Familia, derecho y política de población en México

 

Raúl Benítez Zenteno

 

Universidad Nacional Autónoma de México

 

Resumen

La transición demográfica en México se ha dado de forma desigual. A partir de esta premisa, en el presente artículo se analizan los cambios en los factores demográficos —mortalidad, fecundidad, migración interna e internacional, nupcialidad, estructura por edad—, así como en el desarrollo urbano durante el siglo XX, y se relacionan con los cambios en la estructura familiar, las disposiciones jurídicas y la política de población en México.

El autor concluye que la política de población ha pasado a segundo plano, y si la familia es la base de la sociedad, como suele mencionarse en el discurso político, estamos a tiempo para que sea un tema central de la política de población, en su diversidad, fines y consecuencias.

 

Abstract

Mexico's demographic transition has developed in an unequal pace. Following this premise, this article examines the changes in demographic factors -mortality, fertility, internal and international migration, nuptiality and age structure, as well as the changes in urban development in the XX century. These factors are in turn examined in relation to changes in family structure, legal framework and population policies in Mexico.

The author concludes that population policy has taken a less significant place. If family is the base of our society, as mentioned in the actual political discourse, we are still in time to make family —its diversity, ends and consequences, the central topic of population policy.

 

Cambios demográficos durante el siglo XX

En el siglo XX se dieron cambios notables en cada uno de los factores demográficos en México, como parte del proceso de transición demográfica moderna, la que en América Latina, y en general en los países pobres, se da en tiempos muy cortos. Se considera que sólo a mediados del siglo XXI se concluirá el paso de elevados a bajos niveles en la mortalidad y en la fecundidad.

Como parte de las condiciones de desigualdad en nuestro país, el proceso de transición demográfica no se da con uniformidad, ya que responde tanto a las diferencias socioeconómicas como a la efectividad de los programas de desarrollo económico y social que impulsa sobre todo el sector público. Vale la pena reseñar los más reconocibles en cada factor demográfico, como parte de las variables que han modificado la estructura de edad y el tamaño y composición de las familias.

Uno de los aspectos sobresalientes respecto a las prácticas y comportamientos al interior de las familias corresponde al conjunto de reglamentaciones, leyes, usos y costumbres que condicionan y regulan las intrincadas redes del parentesco, que varían en el tiempo y en el espacio, según una cierta normatividad.

A partir de 1960 se agregó un factor determinante de los cambios más recientes: la anticoncepción, que ha hecho posible llevar a la práctica la adopción de lo que se ha dado en llamar un nuevo derecho humano, que permite hacer real la decisión de planear el número de hijos a partir de la concepción ideal o preconcebida del tamaño de la descendencia y, en consecuencia, de la familia.

En el curso del siglo XX la referencia corresponde, sobre todo, a la familia nuclear y a la familia extensa, y una buena parte de su estudio, desde la demografía, considera a la manera en que se constituye la familia, o las familias, en el seno del hogar, como el espacio en que se da la vida familiar. La formación de las familias se inicia a partir de una relación permanente por el matrimonio o el concubinato, o bien por una mujer o un hombre sin pareja con sus hijos. Si bien existen también hogares unipersonales y hogares no familiares, su proporción y monto no constituyen factores de reproducción demográfica.

 

Cambios en los factores demográficos

Mortalidad

En las primeras dos décadas del siglo XX se dieron niveles altos y fluctuantes de mortalidad. La esperanza de vida al nacer (e_o) pasó de 25.4 a 28.9 años, y una reducción debida a la etapa armada de la Revolución Mexicana a 24.2 años hacia 1915. La mortalidad infantil fue de más de 200 muertes por cada 1 000 nacidos vivos en 1900 y la reducción de las cohortes iniciales durante los primeros cinco años llegó a 35 por ciento. A los 65 años sólo llegaba entre 10 y 15 por ciento de la población. A partir de 1920 se dio una disminución importante de la mortalidad y la e_o llegó a 34 años en 1930 (Cabrera, 1965) y 40.5 años en 1940, con un aumento anual promedio de 0.6 años. De 1940 a 1960 (Benítez y Cabrera, 1967), la disminución de la mortalidad fue mayor y se manifestaron los efectos de los programas renovados de salud, así como mejoras en las condiciones sociales, de manera que se llegó a 57.8 años, o sea una ganancia anual de 0.86. A partir de 1960 y hasta 1995 el descenso de la mortalidad se hizo hecho más lento, con un aumento anual de sólo 0.4 años, en buena medida por el incremento relativo de los accidentes y la violencia, enfermedades circulatorias y cáncer. La e_o en 1995 llegó a 72.3 años (Conapo estima 73.6 años). Para el año 2000 se llegó a 73.4 años para los hombres y 77.9 para las mujeres (Conapo, 2001a).

En la transición epidemiológica en México coexisten enfermedades infecto-contagiosas y crónico-degenerativas. Las diferencias en la esperanza de vida al nacimiento entre las entidades federativas se reducen cada vez más. Para el quinquenio 1950-1955 los hombres del Distrito Federal, comparados con los de Oaxaca, tuvieron 13.6 años más (las entidades con más alta y más baja esperanza de vida al nacimiento 57.28 y 43.65 años, respectivamente) y para las mujeres, 14.3 (60.60 y 46.28 años, respectivamente). En el quinquenio 1990-1995 la diferencia entre los hombres del Distrito Federal y los de Chiapas (que sustituyó a Oaxaca en el nivel más bajo en hombres y en mujeres) fue de 6.1 años (72.86 y 66.74 años, respectivamente); en mujeres la diferencia fue de 5.6 años (77.60 y 71.97 años, respectivamente) (Bronfman y López, 1999).

Si bien hacia mediados de siglo los incrementos en la esperanza de vida dieron como resultado un descenso mayor de la mortalidad infantil de cero a cuatro años, hacia el año 2000 corresponde cada vez más a la disminución de la mortalidad en los adultos y en la población mayor, lo que, entre otros aspectos, amplia los años de sobrevivencia en las edades reproductivas.

Fecundidad

Durante los primeros 30 años del siglo pasado, las estimaciones coinciden en tasas de natalidad entre 45 y 50 con fluctuaciones, sobre todo las de 1910 a 1920 por el momento revolucionario (Cabrera, 1965; Benítez, 1970); de 1930 y hasta 1970 se mantuvo una tasa bruta de reproducción de alrededor de 3.2 (Benítez, 1979). Se confirma con otras estimaciones, en las que de 1930 a 1955 "la fecundidad se mantuvo aproximadamente constante en alrededor de 6.5 hijos por mujer e incluso aumentó ligeramente hasta alcanzar siete hijos en 1960" (Gómez de León, 1996).

