El papel de algunas instituciones sociales en el derecho a decidir sobre la regulación de la fecundidad

 

Ivonne Szasz

 

El Colegio de México.

 

Resumen

El artículo presenta algunas posiciones que se debaten en la bibliografía actual sobre el papel de las instituciones sociales en la toma de decisiones sobre los eventos reproductivos y su regulación. Se plantean algunos términos del debate sobre los derechos reproductivos y el papel de las instituciones públicas de salud, distinguiendo entre el desempeño de esas instituciones en distintos tipos de escenarios estatales. Se analiza también el papel que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales en la promoción del derecho a decidir, distinguiendo entre las ONG vinculadas con movimientos sociales de base y las organizaciones asistenciales asociadas con grupos de poder. Un pequeño apartado se refiere a la importancia de la familia y las relaciones de parentesco en la toma de decisiones reproductivas, y por último, se señalan las potencialidades del ámbito escolar tanto en la reproducción como en la transformación de relaciones de género y generacionales de tipo autoritario que dificultan el desarrollo de la autonomía personal y de la reflexión crítica.

 

Abstract

The paper describes some of the issues being debated in the current literature on the role of social institutions in decision-making regarding fertility and contraception. It puts forward some of the terms of the debate on reproductive rights and the role of public health institutions. It also analyzes the role of NGO in the promotion of the right to decide, as well as the importance of the family and kinship links in reproductive decision making. The article ends by describing the potential of schools in the transformation of authoritarian gender and generational relations and the inertias that prevent the development of personal autonomy and critical reflection.

 

Las instituciones sociales contribuyen a reproducir y a transformar las formas de organización social y cultural. En este texto sistematizo algunas ideas sobre el papel que pueden jugar algunas instituciones para facilitar u obstaculizar el derecho de las personas a decidir sobre la regulación de la fecundidad. El accionar de las instituciones puede contribuir a la reproducción de desigualdades y relaciones de poder, pero también puede desarrollar estrategias y acciones de transformación positiva de la realidad social. Mi propósito es plantear algunas reflexiones sobre cuatro tipos de instituciones que juegan un papel muy destacado en la construcción de los derechos reproductivos: los servicios gubernamentales de salud, las organizaciones de la sociedad civil, la familia y las instituciones escolares.

 

El rol de las instituciones de salud en el derecho a decidir

El papel de las instituciones de salud puede ser muy diferente según el tipo de escenario estatal. En un extremo, en el escenario del tipo de Estado característico del modelo de crecimiento neoliberal, el eje de la defensa de los derechos reproductivos se sitúa en la dimensión social de esos derechos.

Uno de los aportes centrales que ha realizado el movimiento de mujeres de los países del sur para la conceptualización de los derechos reproductivos ha sido la noción de condiciones de posibilidad para ejercer esos derechos. La comunidad internacional ha definido el terreno de estos derechos en términos de poder y de recursos: el poder de tomar decisiones informadas sobre la regulación de la fecundidad y los recursos para llevar a cabo esas decisiones de manera segura y efectiva. El terreno de los derechos reproductivos supone una relación con el propio cuerpo y también relaciones de pareja, familiares, comunitarias, sociales e institucionales. El cuerpo y sus capacidades reproductivas existen en un universo mediado por relaciones sociales en las que existe desigualdad y poder. El desafío para esta noción de los derechos es reconstruir las formulaciones jurídicas supuestamente universales de tales derechos de tal manera que reconozcan las desigualdades de clase, de género, étnicas y generacionales y que respeten las diversidades culturales e identitarias. El reconocimiento de las desigualdades sociales requiere ejercer acciones positivas que aseguren el acceso igualitario de los individuos al ejercicio de los derechos.

Las condiciones estructurales de desigualdad restringen las posibilidades de ejercer decisiones reproductivas. Las restricciones presupuestarias de los servicios de salud, las deficiencias de los transportes, las condiciones sanitarias y la baja escolaridad dificultan el ejercicio de decisiones libres e informadas. Los derechos están siempre condicionados por un contexto material, político y social. Concebir la naturaleza social de los derechos reproductivos significa reconocer que, en los países en desarrollo, el mayor peso de las obligaciones correlativas a esos derechos no las tienen los individuos sino las instituciones públicas.

