Artículos científicos

 

La territorialización de la política urbana y social: reflexiones generales desde el pensamiento sociológico

 

The territorialization of urban and social policies: general reflections from a sociological thinking

 

Miguel Ángel Vite-Pérez

 

Investigador independiente / Correo electrónico: miguelviteperez@yahoo.com.mx

 

Recepción: 20 de agosto de 2009.
Aprobación: 29 de octubre de 2010.

 

Abstract

The aim of this article is to reflect on the ties between urban policy and social policy, supported upon two ideas derived from the theory of the Welfare State, based on the viewpoint of Gosta Esping-Andersen, namely: commodification and de-commodification. The first articulates the logic of capital; whereas, the second is linked to the logic of social welfare, where social rights are the objective of the State action; this is to say its intervention appears on the territory via the necessary protections against the risk of a society of labor.

Key words: Welfare State, territorialization, commodification, de-commodification.

 

Resumen

Este artículo tiene como objetivo la elaboración de explicaciones acerca de la relación entre política urbana y social, mediante la utilización de dos ideas que se derivan de la teórica del Estado de bienestar, basada en el punto de vista de Gosta Esping-Andersen, a saber: mercantilización y desmercantilización. La primera articula la lógica de los negocios privados; mientras que la segunda se vincula con la lógica del bienestar social, donde los derechos sociales son el centro de la acción estatal, es decir, su intervención se manifiesta en el territorio a través de las protecciones sociales necesarias ante los riesgos creados en la sociedad del trabajo.

Palabras clave: Estado de bienestar, territorialización, mercantilización, desmercantilización.

 

Introducción

Las sociedades modernas capitalistas se caracterizan por el fortalecimiento del circuito mercantil a través de la conversión de sus integrantes en mercancías. Sobre todo porque al mercado se le ha considerado como el principal medio para la abolición de la desigualdad social y el privilegio (Esping-Andersen, 1993: 41).

Sin embargo, el establecimiento de la interdependencia a través de un proceso de colectivización se concretó con la formación del Estado, y al mismo tiempo, mediante el establecimiento de redes burocráticas que unieron a las personas en su calidad de soldados, estudiantes, pacientes, electores, con otras palabras, como ciudadanos definidos por sus derechos (De Swaan, 1992: 10-11).

Los derechos sociales ciudadanos se transformaron en un mecanismo para la realización de programas estatales de desmercantilización, caracterizados por una liberación total o parcial de parte de los ciudadanos de su dependencia del mercado (Esping-Andersen, 1993: 42).

Desde este punto de vista, el Estado de bienestar se define por su capacidad de desmercantilizar servicios públicos que colectivamente son considerados como derechos sociales y también como protecciones sociales ante las consecuencias negativas generadas por la economía de mercado sobre los individuos, como por ejemplo, el desempleo, la enfermedad, la vejez, etcétera (Esping-Andersen, 1993: 53-55).

No obstante, los programas estatales de desmercantilización no solamente incluyen a los ciudadanos, sino a los territorios donde realizan sus prácticas sociales. Es decir, en las ciudades se puede observar su acción social territorializada en un mundo caracterizado por la expansión física de las ciudades (Davis, 2007).

La urbanización del mundo también ha sido resultado de la multiplicación de ciudades de gran tamaño. En 1950 había 86 ciudades de más de un millón de habitantes; mientras, en 2006, el número de ciudades era de 400, y para el 2015 se ha calculado que habrá 550 ciudades (Davis, 2007: 13). Estos datos significan que en las ciudades vivirá más de la mitad de la población mundial (Florida, 2009: 19), distribuida de manera diferenciada, tanto en países desarrollados como subdesarrollados.

Mientras, en América Latina, el 60% del crecimiento de las principales ciudades ha sido resultado del surgimiento de barrios pobres, ubicados en los mercados de suelo ilegales¹, donde la vivienda es precaria. Este proceso se agudizó con los ajustes estructurales, establecidos a partir de la década de 1980, basados en una política económica neoliberal que favoreció la disminución del gasto público (Davis, 2007: 31-33).

Sin embargo, el deterioro del nivel de vida tiene su dimensión territorial,² no sólo por la aparición de barrios degradados, caracterizados por su déficit en los servicios urbanos básicos, sino por la debilidad de los vínculos o lazos sociales que han provocado la aparición de comportamientos relacionados con la llamada exclusión social (Castel, 1995).³

Por tal motivo, resulta de utilidad reflexionar sobre las posibles relaciones entre la política urbana y social, debido a que la acción social se encuentra territorializada en las ciudades, por un lado, mientras que por el otro, los dos tipos de política se diseñan desde el Estado.⁴

Desde el punto de vista adoptado, la política urbana se inscribe dentro de la política de desarrollo, que abarca la política económica y social; sobre todo, porque el desarrollo ha dejado de depender sólo de la dinámica de la economía, lo que obliga a considerar en el análisis a la intervención estatal, mediante sus políticas redistributivas (Messiah y Tribillon, 1993: 130-131).

