Editorial

En alerta roja

Escribo este editorial el día en el que el "semáforo" de alerta sanitaria del gobierno del Distrito Federal cambió de color, de anaranjado a amarillo. Cientos de miles de estudiantes y profesores de educación media y superior regresan a clases; otros tantos, de diferentes niveles, se aprestan para hacer lo mismo. Las normas higiénicas impuestas en las escuelas nos recuerdan que aún estamos en la "anormalidad", mientras que los reportes acerca de las condiciones materiales de los edificios escolares, la desinformación entre el magisterio en torno a sus "nuevas tareas" y las declaraciones de Elba Esther Gordillo, en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de que los padres de familia "no vean a nuestras escuelas como guarderías de niños o como roperos para dejar ahí a las criaturas" nos indican que todo está "normal", lo que no significa que esté bien.

Al decir esto último, no me refiero a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) que esta mañana se abrazaron y besaron para celebrar su reencuentro. Tampoco al hecho de que muchos niños, jóvenes y adultos se liberen de los tapabocas, toquen sus rostros y se relacionen sin miedo con posibles fuentes de contagio: auriculares, teclados, pasarelas, manijas, juguetes. El problema es que éstas y muchas otras expresiones humanas de normalidad y gozo se producen dentro de un entorno educativo con síntomas alarmantes de deterioro, inmovilismo y carencias de todo tipo: materiales, pedagógicas y, por qué no decirlo, afectivas y éticas.

Ello por no recordar que aún hay muchos que no tendrán un espacio escolar al cual volver. No lo han tenido nunca, o fueron excluidos de él. Nadie les hará preguntas en las puertas de acceso, ni vigilará su salud mediante una cartilla. Es más, una buena parte ni siquiera podrá leer las recomendaciones que se hagan. Por una sola razón, oculta y olvidada: porque no saben leer. Ellos son los que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad (como les gusta decir ahora a los expertos), y no precisamente debido a sus hábitos de higiene.

No es aún el tiempo ni éste el espacio, ni yo la voz autorizada, para hacer un balance de la forma como reaccionó el sistema educativo frente a la crisis. Como siempre y en todo, hubo algunas facetas luminosas y otras opacas. Entre estas últimas resalta la inacción de las máximas autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Hubo días en los que pensé que la suspensión de clases implicaba una especie de paro en este sector vital de la administración pública y del tejido social.

Una semana después del cierre de las escuelas, universidades e institutos, recibí en mi bandeja de entrada la versión electrónica (ignoro si la hay impresa) de un folleto elaborado por el órgano de comunicación interna de la SEP. Aún recuerdo tres faltas de ortografía, la imagen de un virus color azul muy amigable que nos explicaba cómo cuidarnos de él mismo y una advertencia repetida varias veces a lo largo del texto: "NO ESTÁS DE VACACIONES". La verdad es que me dieron ganas de responder a los autores anónimos del folleto, pero preferí seguir colaborando con mis colegas editores de revistas científicas y difusores de la ciencia en la elaboración de materiales explicativos y de divulgación.

La pasividad en la SEP (particularmente de su subsecretaría más importante y voluminosa) y el activismo de la líder del SNTE en un acto de campaña de un ex secretario de Educación contrastan con la diligencia y el compromiso de los sectores directamente involucrados en la investigación en ciencias biológicas y de la salud, ya sea ésta clínica, experimental o "teórica". Institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad, centros SEP–Conacyt, la UNAM, el IPN, la UAM, el Cinvestav, la Academia Mexicana de Ciencias y la de Medicina, entre otras instituciones públicas (sí, en negritas y en plural) conjuntaron esfuerzos para, como un primer paso, difundir el conocimiento y realizar investigación a fin de enfrentar la contingencia.

Hicieron lo anterior al tiempo que avanzaban en un segundo propósito, contribuir al esclarecimiento del origen, el desarrollo, la atención y las formas de control de la epidemia. Esto bajo una petición reiterada en muy diversos foros y tonos: apoyar a la investigación en nuestro país en todos sus niveles. Si bien el Instituto de Ciencia y Tecnología del gobierno del DF, y después el Conacyt, abrieron fondos especiales para esto último, los montos destinados resultan, a todas luces, insuficientes.

La creación de un grupo multidisciplinario de investigación que se ha propuesto resolver tanto aspectos científicos de genética y mutación del virus como otros relacionados con la producción de nuevas vacunas y antivirales fue dotada de un fondo inicial de diez millones de pesos. "Peor es nada", dice un dicho muy mexicano. La cuestión es que, según los expertos, lo peor está por llegar y es factible que nos alcance si no con nada sí con los saldos de varias décadas de escasez y de una orientación en materia científica que ha privilegiado la privatización del conocimiento y su "factor de impacto" sobre los usos sociales de éste y su divulgación.

En suma, no se trata sólo de aumentar los recursos destinados a la ciencia sino de replantear el porqué, el cómo y el para qué de ésta, así como sus relaciones con la sociedad y sus contribuciones posibles a la resolución de problemas prioritarios.

Este replanteamiento no involucra sólo a las disciplinas biomédicas, que en México son las que tienen mayor tradición en cuanto a servicios asistenciales e investigación clínica. Nos guste o no, incluye también a las humanidades y las ciencias sociales y atañe muy directamente a la investigación educativa. Ésta última no sólo es más reciente sino que creció en el interior del medio académico; sus núcleos iniciales han ido perdiendo su "misión social" de origen y su capacidad de interlocución con la SEP.

No existe en nuestro campo nada equivalente a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que interviene en la investigación, la formación de recursos especializados, la definición y vigilancia de políticas públicas en materia de salud y los servicios hospitalarios. ¿Por qué no pensar en algo similar en educación? ¿Habrá que esperar a que los síntomas ya avistados se agraven para que, ahora sí, se nos escuche? Por cierto, ¿no valdría la pena determinar los criterios para definir el agravamiento de lo que algunos especialistas han definido como la devastación educativa? Digo, antes de que la pandemia nos alcance.

Si tomáramos como indicador el registro de lo sucedido esta mañana en la sede de la SEP, diría que estamos en alerta roja.

Susana Quintanilla, Directora