Para que las decisiones reproductivas sean libres en un sentido real, para que no estén constreñidas por circunstancias sociales, por falta de poder y de recursos o por falta de opciones, se requiere la presencia de ciertas condiciones de posibilidad. Estas condiciones incluyen dimensiones materiales y de infraestructura, como transportes, servicios de cuidado de los hijos, gratuidad de los servicios (o ingresos suficientes) , información, y servicios accesibles y de calidad. Incluyen también dimensiones culturales y políticas como la existencia de opciones legítimas de vida para las mujeres más allá del matrimonio y la maternidad.

De estas condiciones de posibilidad se desprenden las responsabilidades de los Estados y las instituciones de salud gubernamentales: se requieren acciones afirmativas de carácter público para asegurar que los derechos sean alcanzables por todas las personas, incluyendo apoyos públicos para avanzar en la equidad de género (ejemplo: respuestas sociales a las necesidades sociales de cuidado de los niños en horas de trabajo, medidas para modificar la segregación y discriminación laboral por sexo, etcétera).

En el otro extremo del escenario estatal, consistente en el tipo de Estado que interviene en la prestación de servicios sociales con carácter universal, la dimensión prioritaria del papel de las organizaciones gubernamentales en la construcción de los derechos reproductivos es diferente. En este tipo de escenario, el problema central consiste en las tensiones que se producen entre las medidas estatales orientadas al bienestar colectivo y los derechos individuales. Las autoridades gubernamentales y los proveedores de servicios pueden ejercer actos de intromisión o abuso, o a la inversa, omitir responsabilidades, ser negligentes o discriminar a personas o grupos.

Las políticas públicas que buscaban modificar comportamientos que afectaban la dinámica demográfica han sido particularmente coercitivas en materia de integridad corporal de las mujeres de los países en desarrollo. En el actual escenario internacional, las organizaciones gubernamentales requieren revisar y modificar las inercias burocráticas atentatorias de los derechos humanos y establecer mecanismos de rendición de cuentas.

Las decisiones reproductivas son relacionales e interactivas. Los proveedores de servicios gubernamentales requieren reconocer a las mujeres como actoras principales y tomadoras de decisiones reproductivas. Este reconocimiento significa respetar sus procesos de toma de decisiones, sus valores, deseos y experiencias. Deben ofrecer un rango completo de opciones posibles y no guiarse por sesgos tales como las metas demográficas, el costo de los métodos o los prejuicios del proveedor.

Otra tensión se refiere a distinguir entre el derecho a la diferencia y la validez universal de los derechos humanos de las mujeres. Los prestadores de servicios gubernamentales en el pasado no prestaron suficiente atención a los significados diversos que adquieren el cuerpo, la sexualidad y la capacidad reproductiva en diferentes culturas. Sin embargo, los grupos dominantes de las culturas locales y las jerarquías religiosas han usado algunos conceptos tradicionales para negar a las mujeres el derecho a regular su propia fecundidad. En este aspecto, el papel de las organizaciones gubernamentales es clave en cuanto a permitir el acceso y brindar las opciones que permitan a las personas acceder a sus derechos universales sin imponer la visión de los prestadores de servicios ni la de políticas o creencias que no toman suficientemente en consideración las voluntades individuales. El respeto a la diversidad de las usuarias tiene sus límites en los derechos humanos universales. El respeto a la diversidad de los prestadores de servicios y a las políticas, a su vez, tienen sus límites en esos mismos derechos y en la autodeterminación de las personas que acuden a los servicios.

En el contexto actual, en que las decisiones sobre la descendencia dejaron de ser entendidas como acciones que ocurrían en el ámbito familiar y que se ha generado una estrecha relación entre comportamiento reproductivo y razón médica y demográfica, el comportamiento de las organizaciones gubernamentales de salud se ha vuelto central en el ejercicio de los derechos reproductivos. En la medida en que el proceso de decidir sobre la procreación se ha medicalizado y demografizado, el ejercicio de los derechos reproductivos se ha institucionalizado. En este contexto surge otra tensión que afecta los derechos reproductivos: el carácter burocrático de las instituciones públicas de salud. La lógica burocrática significa que en el ejercicio institucional de los servicios de salud se entrecruzan las lógicas de la verticalidad y la discrecionalidad. Las decisiones se toman de arriba hacia abajo y la información y los recursos fluyen verticalmente y se filtran discrecionalmente. Bajo el discurso de la eficiencia se delegan actividades y responsabilidades y se transfieren culpabilidades. Los errores y fracasos circulan y se depositan en forma descendente a través de mecanismos de cohesión y control. Una dimensión importante del ejercicio de los derechos reproductivos consiste en desencadenar procesos de democratización de las instituciones de salud. En una dinámica democratizadora se debe buscar que los eslabones más bajos de la cadena institucional (las usuarias y los prestadores de servicios) tengan una real capacidad de participar en la generación de los programas o en la reorientación de los mecanismos de aplicación.

