Criterios para una definición de “cooperativa de crédito”

En principio resulta difícil establecer cuáles fueron los efectos de la desorganización del sistema financiero y de las imprecisiones contenidas en el código de comercio sobre el desarrollo del cooperativismo de crédito. Por un lado, es posible que varias cooperativas hayan surgido como genuinos instrumentos de ayuda recíproca entre individuos pertenecientes a los sectores económicos que se hallaban marginados del circuito bancario tradicional. Por el otro, sin embargo, también es posible que varias cooperativas hayan sido concebidas como instrumentos para la captación de rentas financieras en el curso de una onda especulativa.

Las ambigüedades apenas referidas dificultan la identificación del cooperativismo de crédito como unidad de análisis. Durante el periodo bajo estudio, sociedades eminentemente lucrativas pudieron ser constituidas bajo la forma cooperativa; a la vez, organizaciones con características asimilables a la cooperativa pueden haber sido constituidas bajo otras figuras societarias.

De manera ideal, la individualización de las entidades que corresponden a la definición tradicional de cooperativa⁶ exigiría la realización de un estudio particularizado de las operaciones efectivamente realizadas por cada una de ellas.⁷ Desafortunadamente, las características de la información disponible tornan inviable esta posibilidad y obligan a la adopción de un criterio arbitrario. Así, en este estudio se consideran como “cooperativas” a todas las entidades que fueron reconocidas como tales por los organismos competentes del estado nacional y de las diferentes provincias. Naturalmente esta decisión metodológica comporta importantes limitaciones; sin embargo, por los motivos expuestos, se trata de la única estrategia viable para trazar los contornos del sector cooperativo en su etapa inicial.

Una dificultad analítica adicional deriva de la falta de regulaciones financieras, traducida en la ausencia de parámetros que permitan distinguir claramente entre los diferentes tipos de emprendimientos operantes en el sector crediticio (bancos, sociedades de inversión, sociedades de crédito para la edificación, etc.). En este caso, para identificar las cooperativas operantes en el sector financiero se tiene en cuenta el objeto social principal de la empresa, tal como emerge de la lectura de sus estatutos o de su denominación social. De este modo, el estudio incluye a las cooperativas dedicadas principalmente a la recepción de depósitos y/o concesión de préstamos con finalidades diversas (consumo, vivienda, etc.), generalmente establecidas bajo el nombre de “banco” o “sociedad de crédito”.⁸

Fuentes de información

Otro aspecto ligado a la indefinición del marco legal que complica considerablemente la investigación es la ausencia de un registro unificado y exhaustivo de sociedades cooperativas. La información relativa a las entidades constituidas durante este periodo se encuentra dispersa en una gran variedad de documentos emanados por el Estado nacional y las diferentes provincias. En el presente estudio se han revisado los registros oficiales de la República Argentina (en donde constan los decretos de aprobación de estatutos de las empresas radicadas en la capital federal y de las gobernaciones de Chaco y Misiones) y los registros de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe (Archivo General de la Provincia de Santa Fe; ^{Boletín Oficial de la República Argentina, 1912-1940}; ^{Buenos Aires [ba], 1888-1942}; ^{Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1887-1929}; ^{República Argentina [ra], 1888-1938}, ^1897-1911). Para la identificación de las cooperativas radicadas en centros urbanos de otras provincias y en colonias rurales del interior, se ha recurrido a diversas fuentes primarias y secundarias (^{Anuario Kraft, 1942}; ^{Anuario Veritas (años)}; ^{Auza, 1987}; ^{Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires}; ^{Borea, 1917}; ^{Dorr, 1948}; ^{Museo Social Argentino, 1916}, ¹⁹²⁰, ¹⁹²¹; ^{Niklison, 1920}; ^{Serralunga, 1920a}, ^1920b). Con el fin de minimizar la posibilidad de omisiones, las fuentes citadas han sido cotejadas con los datos de una serie de publicaciones oficiales (periódicas y ocasionales), en las que se listan las principales entidades dedicadas a la actividad bancaria (^{Agote, 1881-1888}; ^{Carranza, 1904-1912}; ^{Comisión Nacional del Censo, 1917}; ^{Dirección General de Estadística, 1926}; ^{Dirección General de Estadística Municipal, 1891-1914}; ^{Terry, 1894}).