No obstante, en un contexto de globalización económica, el papel que se le ha conferido al Estado ha sido la de ser un promotor del desarrollo regional (De Mattos, 2005: 2), cuya principal función sería la de atraer inversiones extranjeras, consideradas como la causa principal del crecimiento económico y del bienestar social (Held y McGrew, 2000). Lo anterior ha redefinido el rol de las autoridades locales, al transformarlas, desde un punto de vista general, en gestores⁵ de las ventajas acumuladas en su territorio: capital físico, humano y de conocimientos, que han sido transformados en factores de atracción por parte de los inversionistas privados.⁶ Esta consideración se ha basado en la creencia de que la eficiencia es causada por la "libre" competencia mercantil (Boix, 1994), convirtiendo en clientes a los usuarios de los servicios públicos. Este hecho niega la vigencia de sus derechos sociales (Richards, 1994).

Por tal motivo, las protecciones sociales derivadas de la vigencia de los derecho sociales han permitido también la universalización de la ciudadanía en las sociedades capitalistas (Castel, 2003; Outhwaite, 2008: 39). Sin embargo, para explicar la territorialización⁷ de los derechos sociales solamente se puede realizar a través del estudio de la política urbana y social, partiendo de la siguiente consideración: la organización social del espacio se convirtió en el objeto de la sociología urbana (Castells, 2006: 17).

Por otro lado, la territorialización tiene tres niveles: en primer lugar, la morfología y organización del espacio, donde aparece lo tangible y lo visible, lo construido, la forma-objeto; en segundo lugar, las relaciones sociales, expresadas mediante la interacción, en los diferentes espacios construidos, y por último, la estructura social, cuya importancia radica en el sentido o significado, que de manera histórica, una sociedad le ha conferido a las formas construidas, en este caso, sería la forma-contenido (Hernández Cordero, 2008: 85-86).

Al mismo tiempo, se consideró que la acción estatal, por ejemplo, establecida mediante programas gubernamentales, tiene su impacto en la reorganización de las relaciones sociales (Bottomore y Nisbet, 2001). Este supuesto se deriva de la siguiente consideración: la ciudad o el territorio es un espacio de reproducción social, que se encuentra articulado a una estructura social, marcada por la desigualdad social, con sus expresiones territoriales, donde la gestión estatal también tiene su manifestación espacial.⁸

En el primer apartado del artículo se estudia la política urbana, donde se destaca la importancia de la articulación entre el territorio construido y las relaciones sociales.

Mientras, en el segundo apartado, se analiza la política social, considerando que los derechos sociales han tenido como fundamento la relación asalariada, redefinidos por la crisis de la sociedad del trabajo, generando nuevas formas de desigualdad social. Esto se debe a que los Estados benefactores durante el siglo XX se basaron en el supuesto siguiente: los gobiernos podrían lograr el pleno empleo mediante una política distributiva (Glennerster, 2001: 56).

En la última parte se elaboraron algunas consideraciones finales, donde se argumenta la posible convergencia entre la política urbana y social, mediante la introducción de lo territorial, visualizado a través de un objeto construido a lo largo del tiempo y que es lo se conoce como ciudad.

 

La política urbana desde la sociología

El espacio o territorio es un lugar practicado, donde coexisten un conjunto de elementos, bajo un determinado orden, que favorecen el movimiento⁹ y la interacción social (Augé, 2008: 85). Esta idea resulta útil para el análisis porque abarca los tres tipos de espacio: experimentado, conceptualizado y vivido. El primero se refiere a lo construido; el segundo, a las representaciones que se realizan de lo construido, por ejemplo, a través de mapas y símbolos; el tercero, a la interpretación subjetiva de vivir juntos ante el surgimiento de sentimientos como el temor, la inseguridad y el deseo (Harvey, 2006: 135).

Sin embargo, cuando se considera a la ciudad como una fuerza productiva se hace alusión a su infraestructura física (a su parte visible), es decir, a sus condiciones materiales que resultan de utilidad para la producción y consumo masivo de mercancías, donde domina el modo de producción capitalista (Castells, 1975).

Pero desde el punto de vista de Castells (1975: 23-24), la intervención estatal en la producción de las condiciones urbanas favorables al capitalismo fue un proceso creado por la consolidación del capitalismo monopolista, que al mismo tiempo generó una desvalorización creciente del capital social (los medios de consumo colectivo urbano).¹⁰

Por lo tanto, la intervención estatal se estudió más por su impacto en la configuración del espacio urbano, auxiliándose de categorías tomadas de la sociología (Lezama, 1998: 261).

A partir de la anterior consideración, los fenómenos urbanos fueron estudiados como resultado de la dinámica de la sociedad capitalista; mientras que su espacio o territorio, como su producto material (Lindón, Aguilar y Hiernaux, 2006). Sin embargo, el estudio del espacio urbano como una fuerza productiva tangible se realizó a través del análisis del modo de producción capitalista con ayuda del materialismo histórico.¹¹

En este caso, la sociedad fue visualizada como resultado de la combinación de diferentes modos de producción, donde las estructuras sociales estaban determinadas por las leyes del modo de producción capitalista. Por otro lado, la acción colectiva organizada, es decir, los movimientos sociales urbanos se interpretaron como resultado de las insuficiencias materiales relacionadas con los servicios públicos y la falta de vivienda, considerados indispensables para la reproducción social e individual (Lezama, 1998: 262).