En las estimaciones del Conapo se considera que en 1962 se dio un máximo histórico con una tasa global de fecundidad de 7.2 hijos (Conapo, 1998). A partir de 1965 las estimaciones se basan también en encuestas, de ahí que se consideren más cercanas a la realidad, aunque presentan algunas restricciones, como la exclusión de la población indígena. Tales cálculos señalan la disminución notable de la fecundidad (más de 65 por ciento) en tan sólo 35 años. Para cada cinco años, a partir de 1965 y hasta 2000, se tienen tasas globales de fecundidad de 7.1, 6.7, 5.6, 4.3, 3.9, 3.2, 2.9 y 2.4, respectivamente¹ (Conapo, 2001a y Welti, 1997). Se considera que el anticipo del descenso se dio a partir de 1960, con las mujeres pioneras de la anticoncepción en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, el cual se volvió significativo a nivel nacional a partir de 1970, un poco antes de la instauración de la nueva política de población que surgió de la Ley Nacional de Población de 1974 y que llevó al establecimiento del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Programa Nacional de Planificación Familiar. Como en la mayor parte de los países latinoamericanos, la anticoncepción se asocia con la escolaridad y el acceso a los servicios de salud, la urbanización y la participación de la mujer en actividades remuneradas.

De acuerdo con el esquema de Bongaarts, en 1976 los patrones matrimoniales determinaban en mayor medida la fecundidad, pero a partir de 1982 la anticoncepción se ha convertido en el principal determinante de la conducta reproductiva. El impacto de otras variables intermedias ha sido más modesto: la nupcialidad mantiene su importancia, se amplía un poco la infertilidad por lactancia y se reduce la importancia del aborto inducido (Mendoza, 1998). De acuerdo con las encuestas (ver nota 2), las diferencias entre la fecundidad rural y urbana ha disminuido notablemente: en 1974 fue de 2.4 hijos (7.4 y 5.0 hijos por mujer, respectivamente) y para 1996 fue de sólo 1.2 hijos (3.5 y 2.3). Las mujeres sin instrucción disminuyeron su fecundidad de 1974 a 1996 en 4.3 hijos (7.8 y 3.5, respectivamente), mientras que las mujeres con secundaria y más años de estudio tuvieron 2.5 hijos menos (4.7 y 2.2, respectivamente). La participación en actividades remuneradas también implica diferencias y reducción de las diferencias importantes: en 1974 entre las activas y no activas hubo una diferencia de 3.1 hijos (3.8 y 6.9, respectivamente), y para 1996 fue de sólo 1.4 hijos (2 y 3.4 hijos, respectivamente).

En relación con el descenso de la fecundidad, ésta se ha dado en todos los grupos de edades; el nacimiento del primer hijo se ha retardado hasta cerca de cuatro años, ya que en 1974 la edad media de las mujeres al tenerlo fue de 19.8 años; y para 1999 pasó a 23.6; y se han dado los intervalos intergenésicos de 4.1 a 5.7 años para los mismos años calendario.

La fecundidad entre las adolescentes descendió de manera constante, de una por cada ocho en 1974, pasó a una por cada 14 en el 2000. Se considera que el inicio temprano de la fecundidad corresponde, en buena medida, a relaciones de género desventajosas y a espaciamientos cortos entre los hijos, además de una mayor descendencia.

Migración internacional

La migración internacional en México se resume, por su monto, continuidad secular y significación política, económica, social y demográfica, en la migración de mexicanos a Estados Unidos. Se trata de una problemática compleja con antecedentes históricos de gran importancia (tan sólo hay que recordar la "pérdida" de más de la mitad del territorio en 1847) y con cambios en intensidad y características. Entre los factores predominantes que configuran el complejo sistema migratorio sobresale la insuficiencia de la economía mexicana para absorber este excedente de fuerza de trabajo; la demanda de mano de obra mexicana en ramas de actividad cada vez más diversificadas; las diferencias salariales nacionales y el desarrollo de complejas redes familiares, sociales y económicas entre los lugares de origen y destino. Algunas de las características recientes muestran un flujo con pautas más complejas y diversas modalidades con aumento de los montos migratorios y mayor diversificación ocupacional de origen, y mayor complejidad sectorial de la ocupación en Estados Unidos. También niveles de escolaridad cada vez más altos y mayor proporción de emigrantes de origen urbano. Por otra parte se observa un cierto "desgaste" de la rotación migratoria, lo que lleva a extender la permanencia. A partir de 1960 el efecto sobre la dinámica demográfica es cada vez más perceptible. La pérdida de población ha pasado de 260 mil a 290 mil personas entre 1960 y 1970; de 1.2 a 1.55 millones entre 1970 y 1980; de 2.1 a 2.6 millones en la década siguiente; de 1.5 millones en el quinquenio 1990-1995 y de más de tres millones de 1990 a 2000. Para 1990 se estimaron cinco millones de personas nacidas en México residentes en Estados Unidos, en 90 por ciento concentrados en los estados de California, Texas, Illinois y Arizona. Los datos recientes revelan que la cifra llegó a 7.1 millones en marzo de 1996, de los cuales 900 mil se nacionalizaron estadunidenses, 3.9 millones tenían documentos y 2.3 eran indocumentados (Tuirán, 1997). Para marzo de 2000 se estimó una población nacida en México y que residió en Estados Unidos de 8.3 millones, de los cuales más de 3 millones eran indocumentados y representaban entre 50 y 60 por ciento de los extranjeros sin documentos. Cerca de 3.8 millones de los hogares del país (16.8 por ciento de los hogares) tenían familiares directos con alguna experiencia migratoria en Estados Unidos (Conapo, 2001b).

 

Un siglo de crecimiento demográfico

Desde 1895, año del primer censo de población mexicano, con correcciones de las cifras censales, las tasas de crecimiento medio anual se muestran en el cuadro 1.

Anticoncepción

Como se indicó, la anticoncepción ha sido el factor principal del descenso de la fecundidad. El uso de métodos anticonceptivos ha pasado de 23.1 por ciento, en 1976, a 57.4 por ciento, en 1995 en las mujeres unidas. En 1976 el método más importante fue la pastilla (46.8 por ciento), mismo que pasó a 14.7 por ciento en 1995. El uso del dispositivo intrauterino se ha mantenido más o menos en la misma proporción de 24.4 y 25.3 por ciento, respectivamente, en los mismos años. La oclusión tubaria se ha vuelto el método preferido, ya que pasó de 11.6 a 47.8 por ciento. La vasectomía ocupa el rango más bajo de 0.8 y uno por ciento en los años señalados. Las inyecciones bajaron su uso de 7.3 a 5.3 por ciento, no obstante que en 1982 su uso fue de 12.2 por ciento. Por último, los preservativos y espermaticidas bajaron su uso de 9.1 a 5.9 por ciento. Para 1995, de 57.4 por ciento de usuarias, 41.3 por ciento obtuvo los métodos en el sector público y 16.1 por ciento en el privado. Algunos autores consideran que el Programa Nacional de Planificación Familiar pasó de ser un programa de gran éxito a uno del que poco se habla actualmente, ya que se ha perdido liderazgo para influir en quienes lo operan en las instituciones del sector salud. Para llegar al nivel de reemplazo (TGF = 2.15) la cobertura en el uso de anticonceptivos para las mujeres unidas deberá ser cercana a 75 por ciento (Mendoza, 1998). En 1997, 89.4 por ciento de las mujeres conocía algún método anticonceptivo, con diferencias más o menos según tamaño de la localidad, ya que en las de menos de 2 500 habitantes lo conocía 79.4 por ciento (Enadid, 1999) y en las de 100 000 y más, 93.8 por ciento.

