Introducción

Desde la perspectiva del pensamiento neoinstitucional, el desempeño económico de una región se encuentra influido tanto por las instituciones formales, como por las informales. Este argumento ha sido validado en diferentes investigaciones a nivel de países, en los denominados estudios cross country, donde se ha encontrado evidencia especialmente de las instituciones formales. Sin embargo, cuando se buscan investigaciones que contrasten las regiones o territorialidades de un país, se observa que este tipo de análisis es realmente escaso.

El presente artículo hace una exploración empírica de las relaciones entre variables institucionales formales e informales y el desempeño económico a nivel de territorios subnacionales de Colombia, conocidos como departamentos e incluyendo a Bogotá Distrito Capital. La idea central es que algunas de las variables institucionales descritas en la teoría pueden ajustarse a nivel subnacional, lo cual implica utilizar variables que no estén vinculadas, por lo menos directamente, a nivel macro.

Para ello, inicialmente se ofrece un contexto general del funcionamiento de las instituciones en Colombia. Enseguida se exponen algunas consideraciones teóricas institucionales, las cuales sirven de marco de referencia para este artículo. Luego, se describe la metodología utilizada. Finalmente, se realiza el análisis empírico mediante el estudio de las correlaciones de diferentes variables formales e informales frente al desempeño económico regional y se brindan algunas conclusiones.¹

Algunos antecedentes de las instituciones colombianas

Desde la propia independencia de Colombia en 1819, el avance y crecimiento del Estado nacional se ha visto afectado por diferencias de poder y disputas impulsadas por grupos o élites que intentan mantener su poder económico o influencia política. Esto ha prohijado la construcción de una estructura institucional aparentemente débil, configurando “reglas de juego” basadas en políticas de adversarios y no de competidores; lo cual se refleja en los diferenciados niveles de desarrollo de la economía colombiana, su sociedad y sus regiones.

Diversos autores, en especial aquellos que trabajaban en el ámbito de la economía evolutiva (Nelson y Winter, 1982), han mencionado la llamada path dependence para explicar el papel que juegan factores históricos en los resultados del presente. Por ejemplo, para el caso de América Latina es muy frecuente encontrar investigaciones que atribuyen la situación económica que poseen estas naciones, desde su independencia, a la cultura transmitida por sus colonizadores. Según ^{Pipitone (2002)}, entre los aspectos que hay que tener presente para entender los fallidos procesos de desarrollo en los países de este gran espacio hemisférico se encuentran las inercias culturales y la incapacidad para construir instituciones eficaces y socialmente legítimas.

Consideraciones acerca de la configuración del marco institucional colombiano en los últimos 200 años apuntan ciertamente a que se ha forjado, a partir del predominio del poder de las élites, el clientelismo de las estructuras del Estado, el corporativismo, las decisiones autoritarias y centralizadas y el paternalismo; algunos de ellos heredados de los españoles.

Para ^{Kalmanovitz (1989: 38)}, dos instituciones políticas han afectado el progreso de la sociedad colombiana: la ética patrimonialista, para referirse a las familias que históricamente han controlado las esferas políticas y económicas del país; y el clientelismo, para explicar el poder de intermediación entre el Estado y los ciudadanos. En otro de sus escritos, ^{Kalmanovitz (2004)} considera que las reglas del juego en Colombia emanan de un sentido centralista, corporativista y un sistema de justicia todavía marcado por el clientelismo. A pesar de ello, según el autor, el país es considerado un “Estado social de derecho” (^{Constitución Política de Colombia, 1991} [artículo 1]).

Según ^{Parada (2011)}, el desarrollo de las instituciones colombianas no es sólo resultado de las “malas” instituciones importadas por los españoles, sino que se deriva de un proceso causal adaptativo que incluyó factores como la población ibérica, los agentes locales (indígenas, criollos, esclavos) y las condiciones geográficas, técnicas y la estructura social donde interactuaron. Así, aunque las regiones parten de un aparente mismo marco institucional, cada una toma rumbos diferentes: la región Caribe colombiana, con un débil control social, fue aprovechada para forjar las élites locales; igualmente Antioquia, bajo hábitos de trabajo duro, emprendimiento y una mayor cohesión social, es hoy un emporio industrial muy importante; y Valle del Cauca, bajo un sistema esclavista excluyente, tiene un sistema agrícola también muy representativo.

