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Introducción
Este trabajo indaga sobre los ámbitos y los modos en los que se insertan laboralmente las y los doctores de reciente graduación (DRG) en ciencias sociales en Argentina [en adelante, en este artículo se usará el masculino con el único fin de hacer más fluida la lectura, sin menoscabo de género]. Esto incluye la interrogación sobre los dilemas de la política para ampliar la movilidad internacional y las expectativas de los doctores por insertarse también en el exterior. Es producto de una investigación acreditada y financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Argentina que lleva como título “La inserción laboral de los doctores de reciente formación en el área de las ciencias sociales en Argentina. Tendencias, vacancias y oportunidades”.
La investigación intentó dar cuenta de un conjunto de dimensiones amplias y abarcadoras con respecto a la trayectoria de los doctores en ciencias sociales del ámbito local: su formación, las experiencias de movilidad, la relación con el sistema científico, su inserción laboral, sus percepciones sobre el doctorado, la experiencia con los directores y el proceso de elaboración y presentación de la tesis, entre otras.
Aquí nos concentraremos en analizar el mercado laboral, dando cuenta de las posibilidades y/o dificultades que enfrentan los doctores, una vez graduados, para acceder a un empleo de tiempo completo. Trataremos de caracterizar este problema, a sabiendas de que posee una dimensión nacional, sin agotarse en ella. En ese sentido, analizaremos los destinos laborales locales de los doctores, pero consideraremos también las perspectivas de inserción laboral en el exterior que sopesan luego de su graduación. A tales efectos, retomaremos el análisis sobre el peso del fenómeno llamado “fuga de cerebros” y la manera en que ello ha incidido en la decisión de formar localmente a los doctores por sobre la posibilidad de hacerlo en el exterior e, inclusive, en desestimular la movilidad internacional, promoviendo -por el contrario- una movilidad inversa a través de la búsqueda de su retorno.
Para estos propósitos, el trabajo se divide en cuatro partes. Primero se hará una caracterización conceptual a los efectos de desarrollar el análisis sobre el mercado laboral de los doctores a la vez que las respectivas aclaraciones metodológicas. Luego se contextualizarán las principales decisiones de política que dieron lugar al reciente incremento del número de doctores en Argentina. Posteriormente se singularizará el mercado laboral local, analizando los resultados de una encuesta realizada a más de 800 doctores en ciencias sociales en el país, y el peso que tiene en sus expectativas, la búsqueda por insertarse en mercados laborales externos. Por último, se propondrán una serie de conclusiones y ejes para el debate por la implementación de políticas a futuro.
Aclaraciones metodológicas
Para cumplir con los objetivos de este estudio se procedió a realizar una encuesta dirigida a los doctores en ciencias sociales que tuvo como propósito singularizar los perfiles profesionales y permitir el análisis de las trayectorias en ese universo, así como extraer comunes denominadores de la problemática. La encuesta, realizada entre la última semana de mayo y la primera de junio de 2019, se envió a una base de mil 560 doctores y fue construida en torno a criterios de proporcionalidad (sexo, región, disciplinas). Se recibieron 823 respuestas válidas, lo que representa una tasa de más de 50%. Sobre ellas, se realizaron controles de proporcionalidad entre la base y la muestra que se iba obteniendo, en especial para descartar problemas derivados de la elección de áreas disciplinarias y lugar de residencia.
Al momento de definir lo que hemos llamado “ciencias sociales”, nos hemos encontrado con cierta imprecisión en la determinación de los límites del área y en la elección de las disciplinas que la integran.1 En algunos casos la distinción con algunas disciplinas de humanidades no resulta evidente.
Notemos que la separación disciplinar es un proceso complejo, en el que intervienen diversos factores institucionales (como las demarcaciones que producen las instituciones universitarias en sus planes de estudio y titulaciones), pero también lógicas e intereses de grupos académicos que pugnan por reservarse ciertas temáticas o en otros casos por avanzar sobre terrenos nuevos, desplazando a algunas disciplinas. Este proceso que es histórico, es decir, que esas delimitaciones pueden ser móviles con el paso del tiempo, se complejiza en los casos de enfoques con perspectivas multidisciplinares o transdisciplinares que, sea por cuestiones metodológicas o de objetos o problemas de estudio, producen otro juego de intereses delimitadores, a veces promoviendo zonas de conocimiento comunes a múltiples disciplinas.
Estos procesos también deben ser considerados en sus dimensiones internacionales, nacionales o regionales, donde pueden operar de modos diversos y no siempre consistentes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, incluye a la educación dentro del área de las ciencias sociales. El Consejo Nacional de Ciencias de Estados Unidos separa a la psicología de las ciencias sociales e incluye a la arqueología, mientras pone a la educación dentro de una lista diferente: “profesional”.
