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Revista mexicana de investigación educativa

versión impresa ISSN 1405-6666

RMIE vol.15 no.47 Ciudad de México oct./dic. 2010

 

Investigación

 

Políticas educativas y culturales durante la última dictadura militar en Argentina (19761983). La frontera como problema

 

Laura Graciela Rodríguez

 

Profesora del Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) con sede en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Calle 48 entre 6 y 7, 1900, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. CE: laura.rodrig@speedy.com.ar

 

Artículo recibido: 28 de enero de–2010
Dictaminado: 28de abril de–2010
Segunda versión: 25 de mayo de 2010
Aceptado: 29 de mayo de 2010

 

Resumen:

El 24 de marzo de 1976 los integrantes de las tres Fuerzas Armadas en Argentina organizaron el sexto asalto a un gobierno elegido constitucionalmente, al tiempo que se sucedían otros golpes de Estado de similares características en los países del Cono Sur Latinoamericano. En los años sesenta y setenta, en el contexto de la Guerra Fría y la "amenaza comunista", los grupos nacionalistas integrados por civiles y militares extremaron las ideas sobre la importancia de la defensa de "la nación" ligada a un territorio "amenazado". En este artículo analizaremos un aspecto poco visto aún, como es el contenido de los discursos y de las políticas educativas y culturales vinculadas con el tema de la frontera en este sentido "belicoso".

Palabras clave: política educativa, cultura, dictadura, nacionalismo, análisis del discurso, Argentina.

 

Abstract:

On March 24, 1976, the members of the three branches of the armed forces in Argentina organized the sixth assault on a constitutionally elected government. At the same time, other coups with similar characteristics were occurring in the nations of South American's southern cone. In the 1960s and 1970s, in the context of the Cold War and the "Communist threat", nationalistic civilian and military groups emphasized the importance of defending "the nation" in association with "threatened" territory. In this article, we analyze an aspect that has been the object of little study: the content of discourse and the educational and cultural policies linked to the topic of the border in this "bellicose" sense.

Keywords: educational policy, culture, dictatorship, nationalism, analysis of discourse, Argentina.

 

Introducción

Entre 1930 y 1966, se organizaron en la Argentina cinco golpes militares que se intercalaron con regímenes democráticos de distinto tipo. El 24 de marzo de 1976 los integrantes de las tres Fuerzas Armadas organizaron el sexto asalto a un gobierno elegido constitucionalmente, al tiempo que se sucedían otros golpes de Estado de similares características en los países del Cono Sur Latinoamericano (Brasil, Chile y Uruguay). En comparación, la última dictadura militar en Argentina fue la más cruenta de la región. Los organismos de derechos humanos calculan que hubo alrededor de 30 mil "desaparecidos", denominación que define a las personas que fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad y de las que no se supo el paradero durante mucho tiempo. Lo cierto es que la mayoría fue torturada en aproximadamente 340 centros clandestinos de detención, distribuidos en todo el país, y/o asesinada. Un gran porcentaje ha sido identificado como trabajador de fábrica y militante sindical y casi 6% del total como docente (CONADEP, 1995:296).

El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976–1983) persiguió tres grandes objetivos: el de liberalizar la economía; desarticular el Estado intervencionista, cuyo principal promotor había sido el peronismo; y lograr el disciplinamiento social por medio de la represión, que contó con el apoyo de la cúpula de la Iglesia católica argentina (Quiroga, 2004; Novaro y Palermo, 2003). Existe un consenso acerca de que la última dictadura logró producir cambios profundos pero, al mismo tiempo, varios de sus objetivos más ambiciosos no pudieron ser concretados o debieron ser revisados a causa de los múltiples conflictos que se dieron al interior de la Junta Militar, entre los militares, y entre éstos y los civiles que integraban el gobierno (Schvarzer, 1986; O'Donnell, 1997; Vezzetti, 2002; Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 2004; Pucciarelli, 2004; Águila, 2008; Canelo, 2008).

Un conjunto de autores ha visto las políticas educativas del Proceso, dando cuenta de los distintos mecanismos represivos que se inauguraron en 1976 (Braslavsky, 1980; Tedesco, Braslavsky y Carciofi, 1983; Palamidessi, 1998; Tiramonti, 1989; Puiggrós, 1997; Kaufmann, 2006; Pineau, 2006; Cucuzza, 2007; Rodríguez, 2010). En este artículo analizaremos el contenido de los discursos y de las políticas educativas y culturales vinculadas con el tema de la frontera, en un sentido, como dice Silvina Quintero, "belicoso" (Quintero, 2004:106).

Las ideas típicas del nacionalismo sostenían, desde el siglo XIX, que había que defender la "nación" ligada a un territorio, entendido como una realidad anterior al Estado (Bertoni, 2001; Romero, 2004). Geográficamente hablando, Argentina limita con Chile al Oeste, Bolivia y Paraguay al Norte y Brasil y Uruguay al Noreste y Este. Estas nociones de la nación se vieron exacerbadas a mediados del siglo XX en el escenario de la Guerra Fría y de la Doctrina de Seguridad Nacional, donde el "fantasma" del comunismo sobrevolaba toda la región. Producto directo de ello fue que los militares de Argentina, Brasil y Chile hicieron crecer exponencialmente el campo de los estudios geopolíticos. En estos países se multiplicaron los centros, las revistas especializadas y las cátedras de geopolítica en institutos de formación militar y diplomática. En este sentido, resulta inevitable vincular el desarrollo de este campo con los proyectos de legitimación de los últimos regímenes militares (Quintero, 2004:86).

Esta corriente "belicosa" adhería a la idea expansionista de las fronteras, partía del supuesto de que cada Estado, entendido como un sujeto, era por "naturaleza" expansivo. Por esa razón, las Fuerzas Armadas debían estar "alertas" para custodiar sus fronteras frente a los impulsos expansivos de los Estados vecinos, ya que la Argentina era "toda una frontera". Desde esta perspectiva, el otro país era visto como un "adversario" y la Argentina, argumentaban, se encontraba acechada de forma permanente por la ambición de los "otros" y especialmente de Chile (Bohoslavsky, 2009).