En el plano político, el país ha pasado de ser organizado por una democracia clientelista a una participativa. Se ha progresado hacia una mayor democratización con los procesos de descentralización política, ganando mucho espacio el voto de opinión y los movimientos cívicos contra el voto clientelar. En los análisis de la justicia se acepta que ésta se ha vuelto más accesible, aunque siguen acumulándose muchos casos que probablemente nunca serán resueltos por los jueces, algunos de gran impacto como asesinatos de candidatos presidenciales o muchos de los tipificados como de pequeñas causas.

Las limitaciones y escaso resultado del gasto público se explican no sólo por la pobreza del país, sino por el clientelismo como sistema de gobierno. Y estas condiciones, al no gozar de la legitimidad suficiente, se convierten en un círculo vicioso donde se reproduce un desarrollo empobrecedor (^{Sanabria y Ortiz, 2005}), en comparación con la dinámica de otros países.

A lo anterior se suma el conflicto y sus expresiones de violencia e inseguridad que desde diferentes frentes afectan al país; para algunos, derivada de la guerra civil de mediados del siglo pasado, al no llevarse a cabo reformas como la de la propiedad de la tierra que sentaron las bases de la insurgencia en Colombia y, más tarde, el narcoterrorismo y el paramilitarismo. En una investigación, ^{Acemoglu y Robinson (2012)} se sitúan muy cerca de toda la problemática descrita. Concluyen que el peso del pasado está presente en los resultados económicos y sociales de la Colombia actual, es decir, path dependence. Estos autores describen a Colombia dentro de un marco institucional que se caracteriza por ser extractivo y excluyente. Si bien consideran que las instituciones económicas y políticas han mejorado, persiste buena parte de las versiones anacrónicas.

Las formas de desigualdad no sólo se dan entre grupos jerárquicos de la sociedad, pues las regiones parecen reproducir las “reglas de juego” del corporativismo y la exclusión. Al respecto, investigaciones como las de ^{Barón y Meisel (2003)}, ^{Rocha y Vivas (1998)} y ^{Rodríguez (2010)} demuestran que existen claras diferencias en los niveles de desarrollo regional y/o departamental en Colombia. Así, Bogotá y departamentos como Antioquia, Valle y Cundinamarca se destacan por su nivel de desarrollo económico y social, en contraste, con Chocó, La Guajira y Sucre.

En el caso de Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle se ha marcado una inmensa superioridad, en términos de resultados económicos y sociales, derivada en gran parte a las inversiones presupuestales centrales que han sido enfocadas históricamente a estos tres territorios, conocidos como “el triángulo de oro de Colombia”. Según datos de proyecciones poblacionales y de cuentas nacionales del Departamento Nacional de Estadística (^{DANE, 2014}), para 2012 en estos tres territorios se concentraba el 56% de la población, el 76% del PIB y el 75% del comercio. A pesar de que se ha ido disminuyendo este rezago histórico, aún es evidente la desigualdad en la inversión pública hacia la periferia; al revisar el presupuesto de 2016 del Departamento Nacional de Planeación (^{DNP, 2015}), se observa que tan sólo a estos tres territorios se les asignó el 23% de los recursos totales del país.

Los resultados de esta desigualdad en términos de desarrollo han creado una brecha amplia entre el “triángulo de oro” y las demás regiones periferia como la Caribe, la Pacífica, la Oriental y la Amazónica. Evidencia de ello es el estudio de ^{Galvis y Meisel (2010)}, donde encuentran que en Colombia las desigualdades entre los territorios han sido persistentes, particularmente de la pobreza y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), a nivel temporal y regional. Según la Encuesta Nacional de Hogares (^{DANE, 2014}), el 45,7% de la población de la región Caribe se encuentra en pobreza monetaria.² En el Chocó, el nivel de desigualdad medido por el coeficiente de Gini fue de 0,598, que, según los datos del ^{Banco Mundial} (para 2013) es similar a las registradas por países como Haití y muy cercana al 0,658 de Seychelles, el país más desigual del mundo, en términos de distribución del ingreso, medido por este coeficiente.