En la investigación que fundamenta este trabajo se ha decidido recurrir a la clasificación que realiza la Secretaría de Políticas Universitarias, de Argentina (SPU)2 y extenderla hacia otras disciplinas como la historia, la educación o la filosofía por los modos en que interactúan con ciertos temas relevantes para las ciencias sociales3 pero también porque ciertas temáticas vinculadas a ellas se relevan con frecuencia en los trabajos doctorales acreditados como “ciencias sociales”.4
La gestación de las políticas de formación de doctores
Oszlak y O’Donnell (1995) destacan que solo algunas cuestiones, dentro de las innumerables demandas y necesidades de una sociedad, son problematizadas en el sentido de que pueda “hacerse algo” al respecto y promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes. Esas cuestiones son llamadas por los autores como cuestiones “socialmente problematizadas”. Ellos señalan que es relevante poner el énfasis en quién reconoció al tema como problemática, cómo se difundió y cuál(es) actor(es) y sobre la base de qué recursos y estrategias la logró convertir en cuestión. A eso llaman “periodo de iniciación”, cuyo examen puede arrojar luz sobre las cualidades, capacidades y recursos de los actores que la proponen y la viabilizan.
Una política estatal, continúan Oszlak y O’Donnell, es la toma de posición que intenta -o dice intentar- alguna forma de resolución de la cuestión. Incluye decisiones de una o más organizaciones estatales a lo largo del tiempo que constituyen el modo de intervención del Estado frente al tema. Así, “la política estatal -o pública- deviene en un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil” (Oszlak y O’Donnell, 1995). Se infiere, de esa intervención, una cierta direccionalidad.
Con posterioridad a la incorporación de la cuestión en la agenda de gobierno, se inicia el momento de la formulación de la política, es decir, ocurre la toma de posición predominante por parte del Estado (Oszlak y O’Donnell, 1981).
Aquí, el término “predominante” se emplea para introducir el hecho de que la toma de posición por parte del Estado que se transforma en una determinada política pública supone la sumatoria de iniciativas y respuestas a la cuestión socialmente problematizada. Consecuentemente, ello implica que se presenten tensiones y conflictos entre las diversas instancias intervinientes en la definición del modo en que el Estado tomará posición.
Ahora bien, la toma de posición por parte del Estado no es exclusiva, pues, como ya se ha dicho, las cuestiones involucran a otros actores sociales y estos toman posición. En el marco de la formulación del problema que analizamos, esto resulta especialmente relevante, pues, a la par del organismo competente en la formulación e implementación de la política en cuestión, hallamos a la comunidad científica, a las universidades, las provincias y al sector privado.
El inicio del problema
Superada la grave crisis del año 2001 y empezado el nuevo siglo, se reactualiza en Argentina -y en gran parte de América Latina- el problema del desarrollo: como señala Schweinheim (2011) “Esta reintroducción de la cuestión del desarrollo en la agenda pública y del pensamiento económico, social y político de la región muestra distintas dimensiones”, entre ellas, que la búsqueda de un nuevo sendero al desarrollo requiere nuevas políticas públicas, distintas a las implementadas en las fases anteriores de los regímenes nacional populares o desarrollistas. También destaca que:
Esta segunda generación de políticas debiera orientarse, por un lado, hacia el desarrollo de sistemas nacionales de innovación; estos sistemas deben posibilitar una matriz productiva con mayor contenido tecnológico agregado, con nuevos modelos de asociación pública y privada para la inversión en infraestructura pública y productiva de alto contenido en tecnología, y con burguesías empresariales, clase obrera organizada y nuevos actores de la economía social consolidados y asociados a dicha matriz productiva (Schweinheim, 2011:3).
Este proceso ocurre en el marco de una nueva matriz del Estado y la administración pública “funcional a una visión nacional del crecimiento, la igualdad y la ciudadanía, a una matriz de políticas estatales para el desarrollo y a un Estado que sea expresión de una alianza de clases que sostenga dicha visión nacional” (Schweinheim, 2011:3). Esta nueva matriz al interior de una visión nacional se asocia, en estos nuevos tiempos, a la emergencia de la denominada “sociedad del conocimiento”. “La cuestión reside entonces en cómo promover la producción y utilización masiva de conocimientos como dimensión del desarrollo y, por tanto, las inversiones públicas y privadas que deben ser realizadas para tal fin en América Latina” (Schweinheim, 2011:8).
Un aspecto de la respuesta a esa inquietud lo constituyó la formación de doctores iniciada sustancialmente a partir de 2004, transcurridos los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner. El decidido incremento de las becas doctorales modificó de manera significativa la política hacia los recursos humanos del sistema científico seguida hasta el momento.
