Las limitaciones de la ley para atender y solucionar problemas

Me parece que hay un gran consenso en aceptar que “las leyes y reglamentos” expedidos por los órganos autorizados (congresos, consejos universitarios, entre otros) son la plataforma básica para la convivencia social pacífica y respetuosa de los derechos humanos. No puede haber sociedad sin leyes. Pero también hay un consenso amplio en reconocer que no hay leyes aplicables para todo conflicto o problema social, que las leyes regulan solo una parte de la vida social, que las leyes se enriquecen, actualizan y en un momento dado pueden ser obsoletas; que es necesario diseñar continuamente nuevas leyes ante los acontecimientos y circunstancias que irrumpen en la vida social; y que la vida misma es tan rica, compleja y creativa que no se puede encajonar, circunscribir o ajustar a un conjunto de normas y disposiciones específicas. Cuando las leyes sean tan numerosas y comprensivas que lleguen a regular el comportamiento humano, lo humano de nuestro comportamiento desaparecerá.

También hay un consenso en que la ley es “interpretable” y que su interpretación puede dar lugar a múltiples concepciones que, incluso, pueden llegar a ser contrapuestas. Se acepta que en las democracias, en las universidades autónomas, la interpretación jurídicamente válida recae en un cuerpo colegiado y no en una sola persona.

Estas ventajas y limitaciones de la legislación dan lugar a múltiples interpretaciones y posibles acciones sobre lo que se puede o debe hacer en un caso específico como el plagio de una tesis realizada y presentada hace más de 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por una figura pública que es, nada menos, que Ministra de la Suprema Corte de Justicia, ex alumna de la institución.

Marion Lloyd nos ha ilustrado refiriendo los casos de varios personajes de la política, la cultura, la ciencia a nivel internacional, “poderosos y plebeyos” que han sido acusados de plagio y las diferentes reacciones ante ello: el pundonor de algunas(os)¹ para reconocer la falta ética y abandonar el cargo; el cinismo de otros para negarlo y aferrarse al cargo; la imposición de una sanción por un órgano competente o bien, el desprestigio social (^{Lloyd, 2023}).

En el análisis del caso de la ministra Yazmín Esquivel se han expresado múltiples opiniones y posturas y me gustaría referirme solo a alguna de ellas.

Desde el punto de vista estrictamente legal, es interesante saber que no hay una única opinión. Algunos exabogados generales de la UNAM, el actual Abogado General y de distinguidos juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas no comparten el mismo punto de vista. En el magnífico recuento realizado por el colega Roberto Rodríguez Gómez (Rodríguez Gómez, 2023) se advierte claramente que no hay consenso en torno a aplicar una sanción, unos piensan que no se puede hacer algo y otros tantos que sí se puede.

La UNAM reconoce el plagio pero, según algunos abogados, no puede desconocer o retirar el título porque no hay una legislación específica que la faculte para ello; otros opinan y argumentan que sí es posible hacerlo y aducen las posibilidades que da la misma legislación para hacerlo.

Queda claro que la decisión no puede darse solo desde la perspectiva jurídica. Se requiere incorporar otras perspectivas para dar una respuesta al problema.

Por ejemplo, el Rector de la UNAM con mucho tino, responsabilidad y en ejercicio de la autonomía, ha decidido atender el problema recurriendo a instancias colegiadas, y la decisión final la tomará el Consejo Universitario que, vale la pena recordarlo, está compuesto por representantes de los diferentes sectores de la comunidad cuya inmensa mayoría no es abogado, ni se pretende que lo sea. La decisión recaerá en un órgano que representa a la comunidad en donde se diseñarán las posibles alternativas y se tomará una decisión. La opinión de los abogados, si bien es un elemento a tomar en cuenta, no es el único. Una vez tomada la decisión por el órgano colegiado, le toca al Rector aplicarla.