Si se analiza la incidencia de la pobreza por regiones, según el ^{DANE (2014)}, para el 2012, de los 10 departamentos considerados más pobres, seis se encontraban en la zona norte de Colombia (región Caribe), integrada por siete departamentos, y tres en la región Pacífica (ubicada en la costa occidental colombiana), integrada por cuatro, sobresaliendo únicamente el Valle del Cauca. Esto contrasta ampliamente con la región andina o central de Colombia que sólo posee un departamento dentro de los diez con mayor incidencia de pobreza.

Consideraciones teóricas sobre las instituciones

El contexto teórico de la presente reflexión se basó en las consideraciones de la Nueva Economía Institucional (NEI). Para ella, las relaciones entre los agentes se dan de dos maneras: formales e informales. Las instituciones formales son las expresadas en reglas políticas y judiciales, reglas económicas y contratos (^{North, 1990: 67}); mientras que las instituciones informales son las relacionadas con el sistema de creencias, valores y la cultura que determinan las decisiones y estructuran los cambios del paisaje humano (^{North, 2005: 45}).

Los arreglos institucionales son la combinación de restricciones formales, reglas informales y sus características de aplicación, como lo describe ^{North (2005)}. La diferencia clave entre estos dos tipos de instituciones es que las limitaciones informales son propias de la dinámica del ámbito privado, mientras que las reglas formales son diseñadas y legitimadas desde el ámbito de lo público-gubernamental (^{Williamson, 2009}). De acuerdo con ^{Hayek (2004: 195)}, se puede considerar que el microcosmos produce la dinámica que se ve reflejada en el macrocosmos; es decir, las acciones individuales, de ampliación o de construcción de sociedad y de mercado, son las que llevan al establecimiento de legitimidades a partir de leyes o reglas formales.

Esas esferas del microcosmos y el orden social extenso o macrocosmos de ^{Hayek (2004: 226-227)} pueden entenderse resueltas en la medida en que existan las interfaces entre uno y otro, principalmente a través de la información y el conocimiento. A partir de estos intercambios se pueden validar las políticas públicas y comprender el papel de los gobiernos en sus formulaciones, como apuntan ^{Buchanan y Tullock (1962)}.

Por su parte, las instituciones formales son las determinantes del desempeño económico. Para ^{Rodrik y Subramanian (2003: 32)}, desde las instituciones económicas, el crecimiento exige la protección de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos; definiendo a este tipo de instituciones como creadoras de mercado, puesto que, en su ausencia, los mercados no funcionan de manera perfecta.

Sin embargo^{, Rodrik y Subramanian (2003)} consideran igualmente que el desarrollo a largo plazo exige otro tipo de instituciones adicionales, las reguladoras del mercado que ayudan a sostener la dinámica de dicho desarrollo. Es decir, las que se ocupan de hacer funcionales las externalidades, corregir los problemas estructurales de las economías de escala y contribuir a minimizar la imperfección de la información; las estabilizadoras de los equilibrios caóticos y las turbulencias del mercado cuando éstas desbordan la capacidad de adaptación de las empresas en entornos de conmociones económicas; por ejemplo, retornar a una senda aceptable dentro de las políticas del inflation targeting, minimizar la volatilidad macroeconómica y evitar las crisis financieras, entre otras acciones. En síntesis, al formalizar las relaciones entre los agentes económicos (^{Sebastián, 2006: 3}), las instituciones económicas permiten el establecimiento transparente de los intereses e incentivos.

Por su parte, las instituciones políticas se centran en la redistribución y son diseñadas por quienes se encuentran en el poder. Particularmente, ^{Rodrik y Subramanian (2003)} las identifican como las legitimadoras de mercado, describiéndolas como aquellas que facilitan la distribución socialmente aceptable y proporcionan seguro o ayuda. En este grupo también se encuentran las instituciones para el manejo de conflictos que se refieren a un poder judicial de calidad en el marco definido como Estado de derecho, las instituciones políticas representativas, la libre participación y la garantía de derechos y representación de los grupos minoritarios, entre otras (^{Rodrik, 2011: 234}).

Lo anterior incluye la capacidad del gobierno, a partir de sus intereses, para formular, conciliar y aplicar eficazmente políticas acertadas, ganando legitimidad a partir del respeto de los ciudadanos y el Estado con las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos.