El tema de los recursos humanos altamente calificados al interior del sistema científico-tecnológico había reemergido como problema en Argentina a partir de la crisis a la que el gobierno menemista había conducido al sector. El congelamiento de las vacantes en los organismos científico-tecnológicos, el envejecimiento de la planta de investigadores, la escasa cantidad de becas otorgadas para formar nuevos recursos calificados operaba como un severo problema a resolver para el gobierno asumido en el año 2003 luego de la experiencia fallida de la alianza.
La planificación de la política en ciencia y tecnología, que fue adquiriendo solidez en el transcurso de esos años, se propuso como meta el incremento en el acervo de investigadores que poseía el país a comienzos del nuevo milenio. Pero en estos “nuevos desarrollismos”5 se modifica el papel de la planificación o su expectativa respecto de ella:
Mientras que en el desarrollismo clásico se partía de la idea de un plan que haría funcionar a la sociedad como un mecanismo de relojería, en la nueva perspectiva, si bien se mantiene la valoración positiva de esta herramienta, se reconoce el carácter complejo de la sociedad y de las limitaciones para predecir el futuro y poder llevar el orden social hacia una meta previamente definida (Cao y Laguado Duca, 2014: 146).
El crecimiento de la base de investigadores que se fueron doctorando en el primer quinquenio de esa política fue escasamente considerada y, renovada la planta de los principales organismos científicos, planteó el problema de la inserción laboral de los doctores recientemente formados. Argentina llegaba así, a verse en la necesidad de debatir un problema que ya se venía planteando en países desarrollados (Emiliozzi, 2013).
Formación local y formación en el exterior
Evidentemente, conforme un país califica a sus propios investigadores, adquiere habilidades que, sumadas a las demás condiciones (empleo, financiación, reconocimiento social, etc.), posibilita la formación de nuevos investigadores dentro de sus propias fronteras. Esta es la trayectoria histórica de la mayoría de los países que lograron establecer un sistema de capacitación significativo y formación de nuevos investigadores. En tiempos más recientes, este fue el camino seguido por algunos países que, sin embargo, hasta mediados de siglo XX todavía dependían en gran medida de otros para formar recursos humanos para la investigación. No obstante, como señala Velho (2001), cuando un país logra tener formación interna, en cantidad y calidad, ¿puede prescindir por completo de la formación de investigadores en otros países? ¿Es posible o deseable tal nivel de autosuficiencia?
La mayoría de los ejemplos de sistemas de calificación de sus investigadores o de formación de doctores nos indican que no ha sido esa la orientación que se le ha dado a su política. La expansión de la formación doctoral al interior de tales sistemas de ciencia y tecnología se complementó con el envío de doctorandos al exterior. En otras palabras, incluso aquellos que constituyeron “los mejores” sistemas para formar investigadores en un determinado momento, nunca dejaron de invertir en la formación de nuevos investigadores en otros países. Por caso, programas gubernamentales para apoyar experiencias en países extranjeros por parte de la National Science Foundation (NSF) han crecido cada año e involucran varios niveles educativos (desde pregrado hasta posdoctorado) y experiencia en investigación (para investigadores jóvenes y senior).
Así, gran parte de los países que desean expandir su acervo de doctores (es decir, la calificación de sus investigadores) y aspiran a que estos investigadores tengan inserción internacional, instituyen incentivos para su movilidad.
Esta cuestión -la de la movilidad de recursos humanos altamente calificados- ha adquirido creciente interés, no solamente en el plano académico, sino en la agenda de los organismos multilaterales y, más específicamente, en el de las políticas públicas para el desarrollo de los sistemas regionales y nacionales de innovación. Pero los países en desarrollo o de “desarrollo medio” están atravesados por la tensión entre insertar sus investigadores en redes internacionales de conocimiento y evitar, a la vez, que sean absorbidos por las mejores condiciones ofrecidas por los mercados académicos de los países centrales.
Inicialmente conceptualizado como brain drain, el problema de la movilidad o migración de científicos y tecnólogos impactó severamente en los países de América Latina (Meyer, Charum, Bernal, Montenegro, et al., 1997). A partir de este enfoque, fueron propuestos ciertos instrumentos de política pública que se implementaron en algunos países de forma dispar. Algunos ejemplos de estas políticas son: restricciones a la migración; incentivos para quedarse en el país de origen; compensaciones, a través del cobro de impuestos; y políticas de repatriación (Gordon, 2007). Estos cuatro ejemplos de política no han estado exentos de dificultades en su operación, en especial por las limitaciones de los Estados para operativizarlos con eficacia, e inclusive, por las debilidades de los sistemas científico-tecnológicos de los países.
