Introducción

América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, la región enfrenta dificultades para combatir la propagación de casos en países como Brasil, México, Chile, Perú y Ecuador. Las debilidades económicas, estructuradas en torno al tema de la dependencia, agravan el marco del subdesarrollo, perpetuando condiciones desiguales de mayor vulnerabilidad de las clases populares. Por ejemplo, el nivel de infrarregistro y la dificultad para obtener las vacunas, debido a que los países no cuentan con las tecnologías necesarias para mitigar el problema, parece ser una característica común en el área de la salud. Además de la falta de coordinación regional por parte de las organizaciones internacionales, las condiciones de desigualdad aberrantes, junto con la falta de insumos de diversa naturaleza, se ha reforzado la dependencia latinoamericana. En este sentido, los países periféricos que, de acuerdo con la división internacional del trabajo, están constituidos a partir de una estructura primaria de exportación, intentan minimizar los efectos de la pandemia estando debilitados, en gran medida, por la coyuntura de la caída de los precios de los productos básicos en el mercado internacional, como es el caso de los hidrocarburos.

En medio de la formulación de políticas difusas, reorientando las acciones multilaterales, los países latinoamericanos adoptan medidas para tratar de contener los impactos creados por la crisis en la región. Además del sector de la salud, con la pérdida irreparable de vidas, la pandemia presenta desafíos económicos, sociales y políticos que deben abordarse en las circunstancias actuales. Desde un punto de vista económico, el modo de producción capitalista, caracterizado por la globalización neoliberal, ha mostrado signos de desgaste desde la crisis subprime en 2008.¹ En esta atmósfera, han surgido gobiernos de derecha que han colocado la necesidad de reavivar retóricas nacionales en el centro del debate para construir nuevos ciclos de acumulación.

En América del Sur, después de la llamada década ganada, con el establecimiento de varios gobiernos progresistas en la región, personajes como Mauricio Macri (2015), Sebastián Piñera (2017), Jair Bolsonaro (2018) y Lacalle Pou (2019) fueron elegidos, poniendo fin a las experiencias de centro-izquierda en sus respectivos países. En Ecuador, pasados diez años del proyecto llamado Revolución Ciudadana, liderado por el entonces presidente Rafael Correa, Lenin Moreno fue elegido, en 2017, para darle continuidad al programa político correísta. Perteneciente al mismo partido, Alianza pais, Moreno obtuvo la popularidad de Correa para su logro en la disputa presidencial. Sin embargo, después de asumir el cargo, Moreno desalineó rápidamente su plataforma política inicial, promoviendo medidas de vínculos más estrechos con Estados Unidos y poniendo en jaque todos los éxitos del gobierno de Rafael Correa.

En el contexto de un auge de los productos primarios, Correa dirigió el proceso constituyente que permitió la refundación del Estado ecuatoriano. En este sentido, la Constitución de Montecristi de 2008 es señalada por muchos juristas del mundo como una de las más innovadoras y atrevidas, presentando elementos y principios como la plurinacionalidad, la soberanía de los recursos, los derechos de la naturaleza y la cuestión del buen vivir. Después de la proclamación de la nueva Constitución, reafirmada por el voto popular, Correa también dirigió un conjunto de reformas importantes en el campo de las comunicaciones, en la auditoría de la deuda externa y pública, además de reorientar las pautas de política exterior para la integración latinoamericana. En este último aspecto, con la intención de revertir la lógica perversa de la triste y larga noche neoliberal en Ecuador, el gobierno de Alianza pais se unió a los esfuerzos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y a la construcción de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Además, Correa también asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), concibiéndola como un importante contrapeso a la gran influencia estadunidense dentro de la Organización de Estados Americanos (oea). También, en la constelación de organizaciones regionales, enfatizó la cooperación con la Corporación Andina de Fomento (caf) y la mayor integración socioeconómica de la Comunidad Andina (Can), en detrimento de los antiguos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial (bm), reasumidos desde la perspectiva del Consenso de Washington (^{Williamson, 2004}).

Frente a este conjunto de transformaciones y reformas significativas para la realidad socioeconómica de la región, el aumento del capital chino también estuvo presente como un elemento estratégico para el desarrollo de grandes obras de infraestructura en Ecuador. Las carreteras, escuelas, hospitales y grandes centrales hidroeléctricas fueron patrocinadas con base en la estrategia china de mayor penetración en los mercados latinoamericanos. El controversial proyecto Coca Codo Sinclair es quizá la mayor expresión de este enfoque sino-ecuatoriano. La hidroeléctrica fue construida en 2010 por la empresa estatal china Sinohydro Corporation, donde parte de las inversiones se pagarían con créditos de barriles de petróleo, el principal producto de la economía ecuatoriana. Esta participación del país asiático, no sólo en Ecuador, sino también en otras naciones latinoamericanas, demostró la capacidad de China para detener el poder de Estados Unidos en la región. Como un gran consumidor de productos primarios, China abrió espacios y mercados fundamentales para pensar sobre la nueva geopolítica del sistema mundial, reavivando las discusiones entre la relación entre el norte y el sur global.

Desde un punto de vista metodológico, es necesario observar dos variables para la construcción del estudio. Por un lado, se observan rápidamente las remesas comerciales entre los países en acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Por otro lado, se verifica la contratación de préstamos ecuatorianos con las agencias de Beijing durante el correísmo; y, de modo antagónico, las concesiones de acuerdos bajo las directrices del fmi y el bm en la era neoliberal.

