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Los enredos recientes alrededor de la tesis supuestamente plagiada con que se graduó la jueza de la Suprema Corte de la Nación, Yasmín Esquivel, evidencian severos entorpecimientos en el sistema educativo y legal mexicano frente al fraude académico.
Para desenredar el asunto, es preciso acordarse de una premisa básica en el mundo de la educación: la encomienda de las instituciones educativas consiste en producir, compartir e impartir conocimientos, habilidades, competencias y valores. Los resultados de estas actividades se certifican mediante examinaciones, llevadas a cabo por pares, para garantizar que el o la estudiante1 cumple con los niveles requeridos o que las publicaciones siguieron un proceso metodológico adecuado y arrojan resultados confiables. Esta certificación corresponde a la comunidad académica y debe ser transparente y honesta. En el caso contrario, los certificados y publicaciones pierden su valor.
A partir de esta premisa, en el caso Esquivel, los distintos involucrados incurrieron en dos errores (hasta el momento). El primero consiste en considerar que el plagio o el fraude son asuntos legales que se deben resolver en tribunales en apego a la legislación. El segundo radica en considerar que el plagio es la forma preponderante de fraude académico, y que se podrían evitar futuros casos mediante un detector de plagios o la abolición de la tesis. Argumentaremos aquí que el plagio es tan solo un epifenómeno de un problema más grande de fraudes académicos y que el problema es primordialmente ético, no legal.
¿Está mal, pero no ilegal?
Un primer traspié en el caso Esquivel es que el asunto, instantáneamente, generó connotaciones legales y políticas. Probablemente eso se debe a que los directamente involucrados son abogados o actores políticos. La defensa legalista llevó al señalamiento que, aun cuando el plagio es una práctica indeseable y reprehensible, ninguna instancia parece haber legislado al respecto. Como resultado, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública han expresado que no pueden actuar. Al parecer, una vez que una persona logre conseguir un título automáticamente obtiene la cédula, y ambas constancias son irrevocables.
En la misma lógica se produjeron otras acciones inverosímiles. La asesora de tesis procedió a visitar al abogado que se tituló un año antes, bajo su supervisión, para que confesara ante un notario que tomó partes de la tesis presentada por Yasmín Esquivel. Luego este abogado señaló que nunca confesó, para luego retractarse y admitir que siempre sí tomó partes de la tesis. Con esto se introdujeron varias declaraciones (semi) legales ante notario que posiblemente se presentarán ante tribunales, fuera del ámbito del mundo académico. Esquivel, a su vez, dice tener pruebas legales que indican que escribió la tesis y que fue víctima de plagio. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados empezó a discutir una iniciativa que busca reformar la Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso una enmienda que prescribe el plagio después de cinco años (Vallejo, 2023). Posteriormente, la acusada recurrió a un tribunal para solicitar y obtener un amparo, que prohíbe a la UNAM declarar al respecto. En resumen, los principales involucrados actuaron para enmarcar el problema en términos legales, no como asunto ético académico.
Desde una perspectiva comparativa internacional, una larga lista de casos de plagio indica que eso es el camino equivocado. Un escándalo famoso concierne el ministro de defensa de Alemania, el conde Karl-Theodor zu Guttenberg (después rebautizado como el Conde Copy and Paste) en 2011. Los medios de comunicación descubrieron que había plagiado gran parte de su tesis, lo cual inicialmente desconoció. Sin embargo, una revisión de un comité de la Universidad de Bayreuth concluyó que el conde había “violado gravemente las prácticas básicas de investigación y al hacerlo, había engañado intencionalmente”. Era obvio que había plagio, según el comité. Finalmente tuvo que renunciar al puesto y se revocaron su tesis y título, lo cual implicó que ya no podrá ejercer como abogado (BBC, 2011).
La lista se extendió rápidamente después en Europa por la labor del blog de VroniPlag Wiki (https://vroniplag.fandom.com/de/wiki/Home), una organización alemana que decidió usar las tecnologías modernas para revisar tesis, sobre todo de doctorado. Encontró plagio en muchas tesis, entre ellos de políticos de alto nivel. La evidencia de plagio forzó, en 2012, la renuncia del presidente de Hungría, Pál Schmitt. Siguieron políticas alemanas como la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Silvana Koch-Mehrin, y la ministra de Educación, Annette Schavan. Ambas perdieron su título y puesto político. En cambio, el viceprimer ministro de Hungría, Zsolt Semjén, se salvó porque su alma mater se negó a investigar las acusaciones. La lista sigue con el ministro de Educación de Rumania, Ioan Mang, quien tuvo que renunciar en 2012 (Babitski, 2021).
