Introducción

Las relaciones sociales y los pactos implícitos o explícitos que desarrollan los pobladores, o grupos de ellos, en un contexto geográfico, ocasionan que se fomenten e institucionalicen unas relaciones específicas de cooperación y reciprocidad. Estas motivan las acciones individuales de sus miembros, sin que exista una total conciencia de ello; no obstante, factores extrínsecos como el territorio y la cultura generan la aparición de cierto alineamiento social. Por ello resulta importante estudiar el espacio y territorialidad fronteriza para comprender esos pactos como constructo de sus habitantes, pero enfocados a partir de las acciones de contrabando.

Toda frontera tiene distintas concepciones que pueden relacionarse con los conceptos espacio y territorio; por tanto, se comienza revisando la noción de estos elementos. Con base en la naturaleza del objeto de estudio, en el presente trabajo se examinan dichos elementos desde una perspectiva de enfoque sociológico.

Concebido más allá de una relación de emplazamiento o ubicación desde la noción demográfica, donde existen relaciones de vecindad entre puntos o elementos, donde lo interesante es saber el tipo de relación y circulación, el espacio se entiende como el ámbito donde se hallan imágenes asociadas con relaciones grupales que se originan en distintas representaciones, y que dependen de los individuos, colectivos o de circunstancias. En este sentido, y según los criterios de ^{Simmel (1977)} , todo espacio limitado, o con límites, produce una o unas reacciones psicológicas diferentes de aquellas que son generadas por los espacios no limitados, o con límites abiertos, pues en este concepto de espacio se conjuga el sitio físico y las dimensiones sociales, culturales, históricas, económicas y simbólicas. Un todo modificado por la historia y donde lo más relevante son las relaciones de enlace e interacción de los integrantes del espacio.

Otros autores, como ^{Vargas (2012: 321)}, sostienen que aquellas relaciones que se producen en los espacios donde se involucran actividades humanas como las: agrarias, urbanas, topográficas, biogeográficas, de servicios, de hábitats, entre otras, se dan sobre estructuradas organizaciones espaciales de extensión variada, las cuales comprenden escalas con magnitudes que van desde el nivel local hasta el mundial. Allí cada espacio organizado se conecta con otros a través de flujos de energía y materiales.

Al pasar a la dimensión territorio, ^{Raffestin (1986)} señala que este se encuentra en el centro de las representaciones de la complejidad que nos rodea. Resulta así, en primer lugar, como espacio geográfico, pero esto podría limitarse solo al medio físico, es decir, al que rodea y sustenta a una realidad humana. Luego, el término de territorio es una definición más amplia que el de espacio físico, porque combina el medio físico natural y el ordenado o humanizado, abarcando a las personas que se apropian de él. Estas premisas permiten dilucidar la confusión que se puede presentar al señalar al espacio y territorio como una sola expresión.

En consecuencia, el territorio es el espacio elegido simbólica e instrumentalmente y ocupado por los actores sociales (individuales y colectivos), y considerado por igual como un área estratégica geopolíticamente o como jurisdicción político-administrativa ^{(Bonnemaison, 2001}; ^{Sack, 1997)} .

Desde el punto de vista de ^{Brenna (s.f.)} y ^{Geiger (1994)} , también se puede entender el territorio como un espacio o extensión terrestre delimitado, donde se propician relaciones de poder, de gestión y de control del Estado, de individuos, grupos u organizaciones, y que son expresadas como territorialidad. De allí se desprende un vínculo de afectividad, identidad y lealtad por parte de los actores territoriales, los cuales, si bien tienen intereses, percepciones, valores y actitudes distintas, pueden generar relaciones de colaboración y reciprocidad o de conflicto.

Según ^{Quijada (2000)} , el territorio también es utilizado como elemento cultural e ideológico desde el nacionalismo, como elemento de cohesión social y como marco económico y físico, donde se cimientan los mercados y se despliegan las estrategias geopolíticas.

La frontera también se presenta como un espacio geográfico en el cual la definición de territorio complementa la complejidad y dinámicas que le caracterizan, siendo para ^{Quijada (2000)} donde se establece el control estatal tanto del espacio como de la producción de la identidad nacional. Por frontera se ha considerado a la región que separa a dos o más países y comprende dos elementos: límite y borde.

