Introducción

Las posiciones historiográficas sobre las remesas de plata americana desde Nueva España, su implicación en los circuitos de financiación caribeño y europeo, y el papel desempeñado por las acuñaciones monetarias en el seno de la administración militar, han variado en las últimas décadas. A raíz de la publicación de diversas series de datos, se ha dado un enorme paso hacia la cuantificación de estas remesas, su naturaleza y destinos, y se tiene en la actualidad un conocimiento cuantitativo que era casi desconocido hacía tres décadas. Una larga serie de importantes trabajos ha ofrecido variables estadísticas y datos de vital importancia para la interpretación de esas remesas dentro del contexto imperial (^{Céspedes, 1996}; ^{Garner, 1982}; ^{Marichal, 1999}; ^{Ortiz, 1978}; ^{Pérez, 1988}; ^{Romano, 1998}; ^{Soria, 1994}; ^{TePaske, 1998}, ¹⁹⁷⁶; ^{TePaske y Klein, 1986}). A estas habría que añadir series clásicas que aún hoy siguen teniendo utilidad (^{Humboldt, 1827}; ^{Lerdo, 1853}).

Sin embargo, todo este gran esfuerzo no se ha visto acompañado por un consenso cualitativo respecto de las interpretaciones, evoluciones, implicaciones y consecuencias. Aunque las tendencias cuantitativas generales son las mismas (mayor producción-acuñación e incremento de las remisiones de plata al Caribe y España durante la segunda mitad del siglo xviii), existen sustanciales divergencias en los ritmos y explicaciones, y lo que creo aún más importante, en sus consecuencias a escala regional, virreinal e imperial. La causa que explica estas divergencias descansa quizá en la manera en que se han utilizado las fuentes (tanto a escala metodológica como de enfoque) y las posiciones previas de los historiadores.

En este sentido, la que consideramos la línea historiográfica imperanteen la actualidad, protagonizada por Carlos ^{Marichal (1999)}, entre otros, ha implementado en las dos últimas décadas una explicación de carácter causal entre lo que este autor denomina la bancarrota del virreinato y la masiva exportación de plata al Caribe y España. Este análisis tuvo sustento académico en ^{Marichal (1999)}, La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810, donde, tras la línea argumental anterior, se ejemplifica el proceso de crisis del virreinato, por compararlo con los otros dos grandes imperios europeos con intereses en América, y la llamada era de las guerras coloniales. Este libro fijó un antes y un después en la interpretación del papel del virreinato novohispano en el contexto de las guerras coloniales y gastos militares de finales del siglo xviii y comienzos del xix, implementando la sugerente idea de que fue Nueva España quien sustentó (y padeció) al imperio español tanto en el ámbito caribeño como respecto de su cada vez más agresiva política exterior. Desde hace unos 20 años, la cuestión sobre el papel de la aportación del virreinato se ha mantenido casi sin discusión alguna gracias a la convincente fuerza de estos argumentos.

Resulta bastante conocida la enorme importancia que tuvo el virreinato de Nueva España para la consolidación de la metrópoli como potencia colonial en el siglo xviii, máxime si se tiene en cuenta que en este siglo México superó a Perú como productor de plata y lideró el envío a España de remesas de dinero en metálico (^{Brading y Zaionz, 1971}). Nada de esto supone un gran descubrimiento. Sin embargo, la historia económica (y en especial la fiscal) supone pasar de lo cuantitativo a lo explicativo mediante un rigoroso análisis de todas las variantes involucradas, sobre todo si se tiene en cuenta que en la era del mercantilismo la plata efectiva resultaba trascendental para el propio sostenimiento del Estado, cuyas políticas (ya fuese en España, Gran Bretaña o Francia) estaban ligadas a las posibilidades reales de sostener un enorme aparato militar, lograr un endeudamiento sostenible para la administración, y elaborar una política fiscal capaz de aumentar los recursos a una escala, como mínimo, igual que los gastos. Diferentes estudios de José ^{Jurado (2008}), (²⁰¹¹⁾, Vicent ^{Llombart (1994)}, Joaquín ^{Pinto (2016)} o Rafael ^{Torres (2008)} han demostrado las grandes variaciones interpretativas que, desde un acercamiento cualitativo de las magnitudes micro y macroeconómicas, se pueden derivar con un enfoque no lineal de los datos cuantitativos. En última instancia, esto significa que los simples datos no reflejan por sí mismos aspectos de fondo si no están acompañados de un claro modelo metodológico ni de una inserción a mayor escala de sus variables. Los datos deben ser interpretados a escala de la función desempeñada (incluso jurídicamente) por cada uno de los implicados. En este sentido, los trabajos esenciales para la comprensión del modelo institucional, económico, mercantil y fiscal de la colonia son los de ^{Jáuregui (1999)}, ^{Sánchez (2002}, ²⁰¹³, ²⁰¹⁶) y ^{Sánchez, Jáuregui e Ibarra (2001)}. Estos trabajos permiten una exacta discriminación de diferentes argumentos acerca de la estructura fiscal del virreinato, su desarrollo y complejidades, así como de las distintas opciones que se manejaron respecto de la deuda, créditos o remesas de plata. Varias investigaciones ya han aportado luz sobre los mecanismos metodológicos (e incluso técnicos) que son necesarios tener en cuenta a la hora de elaborar amplias series de datos desde la propia documentación contable virreinal (^{Pinto, 2017}; ^{Sánchez, 2013}, ²⁰¹⁴; ^{Serrano, 2002a}, ^2002b; ^{Serrano y Gutiérrez, 2006}).

Todo este material académico nos ofrece un cuadro amplio de las opciones interpretativas de la fiscalidad colonial, y desde hace tiempo sabemos que las series de datos (muy utilizados) ni son exactas ni ayudan por sí mismas a dar el salto cualitativo necesario. A pesar de todo, el modelo interpretativo imperante permanece sin apenas discusión. Y este modelo se basa en la premisa de que sobre el virreinato de Nueva España descansaba una estructura impositiva y de gastos imposible de soportar, y que estaban de alguna manera en la base de cierto declive económico posindependencia. A mi entender, esto merece una nueva perspectiva. La teoría de la bancarrota denota ya, desde su propia inclusión, una interpretación causa-efecto sobre procesos de largo recorrido que, sin embargo, obvian tanto aspectos metodológicos como situaciones a escala regional que van más allá del simple trasiego de metal o la fijación sobre hombros novohispanos de gran parte de la deuda española de finales de siglo xviii y comienzos del xix (^{Wobeser, 2006}). Aunque ya apenas se usa de manera directa el término bancarrota, la mayoría de las investigaciones aceptan de manera implícita tanto la incidencia de Nueva España como las implicaciones económicas, fiscales e incluso sociales de las últimas décadas del virreinato.