En los años del Proceso, un grupo de especialistas en Geografía agrupados alrededor de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA), ejerció una importante influencia entre los docentes. Varios de ellos militaban en las filas de organizaciones de derecha del nacionalismo católico (Rodríguez, 2010a). En esa etapa publicaron numerosos artículos y libros desde los cuales difundieron la idea de que la Geografía debía contribuir a la defensa de los intereses de la nación, que se suponía siempre católica. Justificaron con sus escritos las hipótesis de conflicto territorial con Brasil y Chile, estaban a favor de la guerra con ese país, argumentaron luego sobre los reclamos por Malvinas y la soberanía del Atlántico Sur (Cicalese, 2007). Estas orientaciones no se limitaron a la Geografía sino que tuvieron sus representantes en la Historia y se vieron plasmadas en manuales y textos escolares (Romero, 2004; Quintero, 2004; De Privitellio 2004; Kaufmann, 2006; Alonso, 2007).

Ahora bien, con base en la lectura de documentos producidos por las autoridades educativas nacionales y de diarios de la época, desarrollaremos este artículo en tres apartados organizados cronológicamente. En el primero mencionaremos las "campañas nacionales" que tuvieron lugar a lo largo del año 1978 en las escuelas, con el propósito de reforzar la idea del "enemigo chileno". Seguidamente, analizaremos el operativo inaugurado en 1979 denominado "¡Argentinos! Marchemos hacia las fronteras" que se organizó entre el Ministerio de Cultura y Educación y la Gendarmería Nacional. Por último, veremos las actividades que pensaron los funcionarios de la Secretaría de Cultura de ese Ministerio hacia 1980, que consistían básicamente en "trasladar" la cultura hacia las fronteras.

En un contexto donde estaban siendo seriamente cuestionados por la represión, observaremos de qué manera los militares y civiles diseñaron estas políticas, fuertemente influidas por los estudios geopolíticos, con el objetivo de legitimarse ante la sociedad argentina. Con la primera medida buscaban generar consenso alrededor de una guerra con Chile, en tanto un sector del gobierno suponía que la población los apoyaría. En relación con las otras dos, las autoridades pretendían mejorar su imagen pública reproduciendo una noción de la frontera como un territorio olvidado por los gobiernos anteriores, sumido en el "atraso" y la "pobreza" y falto de cultura y educación, situación que sólo ellos podrían revertir.

Procuraremos mostrar que si bien al principio pareció que estas propuestas del régimen tenían cierto éxito, lo concreto fue que la guerra con Chile se frenó y los avatares económicos y la crisis política en la que se sumió el Proceso hacia los años ochenta, hizo que las otras dos políticas fueran perdiendo financiamiento, adherentes y publicidad y varias de ellas acabaran siendo sólo parcialmente aplicadas.

 

La geopolítica en la escuela y la "amenaza" chilena

Desde los comienzos, distintas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, hicieron denuncias sobre la existencia de detenidos ilegales, secuestrados, torturados y desaparecidos. El presidente de facto, teniente general Jorge Rafael Videla, negó sistemáticamente la existencia de estos hechos y dijo que las acusaciones respondían a una "campaña antiargentina" de la "subversión" y del "terrorismo internacional".1 Con el objetivo de desviar la atención hacia otros temas, cierto sector del gobierno intentó convencer a la población argentina sobre la necesidad de ir a la guerra con Chile.

Entre mayo de 1977 y diciembre de 1978 las relaciones entre Argentina y Chile se fueron deteriorando aceleradamente a causa del conflicto de límites por la zona del canal de Beagle (Novaro y Palermo, 2003). En esos años se profundizaron las acciones destinadas a desprestigiar a ese país y sus reclamos, justificar la ofensiva belicista y alimentar la idea de una supuesta amenaza de "invasión" a las provincias de la Patagonia, ubicadas en el Sur. Varias de estas ideas se hacían conocer en las escuelas por medio de las "campañas nacionales" que organizaba la Secretaría de Información Pública (SIP), que dependía directamente del área de Presidencia y formaba parte de una compleja y antigua trama de instituciones estatales dedicadas a controlar y censurar expresiones culturales.2

La SIP fue utilizada como uno de los principales medios de propaganda durante 1978. Uno de sus objetivos era "contribuir mediante la comunicación social a lograr que la población local y las áreas de decisión internacionales, adopten actitudes y conductas positivas de adhesión al Proceso de Reorganización Nacional".3 En general, la Secretaría de Información Pública organizaba una campaña nacional sobre algún tema, escribía un documento con "ideas fuerzas" y lo mandaba a todas las provincias.4 Las dependencias educativas lo recibían para replicarlo y podían introducir adecuaciones (Rodríguez, 2009).

De Chile se decía que era un país que buscaba expandirse sobre la Patagonia y el Atlántico Sur, zonas que "desde siempre" habían sido argentinas. En abril de 1978 el Ministro de Educación distribuyó a los distintos ministerios provinciales un extenso documento del coronel Jorge L. Rodríguez Zía denominado "El fallo del Beagle. De mar a mar", donde justificaba jurídicamente los reclamos de Argentina y se declaraba a favor de "responder cualquier agresión en tierra o mar con la fuerza de las armas" y a la "intrusión" de pobladores chilenos "con la expulsión inmediata de los mismos" (Rodríguez, 2009: 241).

El autor reescribía el pasado y clasificaba a los personajes de la historia entre quienes habían actuado "patrióticamente en las cuestiones de límites con Chile" y quienes no lo habían hecho. El Ministerio les pedía a cada maestro de la escuela primaria que elaborara una "guía de estudios" que promoviera la "investigación y el trabajo creador" en el aula. A los profesores de la secundaria se les sugería que les dieran a los alumnos directamente el cuadernillo para que profundizaran "sus conocimientos sobre el tema" y elaboraran una "síntesis coherente".

Hacia fin de año el problema con Chile se había agravado y en noviembre la Secretaría de Información Pública organizó la campaña nacional por el "día de la Tradición", que hacía hincapié en la necesidad de "motivar a la población para que asuma con orgullo y entusiasmo nuestras tradiciones, a fin de reafirmar a través de ellas los sentimientos de soberanía y nacionalidad" (Rodríguez, 2009:241). En las escuelas debían difundirse las frases de la SIP referida a "nuestras tradiciones". El mes de noviembre fue de "festejos" corridos: a los del día de la Tradición se le continuaron las actividades de la otra campaña de la SIP por el "día de la Soberanía Nacional", que fue vinculada explícitamente con el conflicto chileno y la lucha contra la "subversión".

