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América Latina en la historia económica

versión On-line ISSN 2007-3496versión impresa ISSN 1405-2253

Am. Lat. Hist. Econ  no.34 México jul./dic. 2010

 

Reseñas

 

Josep M. Delgado Ribas, Dinámicas imperiales (1650–1796). España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español

 

José María Fernández Palacios

 

Barcelona, Bellaterra, 2007, 662 pp.

 

Universidad Complutense de Madrid

 

La presente obra combina a la perfección su utilidad de síntesis con la de trabajo de amplio conocimiento monográfico, tanto bibliográfico como de fuentes primarias, acerca del comercio español con América durante la época colonial. Josep M. Delgado Ribas1 cuenta con una amplia trayectoria intelectual dedicada a los estudios de historia económica en el contexto de la América española colonial y un amplio bagaje que le permite abordar un estudio integrado de la evolución del comercio colonial español atendiendo tanto a su dimensión peninsular como a la americana, así como a la inserción de la monarquía española en el contexto internacional.

Pero más allá de la consecución de una profunda síntesis monográfica sobre la evolución de este comercio, el autor lleva a cabo todo un proceso de revisión historiográfica de algunos de los lugares comunes más consolidados en la tradición historiográfica acerca de la labor del reformismo borbónico en el ámbito del comercio indiano. De este modo, Delgado Ribas aborda la paradoja existente entre la aceptación historiográfica de que el cambio institucional consecuente con la entronización de la dinastía Borbón contribuyó decisivamente a la modernización y desarrollo de la economía española y el hecho de que la brecha de desarrollo económico entre el norte y el sur de Europa no hiciera sino acrecentarse a lo largo del siglo XVIII. Dada la importancia de la dimensión colonial en la evolución europea, América y, por ende, el comercio indiano, cobran un papel de primera magnitud a la hora de abordar este complejo mundo de dinámicas imperiales.

La primera conclusión que se extrae del libro es que apenas hubo cambios institucionales en el comercio americano hasta el reinado de Fernando VI (1746–1759). Así, durante los primeros cinco capítulos de la obra expone la situación de partida del comercio español con América, una vez producida la pérdida de su preponderancia en Europa, hasta el tímido inicio de las reformas con Fernando VI, dejando para los capítulos restantes el análisis del gran ciclo reformista que se acometió en el reinado de Carlos III. El hecho mismo de que España lograra conservar el imperio americano, a priori su más preciosa posesión, en el difícil contexto histórico que va desde los inicios del reinado de Carlos II a la finalización de la guerra de sucesión española en 1714, ya nos habla del gran protagonismo que adquiere el contexto internacional a la hora de abordar todo análisis del comercio indiano. Para nuestro autor, España conservó intacto su imperio americano porque, dadas las concesiones comerciales que hubo que realizar, las potencias estaban interesadas en el mantenimiento del sistema tradicional de monopolio español del cual se lucraban utilizando como intermediarios a los comerciantes gaditanos.

En la situación descrita, las autoridades españolas debieron contentarse con intentar recuperar la periodicidad tradicional de las flotas en espera de que llegara un momento más propicio para emprender una política mercantilista similar a la del resto de potencias europeas. De este modo, durante todo el periodo de Felipe V se antepusieron los intereses políticos (asegurar la llegada de las remesas de metales preciosos americanos y garantizar las comunicaciones y vínculos interoceánicos) a los económicos. El corolario de esta línea política va a ser el Proyecto de Flotas y Galeones de 1720, a cuyo análisis el autor dedica todo el capítulo tercero y del que concluye que supuso aún un mayor lastre para el desarrollo del comercio directo español dado el desincentivador aumento de las cargas fiscales que contemplaba. El proyecto de 1720, en efecto, pronto mostró sus carencias no sólo para el sector comercial y naviero español, sino también para los intereses del Estado. Así, el resultado práctico fue que el aumento de la presión fiscal incrementó el contrabando, privando, de esta forma, a la Real Hacienda cada vez de más recursos fiscales.