Resulta de interés el que entre la población de habla indígena 96.5 por ciento conocía algún método anticonceptivo, lo que corresponde con la afirmación de que no existe rechazo cultural por parte de la población rural o indígena, ya que siempre se ha dado una cierta intervención en el proceso reproductivo (Benítez, 1979). En 1997, el uso de métodos modernos entre las mujeres unidas era de 59.2 por ciento y el de cualquier método llegaba a 68.5 por ciento.

El sector privado ha disminuido su participación en el suministro de métodos anticonceptivos. En 1976 atendía a la mitad de usuarias y para 1996 sólo a 27.7 por ciento. Es en el sector público en donde se llevan a cabo esfuerzos considerables para ampliar la cobertura de servicios, que pasó de 1.6 millones, en 1997, a 8.5 millones de usuarias, en 2000. En los últimos 25 años el tipo de método empleado ha cambiado radicalmente: en la fase inicial, en los primeros años de la década de 1970, 35.9 por ciento empleaba pastillas, 23.3 por ciento métodos naturales y 18.7 por ciento el dispositivo intrauterino. Cada vez más se emplean los métodos de mayor continuidad: la oclusión tubaria bilateral y el dispositivo intrauterino fueron empleados, en 1977, por 44.7 y 20.8 por ciento, respectivamente, de las usuarias, iniciando su uso principalmente en los programas posevento obstétrico (75.8 y 55.1 por ciento, respectivamente); sólo una de cada 10 usuarias empleo las pastillas y los métodos naturales, que se mantienen como una tercera opción (12.3 por ciento). Por otra parte, se da la tendencia a la opción de un método definitivo con un menor número de hijos.

Nupcialidad

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 1997 (Enadid, 1997), de la población femenina de 15 a 49 años 11.51 por ciento vivía en unión libre, 47.45 por ciento eran casadas, 6.81 por ciento eran separadas, 34.23 por ciento estaban divorciadas, viudas y solteras. Mientras que en las localidad es de menos de 2 500 habitantes, 30.31 por ciento eran solteras, en las ciudades de 100 mil y más lo eran 36.24 por ciento; en las localidades de 2 500 a menos de 15 mil y en las de 15 mil a menos de 100 mil no se daban diferencias (33.81 y 33.71 por ciento, respectivamente). La primera unión se dio antes de los 15 años en 8.85 y 49.08 por ciento entre los 15 y los 19 años. El promedio de edad de la primera unión era de 19.37 años. En las localidades de menos de 2 500 habitantes el promedio era de 17.99 años y en las ciudades de 100 mil y más, de 20.21 años. Entre las distintas cohortes quinquenales aumentó la edad promedio de 15.77, entre las de 15 a 19 años de edad, a 20.13 entre las de 45 a 49 años, aparentemente como resultado de una sobrevivencia social (desigual) además de cambios radicales en la esperanza de vida al nacer (las cohortes que nacieron de 1947 a 1952 tuvieron una e_o de 54 años y las que nacieron de 1977 a 1982 llegaron hasta 69 años).² Con base en los mismos datos, el Conapo (1999) estimó un descenso de las proporciones de mujeres unidas a los 15 años en cuanto a edad a la primera unión de 19.9 por ciento en 1972-1976, y de 10.3 por ciento de 1992-1996; una disminución en los cinco quinquenios observados de 13.4 a 11.9 por ciento de la proporción de mujeres que se casan por primera vez antes de los 21 años y un incremento de la proporción de las primeras uniones después de los 23 años. Entre 15 y 29 años, la edad promedio en la década de 1970 fue de 18.8 años, momento en que se inició el descenso de la fecundidad y pasó a 21.2 años en 1994. Si se considera la actividad económica y los niveles de escolaridad, la edad media a la primera unión de las mujeres en edades reproductivas sin primaria completa fue de 19.4 años para las inactivas y 19.9 para las activas, y en el extremo opuesto, para las mujeres con preparatoria o más, fue de 22 años para las inactivas y 23.8 años para las activas. Respecto a la edad del cónyuge, las diferencias de edad se reducen a medida que las mujeres se casan por primera vez con más años de edad.

Migración interna

Desde el inicio de la industrialización, a fines del siglo XIX, la migración interna hacia entidades vecinas o hacia localidades mayores se intensificó. De 1910 a 1920, con la Revolución Mexicana se amplió y mantuvo como un patrón persistente. Una indicación de lo anterior es que desde 1921 hasta 1980 el crecimiento social de las localidades de menos de 2 500 habitantes fue de 1.5 por ciento, con variaciones reducidas. Hasta 1970 se dio un cierto patrón de migración hacia las pocas ciudades grandes y zonas metropolitanas, que se diversificó hacia las ciudades de tamaño medio como destinos alternos tanto de la población rural como de la urbana. Si bien la migración entre los estados se ha mantenido constante, en la actualidad se amplían los orígenes y destinos de los flujos migratorios si se compara con 1970. Por ejemplo, hace 25 años, 36.7 por ciento de la migración de las entidades se dirigía al Distrito Federal o al estado de México en su zona conurbada, o sea a la gran ciudad de México, y para 1995 esta cifra era de sólo 19.2 por ciento. En el sentido inverso, de la gran ciudad provenía hace 25 años, 8.1 por ciento de los inmigrantes a todas las 30 entidades restantes, mientras que en 1995 esta cifra era de 20.2 por ciento. Un cálculo del Conapo (1999) muestra que de haberse mantenido la pauta migratoria de 1975, para 1995 vivirían en una entidad diferente a aquella en que vivían de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda de 1995, 3.4 millones de personas (3.7 por ciento de la población total enumerada). Sobresale el hecho de que la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha perdido atractivo para los migrantes internos. La importancia de la migración interna se muestra plenamente con tabulaciones especiales de la Enadid de 1992, sobre una muestra de aproximadamente 64 mil viviendas, que se concentró en buena medida en la migración. Del total de habitantes, 35.9 por ciento (30.874 millones) eran migrantes permanentes, o sea que habían cambiado su domicilio de una entidad federativa a otra 18.198 millones; entre los municipios del mismo estado 10.764 millones llegaron a la República después de vivir en el extranjero, 1.573 millones de Estados Unidos y 359 mil de otros países o nativos de Estados Unidos. Al nivel de individuos, 35.9 por ciento eran migrantes y al nivel de hogares, 68.5 por ciento tenían algún migrante (Corona, 1997).