Las producciones de los alumnos realizadas para la ocasión, tenían que mostrar los "hechos de la defensa de la soberanía de nuestras aguas territoriales, la evolución del diferendo con Chile, la exigencia de la justa aplicación del derecho internacional para la inviolabilidad de nuestras fronteras y la lucha contra la subversión" (Rodríguez, 2009:242). Las "ideas fuerzas" contenidas en el documento de la SIP establecían una analogía con la actualidad: "Quienes atacan a la Argentina acusándola de violadora de los derechos humanos, sin reconocer su sacrificio espiritual y material para erradicar la subversión, mantienen idéntica posición que los agresores ingleses y franceses en aquella dura jornada". Se recomendaban llevar a cabo las siguientes acciones: "aprovechar la oportunidad para hacer entrega en todas las escuelas, pero sobre todo en las de frontera, de banderas y mapa de la zona antártica, mares argentinos e Islas Malvinas"; promover la participación de los alumnos primarios en el concurso "Soberanía Territorial Argentina, Prioridad Nacional". Por último, se recordaba que "La Nación [...] no permitió ni lo hará, que apetencias foráneas mancillen su integridad moral y territorial" (Rodríguez, 2009:242).

Finalmente, la presión internacional obligó al gobierno argentino a resolver el conflicto por medio de un arbitraje del papa Juan Pablo II, quien solucionó el diferendo de manera pacífica. A causa de distintos enfrentamientos al interior del gobierno, la SIP y sus campañas prácticamente desaparecieron de la escuela a partir de 1979.

 

El operativo hacia las fronteras

El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación fue ocupado por cinco ministros civiles y durante dos periodos breves por el ministro del interior, el general brigadier Albano Eduardo Harguindeguy. Todos ellos cultivaban vínculos con círculos nacionalistas y católicos conservadores. De todo el gabinete, la cartera educativa fue la más inestable y debió funcionar con el presupuesto más bajo de la década, hecho que fue denunciado por los propios aliados al régimen (Rodríguez, 2010).5

Albano E. Harguindeguy, como responsable del Ministerio del Interior, promovió intensamente diversas actividades en las fronteras, muchas de ellas en articulación con la Gendarmería Nacional, que dependía del Ejército e integraba el conjunto de las fuerzas de seguridad. Según la ley de creación, una de sus misiones era "contribuir a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional" (Ley núm. 12.367/38). El Ministerio de Cultura y Educación, contando en más de una oportunidad con la ayuda de la Gendarmería, fue creando escuelas primarias en las zonas de frontera. La relación entre los maestros, alumnos y familias con los militares era generalmente fluida. La Gendarmería recibía partidas presupuestarias especiales para "apadrinar" escuelas, reparar y construir nuevos establecimientos, financiar becas para los alumnos y donar material. En esos años se organizaban importantes ceremonias con los directores de las escuelas, quienes recibían las donaciones en presencia de la comunidad local.

A poco de comenzar el Proceso, en la Asamblea del Consejo Federal de Cultura y Educación que reunía a la totalidad de los mandatarios provinciales, se firmó un documento sobre el fin, los objetivos generales y los agentes de la educación, donde se mencionaba que había que "neutralizar los efectos de la penetración cultural foránea para reafirmar los principios de Soberanía Nacional en zonas y áreas de frontera".

Siguiendo esta línea, se introdujeron nuevos contenidos escolares sobre la soberanía y las fronteras y en la provincia más grande de país, Buenos Aires, se organizaron dos cursos de "perfeccionamiento docente" con carácter obligatorio. Eran sobre "Geopolítica del Cono Sur" y lo dictaban académicos de las universidades nacionales y militares vinculados con el gobierno. Capacitaron a los docentes en temas tales como "La problemática de la zona de frontera. La acción de la Gendarmería Nacional"; "Migraciones a través de la frontera (chilenos, bolivianos, paraguayos, brasileños)"; "La frontera interior argentina y la fundación de ciudades"; entre otros.

Los militares afirmaban que las fronteras internacionales carecían "de la integración necesaria con el resto del país", ya que la mayoría tenía condiciones inadecuadas de infraestructura, baja explotación de recursos naturales e insuficiente población (La Opinión, 13 octubre 1979, p. 9). Aseguraban que era en estos "puntos neurálgicos" donde la escuela de frontera y su personal docente cumplían una misión fundamental. Entre los problemas que se debían enfrentar, decían, estaban: un gran porcentaje de extranjeros, la mala demarcación de límites, la falta de incentivos para la radicación de población, la inmigración portadora de enfermedades y pobreza y la falta de educación. Sostenían que no se podía resolver el problema "con tibias y formales reformas".

Así, la "frontera educativa" adquiría el carácter de "frente principal", ya que en ella potencialmente subyacían "la mediocridad y la servidumbre, pero también el camino a la victoria". Por eso era necesario que se prestara más atención a los proyectos de educación fronteriza: "La enseñanza en zona y áreas de frontera constituirá un programa prioritario, cuya financiación será prevista con incrementos graduales de las asignaciones presupuestarias de acuerdo con un planteamiento anual de necesidades en las distintas jurisdicciones" (La Opinión, 13 octubre 1979, p. 9).

El operativo "¡Argentinos! Marchemos hacia las fronteras" se inscribió en este clima de ideas. De todos los ministros de Cultura y Educación que hubo durante el Proceso de Reorganización Nacional, Juan Rafael Llerena Amadeo (1978–1981) fue sin dudas el que mejor encarnó el proyecto de los militares. El Ministerio de Cultura y Educación y la Gendarmería Nacional firmaron el primer convenio en 1979. Antes de la gran inauguración del "Marchemos..." en julio de ese año se realizaron los "Campamentos juveniles de Acción Cívica" que consistían en que estudiantes de escuelas técnicas dependientes del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) fueran a las localidades fronterizas. Para agosto se anunció la realización del operativo y, como antes, la mayoría de los colegios seleccionados dependían del CONET y estaban asentados en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades preferían a estos alumnos —una minoría era de otros colegios— porque estaban capacitados para realizar tareas tales como pintar, construir aulas, reparar techos, embaldosar pisos y mejorar las instalaciones. Además, el interventor del CONET, el ingeniero Carlos Burundarena, era un aliado importante de los militares del Proceso. De hecho, una vez que Llerena Amadeo debió dejar su cargo en 1981, Burundarena fue el siguiente ministro.