Para estructurar la investigación, primero abordaremos los trágicos efectos del neoliberalismo y las políticas del Consenso de Washington durante la década de 1990 y principios del año 2000. Luego, presentaremos la plataforma política de la revolución ciudadana, prestando atención a los enfoques comerciales y a las relaciones diplomáticas entre Ecuador y China durante el superciclo de las commodities. En particular, se señala el alargamiento del comercio bilateral y, principalmente, la apertura de préstamos e inversiones chinas en el área de la cooperación energética. Se pretende resaltar el alineamiento sino-ecuatoriano basado en los recursos del petróleo a cambio de la concesión de proyectos y financiamiento en el sector de infraestructura. Finalmente, este texto aborda las tendencias en la política exterior ecuatoriana durante la administración de Moreno, al señalar una conexión y preferencia con y por los intereses y valores de la Casa Blanca.

Neoliberalismo en Ecuador: dolarización y doble dependencia

Al igual que en otros países sudamericanos, Ecuador fue testigo de un proceso de transición al orden constitucional a principios de la década de 1980 a través del condicionamiento de su régimen democrático. Aunque los casos de violaciones de los derechos humanos fueron flagrantes durante el periodo de la dictadura (1972-1979) (^{Granda, 1979}), los gobiernos militares adoptaron medidas para fortalecer el Estado nacional. El más destacado elemento fue la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (actualmente Petroecuador) para aprovechar un incipiente proceso de industrialización anclado con los recursos petroleros. En cualquier caso, el reformismo militar, como lo indica ^{Cueva (2016)}, a pesar de revisar los contratos para mayores entradas al Estado, no impidió la explotación de grandes multinacionales en el sector. El caso más emblemático es la participación del grupo Texaco-Gulf, que realizó la extracción de petróleo en biomas sensibles y ricos en biodiversidad en la Amazonia ecuatoriana, entre los años 1960 y 1990. Todo esto con delitos ambientales y la violación de los derechos de los pueblos indígenas (^{Pérez y Torres, 2014}).

Con la crisis de la deuda de la década de 1980, la cual afectó sustancialmente a todas las economías latinoamericanas, se puso fin al tímido y tardío proceso de industrialización en Ecuador patrocinado por el auge petrolero. La recuperación democrática, además de no juzgar a los grupos de las fuerzas armadas involucrados en casos de violaciones de derechos humanos, coincidió con el surgimiento de grupos financieros rentistas en el país. La financierización del modo de producción se hacía presente en tierras ecuatorianas en un escenario caracterizado por un fuerte endeudamiento y la proclamación de las primeras cartas de intención con el fmi. Tan sólo bajo el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) se firmaron tres acuerdos con la agencia (^{Acosta, 2006}).

En marzo de 1983, Ecuador firmó su primera Carta de Intenciones con el Fondo Monetario Internacional (fmi) en los años 1980, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado. Para ello, se comprometió con un esquema de devaluación de la moneda nacional, aumentando el precio del combustible, aumentando la carga impositiva indirecta, reduciendo el gasto público e iniciando un programa de privatización. Meses antes, la crisis mexicana estallaría, y con ella se desencadenó la crisis de la deuda externa latinoamericana. Aunque Ecuador era un país exportador de petróleo, la crisis de la balanza de pagos era inevitable, debido a su alta deuda a corto plazo con bancos privados internacionales y la decisión del gobierno de los Estados Unidos de elevar las tasas de interés (^{Dávalos, 2006, p. 481}) [traducción de los autores de la versión brasileña].

Las medidas impuestas por la burocracia internacional sofocaron la gestión de las políticas públicas, lo cual puso fin a una política económica con un sesgo autónomo. En aquel escenario, organizaciones indígenas, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fundada en 1986, salieron a la luz denunciando el modelo extractivo neoliberal.

La liberación económica se radicalizó en la década de 1990 con la elección de sucesivos gobiernos que simpatizaban con la prescripción del Consenso de Washington (^{Williamson, 2004}). Con un programa de flexibilización laboral, apertura comercial indiscriminada, un extenso proceso de privatización y, sobre todo, una reducción de las inversiones sociales, los grupos financieros se han apropiado del sistema político que impone sus intereses privados a la sociedad en su conjunto. El movimiento de desregulación del mercado produjo una imagen de riqueza privada y la pobreza pública, paralizando el poder adquisitivo de las clases populares.

El modelo neoliberal, con sucesivos ajustes estructurales con paquetes de austeridad, culminó en la grave crisis bancaria (1999-2000). Al mismo tiempo, con fuertes protestas, pueblos indígenas, sindicalistas, funcionarios públicos, estudiantes y maestros denunciaron el modelo de entrega vigente en la política ecuatoriana. Desde un punto de vista comercial, vale la pena señalar que el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, encabezadas por el petróleo, es Estados Unidos hasta hoy. Según la ^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018)}, un tercio de las exportaciones ecuatorianas provienen del petróleo y aproximadamente 13% de las exportaciones totales van al gigante de América del Norte. Según el ^{Observatorio de Complejidad Económica (2020)}, a pesar del aumento de China en los últimos años, Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de productos ecuatorianos desde la segunda mitad del siglo xx.

De los casi 19 000 millones de dólares exportados por el país, 31% fue a Estados Unidos (6 060 millones de dólares), seguido de Vietnam, con 7.6% de la participación (1 460 millones de dólares) y de Chile con 6.9% o 1 330 millones de dólares. En 2017 China representó casi 4.2% de las exportaciones del país, alcanzando un nivel de alrededor de 800 000 000 de dólares (^{Observatorio de Complejidad Económica, 2020}).