A diferencia de otros órganos de decisión, en donde es requisito que los miembros sean abogados, la representación en órganos colegiados de la UNAM y en los consejos universitarios de todas las universidades públicas, lejos está de establecerse como requisito que lo sean. Los representantes conocen, toman en cuenta la opinión de los abogados, pero también son sensibles a muchos otros factores, como los intereses y expectativas de sus representados, el prestigio institucional, el cuidado y defensa de valores universitarios. Existe el riesgo de que estos órganos colegiados tomen decisiones que no les competen o que no estén relacionados con su función social o que vayan en contra de una normatividad estatal o federal. Para estos casos, hay algunas universidades que tienen previsto el mecanismo de resolución de una posible extralimitación del Consejo, el Rector puede vetar la resolución de un órgano colegiado y entonces dirime la controversia la Junta de Gobierno. Puede también suceder que una decisión del Consejo sea vetada por un órgano ajeno a la Universidad y entonces la resolución puede quedar fuera del ámbito universitario.

Existe el temor de que esta posibilidad ocurra para el caso de una posible sanción a la Ministra y que esta decisión sea objetada o impugnada por instancias externas a la Universidad, en cuyo caso la UNAM quedaría rebasada y su decisión podría ser revocada por instancias ajenas.

Esta amenaza adquiere concreción y preocupación ante la cínica petición de la Ministra -aparecida en la prensa nacional el 12 de febrero de este año- de solicitar un amparo ante una jueza federal para “anular el proceso de la UNAM sobre el presunto plagio” y poner una mordaza a diferentes autoridades universitarias para no informar del proceso. El colmo es que la jueza concedió el amparo. En este caso la ley se utiliza para obstaculizar e incluso impedir conocer la verdad. La ley al servicio de los poderosos.

Esta breve argumentación pretende reiterar que no es suficiente la legislación para resolver el problema del plagio, ya declarado por la propia institución. Es necesario, entonces, tomar en cuenta otros factores, otras variables para comprender mejor y resolver el problema. Uno de estos factores adicionales es el relacionado con los valores que pretenden inculcarse a través de la educación.

Me parece que una de las grandes fortalezas de la UNAM en particular y de las universidades autónomas en general es que las decisiones se van construyendo con debates, argumentaciones, en un diálogo constructivo hasta alcanzar consensos o mayorías. No son decisiones verticales. Por ello, a muchos nos causó indignación que la postura de la UNAM, manifestada por el Rector, haya sido calificada de manera irónica y grotesca, de “choro mareador” por el propio Presidente de la República.

La educación y valores

La educación, como muchos filósofos, sociólogos y educadores lo reconocen, no se restringe a la transmisión de conocimientos, la adquisición de habilidades, la consecución de un título para ejercer una profesión, la socialización de conductas y comportamientos socialmente aceptados y aceptables sino que ha tenido y tiene el fin superior de cultivar y conducirse en la vida con valores, con un trasfondo de moralidad. Se trata de dar y construir colegiadamente una educación “moral” que se puede entender, como decía Pablo Latapí:

[…] como la búsqueda de la plenitud humana, la introducción del niño y del joven a esa zona que hay en el fondo de todos nosotros donde surgen las preguntas sobre el sentido de la vida y se construyen las respuestas, siempre provisorias, de una libertad responsable. Educación moral es conducir al alumno a enfrentarse con su propia conciencia; hacerlo crecer hasta que pueda sobrellevar solo la terrible carga de definir, con honestidad cabal, qué es el bien y qué es el mal, y aclarar las razones de su conducta (^{Latapí, 1996:17}).

Así, cuando la educación moral, la educación en valores se desdibuja, se relega o de plano se elimina, se presentan crisis sociales.

La formación en valores no es, como durante mucho tiempo se supuso, privativa y exclusiva de las religiones. En una sociedad laica, como la nuestra, es un asunto público que requiere atención y políticas públicas para hacer posible la convivencia pacífica, preservar la vida cuidando la tierra, el agua, las especies, los bosques, el ambiente (^{Sánchez Hernández y López Fernández, 2006}).

Desafortunada e irresponsablemente, “la educación cívica y la formación moral fueron desterradas hace muchos años de la escuela mexicana” (^{Latapí, 1996:18}). Los objetivos educativos han privilegiado una visión utilitarista, economicista, de tal manera que se atiende preferente o exclusivamente una de las funciones de la educación: la transmisión de conocimiento y/o la adquisición de habilidades y competencias para hacer algo y obtener beneficios económicos.