La línea argumentativa que sigue la teoría de la bancarrota, y que se extrae por deducción de las variables utilizadas y las consecuencias interpretativas que de ella se han derivado, es: a) Nueva España era el mayor productor de moneda acuñada del imperio colonial español, lo que la ponía en el epicentro de las necesidades de Madrid; b) la política fiscal de los Borbones giró principalmente en cómo conseguir aumentar la presión fiscal para obtener mayores recursos y enviarlos fuera del virreinato; c) una vez obtenidos los resultados de incrementar la acuñación, se elaboró una política de drenaje hacia España y el Caribe de la inmensa mayoría de la plata labrada; d) esa saca de plata se produjo porque ni el Caribe ni España podían sostener, ni económica ni fiscalmente sus políticas de defensa; e) los envíos de moneda no suponían sino una transferencia neta de capital mexicano para sostener el déficit caribeño y metropolitano; f) esas transferencias (que no generaban riqueza) suponían vaciar al virreinato de plata circulante y eliminar su capacidad de crecimiento; g) al drenar una gran proporción de la plata mexicana hacia fuentes externas, el virreinato colapsó financieramente (bancarrota) porque que no dispuso de capital amonedado suficiente para atender sus propias necesidades económicas y fiscales, y h) ¿origen del atraso económico mexicano en el siglo xix?

Hay que admitir que esta teoría no está exenta de atractivo y hasta de cierta secuencia lógica. Esta argumentación tiene que ver con el famoso asunto de la circulación monetaria en el interior del virreinato. Y se sigue recurriendo al argumento de la escasez de numerario en la colonia como uno de los elementos de mayor impacto negativo sobre su posible desarrollo (^{Pérez, 1999}; ^{Río, 2006}; ^{Romano, 1998}). Sin embargo, ^{Quiroz (2006)} disminuyó el supuesto efecto de drenaje de plata hacia el exterior demostrando la existencia de suficiente liquidez en la capital del virreinato. Esta argumentación también tiene una intensa relación con los efectos de la plata que fluía por las venas americanas. Si el análisis se detiene en la mera secuencia de transferencias dinerarias (transferencias de capital puro), parecería como si todo ese dinero (ya sea en el Caribe o en España) se transmitiera de manera pasiva, alejado y desplazado de los factores que debían manejarlo. No es ningún secreto que una amplia proporción de esa plata fue determinante para mejorar las infraestructuras (^{González, 2011}) y la creación de mano de obra en torno a, por ejemplo, la construcción de buques de guerra (^{Serrano, 2018}). Se destierra de la interpretación la incidencia de las economías locales y regionales como si estas no tuviesen cabida en los procesos de afianzamiento de la deuda o como acreedores del Estado vía superávit de rentas.

Por consiguiente, es indispensable detenerse en esos aspectos clave y desplazarnos desde la magnitud macroeconómica al análisis regional e incluso local. Sólo desde estos niveles inferiores, y una vez completados los elementos del rompecabezas, será posible realizar un análisis completo a escala, si se quiere imperial, de la función del dinero y sus movimientos dentro y fuera del virreinato. Por supuesto, se hace necesario generar cierta crítica metodológica y conceptual para determinar montos de esas remesas, cuantificación de rentas y el papel político y fiscal desempeñado por los diferentes protagonistas. De esta forma evitaremos, como ya se ha apuntado (^{Gerchunoff y Bértola, 2011, p. 19}), caer en la clásica interpretación de la historia de América Latina desde perspectivas del nacionalismo del xix, cuyo constructo se hizo por negación y contraposición al periodo colonial.

El problema de las fuentes y su interpretación

Resulta sorprendente (o tal vez no) que el avance en la elaboración de series de datos referidas a los elementos que aquí evaluamos, no ha posibilitado un consenso real en el nivel historiográfico. Esto obedece a que sólo en los últimos años se está reevaluando la escala metodológica del uso de las series cuantitativas disponibles que reposan en los archivos. El alineamiento de datos de tesorería no parece un método efectivo para una posterior interpretación, habida cuenta de la estructura de las propias cajas reales y los métodos contables empleados (^{Laviana, 1980}; ^{Rivarola, 2008}; ^{Rodríguez, 1967}; ^{Santos, 1960}). A pesar del notable interés y la validez general para flujos en el largo tiempo, las cifras aportadas por ^{TePaske y Klein (1986)}, utilizadas para la argumentación ya descrita, adolecen de algo más que de simples desviaciones (^{O’Phelan, 2005, p. 223}). Como resultado, ya hay una amplia literatura que ha ejemplificado los riesgos de asumir las series editadas como elementos de base interpretativa (^{Pease y Noejovich, 2000}; ^{Pinto, 2017}; ^{Serrano y Gutiérrez, 2006}).

Es importante ejemplificar al respecto. La teoría de la bancarrota se basa, como se indicó, en una secuencia de drenaje de plata que en última instancia vació las arcas del virreinato. Para que esta explicación funcione, es indispensable que se den dos variables al mismo tiempo. Por una parte, que los montos de dinero extraídos del virreinato representen cantidades tan elevadas que de esta manera se pueda validar la descapitalización de los recursos novohispanos. Por otra, la aportación de otros elementos fiscales y financieros en el área caribeña deben tener un carácter secundario, superficial y siempre supeditado a la función preponderante desempeñado por Nueva España, lo que significa que las demás tesorerías del circunCaribe debían ser elementos demandantes de numerario, nunca acreedores y/o suministradores de capital, y cuyas posibilidades de financiación fuesen nimias o incluso nulas.

En este punto, es importante el uso de las fuentes y su validación metodológica. Salvo excepciones ya enumeradas, los principales trabajos alineados con la tesis de la bancarrota son los de ^{TePaske y Klein (1986)}. Aquí reside uno de los principales problemas, por no decir el más significativo. Estas series (que insisto en que son útiles para descripciones de tendencias a largo plazo) nunca fueron trabajadas con criterios metodológicos de filtración de los datos. Ya hay una enorme literatura que ha advertido de la repetición de cantidades, partidas dobles, cargos sobre sus propias tesorerías, errores de transcripción o escasa comprensión de los mecanismos internos reguladores de la contabilidad colonial (^{Pinto, 2016}; ^{Rivarola, 2008}; ^{Serrano, 2002b}; ^{Serrano y Gutiérrez, 2006}; ^{Solbes, 2007}; ^{Sánchez, 2014}). Un análisis más detenido de la contabilidad nos arroja bastante luz sobre este punto y nos sugiere escenarios diferentes.