No obstante, en el campo de las importaciones, China ya se ha convertido en uno de los principales mercados para las compras de la economía ecuatoriana, junto con Estados Unidos. En 2017, de un total de aproximadamente 19 300 de dólares, los productos chinos representaron 19% de las importaciones de Ecuador, con un envío de 3 620 millones de dólares. Este nivel es similar a las importaciones estadunidenses, las cuales también alcanzaron 19%, correspondiente a 3 720 millones de dólares de las compras ecuatorianas. Cabe señalar que, para las importaciones, una gran parte de los productos es de valor agregado; es decir de sectores manufacturados, como la importación de autopartes, glp, medicamentos y dispositivos tecnológicos (^{Observatorio de Complejidad Económica, 2020}).

Sin embargo, volviendo a los años del régimen neoliberal, la hegemonía de los valores y la influencia estadunidense era evidente en Ecuador. Al adoptar los paquetes de austeridad dictados por el fmi, las medidas promovidas por los sucesivos gobiernos generaron una imagen de inestabilidad política sin precedentes. Presidentes como Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005) no completaron sus respectivos mandatos y fueron despedidos después de fuertes protestas populares. Los indicadores de pobreza y miseria aumentaron y el nivel de concentración del ingreso se hizo aún más sorprendente. Según ^{Larrea (2004)}, se estima que al menos 300 000 ciudadanos han abandonado Ecuador desde la crisis económica que estalló en 1999, cuyo pico fue la dolarización de la economía en el año 2000. Respecto al pib per cápita, tan sólo en 1999 cayó alrededor de 7%, lo cual hizo que la recesión económica fuera extremadamente sofocante para la clase trabajadora. Además, con el modelo se ha profundizado el conflicto de guerra con el país vecino −Perú−, en el sur de la Amazonia, durante la llamada guerra de Cenepa, en 1995. A fines de la década, como un factor agravante, el país renunció a su política monetaria soberana, cayendo en la dolarización (^{Acosta, 2006}).

En vista del escenario de empobrecimiento masivo de los sectores populares, la dolarización ha perpetuado aún más las condiciones de dependencia y subdesarrollo del país. Ahora, además de una economía de exportación primaria, la cual depende de las fluctuaciones de los precios del petróleo, Ecuador también quedó rehén de la volatilidad del dólar. Es en este escenario de doble dependencia, ante la incredulidad política de los partidos tradicionales y del sistema económico, que el lema: "¡Que se vayan todos!" allanó el camino para la destitución de Lucio Gutiérrez y, sobre todo, para la pavimentación de un proyecto posneoliberal (^{Ramírez y Minteguiaga, 2007}). Al mismo tiempo, la candidatura de Rafael Correa para las siguientes elecciones ganó adeptos entre los sectores populares. Los sectores urbanos, incluida la clase media ecuatoriana, lo vieron como alguien fuera del sistema de partidos de la época. "Un outsider", dijo parte de los ecuatorianos. En esta dinámica, Alianza pais se presentó como un nuevo partido (movimiento) que lanzaba un programa gubernamental contrario al neoliberalismo y para la refundación del Estado.

La Revolución Ciudadana y su relación con Beijing

"¡Vuelve la patria! Y con ella, el trabajo regresa, la justicia regresa y los millones de hermanos y hermanas expulsados de sus propias tierras regresan", declaró Rafael Correa el 15 de enero de 2007, en el momento de su discurso inaugural. Después de derrotar al magnate Álvaro Noboa en la segunda vuelta, con aproximadamente 56% de los votos válidos, Correa y su partido Alianza pais, que no propusieron ninguna candidatura al ex Congreso Nacional, emitieron la consulta popular para la formulación de un proceso constituyente. El diagnóstico fue claro: sería necesario refundar las estructuras políticas del Estado ecuatoriano a partir de bases contrarias al neoliberalismo (^{Correa, 2007}).

En un contexto caracterizado por el ciclo de gobiernos progresistas en la región −la llamada ola rosa−, Ecuador se sumó a las experiencias venezolana y boliviana con una nueva Carta Magna. En el texto se destacan los principios de la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza y, como punto culminante, las concepciones del buen vivir (^{Macas, 2010}; ^{Acosta y Martínez, 2009}). La nueva Constitución allanó el camino para la formulación de una política exterior autónoma y una mayor cooperación con el sur global. En este sentido, reafirmando que Ecuador es una nación de paz, el artículo 5 de la Constitución puso fin a los intentos de renovar la base militar estadunidense ubicada en Manta, en la costa norte del país. Además, con mención a Bolívar y Eloy Alfaro, a partir de ahí, la conducción de las relaciones internacionales debería favorecer los procesos de integración latinoamericana. En esta concepción, el texto abrió un camino sin precedentes para la adhesión de Ecuador al Alba y para la construcción de la Unasur. Al mismo tiempo, Correa ocupó la presidencia de la Celac y enfatizó la integración regional en la región de los Andes, destacando la importancia y la necesidad de revitalizar la caf y la can (^{Bressan y Luciano, 2018}).