O bien, se ha supeditado la educación a la consecución y mantenimiento de un poder político a como dé lugar, a imponer una forma única de pensar y conducirse de tal manera que se condena y se reprime y castiga la pluralidad, la diversidad.

La educación tiende a olvidar, como lo menciona Latapí: “algunas virtudes venerables que no pasan de moda: un poco de compasión y solidaridad; respeto, veracidad, sensibilidad a lo bello, lealtad a la justicia, capacidad de indignación y a veces de perdón, y algunos estímulos para que nuestros alumnos descubran su libertad posible y la construyan” (^{Latapí, 2007}).

La instrumentalización de la educación, su mercantilización, la ausencia creciente de formación en valores da lugar a fenómenos como el que ahora nos ocupa: desde la más alta tribuna del país se justifica la deshonestidad; se deshonra y denuesta al que la hace pública; se condena el plagio en abstracto y se exonera a la amiga que lo hizo (era joven, ¿quién no lo ha hecho?). La falta de educación en valores justifica el hecho condenable: es politiquería, es un ataque a su gobierno. La ausencia de educación moral conduce a arrebatos autoritarios atropellando la autonomía de la Universidad: “El discurso del Rector es un choro mareador”. Evidentemente hay muchos aspectos que mejorar en todas las universidades públicas para prever y sancionar estas conductas que carcomen valores que se han cultivado en las universidades a lo largo del tiempo, pero no se corrigen por un mandato autoritario que se asume como superior a las formas colegiada de las universidades para tomar decisiones.

Pablo Latapí dedicó gran parte de su obra a destacar la importancia de la educación en valores y a dar ejemplo en su vida de ello. Una contribución notable es, entre otras muchas, su libro El debate sobre los valores en la escuela mexicana (^{Latapí, 2003}). La educación se propone, nos dice Latapí “que los niños y jóvenes vayan forjando su conciencia moral para distinguir el bien y el mal, y se vayan apropiando de los sentimientos, juicios, actitudes y valores que fortalezcan esa conciencia en apoyo de conductas congruentes” (^{Latapí, 2003: 187}). Y en cuanto a la educación universitaria considera que:

[…] existen no sólo para crear y promover el conocimiento económicamente útil sino todas las formas de conocer que requiere una sociedad. Por esto sostenemos que ellas son el hogar legítimo de la filosofía y las humanidades, de la historia, del teatro, la poesía y la música; defendemos también el profundo sentido humano de las ciencias naturales; y afirmamos el valor de lo inútil y de lo gratuito como parte de la misión de la universidad. Por esto también creemos en lo valioso de la convivencia de los diferentes en las comunidades universitarias, tan propia de nuestras universidades públicas (^{Latapí, 2007}).

La insuficiente e incluso ausencia de formación en valores de nuestras instituciones dan lugar a eventos como el que ahora se comenta.

El COMIE y la educación en valores

El antecedente para impulsar la investigación educativa (IE) en el campo de los valores se vislumbró en el documento Plan maestro de investigación educativa, que formaba parte del Programa Nacional Indicativo de la Investigación Educativa (^{Conacyt, 1981}) en donde se insistía en analizar la función socializadora, valoral y política de la educación. El Plan maestro proponía orientar la IE a la “identificación de los problemas de la educación nacional, su análisis y solución, y a anticipar y hacer posibles los cambios educativos necesarios para los cambios estructurales deseables”, en palabras de Pablo Latapí (^{Conacyt, 1981, cap. iii:3}).