En el cuadro 1 se muestran las diferencias entre los datos extractados por ^{Marichal y Mantecon (1994)}, que a su vez se basan en el trabajo de ^{TePaske y Klein (1986)}, y los que he elaborado utilizando, en parte, las mismas fuentes, pero analizándolas con una metodología que evitara importantes errores contables, como se explica más adelante.

El periodo de fechas seleccionadas para esta investigación no ha sido gratuito. El año de 1765 representó para la América colonial un hito en el camino y un punto y aparte en el desarrollo de sus estructuras institucionales y fiscales. Tras el desastre de La Habana de 1762, capturada y saqueada por los ingleses (^{Parcero, 1998}), Madrid reaccionó con prontitud. Después de la recuperación de la capital cubana, se instauró allá la primera intendencia de América mediante instrucción de octubre de 1764, aunque comenzó a operar de facto en 1765 con la llegada de Miguel de Altarriba, su primer intendente (^{Amores, 1996}). La introducción de la Intendencia de Ejército y Hacienda representó una reacción natural de Madrid ante lo que se creía que eran unas estructuras institucionales y fiscales obsoletas, que no habían generado ni los recursos necesarios para una eficaz defensa ni un orden político que desarrollara una estrategia defensiva acorde con el papel de América dentro del contexto imperial español. La intendencia pretendía limar ambas deficiencias. El gobierno peninsular buscaba una maximización de los recursos fiscales con una institución que garantizaba control público de los recursos y canales centralizados de gestión política y militar de los mismos (^{Kuethe y Blaisdell, 1982}). Cuba, y en especial La Habana, era el lugar ideal para modernizar la administración y trasladar el plan de centralización burocrática que certificara una adecuada defensa de los intereses españoles en el Caribe, un área geopolítica vital para recuperar la preeminencia a escala atlántica.

Paralelo a la intendencia se produjo una profunda reforma fiscal con la aprobación, en 1765, del primer reglamento de libre comercio que incluía, entre muchas otras medidas, la recuperación de la recaudación y gestión de las principales rentas e impuestos, comenzando por la propia Cuba. La alcabala –renta relacionada con la actividad mercantil– fue puesta bajo control estatal en busca de una mayor recaudación fiscal vía gestión política directa (^{Kuethe y Inglis, 1985}). Aunque existían exiguas cantidades procedentes de este ramo, la alcabala fue introducida en la isla en 1758 (^{Sagra, 1831, p. 225}). De igual manera, se instituyó (nominalmente) la Intendencia de Marina en la capital cubana,¹ habida cuenta del enorme impacto que tenía la gestión de la construcción de buques de guerra para la administración pública, tanto al nivel de actividad económica como de gestión de enormes recursos gubernamentales (^{Serrano, 2009}).

El año de 1788 representó el fin de un ciclo de profundas medidas reformistas en América con la muerte de Carlos III y el afianzamiento de las medidas comenzadas en 1765. En el transcurso de dichos años España logró una enorme movilización de recursos fiscales que fueron vitales para la aplastante victoria frente a los ingleses en la guerra que se desarrolló en el circunCaribe entre 1779 y 1783 (^{Torres, 2013b}). Existe ya una gran variedad de trabajos que han destacado al año1765 como un punto de corte significativo que ayuda a entender las diferencias estructurales, financieras y fiscales respecto del periodo anterior (^{Amores, 1997}, ²⁰⁰⁴; ^{Amores y Serrano, 2007}; ^{Inglis y Kuethe, 1985}; ^{Pacheco, 2005}; ^{Parrón, 1991}; ^{Rodríguez, 2016}; ^{Torres, 1968}).

La incorporación de Cuba al proyecto de fiscalización pública de los recursos (que sería en la década siguiente incrementado con el famoso Reglamento de 1778 para toda América), supuso un notable incremento de la recaudación fiscal. Como primera y principal consecuencia de esta eficiencia tributaria, la maquinaria militar dispuso de mucho más dinero que en la etapa anterior, con lo que se distribuyó desde las áreas de mayor recaudación hacia aquellas que emplazaban sistemas militares complejos y siempre demandantes de numerario (véase cuadro 1). Siendo La Habana la principal base militar del Caribe (y de América), no resulta sorprendente que viera incrementado el flujo de situados procedentes de Nueva España, lo mismo que los demás enclaves de Barlovento. Su voraz aparato castrense (milicias, tropas fijas, fortificaciones, armadas, contratas militares) y el hecho de ser la puerta de salida de mercancías y plata desde América Central, la transformaron en un enclave necesitado de dinero y de una eficaz gestión de sus recursos.

Sin embargo, las cantidades contrastadas de Marichal y las de Serrano reflejan sustanciales divergencias (véase cuadro 1). Todo ello a pesar de que la fuente es la misma; es decir, los libros de la Tesorería de México se refieren al mismo concepto, que no es otro que remesas trasladadas a Veracruz para ser exportadas como situados a Barlovento. Desde luego, no se pueden considerar 18 700 000 pesos de desviación un asunto menor. Hay que tener en cuenta que esa diferencia representaba nada menos que 486 toneladas de plata, o el equivalente a la construcción de alrededor de 105 navíos de tres puentes en Cuba. En la recurrente utilización de las series de ^{TePaske y Klein (1986)} descansa gran parte de esa desviación de datos, ya que estos no fueron tratados con la metodología adecuada a fin de evitar errores contables. Nuestro estudio minucioso de la documentación encontró partidas contabilizadas de manera doble o simplemente la incorporación de partidas como remesas enviadas, cuando en realidad eran ajustes de caja. Sin detenernos en este aspecto de tipo metodológico, se destaca que, a pesar de la elevada proporción de recursos novohispanos trasladados para sustentar el aparato militar de Barlovento (que incluye Cuba, Puerto Rico, Florida, Santo Domingo y otros enclaves), este incremento de remesas al Caribe no supone un cambio sustancial de la política de envíos de dinero para la defensa seguida hasta ese instante. Si bien se remiten más cantidades, estas obedecen a un incremento sustancial de la recaudación mexicana, que se traslada en proporción a sus obligaciones financieras.