Así, desde esta perspectiva teórica, son instituciones formales: la Constitución, las leyes, reglamentos y otras disposiciones, y las organizaciones como la Administración Pública, incluida la Justicia, los mercados organizados, pero igualmente los contratos privados y asociaciones creadas por iniciativa privada y cuya funcionalidad se establece a partir de los ámbitos de la sociedad en los cuales el mercado no es claramente determinante.

Por otro lado, también son relevantes para regular las relaciones políticas y económicas el grado de cumplimiento de las normas y los valores y códigos de conducta que condicionan la aplicación e interpretación de las normas y configuran, más allá del contenido de las mismas, lo que es permisible o no en las relaciones humanas. A estos condicionamientos se les denomina Instituciones Informales; dentro de éstas la literatura presentada considera las creencias e ideologías, la confianza, el capital social, los valores políticos y democráticos y las tradiciones culturales, entre muchas otras.

Para ^{Estrada (2002)}, la aparición de la teoría neoinstitucionalista, con la expresión “Primero las instituciones, luego el mercado”, representa una superación de la lógica del mercado, al señalar que es necesario incorporar las instituciones en el análisis de la economía, siendo los costos de transacción el argumento central para demostrar que los mercados no pueden estudiarse aisladamente. Se cometería un error al definir la competitividad de un territorio únicamente considerando los costos tradicionales de producción.

Al respecto, ^{Estrada (2002)} concluyó que:

los costos de transacción e información se convierten en asunto clave para generar la confianza en los mercados. El monto de estos costos podría ser expresión de mayores o menores niveles de desarrollo. En esa perspectiva, el Estado es definido como un instrumento de racionalidad (o de irracionalidad) para deducir (o aumentar) los costos de transacción y de información.

Según ^{Acemoglu, Johnson y Robinson (2004)} (véase Gráfica 1),³ las instituciones políticas formales (poder político de jure) e informales (poder político de facto) determinan las instituciones económicas; éstas, a su vez, condicionan el resultado económico y una determinada distribución de recursos. Ésta va a afectar al poder político de facto del futuro mediato. Un cambio en el poder político de facto puede producir también un cambio tanto en las instituciones políticas como en las económicas, lo cual vuelve a afectar el resultado económico (^{Sebastián, 2006: 5}).

Un elemento clave de esta argumentación es la persistencia institucional. Cuando las instituciones económicas influidas por el poder político de jure tienden a favorecer específicamente a los grupos dominantes, por lo general no se obtienen cambios en los niveles de poder, mucho menos en las instituciones económicas como tal. También la conservación de valores, como la perpetuación de los grupos de poder y la deficiente distribución de recursos en la sociedad, contribuyen a la permanencia de la estructura de las instituciones.

Desde una perspectiva económica heterodoxa, algunos pensadores sociales, como ^{Katz (1998)}, afirman que las instituciones son producto de cambios tecnológicos, los cuales permiten la aparición de la innovación en la vida de los ciudadanos, que a su vez “origina cambios en las costumbres” ; es decir, en las llamadas instituciones informales. Apoyado en el determinismo tecnológico, el economista Claudio ^{Katz (1998)} explica que las innovaciones requieren ser aceptadas entre los miembros de una colectividad en “lapsos muy variables de tiempo, a través de un cultural lag”.⁴

Adicionalmente —y con base en las premisas del determinismo histórico social de Marx—, ^{Katz (1998)} complementa su argumento al interior de las instituciones, cuando señala que “los hombres crean su entorno y son al mismo tiempo conformados por este universo”, lo cual tiene una intencionalidad en las decisiones sociales y económicas, que condicionan el desarrollo integral de los territorios.

Este marco de referencia, que involucra los cambios tecnológicos con la creación de entornos sociales y económicos por parte del mismo hombre, muestra una distancia entre el discurso y la realidad, dado los niveles de desigualdad. En palabras de ^{Estay (2003)}, para “esperar un cambio en los territorios que abra espacios para una verdadera reducción de las disparidades, tendría que generarse condiciones internas diferentes desde el ámbito macro y microeconómico”, que fortalezcan la institucionalidad de los territorios subnacionales.