Cuando se fundó el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en 1993, uno de sus propósitos fue, y sigue siendo, elaborar un “estado del conocimiento” de la investigación educativa, cada 10 años. Para hacerlo, hubo la necesidad de formular un temario analítico que permitiera ubicar la amplia y creciente producción investigativa del país en diversos campos. En su origen no se incorporó el área de educación y valores, si bien había investigadores que daban cuenta de ello. No fue sino hasta 2007 que logró constituirse como un área temática. Teresa Yurén y Ana Hirsh, coordinadoras del estado de conocimiento de esa área, lo rememoran así:

Como resultado de la constitución de Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores (REDUVAL), y de los trabajos preparatorios del noveno Congreso (2007), los investigadores del campo de educación y valores estuvieron en posibilidad de estructurar un área temática particular que fue aprobada y se le denominó “Educación y valores” en una asamblea de socios, llevada a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el año 2006 (^{Hirsch y Yurén, 2013:47}).

La investigación era y es necesaria pues:

[...] ante el hecho de que la escuela no ha atendido eficazmente su función normativa, un amplio y diverso conjunto de sujetos sociales (investigadores, organizaciones no gubernamentales, autoridades electorales, gobernantes, dirigentes de padres de familia, etc.) han señalado lo injustificable de tal carencia y expresado la necesidad urgente de mejorar la formación ética en la socialización escolar (^{Hirsch y Yurén, 2013:42}).

Los resultados en la década son importantes tanto en calidad como en número: suman 892 entre libros, capítulos de libro, artículos, tesis de posgrado y ponencias (^{Hirsch y Yurén, 2013:54}).

Resulta sumamente interesante la conclusión a la que se llega en el capítulo dedicado al análisis de “Valores profesionales y ética profesional”:

Han aumentado notablemente las publicaciones, en México y en el mundo, en los últimos años, en razón de los dilemas, problemas y conflictos éticos que encuentran los profesionales en su ejercicio profesional y debido a la detección de conductas no éticas -cada vez más frecuentes y de mayor intensidad- en profesionistas, profesores, investigadores y estudiantes. La investigación puede mejorar el diagnóstico de lo que está sucediendo al respecto, a partir de la creación de conocimiento y en la búsqueda de las mejores soluciones posibles para remediar el estado de cosas. Una de ellas es la formación valoral sistemática en este asunto (^{Pérez Castro, 2013:118}).

Está en proceso de edición y publicación el estado del conocimiento 2012-2022, en donde seguramente se dará cuenta del avance filosófico, teórico, empírico de la investigación educativa en valores en la década pasada.

Reflexiones finales

El problema específico del plagio de una tesis es un indicio de un problema general, involucra a otras personas e incluso a instituciones: los directores de la tesis, la ausencia de lineamientos institucionales suficientes para prever y sancionar esas prácticas fraudulentas y carentes de ética. Obviamente hay que perfeccionar la legislación y los mecanismos de supervisión para atender el problema. Sin embargo, lo que se ha pretendido en este ensayo es destacar lo que filósofos, historiadores, educadores han señalado: el problema no solo es jurídico sino fundamentalmente de valores. La ley más comprensiva es insuficiente para regular la compleja, variada y rica vida social. La mayor parte de nuestras interacciones con la sociedad, con el medio, con la ciencia, con lo desconocido e inexplicable se sitúa en el terreno de la ética y los valores y solo una porción en el ámbito de lo jurídico.

El papel de la educación en la formación de valores es fundamental, es una responsabilidad social, es una obligación del Estado mexicano en general y de la Secretaría de Educación Pública, en particular, promoverla, inculcarla y defenderla. Instrumentalizar la educación a los fines del mercado o de la política pone en riesgo la convivencia social.

No son suficientes la filosofía, y la deontología para promover la educación valoral; es imprescindible investigar sobre los valores y esta es la gran contribución del COMIE. La investigación educativa sobre el tema nos brindará pistas, nos sugerirá caminos para hacerla efectiva. A la fecha, la reflexión de Pablo Latapí sigue vigente: la formación en valores ha sido desterrada de la escuela mexicana. Y estamos observando con pasmo, enojo, desazón algunos de los impactos de esa ausencia.

Para el caso específico, me parece que nos toca respaldar, apoyar la ruta marcada por el rector de la UNAM para analizar el problema y llegar a una decisión colegiada, autónoma, que haga valer la estatura moral de nuestra Universidad Nacional, de nuestras universidades autónomas.