Respecto al tema del petróleo, después de participar en el bloque de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep), de 1973 a 1992, Ecuador regresó a la organización en 2007. Con una economía dependiente del petróleo y dolarizada, Correa señaló un intento de diversificar la matriz productiva mediante el establecimiento de los llamados Planes Nacionales para el Buen Vivir. Sin embargo, también debido al escenario externo, con el aumento en el precio de los productos primarios, la década correísta mantuvo el modelo productivo en el país prácticamente intacto (^{Acosta y Cajas, 2018}). A pesar de los avances en educación, salud, mayores ingresos, un intento de democratizar los medios de comunicación y, sobre todo, lograr un mayor crecimiento económico dirigido a superar las condiciones de pobreza y miseria, Ecuador se mantuvo bajo el paraguas de una matriz primario-exportadora, dependiente en extremo de fluctuaciones externas. Esto provocó que los sectores indígenas, encabezados por la Conaie, rompieran con el proyecto Revolución Ciudadana con la aprobación de la ley de minería, en 2009. Para los pueblos indígenas, la década correísta mantuvo un sesgo extractivo en la formulación de sus políticas económicas (^{Gudynas, 2009}). Así, según la organización, podemos observar importantes proyectos de minería, infraestructura y extracción de petróleo que violan los derechos de la naturaleza, aprobados en la nueva Carta Magna y que, por lo tanto, perjudican radicalmente las concepciones del buen vivir.

Este dilema de explotar o preservar los recursos está en la raíz de las contradicciones del proyecto Revolución Ciudadana y su relación con los sectores indígenas. El divorcio con tales entidades se hizo aún más claro después del anuncio de la explotación petrolera en el parque Yasuní, ubicado en la Amazonia ecuatoriana. La iniciativa de crear un fondo donde la comunidad internacional asignara recursos para Ecuador, con el propósito de ser controlados por el gobierno ecuatoriano, no logró ni siquiera 1% del objetivo esperado. Así, en 2013 se abrió el camino para la exploración petrolera en Yasuní (^{Menon, 2019}).

En el sector petrolero, el financiamiento de la refinería del Pacífico cristalizaría la alianza entre Ecuador-China y Venezuela, los principales actores interesados en preparar el proyecto. Para ^{Villavicencio (2013)}, este sería un enclave estratégico para la refinación y el comercio de hidrocarburos con China, un cerco a barriles a través del Canal de Panamá. Sin embargo, hasta el día de hoy el proyecto no ha salido del papel, en gran parte debido a las dificultades de Petróleos de Venezuela (pdvsa) para cumplir con las contribuciones previstas y la coyuntura de la caída del precio de los barriles de petróleo en el mercado internacional desde 2014.

Desde el punto de vista externo se observa que estos grandes proyectos se articularon junto con el capital chino. Además de los intereses chinos en el petróleo de Yasuní, el gobierno de Beijing también financiará otros megaproyectos de infraestructura. Es el caso de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida a partir de la contribución y el financiamiento de la empresa estatal china Sinohydro, que también contó con la contribución del Eximbank de China. Construida por un valor total de casi 2 500 millones, y con una capacidad de generación de 1 500 mw, la controvertida hidroeléctrica fue severamente criticada por ambientalistas, pueblos indígenas y sectores laborales. Durante su fase de construcción, en un accidente, al menos trece trabajadores perdieron la vida, diez ecuatorianos y tres chinos. Los sectores correístas afirman que la obra fue fundamental para la soberanía energética del país; es decir, un instrumento importante, incluso, del nivel excedente de la energía producida y consumida en todo el territorio nacional. De hecho, Ecuador se ha tornado superavitario en términos de energía. Así, no sólo Coca Codo Sinclair fue importante, otros proyectos hidroeléctricos proyectados y anunciados por la Revolución Ciudadana tienen inversiones chinas intermediadas por el Eximbank de China o el Banco de Desarrollo de China (^{Castro, 2014}) (véase cuadro 1).

Dentro del alcance de la revolución energética también destaca la capacidad de generación de energía de las obras de Sopladora (487 mw) y Minas San Francisco (270 mw). Vale la pena señalar que tales modalidades de financiamiento incluyen cambios de petróleo o pagos a corto plazo. Además, al firmar contratos, se espera que se contraten empresas, equipos y mano de obra chinas para promover las obras (^{Villavicencio, 2013}) (véase cuadro 2).

Fuente: ^{Castro (2014, p. 76)}.

La cooperación sino-ecuatoriana no sólo ocurrió en el campo de la energía, también se elevó al sector de la minería y la construcción de carreteras. La construcción de la vía Quito-Aeropuerto y la expansión de la avenida Simón Bolívar, en la provincia de Pichincha, incluyeron la participación del capital chino. El peso y la relevancia de la asociación sino-ecuatoriana llevaron al entonces embajador ecuatoriano en China, Leonardo Arizaga, a declarar que "nuestra embajada en Beijing es una de las dos más importantes en el mundo para el Ecuador" (^{Andrea, 2013, p. 58}). En el campo minero se celebraron algunos proyectos llamados estratégicos para expandir las fronteras mineras (^{Acosta y Cajas, 2018, cuadro 15}).

Cabe señalar que la mayoría de estos proyectos se concentra en el territorio nacional y se desarrolla en sectores cercanos a biomas sensibles, como en el caso de la región amazónica. Además, la minería también abre o se mueve para que otras actividades extractivas se expongan (como la deforestación, la minería, la tala ilegal), no sólo destruyendo la biodiversidad, sino invadiendo principalmente tierras indígenas (^{Martínez, 2013a}). La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad de Kichwa, entidades asociadas a la Conaie, denunciaron el aumento de las actividades extractivas bajo el gobierno de Correa patrocinado por empresas chinas. Otros movimientos ambientales como Acción Ecológica, los Yasunidos y los pueblos Sarayaku y Huaoranis también afirman que el modelo económico correísta violó los derechos de la naturaleza y el principio del buen vivir.