El primer ministro de Rumania, Víctor Ponta, sobrevivió inicialmente las acusaciones de plagio en 2012, pero tuvo que renunciar en 2015 tras ser acusado por evasión de impuestos y otros escándalos. Aunque inicialmente negó el fraude, después de su renuncia admitió haber plagiado más que la mitad de su tesis. Asimismo, envió una carta al rector de la Universidad de Bucarest para renunciar a su título (Osipian, 2019).
Otros plagiarios famosos incluyen al presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden (Murse, 2020), así como los presidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. En estos casos, su alma mater decidió no investigar el asunto y los acusados continuaron en el puesto.
Aunque estos casos llaman mucho la atención, hay una gran cantidad de plagios que pasan desapercibidos. Un estudio australiano encontró que uno en cada diez estudiantes usó los servicios de pago de una agencia que produce tareas en línea (Curtis, McNeill, Slade, Tremayne, et al., 2022). El problema no es nuevo: ya en los años noventa, antes de internet, había letreros frente a las universidades mexicanas que anunciaban: “se hacen tesis”. Actualmente proliferan estos servicios en línea alrededor del mundo.
Podemos suponer que en muchas ocasiones nadie se da cuenta y el plagio solamente pesa sobre la consciencia del plagiario. En otras, puede haber acusaciones, pero las universidades tratan de esquivar o desatender el asunto. Como se trata de asuntos de bajo perfil, no hay atención en los medios o en los consejos. Por esta razón es prácticamente imposible saber de cuántos casos se trata. Pero si consideramos los datos australianos y que en el ciclo 2020-2021 se titularon 526 mil estudiantes en México (ANUIES, 2021), es plausible que haya 50 mil casos problemáticos al año.
Lo que destaca en todos los casos conocidos es que nadie apeló a la legislación o a las cortes, ni los acusados ni las universidades. Concluyeron que no podían proceder a falta de una ley nacional o institucional que expresamente prohíba el plagio. La mayoría de las universidades afectadas decidieron hacer una revisión interna y cancelar el título, aunque algunas optaron por no hacer nada. Pero casi todos los acusados tuvieron que renunciar a su puesto y perdieron su título.
El plagio y los derechos de autor
La falta de una ley nacional que penalice el plagio se debe a una razón: el plagio o el fraude académico no son materias legales, sino cuestiones de ética. Existe una diferencia importante entre el plagio y el derecho de autor o el copyright. En el caso de copyright, el inventor o creador registra su obra, en forma de una publicación o un patente, para que quede prohibida por ley la replicación. Infringir el copyright puede causar una demanda legal, ante un juzgado, y puede llevar al pago de multas o indemnizaciones.
En cambio, el fraude académico es un asunto ético. Consiste en tomar ideas de otros, o inventar datos, y presentarlos como resultados de un trabajo propio. Sin embargo, es prácticamente imposible legislar al respecto, ya que las ideas no se pueden patentar: las leyes de Newton, la teoría de relatividad de Einstein o el panóptico de Foucault no están protegidos por derechos de autor.
En consecuencia, la constatación del plagio se rige por los valores y normas de las comunidades académicas y profesionales. Son los académicos mismos quienes realizan la revisión, y los castigos suelen ser la reprobación académica o profesional. Puede implicar la cancelación del título o la licencia de ejercer por parte de una universidad, pero no causará multas, indemnizaciones o castigos impuestos por un juzgado.
El plagio también puede elevarse al nivel de infracción de derechos de autor, pero eso sucede pocas veces. Por lo general, los autores pueden usar libremente materiales que están en el dominio público, sin preocuparse por la responsabilidad de los derechos (Nair, 2023). Si bien las publicaciones suelen estar protegidas por los derechos de autor, se permite usar partes de la obra por cláusulas de excepción como el fair use o uso correcto (Schofield y Walker, 2017).