Un cuadro general de las cooperativas de crédito establecidas entre 1887 y 1926

Los criterios delineados en la sección anterior han permitido identificar 94 cooperativas de crédito, establecidas entre abril de 1887 y diciembre de 1926 (véase el listado completo en el Apéndice).⁹ Si se tiene en cuenta la naturaleza del proceso en el que fueron constituidas, en una primera aproximación estas entidades pueden ser clasificadas en dos clases. La primera –que denominaremos “espontáneas”– incluye a 61 sociedades surgidas por la iniciativa autónoma de las personas que integraban su base social. La segunda –que denominaremos “inducidas”– comprende 33 cajas rurales de tipo Raiffeisen,¹⁰ formadas por colonos del interior del país, bajo los auspicios de una asociación de laicos católicos radicada en la ciudad de Buenos Aires (véase gráfica 1).

La distinción apenas esbozada refleja también importantes diferencias en términos del origen social, los objetivos perseguidos y la estructura societaria adoptada por las cooperativas. Las entidades espontáneas fueron formadas por grupos pertenecientes a estratos sociales altos y medios, con capacidad para movilizar una masa considerable de ahorros. Casi sin excepciones, su capital estaba compuesto por acciones nominativas, integradas en dinero por sus asociados, quienes respondían por las operaciones realizadas por la sociedad hasta el monto de las acciones suscritas. Su establecimiento coincidió con tres periodos caracterizados por un fuerte crecimiento del producto interno bruto (1887-1889, 1898-1913 y 1918-1926) (véase gráfica 1). La ausencia de entidades espontáneas durante los años que siguieron a las crisis de 1890 y 1914 refuerza la idea de un comportamiento pro-cíclico; sobre la base de esta relación, nuestra hipótesis es que la mayor parte de estas cooperativas habrían sido concebidas como instrumentos para canalizar recursos relativamente abundantes hacia actividades especulativas (por parte de oportunistas), o productivas (por parte de individuos que tenían dificultades para acceder al circuito bancario tradicional).¹¹

Las cooperativas inducidas, en cambio, fueron promovidas por una organización externa. La gráfica 1 muestra que su fundación se concentró especialmente en el quinquenio 1912-1916; como se discutirá más adelante, ese periodo coincidió con la etapa inicial –y la más intensa– de la campaña propagandística emprendida por sus impulsores. A diferencia de lo que ocurría en las cooperativas espontáneas, los asociados de las cooperativas inducidas eran pequeños arrendatarios rurales, titulares de un capital reducido, generalmente limitados a unos pocos instrumentos, animales de labranza y a la promesa de una futura cosecha (Seguí, 1898). Dado que la capacidad de ahorro de estos productores era exigua, el capital social de estas cooperativas no estaba constituido por acciones en dinero, sino por la suma de los patrimonios poseídos individualmente (animales, herramientas, insumos, etc.). Utilizando el conjunto de esos patrimonios como garantía, las entidades negociaban contratos de crédito y arrendamiento con la banca comercial y con los grandes terratenientes; tales operaciones eran efectuadas “por cuenta de todos” y los socios respondían solidaria e ilimitadamente por cada uno de los contratos celebrados (^{Serralunga, 1920a}).