En cualquier caso, esta aproximación y alineación con las empresas chinas fue posible debido al proceso de renegociación de la deuda externa ecuatoriana. Los resultados finales de la ^{Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (2008)} fueron celebrados tanto por el gobierno como por otros sectores progresistas de la sociedad civil. En este contexto, Ecuador oxigenó sus finanzas, lo cual permitió mayores contribuciones a sus inversiones sociales después de la auditoría de la deuda, recursos que se dirigieron a obras de infraestructura, educación y salud, entre otras áreas vitales para la promoción de la dignidad humana. Sin embargo, la ruptura con el diseño de las líneas de crédito del fmi y el bm fue reemplazada por la entrada de capital chino (véase gráfica 1).

Fuente: tomado de ^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020)}.

Gráfica 1 Deuda externa como percentual del pib  

La deuda ecuatoriana retornó a partir de 2010 con un aumento de la deuda interna y externa (^{Acosta y Cajas, 2018, cuadro 1 y gráfica 1}). Vale la pena señalar que, entre 2007 y 2010, la deuda con China prácticamente no existía. En 2017, el último año de la presidencia de Correa, los préstamos con China ascendieron a aproximadamente 8 000 millones de dólares, monto que supera a los préstamos otorgados y firmados por el bid y la caf. En términos de créditos bilaterales, las inversiones chinas aparecen como soberanas en la estructuración de la deuda ecuatoriana en la era correísta. La deuda externa total en 2017 y 2018 alcanzó aproximadamente 40% del pib. Por lo tanto, algunos autores afirman que, aunque la auditoría de la deuda fue fundamental para la construcción de una política económica soberana, el endeudamiento externo volvió a su punto máximo con el enfoque de los capitales chinos durante el superciclo de las commodities. ^{Fernando Villavicencio (2013)} califica un Ecuador made in China, durante el proyecto Revolución Ciudadana. ^{Pablo Dávalos (2013)} alega que todo el concepto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (iirsa) implica una nueva reorientación de la geopolítica mundial con una profunda alineación con el capital chino. ^{Acosta y Cajas (2018)} defienden la tesis del Consenso de Beijing durante la década correísta (2007-2017), en detrimento del Consenso de Washington, tan presente en la vida política ecuatoriana durante la década de los años 1990 y principios del siglo xxi.

Aunque tales trabajos son esenciales para la comprensión de la inserción ecuatoriana en el sistema mundial, hay un elemento convergente que impregna estos análisis: una cierta ecuación entre el poder estadunidense y los intereses chinos en América Latina, donde los dos caminos conducen a la reprimarización económica. Es evidente que los principios ideológicos y políticos son completamente distintos; es decir que tan sólo las estrategias de integración y modelos de financiamiento son altamente contrastantes. Si bien los créditos chinos se centran en la autodeterminación, sin condicionar la gestión de la política fiscal, por ejemplo, el modelo dictado por el Consenso de Washington predica una serie de prerrogativas que debe seguir cada gobierno. En este sentido, las imposiciones del fmi y el bm son más duras en relación con los créditos chinos (^{Ramo, 2004}). Por lo tanto, China aparece como una alternativa de financiamiento para los países dependientes y periféricos en la lógica del sistema internacional (^{Vadell, 2011}).

^{Ramírez y Minteguiaga (2007)}, a su vez, destacan la importancia de la experiencia de la Revolución Ciudadana como un proyecto de connotación postneoliberal, donde el Estado volvió a la dimensión de planificación y llegó a ser entendido como un elemento que induce el desarrollo. En el sector petrolero, que es el principal del país, se pueden observar mayores inversiones en Petroecuador y Petramazonas para (también) satisfacer el aumento de las exportaciones a la región del pacífico; sobre todo en medio de este contexto de levantamiento del gigante asiático. ^{Vadell (2011)} afirma que los países sudamericanos no han experimentado nuevas dinámicas de cooperación Sur-Sur, sino más bien un nuevo patrón en la articulación entre el norte y el sur global, mediado por lo que se denomina el Consenso del Pacífico.

Primero, la República Popular de China necesita recursos naturales y productos básicos. Por lo tanto, China mantuvo un crecimiento promedio de más del 9% en los últimos 30 años, ese país comenzó a depender cada vez más de los recursos energéticos y otras mercancías. Los países americanos y africanos, ricos en recursos, se presentaron como proveedores casi "naturales" para el gigante asiático, estimulando el comercio que experimentó un sorprendente crecimiento desde el año 2001 (^{Vadell, 2011, p. 60}).

Por lo tanto, la guerra comercial contemporánea es sólo una expresión de la disputa entre las potencias que buscan aumentar su influencia en la geopolítica mundial. De acuerdo con esta concepción, no sólo Ecuador, sino toda América Latina, ahora se constituye como una región clave, dotada con innumerables recursos primarios fundamentales para los intereses de Beijing (^{Ferchen, 2011}; ^{Martínez, 2013b}; ^{Mantilla, 2015}). China, a su vez, es entendida por la diplomacia y la política exterior en los países sudamericanos como un socio comercial fundamental para el flujo de nuestras producciones. En Ecuador, en medio de la Revolución Ciudadana, tales relaciones aparecieron como una prioridad en el segundo Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013, formulado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (^{Ecuador, 2009}) (véase mapa 1).

Fuente: ^{Ecuador (2009, p. 108)}.