Cada director de escuela designaba a veinte alumnos de sexo masculino de los últimos cursos, de entre 16 y 18 años. Fueron seleccionados unos cinco mil estudiantes de 202 escuelas. La Gendarmería financiaba parte del viaje y los designados para viajar tuvieron que organizar rifas, colectas y otras actividades para recaudar fondos que les permitieran costear los gastos de traslado y alojamiento, además de la compra de útiles escolares, libros y otros elementos que serían donados a las escuelas que visitarían. Viajaron a mediados de noviembre, estuvieron entre seis y ocho días en localidades de muy pocos habitantes como Barreal (San Juan), Uspallata y Campo de los Andes (Mendoza), Tinogasta (Catamarca), Aguas Blancas y Chos Malal (Neuquén), Ñirihuau (Río Negro), Trevelín (Chubut), Las Palmas (Chaco), Isla de Oro (Formosa), Bernardo de Irigoyen (Misiones), Yuquerí (Entre Ríos), entre otras.

El subdirector de Gendarmería, Gustavo Adolfo Ripoll Navone explicó que el operativo permitiría "la creación de un vínculo espiritual entre los alumnos de las escuelas de frontera y los de la Capital Federal, ya que estos últimos adquirirán un conocimiento objetivo y práctico de nuestro país" (La Opinión, 16 noviembre 1979, p. 24).6 Navone dijo también que todo eso partía del reconocimiento de que los nueve mil kilómetros de fronteras que tenía el país no estaban suficientemente poblados, y los dos mil o dos mil quinientos kilómetros poblados que había, estaban como "alejados de la mano de Dios, totalmente desamparados". Dada esta realidad, la Gendarmería había resuelto revertir esta situación. Los cinco mil jóvenes que partían a las fronteras debían mostrarles a sus habitantes que "la ciudad" se acordaba de ellos. El "formidable éxito de la operación" estaba demostrado por el interés despertado en otros sectores de la población:

Estoy convencido que el año próximo se iniciará un tránsito más fluido hacia las fronteras, que no incluirá solamente a los estudiantes, sino también a empresarios, industriales, familias. Será de una gran utilidad este conocimiento futuro porque in situ es la única forma que tienen, por ejemplo los industriales, para observar las posibilidades de inversión que ofrece cada zona. Esto significará, obviamente, demostrarle a los "argentinos fronterizos" que no están solos (La Opinión, 16 noviembre 1979, p. 24).

El 16 de noviembre partieron los estudiantes, después de organizarse un acto de despedida en el estadio de futbol del equipo River Plate, con la presencia del presidente de facto, teniente general Jorge Rafael Videla, el general de división Antonio Domingo Bussi, el ministro de Educación Juan Llerena Amadeo y el interventor del CONET y futuro ministro en 1981, Carlos Burundarena, entre otros.7 El operativo fue cubierto ampliamente por el diario La Opinión que para ese entonces se transformó en el órgano de difusión del servicio de inteligencia del Ejército.8 Varias empresas apoyaron la acción y brindaron servicios de seguro, transporte y alojamiento a precios supuestamente más económicos. En dicho acto los jóvenes cantaron "Argentinos, marchemos hacia las fronteras" y desfilaron ante las autoridades presentes (La Opinión, 16 noviembre 1979, p. 24). Luego observaron las exhibiciones de salto en paracaídas y operaciones de comando de helicópteros a cargo de la Escuela de Infantería, las demostraciones acrobáticas del grupo "Cóndor" de la Policía de la provincia de Buenos Aires y el desfile de las bandas de música de la Gendarmería y del Ejército Argentino. Al finalizar la muestra, partieron los estudiantes a las zonas de frontera, entre aplausos de una nutrida concurrencia y al grito de "¡Argentina!, ¡Argentina!" dieron inicio a lo que la prensa denominó como "gran cruzada".

El 22 de noviembre el general Bussi arribó a Mendoza para observar el desarrollo del operativo acompañado por el actor cómico Luis Landriscina, quien además realizaba una serie de presentaciones artísticas en las zonas de frontera. Fue a la localidad lindante con Chile, Uspallata, para compartir "un fogón criollo con un contingente estudiantil" (La Opinión, 22 noviembre 1979, p. 10). En el transcurso de la reunión Bussi señaló, en una conversación con los estudiantes, que la soberanía había que defenderla ocupando, desarrollando y haciendo felices a los habitantes. Un alumno le dijo que aquí "oímos verdaderamente los latidos del corazón de la Patria". Bussi respondió que allí estaban las "fuentes para tener una soberanía real". Luego viajó a la Guarnición del Escuadrón Campo de los Andes, al sur de Mendoza, donde compartió un desayuno con otro contingente estudiantil. En ese lugar pasó revista a las tropas y luego entonaron todos juntos, gendarmes y estudiantes, las estrofas de la canción patria "Aurora".

En cuestión de horas volvió a partir a la región noreste del país, a Resistencia, Chaco, para continuar hasta Las Palmas, localidad cercana a Paraguay. Posteriormente fue a Bernardo de Irigoyen en la provincia de Misiones, donde inauguró un Museo de Frontera en el cual se exhibía un panorama del desarrollo de los efectivos de la Gendarmería Nacional. En esa oportunidad, Bussi manifestó su profunda preocupación por el despoblamiento de las zonas fronterizas de la Argentina, ya que "mientras nosotros plantamos un hito, que luego se pierde entre la maleza, Brasil va plantando ciudades cada cincuenta kilómetros, creando verdaderos polos de desarrollo y expansión fronteriza" (La Opinión, 23 noviembre 1979, p. 24). El operativo "Argentinos, marchemos hacia las fronteras" pensaba "despertar una conciencia para que el país vuelva sus ojos hacia las fronteras". Había que hacer "flamear la bandera y reclamar los derechos", pero si el territorio seguía vacío, a fines de siglo ese territorio "sería ocupado por otros".

Por su parte, el ministro de Cultura y Educación, Llerena Amadeo habló en un acto en el paraje Río Corintos, cerca de Trevelín, en la provincia de Chubut, en el sur del país (La Opinión, 22 noviembre 1979, p. 10). Del mismo participaron autoridades de Gendarmería Nacional y un grupo de más de 60 alumnos de escuelas del operativo, además del secretario de Educación, profesor Ángel Paulino y el de Cultura, Raúl Crespo Montes. Llerena Amadeo rindió homenaje al recientemente fallecido, subdirector de Gendarmería, Gustavo Adolfo Ripio Navone y señaló que en las fronteras la patria se hacía "carne y hueso como en ninguna otra parte". El jefe de Gendarmería del lugar homenajeó a la corriente inmigratoria mayoritaria del lugar, los galeses, que hacía 77 años habían dado "la más acabada muestra de fidelidad y amor a la nación". Este homenaje reproducía la idea de la Argentina "blanca", poblada básicamente por los inmigrantes de origen europeo que se habían asentado a partir de mediados del siglo XIX. Esta versión estaba destinada a ignorar abiertamente a las comunidades aborígenes que existían en esas regiones (Quintero, 2004:98).