De la interpretación de esos envíos hay que deslindar el periodo de 1779 a 1783, en el que la coyuntura bélica forzó a México (y demás enclaves) a multiplicar el esfuerzo financiero en aras de sostener las múltiples operaciones militares desarrolladas en aquellas fechas (^{Alsina, 2006}); y aunque las necesidades de financiación se incrementaron de manera exponencial, no representaron la tendencia habitual.

En la década anterior al estallido de la revuelta de las Trece Colonias (1776) –etapa de reajuste administrativo y fiscal, y por tanto de paz armada–, la media anual de remisiones novohispanas fue de algo más de 2 600 000 pesos. Disponemos de interesantes datos para establecer una secuencia comparativa al respecto. Si utilizamos un periodo anterior –también de paz– como referencia (1749-1753), nos encontramos con que el total de remisiones mexicanas por situados a Barlovento representó un promedio anual de algo más de 1 400 000 pesos.² Aunque las principales reformas fiscales y financieras no se introdujeron sino hasta 1765 en adelante, los datos del quinquenio de 1750 muestran que una década antes de la introducción de dichas reformas, México ya enviaba sustanciales cantidades de numerario que, a efectos prácticos, suponían la misma cantidad (proporcional a los ingresos fiscales del virreinato) que en el periodo posterior a 1765. La conclusión lógica de este primer nivel de análisis es que el virreinato no modificó sus responsabilidades como contribuyente principal de la defensa caribeña a causa de los cambios introducidos en la década de 1760, y tampoco se le forzó a incrementar sus aportaciones de capital con fines militares. De igual forma, no representaba ninguna novedad el hecho de que el virreinato debía contribuir como tesorería excedentaria a la defensa del Caribe; defensa que al fin y al cabo le beneficiaba puesto que la pérdida de los principales enclaves del circunCaribe habría supuesto el fin del virreinato como entidad política.

El promedio anual entre 1784 y 1788 –periodo de paz– se sitúa en 3 100 000 pesos a causa del incremento de la construcción naval en La Habana y el fortalecimiento de sus posiciones vía envío de tropas peninsulares y mejora de sus fortificaciones, todo ello a pesar de que el situado nominal descendió normativamente, como se verá más adelante. Esto tampoco debe resultar una sorpresa, puesto que el virreinato mejoró su recaudación y, por tanto, sus posibilidades de financiar parte de la defensa caribeña. Por otro lado, es bien sabido que, al margen de los situados, los envíos extraordinarios y coyunturales formaban parte del entramado de la administración militar.

Repasemos la estructura de esas remisiones de naturaleza militar. Desde finales del siglo xvii, la contribución novohispana a la defensa de Barlovento había estado prefijada incluso normativamente (^{Calderón, 1979}). En 1695, cuando las estructuras defensivas, materiales y humanas del ámbito caribeño aún eran obsoletas y reducidas, las obligaciones financieras del virreinato tan sólo respecto de los principales enclaves eran ya de 436 300 pesos anuales.³ La nueva dinastía en Madrid y la extensión de reglamentos militares empujaron a un sustancial incremento de la aportación mexicana, fijada para la década de 1760 en 1 900 000 pesos anuales,⁴ que incluso disminuyó en 1784 para situarse, hasta finales de siglo, en 1 700 000 pesos.⁵ Es sorprendente el promedio anual de remesas mexicanas entre 1765 y 1775 (2 600 000, según mis propios datos), que se ajusta a la normativa del momento y a las obligaciones financieras del virreinato para surtir de dinero a la defensa del Caribe, habida cuenta de que se debía reconstruir el desastre de La Habana, su sistema naval y rehabilitar o mejorar sus defensas fortificadas. Esto significa que lejos de descapitalizarse, México aportaba aquello que por normativa emanada desde España debía auxiliar a su propia defensa indirecta, más un ligero sobrecosto a causa de la terrible disfunción que provocó la guerra entre 1761 y 1763. Incluso cuando los ingresos de Nueva España aumentaron –desde la década de 1770–, los situados que debía trasladar a los enclaves de Barlovento disminuyeron hasta 1 700 000 pesos, según la reglamentación. Por consiguiente, el virreinato aportó –excepto en los periodos de guerra– aquellas cantidades a las que reglamentos y cédulas lo “obligaban” como sustentación del aparato castrense caribeño, cantidades que en proporción eran las mismas que antes de 1765. De igual manera, en la década de 1780 –tendencia que continuaría hasta finales de siglo– las remesas novohispanas disminuyeron a pesar de que sus ingresos fiscales netos aumentaron de manera ostensible gracias al Reglamento de 1778 y la incorporación de las Intendencias en América Central (^{Pietschmann, 1996}; ^{Rosa, 1993}).

Otro nivel de análisis que se relaciona con el uso de las fuentes es aquel que tiene en cuenta la variable de los ingresos netos del virreinato y las remesas caribeñas. Sorprendentemente, los principales análisis sobre estas remesas fijan como punto de referencia los envíos netos totales desde Nueva España (^{Marichal, 1999, p. 35}), dato que de por sí no dice mucho. Es difícil encontrar en la bibliografía académica un vector de comparación que ayude a entender si estas transferencias de capital supusieron una pesada carga para el virreinato. La comparación entre las remesas caribeñas y los ingresos netos reales de Nueva España es la única manera eficaz de interpretar los presuntos sobrecostes del virreinato, puesto que ejemplifica el peso real de esas aportaciones de capital en función de los ingresos líquidos (véase cuadro 2).

Las posibilidades novohispanas para financiar y aportar numerario a la defensa caribeña no suponían un coste excesivo para sus arcas. Tan sólo algo más de un tercio del total de los ingresos netos se destinaba a este apartado, exceptuando el periodo de 1779 a 1783 en el que la guerra obligó a incrementar las partidas de tipo militar. Utilizamos la expresión “tan sólo” porque diversos trabajos ya han demostrado que los egresos de la administración pública relacionados con el ámbito militar solían estar entre un medio y tres cuartos de todos los gastos en enclaves significativos (^{Jara, 1994}; ^{Kuethe, 1986}; ^{Nestares, 1999}; ^{Serrano, 2004}). En paralelo, encontramos que durante la década de 1766-1775 (etapa de paz y reestructuración militar), las aportaciones fueron 40% respecto de sus ingresos, porcentaje que incluso descendió a 29% en el quinquenio posterior a 1783. Es decir, a la vez que los ingresos netos de México aumentaban, la tendencia era la disminución de las remesas al Caribe. Como analizaremos más adelante, existían elementos más profundos que explicaban este escenario, el cual contradecía la lógica historiográfica que sostiene que el mayor aumento de los beneficios tributarios netos del virreinato propiciaba una proporcional alza de sus exportaciones de numerario y la subsiguiente descapitalización.