Estructura por edad

Durante el siglo XX tuvieron lugar cinco cambios en la estructura por edad si consideramos a los tres grandes grupos tradicionales de edades: los menores a los 15 años, de 15 a 64 y de 65 y más. Tales cambios fueron el resultado de la disminución de la mortalidad, sobre todo a partir de 1940, y como resultado de la disminución de la fecundidad a partir de 1970. El primer cambio se refleja en el aumento de la proporción de población menor de 15 años, la que pasó cada decenio, de 1930 a 1970, de 41.1, 41.9, 42.5, 45.9 y 47.7 por ciento, dada la disminución acelerada de la mortalidad, sobre todo la infantil, y un aumento momentáneo en la natalidad. Un segundo cambio fue la disminución de la proporción de población menor de 15 años, a partir de 1970, como consecuencia de la disminución de la fecundidad. En 1980 se llegó a 45 por ciento, para 1990 a 39.3 por ciento y en 1995 a 36 por ciento. El monto de aumento de 1930 a 1970 (de 16.9 millones a 49.7 millones, respectivamente) fue de 2.94 veces, y de 1970 a 1995 fue de 1.4 veces (23.7 millones y 33.4, respectivamente). Un tercer cambio fue la disminución de la población en edades activas, de 1930 a 1970, de 56.3 a 49 por ciento. El cuarto cambio correspondió al aumento paulatino de la población de 15 a 64 años, que fue el resultado de la disminución de la fecundidad, la reducción del primer gran grupo de edades y el aumento de la sobrevivencia. Un quinto cambio fue el aumento paulatino de la proporción de población de 65 y más años, la que pasó, de 1930 a 1995, de 2.6 a 4.4 por ciento, como consecuencia del aumento en la esperanza de vida y la pérdida relativa de población en las primeras edades. En cifras absolutas significa el paso de 445 mil personas mayores, en 1930, a 3.4 millones en 1970, y a 4.1 millones, en 1995, de acuerdo con el primer conteo intercensal, es decir, un aumento de 9 veces en 65 años. A partir de 1970 privará la tendencia a la baja en la mortalidad y la fecundidad. La relación de dependencia de las edades menores será cada vez más reducido y la de la población envejecida cada vez mayor.

Desarrollo urbano

En 1900 sólo 10.5 por ciento de la población vivía en localidades de más de 15 000 habitantes. Para 1940 la cifra se duplicó y a partir de ese año la urbanización se aceleró y en 1960 la población urbana llegó a 41.2 por ciento, 49.4 por ciento en 1970 y 56.2 por ciento en 1980. Para 1990, con 49.6 millones, la proporción alcanzó 60.8 por ciento, y de acuerdo con el conteo de 1995, se llegó a 64.4 por ciento con 58.7 millones de habitantes en 350 ciudades.

Si consideramos a las ciudades con 500 000 habitantes o más, en 1960 sólo hubo tres, la ciudad de México (5.4 millones), Guadalajara (879 mil) y Monterrey (722 mil), con un total de siete millones, o sea 48.7 por ciento de la población en localidades de 15 000 y más habitantes. En 1970 se sumó Puebla, con 774 mil, para llegar a 12.4 millones de habitantes y constituir 52 por ciento de la población urbana. En 1980 se agregaron cuatro ciudades más para sumar 21.8 millones (58.1 por ciento de la población urbana). En 1990 ya eran 16 ciudades mayores con 30.4 millones (61.4 por ciento de la población urbana), y para 1995 se tenían 24 ciudades mayores con un total de 39.6 millones (67.5 por ciento de la población urbana).

Las tasas de crecimiento de las ciudades mayores han cambiado radicalmente. De 1960 a 1970 las cuatro grandes ciudades tuvieron un crecimiento mínimo y máximo anual de 5.27 y 5.83 por ciento, respectivamente. De 1970 a 1980 de 3.66 a 4.64 por ciento, con una excepción de sólo 2.84 por ciento (Ciudad Juárez, que dejó de tener importancia en la frontera). De 1980 a 1990 la ciudad de México creció a sólo 1.60 por ciento, lo que llevó a algunos a pensar en una cierta saturación y al anuncio de un desplazamiento de la migración a ciudades menores. Querétaro creció a 9.86 por ciento como caso muy particular de crecimiento industrial y de servicios; Puebla recuperó su influencia regional y creció 5.10 por ciento al año, y Tijuana inició una carrera de crecimiento urbano extraordinariamente desordenado con 5.66 por ciento, mientras que el resto de las 16 ciudades mayores de medio millón de habitantes creció menos de 3 por ciento. De 1990 a 1995, la ciudad de México creció anualmente más que en los 10 años anteriores, a una tasa de 1.86 por ciento; el resto de las ciudades creció de 1.55 por ciento mínimo a 4.19 por ciento máximo, con predominio de crecimientos menores, y Tijuana continuó creciendo a una tasa mayor de 5.98 por ciento (Garza y Partida, 1988, y Garza, 1998).

En las localidades rurales menores a 15 mil habitantes se dio una tendencia a crecimientos cada vez más bajos. Las de menos de 2 500 habitantes crecieron, de 1960 a 1970, a una tasa de 1.51 por ciento al año, con lo que mantuvieron su tendencia al mismo nivel aproximado desde principios del siglo. De 1970 a 1990 sólo crecieron 0.78 por ciento al año, para llegar, de 1990 a 1995, al crecimiento de 0.65 por ciento; las localidades de 2 500 a menos de 10 mil pasaron de 1960 a 1970 tuvieron un crecimiento de 4.08 por ciento al año a uno de sólo 0.58 por ciento de 1970 a 1990 (el Censo de 1980 por los muchos problemas que presenta, no se lo toman en cuenta varios autores), y volvieron a crecer un poco más de 1990 a 1995, a una tasa de 1.47 por ciento. Si bien ha sido tradicional el crecimiento menor de las poblaciones rurales de menos de 2 500 habitantes, desde 1970 el crecimiento de las de menos de 10 000 también se volvió inferior al crecimiento nacional y a partir de 1990 se agregaron a esta tendencia las de 10 000 a 15 000; es decir, la pauta migratoria del campo hacia las ciudades se robustece (Solís, 1997).