En diciembre, los alumnos y profesores que habían viajado fueron entrevistados por el diario (La Opinión, 8 diciembre 1979, p. 8). La nota tenía el título "Conocer las fronteras para defenderlas mejor". Reunidos en el Edificio Centinela, un pequeño grupo de esos cinco mil, contó la experiencia que vivió "en los confines del país", desde donde comprendieron en "toda su extensión las palabras 'patria' y 'soberanía'". Dos de ellos, Diego Queirolo y Jorge Thierer, eran presentados como futuros "ingeniero" y "médico", tenían 16 años, cursaban el cuarto año del Nacional núm. 9 y explicaron al cronista que habían estado en Saujil de Tinogasta en Catamarca. Contaron que los chicos en esa localidad eran "más felices que nosotros", no estaban "angustiados por las premuras de la ciudad", ni se ocupaban de "frivolidades", aunque vivían "muy primitivamente". Diego y Jorge se ocuparon de transmitirles cosas "del progreso y la gran ciudad". Un estudiante de un colegio industrial (futuro "dirigente"), había viajado a Isla de Oro en Formosa y manifestaba que se quedó impresionado por la pobreza. Según dijo, las personas allí vivían "en taperas". Otro alumno (un "rubio" que quería ser "ingeniero") contó que lo más importante que había que darles a los habitantes de la frontera era "la esperanza". Había visto que la "penetración paraguaya" en la zona era "muy importante" y por esa razón, pensaba que había que "ofrecerles las mejores oportunidades para fortalecer nuestros límites".

Los docentes también fueron entrevistados. Un profesor del Colegio Nacional núm. 1 "Bernardino Rivadavia", viajó a El Yuquerí, Entre Ríos, y explicó que el operativo para él fue tanto o más excitante que para los chicos. Destacó que fue un gran esfuerzo de los alumnos reunir fondos para viajar, que los profesores se ocuparon de solicitar donaciones a comerciantes y grandes empresas y gracias a ellos pudieron llevar zapatillas, ropas y libros. En ese primer contingente viajaron también unas pocas mujeres, alumnas de la Escuela Nacional de Danzas que cursaban el segundo año del profesorado. Habían estado en Barreal, provincia de San Juan, en el límite con Chile. Las alumnas explicaron que estando allí aprendieron la importancia que tenía la Gendarmería en esas zonas.

Además de esto, Harguindeguy apoyó la creación de la "Gendarmería Infantil" (La Opinión, 16 noviembre 1979, p. 24).9 El subdirector de Gendarmería, Gustavo Adolfo Ripoll Navone, explicó que desde comienzos de 1979 se inscribían y trabajaban semanalmente más de doce mil niños entre 8 y 14 años de edad que vivían en áreas de frontera, desde el Delta (Buenos Aires) a Río Gallegos (Santa Cruz). Por las dudas, aclaraba que esto no tenía nada que ver con las experiencias hitleristas y del fascismo.

Lo que se intentaba, decía, era reforzar la educación de los niños, capacitarlos en su vocación de oficios que servían para la zona donde vivían y, a veces, hasta despegarlos de un medio ambiente que podía ser "nocivo". Esta acción, sostenía, era "eminentemente cívica".

Todas estas actividades se complementaban con programas en los que colaboraba la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación. Los funcionarios de esa dependencia, junto con autoridades militares, organizaban visitas de artistas o personajes famosos, de grupos teatrales o funciones cinematográficas. Ripoll Navone dijo que la Gendarmería tenía un "Programa de Acción Cívica" que se encargaba de la "difusión artística, cultural y deportiva en zonas de frontera", con el objetivo de permitir a las comunidades tener acceso y contacto personal y directo con prestigiosas figuras de esos ámbitos. Contaba que había lugares donde no se conocía el teatro, como por ejemplo, en Aguas Blancas (Río Negro), donde un conjunto debió actuar en la capilla y con un "telón hecho con frazadas de Gendarmería". Así, personajes conocidos como el corredor automovilístico Juan Manuel Fangio o los jugadores de futbol que habían ganado el Mundial de 1978, se acercaban a la frontera para "conocer a la gente, estrechar su mano, dialogar, hasta jugar un picado". Sin duda, para los "argentinos fronterizos" esto significaba "una de las experiencias más importantes de su vida". De esta forma, la Gendarmería se acordaba de ellos "nutriendo los límites". Finalizaba sosteniendo que "tal vez el país no observe con tanta preocupación la enorme expansión que sobre los principios del país, ejercen algunos vecinos" (La Opinión, 16 noviembre 1979, p. 24).

En diciembre de 1979, Bussi fue nombrado comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en la provincia de Tucumán. En su discurso relacionó a la frontera con la lucha contra la "subversión". Dijo que se prepararía para la guerra, "para abatir a los enemigos de afuera y de adentro de nuestra frontera y continuar hasta aniquilar el último vestigio de la subversión" (La Opinión, 12 diciembre 1979, p. 13). Con referencia a los límites de "nuestra patria", dijo:

Persuadidos de la significación vital que para la vida de la Nación tienen sus fronteras, y de que su suerte y futuro signarán la suerte y futuro de la República, nuestra gran unidad de batalla volverá sus miradas hacia esos sagrados contornos donde la patria comienza y contribuirá a revitalizarlas e incorporarlas plena y definitivamente a la patria común, a poblarlas, a arraigar a sus gentes, a desarrollarlas espiritual y materialmente, a conocerlas, quererlas y defenderlas (La Opinión, 12 diciembre 1979, p. 13).

En julio de 1980 se realizó el segundo operativo con menos alumnos y que consistió de tres etapas (La Opinión, 3 de julio 1980, p. 7). Estaban divididos en grupos y cada uno tenía un plan de trabajo para efectuar reparaciones y obras en las escuelas "a fin de realizar un aporte concreto a la comunidad que visitaban" y que se inscribía en los objetivos más amplios que perseguía la experiencia, entre los que se destacaban "el afianzamiento de la soberanía, la promoción del interés para la radicación en zonas de frontera y el conocimiento de su realidad". Gendarmería Nacional preveía aspectos referidos a comunicaciones, alimentos y provisión de las herramientas y materiales necesarios para las tareas proyectadas y las empresas ponían otra parte. En otro reportaje a los alumnos que habían ido a Formosa, expresaron que "más allá de la importancia de los trabajos realizados", destacaban "el apoyo humano y logístico de Gendarmería Nacional, que nos permitió establecer una sana convivencia con otros hermanos argentinos, que viven dentro de nuestras fronteras" (La Opinión, 12 julio 1980, p. 11). Los operativos continuaron una vez por año hasta el fin del Proceso, pero no volvieron a tener la misma publicidad, ni involucraron a tantos estudiantes como en 1979. En los siguientes viajes se sumaron profesionales de la salud como odontólogos, médicos y bioquímicos.