Cualquiera que sea el escenario estatal, no basta con plantear los derechos reproductivos como un problema de demandas de los individuos frente al Estado. En la sociedad debe prevalecer un interés común, un interés público en que también existan las condiciones para el desarrollo de ciudadanos empoderados, instruidos y políticamente responsables, incluyendo a las mujeres, a los jóvenes y a los prestadores de servicios. El planteamiento de "escoger libre y responsablemente" sin que existan las condiciones sociales que lo permitan es ambiguo y evasivo. Las obligaciones correlativas al derecho a decidir sobre la reproducción no corresponden únicamente a los titulares de esos derechos, sino también a las instancias gubernamentales encargadas de hacerlos valer y a las instancias privadas que concentran los recursos sociales. Se requieren servicios integrales con personal bien capacitado, pero sobre todo se requieren servicios participativos, dotados de recursos y con una infraestructura adecuada, y se requiere que todas las personas puedan acceder a estos servicios para que se puedan ejercer los derechos reproductivos. La cultura de vigilancia de la propia salud y la cultura de prestación de servicios públicos son parte del movimiento por la democratización de las sociedades. Solamente pueden basarse en que los usuarios y los prestadores de servicios tengan independencia económica y autodeterminación política.

Para garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos, las organizaciones gubernamentales deberían hacer mucho más que simplemente evitar abusos y vigilar el cumplimiento de lineamientos sobre calidad de la atención. En un proceso democratizador, su personal de base debería participar en las decisiones sobre los programas que aplica. Los organismos de salud deberían atender a las condiciones de las comunidades locales y de las propias instituciones, pero también a las condiciones de la sociedad en su conjunto. Sobre todo, deberían pugnar, conjuntamente con los movimientos sociales, por un reordenamiento de las prioridades de financiamiento y de las políticas, buscando que se orienten efectivamente a favor del bienestar reproductivo y la atención a la salud.

 

El rol de las ONG en el derecho a decidir

Las diversas formas de organización de la sociedad civil pueden jugar un rol muy importante tanto en la definición de los contenidos de las políticas públicas y de las leyes como en la vigilancia de su cumplimiento. En ocasiones, frente a la ausencia de políticas de bienestar social, algunas de estas formas de organización —las asociaciones civiles sin fines de lucro— suelen asumir también directamente la prestación de servicios de salud o de consejería, ya sea con fines asistenciales o de promoción ciudadana.

En el caso de los derechos reproductivos, han sido las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas quienes han asumido un rol protagónico. También juegan un papel cada vez más importante —aunque en un sentido opuesto a los derechos individuales de las mujeres— las organizaciones asistenciales y los grupos conservadores ligados a las jerarquías religiosas. En cambio, si bien no se oponen abiertamente a los derechos reproductivos, otras organizaciones de la sociedad civil, como los partidos políticos, las organizaciones de productores, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores, no han hecho suyas las demandas por los derechos reproductivos.

En este escenario social, son dos las corrientes de la sociedad civil que expresan su accionar en materia de derechos reproductivos: las ONG ligadas a los movimientos de mujeres de orientación feminista y las organizaciones asistenciales ligadas a grupos de poder religioso, político o económico. En este apartado examino brevemente el tipo de interacciones que se producen entre estos dos tipos de ONG, las instancias de decisión y la población, con la finalidad de aportar algunas reflexiones sobre su potencialidad transformadora.

