividades destinadas a la recaudación de fondos para el mismo (Candina, 2002). Recientemente se ha adoptado en Bello Horizonte un modelo de policía de resultados que recogió las críticas del programa de policía comunitaria anterior y basó su estrategia en la planificación de acciones de la policía a partir de la confección de mapas de criminalidad y la atención descentralizada a las demandas de la comunidad. De la revisión de estas experiencias puede concluirse que han sido exitosas en cuanto a la modificación de las relaciones entre la comunidad y la policía, y en la reducción del abuso policial. Sin embargo, dado lo reciente de algunas experiencias y la carencia de estudios de impacto apropiados, la incidencia de la policía comunitaria sobre la reducción de la violencia no se conoce con certeza.

En cuanto al control de la violencia doméstica, el primer paso es la penalización legal de la misma, la cual todavía no se ha logrado en toda la región. En el control de la violencia doméstica es necesario mejorar la respuesta de los organismos de salud, policiales y judiciales, por medio del entrenamiento y la sensibilización en este tema. En algunos países como Costa Rica se adelantan programas para mejorar el diagnóstico de la violencia doméstica y su atención por parte de los organismos de salud (Banco Interamericano de Desarrollo, 2000a). La detección de la violencia doméstica y su atención especializada incluye el apoyo emocional y social a las víctimas por medio de líneas telefónicas de emergencia, refugios para mujeres y niños agredidos, así como centros de atención a las víctimas de violencia.

 

Conclusiones

Los elevados niveles de violencia constituyen una importante barrera para el bienestar de los pobladores de América Latina y el desarrollo económico y social de la región. Tanto la incidencia de los distintas manifestaciones de la violencia como los costos directos e impactos negativos sobre la salud, la productividad, el ahorro y la inversión han sido documentados más arriba. Puede concluirse de esta revisión que una estrategia para el desarrollo económico y social de la región debe incluir como prioridad fundamental la reducción de la violencia.

En cuanto al diagnóstico del problema de la violencia, se dispone de tasas de homicidio a nivel nacional y de algunas encuestas de victimización, pero todavía se carece de información básica y oportuna acerca de la incidencia de la violencia a nivel local en la mayoría de los países. Tampoco se tienen suficientes indicadores sobre la violencia doméstica y social contra la mujer, el niño y el anciano, por lo que se requiere de encuestas y estudios especializados sobre estos temas. Dentro del diagnóstico del problema tampoco se tienen suficientes datos sobre el porcentaje de victimarios y víctimas dentro de grupos socialmente excluidos por razones étnicas o socioeconómicas. Los sistemas de vigilancia epidemiológica de la violencia a nivel nacional, regional y local pueden contribuir significativamente con la generación y diseminación de información sobre la violencia y los factores de riesgo para regiones y comunidades específicas.

Para la prevención y el control de la violencia en América Latina es importante diseñar estrategias a largo plazo con la finalidad de combatir los factores de riesgo estructurales y sociales (desigualdad, desempleo, falta de atención posnatal a madres en pobreza crítica, educación y mensajes para la resolución no violenta de conflictos y la no tolerancia a la violencia) en los ámbitos nacional, regional y local. Por otra parte, dada la magnitud e impactos de la violencia, se requieren estrategias cuyo impacto sea observable en el corto y mediano plazo con la finalidad de combatir los factores de riesgo próximos (alcohol y armas) y situacionales (iluminación, presencia policial). Para la implantación de estos programas es imprescindible que los municipios y alcaldías (u otras formas de gobierno local) sean los centros de ejecución, dada la heterogeneidad de las manifestaciones de la violencia entre localidades y para lograr una mayor efectividad en las intervenciones sobre factores próximos y situacionales. Las experiencias exitosas observadas en Latinoamérica han empleado un enfoque integral para la prevención y el control de la violencia local que incluye sistemas de información a nivel municipal, programas educativos y campañas informativas, mejoramiento de los espacios públicos y reformas a los cuerpos policiales, empleando esquemas de policía comunitaria y de resolución de problemas.

