Introducción

En las últimas décadas, la corrupción política ha invadido las agendas mediáticas de países europeos y latinoamericanos demostrando ser un problema de primer orden para las sociedades democráticas. Es más, en 2016 España batió su récord como nación corrupta obteniendo 58 puntos en el ranking de los países percibidos como corruptos, según datos de ^{Transparencia Internacional (2016)}. La llamada “trama Gürtel”, el caso Palma Arena, Caja España, Bankia, Tarjetas Black, Filesa, GAL, los cursos de formación de Andalucía, Caso Pujol constituyen un listado de causas y macrocausas judicializadas, que en el contexto peninsular es ingente y cuesta asimilarlas como hechos aislados. Así, se genera un estado de agitación social en el que este problema ha pasado a ser el segundo para la sociedad española, a pesar de verse aún inmersa en los coletazos de la crisis económica. Es más, el 47,5% de los españoles piensa que el segundo mayor problema de España es la corrupción después del paro, que es el primero, según el Barómetro de febrero de 2016, del ^{Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2016)} (véase Figura 1 ¹)

Además, en este estudio sociológico (^{CIS, 2016}) se alertaba del aumento de la preocupación ciudadana ante esta escalada en la aparición y cobertura mediática de los procesos de corrupción.

La preocupación por la corrupción y el fraude crece ocho puntos con respecto a la encuesta de enero (del 39,2% al 47,5%), mientras que la del paro se mantiene estable. Incluso el 15,4% considera que la corrupción le afecta personalmente, más de cuatro puntos más que en la encuesta anterior. La ausencia de Gobierno solo preocupa al 1,4% de los españoles, un porcentaje similar a la inquietud que provoca la independencia de Cataluña (^{El País, 2016}).

No obstante, a pesar de la aparente “moda” de la temática de “corrupción política”, lo cierto es que no es una tendencia nueva ni propia de una sociedad particular (^{Pérez, 1995}). Además, alcanza tanto la vida pública (^{González, 1999}) como la privada (^{Hodgson y Jiang, 2008}). Distintas tradiciones y enfoques epistemológicos han definido la corrupción de diversas formas. Algunos autores han considerado que este fenómeno es algo difuso y que está conceptualmente vacío (^{Hodgson y Jiang, 2008}). Otros investigadores han propuesto tipologías de corrupción en función de su nivel o alcance —político, económico, administrativo— (^{Boehm y Graf, 2009}) o han demarcado divergencias importantes en relación con otros fenómenos como el “clientelismo político” (^{Caciagli, 1996}; ^{Corzo, 2002}; ^{Rehren, 2000}).

En cuanto a sus causas principales pueden variar en función del contexto del país. ^{Kauffman (2000)} afirma que la corrupción está íntimamente conectada con el nivel de desarrollo de un país: los salarios, las políticas en exceso proteccionistas, la falta de libertades, el rol de instituciones como la policía, o un mal funcionamiento del mercado o el poder judicial pueden afectar en la misma.

En la actualidad, las democracias occidentales presentan a la corrupción como la causante de corromper a sujetos e instituciones, como si se tratase de un “cáncer mortal” sin curación posible (^{Pérez, 1995}). Y es que las consecuencias de la corrupción son gravísimas, deterioran la democracia en su esencia (^{Barreiro y Sánchez-Cuenca, 2000}) y hacen perder la credibilidad en la política o provocan climas de inestabilidad difíciles de reponer. El descrédito hacia los partidos que provoca, además, pone en peligro la participación política de los ciudadanos (^{Pérez y López, 2014}; ^{Ordóñez, 2012}). Precisamente, en contextos donde ha habido escándalos importantes, los ciudadanos terminan considerando que se trata de una tendencia universal, imposible de combatir, lo cual termina generando apatía y desinterés (^{Laguna, 2013}).

La opinión de que los gobiernos no resuelven este problema cada vez más creciente se ha convertido en lo habitual (^{Muñoz-López-Carmona, 2012}), lógicamente en relación con el aumento de los escándalos. En estos contextos, la ciudadanía se distancia de la política y sus actores principales, lo cual termina produciendo una desinformación que retroalimenta la poca participación, generando, a su vez, mayor corrupción. Como dirían ^{Hodgson y Jian (2008)} , la pérdida de moralidad democrática hace que se presenten con mayor facilidad formas de totalitarismo.