 

Las políticas culturales: "trasladar" la cultura a las zonas de frontera

La Secretaría de Cultura dependía del Ministerio de Cultura y Educación y a fines de 1977 el presidente Videla anunció que iba a aumentar en un 500% el presupuesto para que se gastara íntegramente en la realización del Mundial de Futbol que se llevaría a cabo en junio de 1978. Como ya mencionamos, desde el año anterior, diversos organismos internacionales y nacionales se habían hecho eco de las numerosas denuncias realizadas por exiliados argentinos, sobre la existencia de censura en la prensa y de miles de detenidos–desaparecidos en centros clandestinos de detención. En respuesta, Videla invirtió una gran cantidad de recursos para mejorar la imagen de su gobierno. Según el documento que dio a conocer la Secretaría de Cultura, una parte del dinero debía destinarse a organizar "acciones culturales" en zonas de frontera "fortaleciendo las instituciones de las provincias correspondientes". En el texto se proponía trasladar piezas museográficas a las provincias, libros, exposiciones, conciertos, recitales, películas y conferencias sobre la "cultura nacional", entre otras acciones (El Día, 21 diciembre 1977, p. 2).

Como resultado de esta inyección de fondos, el Consejo Federal de Coordinación Cultural cobró un mayor protagonismo. Dicho organismo era presidido por el secretario de Cultura y estaba conformado por los representantes del área cultural de todas las provincias, la municipalidad de Buenos Aires y el territorio nacional de Tierra del Fuego. A principios de 1978 el segundo del área, Jorge A. Maldonado, afirmaba que a raíz de este incremento, el Consejo se había "revitalizado". Creía que era muy necesario invertir en las regiones de frontera porque de lo contrario "habremos perdido esas zonas para la Nación" (El Día, 3 de marzo de 1978, p. 2). En esos lugares había una "invasión de cultura" que nada tenían que ver con "la nuestra", especialmente en la "zona fronteriza con Brasil y también en toda la Patagonia". Estas declaraciones iban en línea con las del segundo ministro de Cultura y Educación, Juan José Catalán, quien en una reunión del Consejo planteó la necesidad "de la recuperación cultural como un problema geopolítico para la Argentina, dada su situación en el Cono Sur". La verdadera política cultural significaba "alimentar las expresiones valiosas, desalentar las no valiosas y ejercer una vital defensa de la tradición argentina" (El Día, 15 diciembre 1977, p. 3).

Poco tiempo después del Campeonato, el dinero destinado al área volvió a bajar abruptamente. El ministro Llerena Amadeo nombró como secretario de Cultura a Raúl M. Crespo Montes quien señaló que seguirían las "pautas de fortalecimiento de la cultura nacional en áreas de frontera", aunque admitía que el presupuesto previsto para 1979 era muy bajo (La Nación, 22 diciembre 1978, p. 7). En agosto de ese año se unificaron el Consejo Federal de Educación con el de Cultura y el secretario anunciaba desde la provincia de Mendoza, que se habían concretado la apertura de 25 "centros culturales en zonas de frontera" y expresó que el año próximo la acción sería intensa para "preservar la cultura argentina" (La Opinión, 29 septiembre 1979, p. 9). También mencionó que se habían realizado las "giras de difusión cinematográficas" en pueblos fronterizos de las provincias del sur argentino: Neuquén, Río Negro y Chubut, organizadas por el área de Producciones audiovisuales y difusión de la Dirección nacional de asistencia y estímulo cultural de la Secretaría de Cultura. Los enviados de la Secretaría además, "efectuaron un exhaustivo relevamiento fotográfico de los lugares que visitaron para rescatar los valores casi ocultos del interior, las bellezas naturales, sus artesanías y folklore" (La Opinión, 23 septiembre 1979, p. 11). Al poco tiempo, el funcionario renunció a causa del bajo presupuesto que recibió Cultura ese año.

Al nuevo secretario, Julio César Gancedo, ni bien asumió, los periodistas le consultaron por el porcentaje destinado al área, que ese año había sido el 0.01% de los gastos generales. Gancedo respondió que "el Estado debía actuar subsidiariamente" y que "antes que pedir había que producir un presupuesto". A él le tocó diseñar el plan cultural en el marco del Consejo Federal. En agosto de 1979 se unificaron los dos consejos, el de Cultura y el de Educación y Gancedo conformó una Comisión permanente de investigación y desarrollo cultural educativo con representantes de las provincias con el objetivo de estudiar los "distintos aspectos de la realidad cultural del país, de su problemática y de las soluciones que ésta requiere".

Después de algunos encuentros, en diciembre de 1980 se aprobaron los Objetivos nacionales de la política cultural, que eran continuidad de lo que se venía trabajando anteriormente (Consejo Federal de Cultura y Educación, III Asamblea Ordinaria, Jujuy). Hacían eje en el fortalecimiento del estilo de vida argentino, de los valores éticos cristianos que lo sustentaban y en el acervo histórico de "nuestro pueblo". En agosto de 1981 se consensuó el Plan de relevamiento cultural nacional y el Programa nacional de preservación y promoción artesanal; en diciembre, el Plan de política cultural en zona de frontera y el Programa nacional de turismo cultural. Los integrantes del organismo habían elaborado unos formularios–encuesta que debían ser aplicados en cada jurisdicción para obtener datos sobre los "recursos humanos", la "infraestructura" y los "bienes culturales". Ese mismo mes, el Consejo Federal aprobó la creación del "Proyecto Patagonia–Prioridad Uno", que tenía a la provincia de Santa Cruz como coordinadora. Perseguía los objetivos de atender y promover a la región Patagonia por su "excepcional importancia geopolítica en términos de Soberanía Nacional".