El límite es la línea divisoria, y el borde es la zona contigua al límite. No obstante, la frontera transciende los aspectos del límite, por ser un área de integración y/o separación; una zona de transición entre los territorios, donde existen e interactúan diferentes normas, pactos o acuerdos que identifican a cada territorio. Ahí, el límite representa una barrera y una membrana permeable como lo definieran y explicaran ^{Sánchez (2015)} y ^{Taylor y Lawrence (2007)} . Por ello, parte de las dinámicas sociales, económicas y culturales que identifican a la frontera no pueden ser enmarcadas dentro del espacio geográfico o territorio que las describen, en virtud del impacto que generan más allá de los límites que la identifican.

Desde este contexto teórico, el objetivo del presente artículo se centró en el estudio de los pactos sociales y las actividades de contrabando que se dan en la frontera formada por los límites orientales del Departamento Norte de Santander, en Colombia, con el límite occidental del Estado Táchira, en Venezuela. Para ello, se empleó el método de Regresión Categórica con Escalamiento Óptimo (CatReg), considerando 12 variables categóricas (algunas ordinales y otras nominales) y la variable dependiente: visualización de pactos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones) en la zona de frontera (categórica ordinal).

La herramienta estadística o software SPSS permitió describir, cuantificar y determinar las relaciones entre las variables predictoras y la variable dependiente. Asimismo, se analizó la relación entre los pactos sociales y el contrabando, debido a que este último forma parte de la dinámica social, cultural y económica en la frontera referida. Un elevado número de familias sostienen su economía con los ingresos del contrabando; de ahí el interés de los investigadores por conocer la percepción de los encuestados sobre estos temas. Por último, los resultados estadísticos del estudio se presentan en tres tablas al final del artículo.

Si bien el contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia)- Estado Táchira (Venezuela) es facilitado y promovido por diversos actores, esta dinámica económica se da, con mayor intensidad, a partir de la quiebra de la economía de Venezuela, desde 2012, robustecida por la diferencia entre los modelos económicos de ambos países, los cuales generan asimetrías en el diferencial cambiario, costo de bienes y servicios, entre otras. Coincidiendo con ^{Tejedor (2012)} , quien define a Colombia como un país con un modelo económico orientado al capitalismo y libre mercado, se contrapone Venezuela con un modelo económico de índole socialista-comunista, con controles estatales de cambio de divisas, de los medios de producción y de precios.

Según ^{Álvarez (2007)} , esto ha perjudicado la producción nacional, promoviendo la importación de bienes, al ser acompañada de una política de subsidios populistas en alimentos de la canasta básica, medicamentos y combustibles. En la actualidad, el quiebre económico venezolano ha ocasionado una crisis política y social, donde predomina la inflación y escasez, originando una situación que continúa potenciando la práctica del contrabando, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de ambos lados de la frontera por controlarlo.

Una de las más complejas y dinámicas fronteras internacionales en Latinoamérica

Para ^{Rhi-Sausi et al. (2009)} , el establecimiento de Estados nacionales en América Latina propició la existencia de 36 fronteras a lo largo de 41.000 kilómetros. Las mismas son concebidas como espacios “interestatales”, donde convergen relaciones entre sus habitantes con las distintas instancias del Estado y donde las competencias deben ser compartidas en el ámbito de gobiernos regionales y locales; mientras que lo concerniente a la línea fronteriza, queda reducido a solo un asunto de los gobiernos nacionales de cada país.

Sostienen por igual ^{Rhi-Sausi et al. (2009)} que cada espacio fronterizo posee características propias que le permiten construir, a su vez, una tipología propia. Es decir, cada frontera es una realidad única, y la frontera occidental entre Colombia y Venezuela no es la excepción. Allí se cruzan “universos simbólicos diferentes y desiguales” que hacen vida en ella y participan en una economía fronteriza, la cual se diversifica entre lo legal e ilegal y donde intervienen “actores transfronterizos” ^{(Carrión y Espín, 2011: 13)} . Entre otras problemáticas, en esta región se da el contrabando como una práctica comercial recurrente, promovida por distorsiones en el mercado, debido a la coexistencia de economías y relaciones jurídicas dispares, que generan acentuadas diferencias.

La totalidad de la frontera entre Colombia y Venezuela comprende una extensión de 2.219 kilómetros, y es la más larga de las fronteras colombianas. Desde el norte hasta el sur comprende a los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, y por el lado venezolano a los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Autores como ^{Carreño (2014)} señalan que el tráfico de estupefacientes y el contrabando de gasolina, alimentos de la canasta básica, medicamentos, productos agroindustriales, entre otros, son los mayores negocios ilícitos que identifican a esta frontera.