El sistema determinante de la acción social era la dinámica económica, por tal motivo a las intervenciones estatales se les consideraba por su funcionalidad, relacionada con la necesidad de garantizar las condiciones generales de la producción capitalista, cuyas contradicciones sociales en el espacio se expresaban a través de conflictos, cuyo origen era la falta de servicios públicos básicos como el agua, el drenaje, el transporte público (Azuela y Duhau, 1987).

Pero esta perspectiva de análisis de tipo marxista tiene una fuerte tendenacia hacia el determinismo económico; sin embargo, consideró al espacio o territorio como una parte constitutiva de las relaciones sociales de producción.¹² La teoría social urbana marxista consideró que la manifestación espacial de la estructura social era de dos maneras: en el modo de producción capitalista, que configuraba la base de la sociedad; y en la superestructura, cuyos componentes eran jurídico-políticos e ideológicos.

El modelo marxista aplicado al estudio del espacio se le articuló más con el sistema económico, compuesto por tres elementos: la producción, el consumo y el intercambio. En el ámbito de la producción, no solamente se encontraban las materias primas para su realización, sino las carreteras, puertos (la infraestructura), que creaban la espacialidad necesaria para el proceso de producción.

Mientras, en el ámbito del consumo, su manifestación espacial se ligaba con la reproducción de un elemento importante para la valorización del capital: la fuerza de trabajo. Dicha reproducción era de dos tipos: simple, que tenía que ver con el consumo privado, y la ampliada, apoyada en los medios de consumo colectivo, es decir, los servicios públicos.¹³ En tanto, el elemento de intercambio era el espacio que permitía las transferencias o relaciones de circulación.

Por su parte, el Estado como garante de la dominación de la clase capitalista regularía las contradicciones que surgían de esa dominación, recurriendo a mecanismos de integración y represión. En consecuencia, de acuerdo con el punto de vista marxista, el estudio de las políticas urbanas se debería orientar hacia dos campos: la planeación urbana y los movimientos sociales urbanos.

La planeación urbana hacía referencia a la intervención de lo político sobre un sistema social articulado con la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo, favoreciendo de manera directa la reproducción del modo de producción capitalista, y en el caso del movimiento social urbano, incluía diversas prácticas sociales, que buscaban satisfacer sus demandas básicas de consumo: vivienda y servicios públicos (Kowarick, 1982: 214-215). Por eso, al Estado se le consideró como un gestor y productor de la infraestructura física y social, cuyo objetivo fue la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo a través de los medios de consumo colectivo.

Sin embargo, la mercantilización se le ha identificado con la lógica de la ganancia privada, ligada a los imperativos de la acumulación de capital; mientras, a la lógica estatal que utilizó mecanismos de desmercantilización, en la prestación de los servicios públicos, su estudio se ha hecho a través de la teoría del Estado de bienestar porque los mismos han sido considerados como la principal realización de la ciudadanía social (Picó, 1990). No obstante, el acceso universal a los servicios urbanos, como parte de los derechos ciudadanos,¹⁴ fue posible por la generalización del empleo asalariado¹⁵ (Gamero Requena, 2006: 90).

Por lo tanto, la intervención estatal buscaba garantizar la universalidad de los derechos sociales, confiriéndole un carácter desmercantilizador, lo que invalida la creencia de que la acción estatal solamente se orientaba por la búsqueda de su funcionalidad en el proceso de acumulación de capital.

La desmercantilización se generaba cuando la prestación de un servicio público era un asunto de derecho; lo cual significaba que el bienestar individual no dependía totalmente del mercado (Esping-Andersen, 1993: 41). Entonces la intervención estatal a través de la política urbana tenía una función desmercantilizadora sólo en el momento en que los servicios públicos fueron considerados como parte de los derechos sociales.

Pero la política social también realizó funciones de desmercantilización cuando gestionó de manera pública los riesgos sociales en una sociedad donde el trabajo asalariado se convirtió en su fundamento, lo que favoreció la reproducción del carácter universal de la ciudadanía.¹⁶ Sin embargo, la gestión pública del bienestar social depende del tipo de Estado de bienestar.¹⁷

Por otro lado, la regulación estatal a través de políticas destinadas a la creación de las condiciones generales de la producción capitalista y de reproducción de la fuerza de trabajo, en un espacio urbano, conduce a interpretar a la política social a través de los requerimientos de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta consideración de tipo marxista contradice la posición teórica del Estado de bienestar (la idea de desmercantilización), porque la política social estatal se explicaría más por su capacidad para integrar a los individuos al mercado de trabajo (Azuela y Duhau, 1987: 42).

Pero desde el punto de vista de la desmercantilización, la política social está vinculada con el Estado de bienestar, y la prestación de los servicios públicos se consideró como parte de los derechos sociales.

Por tal motivo, la intervención estatal en la generación de los servicios públicos solamente recuperaría los costos de su producción, financiados con los impuestos, lo cual resultaría diferente en el caso de que el empresario los produjera como una mercancía que busca obtener ganancias privadas.