Las ONG ligadas a los movimientos feministas se orientan hacia la superación de la subordinación femenina, partiendo de una visión del mundo que reconoce a las desigualdades de género como una de las manifestaciones de las desigualdades sociales que nuestras sociedades construyen. Su principal objetivo es lograr capacidad de interlocución y reconocimiento por parte de los poderes del Estado que les permita influir en las decisiones políticas y legislativas, así como vigilar el cumplimiento de esas definiciones. Se conciben como espacios intermedios de participación ciudadana, más formalizados que los movimientos de base pero menos institucionalizados que los partidos políticos. Adquieren particular importancia en procesos de transformación de las relaciones entre los individuos y los Estados, en los que el papel y los recursos del Estado se reducen y las fuerzas del mercado se fortalecen. En este tipo de escenarios se constituyen como una categoría intermedia entre la política formal y la informal. Frente a la escasa incorporación de las formas y estilos de trabajo participativo de las mujeres en la política formal, y a la poca incorporación de las demandas del movimiento de mujeres en las políticas públicas, estas organizaciones buscan mediar entre estos dos espacios. En su accionar, no solamente buscan que los espacios y los temas de las mujeres ganen representación en lo político, sino que buscan la transformación de las mujeres como sujetos políticos, incluyendo a los derechos reproductivos como parte del ejercicio de la ciudadanía.

Las ONG de mujeres suelen ser pequeños grupos dotados de capacidad técnica profesional que buscan articular esa capacidad con los intereses de movimientos o grupos sociales. Se atribuyen funciones de representatividad e interlocución en ausencia de esa interlocución por parte de otras instancias mediadoras, como los partidos políticos. También se basan en la heterogeneidad de las demandas y de los grupos sociales existentes, y en la desconcentración de las prácticas, demandas, discursos y estrategias de movilización política que prevalecen en las sociedades actuales. Las tendencias hacia la desconcentración de los poderes públicos y la reducción de los recursos, la capacidad de gestión y el poder de los Estados han hecho más complejo al espacio político y las instancias en que se toman las decisiones y se elaboran las políticas públicas. La relevancia de las ONG de mujeres cobra sentido en un contexto de debilitamiento de los Estados centrales, ampliación del poder y los recursos del sector privado y cierto fortalecimiento de los poderes locales.

Para desarrollar sus funciones, las ONG de mujeres hacen esfuerzos institucionales para obtener recursos de manera regular, buscando especializarse y profesionalizarse. Sin embargo, dada la ausencia de reconocimiento de su utilidad en la estructura social, no cuentan con formas establecidas de financiamiento regular, por lo que el trabajo voluntario suele ser su eje central y la carencia sistemática de recursos su principal limitación. Esta debilidad crónica hace surgir, además, una competencia encarnizada por los escasos recursos entre las organizaciones.

Sus actividades a favor de los derechos reproductivos suelen incluir tanto la prestación de servicios y la consejería como la elaboración de programas educativos y la facilitación de espacios de encuentro y reflexión. Su estructura organizativa es débil debido a la carencia sistemática de recursos propios, por lo que el alcance de sus actividades suele ser relativamente limitado. Su principal impacto en el tiempo puede ser la promoción de grupos de mujeres para su transformación en sujetos sociales activos, capaces de cambiar las circunstancias en que viven. Esto se logra involucrando la participación activa de las mujeres atendidas en los programas que promueven, reconociendo sus saberes y promoviendo la conciencia de sus derechos.

Como se mencionó anteriormente, otra actividad central de estas ONG es la interlocución con agencias públicas para influir en las decisiones y vigilar su cumplimiento. La realizan a través de la construcción de redes y contactos personales con funcionarios públicos, representantes políticos y legisladores. El carácter poco sistemático de estas relaciones constituye también una debilidad.

Las ONG compiten entre sí para capitalizar los temas y lograr presencia política, manifestando una permanente tensión entre su distanciamiento de los movimientos de base y su capacidad de influir en las prácticas y en las decisiones con autoridades locales. Sus estrategias son la construcción de redes, los contactos, el cabildeo, la promoción de debates y en menor medida la movilización social. Los contactos suelen basarse en relaciones personales, lo que los hace muy precarios, excepto cuando logran conformar redes de organizaciones y coaliciones.

Una de las estrategias más recurridas por las ONG para sobrevivir es la realización de pequeñas investigaciones con fondos de organismos internacionales. Su falta de vinculación con la academia y su precariedad organizativa y financiera ha significado en la práctica un escaso impacto de este tipo de investigaciones en la toma de decisiones. La modalidad de investigación-acción que suelen asumir tiene una repercusión semejante a la prestación directa de servicios que algunas ONG emprenden: abarcan a pequeños grupos de la población.