Mapa 1 Países prioritarios para la diversificación de las relaciones internacionales 

Se observa la prioridad A (segunda en la escala) dada a Estados Unidos, mientras que China y varios países latinoamericanos aparecen como A+ en la escala de prioridad de la política exterior ecuatoriana. En cualquier caso, como se explicó, la década correísta de la revolución ciudadana trató de superar características importantes del modelo neoliberal. La pobreza y el hambre han disminuido. El rentismo fue debilitado y la economía creció (^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018}).² Sin embargo, la continuidad de la matriz productiva y, en especial, la dependencia de los recursos petroleros persistió, financiada, en gran medida, por el capital chino. Este es el reclamo hecho por los sectores indígenas para criticar el modelo correísta. Como característica esencial del Ecuador contemporáneo: políticas económicas de carácter extractivo para subsidiar la balanza de pagos. Luego, señalaremos la reanudación de la prescripción del Consenso de Washington en la administración de Moreno. Finalmente, discutiremos las relaciones de Ecuador con el hemisferio norte basadas en este movimiento pendular entre Estados Unidos y China.

Consenso de Washington 2.0: Lenin Moreno y la descorreización

Nacido en la ciudad de Nuevo Rocafuerte, en la provincia de Orellana, cerca de la frontera con Perú, Lenin Moreno fue elegido para ser el sucesor de Rafael Correa en la presidencia de Ecuador, con la propuesta de continuar y profundizar el proyecto Revolución Ciudadana. Con el apoyo de los sectores correístas y su partido −Alianza pais−, Moreno se destacó durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, siendo el vicepresidente entre 2007 y 2013, sobre todo dedicándose a las banderas de inclusión y accesibilidad. Formado en la administración pública, por la Universidad Central del Ecuador, Moreno ocupó cargos vinculados al sector turístico hasta que se convirtió en vicepresidente del gobierno de Correa. En este contexto, su nombre ganó fuerza en la escena política ecuatoriana, donde se planteó la posibilidad de competir por el premio Nobel de la Paz en 2012. Su proyección política le otorgó el cargo de presidente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Discapacidad de la oea, actuación que fue decisiva para su ingreso al Sistema de las Naciones Unidas, donde fue enviado especial, designado por Ban Ki-moon, para asuntos de discapacidad y accesibilidad, en Ginebra, Suiza.

Al regresar a Ecuador ganó las elecciones de 2017 y se convirtió en el 44 presidente constitucional. Al asumir el cargo, Moreno buscó acercarse a los sectores de la Conaie y restablecer el diálogo con los sectores indígenas. Con el objetivo de separarse de su predecesor, Moreno enfatizó la lucha contra la corrupción, con el alegato de que los gobiernos anteriores se apoderaron de la nación con prácticas criminales. Moreno acusó a Correa de liderar una verdadera mafia en la adjudicación de contratos públicos. Como resultado de la operación Lava-Jato, iniciada en Brasil, los viejos sectores de la Revolución Ciudadana fueron incriminados en una serie de investigaciones que pretendía debilitar la imagen de la década correísta. El caso más emblemático es el del vicepresidente de Correa, Jorge Glas, fiel al legado de la Revolución Ciudadana y condenado a prisión por sobornos relacionados con la empresa brasileña de construcción Odebrecht. Los sectores correístas afirman que el episodio fue tratado sobre la base de las dimensiones de LawFare, o sea, la instrumentalización de la ley con fines persecutorios. Así, los correístas comenzaron a denunciar el estado policial en tierras ecuatorianas después de la elección de Moreno. Muchos exmiembros de la Revolución Ciudadana solicitaron asilo político en otros países. Simultáneamente, Moreno incorporó a la Conaie a su base de gobierno, al asignar ministerios y concesionar reclamos indígenas. Humberto Cholango, expresidente de la Conaie, ocupó la Secretaría del Agua durante el gobierno de Lenin Moreno.

En la consulta popular de 2018, además de poner fin a la elección indiscriminada, un golpe a las intenciones de Correa de regresar a la presidencia, Moreno propuso una reducción en el área de extracción de petróleo en el parque Yasuní, propuesta apoyada por sectores indígenas y contrario a los intereses chinos. La alianza con la Conaie también estuvo presente en el asunto sobre la implosión de la Unasur. Al exigir el edificio construido en la mitad del mundo, Moreno afirmó que el trabajo serviría a los intereses de la sociedad ecuatoriana con la construcción futura de una universidad plurinacional indígena. Alejándose del proyecto bolivariano, Moreno tomó el control del partido y anunció la salida de Alba, con el alegato de discrepar en relación con el modelo político adoptado por el gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, Ecuador, bajo su gobierno, comenzó a unirse a la Alianza del Pacífico. Aún en asuntos de política exterior, en cercanía cada vez más de Estados Unidos, el nuevo gobierno tampoco renovó la concesión de asilo político de Julian Assange, fundador de Wikileaks, alojado en la embajada ecuatoriana en Londres

En el aspecto económico, alegando dificultades financieras, Moreno adoptó una política de liberación comercial y financiera. Defendió la reducción del gasto público y pidió reiteradamente políticas de flexibilización laboral. El paquete de austeridad más candente fue sancionado por el Decreto 883, de octubre de 2019, en el cual Moreno canceló la concesión de subsidios en el área de combustibles, además de reducir las vacaciones de los funcionarios públicos. Octubre de 2019 fue el escenario de una serie de protestas que sacudió la base política morenista. Profesores, estudiantes, funcionarios públicos, taxistas y pueblos indígenas salieron a las calles exigiendo la suspensión del Decreto 883. La Conaie, hasta entonces un participante en el gobierno de Moreno, se dividió uniéndose a las protestas. Las marchas indígenas fueron fundamentales para suspender el paquete de austeridad, el cual fue revisado bajo la intermediación de sectores de la Iglesia, la Federación Unitaria de Trabajadores y de la propia Conaie (^{Ramírez, 2020}).