En definitiva, y en términos absolutos, estos datos suponían que entre 1765 y 1788 las arcas del virreinato dispusieron –nominalmente– de nada menos que de 129 000 000 de pesos para hacer frente a gastos o pagos que nada tenían que ver con los situados de Barlovento. Es obvio que a esa cantidad final habría que sustraerle los demás gastos militares ligados al virreinato dependientes de su tesorería principal, y que abarcaban la larga serie de presidios del norte de Nueva España, tropas regulares, fortificaciones, suministros, los puertos de la fachada pacífica, enclaves menores anexos al Caribe y las posesiones en el Pacífico, que entre 1765 y 1788 representaron 20 994 714 pesos,⁶ es decir, algo más de 874 000 pesos de media anual.

Por consiguiente, y realizando el cómputo preceptivo de todos los gastos ligados a la administración castrense, la disponibilidad de numerario por parte de la tesorería principal de México fue de 108 000 000 de pesos durante el periodo de 1765 a 1788, o lo que es lo mismo, 4 500 000 pesos líquidos anuales, cantidad que servía para sufragar gastos de administración, sueldos, pensiones, infraestructuras y toda una amplia serie de egresos, entre los que estaban las remisiones a la península (véase cuadro 3).

En este caso contamos con el inestimable trabajo metodológico de ^{García-Baquero (1996}, ²⁰⁰², ²⁰⁰³) quien denunció en su momento errores y desviaciones contables de los trabajos de Morineau, entre otros (^{Bernal y García-Baquero, 2011}). No obstante, su investigación se detuvo en la fecha de aprobación del decreto de libre comercio, pero apunta en la dirección que estimamos conveniente y sirve para ejemplificar el modelo. La enorme ventaja de los datos aportados por este historiador estriba en la naturaleza de sus fuentes. Al contrario de las cifras de ^{TePaske y Klein (1986)}, usadas a su vez por ^{Marichal (1996)}, el estudio de ^{García-Baquero (1996, p. 206)} se basaba en una minuciosa investigación de los registros individualizados de cada buque procedente de América que acabaron glosando unas relaciones de cantidades efectivamente entradas y registradas por los oficiales de la Casa de Contratación. Esta documentación muestra la fecha de llegada, procedencia del buque y el registro de dinero, diferenciando con exactitud el que pertenecía al rey y el de particulares.

En efecto, las remesas de plata que sin duda deben ser contabilizadas como “dineros del rey” –según los propios registros– suponen cantidades nimias tanto en términos absolutos como relativos. La aportación del virreinato a los gastos públicos del Estado en la península, lejos de constituir un epígrafe lesivo para sus intereses, constatan un hecho conocido y evidente: durante la segunda mitad de siglo, los envíos particulares representaron entre 80 y 90% del total de las remesas a España (^{García-Baquero, 1976, p. 346}). Recuérdese que las transferencias de particulares no siempre se visualizan en los libros de tesorería a causa de su propia naturaleza, en especial después de 1778, cuando el predominio de los registros libres fue absoluto (^{Fisher, 1993}). De igual forma, la procedencia del dinero de particulares y su naturaleza (técnica y legalmente bienes ajenos) discurren alejados de las voraces fauces de la corona. El ramo de ajenos, que nutría parcialmente estos fondos particulares, no podía ser utilizado en ningún caso por la Real Hacienda (^{Jáuregui, 1999, p. 166}). Tanto comerciantes como personas del común enviaban enormes cantidades de numerario a la península que no formaban parte del circuito de dinero público, ni tampoco representaban vectores visibles de los ingresos del Estado. La repatriación de dinero con fines de ostentación, dividendos comerciales o pertenecientes a bienes de inválidos, depósitos o montepíos, no puede ser equiparado a las remesas que, procedente de rentas, impuestos o tributos, pertenecían al Estado y tenían como finalidad sustentar los enormes gastos públicos. La tradicional concepción historiográfica –visible en la bibliografía– de incluir sin ninguna distinción la plata pública y la perteneciente a particulares no hace sino desvirtuar el fondo interpretativo, que no es otro que calibrar el peso del gasto del Estado –principalmente de naturaleza militar– respecto de los ingresos públicos.

Por otra parte, la tendencia en el último tercio del siglo xviii –y aun antes– de que las remesas particulares fuesen cada vez más importantes respecto del dinero público, sólo puede ser explicado de una manera: el gasto estatal del virreinato –y en general en toda América– era alto en los propios territorios indianos y áreas circundantes, lo que invalida –como mínimo parcialmente– la famosa saca de plata. De esta manera podremos reconvertir aseveraciones tan audaces como que Nueva España estaba sujeta a una “constante expoliación y descapitalización de la economía” (^{Trujillo, 2009, p. 26}). En definitiva, nos encontramos ante un escenario bastante diferente del descrito por gran parte de la historiografía. Si bien es cierto que en la década de 1790 y comienzos del siglo xix las remesas a la península se incrementaron de manera notable, en el periodo analizado –que constituye el inicio de ese hipotético proceso de descapitalización– los datos apuntan en una dirección diferente.

Otra causa que ayuda a explicar esas desavenencias tanto numéricas como interpretativas descansa en lo que denomino el circuito interno de la plata. Las cifras que se asimilan como ciertas para demostrar el proceso de envío masivo de dinero a Barlovento y a España descansa en la hipótesis de que las salidas –datas– de los libros contables de la tesorería mexicana son cantidades que sí llegaban a su destino. La verdad es más compleja. La tesorería principal del virreinato sólo indicaba salidas o remisiones de su caja pero no la recepción de las mismas allá donde se suponía que debían ser trasladadas. Si aceptamos que un ramo de remisión de un año determinado indicaba una salida efectiva de plata –cosa que no siempre ocurría–, esas cantidades debían ser trasladadas a Veracruz. Desde allí, y tras su correspondiente registro de entrada, la plata podía seguir dos caminos diferentes. Uno, su envío directo a España –en caso de remesas peninsulares–, pero el otro era bastante frecuente: su traslado a La Habana. ^{Ortiz (1978, p. 151)} evidenció que las remesas de plata efectiva por cuenta del rey en el periodo que aquí analizamos no se corresponden con las partidas de envíos desde México con este destino.