Además del malestar democrático que genera y del impacto negativo en la sociedad y la ciudadanía, como es obvio, la corrupción también provoca negativas consecuencias en la economía. Los países con mayor desregulación son más inestables, dado que no existen normas que controlen la corrupción, y esto termina provocando graves problemas al mercado (^{Hodgson y Jiang, 2008}). En definitiva, la corrupción es nefasta para la economía, pues impacta sobre el índice de desarrollo humano (^{Akcai, 2006}; ^{Quizilbash, 2001}). También, como ha indicado ^{Mauro (2002)} , afecta el crecimiento económico y genera desigualdades, en los ingresos, por ejemplo; repercute en el abandono escolar o provoca que haya menos inversiones extranjeras, si se citan los efectos más significativos (^{Larrú, 2009}).

En este tenor, el rol de los medios de comunicación masiva es clave. Existen numerosos argumentarios que avalan la importancia capital del potencial comunicativo en cuestiones de especial relevancia social. La cobertura informativa de la corrupción es un elemento bueno para medir la calidad de los sistemas democráticos en relación con las dictaduras, como ha indicado ^{Castells (2003)} . Esto se debe a que “la libre expresión en los medios es el único freno posible a la arbitrariedad de los que gobiernan” (^{Martínez-Gallego, 2013: 100} ). Así, los medios deberían funcionar como entes fiscalizadores. Afirmaciones de esta índole beben de las reflexiones clásicas respecto del papel social de los medios de comunicación y ponen en cuestión la vigencia de la Watch-dog theory. ¿Son los medios de comunicación centinelas de la democracia o en realidad hoy en día no son sino mediadores entre instituciones y sociedad?

La teoría clásica que define a la prensa como un perro-guardián de las instituciones se ha convertido hoy en una píldora de intelección, en una cristalización del pensamiento burdamente esquemática, que está sirviendo, entre otras cosas, para legitimar determinadas actuaciones profesionales absolutamente inaceptables. Creo, sin embargo, que el substrato básico de esta tesis sigue siendo válido todavía (^{Martínez-Albertos, 1994: 3} ).

Tanto las afirmaciones de ^{Martínez-Albertos (1994)} como la de Schiller, para quien los medios de comunicación funcionan como brazos ejecutores del sistema, destacan el viraje mediático desde la periferia vigilante hacia el núcleo mismo del poder, evidenciando cómo el relato mediático se constituye en una mediación y configura la realidad cotidiana.

Autores como ^{Martínez-Albertos (1994}) han defendido desde hace unas décadas que los medios son “controladores” del sistema, que ejercen una tiranía del poder (^{Martínez-Albertos, 1999}). No obstante, otros han considerado que no es la información o la comunicación la que vigila al poder, sino que esta es poder en sí mismo y se encuentra en lo más alto de la pirámide del sistema (^{Labio-Bernal, 2006}; Reig, 1998 y 2007).

Tampoco se puede perder de vista que “el conocimiento público del escándalo por corrupción y los juicios que la sociedad formula a su respecto están mediatizados” (^{Martínez-Gallego, 2013: 104} ), lo cual quiere decir que los medios construyen relatos sobre la corrupción y sus consecuencias con un determinado valor simbólico. Tal y como han indicado ^{Canel y Sanders (2005} y ²⁰⁰⁶), el tratamiento de las partes del proceso, como la cobertura de la acusación o la reacción del acusado, son esquemas o micronarraciones estereotipadas que tienden a la repetición.

Además, los medios, más allá de fiscalizar la labor de los políticos, deberían responder a una “moral democrática”, a juicio de ^{Pérez-Tapias (1995)} . ¿Cómo podrían hacerlo? En concreto, mostrando lo que es un sistema sano políticamente y evidenciando lo que no es justo o correcto. No obstante, esta lógica moral no es la que predomina muchas veces, debido a la estructura mercantilista de los grandes conglomerados. Es más, termina primando, en muchas ocasiones, la “espectacularización” de los casos de corrupción (^{Martínez-Gallego, 2013}), por la sobrecarga dramática otorgada a las noticias, que es la que configura una interpretación de la mismas (^{Hierro, 2014}; ^{Martínez-Gallego, 2013}; ^{Zamora y Marín, 2010} y ²⁰¹¹).

Por todo ello, la corrupción puede ser entendida como un fenómeno de corte interpretativo (^{Sola-Morales y Rivera, 2017: 649} ). Valga recordar que los frames son estructuras de significado que facilitan a los individuos la interpretación del mundo y les ayudan a situarse y contextualizarse (^{Entman, 1993}; ^{Goffman, 2006}; ^{Reese, 2001}; ^{Scheufele, 1999}; ^{Tankard, 2001}). ^{Entman (1993)} define el framing como una selección de aspectos de la realidad con el fin de hacerla más comprensible. Así se describe mejor un problema y se le da una interpretación concreta o una evaluación. Este proceso es bastante evidente en el tratamiento de noticias, ya que jerarquiza y selecciona, omite o silencia, evalúa y categoriza a los personajes que aparecen representados (^{Sola-Morales, 2014: 133}).