En la región nororiental de Colombia se encuentra el Departamento Norte de Santander, el cual limita con el Estado Táchira (en Venezuela). Aquí, el comercio legal e ilegal con las ciudades fronterizas del Táchira como San Antonio, Ureña y San Cristóbal han sido históricamente la principal fuente de ingresos del departamento. Las dos primeras ciudades bordean la frontera y la tercera es la capital del Estado Táchira, la cual se conecta a dicha frontera por diferentes vías terrestres.

Sobre las relaciones socioespaciales en esta región, ^{Carreño (2014)} explica que desde la época colonial española siempre ha existido un flujo migratorio de personas (colombianos y venezolanos) de un lado hacia el otro, siendo una de las razones la económica. Esto ha originado una dinámica que se mueve entre las acciones legales e ilegales.

Dentro de las acciones ilegales se cuentan los delitos transnacionales, por ejemplo, lavado de dinero, tráfico de drogas, de personas, armas, de órganos y de tecnologías, entre otros. Como lo describen ^{Niño et al. (2012)} , otra muestra de esta dinámica incluye la presencia de grupos organizados al margen de la ley, que operan mediante una acción concertada, utilizando violencia, corrupción u otros medios, para conseguir directa o indirectamente altos beneficios económicos, entre los cuales se encuentra el contrabando.

En este tipo de contrabando pueden distinguirse dos modalidades: 1) el paso de pequeñas cantidades y 2) el de grandes cantidades de mercancías que no pagan aranceles o impuestos. En el caso de las pequeñas cantidades, estas se concentran en el tráfico de alimentos y productos de consumo masivo, debido al diferencial en el tipo de cambio entre la moneda de Colombia y de Venezuela. Respecto al paso de grandes cantidades, está vinculado a grupos de carácter guerrillero, paramilitares, organizaciones criminales o a la delincuencia común, que se enfrentan por el control de los caminos o rutas informales para el tránsito de mercancías, y quienes “ostentan el monopolio así como las ganancias que se concentran en pocas manos” ^{(Albornoz et al., 2016: 101)}.

Estos individuos y grupos actúan en complicidad con funcionarios o cuerpos de seguridad venezolanos que evidencian un comportamiento de “cooperación cooperativa”, en términos de ^{Traxler y Spichtig (2011)} , y entre funcionarios públicos y contrabandistas en la frontera Norte de Santander y Táchira, caracterizando profundamente a esta dinámica socioespacial.

Los grupos paramilitares se originaron en Colombia en 1990, bajo la denominación de “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), con el objetivo de combatir la guerrilla. Los paramilitares se apropiaban de los territorios para obtener beneficios económicos que les permitieran seguir ejecutando sus prácticas criminales. Parte de ellos, los conocidos por los calificativos de “urabeños” y “rastrojos”, operan en la frontera colombo-venezolana y se sustentan de beneficios del narcotráfico, el contrabando y la extorsión ^{(BBC Mundo, 2015; Carreño, 2014}; ^{Niño et al., 2012)} .

De igual modo, están inmersos en el negocio del contrabando grupos guerrilleros, principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), que existen en Colombia desde el conflicto interno iniciado en el siglo pasado y cuyas manifestaciones de violencia han afectado a todo el país ^{(Niño et al., 2012}; ^{Rodríguez-Albor et al., 2016)} .

El pacto social y su teoría como un instrumento eficaz para enfrentar el problema del contrabando en América Latina y el Caribe

Con el desarrollo de la humanidad, las sociedades han requerido instaurar normas y leyes que les permitan regular sus relaciones sociales, fijar responsabilidades e instaurar mecanismos que censuren o reprochen conductas ajenas a dicha relación. A tal efecto, el Estado erige reglas que hacen predecible el comportamiento de cada uno de los actores en la sociedad, lo cual, bajo una perspectiva de estabilidad, crea pactos para que dichas relaciones se den en armonía, a través del establecimiento de normas asentadas, en principio, en la Constitución política de dicho Estado. Son convenios que, según ^{Bobbio (2005)} , se instituyen como acuerdos jurídicos entre individuos que buscan una convivencia pacífica.

Para ^{Avdagic (2011)} , estos pactos han sido instrumentos para diseñar políticas efectivas de control social, regulación y comportamiento ciudadano. De igual manera, se han utilizado como herramientas para implicar a los grupos representativos de la sociedad en las reformas sociales ^{(Habermas, 1989)} . Por ello, dado el alcance de esta noción de compromiso, autores como ^{Daros (2005)} señalan que el pacto social exige el mutuo respeto de las personas que lo hacen, y representa normas de respeto mutuo a la vida en libertad, simbolizando el intercambio político continuo entre los actores sociales de manera autónoma. Son normas que, según ^{Öberg et al. (2011)} , desarrollan interacciones.