Finalmente, para explicar la relación entre instituciones y desempeño económico, ^{Waylen (2014)} afirma que las instituciones informales no pueden considerarse preexistentes o incluso como una categoría residual, sino más bien producto de un proceso continuo, con adaptación según el desarrollo de las comunidades. Entonces, puede señalarse que este nuevo énfasis de dinamismo potencial y mutabilidad de las instituciones informales es una contribución significativa a la discusión del cambio institucional, que en cierta medida puede explicar el desempeño económico de los territorios subnacionales.

Metodología

Este estudio se aplica a los territorios subnacionales de Colombia conformados por Bogotá como Distrito Capital (D.C.) y 32 entes político-administrativos denominados departamentos.⁵ Sin embargo, debido a la escasez de información, incluso en las propias estadísticas oficiales, el análisis de algunas variables solo incluyó 23 departamentos y Bogotá D.C., que poseen información sistemática y consistente. Para ello se utilizaron fuentes secundarias procedentes de las bases estadísticas para el periodo de 2000 a 2010, tal como se aprecia en la Tabla 1.

Como se describió inicialmente, las instituciones se asumen de dos maneras generales: formales e informales, las cuales están constituidas, a su vez, por lo que se denominará dimensiones. Las instituciones formales están integradas por la dimensión económica y la dimensión política; en el caso de las instituciones informales están conformadas por la dimensión creencias, valores y cultura. En cuanto a los departamentos colombianos, el esquema de análisis y la descripción de cada elemento que los integran se pueden apreciar en la Gráfica 2.

Para identificar las posibles asociaciones que tienen las instituciones formales e informales con el desempeño económico medido por el PIB per cápita se recurrió al análisis de correlación lineal. Éste busca determinar la manera como está relacionada cada una de las variables disponibles respecto al crecimiento económico. Lo anterior implicó realizar un test que permitiera establecer la forma de la relación (directa o inversa), la fuerza (el nivel de correlación) y la significancia estadística (revelada a través del contraste de hipótesis que arroja el valor p). Para los cálculos se utilizó el software estadístico SPSS 21.

Análisis empírico

A partir de un análisis de correlación, a continuación, se revisa la asociación que puedan tener las diferentes variables subnacionales relacionadas con el marco institucional descrito anteriormente, frente al desempeño económico de cada territorio, medido en algunos casos frente el PIB per cápita y en otros con la tasa de crecimiento promedio anual del PIB. El análisis de correlación⁶ se realiza para cada variable y entrega mayor evidencia estadística al respecto. Este tipo de asociaciones comúnmente son utilizadas por diversos trabajos empíricos para tales fines. Aunque no se pretende determinar o emprender debates sobre causalidad, el análisis de estas relaciones brinda resultados importantes.

Instituciones formales y desempeño económico

Costo de hacer cumplir un contrato y tasa de crecimiento del PIB per cápita: El cumplimiento eficiente de los contratos es esencial para la inversión, el comercio y el crecimiento económico. Particularmente, los altos costos para cumplir un contrato [llamado Costos de transacción (^{Coase, 1998})] que puede generar una reclamación tiende a desincentivar de forma directa futuras negociaciones (^{Banco Mundial, 2010}).

Al asociar la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita de 2001 a 2010 con el costo de hacer cumplir un contrato por departamento en Colombia (véase Tabla 2), se observa una relación inversa. Los resultados demuestran la aparente relación entre las dos variables, mostrando ser altamente significativa (p= 0,001). Ello reconfirma que los “costos de transacción e información se convierten en asunto clave para generar la confianza en los mercados. El monto de estos costos podría ser expresión de mayores o menores niveles de desarrollo” (^{Estrada, 2002}).

Desempeño fiscal y PIB per cápita: Unas finanzas públicas territoriales sanas basadas en el control del gasto, gestión de recursos propios y la transparencia fiscal contribuyen positivamente en el desempeño económico regional. Para ^{Rodrik (2011: 230)}, las buenas políticas fiscales y monetarias son fundamentales para la estabilidad económica. Al revisar la relación entre el desempeño fiscal y PIB per cápita de los departamentos se encuentra una positiva asociación entre estas dos variables, resultando estadísticamente significativa tanto si se examinan los valores de la serie de años comprendidos entre 2001 y 2010, como si se evalúan los promedios departamentales del periodo de estudio (véase Tabla 2).

