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El futuro de los archivos de empresa en México en el espejo español

 

Antonio Gómez Mendoza*

 

* Facultad de Economía, Universidad Complutense y Director del Centro de Estudios de Empresa, Fundación Duques de Soria.

 

Introducción

En su pasado económico, México y España han compartido rasgos que les permitirán sacar mutuo provecho en pos de una mejor conservación de los archivos de sus empresas. Ambos países han compartido, por citar uno de esos rasgos, una pronunciada presencia de empresas de capital foráneo en el sector financiero, minero y en los servicios públicos (ferrocarriles, en particular). En ambos países, por lo demás, la presencia del sector público en la producción de bienes y servicios ha sido intensa. De ahí el interés por analizar, desde una perspectiva comparada, la situación de los archivos de empresa en México y España.

En 1982, se celebró un primer Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas bajo el patrocinio del Servicio de Estudios del Banco de España. Quienes intervinieron en esas jornadas trazaron un cuadro desolador sobre la situación de los archivos de empresa en España. Apuntaron a varios factores como responsables directos de esa postración. A. M. Bernal, por ejemplo, aludió a la "cerrazón e incultura del señoritismo jerezano" para explicar el abandono en que se hallaban los papeles de las bodegas andaluzas.¹ J. Nadal, por su parte, cargó las tintas sobre el minifundismo de la industria española: "empresa pequeña, muy especulativa, que aparece y desaparece rápidamente, poco propicia a la conservación de documentos". El carácter familiar de las empresas industriales españolas habría contribuido a "segregar papeles y menos todavía a conservarlos por carecer de miembros externos a los que rendir cuentas".² Aunque el empresario privado se convirtió en diana preferida de las críticas, no quedó libre de culpa la empresa pública española. Se le censuró la poca atención que prestaba a la preservación de sus archivos. Con la honrosa excepción del Banco de España, ninguna entidad pública podía sentir orgullo por la conservación de su patrimonio histórico. Eran numerosas las empresas estatales españolas cuyos archivos habían sido destruidos fruto del abandono y de la desidia de sus gestores.

Han transcurrido veinte años desde aquel coloquio. Quienes nos dedicamos a investigar sobre la historia reciente de las empresas españolas, contemplamos el futuro con un moderado optimismo. En esos dos decenios se ha producido un cambio de actitud en el doble ámbito privado y público en relación con el patrimonio histórico de las empresas. Sin tratarse de un fenómeno generalizado, el afán por preservar la documentación histórica, los edificios e incluso la maquinaria y otras instalaciones fijas comienza a arrinconar a la desidia del pasado.

Dividiré mi texto en dos partes. En la primera, expongo cuáles han sido las principales actuaciones en el transcurso de los dos últimos decenios. De forma casi telegráfica, mencionaré, en la segunda parte, los factores que, en mi opinión, podrían hacer peligrar los avances registrados hasta el momento.

 

Los archivos de empresa en España (1982-2002)

Dos tipos de factores han clarificado la situación actual en que se hallaban los Archivos de Empresa en España. Es innegable, por una parte, el papel que ha sido desempeñado por factores políticos tras la muerte del dictador Franco. En efecto, la transición democrática no sólo alumbró un ordenamiento administrativo basado en la creación de 17 comunidades autónomas sino que aceleró la integración de España en la Unión Europea. De otra, han concurrido igualmente factores académicos ligados al auge de la historia empresarial, lo que ha sido posible por el efecto acumulado de la inclusión de esta disciplina en el currículo de Administración de Empresas y de una revisión historiográfica sobre las causas del atraso económico español en los siglos XIX y XX. Esa revisión ha desembocado en unos planteamientos más benevolentes hacia el papel de los empresarios y de sus empresas en el proceso modernizador que ha experimentado la economía española. La investigación ha revelado que los españoles no fueron ajenos a la innovación técnica y organizativa que conocieron los early comers. En ese sentido, ha mostrado que los empresarios españoles supieron aprovechar las oportunidades de inversión cuando éstas se les presentaron. A tenor de estos hallazgos, han perdido gradualmente fuelle los planteamientos de la llamada Escuela de Alcalá de Henares, de la que Gabriel Tortella ha sido el máximo valedor, que había responsabilizado a los factores de oferta y, en particular, a la ausencia de empresarios emprendedores, del fracaso de la industrialización. Quienes suscribieron esos planteamientos confundieron la falta de empresarios con la falta de fuentes documentales de carácter empresarial.