También consideraron necesario "reafirmar y revitalizar el valor de la artesanía tradicional por ser una de las expresiones más significativas de la cultura nacional" y para ello pretendieron realizar un "censo de artesanos". Asimismo, pensaban inaugurar para 1982 el Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales, organizar un concurso nacional para el Fomento de la Platería y de la Imaginería, y participar en las actividades programadas por la Organización de Estados de América (OEA) en el marco del Año Interamericano de las Artesanías en 1982. El programa de turismo tenía por objetivos "proporcionar a través de los viajes", el conocimiento y la valorización del patrimonio cultural, y "fomentar la formación de una conciencia en la comunidad que valorice los auténticos testimonios culturales", con especial énfasis en las zonas y áreas de frontera. Habían ideado confeccionar un Calendario Nacional Cultural con la colaboración de la Subsecretaría de Turismo de la Nación.

Respecto del Plan de Política Cultural en Zona de Frontera, en los fundamentos se incluían cuestiones como el concepto de frontera; el desarraigo: problema cultural; la problemática cultural en la zona de frontera y leyes nacionales en la materia. Perseguía el propósito de difundir e intensificar las acciones culturales en las zonas limítrofes. Estos puntos estaban estrechamente ligados a las acciones que diseñaban los ministros en el Consejo Federal de Educación ya mencionado.

En octubre de ese mismo año plantearon estudiar el problema de las "escuelas de frontera" en el marco de la futura transferencia de las preprimarias y primarias nacionales a las provincias.10 Al año siguiente advirtieron sobre la necesidad de modificar la Ley núm. 19.524/72, que iba a perder vigencia una vez que concluyera el traspaso. En 1980 se escribieron los conceptos y objetivos de la educación en frontera. En la siguiente Asamblea quedaron plasmadas las pautas para una Ley de Cultura y Educación en Frontera. Este proyecto de ley fue elaborado por los miembros del Consejo de Cultura y los integrantes de la Superintendencia Nacional de Fronteras del Ministerio de Defensa.

Este conjunto de políticas que había diseñado el Consejo desde fines de 1980 y a lo largo de 1981 resultaron sólo parcialmente concretadas debido a la crisis en la que se sumió el Proceso. A fines de 1981 asumió un nuevo presidente de facto, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien en abril de 1982 le declaró la guerra a Gran Bretaña por las Islas Malvinas.11 Hubo un resurgimiento de la actividad dentro del Ministerio de Cultura y Educación, que por un tiempo breve hizo circular en las escuelas distintos materiales que apoyaban el conflicto, como otrora lo habían hecho en 1978 en vísperas de la frustrada guerra con Chile (Rodríguez, 2009:250–251). La acción obtuvo inicialmente un amplio apoyo de la población argentina pero fracasó rotundamente y Galtieri debió renunciar ese mismo año, siendo reemplazado por el general de división (retirado) Reynaldo Benito Bignone. Después de la derrota, los militares del Proceso se vieron sumidos en un profundo desprestigio que los obligó a aceptar el llamado a elecciones y la apertura democrática. El ministro de Educación Licciardo y el encargado de Cultura, Gancedo, permanecieron en sus puestos hasta el fin de la dictadura, sin poder realizar demasiado y gestionando con un presupuesto cada vez menor.

 

Reflexiones finales

En este artículo vimos que durante la última dictadura argentina, en un momento en el cual el Proceso estaba siendo duramente cuestionado por las violaciones a los derechos humanos, una parte de los militares y civiles ligados a los estudios geopolíticos, argumentaba sobre la necesidad de un enfrentamiento con Chile. Apelando al nacionalismo de buena parte de la población, quiso utilizar a la escuela como vehículo para lograr adhesiones y desviar la atención sobre esas denuncias. Este intento de avanzar hacia la guerra, en 1978, se vio frenado y unos años después, con el propósito de "salvar" al gobierno, otro grupo concretó la de Malvinas.

Siguiendo la idea de un territorio "amenazado" y "atrasado", las políticas educativas y culturales que se llevaron a cabo en esos años apuntaron a "hacer presencia" en las ciudades de frontera. Los funcionarios buscaron trasladar estudiantes secundarios, realizar tareas de ayuda a los docentes y alumnos de esas zonas, donar materiales, movilizar espectáculos artísticos y a personalidades conocidas, proyectar películas nacionales y llevar obras de distinto tipo, entre otras cosas. El régimen creía mejorar su imagen organizando actos que contaban con la presencia de los más altos funcionarios nacionales junto a los estudiantes, docentes, familias y profesionales. Éstos fueron ampliamente cubiertos por la prensa en los primeros años.

Observamos que la frontera era calificada negativamente, se decía que estaba llena de extranjeros, de enfermedades, de pobreza, de falta de educación, lo que llevaba a sus habitantes a la "mediocridad" y a la "servidumbre". Implícitamente, había una crítica a los maestros de las escuelas fronterizas, que no habían logrado cumplir su misión civilizatoria, justificando de esa forma una mayor intervención del Ejército y en particular de la Gendarmería. Los testimonios de alumnos, alumnas y profesores que habían participado del "Marchemos...", contribuían a reforzar esta visión, al describir a los "argentinos fronterizos" como "más buenos y felices" pero también "primitivos", "pobres" y "desinformados". Ciertamente, el viaje confirmaba a todos que el futuro de la nación estaba en esos jóvenes ("rubios") de los grandes centros urbanos que serían los profesionales universitarios y dirigentes del mañana.

Como han mencionado distintos analistas, el gobierno de la última dictadura comenzó a evidenciar una crisis política y económica hacia los años ochenta que se fue profundizando (Quiroga, 2004; Novaro y Palermo, 2003). Las acciones en la frontera fueron perdiendo publicidad y financiamiento frente a los múltiples problemas que enfrentaba el régimen. El intento de articular una serie de medidas en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación se concretó sólo en parte, y la nueva Ley de Cultura y Educación en Frontera no pudo aprobarse. Hubo un rebrote de la actividad ante la guerra de Malvinas que rápidamente se extinguió.

En definitiva, en este artículo pretendimos señalar que estos intentos de legitimación a través de las mencionadas políticas educativas y culturales, fueron perdiendo eficacia incluso antes de que finalizara el Proceso. Después de la caída de la dictadura, en diciembre de 1983, y dentro de un escenario democrático, los funcionarios de la cartera del Ministerio de Cultura y Educación iniciaron una modificación paulatina de los programas de Historia y especialmente de Geografía, incorporando los nuevos enfoques y desplazando el peso que había tenido entre los docentes el discurso de los nacionalistas territoriales (Cicalese, 2007). De igual manera, suprimieron el sesgo católico de sus contenidos, buscaron eliminar de la escuela la idea de la frontera en sentido "belicoso" y la mirada negativa hacia los países limítrofes (Romero, 2004; Quintero, 2004).