 

Viviendas y hogares, derecho y familia

Viviendas y hogares

El Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000) captó 21 858 000 viviendas con 22 640 000 hogares, o sea una relación de 1.036 hogares por vivienda con 4.3 integrantes, de los cuáles 1.27 eran menores de 12 años, 2.88 de 12 a 64 años de edad y 0.21 de 65 años y más. Eran activas 36.6 por ciento, inactivas 35.4 por ciento. Los hogares familiares representaban 93.1 por ciento y contenían a 98.2 por ciento de la población, mientras que los no familiares —unipersonales y corresidentes—, alcanzaban 6.9 por ciento de los hogares con 1.8 por ciento de la población. Hay que decir, que "la información que presenta el Censo acerca de la familia se hace bajo el concepto de hogar, el cual se refiere a que los integrantes viven bajo un mismo techo y comparten el mismo gasto para la alimentación" (INEGI, 2000: 24).

La proporción de hogares familiares nucleares para el conjunto del país era 73.8 por ciento, con una variación relativamente pequeña entre las entidades federativas, ya que la menor proporción fue de 69.9 por ciento (Puebla) y la mayor de 78.9 por ciento (Aguascalientes); los hogares familiares ampliados se daban a la inversa en los mismos estados, es decir, 20.1 por ciento en Aguascalientes y 28.7 por ciento en Puebla. La tendencia a una proporción menor de hogares familiares nucleares, correspondía de manera no muy definida a entidades con mayor retrazo económico. A la inversa, la mayor proporción de hogares familiares nucleares se hacía evidente en las entidades con mayor desarrollo. Puede aventurarse la hipótesis de que la anticoncepción ha tendido a homogeneizar ambas situaciones, con presencia importante de la incorporación paulatina de la mujer a la actividad económica.

La distribución relativa de las jefaturas del hogar masculina o femenina sigue también una tendencia poco definida en los estados con mayor desarrollo. En el Distrito Federal la situación puede considerarse como extrema, en donde 25.9 por ciento de las jefaturas eran femeninas, frente al 74.1 por ciento de jefaturas masculinas. La menor proporción de las jefaturas femeninas se daba en Nuevo León, con 16.1 por ciento. Para el país, las jefaturas de hogar masculinas significaban 79.4 por ciento y las femeninas, 20.6 por ciento. En cuanto a la población, 82.8 por ciento se encontraba en hogares con jefatura masculina y el resto, o sea 17.2 por ciento, se encontraba en hogares con jefatura femenina. Como se indicó, el promedio de ocupantes de las viviendas era de 4.3.

De acuerdo con la información censal, en 2000 la distribución del ingreso de los hogares seguía una tendencia de desigualdad secular, agudizada durante los últimos 20 años por una economía globalizada con desocupación creciente. El ingreso por trabajo se daba de la manera siguiente: en 17 por ciento de los hogares no se recibían ingresos, con 14 por ciento de la población; de menos de un salario mínimo hasta menos de tres, lo percibía 37.5 por ciento de los hogares, con 37 por ciento de la población; de tres a 10 salarios mínimos lo recibía 33.8 por ciento de los hogares, con 36.9 por ciento de la población, y más de 10 salarios mínimos lo recibía 9 por ciento de los hogares, con 9.8 por ciento de la población. En una tabulación especial del censo realizada por el Conapo (2001a), el decil de más altos ingresos percibió 53.7 por ciento del ingreso total de los hogares. 40 por ciento de los hogares sólo contaba con 6 por ciento del total de recursos monetarios declarados y concentraba tan sólo 4 por ciento de los recursos ganados por los hogares, y por otra parte, a la mitad de los hogares con los mayores ingresos les correspondió 90 por ciento del total de recursos. El índice de concentración de Gini era de 0.62.

En relación con la distribución territorial de la población, las diferencias son significativas, ya que las ciudades dan más ventajas relativas a sus habitantes, comparadas con las localidades pequeñas de menos de 2 500 habitantes. Los hogares de estas localidades pequeñas percibían 73 por ciento de sus ingresos en los cuatro deciles de menor ingreso, 8.3 por ciento del decil quinto y sólo 18.9 por ciento en los deciles sexto al décimo de mayor ingreso. En contraste, los habitantes de las localidades de 100 mil habitantes o más recibían 67.3 por ciento en los cuatro deciles de mayor ingreso, 10 por ciento que corresponde al decil quinto y sólo 22.8 por ciento del primero al cuarto deciles de menor ingreso. En éstas localidades mayores se concentraba 49.8 por ciento del total de ingresos. Todo lo anterior nos habla de una relación de menor proporción de hogares de escasos recursos a medida que es mayor el tamaño de la localidad.

 

Derecho y familia

Instrumentación de la política de población

Una de las impactantes consecuencias del gran proceso de cambio económico y social que ha tenido lugar en México —desarrollo económico, urbanización, industrialización— ha sido la manera en que se han transformado las pautas de procreación en las familias. La política de población explícita que se adoptó a partir de 1974, cuando se establecieron sus bases jurídicas que elevaron a rango constitucional el derecho a decidir, libre, informada y responsablemente el número de hijos que se desean y el momento de tenerlos, llevó a la creación del Consejo Nacional de Población (Conapo), integrado por nueve secretarías de Estado y los dos grandes institutos de seguridad social —Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado—, y opera a través de una secretaría responsable de identificar las prioridades y acciones sobre el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población. A su vez, se establecieron consejos estatales y algunos municipales.

Con respecto al cambio en fecundidad, puede señalarse la existencia de una posición gubernamental que se ha vuelto más controlista. En ocasión del XXV aniversario del Conapo, en que se reunieron los secretarios de Estado de las dependencias que lo integran, su presidente, el secretario de Gobernación (ministerio del interior), planteó que

...el gobierno federal debe fortalecer su política poblacional, a fin de lograr menores índices de crecimiento demográfico y evitar con ello que los beneficios del desarrollo sean erosionados por un rápido aumento de la población..., ahora el reto es bajar más esa tasa, con pleno respeto a la libertad reproductiva de las parejas. Los cuatro retos de la política de población son, en primer lugar, reducir la tasa de crecimiento ya que se ubica en 1.8 por ciento anual; en segundo lugar, deben ahora preverse los retos sociales y económicos derivados del cambio en la estructura poblacional, y citó como ejemplo que la población menor de 15 años comenzó a reducirse, lo cual implica una baja en la demanda para los servicios de salud infantil y educación básica, pero en cambio el país deberá crear nuevos empleos y elevar el ahorro nacional..., además (indicó) crecerá la población mayor de 65 años y con ello se incrementará la demanda de salud para enfermedades crónicodegenerativas, lo cual obligará también desde ahora a contar con un sistema eficiente de pensiones... Un tercer desafío, (continuo) es mejorar la distribución de la población en el territorio nacional, para que el proceso de desarrollo sea sustentable... un cuarto desafío es romper el círculo vicioso entre el rápido crecimiento de la población y la pobreza, porque hoy las localidades más pobres son las de más alto crecimiento demográfico (Reforma, 27 de marzo de 1999).