El paquetazo fue concebido en el marco del enfoque ecuatoriano y su reaproximación con el fmi. En sinergia con la antigua receta del Consenso de Washington, los primeros préstamos con el fondo se anunciaron en febrero de 2019, en el orden de los 10 000 millones de dólares, como una medida para proporcionar liquidez a la economía nacional. Moreno, en sus tesis anticorreístas, señaló varias veces las herencias malditas recibidas por su predecesor. Condenó a los sectores correístas por promover actos terroristas durante las protestas de octubre de 2019, mientras reprimía brutalmente a las clases populares, con la militarización de la capital y el toque de queda. La sede del gobierno, en el fragor de las protestas, tuvo que ser trasladada a Guayaquil.

Aún en relación con los préstamos, la forma de otorgar se remonta al marco (antiguo) de ciertos requisitos, como las medidas de austeridad y el equilibrio de la cuestión fiscal. La carta de intenciones con el fmi prevé así una serie de compromisos que deberá cumplir el gobierno ecuatoriano, lo cual condiciona el gasto del sector público de acuerdo con los viejos modelos del neoliberalismo de los años noventa. Según ^{Juan Paz y Miño (2019)}, existe una reanudación del modelo empresarial en Ecuador bajo el gobierno de Moreno, donde la situación actual, en términos de préstamos, es muy similar a los colocados en la transición del siglo xx a los primeros años del siglo xxi.

El gobierno de Lenin Moreno retomó el camino del modelo empresarial de la mano de las mismas elites que en las décadas finales del siglo xx lo edificaron. Con ese giro, ellas han vuelto a reclamar el retiro del Estado, la revisión de impuestos, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la liberación de los mercados y la suscripción de tratados de libre comercio. No han cambiado un milímetro sus viejas consignas. En ese marco, el reciente acuerdo con el fmi vuelve a servir de aval y apuntalamiento del segundo modelo empresarial en marcha. Coincide con los mismos objetivos. Y las declaraciones oficiales, revestidas de palabras misteriosas que guardan el secreto del acuerdo logrado con el fmi, dejan entender que no habrá un solo rastro de economía social, sino de desarrollo capitalista puro, al que interesan los buenos negocios, el éxito de las inversiones y el cumplimiento de un plan basado en los intereses privados a costa del interés público y ciudadano (^{Paz y Miño, 2019, p. 2}).

Es en esta coyuntura de caída de los precios del barril de petróleo, dolarización, pandemia y crisis financiera, junto con el posicionamiento ideológico con el fmi y Estados Unidos, que la situación de dependencia y subdesarrollo en Ecuador se ha agravado.³ Cabe señalar que se han celebrado más de quince cartas de intención con el fmi desde la segunda mitad del siglo xx.

En el campo petrolero, Moreno también anunció la retirada de Ecuador de la opep. Además, buscó renegociar las deudas con las agencias de Beijing para reducir la presencia de inversiones chinas en el país. Sin embargo, en una visita presidencial al país asiático, en diciembre de 2018, Moreno solicitó la obtención de créditos por un total de casi 1 000 millones de dólares, los cuales se utilizarían para pagar las cuentas públicas. El más voluminoso es un crédito de alrededor de 900 000 000 de dólares, otorgado por el Banco de Desarrollo de China, con una tasa de interés de 6.5% y un plazo de pago de seis años, con un periodo de carencia de dos años. Este préstamo está muy cerca de los acuerdos gestionados por Correa. Sin embargo, el gobierno de Moreno y Alianza pais afirmaron haber obtenido la "tasa de interés más baja de la historia". De cualquier forma, se proyecta más y más endeudamiento para el Estado ecuatoriano, si se consideran los efectos del coronavirus. Se estima que la deuda alcanzará más de 50% en relación con el pib (^{Ministerio de Economía y Finanzas, 2019}) (véase gráfica 2).

Fuente: ^{Ministerio de Economía y Finanzas (2019)}.

Gráfica 2 Relación deuda-pib, 1990-2019 

Sin embargo, la recesión económica, la cual afectará a los mercados mundiales en 2020-2021, plantea una serie de desafíos para los países de la periferia mundial. Las economías dolarizadas como Ecuador no tienen autonomía para emitir dinero. Al mismo tiempo, también se espera que las divisas de petróleo se mantengan a precios reducidos en contraste con el ciclo de auge de las commodities. Moreno, en vísperas de su salida, por un lado, ataca a Correa afirmando que el expresidente fue condenado en primera instancia por la justicia ecuatoriana y, por otro, lo hace con la intención de obtener recursos para así remediar los problemas provocados por la pandemia.

El colapso del sistema de salud y del sistema funerario, en especial en la ciudad de Guayaquil, a mediados de abril de 2020, intentó ocultarse por una articulación mediático-jurídica del gobierno. Correa, en el primer juicio, fue sentenciado a ocho años de prisión en un proceso donde no tuvo asegurado el amplio derecho de defensa. Mientras tanto, Moreno entrega el país al fmi. En mayo de 2020, se aprobó otra ayuda de emergencia para Ecuador. El entreguismo al imperialismo estadunidense parece ser la única alternativa sugerida por los sectores morenistas convertidos en apoyadores de Guillermo Lasso en la situación actual.