Precisamente fue, a juicio de Delgado Ribas, el endurecimiento de la lucha para frenar el contrabando lo que acabó conduciendo a una escalada de tensiones con Gran Bretaña que desembocaría en la conocida Guerra de la Oreja de Jenkins (1739–1748). El conflicto tuvo una dimensión fundamentalmente americana e impuso la utilización de la fórmula de los navíos de registro para mantener, en aquella difícil coyuntura, las comunicaciones y el comercio con América. Los aceptables resultados del empleo de buques de registro suponían una amenaza de muerte para los grandes beneficiados del sistema tradicional, los cuales eran fundamentalmente las oligarquías comerciales gaditanas, limeñas y mexicanas. Finalmente, estas oposiciones internas, unidas a las tradicionales barreras derivadas de los compromisos internacionales de España, provocaron la perpetuación del sistema tradicional. Sin embargo, desde el punto de vista teórico se produjo la apertura de un amplio debate teórico en pro de la liberalización del tráfico, que fue particularmente intenso en el periodo de paz que se verifica en el reinado de Fernando VI.

En los capítulos quinto y sexto, Delgado Ribas analiza esta etapa de fecundidad teórica anterior a la entrada de España en la guerra de los Siete Años. La política de neutralidad dio a España, ante la inminencia de un conflicto francobritánico, mayor capacidad de maniobra diplomática. Este margen se aprovechó para lograr la consecución del acuerdo hispanobritánico de 1750 por el que desaparecían las hipotecas que España había contraído con el comercio británico (fundamentalmente, el asiento de negros y el navío de permiso) tras el Tratado de Utrecht. Paralelamente a estos avances diplomáticos, esta etapa fue la más genuina en los aportes teóricos a favor de una política de liberalización comercial. De la mano de la actividad reformista del ministro de Estado Ricardo Wall se van a suceder las propuestas teóricas encaminadas a tal liberalización; de todo este debate teórico Delgado Ribas destaca en su análisis las aportaciones de Simón de Aragorri (marqués de Iranda), Campomanes y Bernardo Ward.

La continuidad que Carlos III dio al ministro Wall hacía prever una profundización en la línea de liberalización del comercio colonial, pero la entrada de España en la guerra de los Siete Años iba a mediatizar profundamente todo el debate acerca del comercio; nuevamente los intereses políticos se anteponían a los económicos. Los sonados fracasos de la intervención española en la contienda convencieron a Carlos III y su gobierno de la absoluta necesidad de emprender una reforma militar que asegurase la protección del imperio. Desde entonces, la reforma comercial quedó indisolublemente unida a la cuestión del financiamiento militar, más aún en el caso de la reforma del comercio colonial ya que este era uno de los escasos sectores de los que la Real Hacienda podía valerse fiscalmente para financiar la ambiciosa política militar de Carlos III.

Por tanto, Delgado Ribas coincide con otros autores en la revisión historiográfica de las reformas borbónicas al concluir que a partir de estos momentos el aspecto militar se convierte en el motor del que van a depender el resto de las reformas. Buena prueba de ello es que, tras la experiencia de la guerra, el discurso teórico sobre la necesaria reforma del comercio indiano debió readaptarse. Ahora debían conjugar el objetivo tradicional de aumentar las relaciones comerciales entre España y América con la necesidad de incrementar los ingresos fiscales derivados de tal actividad. Desde esta nueva perspectiva, aportaciones teóricas como las de Francisco de Craywinckel, Francisco Goossens, por citar sólo las analizadas con mayor profundidad por Delgado Ribas, matizarán las de la etapa prebélica para acabar dando como resultado el dictamen de la comisión de expertos de 1765, punto de arranque de la puesta en marcha del "comercio libre".

El dictamen de 1765 había logrado la cuadratura del círculo sobre el problema del comercio colonial: el comercio español vería incentivada su actividad a través de una rebaja de la presión fiscal mientras que, a su vez, se lograría el mantenimiento, cuando no el aumento, de los rendimientos que la Real Hacienda obtenía de la actividad a través de la apertura al comercio directo con América de puertos de todas las provincias españolas. Pero más allá de las medidas concretas, lo que interesa destacar es la interpretación que Delgado Ribas hace del nuevo "comercio libre"; para nuestro autor este comercio introducía una nueva concepción de la relación colonial. En esta nueva concepción los reinos de las Indias ya no debían limitarse a su papel de suministradores de metales preciosos, "la savia del imperio", sino que debían constituirse, en beneficio de la corona y la península, en mercados para el desarrollo exterior de la metrópoli; es decir, en auténticas colonias.