 

Factores políticos

Los gobiernos autonómicos surgidos de la transición democrática han reivindicado las raíces históricas y culturales de los territorios que rigen. En ese sentido, no han escatimado esfuerzos para preservar su legado patrimonial. Han sido muchos los archivos autonómicos, provinciales o municipales que han destinado cuantiosos recursos humanos y económicos para custodiar la documentación generada por empresas cuya actividad se desarrolló en su región. El Archivo General de Cataluña, en el ámbito autonómico, y el Archivo Municipal de Sabadell, en el municipal, constituyen dos paradigmas de las posibilidades que ofrece el nuevo ordenamiento administrativo españo1. En sus depósitos, custodian los fondos de un centenar largo de empresas, hoy desaparecidas en su mayoría. Esas dos instituciones marcan el camino que deben seguir otros archivos públicos. Fuera de Cataluña, los antiguos archivos históricos provinciales así como los municipales desempeñan una función similar si bien en una escala mucho más modesta. La ingente documentación generada durante siglos por las fábricas que pertenecieron a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Tabacos, una empresa que, tras ser privatizada, ha sido adquirida por la multinacional Altadis, ha sido trasladada a ese tipo de archivos. En vista de esa experiencia tan exitosa, resulta indispensable animar a las empresas que se encuentran en situación parecida a depositar su documentación histórica en archivos públicos. Sin embargo, a menos que las autoridades provean suficientes recursos, se corre el riesgo de que la documentación permanezca apilada en los depósitos en espera de que le llegue la hora de ser inventariada.

La progresiva apertura al exterior que favoreció la transición democrática a partir de 1976 ha ejercido un importante efecto de demostración sobre instituciones públicas, privadas y, en general, sobre la comunidad académica. Al tiempo que se asimiló la política archivística española a las directrices europeas, las empresas han percibido las ventajas económicas y sociales de dedicar fondos al mecenazgo cultural. A ese respecto, han sido numerosas las empresas (Banco de España, ENDESA, IBERDROLA, RENFE, Sevillana de Electricidad, Tabacalera, por citar las más señeras) que despliegan una importante política de patrocinio. Junto a la celebración de exposiciones, han editado libros conmemorativos lo que ha permitido preservar sus fondos documentales.

Semejante cambio de actitud en las empresas ha coincido en el tiempo con una legislación que ha impulsado el mecenazgo a través de la creación de fundaciones sin ánimo de lucro. Son varias las instituciones que cuentan, entre sus fines sociales, con la preservación del patrimonio documental e industrial: Fundación BBVA, Fundación IBERDROLA, Fundación Río Tinto y Fundación Hullera Vasco Leonesa son referentes obligados. Desarrollan una importante labor en relación con la custodia y catalogación de archivos de empresas filiales así como de empresas que ejercieron su actividad en la misma zona en que se hallaron sus casas matrices.

No ha quedado descolgado el sector público. A la labor pionera ejercida por el Banco de España en la conservación, catalogación y puesta al servicio de la comunidad científica de su riquísimo archivo histórico que contiene toda la documentación de sus predecesores (Banco de San Carlos y de San Fernando) así como los fondos procedentes de sus numerosísimos clientes (españoles y extranjeros), han correspondido otros organismos públicos de carácter autónomo: Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y RENFE. SEPI ha heredado las empresas públicas creadas por el Instituto Nacional de Industria (INI), muchas de las cuales ha privatizado en fechas recientes. El caso del INI ha sido ciertamente singular. A pesar de que nunca dispuso de un archivo histórico propiamente dicho, los fondos de su Archivo de Registro han permitido crear ex profeso uno.³ En efecto, desde que fuera creado el 25 de septiembre de 1941, los sucesivos registradores del INI guardaron copias de la correspondencia de entrada, salida o en trámite. Por su parte, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha reunido en su sede madrileña los fondos de las compañías ferroviarias privadas, en su mayoría de capital extranjero, que explotaron las líneas hasta su nacionalización en 1944. Frente a la riqueza y variedad de esos fondos, sobresale la modestia del fondo que ha generado la compañía pública RENFE. A través de la fundación recién citada y de la Fundación Empresa Pública, RENFE y SEPI patrocinan la investigación en el campo de la Historia Empresarial y han organizado numerosos encuentros científicos.