Si bien estos usos no infringen los derechos de autor, aún pueden ser plagio si el autor presenta el trabajo o las ideas como propias. Usurpar las ideas de otro creador sin acreditar adecuadamente la fuente de la idea no es una infracción de derechos de autor (estos protegen la expresión, no las ideas), sino que puede ser plagio.
Lo que sí infringe los derechos de autor es copiar partes sustanciales de otras obras y presentar el resultado como propio. Eso también aplica para una práctica común en las universidades, donde muchos docentes entregan el plan de estudios de su materia con las lecturas en fotocopias o en PDF. Las obras protegidas por el copyright señalan claramente que queda prohibido reproducir la obra por cualquier medio. Eso, dicho sea de paso, implica que podemos infringir la ley cuando sometemos copias de nuestra productividad para la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o los estímulos.
Así, un autor puede cometer plagio sin infringir los derechos de autor, infringir los derechos sin plagiar, o hacer ambas cosas a la vez. Evidentemente eso se presta a confusiones y malas interpretaciones. A modo de ejemplo, la Junta de Honor del SNI desechó en marzo de 2022 una acusación de plagio contra un miembro recién admitido del Sistema: el procurador federal Alejandro Gertz Manero. Los investigadores que presentaron la demanda habían señalado que partes de dos libros presentados por Gertz habían sido plagiados de otras obras. Aunque la Junta no descartó el plagio, dictaminó que el caso no procedía alegando que solamente los autores directamente agraviados podrían presentar una demanda. Como quienes fueron plagiados ya habían muerto, no había quién podría demandar. Caso cerrado (Redacción, 2022).
Consciente o inconscientemente, la Junta confundió los derechos de autor con el plagio. En efecto, tales derechos solamente los pueden reclamar los dueños del derecho (el autor, sus herederas, la editorial) y generalmente caducan después de setenta o más años. Este año se cancelan los derechos del libro To the Lighthouse, de Virginia Woolf. Esto implica que cualquier persona puede copiarlo en PDF, ponerlo en las redes o imprimirlo. Pero si dudo sobre la contribución que mis artículos harán para la posterioridad y postulo que “la misma piedra que uno patea con su bota durará más que Shakespeare”, sin comillas y referencia, cualquier persona me puede acusar de plagio (Woolf, 1927:25).
El plagio y el derecho de autor son entonces asuntos distintos: el primero es de ética y se resuelve en la academia o entre pares, el segundo es legal y se resuelve en un juzgado. También tienen un aspecto en común: debe haber un registro público de las obras.
Aquí se presenta otra máxima: el que publica o patenta primero gana. Ha habido muchas acusaciones de robo de ideas, obras, diseños e inventos, pero en todos los casos aplica la regla que aquel que primero registró públicamente un producto es el autor original. No se puede plagiar o infringir los derechos de autor de una obra no publicada.
Los enredos de la cédula profesional
La cédula profesional mexicana es un caso peculiar. Muchos países tienen un sistema donde un profesionista titulado debe tramitar una licencia para poder ejercer su profesión. El título de una institución es un prerrequisito, pero generalmente el interesado debe presentar pruebas o exámenes adicionales para obtener o renovar la licencia.
El otorgamiento de la licencia suele depender del gremio profesional, como la barra de abogados o el colegio de medicina o de psicología. Cabe señalar que la mayoría de las carreras no requieren licencia para trabajar: no existe tal necesidad para sociólogos, historiadores o filósofos. La razón radica en que muchos licenciados no atienden a pacientes o clientes, lo cual hace poco probable que causen daños severos al equivocarse en su juicio profesional.
El objetivo de la licencia es justamente eso: vigilar que el profesionista actúa según el código de ética profesional, según sus pares. Así, un abogado que presente evidencias o testimonios falsos puede perder su licencia. Un médico que se equivoca en el tratamiento de un paciente, o que no ejerce la práctica durante varios años, puede perder su licencia. Otras posibles causas son el acoso sexual, drogadicción, cobro de tarifas no autorizadas o incluso fraude fiscal (Froese, 2018).
La revocación de la licencia no implica automáticamente que el profesionista pierda el título, pero perder la licencia inaugura el fin de la carrera profesional. En cambio, ser hallado culpable de plagio o fraude académico puede llevar a la cancelación de la licencia, aun cuando la universidad no anule el título.