A este respecto, los encuadres noticiosos o media frames serían “principios organizativos que se comparten socialmente y constituyen la estructura simbólica y significativa del mundo social” (^{Sola-Morales, 2014: 132} ), o lo que es lo mismo: ofrecen un esquema para comprender y juzgar el mundo. Así, “el efecto de los encuadres noticiosos sobre las personas no surge de dar mayor relevancia a ciertos aspectos de un tema, sino de invocar esquemas que influyen en la interpretación de la información recibida” (^{Aruguete y Zunino, 2010: 42} ).

Con el objetivo de conocer cuál es el tratamiento mediático de este conflicto estructural que se encuentra en menor o mayor medida en todas las democracias, el presente artículo analiza cómo es la cobertura periodística de la corrupción política de los diarios El País y El Mundo, ambos de pago y en papel, con la mayor tirada y número de lectores en España y, por ende, los líderes de opinión en prensa escrita.

Para conocer el tratamiento mediático de esta temática, se realizará un análisis crítico del discurso de los titulares de las noticias etiquetadas bajo la categoría “corrupción política”, de los meses de noviembre y diciembre de 2016. Valga recordar que el análisis crítico del discurso, el CDA, se inauguró con Language and Control (1979), la obra de Roger ^{Fowler et al.} y fue continuada por los clásicos estudios de discurso y poder de ^{Fairclough (1989)} , así como por las obras de Kramarae, Wodak o Van Dijk (^{Sola-Morales, 2012}), autores que se han tomado como el horizonte teórico-metodológico de este artículo.

La presente investigación empírica se focaliza en tres aspectos discursivos fundamentales: en primer lugar, en los personajes (su rol y caracterización); en segundo, en las estrategias discursivas —utilizando la terminología de ^{Van Dijk (1980})— que se hallan implícitas en el discurso mediático propiciado por el enfoque de un medio en particular; y, en tercero, en la presencia (implícita o explícita) de los principales partidos políticos en los titulares.

Objetivos e hipótesis

El objetivo principal es explorar cuál es el discurso periodístico acerca de la corrupción política en España. Para ello se han analizado los titulares de El País y El Mundo, publicados durante dos meses (noviembre y diciembre de 2016). Los objetivos específicos son:

La hipótesis en esta investigación es la siguiente: Los titulares analizados están protagonizados por personajes corruptos (los culpables o villanos). Sin embargo, no tienen presente a los “corruptores” (que bien podrían ser el sistema o los partidos políticos). De este modo se atenúa la responsabilidad de los grupos políticos y de las empresas, ya que se culpabiliza a sujetos individuales.

Fuentes y metodología

Para profundizar empíricamente el enmarque mediático de la corrupción política en España, se ha llevado a cabo un análisis crítico del discurso, de tenor cualitativo de los titulares publicados en noviembre y diciembre de 2016 en El País y en El Mundo. Se han tomado dos meses para elaborar una ilustración de la propuesta en esta primera etapa de la investigación, con el fin de realizar en el futuro el análisis de un año completo, el desglose pormenorizado de diferentes casos y la posible comparación entre países.

Resultados

Conclusiones

Esta investigación basada en el análisis de 331 titulares (158 aparecidos en El País, y 173 en El Mundo) tiene como conclusión principal la existencia de un discurso muy homogéneo sobre la corrupción entre ambos diarios.

En primer lugar, del análisis sobre los personajes se puede concluir que en las cabeceras de los dos periódicos el discurso mediático acerca de la corrupción política se centra en personajes concretos, que son, sobre todo, corruptos y además villanos. Los titulares sobre la corrupción están focalizados en denunciar a los corruptos (los diferentes protagonistas de los casos de corrupción) y obvian a los corruptores (el sistema político o los partidos políticos), que son los responsables al fin y al cabo de los actos de corrupción. Es más, la muestra estudiada ofrece un relato donde los villanos parecen ser los únicos culpables. De este modo, tanto El País como El Mundo omiten cualquier tipo de vínculo entre corrupción y partidos políticos o grupos financieros en sentido amplio.

Solo en cuatro ocasiones —de las 173 analizadas— El Mundo titula haciendo referencia a una empresa o a una cúpula de poder como protagonista y responsable del caso de corrupción. Además, la solución que al parecer proponen ambos medios, según la disputa entre los personajes, es que los villanos sean detenidos o juzgados. Así visto parece que el conflicto no es sistémico sino coyuntural. El relato se reduce al recuento de individuos aislados o grupos de corruptos, que operan sin conexión con el sistema, las normativas o las leyes. El delito, por tanto, se muestra descontextualizado y solo se centra en los culpables -villanos- y en el buen hacer de los agentes de la ley —en su mayoría héroes—.