Esa nueva desviación (que no trataremos en este artículo) evidencia la complejidad de los circuitos de plata y sus remisiones a diferentes lugares, entre ellos España. Si bien es cierto que muchas de esas remesas viajaban a la primera oportunidad que tenían hacia sus lugares de destino, lo cierto es que tanto la meteorología como el retraso en la llegada del dinero efectivo, los frecuentes problemas logísticos con los buques en Veracruz, y la amenaza de caer en manos enemigas, demoraban las transferencias meses o incluso más de un año. Como se verá, la llegada de situados a La Habana (o remisiones con destino peninsular) tampoco se corresponden con las datas de la tesorería de México. Al margen de los elevados costes de los fletes, cuyo importe podía superar 10% del valor (^{Suárez, 1996}, ²⁰⁰¹), la retención de partidas de plata en Veracruz, el desvío de cantidades hacia otras partidas, naufragios o destinos diferentes a los prefijados serían causas frecuentes de que llegase menos dinero a La Habana del que México decía enviar.

Sin embargo, y aceptando que los ingresos en La Habana fueron importantes y vitales para su administración militar, veremos cómo otras causas más profundas descansaban tras la disminución proporcional de estas remesas hacia Cuba procedentes de Nueva España.

La Habana: riqueza, plata y una nueva perspectiva

La historiografía ha repetido en múltiples ocasiones que las remesas mexicanas constituían el grueso de los ingresos de La Habana, llegando a calcular esta proporción en 75% del total para el periodo que abarca este artículo (^{Marichal, 1999, p. 51}). Por supuesto que también encontramos quien ha llamado a este proceso imperialismo español (^{Canudas, 2005, p. 254}), concepto que como mínimo es de dudosa utilización para la época. Incluso Humboldt, en su Ensayo sobre la isla de Cuba (^{1827, pp. 253-261}), destaca los elementos comerciales y el incremento de los productos de la isla vía rentas, que la llegada de plata mexicana. En cualquier caso, la historiografía fiscal del periodo se centra en exceso en las transferencias de capital mexicano deslindándolas de una realidad propia de Cuba que mostraba caminos diferentes, en especial tras las profundas reformas implementadas después de 1764.

En efecto, la elite comercial cubana –y en especial la habanera– acogió la creación de la Intendencia como un factor que beneficiaba sus negocios privados. Lejos de sentirse constreñida por su relación con los comerciantes peninsulares, los hacendados cubanos mostraron una inusitada independencia como dueños privados de sus negocios y no como comisionistas de aquellos (^{Amores, 2016, p. 8}). La sumisión de la mayoría de la elite patricia y adinerada cubana ante las reformas de Ricla, que incluían una profunda reforma fiscal, si bien desaparecía antiguos privilegios fiscales, les permitía una notable expansión de sus negocios gracias al decreto de libre comercio de 1765. El incremento del impuesto de la alcabala de 4 a 6% a cambio de la supresión del previsto gravamen sobre las rentas líquidas (^{Amores y Serrano, 2007, p. 402}) no lesionó los intereses mercantiles de la rica burguesía mercantil cubana, sino que le permitió una concentración de sus negocios en relación con las medidas liberalizadoras de 1765. Asimismo, el aumento del poder del capitán general para controlar de manera directa la Intendencia de Hacienda y Ejército permitió no sólo una mayor concentración de recursos, sino la concreción de planes financieros de defensa militar de la isla sobre la realidad fiscal propia.

Estos elementos son esenciales para reinterpretar, hasta cierto punto, el papel determinante de la plata mexicana (véase cuadro 4). Al igual que en el virreinato, las reformas fiscales generaron un impacto positivo sobre la recaudación en Cuba y La Habana, e insertó –esto es esencial– capital privado en las estructuras de sostenimiento militar antes inexistentes.

En el cuadro 4, que parte de 1766 al disponerse de las cuentas de La Habana de manera íntegra, se muestran los ingresos totales de la tesorería, los situados entrados y el porcentaje que representan esas cantidades de plata mexicana sobre el total de las entradas.

Destacan dos elementos de las cifras del cuadro 4. En primer lugar, el total de remesas ingresadas en concepto de situados mexicanos para estos años –74 500 000 pesos– es inferior a lo que las partidas desde México indicaban. Las transferencias de capital mexicano en el periodo de 1766-1788 eran supuestamente de 82 600 000 pesos (véase cuadro 1). En este caso, la desviación 8 000 000 de pesos obedece a la fuente receptora de las remesas, es decir, la propia Habana. Los estudios que tratan los situados novohispanos siguen aceptando como válidas las datas de la tesorería principal de Nueva España, sin tener en cuenta que desde Veracruz resultaba frecuente el envío de cantidades diferentes. Este primer elemento apunta a que, desde el plano metodológico, los situados que se transfieren deben ser analizados desde ambos puntos nodales, es decir, tanto desde la caja suministradora como desde la que las recibe, a causa de que el circuito interno de la plata, siempre caprichoso y dependiente de variables coyunturas, genera no pocas fluctuaciones. Paralelamente, las partidas expresadas como entradas de situados en La Habana manifiestan dos tipos de remesas diferentes. Desde la creación de la Intendencia cubana, que desarrolló también nominalmente una Intendencia de Marina, La Habana fue el único enclave colonial que dispuso de dos tesorerías paralelas en función de la institución que libraría los pagos. Por una parte, la Tesorería o caja principal, dependiente del intendente de Ejército y Hacienda y controlada por el capitán general de Cuba; y por la otra, la Tesorería de Marina, bajo la intervención del intendente de Marina y del comandante naval del apostadero, cuya gestión era autónoma de la Tesorería principal puesto que sus fondos ingresaban en ella sin pasar por la fiscalización del capitán general (^{Serrano, 2018, pp. 345-352}). Este factor es vital porque las cuentas de la Caja de La Habana que reposan en el Archivo de Indias, no recogen los ingresos de situados navales, mismos que deben buscarse en los legajos correspondientes al astillero cubano, que son diferentes de aquellos. Un análisis de la contabilidad de la Tesorería principal arrojaría unos ingresos por situados mexicanos inferiores hasta situarlos en sólo 57 600 000 pesos. Incido en este elemento porque será fundamental para comprender el peso del capital privado en el soporte de la administración militar durante esta etapa, ya que estuvo influenciado por los negocios y actividades ligadas a la construcción de buques de guerra.