La nueva concepción colonial acabó imponiéndose en la práctica, pero no sin oposición. Una oposición que tuvo a su sector más combativo en los grupos beneficiados por el sistema tradicional del puerto único y parte de la administración española. Este sector, estudiado a profundidad por Delgado Ribas en el capítulo octavo, estaba liderado por frey Julián de Arriaga (desde 1754 secretario de Marina e Indias), quien logró desarrollar una importante labor de oposición. La acción contrarreformista se basaba en una doble estrategia opositoria: por un lado la elaboración de un discurso teórico defensor del sistema tradicional y, por otro, una actividad fáctica obstruccionista en connivencia con autoridades indianas. Aunque la oposición llegó a ser tan eficaz como para estar a punto de malograr la reforma precisamente en la estrategia clave de la visita general de José de Gálvez a Nueva España, todo fue inútil y la reforma acabó imponiéndose.

Con todo, la nueva concepción colonial se impuso no tanto por los buenos resultados económico–comerciales de la reforma como por las necesidades político–financieras de la estrategia imperial de Carlos III. Lo cierto era que, para 1765–1778, los buenos resultados económicos que el comercio español había logrado de los intercambios con Nueva España a través del mantenimiento del sistema de puerto único –aunque es cierto que coincidieron con una coyuntura económica favorable al interior del virreinato– se contraponían a unos resultados muy limitados del "comercio libre". Así, el nuevo comercio se había mostrado incapaz de revitalizar los intercambios con las zonas hasta entonces marginadas de las rutas comerciales imperiales y, de hecho, la escasez de abastecimiento europeo en las islas de barlovento continuó con la excepción de Cuba. En esta tesitura, si la política reformista continuó avanzando se debió, y esto es una clave de toda la línea interpretativa de Delgado Ribas respecto al reformismo borbónico, a la necesidad imperiosa de aumentar los ingresos fiscales de la corona.

Los gastos crecientes y el abandono definitivo del proyecto de implantación de una contribución única obligaron a la segunda generación de ministros de Carlos III a adoptar nuevas medidas para incrementar los ingresos, reformas de las que no estaría exento el comercio colonial. Los dos hombres fuertes del nuevo gobierno, José Moñino, conde de Floridablanca, en la secretaría de Estado, y José de Gálvez en la de Indias consiguieron doblegar la oposición, tanto interior como exterior (dependencia francesa de la entrada de España en la guerra de independencia estadunidense), para dar un impulso definitivo a la nueva concepción de la relación colonial a través del nuevo Reglamento de Comercio Libre de 1778.

A parte de la ampliación del ámbito de este comercio con la sola excepción, más teórica que práctica, de Nueva España (puerto de Veracruz) y Venezuela, lo que Delgado Ribas considera realmente trascendental de esta nueva reglamentación es su dimensión fiscal. España daba el paso definitivo hacia una política mercantilista a través de la imposición de impuestos ad valorem sobre las mercancías y, a partir de ellos, desarrollaba una política de tarifa diferencial que castigaba fiscalmente a los productos de reexportación extranjeros frente a los españoles. Con las medidas anteriores se pretendía potenciar la "industria popular" española, reforzar, a través del abastecimiento de bienes de primera necesidad, los vínculos entre la península y América y, finalmente, proteger y fomentar la marina mercante española, todo ello, eso sí, sin sufrir merma alguna en los ingresos fiscales que la corona obtenía del comercio colonial.

No obstante, para que los anteriores objetivos político–fiscales se cumplieran dependía de la respuesta, por un lado, del comercio colonial español y, por otro, de la del "mercado interno americano", es decir, los objetivos de la reforma volvían a ser políticos, pero su viabilidad dependía de su éxito económico. Aunque esta disyuntiva no se ha venido planteando por la historiografía que ha tratado sobre el reglamento de 1778, este si se ha venido considerando como una de las grandes medidas modernizadoras del gobierno ilustrado de Carlos III atribuyéndole el inicio de una nueva etapa de crecimiento y prosperidad del comercio indiano. Sin embargo, la nueva reforma que, capitaneada por la iniciativa del conde de Floridablanca, debió acometerse del sistema de "comercio libre" tras la muerte de Gálvez pone sobre aviso de que, en la práctica, los resultados económico–comerciales del reglamento de 1778 no fueron tan satisfactorios como la historiografía ha venido suponiendo.