Diferencia social de la riqueza y PIB per cápita: Una distribución de la riqueza socialmente aceptable y garantía de acceso a los menos favorecidos disminuye las brechas sociales y contribuyen positivamente al desempeño económico regional. La atención a la población vulnerable legitima una economía de mercado al hacerla compatible con la estabilidad y la cohesión social (^{Rodrik, 2011}).

En el caso de las variables como incidencia de la pobreza, el índice de NBI y el Coeficiente de GINI, muestran la relación inversa esperada al vincularse con el logaritmo del PIB per cápita de 2005 (véase Tabla 2 para observar los años en los que se publicaron los datos). El Coeficiente de GINI no fue estadísticamente significativo. Quizás este resultado estaría asociado a lo que ^{Estay (2003)} afirma: “Tendría que generarse condiciones internas diferentes desde el ámbito macro y microeconómico, que fortalezcan la institucionalidad de los territorios subnacionales para esperar una verdadera reducción de las disparidades”. De la misma forma, el Índice de Calidad de Vida (ICV) evidenció una fuerte relación positiva y significativa estadísticamente (Tabla 2 en anexos).

Eficiencia judicial y PIB per cápita: Las sociedades saludables cuentan con instituciones para el manejo de conflictos, las cuales advierten a los “ganadores” potenciales del conflicto social que sus ganancias serán limitadas y les aseguran a los “perdedores” que no serán expropiados. La eficiencia del poder judicial es una de éstas (^{Rodrik, 2011}). La proxi diseñada por ^{Cortés y Vargas (2012)} para medir la eficiencia judicial, y tomada para el presente análisis, da cuenta de la relación directa con el PIB per cápita (véase Tabla 2). Dicha variable está construida teniendo en cuenta tanto eficiencia en la evacuación de casos de delitos penales (contra la vida y la integridad), como la medición de la “no” impunidad.

Se evidencia que para el caso de los territorios subnacionales colombianos, la fortaleza del sistema de justicia parece estar asociado a la dinámica económica del contexto territorial. Pero, ¿qué tan consistente puede ser esta variable? A partir de los datos de confianza en la administración de justicia obtenidos por la ^{CEPAL (2002)} para 24 departamentos de Colombia (véase Tabla 2), se encuentra que los mayores niveles de confianza en el sistema siguen la misma dirección de la eficiencia judicial. Aunque no se puede tomar como una evidencia concluyente, sí aporta a la idea de que sistemas judiciales más eficientes transmiten confianza a los ciudadanos en general.

Ambiente y desempeño institucional y PIB per cápita: Los economistas que estudian el crecimiento económico coinciden en que la calidad institucional constituye un elemento clave en la prosperidad económica de los países (^{Rodrik, 2011}). Estos dos índices (véase Tabla 2) muestran que las entidades del Estado que poseen una mejor disposición para seguir reglas, ejecutar políticas y administrar recursos y poseen una mayor capacidad para adoptar un modelo de gestión pública por resultados (innovador), tienden a relacionarse positivamente con un mayor crecimiento económico en los territorios subnacionales (departamentos).

Este resultado, asociado con los preceptos señalados por ^{Katz (1998)}, permite aseverar que los modelos de gestión pública innovadores requieren ser aceptados por la colectividad, considerando el “cultural lag”, lo cual incide en el ambiente y desempeño institucional.

Instituciones Informales y desempeño económico

Ausencia de riesgo de corrupción (o cumplimiento de normas anticorrupción) y PIB per cápita: La hipótesis central propuesta por Transparencia por Colombia (2004) es que los riesgos de corrupción disminuyen si la gestión es transparente, acogiéndose a las normas y estándares establecidos. Para ^{Alonso y Mulas-Granados (2011: 64)}, la corrupción no sólo afecta la eficiencia estática de la economía, sino también incide negativamente sobre sus posibilidades dinámicas de inversión y crecimiento (véase Tabla 3).

El Índice de Gobierno Abierto (IGA) también permite analizar el tema de la corrupción. Si bien este índice tampoco mide actos de corrupción sino el nivel de cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción, se observa que las más altas puntuaciones, es decir, los departamentos donde existen mayores barreras legales para prevenir la corrupción están asociadas con un mejor desempeño departamental (véase Tabla 3).