Desde este punto de vista, la privatización de los servicios públicos significaría su mercantilización, es decir, se ofertarían a precio de mercado y el usuario sería más un cliente y no un sujeto de derechos sociales (Alegría y Ordóñez, 1991). Este argumento conduce a pensar a la política urbana y a la social, como parte de los programas de las instituciones estatales, cuya lógica no está totalmente subsumida a la lógica de la ganancia privada.

Por otro lado, la acción de la burocracia, que administra el sistema de bienestar, sigue el criterio de la utilización social para realizar sus tareas relacionadas con la acción de garantizar la vigencia de los derechos sociales (Offe, 1999: 62). Esto lleva a la siguiente reflexión: existen funciones sociales que no se pueden organizar de manera capitalista, debido a que, por ejemplo, en la producción de la infraestructura no ofrece ganancia alguna o también porque las condiciones sociales son tan amplias que las empresas individuales no pueden producirlas. Esto significa que el capital no puede crear por sí mismo las precondiciones sociales de su existencia (Offe, 1999: 64-65).

Por su parte, la crisis de legitimidad del Estado interventor es resultado de su imposibilidad para seguir reconciliando los intereses particulares de las empresas capitalistas con la institucionalización de las protecciones sociales (Offe, 1996: 27-28). A fines de la década de 1970, la crisis de legitimidad fue explicada por los teóricos neoconservadores como resultado de la crisis del Estado de bienestar, donde los acuerdos institucionales de la democracia de masas habían causado el derroche de las finanzas públicas, conduciendo a la "bancarrota estatal" (Harvey, 2005).

Desde la posición neoconservadora, la solución a la crisis del Estado de bienestar fue la de imponer una terapia basada en la restauración de los mecanismos de mercado, es decir, la mercantilización, lo cual suponía una abolición del intervensionismo estatal, que debería provocar una disminución de las presiones derivadas de un aumento de las demandas sociales sobre las instituciones de bienestar social estatal (Offe, 1996: 43).

Por lo tanto, la mercantilización de lo urbano afectó la reproducción social no sólo por la disminución del nivel de vida, sino por la pérdida del carácter universal de la ciudadanía, donde la intervención estatal se convirtió en un factor explicativo de lo que sucedía en la ciudad (Picó, 2003).

Sin embargo, las ciudades también son resultado de un desarrollo histórico, lo que no se limita a su tamaño ni a la dinámica de sus actividades económicas asentadas, sobre todo porque abarca el ámbito de la política, la cultura y lo social (Davis, 2003: 171-177).

La investigación urbana ha estudiado a la ciudad a través de los siguientes componentes: la infraestructura, equipamientos y servicios públicos, usados de manera colectiva, lo que constituye la dimensión pública de la ciudad.

Por otro lado, se debe considerar que el espacio urbano también se caracterizaba por ser residencial, caracterizado por la aglomeración de viviendas, formando el espacio privado de la reproducción social, creando a su vez una unidad entre los elementos públicos del espacio urbano y sus componentes privados (Duhau, 2003: 213-214).

No obstante, al transformar en objeto de estudio la llamada cuestión social,¹⁸ la investigación urbana introdujo la problemática de la pobreza y de la polarización social, lo cual obligó a considerar en sus estudios a la política social con temas como: la descentralización, privatización y focalización de las protecciones sociales, consideradas estas últimas como parte de las condiciones materiales de la calidad de vida en las urbes (Duhau, 2003: 223).

Pero eso también fue resultado de la adopción de las políticas económicas y urbanas neoliberales, consideradas como un factor que ha acelerado los procesos que han originado la desigualdad urbana y la segregación socio-espacial (Díaz Orueta, 2006: 46-47).

 

La política social desde la sociología del bienestar¹⁹

En las sociedades capitalistas, el debate que se ha generado acerca de las políticas sociales ha involucrado el tema de las llamadas necesidades humanas. Éstas son históricas y han sido construidas socialmente; sin embargo, su principal característica es su universalidad (Doyal y Gough, 1994).

Por ejemplo, la supervivencia física y la autonomía individual son necesidades básicas de todo individuo sin importar su cultura; pero su satisfacción depende más de las precondiciones sociales formadas por la organización de la producción, reproducción y de la autoridad. Empero, lo que se debe destacar es que las necesidades humanas básicas son derechos morales que se han transformado en derechos sociales mediante las políticas sociales (Doyal y Gough, 1994: 15).

Las políticas sociales materializan las condiciones que permiten la satisfacción de las necesidades humanas universales, como la salud física y la autonomía personal, mediante la generación de satisfactores particulares, que dependen más de la cultura que define de manera específica la nutrición y el refugio, así como la libertad personal (Doyal y Gough, 1994: 200). Pero en un inicio, la política social mostró un perfil más asistencial porque iba dirigida solamente a los individuos que sufrían algún desamparo de parte de la colectividad o de la comunidad (Montagut, 2004).