En el ámbito estatal, se ha llevado a cabo alguna iniciativa interesante que merece ser apuntada: la elaboración de un Censo-Guía de Archivos de Empresa por el Centro de Información Documental de Archivos (CIDA) en 1977-1985.⁴ Con casi 2 500 entradas, el Censo-Guía reúne información sobre archivos de tipo administrativo más que histórico. Fueron una minoría, en efecto, las empresas que declararon disponer de documentación con una antigüedad superior a los cinco años que exije la ley española. Ese hecho, unido a ausencias tan clamorosas como Cataluña, Madrid y las provincias vascas -es decir, las tres regiones más industriales de España-, obligan a efectuar una actualización, revisión crítica y expurgo con vistas a crear un catálogo de las empresas con archivos estrictamente históricos. Esa labor le ha sido encomendada al Centro para la Historia de la Empresa (CHE). Entre sus objetivos principales, el CHE aspira a convertirse en un centro de referencia sobre archivos de empresa, a proporcionar asistencia a empresas para la descripción y conservación de sus fondos así como a colaborar con las instituciones que persigan fines similares.⁵

 

Factores científicos

Tal como he apuntado, la comunidad científica ha desempeñado un papel importante en el cambio de actitud de la sociedad española hacia los Archivos Históricos de Empresa. En fechas recientes, la historia empresarial ha gozado de buena salud en la historiografía española lo que ha respondido a la inclusión de esta disciplina en los estudios universitarios. Otro factor a tener en cuenta ha sido la creación de decenas de universidades públicas y privadas por toda la geografía. En la España de las autonomías, ese hecho ha potenciando la investigación histórica empresarial en el ámbito local y regional. A ello, ha contribuido poderosamente el surgimiento de cauces de expresión tales como revistas especializadas (por ejemplo, Revista de Historia Industrial, colecciones de libros (editorial Lid y Crítica) y series de documentos de trabajo como el Programa de Historia Económica impulsado por la Fundación Empresa Pública. Una prueba del esplendor que ha adquirido la disciplina, la encontramos en el repertorio de publicaciones de historia empresarial compilado por Eugenio Torres.⁶

La revisión historiográfica en tomo al papel del empresario y de la empresa en la industrialización española ha ejercido un efecto balsámico que ha llevado a las empresas a granjear el acceso de los investigadores a su documentación de tipo histórico.⁷ Son numerosos los ejemplos que evidencian una genuina preocupación por parte de la comunidad empresarial por la conservación de sus fondos. Las bodegas jerezanas (González Byass y Domecq, en particular) a las que, como he señalado, aludía Bernal como exponentes de una desidia en materia archivística en el primer coloquio organizado por el Banco de España, constituyen hoy ejemplos claros de todo lo contrario. Sus archivos son visitados por los miles de turistas que recorren sus instalaciones a diario y consultados por numerosos investigadores. Una empresa señera del sector minero metalúrgico como Asturiana de Zinc (Azsa), una filial de la hoy desaparecida Real Cía. Asturiana de Minas, lleva años inventariando sus archivos. Es bueno, por ello, que estas actitudes tan positivas sean divulgadas y conocidas, en la esperanza de que cunda el ejemplo y sea imitado por el mayor número posible de empresas.

 

Los peligros del futuro: los archivos de empresa en México y España

En claro contraste con la experiencia de otros países europeos (Alemania, Francia y Gran Bretaña), la conservación, catalogación y puesta a disposición de los investigadores de los Archivos Históricos de Empresa dista de ser un proceso afianzado en España, a pesar de los avances recientes. En ese sentido, el proceso está expuesto a sufrir interrupciones ante una serie de amenazas que paso a exponer.