Dichas normas son conocidas como instituciones, reglas de juego que generan cambio social ^{(Drobak y Nye, 1997}; ^{North, 1994)} . Igualmente se refieren a las condiciones establecidas e impuestas por las personas que propician la interacción social, económica y política, según los términos expuestos por ^{Briceño-León (2016)} . Tales reglas pueden ser formales, como las establecidas en las Constituciones y leyes legalmente reconocidas y codificadas para el conocimiento público; o informales, que se encuentran en las costumbres, tradiciones y normas sociales ^{(Coleman, 1994}; ^{Prats, 2007)} .

En cuanto a las normas formales, ^{Posada et al. (2015)} explican que estas funcionan como leyes que regulan la conducta entre los particulares, estableciendo lo que puede y no puede hacerse. Por su parte, las normas informales (sociales) se definen como los valores comunes de un grupo que influyen en el comportamiento de un individuo, a través de la internalización de las preferencias de una sociedad ^{(Mixon et al., 2015)} .

Del mismo modo, al concebir a una norma social como una regularidad, ^{Plancarte (2015)} señala que la misma puede emerger a partir de un proceso donde cierta práctica o acción comienza a realizarse de forma periódica. Es decir, se codifica a partir de que un individuo o grupo empieza a dejar establecida cierta conducta, en un contexto donde otras personas estarán dispuestas a igualar tal actitud. Este proceso se concretiza muchas veces por inercia o por creer que esa práctica tiene un sentido. Por ello, culturalmente, dicha práctica se hace periódica; no realizarla es “mal visto”, máxime cuando la sanción aparece. Esto implica que tal práctica se convierta en una norma.

Desde la perspectiva del funcionalismo estructural de ^{Parsons (1997)}, los sujetos sociales crean sistemas de interacción: cultural (pautas de conducta, símbolos, creencias), de personalidad (apropiación individual de las normas), social (división del trabajo y estratificación social). Por lo tanto, se asume que las normas sociales se determinan por la cultura y afectan las motivaciones individuales, siendo que algunos pueden incumplirlas; aunque la sociedad tipificará la conducta de esas personas como inconcebible, lo cual les obliga a corregirla ^{(Collins, 1996)} . De acuerdo con ^{Elster (1989: 16)} , las normas sociales difieren de las normas morales y jurídicas.

El término normas sociales implica una categoría de acción que incluye órdenes, prohibiciones y permisos, que se pueden diferenciar de otros tipos de consideraciones prácticas “ontológicas, epistemológicas y bases normativas” ^{(Morrow, 2014)} . Existen cuatro características claves de las normas sociales que indican su carácter distintivo: 1) la función de la particularidad, 2) la práctica-arraigo, 3) la función de grupo intencional y 4) la función de rendición de cuentas de su creación.

Según la particularidad y práctica-arraigo, las normas sociales circulan dentro de los grupos específicos, organizaciones o sociedades, y son normativas solo para los miembros de estos. Sin embargo, para ^{Zorrilla (1992)} el exceso de normas en una sociedad fomenta o incrementa la corrupción como mera violación de la legalidad. La violación de la norma o también llamada conducta desviada es una expresión de los fenómenos de homeostasis social, tal como ocurre en la mayor parte de los casos con el denominado mercado negro, informal o marginal. Para ^{Calhoun et al. (2000)} , dichas desviaciones son el resultado de la interacción de la conducta individual, los problemas sociales y las condiciones sociales.

Por ende, los pactos surgen de acuerdos y se materializan a través de normas legales, morales o sociales. Los pactos sociales se plasman mediante normas sociales informales, ya sea legales o ilegales. ^{Calderón (1999)} considera que la emergencia de pactos sociales y, en especial los ilegales, se presenta no solo por las diferentes problemáticas que enfrentan los individuos, sino también se sustenta en acciones de ingobernabilidad y problemas del mercado, que conllevan a las personas a crear acuerdos paralelos con los cuales satisfagan de algún modo sus necesidades.

Los pactos sociales pueden ser algo positivo para la sociedad cuando no incluyen la ilegalidad. ^{Carmona (2006)} sostiene que para los entes gubernamentales y las instituciones sociales en general estos pactos pueden llegar a ser una modalidad del desarrollo local, mediante el trabajo colectivo y la negociación, por lo cual podrían ser incorporados como elemento de refuerzo en la lucha contra el contrabando en las fronteras de América Latina y el Caribe.