Después de la Segunda Guerra Mundial, la asistencia social se fue convirtiendo en una obligación casi exclusiva de los gobiernos, porque fue definida como una protección social ante diversos problemas generados por la ausencia de servicios públicos y de ingresos (Montagut, 2004: 20). Por lo tanto, a lo largo del siglo XX, el Estado de bienestar representó una solución al problema planteado en el seno de las sociedades capitalistas: cómo crear situaciones que pudieran hacer coincidir la igualdad formal derivada de la democracia con la desigualdad real creada por la dinámica económica (Ordóñez Barba, 2002: 28-29).

La anterior tarea fue posible por la existencia de políticas sociales formuladas desde el Estado social o Estado de bienestar que garantizaron un seguro de enfermedad, invalidez, vejez y desempleo. Aunque posteriormente abarcó la educación obligatoria desde los primeros años de la infancia, el cuidado de personas dependientes y el derecho a una vivienda digna (Sotelo, 2010: 267). La ampliación de los derechos sociales a más individuos fue resultado de la superación del asistencialismo individual.

De esta manera, los derechos sociales se universalizaron a través de la ampliación normativa de la ciudadanía a todos los grupos que formaban a la sociedad; lo que se reflejó en políticas sociales más inclusivas y válidas para todos los individuos sin importar su condición socioeconómica (Le Grand, 2001: 31).

Los Estados benefactores de la posguerra dejaron de lado el asistencialismo social para asumir como propósito principal el logro del pleno empleo, utilizando una política prosupuestaria de apoyo al consumo de los trabajadores (Glennerster, 2001: 56). La política social pasó del asistencialismo de tipo focal a la universalización de las protecciones sociales en una sociedad asalariada donde los riesgos provenían del mundo del trabajo. Por eso, el bienestar social dependió de la combinación de los recursos originados por el empleo, las familias y la política social pública (Esping-Andersen, 2001).

Sin embargo, la crisis del bienestar social estatal se ha explicado por los siguientes factores: el fin del empleo remunerado y estable, la incorporación paulatina de la mujer a las actividades asalariadas, lo que aumentó la inestabilidad familiar, la disminución del gasto social que buscó la liberalización de los mercados mediante la privatización de las responsabilidades del Estado de bienestar y la desregulación de los mercados de trabajo y de la mayoría de los servicios públicos (Esping-Andersen, 2001: 89-90).

Por otro lado, la crisis del Estado de bienestar ha favorecido la consolidación de organizaciones sociales que realizan tareas de asistencia social para algunos grupos vulnerables, lo que se puede considerar como otra evidencia de la pérdida del carácter universal de los derechos sociales (Montaño, 2005).

Por tal motivo, algunas de las políticas sociales se transformaron en programas de asistencia social, definidos a través de la ayuda gubernamental dirigida a individuos que sufrían una situación particular de vulnerabilidad. En este caso, la pobreza fue definida como una relación de asistencia y de interdependencia entre los pobres y la ayuda gubernamental recibida (Paugam, 2007: 18-19).

Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XVIII, el trabajo libre se convirtió en la base de una nueva política de asistencia porque se suponía que la pobreza se superaría cuando los individuos se convirtieran en obreros. Esto provocó que la llamada cuestión social sufriera un desplazamiento desde la caridad religiosa hacia las políticas sociales secularizadas, ligadas con la moral y la sanidad.

Sin embargo, cuando el mercado de trabajo mostró su incapacidad para reabsorber la pobreza surgió la necesidad de la intervención estatal en el mercado laboral, como un agente económico, lo cual contradecía el principio del liberalismo económico que negaba la interferencia estatal en los procesos económicos guiados por la ley de la oferta y la demanda. Pero en realidad, la estrategia liberal inglesa se dirigió a despolitizar la cuestión social, es decir, a separarla de los reclamos laborales y de los derechos sociales para no considerar a la pobreza en términos económicos ni jurídicos.

Desde el punto de vista moral, la pobreza fue vista como un problema de higiene pública, lo que "liberó" al sistema económico de su responsabilidad sobre ésta. En dicho caso, a la pobreza se le identificó con el pauperismo, definido por sus hábitos asociales, ligada a una cultura de la miseria, que debería ser reemplazada por la cultura del trabajo, apoyada en una pedagogía disciplinaria, mediante la utilización de técnicas como educación, ahorro, mutualismo e higiene (Procacci, 1994: 207-212).

Pero en las sociedades capitalistas de mediados del siglo XX, la llamada exclusión social²⁰ fue identificada con la pobreza, lo que renovó la cuestión social y actualizó las formas clásicas de su tratamiento, mediante los programas estatales de tipo asistencial,²¹ readaptándolos al derecho social, a través de su focalización en el espacio urbano.²²

En este caso, la idea de exclusión se consideró como la relegación de amplias capas de trabajadores hacia la periferia de la sociedad integrada, lo cual fue explicado como resultado de un proceso de precarización de la condición asalariada²³ (Donzelot, 2003: 132-133).