En segundo lugar, a la luz de los resultados obtenidos, se puede concluir que las estrategias discursivas más aparecidas en los titulares fueron la polarización, en el caso de El País, y la idealización, en el caso de El Mundo. Ambas estrategias no desarrollan o muestran datos ni realizan análisis de las verdaderas causas de la corrupción. Centrada la polarización en la confrontación y el conflicto entre buenos y malos, y la idealización en el buen hacer de los agentes del orden y del Gobierno, la corrupción sigue sin tener explicación para los lectores. No existen conexiones entre las relaciones que se dan entre los personajes, el contexto o el sistema, y se generan informaciones muy pobres y simplificadas. El lector podrá cuestionar a determinados actores políticos, que verá como “culpables”, pero difícilmente irá más allá o reflexionará sobre las relaciones de estos con estructuras subyacentes como las leyes, el gobierno o las empresas.

En tercer lugar, el análisis de la presencia/ausencia -implícita o explícita- de partidos políticos en los titulares de corrupción política ha mostrado diferencias significativas entre ambos diarios. Además, se puede concluir que El Mundo relaciona de una forma mucho más clara y directa corrupción y partidos políticos que El País. En el caso de El Mundo, hay, aproximadamente, el mismo número de titulares que tratan casos de corrupción del PP que del PSOE. No obstante, El País parece no informar de muchos de los casos relacionados con el PSOE. Esto podría significar un sesgo relacionado con su línea editorial.

Respecto al análisis de si los titulares utilizaban las siglas de los partidos al abordar las noticias sobre corrupción de los mismos, se pudo concluir que no existen diferencias significativas entre las cabeceras de los dos diarios. En ambos casos se podría decir que no se hace un uso reiterado de la partidización noticiosa; es decir, no existe una utilización generalizada de los partidos políticos en los titulares, ya sea porque se subsumen las responsabilidades—autorías dentro de los nombres otorgados a las causas y macrocausas (no es necesario destacar “PP” en un titular/noticia sobre la “trama Gürtel”), o porque se centran más en los personajes concretos y villanos que en las estructuras y personajes abstractos, continuando así con una política discreta de personificación e individualización de la corrupción frente a análisis sistémicos.

Cabe señalar cierta editorialización en los usos de los referentes partidistas, pues no se aprecia proporcionalidad en las apariciones de PP y PSOE en los titulares, destacándose una mayor presencia de titulares con referencias explícitas al PP en ambos diarios. Dado que El Mundo opta en más ocasiones por conectar corrupción y partidos, y por utilizar las siglas de forma más habitual en relación con los casos, podría significar quizás una intencionalidad de denuncia.

Los titulares analizados se han centrado únicamente en ciertos aspectos de la corrupción: los personajes, sus roles, las estrategias y la presencia/ausencia de los partidos en el contenido de las noticias —a las que hacen alusión los titulares— y los titulares. Este fenómeno muestra que aún hay importantes desafíos para desarrollar un periodismo de índole más especializada en la temática. Del mismo modo cabe destacar el sesgo de la información que está recibiendo la ciudadanía.

Obviar la relación entre un sujeto corrupto concreto y un corruptor más abstracto impide identificar o dimensionar como es debido esta lacra; al igual que sobre— representar determinados partidos políticos más alejados de la línea editorial, pues se crean espejismos de corrupción que, pese a estar basados en un principio de realidad, conducen a una distorsión progresiva de la realidad a partir del principio de repetición intencional.

El tratamiento particular que se desprende del análisis de los titulares se enfoca, por tanto, en las malas prácticas de unos sujetos individuales sin abordar el carácter endémico de este problema. El peligro de sostener una prensa como la actual induce a repetir los mismos errores que hasta la fecha han dado por hecho que el rol de los medios es proponer visiones o valores.

En resumen, parece que El País y El Mundo han tomado un camino simplificador y sesgado sobre los contextos donde se desarrollan los casos de corrupción política, sin otorgar profundidad a sus análisis. En este sentido, es importante reivindicar la necesidad de promover un enfoque más crítico en el tratamiento de la corrupción. En el actual panorama español, en el cual cada mes aparece un nuevo caso o escándalo político, es ineludible proponer una cobertura informativa con claves interpretativas de calidad que permitan a la ciudadanía desarrollar un pensamiento crítico.