En segundo lugar, el porcentaje que representan los situados sobre el conjunto de los ingresos totales es ciertamente elevado (69% en promedio), próximo a lo que la historiografía ha indicado. Sin embargo, hay algunos elementos que convergen y sitúan las aportaciones mexicanas en un nivel inferior.

No es ninguna novedad que una proporción de la plata recibida por La Habana tuviera como finalidad soportar los presidios de Barlovento. Sin embargo, las afirmaciones sobre la descapitalización de Nueva España respecto del entramado militar cubano se sustentan en la masiva remisión de situados a La Habana sin detenerse en el importante factor de las reexportaciones de numerario. En efecto, de los 74 500 000 pesos ingresados en ambas tesorerías habaneras en concepto de situados, nada menos que 26 400 000 pesos salieron hacia otros destinos en el Caribe, es decir, más de 35% del total. A pesar de que el capitán general de Cuba podría haber secuestrado parte de esas cantidades para los gastos militares en la isla –capacidad cierta toda vez que era el militar de mayor rango del circunCaribe y sólo supeditado al virrey–, no nos consta que alguna vez lo hubiese hecho. Por consiguiente, descontadas esas reexportaciones, la aportación real del situado mexicano desciende durante esos años hasta 41% y no 75% como se ha escrito.

Existen dos elementos que explican cómo fue posible que Cuba mantuviese elevados los gastos militares, una numerosa guarnición –a la que se añadía tropas peninsulares–, constantes mejoras en las fortificaciones, y un nivel de construcción de navíos de guerra que podía competir con los astilleros peninsulares. Y todo ello con unos situados efectivos para su propia utilización de sólo 41% sobre el total de todos los ingresos; el cuadro 5 muestra uno de ellos.

Entre 1766 y 1788 las arcas habaneras registraron préstamos y donativos por la astronómica cifra de más de 21 000 000 de pesos. Lo significativo de esta cantidad no es sólo su peso absoluto sobre el conjunto de los ingresos de tesorería, sino su procedencia. Los hacendados cubanos, la dinámica burguesía mercantil de La Habana ligada a los negocios del azúcar y el tabaco (^{Amores, 1995}, ¹⁹⁹⁹; ^{Náter, 2013}; ^{Tornero, 1978}), lejos de mostrarse reacios a las reformas emprendidas desde 1764, aprovecharon sus opciones de enriquecimiento y ascenso social. En especial el astillero fue decisivo. La documentación muestra que el mayor conjunto de los donativos y préstamos (la mayoría se ofrecía sin interés) estaban asociados a la Tesorería de Marina. La causa que explica este mecanismo estriba en la propia naturaleza de los negocios navales. Ninguna otra industria en La Habana movía más dinero que la construcción naval que requería ingentes cantidades de materiales y suculentos beneficios vía contratas y asientos (^{Serrano, 2013}). Aunque la tendencia historiográfica ha destacado que las reformas borbónicas suponen un proceso masivo de estatalización de la guerra, lo cierto es que al menos en Cuba y su astillero el capital privado surtió de enormes proporciones de numerario a la administración pública.

Lo interesante de esta inyección de capital privado es que se extiende en todo el periodo (1766-1788), aunque en mayor envergadura durante el periodo bélico de 1779 a 1783. Los donativos y préstamos más o menos forzosos ya estudiados para el virreinato de Nueva España (^{Valle, 2016}) se centraron de manera casi absoluta en la dramática coyuntura de necesidades urgentes durante la guerra. Sin embargo, en La Habana el proceso de generosas contribuciones a las arcas se sucede sin solución de continuidad durante décadas. El beneficio de estos aportes de dinero privado para las familias ricas cubanas estaba ligado tanto a la obtención de réditos vía contratas como al aumento de sus privilegios sociales y políticos. La mayoría de los nuevos títulos de nobleza e ingresos en órdenes de caballería se concentró después de 1764 (^{Kuethe, 1998}; ^{Kuethe y Barbier, 1984}; ^{Serrano y Kuethe, 2005}) y están relacionados con el nivel de implicación financiera en las necesidades militares de la isla.

Sin embargo, falta un factor clave para cerrar el círculo. El incremento de las rentas líquidas de Nueva España no representó un aumento proporcional de las remesas de plata a Barlovento, ni siquiera a la península. Este proceso, ligado de forma natural a las reformas fiscales e institucionales de 1764 en adelante, tuvo un impacto inmediato en Cuba.

Así, ni las importantes remisiones mexicanas, ni el crecido número de donativos y préstamos a las tesorerías habaneras pueden explicar por sí mismos el creciente peso de sus gastos militares. Un elaborado informe de tesorería solicitado por Madrid en 1787 nos ayuda a comprenderlo (véase cuadro 6).

El considerable incremento de las rentas de la isla es evidente. Los notables cambios estructurales y fiscales después de 1765, que incluyeron la creación de dos aduanas (mar y tierra) y la expansión de la actividad mercantil (^{Palazón y Sáiz, 1998, p. 83}), se proyectó en los ingresos líquidos. Sin embargo, este informe ofrece datos aún más destacados. Durante la primera década se incidía en que, disminuidos los gastos de administración, el sobrante líquido supuso la cifra de 3 744 529 pesos, mientras que para la siguiente década fue de 6 861 529 pesos. En ambos casos se hizo especial referencia a que ambas cantidades fueron trasladadas al ramo de situados, es decir, a disposición de los gastos militares. La suma de ambas partidas resulta en 10 606 058 pesos. Si consideramos que entre 1766 y 1775 los ingresos reales de situados provenientes de México que quedaron en Cuba para efectos militares –remisiones menos reexportaciones de numerario– fue de 43 179 663 pesos y añadimos estos 10 606 058 pesos procedentes del producto líquido de las rentas que fue puesto a disposición de la administración militar, nos encontramos con que las rentas cubanas aportaron al sostenimiento de la financiación militar nada menos que con 20% del total. Nótese que en este caso sólo se han tenido en cuenta las variables de situados efectivos y rentas sobrantes del conjunto de la isla.