Impulsores de las cooperativas espontáneas: elites, empleados y judíos

Si se examina la nómina de sus fundadores y principales dirigentes, la mayor parte de las cooperativas espontáneas pueden ser asociadas a tres sectores o grupos sociales diferentes. El primero comprende a reconocidas figuras de la elite política, intelectual y económica argentina (dirigentes partidarios, diplomáticos, profesionales, masones, académicos, funcionarios públicos, comerciantes e industriales); la lista también abarca políticos y empresarios influyentes a nivel provincial o local, cuyos nombres aparecen en revistas de sociedad y finanzas, anuarios comerciales, memorias empresariales, compilaciones biográficas y otras fuentes secundarias.¹² El segundo grupo incluye a individuos pertenecientes a un mismo oficio o categoría profesional; la mayoría eran trabajadores de reparticiones estatales radicadas en la ciudad de Buenos Aires, tales como el Ministerio de Agricultura, las obras sanitarias, los ferrocarriles, la policía, y las escuelas (^{Congreso Nacional, 1904, p. 563}; ^{Crisol, octubre de 1920, núm. 4, pp. 14-19}; ^{Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1887-1929, t. i, p. 45}; ^{Moirano, 1948}; ^{Rodríguez, 1975, pp. 392-393}; ^{Seijo, 1937}). Finalmente, el tercer grupo está compuesto por pequeños productores y comerciantes de origen judío askenazí, cuyas cooperativas llevaban la palabra “israelita” en su denominación social.¹³

Sobre la base de las distinciones apenas esbozadas, las entidades espontáneas han sido divididas en tres categorías, denominadas respectivamente: “elites”, “empleados” y “judíos” (véase cuadro 1). Asimismo, bajo la designación “otros” se enlistan diez sociedades que no han podido ser asignadas a ninguno de los agrupamientos anteriores.¹⁴ Considerando su razón social y el nombre de los dirigentes que suscribían sus balances, es posible intuir que no se trata de cooperativas de empleados o judíos. Es probable que hayan sido fundadas por personajes pertenecientes a las “elites” locales o provinciales –empresarios, políticos o intelectuales cuyos nombres no aparecen en las fuentes de información consultadas.¹⁵

Como muestra el cuadro 1, la fundación de las cooperativas de la categoría “elites” se concentró especialmente en el periodo 1898-1913. En aquel momento, el crecimiento de las exportaciones y la sustancial mejora en los términos del intercambio acentuaban el ritmo de la expansión monetaria (^{Nakamura y Zarazaga, 2001}). Al mismo tiempo, el diferencial existente entre la tasa de interés y la tasa de aumento del valor de la tierra favorecía el desarrollo de operaciones especulativas vinculadas al mercado inmobiliario (^{Adelman, 1990}), y estimulaba un desacople creciente entre las variables financieras y reales de la economía.¹⁶

Si a las condiciones del contexto económico se suman las imprecisiones del cuadro normativo del cooperativismo emergen algunas dudas acerca de la naturaleza de los objetivos que inspiraban el funcionamiento de estas entidades. En otras palabras, cabe preguntarse si las cooperativas impulsadas desde algunos de los sectores más pudientes de la sociedad estaban genuinamente inspiradas en los principios de la solidaridad y la ayuda recíproca, o si por el contrario funcionaban como instrumentos para la apropiación de beneficios individuales.

Desafortunadamente, el carácter limitado de la información disponible impide evaluar la situación particular de cada cooperativa. Sin embargo, si se toman como referencia algunos casos emblemáticos –para los cuales existen datos fehacientes– el grupo en cuestión revela una heterogeneidad considerable. En un extremo es posible identificar entidades auténticamente solidarias como El Hogar Obrero. Esta sociedad, que representó la principal iniciativa del partido socialista en el campo de la cooperación, tenía por objetivo mejorar las condiciones habitacionales de los trabajadores residentes en la ciudad de Buenos Aires al otorgar créditos blandos para la adquisición de la vivienda propia.¹⁷ En cambio, en el extremo opuesto, se colocan entidades como El Hogar Argentino –una cooperativa espuria fundada por un grupo de empresarios y políticos poderosos¹⁸ que llegó incluso a financiar la adquisición de tierras y la construcción de edificios mediante la emisión de acciones en los mercados bursátiles europeos (^{Ballent, 1988}; ^{Vida Financiera, 20 de octubre de 1913, núm. 29, p. 1}).

Retornando a los datos reportados en el cuadro 1, se advierte la menor importancia cuantitativa de las cooperativas formadas por empleados y judíos. En conjunto, ambas categorías representan menos de la mitad de las cooperativas agrupadas bajo la denominación “elites”. En términos cualitativos, sin embargo, los grupos en cuestión muestran una considerable homogeneidad interna, caracterizada por una neta prevalencia de finalidades solidarias.