Ha habido cuatro programas nacionales de población. El primero se estableció para el periodo 1977-1982; posteriormente se crearon los programas para los periodos 1984-1988, 1989-1994, 1995-2000 y está por aprobarse el que corresponde al periodo 2001-2006. Por otra parte, el Conapo ha publicado diversos documentos y estudios asociados a su quehacer en los que se manifiesta un esfuerzo reciente por plantear la política de población de manera integral y ampliar la visión demográfica del país en el 2025. Esta posición se manifiesta de acuerdo con el Programa Nacional de Población 2001-2006, en una versión preliminar (Conapo, 2001b). Considero que estas dos posiciones se mantendrán por algún tiempo, dependiendo de la manera en que la Secretaría General del Conapo logre penetrar los criterios de la planeación nacional.

Por lo pronto, se han definido seis comisiones en las que participan los representantes de las dependencias que forman el Conapo (2001b):

1 . Planificación familiar y salud reproductiva.

2 . Información, educación y comunicación.

3 . Población, género y familia.

4 . Desarrollo regional, migración interna y distribución territorial de la población.

5 . Población y desarrollo social y humano.

6 . Población, economía y trabajo.

En 2000 se reformó el Reglamento del Programa Nacional de Población, de donde se desprendió una Comisión Consultiva de Enlace con las entidades federativas. Asimismo, se consultó a los Consejos Estatales de Población. Las aportaciones de todas estas instancias se han considerado en el establecimiento del nuevo programa 2001-2006, y se llegó al planteamiento general de que la política de población debe reorientar su enfoque, teniendo como centro el desarrollo humano, y a su vez establecer metas que hagan posible la evaluación del avance en la calidad de vida de la población. Debe considerarse el hecho de que la planificación familiar se ha convertido en un componente cotidiano en la vida de la gran mayoría de las mujeres y hombres.

No obstante debe decirse que sólo 4.6 por ciento usa condón y sólo l.8 por ciento de los hombres se ha sometido a la vasectomía. Por cada siete mujeres que se practican a la oclusión tubaria, sólo un hombre se somete a la vasectomía. Por ahora no se han encontrado los canales adecuados para motivar al hombre para que tenga una participación más activa. También hay rezagos en la información a adolescentes.

 

Desde el derecho³

Los diversos de las ciencias sociales sobre la familia, le asignan un muy remoto origen y una presencia asociada a las necesidades naturales de sus integrantes, como las de sostenimiento y la crianza de las hijas e hijos. A su vez, constituye una institución culturalmente regulada en cuanto al establecimiento de normas hacia los individuos, comportamientos y relaciones, intercambios generacionales y, desde luego, su sexualidad. Las agrupaciones familiares constituyen un fenómeno social y jurídico en cuanto atienden a una cierta normatividad, poseen estructuras diversas y funciones. Lo más extendido, aspecto que se refleja incluso en los sistemas de recolección estadística, es la presencia de familias nucleares y familias extensas integradas, unidas por nexos de consanguinidad, afinidad o adopción.

Debe tomarse en cuenta que en México se da una gran diversidad pluricultural y pluriétnica, con grandes diferencias en los ámbitos rurales y urbanos, regionales, étnicos, a lo que se agregan las grandes diferencias producidas por la muy desigual distribución de los ingresos, como se ha señalado con anterioridad.

Es claro también que en México nos encontramos en un proceso de cambio cada vez más influido por la globalización, y que a partir de los inicios de la década de 1980 comenzó, como ha sucedido en toda la región latinoamericana, a actuar dentro de las pautas neoliberales que orientan la operación de todo el sistema productivo, pulverizando las estructuras del autoconsumo, sobre todo en las comunidades indígenas y en las dispersas.

Estamos frente a dinámicas demográficas con efectos considerables a mediano y largo plazos, y transformaciones aceleradas en el envejecimiento de la estructura por edad. Es claro que la transición demográfica —que pasó de elevados a bajos niveles de fecundidad y mortalidad— se da a ritmos distintos de acuerdo con los niveles de bienestar logrados en los distintos escenarios del país, y por otra parte, el binomio de la transición demográfica y el modelo neoliberal de la economía lleva a escenarios en lo que la pobreza y el envejecimiento demográfico se consolidan.

Todo lo anterior se refleja y forma ya parte de las dinámicas familiares que aparentemente muestran una cierta resistencia, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento de las proporciones de familias nucleares y familias extensas. De cualquier forma, el legislador aún no incorpora nuevas normas jurídicas respecto a las relaciones entre los miembros familiares, como resultado de la transición demográfica en avanzado curso. Debe señalarse que la familia como grupo no tiene reconocida personalidad jurídica alguna, aunque, contradictoriamente se le considera el patrimonio inalienable, no puede ser sujeta a embargo ni a gravamen alguno y sólo se extingue cuando los beneficiarios dejan de tener derecho a percibir alimentos, o se abandone la casa-morada, o el cultivo parcelar por cierto tiempo; puede extinguirse también mediante la expropiación por razones de utilidad pública.

Considero adecuado presentar de manera preliminar el complejo mundo jurídico de lo familiar a partir de las menciones que sobre la familia se hacen en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es claro que los preceptos constitucionales ocupan un lugar privilegiado en el diseño y construcción de la nación mexicana. La ley fundamental de 1917 contiene los principios sobre los cuales se finca el México moderno. La edición en que me baso corresponde al texto vigente en 1995.

Sin mayores consideraciones presento la reseña de los artículos en lo que se hace mención expresa de la familia:

Artículo 3°, que se refiere al derecho a la educación por parte del Estado. En la fracción II, inciso c),... contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona, y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, se sexos o de individuos.

Artículo 4°, sobre la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

5° párrafo: ...toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Artículo 16° (primer párrafo): Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Artículo 27°. Sobre la propiedad de tierras y aguas dentro de los límites del territorio nacional, que corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada.

Fracción XVII, tercer párrafo: ...las leyes locales organizarán el patrimonio de familia determinando los bienes que deben constituirlo sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno.

Artículo 107, sobre controversias, procedimientos y formas de orden jurídico.

Fracción III, inciso a) ...contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.

Artículo 123°. Sobre el derecho al trabajo digno y socialmente útil al que tiene derecho toda persona.

Apartado A, fracción VI, párrafo segundo. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Apartado A, fracción XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.