Confianza en el Estado y crecimiento del PIB per cápita: La confianza es una variable importante relacionada con las instituciones informales, particularmente con el capital social. Una mayor confianza de empresarios y ciudadanos en el sistema de justicia y en la policía puede favorecer la inversión doméstica y extranjera e incentivar el consumo de los ciudadanos. Para revisar este aspecto en torno a los departamentos de Colombia, se dispone de la medición realizada por la ^{CEPAL (2002)} a empresarios y ciudadanos sobre los niveles de confianza en la administración de justicia y en la policía (véase Tabla 3). La medición de confianza por departamentos para 2002 estuvo correlacionada positivamente con la tasa de crecimiento del producto departamental y resultó significativa (a un nivel del 0,10).

Participación Electoral y PIB per cápita: La participación democrática de la población muestra el reconocimiento que ésta posee sobre sus deberes y derechos y la importancia de la democracia. Sin embargo, el consenso sobre estos puntos es escaso, porque también existen argumentos en virtud de los cuales bajo ciertas circunstancias la democracia resulta nociva para el crecimiento. Los estudios sobre democracia y crecimiento no son definitivos; tal como lo advierten ^{Barro y Lee (1994)}. Así, mientras, ^{Friedman (2002)} se identifica con una asociación positiva entre democracia y crecimiento, para otros estudios existe una asociación negativa.

Para el caso de la participación electoral medida a través del porcentaje de votantes en las elecciones regionales de Cámara de Representantes de 2002 y 2006, se da una relación inversa significativa con el desempeño económico (véase Tabla 3). Las regiones con menores niveles de PIB per cápita como Sucre, Córdoba, Amazonas, Magdalena o Chocó poseen mayor participación democrática que los departamentos de mayores ingresos y, lógicamente, más educados como Bogotá D.C., Valle, Santander o Antioquia.

Por otro lado, los resultados también concuerdan con la incursión paramilitar en la política, que pretendía la toma o cooptación del Estado en lo que se conoció como parapolítica. Las regiones más pobres fueron fuertemente influidas para sufragar a favor de candidatos que habían fijado alianzas con estos grupos ilegales. Con excepción de Amazonas, los departamentos con las más altas votaciones poseían una fuerte presencia paramilitar en el periodo 1998-2006.

Geografía y desempeño económico

Temperatura y PIB per cápita: ^{Sachs (2001}; ²⁰⁰³) y ^{Diamond (1997)} asignan un papel determinante al clima y los recursos naturales en el desempeño económico, dado que puede influir en las enfermedades que prevalecen, los costos de transporte y la difusión de la tecnología de zonas más adelantadas. Por ende, ejerce una fuerte influencia en la productividad agrícola y la calidad de los recursos humanos.

En esta línea, es importante considerar que Colombia cuenta con una multiplicidad de subclimas y características geográficas (costas, montañas, nevados, llanuras, selvas), y que si bien pueden no ser determinantes —tal como lo afirman ^{Bonnet y Meisel (2006)} —, la geografía tuvo un papel indirecto en el marco institucional de la Colombia actual mediante su influencia en los patrones de poblamiento durante el periodo colonial. Para este caso se presenta la temperatura promedio histórica de los departamentos de Colombia y Bogotá D.C., la cual muestra una relación inversa, aunque no significativa, entre el nivel de temperatura en grados centígrados y el promedio del logaritmo del PIB per cápita departamental del periodo 2001-2010 (véase Tabla 3).

Esta relación es aún más compleja si no se incluyen en la asociación los departamentos que esta última década han elevado su nivel de PIB per cápita, debido a la explotación petrolera, y adicionalmente el de Nariño que posee la temperatura más extrema de todos los departamentos de Colombia. Los resultados de la asociación (véase Tabla 3) muestran una relación más fuerte entre la temperatura y el promedio del logaritmo del PIB per cápita del periodo estudiado. En otras palabras, la relación inversa indica una asociación entre bajas temperaturas con un buen desempeño económico.