En este sentido, Delgado Ribas dedica los capítulos undécimo y duodécimo a analizar los resultados prácticos de la reforma planteada en 1778. Fundamentalmente, el cambio institucional acabó provocando un aumento de los costos de transacción que soportaba el comercio español como consecuencia de una intensificación de la presión fiscal debida, básicamente, al mantenimiento de las contribuciones tradicionales en los nuevos puertos habilitados para el comercio indiano. El objetivo prioritario, político, de Gálvez de aumentar a corto plazo los recursos fiscales de la corona se cumplió, pero las previsiones económicas de los reformadores fallaron ante la constatación de un grueso error de cálculo teórico. Dicho error consistía en que los comerciantes españoles no podían repercutir el incremento fiscal al consumidor americano porque la incapacidad real para acabar con el contrabando permitía la conservación de la elasticidad del "mercado americano". La profunda crisis comercial de 1786–1787 demostraba, además, a los teóricos reformistas que los defensores de las posturas tradicionalistas no estaban totalmente exentos de razón al considerar imprescindible una escasez relativa de los mercados americanos para conseguir unos precios remuneradores para el comercio español.

Pese a los malos resultados comerciales de la reforma de 1778, el gobierno español no pudo actuar en el plano institucional hasta la muerte del ministro José de Gálvez en el verano de 1787. La nueva reforma institucional del comercio colonial, además, fue liderada por Floridablanca, el cual decidió mantenerse siempre en los márgenes marcados por el "libre comercio". No obstante, esta segunda acometida reformista al "libre comercio" supone, a juicio de Delgado Ribas, fundamentalmente un regreso a los postulados de equilibrio colonial. Así, se renunció en gran medida a las pretensiones dinamizadoras de la industria española a través del mercado americano a cambio de garantizar la recuperación, en gran parte lograda al nivel de 1785, en lo que a intercambios entre la península y América se refiere. El caso es que esta recuperación del nivel de intercambios era considerada fundamental por Floridablanca porque representaba una garantía del reforzamiento del vínculo imperial. Por tanto, como ya venía ocurriendo desde el reinado de Felipe V, las prioridades políticas volvían a imponerse sobre las económicas en el ámbito del comercio colonial.

En definitiva, la presente obra de Delgado Ribas supone toda una revisión historiográfica sobre la política comercial americana del reformismo borbónico. Dicha revisión no sólo se limita a poner sugestivamente en cuestión muchas de las interpretaciones historiográficas acerca de los buenos resultados "modernizadores" de esta política, sino que llega al extremo de cuestionar la propia bondad que en tal sentido tuvieron las intenciones de los reformistas ilustrados. Así, el análisis de Delgado Ribas se inscribe en una corriente historiográfica que en la última década viene analizando la relación existente entre el marco institucional y el desarrollo comercial e industrial de un país. Autores como North, O'Brein o Acemoglu insisten en el obstáculo que suponen los intereses de las elites beneficiarias del sistema absolutista al desarrollo de instituciones capitalistas capaces de promover el crecimiento de sectores sociales susceptibles de poner en cuestión su exclusividad de poder. Así, para Delgado Ribas, la decisión del gobierno de Carlos III de hacer recaer el peso del financiamiento militar en los súbditos americanos y en los comerciantes españoles sería una decisión tomada conscientemente por una minoría privilegiada en provecho propio, pero arropada de un discurso ideológico de fomento de la industria y el comercio español.

Se compartan o no las conclusiones de esta profunda revisión, lo cierto es que el autor la fundamenta con un amplio conocimiento historiográfico y de fuentes, una solvencia intelectual conjugada a la perfección con un productivo esfuerzo de síntesis explicativa. Todos estos avales historiográficos configuran este libro como una herramienta fundamental para conocer, correctamente contextualizada en sus dimensiones americana, peninsular e internacional, la evolución institucional del comercio indiano entre 1650 y 1796, tras esta fecha la cadena de conflictos bélicos que llevarán a la independencia de la América continental española hace difícil hablar de una política comercial coherente.

 

NOTA

1 Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Barcelona, en la actualidad es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y participa en diversos grupos de investigación sobre historia colonial comparada.

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