Dossier temático: Acervos documentales de empresas mexicanas

 

La riqueza del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos

 

Eduardo Clavé Almeida*

 

* Archivo Histórico, Petróleos Mexicanos.

 

Si como afirma Carlos Marichal, "hoy en día ya no es posible ofrecer una explicación de cualquier acontecimiento o proceso significativo del siglo XX sin tener en cuenta el papel fundamental de las empresas (públicas o privadas) tanto en el plano económico como en el político o el social",¹ -y las empresas petroleras que operaron antes en México-puede ayudamos a explicar una parte fundamental de nuestro proceso económico en el siglo pasado y, desde luego, en el presente.

El propósito de este trabajo es ofrecer un panorama del acervo del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, integrado por expedientes de las compañías petroleras expropiadas en 1938 y enriquecido con documentación de las instituciones encargadas de la administración del petróleo durante los gobiernos posteriores. Constituye una fuente rica y variada de enorme importancia para el estudio del desarrollo de esta industria en nuestro país, y para la reconstrucción histórica de procesos que involucran cuestiones agrarias, laborales, jurídicas y financieras, entre muchas otras.

Desde el punto de vista del desarrollo de la industria, la historia del petróleo en México puede dividirse en dos etapas. Por un lado, tenemos un periodo preindustrial en el que se incluyen, por ejemplo, los distintos usos que los antiguos mexicanos hicieron del chapopotli en ungüentos curativos, dentífricos, aromatizantes y pegamentos; o los intentos de Maximiliano de Habsburgo por estimular la explotación del subsuelo a través de la reglamentación de la propiedad nacional en la materia, la cual establecía que los yacimientos de carbón y petróleo podían explotarse mediante concesión. Esto condujo, en 1864 y 1865, al otorgamiento de 38 concesiones petroleras en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, en la zona del istmo y en regiones de Puebla cercanas a la Huasteca.² La segunda etapa comienza propiamente en 1900, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, cuando el país había experimentado un desarrollo industrial sin precedentes al amparo de la estabilidad política y económica y de las inversiones extranjeras, cuando las primeras empresas de capital privado comenzaron la extracción, refinación y comercialización del crudo en gran escala. De este modo surgió también un incipiente mercado para los productos petroleros.

Las primeras compañías petroleras que se establecieron en el país fueron la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria de la Mexican Petroleum Company, estadunidense, y la S. Pearson and Son Limited, inglesa, que en 1909 transfirió sus derechos a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.³

El surgimiento de la nueva industria abarcó una serie de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y comerciales que fueron gestando la historia del petróleo. Esta historia, con sus avances y retrocesos, se puede configurar con la memoria documentada que resguarda el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.

Gracias al interés de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y a la asesoría que ofrecieron los doctores Carlos Marichal y Luis Aboites, investigadores de El Colegio de México, la riqueza temática, documental y gráfica se ha rescatado a través de un intenso proyecto de conservación, catalogación y sistematización llevado a cabo por un grupo interdisciplinario de profesionales en historia, cómputo y conservación desde noviembre de 1998.⁴

Los parámetros cronológicos del acervo abarcan de 1850 a 1970, aunque es posible encontrar otras referencias. Aquí se encuentra la documentación más antigua sobre la historia de la industria petrolera en nuestro país. Contiene también material documental y gráfico que se refiere tanto a las compañías extranjeras que se establecieron en México desde los inicios del siglo XX, como a los organismos creados por los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios que generaron todo tipo de documentos necesarios para llevar a cabo la explotación del recurso. Esta documentación pasó a ser responsabilidad de Petróleos Mexicanos cuando Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera en 1938.

Hasta ahora existe un único fondo denominado Expropiación, que cuenta con más de 110 000 expedientes. Al 31 de octubre de 2003, se tenían catalogados y en banco de datos 65 600 expedientes, igualmente disponibles para su consulta en la página de Internet del Archivo; actualmente nos encontramos trabajando el periodo de 1900 a 1930.

El fondo documental brinda la oportunidad de conocer, desde diferentes perspectivas, el establecimiento y desarrollo de la industria petrolera en México y su trascendencia en el ámbito internacional. En esta intervención nos referiremos sólo a los principales grupos documentales, con algunos ejemplos de los asuntos específicos contenidos en ellos, en la inteligencia de que quienes se interesen en conocer la gama de documentos que componen el fondo, podrán examinarlos con todo detenimiento en las instalaciones del archivo.

En primer lugar, encontramos instrumentos notariales o protocolos que se refieren al dominio sobre inmuebles; otros dejan constancia del arrendamiento de predios o bien del otorgamiento de derechos de vía. Las formas legales que eran de uso común para obtener derechos sobre terrenos petroleros y realizar la exploración y explotación del subsuelo, se exhiben en estos instrumentos notariales muchos de los cuales consignan los nombramientos que particulares y compañías hacían de apoderados y agentes, encargados de celebrar los contratos y agilizar los trámites para asegurar la zona petrolera.