Por último, cabe acotar que los viajes de los alumnos hacia las escuelas de frontera continúan hasta hoy pero, a diferencia de aquéllos, dejaron de estar organizados por el Estado. Entendiendo que la frontera no es necesariamente un espacio en peligro de ser "invadido", cientos de docentes y padres de establecimientos públicos y privados —muchos de ellos habían participado del operativo "Marchemos..."— decidieron continuar viajando a las localidades de frontera para seguir asistiendo a esos establecimientos de manera solidaria y completamente alejados de las intencionalidades del pasado.

 

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Periódicos citados

El Día, periódico de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

La Nación

La Opinión

 

Notas

1 Durante la última dictadura se reforzó un conjunto de ideas típicas del pensamiento de la derecha, que afirmaba que la "democracia" era el resultado de un "estilo de vida" amenazado por el enemigo "externo" (que podían ser los países limítrofes, el "comunismo" y el "terrorismo internacional") y el "interno" (la "subversión"). Las autoridades transmitían a través de la escuela el mensaje que la nación (democrática, occidental y católica) se encontraba asediada y seriamente amenazada por estos "peligrosos" enemigos (Romero, 2004; De Privitellio, 2004). Existen investigaciones sobre los orígenes de la derecha argentina, el nacionalismo y sus variadas ramificaciones, la mayoría de las veces vinculadas al mundo católico (ver, entre otros, Navarro Gerassi, 1968; Buchrucker, 1987; Devoto, 2002; McGeeDeutsch, 2003; Lvovich, 2003; Bohoslavsky, 2009).

2 Las primeras agencias estatales destinadas al control y la censura aparecieron tempranamente. Por ejemplo, en materia de películas, en 1933 se creó el Instituto Cinematográfico Argentino para vigilar qué pasaban en los cines. Hacia 1943 se organizó la Subsecretaría de Información y Prensa de la Nación y la Dirección Nacional de Espectáculos para que intervinieran "en el examen de la calidad moral y cultural de los espectáculos". El gobierno peronista en 1951 formó una Comisión Nacional para la Calificación y Autorización de Espectáculos Públicos. A partir de 1960 las normas comenzaron a ser más abundantes y específicas (Avellaneda, 1986). Una serie de investigaciones académicas y de organismos de derechos humanos se ha dedicado a describir la política cultural en relación con la censura que sufrieron las personas y las obras de ese ámbito desde la dictadura anterior (1966–1973) (Avellaneda, 1986; Invernizzi y Gociol, 2002; Invernizzi, 2006).

3 La SIP contaba con una Subsecretaría de Planeamiento y una Dirección General de Inteligencia, cuyas funciones eran las de realizar el control de las emisiones de radio y televisión estatales, así como de la prensa nacional e internacional "para controlar el contenido de los mensajes que se transmiten o imprimen, para desvirtuar los negativos o incrementar los positivos". El público al cual se dirigía esta "estrategia de comunicación social" aparecía clasificado en cuatro grupos: "los adherentes", los "indiferentes", los "no informados" y los "adversarios u oponentes". Sobre estos últimos iba dirigido el plan represivo (Invernizzi y Gociol, 2002).

4 Paralelamente, la SIP disponía medidas específicas de instrumentación de cada campaña a través de la radio, la televisión y la prensa escrita (diarios, revistas, infantiles y de información general).

5 En orden cronológico, fueron ministros de Educación: Ricardo Pedro Bruera (marzo 1976–mayo 1977); Albano Harguindeguy (mayo–junio 1977); Juan José Catalán (junio 1977–agosto 1978); Albano Harguindeguy (agosto a noviembre 1978); Juan Rafael Llerena Amadeo (noviembre 1978–marzo 1981); Carlos A. Burundarena (marzo 1981– diciembre 1981) y Cayetano Licciardo (diciembre 1981–diciembre 1983).

6 Un testimonio sobre la participación en el operativo está en Martyniuk (2004); ver también Lvovich (2009).

7 Antonio Domingo Bussi fue condenado recientemente por la justicia argentina por el secuestro, tortura y desaparición de 52 personas. Bajo su responsabilidad funcionó, "Arsenales", el centro clandestino más grande del Noroeste ubicado en la provincia de Tucumán. A pesar de haber sido denunciado en reiteradas oportunidades por los organismos de derechos humanos, Bussi permaneció en libertad, formó un partido político y en 1995 se presentó como candidato a gobernador por Tucumán, ganó las elecciones y fue gobernador entre 1995 y 1999.

8 Jacobo Timerman era dueño y director del diario La Opinión, periódico que hasta diciembre de 1976 había sostenido una línea favorable al régimen, pero que al año siguiente comenzó a criticar muchas de sus acciones, hecho que le valió el secuestro de varios de sus directivos y columnistas hasta que él mismo fue acusado por tener vínculos con el grupo armado Montoneros. Timerman permaneció "desaparecido", fue sometido a torturas en distintos centros clandestinos hasta que la presión internacional hizo que Videla tuviera que "blanquearlo". En julio de 1978, la Corte, en un fallo inédito, cedió a dicha presión y ordenó al Ejecutivo que lo liberaran. Una vez en su domicilio particular, Timerman permanecería incomunicado hasta septiembre de 1979, cuando le permitieron salir del país. Los militares se apropiaron de sus bienes, entre otras cosas, del diario La Opinión (Novaro y Palermo, 2003: 285–286).

9 La creación y el desarrollo de la gendarmería infantil merece un artículo aparte. No la trataremos en esta oportunidad porque fue promovida exclusivamente por Gendarmería, sin mediar un convenio formal con el Ministerio de Cultura y Educación, objeto de nuestro análisis.

10 A mediados de 1978 el gobierno dictatorial transfirió a las provincias cerca de 6.500 escuelas que eran de la nación sin ningún financiamiento, lo que ocasionó graves desequilibrios fiscales.

11 A principios de 1982 Galtieri dio a conocer una nueva Ley de Ministerios (núm. 22.250) donde se ubicaba a ese organismo dependiendo directamente de presidencia. El presidente confirmó en el cargo a Gancedo, quien no ahorró elogios por la nueva medida, afirmando que la flamante Secretaría de Cultura constituía un "hecho auspicioso para el país" y que respondía a las sugerencias de los organismos internacionales.

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