Responden esas amenazas a cambios en la situación administrativa de las empresas y a la creciente internacionalización de la economía mundial. Con la fusión de empresas lo que alcanza una gravedad máxima cuando se incorpora un socio extranjero, se corre el peligro de una dispersión de los archivos y, cuando no, su destrucción. Es probable que el recién llegado no comparta. las sensibilidades de su nuevo socio ante un pasado que le es ajeno. Puede ocurrir igualmente que se produzca una separación física de la documentación histórica. La reciente creación de ALTADIS, fruto de la fusión de Tabacalera con un grupo francés, está en el origen de la diáspora sufrida por los archivos de las fábricas de tabacos en España. La minería y el ferrocarril proporcionan, en el caso español, ejemplos paradigmáticos. En el primero, Río Tinto Company constituye un excelente ejemplo de la forma en que la documentación puede quedar fraccionada entre distintas sedes en distintos países. Mientras que la casa matriz conserva su riquísimo archivo en su sede londinense de St. James's Square, otra parte de la documentación se almacena en el poblado de Riotinto en Huelva, hoy perfectamente custodiado por la Fundación Río Tinto.

Otra amenaza se cierne con la privatización de empresas públicas, un caso muy repetido últimamente con el traspaso de la inmensa mayoría de las filiales del holding estatal INI a inversores españoles y extranjeros. El proceso contrario, es decir la estatalización, puede degenerar en idéntico resultado. Cualquier disolución, ya sea por cese de negocio o por quiebra, entraña un riesgo evidente de dispersión de los fondos históricos o incluso actuales. Así ha ocurrido recientemente con la documentación de la Minero Metalúrgica de Peñarroya.

En estos últimos años, México y España han conocido experiencias cercanas debido a la llegada de grupos empresariales de uno y otro pais. Empresas españolas han sido controladas por empresas mexicanas (cementos, por ejemplo) mientras que empresas mexicanas las controlaban españolas (bancos). En estas circunstancias, creo oportuno que los historiadores económicos mexicanos y españoles aprovechemos nuestra privilegiada relación para crear un observatorio o, si se quiere, un comité bilateral que coordine actuaciones conducentes a velar por los Archivos Históricos de las empresas que han pasado a ser controladas por empresas del otro país. De igual forma, creo interesante arbitrar sistemas para mejorar la información sobre la existencia de Archivos de Empresa, su estado actual (catalogado o no) y su accesibilidad por parte de los investigadores.

A ese respecto, me permito, por último, animarles a estrechar lazos entre nuestros dos países con vistas a la creación de una única base de datos sobre Archivos Históricos de Empresa. Para ello, nada mejor que aprovechar los acuerdos bilaterales entre nuestros dos paises y, de modo particular, el vigente para llevar a cabo un Censo-Guía de Archivos Mexicanos en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

 

Bibliografía

Banco de España, Actas del Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas, Madrid, Banco de España, 1983, vol. I        [ Links ]

Gómez Mendoza, A. y E. San Roman, "I fondi storici dell'INI e l'industrializzazione spagnola", Archivi e Imprese, núm. 8, 1993, pp. 69-80.         [ Links ]

Torres Vulanueva, E., "Catálogo de publicaciones sobre la historia empresarial española de los siglos XIX y XX", Fundación Empresa Pública, 1993 (Documento de Trabajo, 9301).         [ Links ]

Valdaliso, Jesús M., "Orígenes y desarrollo de la historia empresarial en España", Príncipe de Viana. Suplemento de Ciencias Sociales, núm. 17, 1999, pp. 91-117.         [ Links ]

 

Notas

¹ Banco, Actas, 1983, vol. 1, p. 71.

² Ibid.

³ Gómez y San Román, "Fondi", 1993, pp. 69-80.

⁴ Hoyes posible consultar el Censo-Guía desde cualquier lugar del mundo a través del programa Archivos Españoles en Red.

⁵ El CHE cuenta con el patrocinio de la Fundación Duques de Soria, Fundación Eduardo Barreiros y Fundación MAPFRE-Tavera. En la primavera de 2002, se firmó en Madrid un convenio con la Asociación Mexicana de Historia Económica para colaborar en las ¡meas de actuación que se abordan aquí.

⁶ Torres, "Catálogo", 1993.

⁷ Para una síntesis reciente, véase Valdaliso, "Orígenes", 1999, pp. 91-117.