Otra fuente importante de consulta es la constituida por las concesiones para la exploración y explotación del petróleo otorgadas por la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria y, posteriormente, por la Secretaría de Industria. En particular, los permisos o concesiones para perforar pozos llegaban a originar conflictos cuando las zonas exploradas resultaban potencialmente ricas, pues la ambición de las compañías por adquirir predios a toda costa, y la de las familias propietarias por venderlos al mejor postor, se manifestaban con la misma fuerza, aun en el caso de tierras ya comprometidas; esta situación, que ya de suyo acarreaba disputas, se aunaba a las largas y costosas diligencias judiciales que se entablaban por razones testamentarias y de usufructo. Abundan en el acervo concesiones de exploración y explotación de terrenos traspasados, cedidos u otorgados por particulares a diferentes compañías petroleras, cuyos términos consideraban el pago de regalías por la producción de petróleo.

Los nuevos dueños de los predios petroleros obligaron a las comunidades a desplazarse de sus lugares de origen y modificaron el paisaje geográfico; abrieron caminos, extendieron vías ferroviarias y acondicionaron puertos con el fin de establecer rutas marítimas, lo que también fue un avance importante para el país. En este rubro encontramos proyectos, memorias descriptivas y planos de las obras realizadas, como la construcción de refinerías, vías de acceso y transporte, muelles, oleoductos submarinos y terrestres, estaciones de bombas y, por supuesto, los reportes acerca de la formación de campos petroleros, que también proporcionan una gran cantidad de testimonios. De los oleoductos más importantes está documentado el Palma Sola-Azcapotzalco; una obra de gran trascendencia por todo lo que significó la posibilidad de conducir el petróleo desde Veracruz hasta la ciudad de México.

También se pueden consultar estados financieros que dan constancia del desarrollo de las empresas en términos de inversión, producción y mercado, así como de pérdidas económicas. La visión general de los balances se complementa con los informes presentados a la Secretaría de Industria con cifras de la producción mensual de los pozos, los destinos de exportación y las empresas compradoras.

Otro grupo documental muy útil lo constituyen las actas de consejo de administración de las compañías petroleras. El registro de las reuniones de los directivos permite al investigador acercarse a los asuntos que preocupaban mayormente a los accionistas, tales como los problemas que enfrentaron al iniciar los trabajos de exploración, el interés y control sobre determinadas zonas petroleras, los accidentes técnicos sufridos durante la perforación de pozos, el registro mensual de producción, su exportación en tiempos de guerra, la comercialización del carburo y sus derivados, además de las relaciones de esas compañías petroleras con otras de distintos ramos, los tratos y convenios con el gobierno y las negociaciones con los trabajadores para resolver conflictos laborales.

En el campo de la historia social, encontramos la descripción de esos conflictos. Entre 1915 y 1927 se registró una crisis generalizada del sector obrero, con huelgas que brotaron por el país entero en las industrias minera, ferroviaria, textil, agrícola, eléctrica y, naturalmente, la petrolera. Paros y boicots fueron otras medidas a las que los trabajadores recurrieron para conseguir mejores condiciones laborales: mayores sueldos, menores jornadas, salubridad y seguridad en las zonas de trabajo, escuelas, indemnizaciones por accidentes o muerte; demandas que buscaban igualar sus condiciones con las de los trabajadores extranjeros. Esto originó gran cantidad de expedientes que mencionan los continuos reclamos de los trabajadores de la empresa El Águila ante laJunta de Conciliación y Arbitraje, que fungía como tribunal y cuyas decisiones eran inapelables.

En el año 1919 se observó una gran actividad comercial del petróleo y sus derivados en el ámbito internacional; así lo muestran los registros de ventas y embarques de barriles con destino a Europa y Estados Unidos, y los comunicados dirigidos a Portugal, España, Bulgaria, Argentina, Chile y Uruguay solicitando cotizaciones y condiciones de envío para la compra de combustible. El crecimiento de la actividad comercial comprendió la adquisición de vapores para transportar el material, pero también entraron en vigor nuevas disposiciones marcadas por el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su Dirección de Puertos, Faros y Marina Mercante, para reglamentar el tránsito de buques petroleros de empresas extranjeras y las condiciones de sanidad y seguridad que debían observarse. Desde luego el embarque y la transportación del petróleo no escaparon a los accidentes. Existen expedientes que registran los siniestros y sus causas, informando de las pérdidas humanas, materiales y económicas.

En el ámbito económico-fiscal cabe destacar los problemas que surgieron a raíz de leyes y decretos que gravaban la propiedad petrolífera, la producción y las exportaciones. El gobierno federal empezaba a regular la explotación y a participar directamente en el desarrollo de la industria petrolera. La documentación muestra las reacciones de las compañías petroleras, las cuales, al ver mermadas sus ganancias, enviaron al gobierno constantes protestas y llevaron a cabo estrategias legales para evitar el pago de impuestos.