La principal interrogante se refiere a definir si corresponde a las ONG ocupar los espacios vacíos que ha dejado el retroceso de las políticas de bienestar social. La falta de financiamiento de los servicios públicos de investigación académica y de salud difícilmente puede ser suplida por estos pequeños grupos. En este caso, corresponde a las organizaciones luchar por la canalización de fondos privados para sostenerse con tal autonomía financiera que les permita cubrir la demanda de servicios de investigación y de salud de los sectores que no pueden pagarlos en el mercado. Sin embargo, en esta lucha enfrentan la competencia de las organizaciones de tipo asistencial.

Este otro tipo de ONG —las organizaciones asistenciales— se basan en el voluntariado y sustentan valores tradicionales sobre el papel de las mujeres en la familia y en la sociedad que suelen entrar en conflicto con la promoción de sus derechos individuales. Sus objetivos son la prestación directa de servicios a los sectores más pobres, pero por su relación con los grupos de poder financiero, religioso y político suelen tener, además, amplio reconocimiento social y mayor capacidad de influencia pública que las ONG ligadas a los movimientos de mujeres. Basan sus recursos en las donaciones filantrópicas de sectores privados y en las aportaciones y trabajo voluntario de sus integrantes, quienes generalmente no requieren trabajar para sobrevivir. Su autonomía financiera suele ser mucho mayor y generalmente no buscan la profesionalización ni la formación de equipos especializados, teniendo una base participativa amplia en sectores medios y altos. Aunque los servicios que prestan buscan el bienestar de las personas atendidas, no se orientan a transformar la condición de las mujeres hacia una mayor capacidad de decisión individual y acción ciudadana, sino que tienden a reforzar los roles familiares y domésticos de las mujeres que atienden.

Por su mayor capacidad financiera y su prolongada presencia en la formación social, su alcance en términos de prestación de servicios es mucho mayor. Además, por la procedencia social de sus integrantes y su defensa del statu quo, su capacidad de interlocución y de movilización social es por ahora mucho mayor que la de aquellas ONG que defienden los derechos reproductivos.

 

Familia, relaciones de parentesco y autonomía reproductiva

Uno de los principales aportes de la investigación sobre relaciones de género ha sido develar a las familias como espacios de relaciones sociales, de ejercicio de poderes y de intereses diversos y potencialmente conflictivos.

Las familias y las relaciones de parentesco fueron, hasta hace muy poco, espacios privilegiados de definición de los comportamientos reproductivos. A pesar de los lazos de afecto, cooperación e interés común, en estos espacios íntimos —y no solamente en los espacios públicos y burocráticos— existen desigualdades en la distribución del poder y los recursos materiales y simbólicos. En las familias estas desigualdades se dan principalmente entre los sexos y entre las generaciones, y afectan sustancialmente la capacidad de decisión de los miembros de menor edad, en particular de las mujeres jóvenes.

Las estructuras desiguales al interior de la familia están sustentadas en construcciones culturales muy profundas, como las relaciones de género. Con variaciones según los grados de subordinación femenina, que son diversos en diferentes contextos, en general las concepciones tradicionales de género atribuyen a los varones mayores el control del poder y los recursos familiares, incluyendo el control de las capacidades sexuales y procreativas de las mujeres. Este tipo de significados culturales sustenta órdenes sociales más amplios —como la reproducción de estrategias productivas familiares y de espacios comunitarios—, estableciendo fuertes sanciones sociales contra los varones que no ejercen adecuadamente ese control.

Los procesos de secularización y occidentalización de las sociedades actuales, con sus características de incorporación creciente de mujeres y jóvenes a mercados de trabajo inestables y precarios y de destrucción de las formas familiares de producción, han implicado un debilitamiento de las estructuras familiares autoritarias y cohesionadas. Estos procesos han generado, por una parte, relaciones más democráticas entre los sexos y entre generaciones, y por otra, mayor inestabilidad de las relaciones de pareja y de la cohesión familiar, dando lugar a nuevas formas de inseguridad social de las mujeres. Aunque ha aumentado su capacidad de decisión, ha disminuido su protección familiar y social. A pesar de esta mayor indefensión social, son indudablemente los tipos de familia con relaciones más democráticas y menos estables las que contribuyen en mayor medida a la capacidad de decisión individual en materia reproductiva.

 

Instituciones educativas y derecho a decidir

Las instituciones educativas juegan un papel clave en la estructuración de las condiciones para que las generaciones jóvenes puedan decidir libremente sobre sus capacidades reproductivas.