Por tal motivo, la precarización de la condición asalariada fue considerada como resultado del debilitamiento de las protecciones sociales, las cuales garantizaban los derechos sociales de una manera universal; esto provocó que a mediados del siglo XX, en las sociedades modernas, el trabajo adquiriera una mayor importancia, no por el monto de los salarios, sino debido a los derechos que se derivaban del ser asalariado (Castel, 1997). Entonces, la llamada cuestión social se convirtió en un problema relevante de investigación, considerando que el Estado social fue una respuesta no socialista a lo que plantearon los socialistas y sindicalistas en su momento; sin embargo, a fines del siglo XIX, apareció el embrión del Estado social o de bienestar, el solidarismo, que posteriormente se transformó en seguridad social, teniendo como base el derecho al trabajo.

En la etapa solidarista del Estado social, el intervensionismo estatal se orientó al desarrollo del derecho social, el cual rápidamente se transformó en derecho al trabajo, creando la base de la lógica de un Estado social mínimo, que pasó a ser una institución jurídica. Posteriormente, apareció el Estado keynesiano que realizó una intervención directa en el proceso económico, favorable al desarrollo económico, provocando que el salario del obrero dejara de ser un salario de la supervivencia, lo cual coincidió con el ejercicio de sus derechos (Castel, 1997: 42-47).

Desde esta perspectiva sociológica, el trabajo asalariado fue visto como un medio de integración social, que se fue desdibujando por la aparición de la precariedad laboral,²⁴ basada en la generalización de trabajos temporales y con bajos salarios, sin derechos sociales, lo que impulsó la aparición de la exclusión social. Ésta se consideró la fase final de la crisis del modelo de regulación social basado en el empleo asalariado.

Antes existía una situación de vulnerabilidad, caracterizada por la precariedad laboral y la fragilidad de los vínculos con las protecciones sociales. Pero en la zona de exclusión surgió la desafiliación, caracterizada por la ruptura de los vínculos sociales con los colectivos, que son de utilidad para la creación de redes de interdependencia y de apoyo frente a las contingencias y crisis económicas (Castel, 1995: 27-29).

Desde esta perspectiva de estudio existe una interpretación nueva debido a que el aumento del desempleo y subempleo se ha considerado como la causa de la nueva desigualdad social (Tilly, 2000: 37), definida por la pérdida de derechos (a la educación, a la salud, a la pensión, etcétera), que cumplían la función de integración social (Dubet, 2006). Por eso, conceptos como vulnerabilidad y desafiliación se articulan con la idea de una desigualdad social relacionada con la precariedad laboral, donde los derechos sociales han sido abolidos o se han debilitado, y en consecuencia, son para un grupo de privilegiados que conserva un empleo generador de protecciones sociales.

La debilidad de las protecciones sociales ha provocado que el Estado sustituya su función social por su función punitiva frente al incremento de la vulnerabilidad, lo cual se ha visualizado como una de las principales causas del aumento de la delincuencia. Por eso se ha optado por la penalización de la pobreza y la miseria (Wacquant, 2000: 88).

Al mismo tiempo, la vulnerabilidad social ha creado una situación de inseguridad social, interpretada como inseguridad pública, cuya solución ha sido criminalizar a una parte de los desafiliados (Castel, 2003). La inseguridad social tiene sus orígenes en la debilidad de los derechos sociales²⁵ provocada por la introducción de la inestabilidad laboral, como parte del proceso de flexibilización laboral, inscrito en el proyecto de la globalización económica,²⁶ y que ha responsabilizado de la pobreza y de la miseria al individuo, quien se encuentra en una situación vulnerable porque sufre el desempleo y el subempleo (Wacquant, 2004: 21).

Por otro lado, la expresión espacial del régimen económico neoliberal, instaurado en diversos países a fines de la década de 1970, ha favorecido la proliferación de un planeta de ciudades miseria. En otras palabras, la multiplicación de las áreas urbanas hiperdegradadas, caracterizadas por la concentración de una población pobre, que realiza actividades económicas informales de sobrevivencia (Davis, 2007: 13-24). La segregación urbana es resultado de la expansión de la desigualdad social, que tiene su manifestación en el espacio residencial, es decir, los más privilegiados han creado muros reales para "aislarse" de los barrios de los pobres, evitando también el interactuar con ellos, considerados como "clases peligrosas", porque suponen que sus actividades económicas informales violan el orden legal (véase Pires do Rio Caldeira, 2007).

Ante el temor surge una arquitectura que refuerza la posición de los privilegiados,²⁷ la cual se acompaña de la instalación de mecanismos electrónicos como las videocámaras, junto con los servicios privados de vigilancia, impulsando el desarrollo de una industria de servicios privados de protección de la vida y de las posesiones de los beneficiados del modelo económico neoliberal (Davis, 2001). Entonces, la lógica de los intereses económicos era diferente a la lógica de las instituciones estatales, orientada por la necesidad de la legitimidad política.

Sin embargo, en la coyuntura de consolidación de la política económica neoliberal, en el plano internacional, se pueden detectar ciertas coincidencias cuando la intervención estatal se ha realizado para socializar costos y garantizar, al mismo tiempo, las ganancias del capital, acelerando el proceso de acumulación por desposesión, caracterizado por una desvalorización de los activos sociales en periodos de crisis económica, vendidos a bajos precios a los capitalistas, favoreciendo la reconcentración de la propiedad privada y ampliando la desigualdad social (Harvey, 2006).