Los nuevos pagos fiscales representaron un duro golpe para los intereses extranjeros. Muestra de ello es la meticulosa recopilación de la legislación y de las noticias periodísticas que acumuló El Águila entre los años 1914 y 1925. Destacan el impuesto sobre utilidades industriales (Income Tax), conocido también como "impuesto del Centenario", por haberse promulgado en 1921, y el del cobro especial del timbre por exportación de petróleo y sus derivados. Se recogen testimonios de protestas severas por parte de El Águila, concretadas en diligencias judiciales en contra de las disposiciones gubernamentales. Los documentos retratan pláticas ásperas sostenidas entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, y las compañías petroleras, pues éstas amenazaron con cerrar plantas, despedir empleados y retirar sus capitales del país si no obtenían garantías para operar en condiciones favorables.

Del mismo modo, otras cargas impositivas que despertaron la inconformidad de las compañías fueron, por ejemplo, el impuesto federal sobre propiedad rústica y urbana, decretado el 11 de octubre de 1922, y el de derecho de patente por giros mercantiles e industriales, que afectaba las actividades comerciales de fábricas de hielo, cantinas y clubes establecidos en las instalaciones de las empresas, aparentemente sin fines de lucro por estar destinados al bienestar de sus empleados. Entre los años 1924 y 1925 se aplica la ley de impuesto sobre la renta, por concepto de arrendamiento, participación y explotación del subsuelo; se implanta el cobro de 10% sobre la producción de petróleo en los contratos de perforación de pozos. El decreto de 1924 expedido por Alvaro Obregón, referente al impuesto sobre utilidades y sueldos, es asumido por las empresas como una medida hostil, por lo que desatan fuertes opiniones negativas contra el gobierno.

No menos importante es la documentación originada por los problemas surgidos entre las compañías y el gobierno federal al tratar de aplicar el artículo 27 constitucional, situación que obligadamente remitía a la revisión de los contratos y derechos de propiedad y exploración del petróleo entre particulares y empresas, y que implicaba la regularización y el pago de nuevos impuestos.

Una vasta correspondencia, integrada por oficios, cartas y recortes hemerográficos, documenta detalladamente sucesos y problemas surgidos en diferentes momentos históricos en los que participó la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.

El banco de datos del archivo cuenta con más de 3 170 entradas temáticas, las cuales se pueden agrupar en exploración de yacimientos petrolíferos, adquisición de terrenos, explotación y reglamentación, instalaciones, refinerías y campos petroleros; obras de conducción, en especial oleoductos; la transportación del recurso, terrestre o marítima; comercialización nacional e internacional del petróleo y sus derivados y, por último, el tema de los trabajadores, con un denso contenido de problemas laborales.

Los estudiosos de la historia de la ciencia y la tecnología en México podrán encontrar también documentación valiosa dentro del archivo. Entre el material gráfico existente se hallan planos topográficos, arquitectónicos, cortes geológicos y croquis, que en conjunto precisan la localización y conformación geográfica de la zona petrolera, principalmente en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Proporcionan, además, la delimitación, posesión y control de las compañías en las zonas con mayor riqueza. Asimismo, muestran el crecimiento de la industria, el grado de avance tecnológico en la construcción de campamentos, plantas refinadoras, oleoductos, estaciones de bombeo, escuelas, hospitales, agencias de venta e incluso la ubicación de sus oficinas generales.

Complementando la documentación general del acervo, se encuentra un conjunto de fotografías, por demás interesantes, que dan testimonio de aspectos variados de la labor industrial, a saber: certificación y medición de terrenos, accidentes, incendios, transportes, campos petroleros y muelles, entre muchos otros.

La historia del petróleo mexicano es de fundamental importancia. Con su estudio podremos no sólo recrear y explicar los procesos que de manera decisiva modernizaron la estructura industrial del país, sino también tendremos más elementos para analizar, comprender e interpretar mejor esa parte de la historia nacional en la que el petróleo ha sido y es un factor determinante en nuestra economía y desarrollo.

El Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos tiene las puertas abiertas a los investigadores que quieran unirse al esfuerzo por recuperar la historia de las grandes empresas en México. Esperamos que puedan aprovechar la riqueza documental que resguarda este acervo.

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Bibliografía

Brown, Jonathan C., Petróleo y revolución en México, México, Siglo XXI, 1998.         [ Links ]

Mariachil, Carlos, "La importancia de los archivos de empresas en el mundo contemporáneo" en Pemex Lex, México, Petróleos Mexicanos, 2000.         [ Links ]

Villegas Moreno, Gloria (coord.), La industria petrolera en México. Cronología 1857-1988, México, Petróleos Mexicanos, 1988.         [ Links ]

 

Notas

¹ Marichal, "Importancia", 2000, p. 15.

² Villegas, Industria, 1988, p. 395.

³ Brown, Petr6leo, 1998, p. 412.

⁴ Por iniciativa de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, desde entonces se implementó la metodología para el ordenamiento, conservación, descripción, sistematización y funcionamiento de archivos históricos, creada por la historiadora Rocío Gammo Ochoa -contratada por la empresa-y basada en los cánones archivísticos del "principio de procedencia y orden original de los documento", así como en la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISADG General International Standard Archival Description). Esta metodología está avalada por el Archivo General de la Nación.