En comparación con estas prácticas de supervisión del ejercicio profesional alrededor del mundo, la cédula profesional mexicana parece carecer de sentido. Aparentemente, el trabajo de la Dirección de Profesiones consiste únicamente en entregar la cédula a quien evidencia tener un título de una institución de educación superior reconocida, y solo se puede perder la cédula si la universidad cancela el título. La Dirección no parece vigilar la ética profesional.
El plagio como fenómeno aislado
Una segunda equivocación en el caso Esquivel es que se considera el asunto como algo aislado o marginal. La principal respuesta ha sido que se contratará un programa de cómputo para detectar posibles plagios al futuro o que se podría prescindir de la tesis. Sin embargo, el asunto del fraude académico es mucho más amplio y las posibilidades son muchas. Ellas incluyen, sin pretender ser exhaustivas, las siguientes opciones.
1) Defraudar desde joven
Existe la posibilidad de cometer fraude en los niveles anteriores. Desde la entrada a la primaria hasta terminar la prepa, los estudiantes pueden comprar calificaciones o pasar al grado siguiente sin cumplir requisitos porque hay que aumentar la eficiencia terminal. Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) indican que no todas las personas que se gradúan cuentan con los conocimientos esperados.
Es factible también cometer fraude en la admisión a la universidad. Estudiantes pueden presentar títulos y kardex apócrifos, cometer fraude en el examen de admisión o inscribirse en una institución que acepta a cualquier persona que pague las colegiaturas a tiempo.
2) Oportunidades mientras se estudia
Durante los cuatro a seis años que el estudiante pasa en la universidad tiene muchas oportunidades de comprar calificaciones, entregar trabajos plagiados, contratar a terceros para hacer ensayos o exámenes y presionar o demandar al docente para obtener mejores calificaciones.
Una forma aparentemente novedosa para sobrevivir el pasaje por la universidad es usar Chatgpt para contestar exámenes o escribir ensayos o la tesis. Aunque el programa es reciente, su adopción por parte de estudiantes ha sido impresionante. En enero de 2023, un 89% de estudiantes norteamericanos admitió haber usado el paquete para sus tareas (Westfall, 2023). El uso de Inteligencia Artificial (IA) como medio de generar textos abre la discusión sobre si los usuarios incurren al plagio o a algo nuevo como el IAgio. También es posible que los usuarios no plagian, pero que el programa, al retomar partes de textos de muchos autores, plagie contenidos disponibles en internet. La respuesta, al parecer, es que los docentes tendrán que pedir trabajos escritos a mano o correr los trabajos por programas que permitan detectar el uso de IA (Truly, 2023) y la originalidad del texto con Turnitin (Rafter, 2023), amén de revisar si el trabajo entregado cumple con los criterios de evaluación establecidos para la asignatura.
Sin embargo, ChatGTP no es completamente nuevo. Ya en 1996, Andrew Bulhak creó el Postmodernism Generator, un programa que genera textos al estilo posmodernista (https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism_Generator). También en 1996, el físico Alan Sokal causó un escándalo cuando, con el uso de un programa de cómputo semejante, generó un texto sin sentido sobre ‘hermenéuticas transformadoras de la gravedad cuántica’ y logró publicarlo en la revista arbitrada Social Text. La revelación posterior de que se trataba de un engaño no fue aceptada inicialmente por la revista (Ciencia Hoy, 2022). Quizá la principal diferencia entre ChatGPT y programas anteriores está en que la IA de hoy produce textos que parecen ser escritos por estudiantes comunes, en vez de filósofos franceses.
Existen entonces múltiples maneras de engañar, y el plagio es solamente una. Después de pasar por los cursos, se puede cometer fraude para la titulación. Como ya existen muchas formas de titulación en las IES mexicanas, se abre el abanico. Además de plagiar, comprar, importar o inventar la tesis, existen la titulación por promedio, la titulación por experiencia laboral (donde inexplicablemente el estudiante tiene que comprobar que consiguió trabajo profesional sin contar con el título), la tesina o un seminario de graduación y el examen del Ceneval. Esta variedad de opciones amplía las posibilidades de fraude.