La misión del Estado neoliberal fue la de crear un "clima aceptable" para los negocios, optimizando las condiciones para la acumulación de capital, sin considerar las consecuencias negativas que pudiera tener sobre el empleo y el bienestar social. Utiliza la privatización o mercantilización de los servicios públicos y retira su regulación de las actividades financieras, telecomunicaciones, transporte, así como de la explotación de recursos naturales, como por ejemplo, el petróleo, permitiendo la movilización territorial del capital para reactivar las altas tasas de ganancia, lo que en algunos casos era impedido por las barreras establecidas por las regulaciones estatales²⁸ (Harvey, 2006: 25).

La territorialización de la política urbana y social hace referencia al espacio construido, que organiza la vida en sociedad, donde la intervención del Estado ha sido posible por la institucionalización de los derechos sociales, convertidos en protecciones sociales ante los riesgos creados por la economía de mercado, que resulta favorable a la conservación de la armonía social, legitimando, al mismo tiempo, la acción estatal (De Paula Faleiros, 2004: 64).

 

Consideraciones finales

La política económica neoliberal ha mercantilizado los servicios públicos porque se ha orientado más a la creación de ambientes favorables a los negocios privados con consecuencias negativas sobre la vigencia de los derechos sociales. Pero sus efectos territoriales se han manifestado mediante una división de las ciudades en fragmentos que funcionan de manera autónoma, por ejemplo, en los vecindarios de los grupos acaudalados que poseen todo tipo de servicios públicos; mientras, los vecindarios de los grupos pobres se caracterizan por un déficit de servicios públicos (Harvey, 2010: 60-61).

En este contexto, la política social y la política urbana se transformó en una política social urbana por la multiplicación de situaciones de desigualdad social en las grandes ciudades. Esto sucedió cuando las investigaciones comenzaron a visualizar la territorialización de la política social (Bozzano, 2004: 17-18).

Cabe señalar que las condiciones de producción, que satisfacen las necesidades de las empresas privadas y las de la reproducción social, ligadas estas últimas con el consumo de la sociedad, se pueden analizar con la siguiente idea marxista aplicada al valor de la mercancía: valor de uso y valor de cambio.²⁹ Sin embargo, la idea de mercantilización y desmercantilización, a diferencia de la marxista, permite el estudio de la lógica que orienta las acciones del capital privado y las del Estado de bienestar en una sociedad capitalista. Sobre todo si se considera que el problema del bienestar social no se puede solucionar solamente a través del mercado, sino que se convirtió en un asunto de las políticas sociales que acabaron por garantizar los derechos sociales, considerados también como creadores de cohesión social (Pisarello, 2007).

La visión que sostiene que el bienestar social es creado por el mercado pertenece a los partidarios del neoliberalismo, quienes actualizaron la idea añeja de que el mercado era el mejor mecanismo de generación de bienestar social ante la crisis del Estado de bienestar. Entonces, la crisis del Estado de bienestar se solucionaría a través de la mercantilización o privatización de los servicios sociales prestados por el Estado. Pero en realidad la crisis del Estado de bienestar tuvo también sus causas en la generalización de la precarización del trabajo asalariado, que amplió la vulnerabilidad social (Castel, 2004).

Desde un punto de vista neoconservador, el fin del trabajo tuvo como causa la hegemonía del sector servicios, basado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología (Rifkin, 2010: 25). Esta visión introduce una vieja consideración: la tecnología intoducida en el proceso de producción desplaza mano de obra. Por tal motivo, el cambio tecnológico es convertido en la explicación de la expansión del desempleo, y a diferencia del punto de vista adoptado en este artículo, no es resultado de la ausencia de protecciones sociales y de bajos salarios. Por otro lado, el papel que cumplía la política social urbana era la de buscar el bienestar colectivo a través de los servicios públicos, que se consideraban como parte de los derechos sociales.

Introducir la mercantilización en la producción del espacio residencial, es decir, la vivienda, se manifestó a través de la eliminación de los subsidios estatales, que resultó favorable a la transformación del suelo en un recurso de valorización, cuyas ganancias extraordinarias han sido para las grandes empresas inmobiliarias (Díaz Orueta y Lourés Seoane, 2004).

En consecuencia, la gestión territorial y urbana ha pasado de la planeación a la gobernanza,³⁰ carcaterizada por un papel más activo de las autoridades locales mediante la adopción de estrategias de tipo empresarial para reactivar el potencial endógeno de la ciudad, creando las condiciones para la valorización privada del capital, buscando atraer la inversión extranjera porque esta última se supone que elevaría la productividad económica y generaría empleos.³¹ Esto también quiere decir que la gestión urbana de tipo empresarial se centraría más en mejorar la atracción de la ciudad para asegurar su competitividad en la red de ciudades globales (De Mattos, 2005: 7).

Se podría también lograr cuando la ciudad se convirtiera en un espacio de consumo para los turistas y jubilados con un poder adquisitivo elevado. Esto ha representado un uso gubernamental de la cultura, apoyado en la mejora física del entorno urbano,³² que impulsa a las inversiones privadas que han convertido al ocio en un negocio (Harvey, 2007: 377). Por otro lado, el proceso de privatización también se ha visualizado a través de las formas de apropiación del espacio urbano, donde las calles y avenidas, vigiladas por la seguridad privada, son de uso exclusivo para sus residentes (Ramírez Kuri, 2010; Duhau y Giglia, 2008).