Las cooperativas de empleados surgieron a partir de la primera década del siglo xx, por iniciativa de un sector de la sociedad que contaba con ingresos relativamente altos, suficientes para movilizar una masa consistente de ahorros.¹⁹ En su funcionamiento combinaban algunas operaciones características de la intermediación bancaria, tales como la recepción de depósitos y el otorgamiento de créditos para el consumo y la edificación, con otras típicamente mutualistas. Sus asociados podían contribuir a la constitución de fondos solidarios contra enfermedad, invalidez, vejez y muerte (^{Congreso Nacional, 1904}; ^{Moirano, 1948}; ^{Museo Social Argentino, 1916}; ^{Rodríguez, 1975}; ^{Seijo, 1937}), o bien participar en actividades de formación técnica y otros eventos sociales orientados a “fomentar la unión y el compañerismo” (^{Crisol, núm. 4, octubre de 1920, pp. 14-19}).

Por tratarse de un hecho inusual para la época, resulta interesante destacar que una de las primeras comisiones directivas de la entidad más antigua de este grupo –el Banco Escolar Argentino– contó con la presencia femenina de la profesora Modesta S. de Salas (^{The Argentine Yearbook, 1907, p. 235}). En un contexto histórico caracterizado por la hegemonía de los hombres en el mundo de los negocios, la combinación entre magisterio y cooperativismo parece haber abierto un camino excepcional para la llegada de una mujer a una posición de poder.

Las cooperativas de crédito de origen judío, por su parte, operaban exclusivamente al interior de las comunidades de inmigrantes askenazí, financiando no sólo los emprendimientos productivos de sus miembros –la mayor parte comerciantes, artesanos y pequeños productores rurales–, sino también las actividades y organizaciones culturales, educativas y religiosas de la colectividad (^{López, 1987, p. 27}; ^{Reula, 1969, pp. 262-265}). Todas ellas se establecieron en colonias rurales y centros urbanos caracterizados por una fuerte presencia de esa colectividad de inmigrantes, durante el quinquenio comprendido entre 1922 y 1926 (véase cuadro A1, Apéndice).

Las causas de esta aparición relativamente tardía se encuentran en la naturaleza del proceso social que derivó en su constitución. Desde su llegada al país, hacia finales de la década de 1880, los judíos de origen askenazí habían impulsado iniciativas de ayuda recíproca, generalmente estructuradas bajo la forma de círculos informales, asociaciones de socorros mutuos o cooperativas de propósitos múltiples. En su etapa inicial, esas organizaciones ofrecían una gama de servicios variados, tales como la venta unificada de la producción, la concesión de pequeños anticipos de dinero a corto plazo, y la compra conjunta de máquinas, insumos y artículos de consumo (^{Feierstein, 2006}; ^{Mirelman, 1990}). Con el transcurso del tiempo, la relativa prosperidad económica alcanzada por muchos de sus integrantes se tradujo en un incremento de la masa de fondos prestables y de las exigencias de capitales para la inversión. El aumento del volumen y de la complejidad de los servicios financieros demandados favoreció una especialización de la oferta y estimuló a las organizaciones más dinámicas a constituirse formalmente como cooperativa de crédito.²⁰

Impulsores de las cooperativas inducidas: la acción social de los laicos católicos

Las cooperativas “inducidas” fueron promovidas por una asociación de laicos católicos denominada Liga Social Argentina (en adelante lsa), constituida en la ciudad de Buenos Aires en 1908. Inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia, las iniciativas de esta organización apuntaban a mejorar las condiciones de vida de las clases populares y contrarrestar al mismo tiempo la creciente influencia del socialismo ateísta sobre ese segmento de la sociedad.

A diferencia de otras instituciones pioneras del activismo católico argentino –más preocupadas por la cuestión obrera– la labor de la lsa se concentró en el ámbito rural. Por entonces el sector agropecuario presentaba una estructura económica piramidal, caracterizada por una base atomizada, compuesta por pequeños productores desprovistos de tierra y capital, y un vértice integrado por ricos latifundistas y poderosas instituciones bancarias (^{Seguí, 1898, pp. 365-391}). Los intermediarios, que oficiaban como nexo entre la base y el vértice, aprovechaban la debilidad contractual del pequeño productor para establecer condiciones de crédito usurarias y para pactar subarrendamientos por periodos breves, los cuales forzaban al colono a aceptar condiciones leoninas de renovación para no perder las inversiones realizadas en los terrenos.