3) Salidas de emergencia
Si todo lo anterior falla, siempre queda una salida de emergencia: obtener el título por otras vías. En 2004, se armó un escándalo en Estados Unidos cuando se descubrió que por lo menos 28 funcionarios de alto nivel -incluyendo tres gerentes responsables para planes de emergencia en plantas nucleares- habían obtenido su título en instituciones ficticias o diploma mills. La Oficina General de Contabilidad, una instancia de investigación del Congreso estadounidense informó al Senado que encontró 463 empleados gubernamentales que recibieron su título de instituciones no acreditadas (Staff, 2004). Del mismo modo, estudiantes que trabajaban para el periódico escolar de una escuela preparatoria en Pittsburg, Kansas, descubrieron que su nueva directora ostentaba títulos de la Universidad de Corllins. La Secretaría de Educación federal no encontró evidencias de la existencia de tal universidad. La directora renunció, pero una búsqueda posterior de otros periodistas en LinkedIn encontró 745 personas (abogados, ingenieros, empleados públicos, educadores) que presumían un título de la misma institución (Gibson, 2017).
En el caso mexicano, suena el nombre de Tepito, y existen universidades de dudosa calidad. Como planteó un periódico en 2014: “En México no hace falta ir a la universidad para ser abogado, ingeniero, médico o arquitecto” (Granados, 2014). Hay lugares donde se venden títulos.
Si uno carece de los recursos requeridos, resulta más barato simplemente presumir tener títulos. De vez en cuando surge la historia de una persona con gran éxito profesional o político que repentinamente resulta no poseer los títulos que proclamaba tener (evidentemente, habrá muchos casos menos llamativos que pasan por debajo del radar). En México resaltó el caso del doctor Fausto Alzati. Fue director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (donde impuso el doctorado como requisito para ser miembro del SNI) y luego secretario de Educación Pública en los años noventa. Sin embargo, tuvo que renunciar cuando resultó que no se había titulado en el doctorado de Harvard (Moreno, 2020). Un caso reciente en Estados Unidos es el de George Santos, diputado electo en 2022, quien durante su campaña exitosamente mintió sobre la escuela preparatoria y las universidades donde se había graduado, entre otras muchas cosas (Quintana, 2022).
4) Seguimiento de egresados
Después de graduarse quedan décadas de vida laboral donde se puede cometer fraude académico o profesional. Hay una larga lista de egresados que cometieron fraude, que va de casos simples de plagio en publicaciones hasta esquemas muy elaborados de fraude que no se detectaron por décadas. Un ejemplo es el ahora exdoctor Jan Hendrik Schön. Después de graduarse de la Universidad de Konstanz, Alemania, Schön se incorporó al equipo de investigación de los Laboratorios Bell en Estados Unidos.
En 2002 se descubrió que había manipulado datos en por lo menos 17 publicaciones (Service, 2002). La Universidad de Konstanz abrió una investigación, pero no encontró evidencias de que Schön hubiera cometido fraude durante sus estudios en la universidad. De todos modos, decidió revocar su título por los fraudes posteriores. Schön reclamó que no se podía cancelar su título por errores cometidos después de graduarse y, en primera instancia, una corte alemana declaró inválida la revocación. Sin embargo, en 2011, otra corte decidió que la universidad sí puede nulificar títulos si el egresado, durante su vida profesional, resulta “desmerecedor” del título (Vogel, 2011; Chang, 2004).
Un caso similar, pero especial por sus múltiples ramificaciones, es el de Diederik Stapel, psicólogo social de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos. Stapel era un catedrático de mucho prestigio por décadas, hasta que, en 2011 un grupo de sus propios estudiantes descubrió que las bases de datos que sostuvieron sus publicaciones eran demasiado consistentes: hubo muy poca varianza en las respuestas de los encuestados. Después de una investigación por expertos, resultó que Stapel había utilizado un método engañoso para sus encuestas. Después de reunirse con colegas y estudiantes para concertar un cuestionario, él ofrecía encargarse de la aplicación. Si bien aplicaba algunas encuestas, la mayor parte las llenaba en su computadora en su tiempo libre. Las bases de datos resultantes las ponía a disposición de colegas y tesistas para que cada uno hiciera su propio análisis.