Las relaciones de género se reproducen socialmente en diversos ámbitos institucionales, incluyendo la escuela. En ella se observa la existencia de ámbitos y actividades diferenciadas para niños y niñas, así como roles diferenciados para las maestras respecto de los escasos maestros y directivos varones. En el recreo escolar se reiteran los juegos de reafirmación de la masculinidad y de castigo hacia los niños poco viriles. Las niñas son valorizadas por su buen desempeño escolar y su comportamiento como "señoritas", mientras que en los varones se estimula más la creatividad y la iniciativa. Las materias que son más valoradas, tales como matemáticas, física y química, suelen ser preferidas por muchos niños, mientras que aquellas que se consideran propias de las jovencitas, como música, artes plásticas o historia, son menos valoradas académicamente. Estas construcciones de género reafirman la tendencia—socialmente estimulada— a que las jovencitas busquen ser valoradas principalmente a través de su capacidad de despertar enamoramiento y de su atractivo sexual.

En la escuela —y en la sociedad— existe una creencia generalizada de que los comportamientos de riesgo de los jóvenes se pueden evitar mediante la entrega de información "científica" sobre la sexualidad, la reproducción y las adicciones. Esta información, de tipo biológico o psicológico, no cuestiona las estructuras sociales de género que generan buena parte de esos comportamientos de riesgo. Sin duda, es la escuela el espacio donde se puede proporcionar este tipo de información útil, pero también es importante que el espacio escolar asuma que es un tipo de información insuficiente, ya que es poco lo que esta información aporta para que las personas jóvenes puedan tomar decisiones "libres" en materias tan afectadas por las relaciones de género como la sexualidad y la reproducción. Las escasas referencias a relaciones de género que suelen contener en años recientes los libros de secundaria ponen énfasis en señalar que hombres y mujeres tienen igual valor y que en épocas anteriores las mujeres no trabajaban fuera del hogar como lo hacen actualmente. En estos textos y en el accionar cotidiano del espacio escolar existen pocos elementos que permitan a los jóvenes de construir la complejidad de los significados culturales en los que estamos inmersos y que nos hacen reproducir constantemente situaciones de desigualdad y tomar decisiones poco libres.

La sexualidad y la reproducción son ámbitos del quehacer humano en los que intervienen los cuerpos biológicos y las particularidades psicológicas, pero que son socialmente construidos. En particular, las construcciones sociales de género se vinculan estrechamente con las construcciones sociales de la sexualidad y la reproducción, que se caracterizan por la existencia de desigualdades, relaciones de poder e imperativos culturales que afectan de manera diferente tanto a hombres como a mujeres, y que se relacionan estrechamente con la construcción de las identidades. En este sentido, la escuela podría jugar un importante papel de reflexión, toma de conciencia y deconstrucción creativa de las normas de género que resultan opresivas u obstaculizadoras para la toma de decisiones en relación con el propio cuerpo. Ejercicios de este tipo requerirían una reflexión igualmente consecuente sobre las desigualdades generacionales, que se expresan con especial intensidad en los espacios escolares y familiares.

En otras palabras, la reflexión sobre el papel de la escuela en la construcción del derecho a decidir sobre el propio cuerpo nos sitúa en el debatido terreno de los derechos de los niños y de los jóvenes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sus capacidades sensoriales y de contacto erótico. Un tipo de educación reflexiva y crítica sería formativa del derecho a decidir, pero tal vez amenazadora para formas de organización social basadas en la reproducción de desigualdades.

 

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Información sobre la autora

Ivonne Szasz. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, Maestra en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en estudios de Población, por El Colegio de México y posdoctorado en el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade).

Actualmente es profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México y coordinadora del programa Salud reproductivay sociedad en la misma institución. Sus líneas de investigación son relaciones de género y sexualidad, género y migraciones, género y salud y salud reproductiva. Ha publicado dos libros como autora y tres como compiladora y más de 30 artículos y capítulos de libros. Entre sus publicaciones más recientes están los artículos: "Aportes teóricos y desafíos metodológicos de la perspectiva de género para el análisis de los fenómenos demográficos", en Desafios conceptuales y exigencias metodológicas en los estudios de población en el siglo XXI, El Colegio de México y Somede, en proceso de edición; "La investigación sobre sexualidad y el debate sobre los derechos reproductivos en México", en Cien años de cambio demográfico en México, FCE, México, 2001. Correo electrónico: sep@colmex.mx