Conclusiones

El análisis realizado a lo largo del presente estudio aportó evidencia sobre la relación entre el desempeño económico con algunas variables institucionales formales e informales para los territorios subnacionales de Colombia. Se encontró que los territorios que han consolidado su liderazgo económico muestran instituciones de mayor calidad. El grupo de Bogotá D.C., Antioquia, Valle y Santander lideran tales aspectos, mientras que departamentos como Chocó, Sucre y La Guajira parecen aumentar sus rezagos.

Desde las instituciones formales, los diferentes tipos de instituciones consideradas por ^{Rodrik (2011)} guardaron una relación cercana al desempeño económico desde un análisis por territorios de un mismo país. Se aportó evidencia del papel de las instituciones en el desempeño económico medido por el PIB per cápita, a nivel de departamentos; de la misma forma como sucede entre países. En cuanto a las instituciones informales, en lo que ^{North (2005)} asume como sistema de creencias, valores y cultura, también mostraron estar relacionadas con dicho desempeño.

Los datos empíricos se acercan a la formulación de ^{Sen (1970)}, en el sentido de que la eficiencia económica y la libertad política van de la mano cuando se trata de las decisiones que conducen al crecimiento del PIB y el piso a partir del cual se instrumentan, esto es, las instituciones. Con ello, el socius del homo sociological, definido por este autor, se construye y reconstruye dinámicamente a partir de las reglas o instituciones.

Con ello se puede afirmar, a manera de reflexión, que la tasa de crecimiento del PIB puede ser la otra cara de la moneda de la pobreza que expresa al grupo de departamentos como Chocó, Sucre y La Guajira. Y esto contribuye a entender, desde la vertiente neoinstitucional, el impacto de variables de calidad vida y el desempeño económico.

Por otra parte, el reconocimiento de las instituciones formales e informales implica necesariamente poder establecer la relación entre unas y otras; es decir, cómo se explica el impacto de las culturas en el PIB. A manera de ejemplo, se puede argumentar cómo se establece la relación entre el cumplimiento de los contratos, cuando se trata de la productividad de los individuos y el PIB.

Esta relación estudiada por ^{Thaler y Sustein (2009)} se resolverá a partir de nudges en dos vías: la primera se da por la capacidad de adaptación y endogenización de los individuos de las instituciones formales —posible a partir de la existencia de las organizaciones—. La segunda, por la propia autorreferencia en el entorno del sistema, como lo presenta ^{Luhmann (2007)}, en el cual lo determinante son las capacidades de adaptación comunicativa de los individuos a las nuevas formas culturales o de interacción propuestas. En ello operan coerciones y consensos a los que se adaptan los individuos evolutivamente.

^{Sustenin (2013: 69)} lo presenta como las violaciones al principio de precaución en la concordancia entre las reglas formales y las informales. Pero esto hará que la espontaneidad de las segundas pueda ser imputable a los descuidos de las primeras en relación con su capacidad de ordenar el sistema. Por ejemplo, la corrupción que sería imputable al incumplimiento estricto de los contactos, no sólo es adjudicable a los transgresores, sino también al gobierno y la politización de los órganos de control, responsable de la justicia, la cual es un elemento significativo del conjunto de las reglas formales que fue expuesto párrafos atrás.

Pensado de esta manera, se puede asumir, igualmente de manera hipotética para otras reflexiones, que las reglas informales son una de las bases de mayor valía en la constitución de las territorialidades. En el juego multiplicatorio con lo económico, político y social de las reglas formales, las informales se establecerían como la evolvente, en la cual las apuestas por el desarrollo, medido desde la tasa de crecimiento del producto regional, tienen altas o bajas posibilidades. Al ser un proceso evolutivo de mutua interacción, el sistema y su entorno —como lo comprendió ^{Luhmann (2007)}— no tiene un sentido de causalidad sino de referencia y autorreferencia en razón de los intereses propios de las comunidades —en el sentido de comunicaciones en términos muy amplios— asociadas funcionalmente al sistema.

Queda implícito que una formulación de políticas puede ser eficiente si las reglas permiten la suficiente libertad, expresada en las preferencias de los decisores, generalmente a partir de los mecanismos de precaución;⁷ es decir, esa libertad implica una mayor probabilidad de escogencia en el primer grupo de regiones y menor en el segundo, condicionando de esta manera la eficiencia y el desempeño económico.