Las dificultades de tales políticas, asociadas a los cambios en la propia dinámica de la producción y distribución del conocimiento científico, dieron lugar al surgimiento de un nuevo paradigma -o perspectiva- en el campo de la migración y movilidad internacional de recursos humanos altamente calificados. Esta nueva perspectiva ha sido denominada brain gain, y asume el diagnóstico de que los científicos y tecnólogos producen conocimiento a escala global en el marco de redes de cooperación presenciales y virtuales (Meyer y Brown, 1999). El eje principal de este enfoque consiste en concebir que los recursos humanos cualificados emigrados no deben ser considerados como una pérdida neta y definitiva, sino por el contrario, deben ser considerados como un patrimonio potencial a ser explotado por el país emisor, en especial si se entiende que esos recursos humanos fueron entrenados y calificados con financiamiento externo. En ese sentido, las migraciones y la movilidad internacional de científicos tendrían un carácter multidireccional.
Pero, para los países en desarrollo, el problema emerge cuando la movilidad de los científicos y profesionales no genera un “saldo neto”. El tema es “socialmente problematizado” y susceptible de ser atendido a través de políticas desarrolladas por el Estado, “cuando los flujos de intercambio de científicos y profesionales determinan una pérdida neta en el stock de capital humano más calificado” (Fanelli, 2008).
Esa constatación condujo a que las políticas públicas estuviesen impregnadas ya sea por la idea de “repatriar” o “revincular” a los científicos y tecnólogos emigrados en distintos momentos de la historia local,6 o a impedir nuevas migraciones. Esto último ha intervenido, entre otros elementos, en la decisión de formar localmente a los doctores y evitar, por consiguiente, que una formación en el exterior operase como la puerta de salida definitiva para los recursos humanos calificados. Pero también ha intervenido en la decisión de acotar la movilidad internacional de estos recursos, promoviendo -no masivamente- las “estancias cortas o breves” de investigadores locales fuera del país.
Sin duda que para ambas cosas -la formación en el exterior y la promoción de la movilidad internacional- se requieren importantes recursos económicos. Los países en desarrollo, o de desarrollo medio como gran parte de los de la región -incluido Argentina- experimentan restricciones para financiar estos programas de formación.7 Sin embargo, aun en los momentos de mayor crecimiento económico no se procedió a modificar estas tendencias. Ello empeoró en los periodos en los que las restricciones aumentaron y se contrajeron las inversiones en el sector científico tecnológico, como ocurrió en Argentina en el periodo 2015-2019: uno de los gastos que primero se suprimió fue el imputado a la movilidad internacional de los doctorandos e investigadores.
Agregado a lo anterior, diversos estudios sobre la movilidad académica internacional señalan que esta tendería a mejorar las posiciones y reputación en la carrera académica (Meyer, Kaplan y Charun, 2001). Estos autores advierten, no obstante, que “La migración de competencias ha pasado a ser multilateral y policéntrica, aunque no del todo multidireccional, pues los flujos parecen ir siempre de los lugares menos desarrollados a los sitios más competitivos de la economía mundial del conocimiento” (Meyer, Kaplan y Charun, 2001:2).
En las ciencias sociales la movilidad adquiere características diferentes, resultando más intermitente y acotada, al no constituir un requerimiento central de la carrera, por lo que tiende a persistir como horizonte más usual para el desarrollo de investigaciones e intercambios académicos (Unzué y Rovelli, 2020). Aun así, también se advierte que la movilidad laboral e internacional tiende a incrementarse, en especial en los primeros años de las carreras, intensificando la división entre investigadores establecidos y móviles (Kerr y Lorenz-Meyer, 2009).
Los doctores encuestados en el marco de esta investigación han respondido que solo 37.2% efectuó algún tipo de movilidad internacional durante su formación. De ellos, 69.2% realizó estadías menores a 6 meses y solo 15.4% de 12 meses o más.
Los entrevistados responsables de los programas doctorales sostienen que hay un muy bajo grado de internacionalización de los posgrados.8 Los convenios internacionales que cada programa posee son poco operativos y permiten, de manera muy limitada, la circulación por periodos breves de doctorandos y profesores/investigadores. Y aun cuando haya convenios y voluntades dispuestas a ejecutarlos, se carece de financiamiento para intercambiar estudiantes o incorporar docentes del exterior.9 En cuanto a la circulación de docentes investigadores de otros países, suele depender de financiamientos externos, al igual que la llegada de candidatos posdoctorales. Las dificultades para implementar estos intercambios impactan, además, en la calificación de los programas doctorales. Si bien no es la única dimensión a considerar, lo anterior nos permite comprender las razones por las que la formación tanto doctoral como posdoctoral están escasamente internacionalizadas en las últimas dos décadas.