Apartado B, Fracción XI de la seguridad social, inciso d) ...los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

Si bien no se refiere expresamente a la familia, por su importancia señalo de éste mismo apartado B y la fracción XI, que establece en el inciso c) ...las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

 

Áreas de regulación jurídica de la familia a partir de su formación

En este apartado se señalan algunas especificaciones sobre el derecho de familia, de manera simplificada, ya que las relaciones jurídicas de la familia forman todo un apartado muy complejo del derecho, por ejemplo, sobre el derecho de familia y las relaciones jurídicas familiares, las relaciones jurídicas conyugales, las relaciones jurídicas paternofiliales, o bien sobre la institución del registro civil, su organización y funcionamiento, aspecto de gran importancia por su "tarea registral", el que se define como la institución de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos y hechos del estado civil de las personas. También habría que tomar en cuenta otros ámbitos jurídicos, como la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, el Código Penal y desde luego el Código Civil.

Por otra parte, aunque aparecen con cierta lejanía del ámbito de la familia, habría que considerar, tomando en cuenta el amplio ámbito de la política de población con su orientación integradora, escenarios comunitarios en los que la participación de las familias es fundamental. Me refiero a áreas como la aplicación del derecho ambiental comunitario, lo que implica la adscripción paralela de la gran temática de educación en población.

Los señalamientos sobre la regulación jurídica de la familia se constituyen por propio derecho en una de las áreas privilegiadas de la política de población en cuanto al desarrollo de una cultura demográfica, teniendo como apoyo, entre otros aspectos, lo que se ha avanzado en México sobre el tema de educación en población, llevado a cabo en el sistema educativo básico de primaria y secundaria.

Respecto a la formación del núcleo familiar, se entiende como tal a aquellas familias que se inician a partir de la unión más o menos estable de un hombre y una mujer. No se desconoce la existencia de familias conformadas por madres solteras con sus hijos y sus hijas sin la presencia de un padre.

El matrimonio

Se considera a este como una relación estable de cohabitación sexual y domiciliar entre un hombre y una mujer, que es reconocida también en razón de la prole posible. Tiene un carácter contractual, afectivo y moral. Se considera como un contrato civil entre un hombre y una mujer. También como una institución por la existencia de normas sobre las relaciones. La celebración del matrimonio constituye un acto jurídico solemne, cuyo inicio para su celebración implica la solicitud al juez del registro civil, con los datos que identifican a cada uno, inclusión de actas de nacimiento y en caso de ser por parte de cualquiera de los solicitantes un segundo matrimonio, la disolución del primero. En el caso de menores, se requiere constancia de consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad.

Sobre los fines, derechos y deberes entre los cónyuges. En todas las sociedades, además de un cierto ritual formal, se hace referencia a la procreación como finalidad sobresaliente, que, además, manteniendo posiciones "machistas", garantiza al hombre la capacidad de procrear con paternidad cierta, de ahí los votos de fidelidad que se establecen, tanto en las ceremonias civiles como en las religiosas. Se exige a la mujer exclusividad absoluta. Es claro que es la voluntad de los esposos la que permite que los deberes matrimoniales se mantengan. En México, frente a la felicidad no encontrada en el matrimonio, con el divorcio se señala el camino hacia la búsqueda de una nueva relación con la esperanza de felicidad.

La legislación establece la igualdad entre el hombre y la mujer (Artículo 2° del Código Civil y de la Ley sobre Relaciones Familiares). Lo que se aplica tanto a la mutua relación como a las decisiones sobre crianza y educación de los hijos.⁴

Concubinato

Desde el punto de vista jurídico, el concubinato no es de naturaleza distinta al matrimonio. Se trata de un hecho que tiene consecuencias jurídicas, sobre todo por la extensión del fenómeno social, y al mismo tiempo en cuanto a la protección de la concubina —madre—y de los hijos. Se establecen jurídicamente los requisitos para heredarse mutuamente, aunque se da la excepción de la filiación, ya que hay necesidad de investigar la paternidad de los hijos e hijas que hubiere en términos de tiempos de cohabitación. De cualquier manera se establece la presunción de filiación de manera similar a los hijos de matrimonio.

 

Disolución del vínculo matrimonial

Nulidad

La Ley de Divorcio, aprobada desde 1914, amplía las posibilidades de disolución del vínculo matrimonial, que anteriormente se llevaba a cabo sólo a través de la nulidad. La legislación hace referencia a la nulidad como el de los matrimonios nulos e ilícitos. Sus causales son el error respecto a la persona, la celebración del matrimonio existiendo algún impedimento de los señalados por la ley y la falta de formalidad respecto a la celebración del matrimonio. Estas causales no requieren, a primera vista, mayor explicación. De cualquier manera la nulidad sólo es posible a través de la sentencia y su ejecutoria en que se declare tal nulidad. Desde luego que queda también establecido quién puede ejercer o llevar a cabo el juicio o solicitud legal de nulidad ante la autoridad competente, es decir, en los juzgados de lo familiar.

Es claro también que las responsabilidades frente a los hijos se mantienen independientemente de la vía de disolución que se adopte.

Inexistencia

Nos dice Pérez Duarte y Noroña:

Mucho más discutida que la nulidad o la ilicitud del matrimonio es la inexistencia. De acuerdo con la teoría tripartida de las nulidades al matrimonio, en tanto acto jurídico, es susceptible de ser inexistente por falta de consentimiento, solemnidad u objeto, aunque no exista un artículo que expresamente lo señale. Es claro que si las personas involucradas no expresaron su consentimiento para unirse en matrimonio éste no puede existir como tal. Lo mismo sucede si el consentimiento no fue expresado con las solemnidades que la ley señala para este acto, ni ante la autoridad competente que, para estos casos, es el Juez del Registro Civil.

Divorcio

El divorcio puede evaluarse como un instrumento más al servicio de las familias, lo que generalmente se impugna desde la tradición católica. Lo que se da es la presencia de muy diversos elementos, además de lo moral y religioso. Más que otra cosa, el divorcio es una institución útil. A su vez, cada vez más deja de considerarse que el vínculo eclesiástico perdure más allá de la disolución del matrimonio. También se toma en cuenta de manera creciente el que los hijos pueden ser beneficiados al no presenciar las cotidianas desavenencias y confrontaciones que llevan a la ruptura. En este sentido el divorcio propicia las relaciones familiares ante la mala marcha de las conyugales.

El matrimonio es permanente en el ámbito civil y en lo religioso indisoluble. La excepción es el divorcio que disuelve el matrimonio. De cualquier manera se considera que las instituciones familiares son permanentes por su propia naturaleza. El matrimonio es del orden público, dado entre otros aspectos en que el conjunto social está interesado en su mantenimiento. Dada la excepcionalidad del divorcio, las causales se han establecido con cuidado.

 

Causales del divorcio necesario

Vale la pena enumerar las 16 causales de divorcio, las que a mi juicio constituyen todo un ordenamiento de gran valor en previsión para una vida conyugal más armónica:

1 . Adulterio debidamente comprobado.

2 . El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que jurídicamente sea declarado ilegítimo.

3 . Propuesta del marido para prostitución de la mujer.

4 . Incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal.