Un caso específico de pactos sociales y contrabando en la frontera colombo-venezolana

Conclusión

El imaginario de los pactos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones), en la zona de la frontera, que promueven y facilitan el contrabando, se plasmó en un estudio diagnóstico objetivo, a través de una encuesta de percepción aplicada a la muestra de habitantes del Departamento Norte de Santander (Colombia) y del Estado Táchira (Venezuela). Dicha encuesta se elaboró con la intención de evidenciar la percepción de la existencia de pactos sociales y sus causas, según las creencias de los ciudadanos. Todo ello, entendido como un aspecto clave para conocer la situación en cada país, conforme lo explican ^{Villoria y Jiménez (2012)} .

Se alcanzaron dos modelos de regresión que cumplen con todos los supuestos y, por lo tanto, pueden ser útiles para visualizar las variables que influyen sobre la opinión de la percepción de la existencia de pactos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones) en la zona de la frontera (variable dependiente).

Estos modelos de regresión dejaron en evidencia que las variables predictoras que explican la variable dependiente, tanto en el contexto del Norte de Santander como en el del Táchira, son: 1) los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza, y 2) se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera.

Un hallazgo coincidente en el norte de Santander y en el Táchira fue identificar las variables con mayor importancia y comunes en ambos modelos. Estas fueron: 1) la presencia de grupos al margen de la ley son parte de las dinámicas en la frontera, y 2) la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera. Es decir, la actividad ilegal del contrabando está ligada a grupos armados al margen de la ley, lo cual coincide con el concepto de anomia referido por ^{Zorrilla (1992)} , como una conducta desviada de los actores sociales en la frontera Norte de Santander-Táchira, quienes a pesar de conocer las normas (anomia subjetiva), las han internalizado superficialmente y, además, las violan impunemente.

Por ello, toda percepción de pactos sociales informales o acuerdos entre personas y/o instituciones relacionados con el contrabando en la frontera forma parte de una dinámica social que involucra a la población, ocasionando que se perciban dichos pactos. Las personas conocen las actividades ilícitas, actores, riesgos y consecuencias, y algunos jóvenes, como lo indica ^{González (2016)} , ven en estas actividades un ejemplo a seguir.

En conjunto, esto permite reflexionar sobre las representaciones sociales, las cuales son constructos que se comparten entre los miembros de la sociedad. Es importante acotar que algunos de estos constructos son más cercanos a determinadas experiencias, por los intereses, necesidades o expectativas que tengan las personas frente al fenómeno que están percibiendo ^{(Arancibia et al., 2013)}. Es el caso de los pactos sociales frente al contrabando, en los cuales puede observarse que todos los ciudadanos de la frontera son sensibles al hecho y a los pactos que giran en torno a este; razón por la cual esta investigación puede servir como punto de partida para otros trabajos, donde se profundice sobre esta realidad fronteriza latinoamericana.

Para el caso del Estado Táchira, dado que en su espacio resulta común encontrar productos circulando de manera ilegal en las calles, noticias sobre contrabando e involucrados en la práctica, vecinos y conocidos que hacen parte activa del ilícito, se ha creado una relación directa frente a esta percepción, donde la coyuntura política, el desabastecimiento, las formas de operar de los contrabandistas, las dinámicas sociales y familiares para conseguir los recursos básicos —así sean de contrabando—, han hecho que los pactos sociales ilegales fronterizos sean percibidos de manera más contundente o clara.

Si bien existe un límite que separa ambas naciones, Colombia y Venezuela, hay por igual un espacio prolongado donde confluyen dinámicas sociales, culturales, económicas (legales e ilegales). En él concurren dos legalidades o pactos sociales diferenciados: los formales de ambos países y los informales o ilegales de cada lado, que pueden ser iguales o distintos.

Por la problemática que se vive en la frontera del oriente colombiano y del occidente venezolano, es necesaria y perentoria la cooperación transfronteriza. Esta representaría una ayuda para las instituciones políticas, sociales y económicas legales, al evitar el desorden y la duplicidad de los esfuerzos, partiendo de la formulación de acertadas políticas de gobierno, acordes con la realidad local y regional, y de la definición de objetivos, establecimiento de funciones y propuestas de servicios entre ambas entidades, con base en lo expuesto por ^{Rhi-Sausi et al. (2009)} .

En este contexto, la acción de los gobiernos locales juega un papel fundamental por su cercanía con el ciudadano, motivo por el cual es necesario fortalecer las capacidades de gestión de estos actores locales y la productiva articulación universidad-municipio en un todo integral. Ello resulta un verdadero desafío, a mediano plazo, para lograr la conformación de un amplio espacio de aprendizaje, con la creación de mecanismos que demanda toda integración fronteriza, según lo planteado por ^{Oddone et al. (2016)} .