Ahora bien, como veremos luego, que la política pública no auspicie tal movilidad, no supone que los doctores no aspiren a buscar la inserción laboral en el exterior. Un porcentaje no menor de los encuestados -y de manera más significativa entre los que tienen menos de 40 años- han manifestado que, probable o seguramente- buscarán insertarse laboralmente en otro país. Ello será analizado en el acápite pertinente, pero emerge aquí una dimensión del problema que estamos considerando: el mercado para este perfil académico no es solo local y, si la política pública no conduce este proceso -con una tendencia marcada a incrementarse- serán los propios doctores los que, de manera individual, establezcan vínculos con instituciones del exterior replicando las experiencias del pasado.
El mercado laboral académico
Es posible asumir que la construcción de un mercado laboral académico “apunta a un espacio ocupacional específico, generado por la expansión y diferenciación de los sistemas educativos superiores, en el cual es posible, dada su configuración pautada y jerárquica, desarrollar trayectorias profesionales” (Gil,1994:39-40). En el caso bajo análisis, hay que agregarle los organismos científicos que consagran la carrera del investigador. Ahora bien: ¿en qué consisten esas trayectorias? ¿Es posible concebir que existe amplitud en la elección de los destinos laborales de los doctores o que hay oportunidades diversas de aspirar a ocupar posiciones en el sistema de educación superior o en los organismos científicos en Argentina? ¿Y qué ocurre con el sector gubernamental? Avancemos, en primer lugar, en una caracterización histórica del proceso de constitución de un mercado laboral para los profesionales en ciencias sociales para pasar luego a los dilemas que, en la actualidad, enfrentan los doctores a partir de los datos de la encuesta realizada en esta investigación.
Breve caracterización del proceso de conformación de un mercado laboral para profesionales en ciencias sociales en Argentina
La institucionalización de las disciplinas y la formación de mercados laborales específicos en el campo de las ciencias sociales es un proceso que no ha sido sencillo ni en Argentina, ni en otros países de la región (Trindade, 2007).
Los momentos iniciales de la conformación de un mercado laboral para los profesionales en ciencias sociales, aun sin posgrados, están asociados a incipientes desarrollos universitarios, que se consolidan a fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, con cátedras insertas en las currículas de los estudios de derecho o filosofía.
En ciertas ciencias sociales, como la sociología, la antropología y la economía, la autonomía institucional llegará recién en la segunda mitad del siglo XX.10 En esos inicios será frecuente el arribo al país de académicos del exterior interesados en participar en esos momentos seminales de institucionalización que resultaron muy importantes en la organización posterior de las mismas, al igual que la disponibilidad de becas en general financiadas desde el exterior, para que los primeros graduados prosigan posgrados en países centrales. El retorno de algunos de ellos será fundamental para consolidar los planteles docentes de sus carreras (Unzué, 2020).
Un elemento clave situado en el año 1955 es el incremento de las dedicaciones exclusivas en los cargos universitarios. Si bien bajo el primer peronismo se había creado esa figura, el número de profesores en esa condición era muy menor. Hacia 1958 había menos de una veintena de profesores de dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país. A partir de ese momento, el aumento que experimentaron esos cargos fue tal que en el año 1962 ya alcanzaba a 500 profesores, superando en dos tercios la media regional latinoamericana y llegando a 700 en 1966.11 Este régimen suponía que el profesor dedicaba la mayor parte de su tiempo universitario a la investigación combinada con tareas docentes. Se organizaron también, en ese momento, programas de becas para jóvenes investigadores destinados a su formación científica y perfeccionamiento (Emiliozzi, 2018).
En el mismo momento también tendremos el proceso de consolidación de las universidades privadas que, aunque minoritarias en el sistema, devendrán a partir de 1958, junto a institutos y centros privados, otros espacios de desarrollo profesional para los graduados del campo.
A las posiciones respecto del lugar que la ciencia debe tener en las universidades, se va a agregar un discurso que adquiere fuerza luego de la posguerra y que proclama la centralidad de la ciencia como clave para el desarrollo, el progreso y la independencia económicos. En ese diagnóstico también van a intervenir las miradas de varios organismos multilaterales, que comenzarán a desempeñar un papel clave en el impulso al desarrollo de la ciencia. En muchos casos, con asistencia de las instituciones de investigación con subsidios, aportes para la infraestructura o fondos para financiar becas en el exterior.12
Una extensión significativa del mundo laboral se da en Argentina al surgir en 1958 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Hurtado, 2010). Esta institución, dentro de la cual conviven diversas disciplinas no sin disputar espacios, va a conformar un espacio de reconocimiento científico y laboral para la investigación en ciencias sociales.