Con el fin de acabar con estas prácticas de explotación económica y mejorar la calidad de vida en las colonias, la lsa propuso la creación de una red capilar de cajas rurales de tipo Raiffeisen, similares a las que funcionaban con éxito en varios países europeos. Como se explicó más arriba, este modelo aunaba los pequeños capitales individuales para conectar directamente al colono con el circuito bancario tradicional y con los arrendadores latifundistas. Sin embargo, al igual que la mayor parte de las iniciativas inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia, sus objetivos trascendían el plano económico.

En efecto, el proyecto de la lsa aspiraba también a expandir la influencia del catolicismo en el medio rural, colocando a la religión como piedra angular de un instrumento de emancipación económica. En el modelo de cooperación propuesto por la lsa, la caja rural actuaba “por cuenta de todos” y sus asociados debían responder ilimitadamente con sus propios patrimonios por cada una de las operaciones realizadas. La viabilidad económica de esta estructura societaria requería la existencia de estrechos vínculos de confianza y reciprocidad entre los integrantes de la base social, lo cual, a su vez, justificaba la introducción del principio de homogeneidad religiosa: la adhesión a los valores cristianos de la honestidad, la solidaridad y el bien común eran consideradaos un requisito indispensable para el ingreso del colono a la cooperativa (^{Serralunga, 1920b, p. 271}).

A fin de llevar a la práctica su ambicioso programa, en 1910 los dirigentes de la lsa contrataron a Giuseppe Serralunga Langhi, un abogado italiano que conocía de primera mano la experiencia de los millares de cajas rurales católicas que funcionaban en su país. Serralunga elaboró un estatuto modelo y lideró una delegación que, a partir de 1911, visitó numerosas colonias y pueblos del interior de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Allí, los enviados de la lsa mantuvieron reuniones con los colonos interesados, dictaron conferencias y repartieron folletos explicativos de las ventajas del modelo cooperativo (^{La Civiltà Cattolica, 15 de marzo de 1913, pp. 755-756}).

Los primeros resultados de esta campaña propagandística fueron prometedores. Entre 1912 y 1913 comenzaron a funcionar doce cajas rurales y se presentaron más de un centenar de propuestas para la creación de otras nuevas (^{Auza, 1987, p. 275}). Durante los dos años sucesivos se establecieron otras catorce; sin embargo, a partir de 1917 el ritmo disminuyó considerablemente (véase gráfica 1). En 1918 la lsa intentó recuperar el dinamismo perdido mediante la creación de una organización de segundo grado denominada Sindicato Argentino de las Cajas Rurales (sacr), pero el escaso número de cooperativas adherentes le impidió cumplir eficazmente con aquel objetivo (^{Auza, 1987, p. 278}).

Los cambios normativos introducidos en 1926 y su impacto sobre las cooperativas subsistentes

Haciendo hincapié en la necesidad de promover el desarrollo del sector y de evitar la desnaturalización de sus finalidades solidarias, entre 1915 y 1925 varios legisladores presentaron proyectos para la modificación del cuadro normativo del cooperativismo.²³ Esas propuestas fueron luego recogidas por la comisión de códigos del senado, que en 1926 sometió a consideración del parlamento una solución de síntesis articulada en dos textos independientes. El primero de ellos, sancionado a principios de octubre, delineó algunas medidas de fomento. En particular, introdujo una excepción en el reglamento vigente del Banco de la Nación Argentina, autorizándolo a conceder préstamos especiales a las sociedades cooperativas por plazos superiores a los seis meses (art. 1). También eximió a las cooperativas de una serie de impuestos nacionales, incluyendo el papel sellado y la contribución sobre el valor de los edificios y construcciones (art. 5).²⁴