Puede concluirse que aunque se cuenta con reportes sobre experiencias valiosas en la región, todavía hay grandes carencias en relación al conocimiento sobre las políticas y programas que pueden funcionar en cada uno de los países. Adicionalmente, se requiere de una mayor diseminación de experiencias valiosas y buenas prácticas en el continente. La agenda de investigación más relevante en los próximos años en relación con la violencia es aquélla que permita identificar cuáles son las intervenciones gubernamentales y de la sociedad civil que dan buenos resultados en el contexto latinoamericano. Con la finalidad de identificar estas intervenciones se requiere de estudios de impacto y evaluaciones de programas de prevención y control ya implantados, así como de instrumentos específicos para medir directamente la incidencia de la intervención sobre el comportamiento y las actitudes violentas.

 

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Notas

¹ Véase también Concha-Eastman y Villaveces (2001), Banco Interamericano de Desarrollo (2000a), Londoño et al. (2000), Buvinic et al. (1999) y Banco Mundial (2001), Fajnzylber et al. (2001).

² Algunos de estos factores de riesgo son causas directas de la violencia, mientras que otros constituyen factores asociados. Empíricamente, el concepto de factor de riesgo es análogo al de factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de un hecho violento. Desde el punto de vista del diseño de políticas, las acciones sobre factores asociados pueden ser de gran utilidad en la prevención y control de la violencia.

³ Este estudio se reseña en el primer capítulo de Banco Mundial (2001), Fajnzylber et al. (2001).

⁴ Las tasas de suicidio en América Latina son relativamente bajas en comparación con las de los países desarrollados, pues éstas están relacionadas directamente con mayores niveles de ingreso y bienestar social (Buvinic y Morrison, 2000).

⁵ Aunque no disponemos de datos para el año 2000 y 2001, podemos especular que la tasa de homicidios en Colombia sufrió nuevos incrementos debido a la agudización del conflicto armado entre las guerrillas, las fuerzas paramilitares y las fuerzas militares.

⁶ La Organización Panamericana de la Salud, bajo el programa de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia, ha auspiciado encuestas de victimización en varias ciudades.

⁷ No se consideran las manifestaciones de violencia doméstica de mujeres hacia hombres adultos por efectuarse con poca frecuencia y ser producto en muchos casos de la defensa propia. Tampoco se consideran en este trabajo las manifestaciones de violencia social y doméstica contra homosexuales hombres y mujeres.

⁸ Quizás durante periodos de conflicto armado, durante los cuales tanto hombres como mujeres son víctimas de violencia social exacerbada, las mujeres tengan mayor probabilidad de ser víctimas de extraños, sobre todo cuando los distintos bandos utilizan la violación sistemática como arma de guerra. También existe evidencia sobre incrementos de la violencia doméstica durante periodos de conflicto (Moser y McIllwaine, 2001a).

⁹ Estos estudios se citan en Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (2000): Americas Watch (1991) (Brasil), Larraín (1997), Valdez y Sanin (1996) (México), Ellsberg (1996) (Nicaragua), Larraín y Rodríguez (1993)(Chile) y Traverso (2000) (Uruguay).

¹⁰ Otro tipo de violencia étnica con un componente político es el abuso policial y la discriminación judicial en contra de indígenas y personas de raza negra.

¹¹ En el caso del enfrentamiento entre el Estado peruano contra Sendero Luminoso y otros grupos guerrilleros en Perú, se reporta que tres de cada cuatro víctimas fueron campesinos de la región andina y de la región amazónica, en su gran mayoría indígenas (The Economist, "Digging for Truth" , 27 de abril 2002: 38).

¹² En Brasil cuatro niños de la calle son asesinados diariamente (Organización Panamericana de la Salud, 1996).

¹³ Según nuestra revisión, no se dispone de datos comparables entre países de la región sobre el número de jóvenes en pandillas y la información que se reseña a continuación proviene de los estudios de casos citados.