El reporte final de tres comisiones de las tres universidades donde colaboraba Stapel (Tilburg University, 2012) pone en serios aprietos a la psicología social, y causó el despido de Stapel en Tilburg. Durante 13 meses, las tres comisiones revisaron los 137 artículos publicados y entrevistaron más de 80 personas, entre ellas al mismo Stapel. Concluyeron que había fraude de datos en 55 artículos y en 10 tesis de doctorado de estudiantes que Stapel dirigió. En otras 10 publicaciones había sospechas de fraude como el uso incorrecto de datos sobre valores p o el número de participantes, pero insuficiente evidencia de datos falsos (Enserink, 2012; van Kolfschooten, 2012)
La complejidad del caso deriva del daño a terceros. Las universidades involucradas despidieron a Stapel, cancelaron sus títulos e informaron al público sobre la falsedad de datos. Como resultado, 58 artículos fueron retractados de las revistas donde fueron publicados. Sin embargo, algunos artículos eran en coautoría y 10 tesis se basaron en los mismos datos. Ello implicó que 10 estudiantes se graduaron con una tesis dudosa (no fueron cancelados sus títulos, pero su tesis dejó de ser pública), mientras varios académicos vieron mermado su currículum. Así, el asunto impactó en la vida laboral de decenas de personas.
El caso Stapel es emblemático, pero dista de ser único. Una entrada en Wikipedia sobre mala conducta en la ciencia lista miles de casos en todas las áreas del conocimiento (Wikipedia, 2023). Del mismo modo, un nuevo sitio en internet, llamado Retraction Watch, enlista 18 mil artículos científicos que fueron cancelados por varias razones desde los años setenta (Retraction Watch, 2021; Brainard y You, 2018).
Estas iniciativas no solo permiten observar que el número de fraudes incrementa, sino que también hay cada vez mayor vigilancia desde la comunidad académica usando los medios sociales o programas de detección. Aun así, llama la atención que existen científicos fraudulentos muy prolíficos: mientras Stapel logró 58 publicaciones fraudulentes, quedó en tercer lugar del ranking detrás de Yoshitaka Fujii de Japón, con 169; seguido por Joachim Boldt, de Alemania, con 96.
Conclusiones
Existen entonces muchas formas de fraude académico y el plagio es solamente una. Además, los fraudes no solamente se cometen en la universidad, sino antes y después. Y aunque hay una lista larga de casos alarmantes, cabe observar que se publican cada año grandes cantidades de tesis y artículos intachables.
La revisión comparativa de casos indica que la vigilancia y el combate del fraude corresponde a la comunidad académica y las instituciones de educación superior. Son los únicos actores capaces de detectar, valorar y castigar las faltas de ética y honestidad. Si el estudiante, el egresado o el profesor comete fraude, la institución tendrá que decidir si reprobó, si tendrá que ser despedido o expulsado y si se cancela la calificación, el título o la publicación. El procedimiento se lleva a cabo siguiendo la reglamentación interna por una comisión de expertos académicos. En la larga lista de casos, no aparece ninguno donde el plagio o el fraude fue resuelto por un tribunal civil o criminal.
Eso no implica que el poder judicial queda totalmente ajeno al asunto. Una vez que la comunidad académica concluye que se cometió fraude, se abre la posibilidad de demandar al defraudador por los daños causados a terceros. Ha habido casos notorios de demandas a la industria farmacéutica, química, tabacalera o médica, por publicar reportes falaces. Igualmente, puede haber demandas para médicos, abogados, dentistas o contadores por faltas a la ética profesional. En estos casos, los culpables pueden perder la licencia, ser multados o recluidos. En ocasiones, la universidad donde estudió el culpable decide revocar el título.
A su vez, la decisión de despedir al convicto corresponde al empleador. En casos llamativos suele haber despidos, pero en casos menores es posible que el empleador nunca detecte que el empleado perdió el título o nunca la obtuvo.
Finalmente, todo el sistema depende de los juicios de expertos académicos sobre faltas a la ética profesional. El plagio y otros engaños no se resuelven en un proceso judicial, con jueces y abogados, aplicando la ley. Ni siquiera cuando los involucrados son abogados. La revisión por pares tiene fallas, pero es el mejor instrumento que tenemos.