A la par de universidades y organismos científicos, se puede hallar un incipiente mercado de trabajo para intelectuales y funcionarios técnicos en diversas áreas del Estado (Plotkin y Zimmermann, 2012; De Sierra, Garretón, Murmis y Trindade, 2007). La producción de conocimiento en ciencias sociales se encontró potenciada por el proceso de diversificación del Estado y las demandas de “modernización” de los años cincuenta y sesenta. La creación del ministerio de economía en 1958, el posterior surgimiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) en 1968, dependiente del Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), son algunos ejemplos de espacios que se constituyeron en destinos laborales para profesionales de las ciencias sociales (De Sierra, Garretón, Murmis y Trindade, 2007).
En cuanto al sector privado, los diversos esfuerzos de algunas disciplinas por incrementar el papel de ese sector como destino laboral tuvieron resultados dispares, pero fueron marginales en la mayor parte de los casos.
El golpe de Estado de 1966 interrumpe este proceso y da inicio al desarrollo de políticas que destruirán sistemáticamente las capacidades y los recursos en ciencia y tecnología. A partir de los sucesos de la llamada “Noche de los Bastones Largos”, mil 300 técnicos y científicos se fueron del país y más de seis mil dejaron sus cargos en la universidad. La inestabilidad institucional, afectado por dictaduras que perseguían y censuraban a los científicos e investigadores, en especial de algunas disciplinas del campo de las ciencias sociales, contribuyó a que se concibiera un país capaz de prescindir de la ciencia y la tecnología.
Durante la última dictadura cívico-militar (entre 1976 y 1983) se produjo una profundización de la persecución a la comunidad científica local que derivó en el exilio, cuando no la muerte, de numerosos cientistas. En especial, los profesionales de las ciencias sociales sufrieron la represión por parte de la dictadura. Esta situación ha sido vista también como una interrupción violenta al funcionamiento del mercado de trabajo, en particular por sus efectos sobre la universidad, donde se cerraron carreras y se desplazó a un número importante de docentes. Como consecuencia de esto y como respuesta a la censura impuesta en las instituciones públicas, surgieron centros de investigación financiados por fundaciones, muchas de ellas extranjeras.
Ello no pudo ser revertido con suficiente fuerza por los gobiernos democráticos desde 1983, que debieron soportar nuevos procesos de emigración de científicos, pero motivados entonces, por fuertes crisis económicas o por la necesidad de desarrollar posgrados cuando eran insuficientes a nivel local. Las políticas en ciencia, tecnología e innovación continuaron, inclusive durante las primeras dos décadas de la recuperación democrática, ocupando un lugar periférico en el conjunto de las políticas estatales y haciendo que la inserción laboral para los graduados en ciencias sociales se centrara en la docencia universitaria con dedicaciones simples y pluriempleo.
La inserción profesional de los doctores en ciencias sociales en Argentina
Se ha definido a los doctores como un colectivo estratégico, puesto que se caracterizan por tener capacidad para producir nuevo conocimiento y difundirlo a través de los procesos de movilidad, tanto entre instituciones como entre sectores (Mangematin y Robin, 2003).
Considerado desde el lado de la oferta, el título de doctor constituye el máximo nivel educativo que conceden las universidades y supone un reconocimiento de las competencias investigadoras del doctorando (Auriol, Bernard y Fernandez-Polcuch, 2007). Desde el lado de la demanda, por su parte, se apunta que el doctor está capacitado para producir conocimiento científico, para difundirlo y para evaluar y descodificar el conocimiento generado por la comunidad científica (Pablo, 2010). Pero la incorporación de un doctor a una institución no supone solamente la contratación de fuerza de trabajo calificada: es también un mecanismo para fortalecer la capacidad de absorción y producción de conocimiento de las organizaciones. Ahora bien: ¿dónde y cómo se insertan laboralmente los doctores en ciencias sociales en Argentina?
Como ya hemos destacado en un trabajo previo, consideramos pertinente reponer brevemente aquí, en vista del siguiente apartado, los principales destinos de los profesionales con doctorado en ciencias sociales: el sistema educativo (49.8%), y los Organismos Nacionales Científicos Tecnológicos (ONCT) (38%). En tercer lugar, aparece el empleo en el sector gubernamental, con un porcentaje reducido (5.5%). Los doctores que afirman ejercer como profesionales independientes apenas alcanzan 2.1% de los encuestados, en tanto un 2% declara trabajar en organizaciones no gubernamentales (ONG). La inserción en organismos científicos provinciales es minoritaria (0.4%).13 Completan el arco de ámbitos en los que se insertan los doctores aquellos que afirman dedicarse a la actividad empresarial (1.1%) y los que trabajan en organismos internacionales (0.8%) (Emiliozzi, 2021) (Figura 1).
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta.