¹⁴ Si se consideran todos los gastos para los sistemas encargados de la ejecución de la ley y de la justicia criminal como "costos directos de violencia", esto va a exagerar los verdaderos costos directos, debido a que algunos de estos gastos existirían incluso si no existiera violencia. Además, la propia existencia de la aplicación de la ley y de la justicia criminal podría prevenir algo de la violencia.

¹⁵ Los Avisa no sólo incluyen los años perdidos por mortalidad prematura, sino que también los años que la persona ha estado afectada por incapacidad o enfermedad.

¹⁶ En Guatemala, por ejemplo, operan cerca de 200 empresas privadas de seguridad, con un personal que llega a los 11 000 efectivos, cifra equivalente a los agentes de la Policía Nacional a finales de 1996 (ONU, 1998).

¹⁷ Los siguientes estudios recientes estiman estadísticamente, empleando diversas metodologías, el impacto de ciertos factores de riesgo sobre la violencia en Estados Unidos: Markowitz (2000a y 2000b) y Grogger y Willis (1998). Estudios sobre factores de riesgo en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo (2001) y Banco Mundial, (2001).

¹⁸ Los programas de prevención temprana que se consideraron fueron: visitar y proveer guardería a bebés de madres solteras pobres, entrenamiento a los padres en la resolución pacífica de conflictos, incentivos para continuar en la escuela secundaria y supervisión a los delincuentes juveniles.

¹⁹ En Sao Paulo existe un Programa de Educación y Resistencia a las Drogas en las Escuelas, con excelentes resultados (Arriagada y Godoy, 1999).

²⁰ Un caso común de justicia por mano propia son los linchamientos de criminales conocidos (azotes de barrio o violadores) en muchos barrios urbanos pobres. Otro caso común es la venganza entre pandillas y bandas armadas.

 

Información sobre los autores

Mayra Buvinic. Chilena, Ph.D. en Psicología Social por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es jefe de la División del Desarrollo Social del Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS) y consejero especial sobre violencia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Antes de su entrada al BID en 1996, la doctora Buvinic fue miembro fundadora y presidenta del Centro Internacional para la Investigación sobre las Mujeres (ICRW). Ha publicado en las áreas de la promoción del empleo, pobreza y género, el desarrollo de microempresa, salud reproductiva y, más recientemente, sobre la reducción de la violencia. Correo electrónico: mayrab@iadb.org

Andrew Morrison. Doctor en Economía por Vanderbilt University. Economista del Banco Mundial, institución en la que es coordinador del área de género para América Latina y el Caribe. Trabaja en las áreas de participación de la fuerza de trabajo de grupos vulnerables, salud reproductiva y prevención de la violencia. Anteriormente laboró en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Universidad de Tulane y la Universidad de Nuevo México. En el área de la prevención de la violencia, ha publicado varios artículos y libros, incluyendo las estimaciones de los costos sociales de violencia en la Ciudad de México. Es autor de un libro sobre los costos socioeconómicos asociados con violencia intrafamiliar contralas mujeres. Ha trabajado proyectos de gestión sobre la reducción de la violencia en Chile. Colombia, Guyana, Honduras, Jamaica, Perú, Uruguay, así como en la organización de actividades de cooperación técnica en las áreas de trabajo infantil y violencia familiar contra las mujeres. Correo electrónico: amorrison1@worldbank.org

María Beatriz Orlando. Es economista especialista en desarrollo económico. Sus áreas de investigación son equidad de género, mercados de trabajo y pobreza en América Latina. Actualmente se desempeña como especialista de género en el Banco Mundial, dentro del equipo encargado de diseñar y aplicar la estrategia de transversalización de género en productos y proyectos para la región de América Latina y el Caribe. Anteriormente, fue investigadora asociada del Center for Global Development en Washington, DC, donde trabajó con el equipo del Grupo de Educación y Equidad de Género del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas. Fue profesora e investigadora en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela), donde realizó varios estudios sobre pobreza e informalidad y la brecha de ingresos por género en Venezuela. María Beatriz obtuvo el doctorado en Economía en Tulane University (New Orleans, Louisiana). Correo electrónico: morlando@worldbank.org