Consideraciones finales

La América Latina, una región tradicionalmente vinculada al poder económico y geopolítico de Estados Unidos, ha estado cada vez más bajo la influencia de China en las últimas décadas. En este contexto, la disputa en curso entre China y Estados Unidos va más allá de los debates comerciales y económicos. El sistema internacional, por ejemplo, presenta dialécticamente fenómenos simultáneos y contradictorios de ascenso (China) y declive (Estados Unidos), dos polos de poder que disputan la coyuntura actual. Los debates sobre el intercambio de hegemonía o la configuración de un mundo multipolarizado emergen en la literatura de las relaciones internacionales (^{Pecequilo y Carmo, 2013}).

En Ecuador, un país periférico al modo de producción, las tensiones están presentes en la transición del siglo xx y el comienzo del nuevo milenio. Después de un periodo caracterizado por crisis económicas y políticas bajo los auspicios del neoliberalismo y los dictados del Consenso de Washington, la experiencia de la Revolución Ciudadana se destacó para reparar las lesiones cometidas por el trágico modelo neoliberal. El rescate de la soberanía, por lo tanto, pasó por la reformulación del Estado nacional y, en consecuencia, una mayor participación del sector público en la esfera económica. En un escenario externo liderado por el ciclo de las materias primas, el gobierno de Rafael Correa se alineó con las inversiones chinas que se extendieron por América Latina y otras regiones del mundo. Al negar los preceptos del fmi y el bm, el fortalecimiento de las relaciones sino-ecuatorianas estuvo presente en las áreas de infraestructura, minería y expansión de proyectos petroleros. Además, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, basadas en los recursos naturales ecuatorianos con el país asiático, abrió el espacio para un mayor acercamiento diplomático. Los préstamos chinos se otorgaron como una alternativa financiera para el desarrollo de la Revolución Ciudadana. Aunque Estados Unidos continuó siendo el principal socio comercial de Ecuador, el gobierno correísta formuló propuestas para fomentar el multilateralismo, especialmente con mayores inversiones chinas en el país. Algunos autores enmarcaron el intento de Rafael Correa de seguir la lógica del Consenso de Beijing (^{Acosta y Cajas, 2018}); sin embargo, la política exterior de la Revolución Ciudadana también estimuló la cooperación y la integración regional con la promoción de Alba, Unasur y la creación de Celac. En este sentido, se debe tener cuidado con la aplicación de esta contribución del Consenso del Pacífico, ya que tales enfoques tienden a disminuir la función y el protagonismo de las relaciones sur-sur, que surgieron durante la llamada ola rosa en América Latina.

Lo mismo se aplica al concepto de un supuesto nuevo Consenso de Washington, dirigido por el gobierno de Lenin Moreno, con elementos que refutan la tesis de la alineación completa con los intereses de la Casa Blanca. Por ejemplo, la entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico, que facilitará la lógica de las exportaciones nacionales a Beijing. Por lo tanto, el propio gobierno de Moreno mantiene la diplomacia y las buenas relaciones con el gigante asiático, incluido el otorgamiento de nuevos préstamos en las circunstancias actuales. En cualquier caso, la preferencia del gobierno morenista es innegable en una reanudación con la prescripción del Consenso de Washington. En esta atmósfera, de crisis cada vez más graves desencadenadas por la pandemia, los acuerdos firmados con el fmi y el bm en los viejos modelos que condicionan el gasto público, vuelven a ser el destino ecuatoriano en medio del debate sobre la descorreización del país. Las clases subordinadas, a su vez, rechazan y condenan tal alineamiento indiscriminado con la burocracia internacional. Los levantamientos en octubre de 2019 representan un soplo de esperanza. Por otro lado, el gobierno se protege con la unión de las fracciones de las clases dominantes en el país (medios de comunicación, grandes empresarios y sectores abiertamente anticorreístas del poder judicial).

Desde el punto de vista externo, es necesario evaluar más profundamente los impactos y el papel de China en la agenda Sur-Sur. Y si esta cooperación "no se traduce en nuevas dependencias" en el sistema internacional (^{Pecequilo y Carmo, 2013, p. 14}). El Consenso Beijing (o Pacífico) explica sólo una parte de la compleja agenda formulada por los gobiernos ecuatorianos (y latinoamericanos) en los últimos años. Tal enfoque, como se explicó, tiende a no pensar en la política exterior del país en el contexto de la integración regional, ni enfatiza las relaciones de Ecuador con sus vecinos (Perú y Colombia), históricamente asimétricas y con picos de tensión durante las últimas décadas. Finalmente, ante la doble dependencia ecuatoriana (dolarización y recursos petroleros), vale la pena destacar cómo las disputas entre las dos potencias del mundo se reflejan en el país andino-amazónico y en otras regiones del sur global. Frente a la conjunción de crisis, el mapa de poder mundial presenta desequilibrios, contradicciones, retrocesos y avances de las superpotencias. En Ecuador persiste el dilema de su política exterior en relación con el hemisferio norte. A pesar de que la experiencia correísta disminuyó la influencia del imperialismo estadunidense, con un enfoque chino mayor y forjando proyectos de integración regional, el proyecto de Revolución Ciudadana está siendo afectado por la retomada del modelo neoliberal. El fantasma de la deuda reaparece. El futuro ecuatoriano permanece abierto con la entrada de la tercera década del siglo xxi.