Figura 1 Inserción de doctores según sector de actividad
Quienes se encuentran insertos laboralmente en el sistema educativo, la abrumadora mayoría lo hace en el nivel universitario (95.5%), en tanto 6.8% lo hace en el terciario y 5.5% en el nivel secundario (lo que denota la sobrecalificación de quienes se desempeñan en este nivel).14 Entre quienes trabajan en el sector universitario las proporciones están más repartidas, no obstante, el grueso lo hace con el cargo de profesor adjunto (33.6%), seguidos de los jefes de trabajos prácticos (JTP) (17.2%) y los ayudantes (15.6%). Los titulares alcanzan 15.3% y los asociados 4%, en tanto quienes se dedican a la gestión representan 4.5%. (Emiliozzi, 2021) (Figura 2).
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta.
Figura 2 Doctores empleados en el sistema universitario según cargo
Los doctores que se insertan laboralmente en un ONCT (Figura 3) detentan diferentes categorías: un porcentaje mayoritario lo hace en la categoría investigador asistente (33.1%), seguido de investigador adjunto (21.9%) e investigador independiente (11.6%). Un grupo relevante de ellos (22.2%) se desempeñan como becarios posdoctorales (Emiliozzi, 2021).
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta.
Figura 3 Doctores empleados en un ONCT por cargo
La opción de la inserción en el extranjero
Si bien está claro que en los países de la región -y en especial en Argentina-, la inserción laboral de los doctores en el exterior por un tiempo prolongado no constituye una opción de política, ocurrió y ocurre en distintos periodos históricos y de diversos modos.
Como se señaló al comienzo de este artículo, Oszlak y O’Donnell destacan que los problemas para la política pública sí están socialmente problematizados. Así, para nuestros países “en desarrollo” el problema emerge cuando la movilidad de los científicos y profesionales no genera un “saldo neto”. El tema deviene susceptible de ser atendido a través de políticas desarrolladas por el Estado cuando los flujos de intercambio de científicos y profesionales determinan una pérdida neta en el stock de capital humano más calificado.
Pero, como señalamos al principio de este trabajo, al observarse que hay un porcentaje relevante de doctores que aspiran a tener una experiencia laboral en el exterior, ello ameritaría que la política en ciencia y tecnología genere una respuesta que no se agote en la sola repatriación o revinculación de científicos y tecnólogos argentinos en el exterior, proceso exitoso pero que se ha visto fuertemente recortado a partir de 2016 por el cambio en la política sectorial.
Entre los encuestados, frente a la pregunta si considera probable insertarse en el exterior, 39.2% de los doctores dicen no saber; 35.8% indica que segura o probablemente no, en tanto que 25.1% afirma que segura o probablemente sí lo hará (Figura 4).
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta.
Figura 4 Probabilidades de inserción en el exterior
Si bien aquí no hay diferencias sustantivas relacionadas con el género, al observar las edades de quienes consideran la inserción en el exterior como una probabilidad, apreciamos que se incrementa el porcentaje entre los menores de 40 años, estos consideran como una probabilidad o seguridad la inserción laboral en el exterior, entonces la proporción sube a 31% de los encuestados, en tanto que los que consideran que probable o seguramente no lo harán, disminuye a 30.2%. Por el contrario, en la franja de los mayores de 40 años que afirman que segura o probablemente se insertarán en el exterior, esa proporción disminuye a 19.25%, en tanto que los que creen que segura o probablemente no se insertarán laboralmente en el extranjero el porcentaje asciende a 42.8% de los doctores encuestados. Esto sin duda se vincula con el grado de inserción y consolidación laboral, más precario en los más jóvenes, en la percepción de los costos de la desvinculación y en posibles situaciones familiares que hacen más compleja la mudanza al exterior en los más mayores.
Cuando entre el universo de quienes sostienen que probable o seguramente radicarían en el exterior se indaga sobre los motivos por los que lo considerarían, predomina la respuesta: “experiencia profesional” (66.8%), seguida del contexto nacional, que implica una valoración negativa sobre la situación local que los llevaría, más allá del interés personal, a buscar trabajo afuera del país (56.4%); en tanto “experiencia personal” incluye 54% de las respuestas y “oferta de investigación” 43.1%. Como se ve, en la medida en que las respuestas permitían más de una opción, el porcentaje total supera el cien por ciento.
En cuanto a estas respuestas, se observan diferencias por género: mientras que 54.8% de los hombres responden que la incidencia del contexto nacional es relevante para decidir la inserción laboral en el exterior, ese porcentaje se incrementa en el caso de las mujeres (58.3%). Lo mismo ocurre en el caso de la opción “experiencia personal”: las mujeres consideran esa posibilidad en el 55.9% de los casos, en tanto los hombres lo consideran en el 50.7%. La mayor diferencia entre géneros se observa ante la opción de “oferta de investigación”: las mujeres consideran esa posibilidad en el 47.2%, mientras que los hombres lo hacen solo en el 37% de los casos.