5 . Los actos inmorales hechos por el marido o la mujer, con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción.

6 . Enfermedades —impotencia, enajenación mental—.

7 . Separación de la casa por más de seis meses sin causa justificada.

8 . Separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable demanda de divorcio.

9 . Declaración de ausencia largamente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción que no se necesita para que se haga que proceda la declaración de ausencia.

10 . Sevicia, las amenazas, las injurias graves de un cónyuge para el otro.

11 . Negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones señaladas en el artículo 164 y el incumplimiento sin justa causa, de la sentencia ejecutoriada por alguno de los cónyuges en caso del artículo 168. 11. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión.

12 . Haber cometido alguno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años. 13. Los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar ruina de la familia o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal.

14 . Cometer, contra la persona o los bienes del cónyuge, un acto que sea punible si se tratare de persona extraña siempre que tal acto tenga señalado en la ley una pena que pase de un año de prisión.

15 . Separación de los cónyuges por más de dos años independientemente del motivo.

16 . Causal del artículo 28 de Código Civil que dice cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio por causa que no haya justificado o si hubiere desistido de la demanda o de la acción sin la conformidad del demandado, éste tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio, pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la notificación de la última sentencia. Durante esos tres meses, los cónyuges no están obligados a vivir juntos.

Es evidente en las 16 causas señaladas que se busca un culpable de la ruptura y significan un gran desgaste.

 

Divorcio voluntario

Sin duda esta alternativa constituye una aportación importante en la búsqueda de soluciones reales frente a un matrimonio que ha dejado de serlo. Se dan dos procedimientos para la obtención del divorcio voluntario. Uno administrativo frente al Juez del Registro Civil y otro judicial, que se trata en los juzgados de lo familiar.

Debe insistirse sobre el hecho de que el divorcio constituye una solución que posibilita una vida familiar que beneficia a todos: cónyuges y descendencia.

 

Señalamiento del resto de temas asociados con la jurisdicción familiar

De manera simplificada señalaré otros aspectos relacionados con el mundo de lo jurídico familiar, que considero resultan inapropiados para formar parte de las acciones de la política de población. Los señalamientos anteriores podrán ser calificados como excesivos. No obstante, considero que deben formar parte de lo que hemos dado en llamar la cultura demográfica, y como aspectos enriquecedores de la vida familiar, y no sólo como cuerpo de conocimientos que forma parte del quehacer particular de los profesionales del derecho.

Estos temas se refieren a filiación, filiación y reproducción asistida, adopción, patria potestad, los temas de economía de la familia, alimentos, pensiones, etc.; los regímenes patrimoniales del matrimonio: sociedad conyugal y separación de bienes, y sobre el patrimonio de familia.

 

Consideraciones sobre política de población, derecho y familia

Considero que la política de población equivocadamente ha pasado a un segundo plano en las decisiones políticas, ya que es ahora, después de una experiencia de más de 25 años, que diversos programas de población, y ante el hecho irrefutable de que los grandes cambios que se han dado en relación con la reproducción de la población, constituyen la mayor transición que la sociedad mexicana ha adoptado, una cierta proporción con clara conciencia de que una familia pequeña permite un mayor desarrollo de la familia, entendido como una vía de coparticipación igualitaria entre el hombre y la mujer y una posibilidad ampliada de mejor crianza y educación de los hijos. De cualquier manera estamos por conocer las muy diversas áreas en cuanto a la significación de este hecho para los hombres y las mujeres en edades de procreación o mayores. Tampoco tenemos visiones claras de las implicaciones o percepciones de esta gran transformación en la población joven y en los niños en edades escolares.

Por otra parte, tengo cierta claridad en cuanto a que las visiones de mediano y largo plazos, inducen a la reflexión, crítica y confrontación respecto a los objetivos de la política de población, que enfrenta la continuidad del neoliberalismo y que, frente al impulso deliberado de reducción del crecimiento demográfico, surgen temas de la mayor trascendencia, que afortunadamente están siendo cada vez más considerados, por ejemplo, el envejecimiento de la estructura por edades de la población.

También hay cada vez mayor claridad respecto al predominio de lo individual frente a lo social y comunitario y a la reproducción superacelerada del capital. En todo el mundo la desocupación y la pobreza extrema aparecen como problemas que hay que enfrentar. No obstante, en la práctica de lo real el predominio del poder, político, económico y social, ha llevado a la guerra, y el desarrollo real de los países pobres pasa a formar parte de los temas olvidados de las reuniones internacionales, tal y como ha quedado olvidada la temática de la desigualdad en la práctica concreta del quehacer productivo. La mano de obra barata y la seguridad política sobre la inversión son los grandes temas de las agencias gubernamentales, ya que fuera de la retórica, los requerimientos de alimentación y salud ocupan segundos lugares en el otorgamiento de los presupuestos. También se olvida el requerimiento de una educación de calidad en todos los niveles. Las pruebas internacionales a los escolares dan a México una calificación muy mediocre, que incluso se guarda en los cajones inferiores del escritorio de los funcionarios, tal y como ha quedado demostrado hace unos días a través de los medios de comunicación impresos, no así en los medios radiales y de televisión.

Si bien la transición demográfica y el consecuente envejecimiento deben ser bien comprendidos a niveles macroeconómico y social, además es tiempo de penetrar los ámbitos referidos al curso de vida de los individuos, en donde debe ocupar un lugar predominante el tema de la familia, sobre todo respecto a su formación y desarrollo, y el conocimiento que debe tenerse de los derechos y obligaciones que se contraen.

Si la familia es la base de la sociedad, tal y como suele mencionarse en el discurso político, es buen tiempo para que sea un tema central de la política de población en su diversidad, fines y consecuencias.

Conviene, a mi juicio, plantear la mancuerna familia y derecho, a partir, como he intentado mostrarlo, aunque de manera muy incipiente, de la consideración de la Constitución.

 

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WELTI, Carlos, 1997, "Cambios en la fecundidad", en Demos, Carta Demográfica sobre México, núm. 10.         [ Links ]

 

Nota

¹ Tasas calculadas para periodos bianuales, por el año t y t+1, excepto para 1995. Fuentes: para 1965, 1970 y 1975, Encuesta Mexicana de Fecundidad; para 1980, Encuesta Nacional Demográfica; para 1985, Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud; para 1990, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, y para 1995, Encuesta Nacional de Planificación Familiar.

² Estimado a partir de las tablas longitudinales de Camposortega (1997).

³ Sigo muy de cerca el trabajo de Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, 1998, Derecho de familia. Panorama del Derecho Mexicano. Mc Graw Hill, Serie Jurídica, UNAM.

⁴ En las menciones jurídicas, como lo indiqué sigo muy de cerca el trabajo citado de Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Es claro, como suele decirse, que los problemas de interpretación son míos.