Podemos hacer un ejercicio más complejo. Si sumamos todas las cantidades de numerario que tenían como destino el soporte de la actividad militar (situados efectivos en Cuba, rentas líquidas y préstamos), el gobernador de La Habana disponía para el periodo de 1766 a 1785 de 74 537 363 pesos. De esa enorme suma, las rentas representaban 14% del total y los préstamos y donativos 28%, es decir que 42% de la plata que se proyectaba como disponible para gastos militares provenía de la misma Cuba. En este sentido, es bastante probable que ese porcentaje sea aún mayor porque ya que el cálculo se ha realizado sobre préstamos aportados en las tesorerías habaneras, ya que no disponemos del mismo ítem para las nueve cajas sufragáneas de la isla.

La interpretación de estos cálculos resulta bastante evidente. Cuba, y La Habana en específico, representó un papel activo en el soporte de su propia maquinaria militar. La dependencia de los situados mexicanos, a pesar de su notable importancia, debe ser cuestionada. Las obsesivas quejas del gobernador de la isla y los diferentes oficiales reales respecto de la necesidad de que llegase más dinero desde Nueva España no debe ser evaluada como un desesperado llamamiento para evitar el colapso de su administración militar, sino más bien como una recurrente actitud común en toda la América colonial española. La solicitud de más dinero –situados– representó a nuestro entender un papel político. Es decir, con la llegada de más plata se podrían justificar más construcciones de fortificaciones, más fábricas de navíos, lo que redundaría en un mejor servicio al rey y, por ende, mayor prestigio y, tal vez, un reconocimiento político y social.

En las últimas décadas del siglo xviii el aumento del producto de las rentas en Cuba fue un factor determinante para su supervivencia cuando se desató la tormenta independentista en 1810. De hecho, si bien los situados mexicanos siguieron llegando, estos representaron cantidades cada vez menores desde la década de 1790 y desde la primera década del siglo xix el péndulo de las remesas mexicanas –ahora sí– se trasladó a la convulsa España peninsular (^{Marichal, 1996}). Sin embargo, y con excepción de su astillero que colapsó en 1805 por el impacto de Trafalgar, su administración militar siguió funcionando casi a pleno rendimiento. La causa que explica este milagro estriba en las bases ya puestas décadas atrás, y en concreto en el periodo posterior a 1765. Entre 1806 y 1830 las rentas cubanas aumentaron más de 80% sus productos líquidos, logrando no sólo sostener su costoso aparato militar, sino también suministrando cantidades de plata a Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, e incluso a México (^{Roldán, 2017, p. 115}). Una verdadera paradoja.

Conclusiones

Por supuesto, este artículo no pretende desvirtuar las innegables e importantes aportaciones de las transferencias de plata mexicana, pero ofrece una perspectiva triple que merece una profunda reflexión historiográfica.

En primer lugar, los envíos de plata novohispana representaron un factor contribuyente respecto de las necesidades financieras del Caribe –y de Cuba–, pero en ningún caso fueron un elemento que generara una total dependencia de la generosidad del virrey de turno. Tanto la propia estructura imperial de España en América, como la misma conformación de las entidades políticas más significativas propiciaban un equilibrio interno entre diversos enclaves con superávit y los sectores que defendían con su entramado militar a aquellos. En este sentido, la participación de México hay que interpretarla como una opción única en la que la malla defensiva perimetral externa estaba conformada por las islas y enclaves de Barlovento. Las remesas mexicanas eran, por consiguiente, un segmento de la defensa que posibilitaba al propio virreinato redistribuir sus beneficios hacia otras escalas de gasto. Nueva España fue la entidad política importante que menos egresó en sus costos de defensa porque lo hacía desde su perímetro externo. Hacerlo de otro modo hubiera restado enormes porciones de sus beneficios fiscales para el aumento de su producción agropecuaria o minera. En vez de visualizar las remesas mexicanas –ya fuesen al Caribe o a España– como outputs negativos o descapitalización, deben entenderse como inversiones indirectas en beneficio de su estabilidad interior. En este sentido, no debería sorprendernos que el virreinato de Nueva España acabara siendo la única gran entidad política del siglo xviii que no sufrió importantes ataques directos, circunstancia que no se podría aplicar a Perú (^{Pinzón, 2009}), Nueva Granada (^{Kuethe, 1974}; ^{Serrano, 2016}) o Río de la Plata (^{Roberts, 2000}), por ejemplo.

Por otra parte, las transferencias de capital deben considerarse fermentos en el nivel económico e incluso social. Cuando se analizan los situados –mexicanos o no– se suele trasladar la idea de que se trata de simples mecanismos que transfieren capital sin ninguna ganancia. La utilización de esas remesas significa activos financieros de indudable capacidad regenerativa en el ámbito económico. Existen muchos trabajos que se centran en el profundo efecto dinamizador de las economías a escala local y regional de los situados (^{Andrade, 2006}; ^{Baudot, 2013}; ^{Meisel, 2002}; ^{Torres, 2013a}). Y no debería sorprendernos que en La Habana el astillero generase a su alrededor una floreciente industria de todo tipo que empujaba al Estado a dar cabida a amplios sectores privados a través de suculentas contratas y asientos militares. Más que descapitalización, las remesas novohispanas, añadidas a las aportaciones propias en el ámbito geoestratégico del Caribe, propiciaron un enorme crecimiento de la mano de obra ligada a la esfera militar, así como la masiva captación de capital privado. Tan sólo en el astillero de La Habana se han podido calcular en varias decenas las contratas para la fábrica de navíos, las que a su vez ampliaban la base laboral en su maestranza en varios miles de operarios (^{Valdez-Bubnov, 2011, pp. 420-425}).

La consolidación de las reformas fiscales en Cuba en la década de 1765 debería tenerse en cuenta. El extraordinario incremento de sus rentas, la utilización de las mismas con fines militares, y la masiva captación de donativos y préstamos de su burguesía mercantil y hacendada, son factores que influyeron en el sostenimiento de un costoso y multifacético aparato militar. No hay la menor duda de que sin los inputs de rentas y préstamos, la Hacienda habanera no habría sido capaz de mantener tropas, fortificaciones y construcción naval en niveles de millones de pesos.

Todas estas piezas juntas en perfecta armonía indican con claridad que, si bien México aportó enormes cantidades de plata vitales para su administración castrense, estas no podían sustituir los demás elementos integradores de la financiación militar. Por este motivo, en vez de un proceso de descapitalización de Nueva España o de dependencia cubana de sus vecinos del oeste, habría que hablar de una sincronía de factores financieros.

Archivos

agi Archivo General de Indias, Sevilla, España.

ags Archivo General de Simancas, Valladolid, España.