El segundo texto, que por una desprolijidad administrativa fue sancionado luego de la entrada en vigor de las medidas de estímulo (^{Repetto, 1932, p. 271}), abrogó las normas del código de comercio e introdujo novedades tendentes a garantizar la finalidad no lucrativa del cooperativismo.²⁵ Entre sus disposiciones más importantes, la ley acotó las posibilidades de apropiación individual de beneficios económicos y del capital acumulado por la cooperativa (véase cuadro 3, líneas 1 a 6), y estableció límites a la tasa de interés cobrada en las operaciones de préstamo (cuadro 3, línea 7). En línea con la legislación internacional, la norma también limitó la responsabilidad de los asociados al monto de las acciones integradas y consagró el principio de neutralidad política y religiosa del cooperativismo (cuadro 3, líneas 8 y 9).²⁶

Las disposiciones sintetizadas en el cuadro 3 tuvieron un impacto profundo e inmediato sobre las 44 entidades subsistentes (véase cuadro 2). Como explica ^{Tenembaum (1946, p. 232)}, la incorporación de los principios de neutralidad política y religiosa y la obligatoriedad de la figura de la responsabilidad limitada tornaron inviable el modelo cooperativo Raiffeisen, y motivaron la desaparición definitiva de las pocas cooperativas inducidas que continuaban en actividad.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por la comisión que elaboró el texto de la norma, la responsabilidad limitada apuntaba a garantizar un mayor control de la solvencia de las sociedades, en tanto que la neutralidad política y religiosa buscaba evitar la disgregación y el faccionalismo que evidenciaban algunos movimientos cooperativos extranjeros (^{Bravo, 1927, pp. 227-228 y 238-240}). Sin embargo, más allá de estas justificaciones, no puede descartarse que la solución legislativa haya sido parcialmente motivada por la amenaza que una potencial difusión del cooperativismo de crédito católico representaba para las corrientes liberales y socialistas que por entonces dominaban la escena política nacional (^{Serralunga, 1920b, p. 271}).

Paralelamente, los preceptos tendentes a asegurar el carácter no lucrativo del cooperativismo (cuadro 3, líneas 1 a 7) provocaron mutaciones significativas en un sector de las cooperativas espontáneas. En un lapso relativamente breve, la mayor parte de las entidades agrupadas en las categorías “elites” y “empleados” concretaron su transformación en sociedades anónimas lucrativas (véase cuadro 4, segunda columna).

Si bien no ha sido posible establecer los factores que motivaron la decisión de cada entidad, el comportamiento observado contribuye a reforzar la hipótesis de una fuerte incidencia de objetivos lucrativos entre las cooperativas de la categoría “elites”.²⁷> Por el contrario, en el caso de las cooperativas formadas por empleados –surgidas con propósitos esencialmente solidarios– la elevada tasa de transformaciones resulta llamativa.²⁸ Aunque la determinación de los factores que subyacen a este curioso fenómeno requeriría la realización de un análisis particularizado, la lectura de un estudio de la época permite esbozar una hipótesis interpretativa (véase ^{Seijo, 1937}): es probable que las finalidades mutualistas hayan ganado preeminencia sobre las actividades de intermediación financiera, y que la figura de la sociedad anónima haya sido considerada más idónea para el cumplimiento de tales funciones.

La situación de las cooperativas judías contrasta notoriamente con los grupos anteriores. Seis de las ocho entidades comprendidas en esta categoría continuaron operando bajo la forma cooperativa (véase cuadro 4, tercera columna). Al mismo tiempo, los incentivos económicos ofrecidos por la Ley 11.380 indujeron a la constitución como cooperativas de crédito de algunas instituciones de la colectividad que hasta ese momento habían operado de manera informal o bajo otras formas asociativas (cuadro 4, sexta columna y cuadro A2, Apéndice).²⁹ Como resultado de esta evolución, hacia principios de la década de 1930 comenzaba a perfilarse una clara prevalencia de las entidades judías (cuadro 4, séptima columna); durante las décadas sucesivas esa tendencia se acentuaría gradualmente, y hacia fines de los años cincuenta las entidades de la colectividad liderarían un proceso de acelerada expansión del cooperativismo de crédito hacia otros segmentos de la sociedad argentina (^{Schujman, 1979}).