El corte etario también arroja diferencias en las respuestas. La opción “contexto nacional” es seleccionada por casi 70% de los menores de 40 años (67.8%), en tanto entre los mayores de esa edad, ese porcentaje disminuye considerablemente: entre la franja de 40 a 49 años es de 51.6% y entre los de más de 50 años desciende hasta 16%. La opción “oferta de investigación”, por el contrario, es seleccionada por 43.5% de los entrevistados en el corte etario de menos de 40 años, en tanto que entre los mayores de 50 años es seleccionada por 56 por ciento.
Notemos que el contexto de realización de la encuesta, en el año 2019, combina un escenario de recesión económica, con caída de salarios reales y una menor inversión pública en ciencia y tecnología a partir de las decisiones del gobierno nacional asumido a fines de 2015. Es claro que las referencias al contexto nacional y el malestar salarial de los doctores se vincula a ese proceso, del que, a pesar del cambio de gobierno en 2019, no se ha logrado salir hasta el presente. Entre quienes seleccionaron la opción de que probable o seguramente buscarán insertarse en el exterior, ante la pregunta sobre el destino que elegirían, la abrumadora mayoría selecciona algún país de Europa (54.6%), en tanto 12.2% escoge México o algún país de Centroamérica, 11.7% algún país de Sudamérica y también 11.7% Estados Unidos o Canadá como se ve en la Figura 5.15
Conclusiones
El desarrollo de las ciencias sociales, y de un mercado laboral para sus profesionales, ha sido complejo y sinuoso en la Argentina de los últimos setenta años. A un inicio tardío pero promisorio, le siguieron los efectos de las interrupciones del orden constitucional por parte de gobiernos militares que persiguieron y reprimieron a parte de los profesionales del campo. Los efectos fueron la desestructuración de muchas disciplinas, confinadas a espacios periféricos o a su desaparición. En ese proceso también se destaca la migración de académicos a partir de 1976, muchos exiliados por razones políticas, lo que produjo una fuerte ruptura en la línea de desarrollo de estas disciplinas. El fantasma de la fuga de cerebros sobrevoló el campo desde 1966 y casi por dos décadas.
El retorno a la democracia en 1983 con las limitaciones de una transición compleja no permite la plena recuperación de las ciencias sociales. Si bien se produce su reingreso a las universidades, o incluso surgen algunas disciplinas que habían quedado por fuera de la institucionalidad, será la labor docente, en general con escaso reconocimiento salarial, la que predominará como forma de inserción laboral. La investigación y la formación doctoral serán muy escasas en esos años de finales del siglo pasado. Las crisis económicas, incluidas dos hiperinflaciones y un estallido social en 2001, también generaron un escenario complejo para la inserción laboral en general y la de los cientistas sociales en particular. Fenómenos de migración por razones económicas se volvieron frecuentes nuevamente en diversos momentos.
Recién a partir de 2003, con un giro en la política de ciencia y tecnología y el incremento en la inversión en la formación de doctores, se produce un verdadero resurgimiento de las ciencias sociales, ahora más volcadas a la investigación y demandantes de titulaciones de posgrado y en especial de doctorados y posdoctorados. El mercado laboral se reconfigura en este proceso demandando profesionales más calificados para tareas de investigación en especial en el CONICET, pero también en las universidades, a partir del incremento en el número de nuevas casas de altos estudios. En ambos casos la inserción laboral predominante sigue siendo académica, en universidades y organismos científicos, combinando tareas de investigación con docencia.
La decisión de concentrar las formaciones doctorales en el país, en parte por razones presupuestarias pero, también, por las pasadas experiencias de fuga de cerebros, dinamiza al sector universitario del grado y del posgrado, público y privado, incorporando nuevos espacios para el trabajo de doctores, pero también desatiende algunas de las premisas de la formación en este nivel en otras latitudes, como la importancia de la experiencia de la internacionalización.
Pero esa demanda sigue vigente, potenciada ante momentos de significativo deterioro del reconocimiento salarial de los doctores, como los que se han visto en los últimos años y que la actual pandemia de COVID-19, con sus efectos fiscales y sobre el mercado laboral, parecen profundizar. En ese cuadro, la demanda de internacionalización que presentan los doctores más jóvenes, tal como hemos relevado en nuestro trabajo, requiere algunas formas de consideración partiendo del interés por preservar recursos en los que se han producido fuertes inversiones por periodos de tiempo extensos, considerando las bondades de ese tipo de experiencias que son fundamentales para la inserción del país en las redes internacionales de ciencia y tecnología, pero también considerando las limitaciones presupuestarias y una realidad internacional que no en todos los casos parece propicia para la recepción de doctores en ciencias sociales en otros países.