Pero los proyectos de regeneración urbana han sido identificados con una nueva política urbana que considera que el territorio debe alojar más actividades económicas globalizadas (Díaz Orueta, 2007: 184). Este hecho ha dejado al margen el bienestar social³³ garantizado por los derechos sociales. Y esta es una razón de por qué los derechos sociales como prácticas sociales de bienestar no aparecen territorializados en los grandes proyectos de renovación urbana apoyados o no por el Estado.

 

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NOTAS

¹ Estos suelos ilegales se localizan en la llamada periferia de las ciudades que también se han transformado en espacios habitacionales para los trabajadores con bajos ingresos (Hatzfeld, 2007: 58-60). "Las periferias son zonas que rodean la ciudad, que se encuentran en oposición y enfrentadas las unas con las otras, en una situación de rivalidad continua y alejadas entre sí por una distancia tan grande como la que separa de ese centro imaginario, en relación al cual se definen como 'periferias'. De esta manera, situamos en la 'periferia' todos los problemas de la ciudad: pobreza, paro, deterioro del entorno, delincuencia o violencia" (Augé, 2007: 27-28).

² En este caso, el territorio se explica por la concentración de una población en una aglomeración organizada de manera funcional, por ejemplo, por la infraestructura que posee, y que resulta favorable a la interacción social (Castells, 2006: 77-78).

³ Dichos comportamientos son los que encarnan los desempleados, los vagabundos, los pordioseros, los delincuentes, en general, los pobres, cuya sobrevivencia depende de las actividades económicas informales o ilegales o de la asistencia pública (Cajas, 2009: 53).

⁴ El bienestar ya no se concibe como resultado del crecimiento económico, es decir, derivado del simple juego de la oferta y la demanda mercantil, sino que se requiere de políticas redistributivas también llamadas políticas sociales, diseñadas por el Estado (Gamero Requena, 2006: 85-86).

⁵ "...a partir de los años setenta..., en los países del capitalismo avanzado, (...se estableció), un consenso sobre los beneficios positivos que se obtendrían si las ciudades asumían un comportamiento empresarial..., uno de los instrumentos centrales de la gestión urbana empresarial (...fueron) las asociaciones público-privadas (...donde) el papel del mercado y la desregulación son las características centrales" (Lungo, 2004: 18-19). En consecuencia, el papel de la acción pública local se desvanece en función de los intereses privados, buscando aumentar la competitividad de las regiones o ciudades demandada por la globalización neoliberal.

⁶ Es imposible generalizar, por ejemplo en México, el resultado de la asociación entre la gestión pública local y los inversionistas privados a partir de un estudio de caso. Sin embargo, la desregulación federal y estatal del desarrollo urbano, en la década de 1990, buscó fortalecer las funciones de los gobiernos municipales para la elaboración, revisión y aprobación de los programas de desarrollo urbano, garantizando la capacidad de la autoridad local para cambiar los usos del suelo, que en el caso de la ciudad de Morelia, afectaron las zonas de reserva ecológica, debido a que a las inmobiliarias se les permitió construir. "La estrategia de los promotores inmobiliarios y grupos de poder es clara: equipar de infraestructura vial aquellos espacios que ya han sido adquiridos con fines especulativos, sin importar si actualmente son de preservación ecológica. Esto, desde luego, con el apoyo (...del) gobierno que a través de las obras públicas subsidian a los inversionistas privados" (Ávila García, 2004: 5).

⁷ En este artículo, territorio y espacio se toman como sinónimos (Harvey, 2006).

⁸ La sociología ha tenido tres objetos de estudio tradicionales: las estructuras, las prácticas y las instituciones sociales (Sassen, 2007: 21). En este caso, la perspectiva sociológica ayuda a considerar a la acción estatal a través de la política urbana y social, con un impacto en las relaciones sociales en un espacio construido.

⁹ La movilidad es resultado del crecimiento de las ciudades, junto con la aparición de las vías de circulación, como carreteras, ríos, costas marítimas, es decir, los medios de circulación y comunicación, que han facilitado el desplazamiento de bienes y servicios y de poblaciones (Augé, 2007: 25).

¹⁰ La ciudad como una forma social comprende un proceso de producción, un proceso de consumo y un proceso de intercambio (los marcos urbanos del intercambio social, como los cafés, centros de reunión, etc.). Las relaciones entre estos tres procesos favorecen la aparición de un proceso político o de gestión que interviene en los mismos, lo que hace referencia al Estado.

En el proceso de producción se encuentran las actividades económicas que crean bienes y servicios destinados al mercado. Mientras, el proceso de consumo se vincula con la reproducción de los trabajadores, su consumo de bienes y servicios, producidos por las empresas o por el Estado (Castells, 2006: 132-133). Sin embargo, la intervención estatal es necesaria cuando los servicios urbanos, indispensables para el consumo de los trabajadores, son un valor de uso vinculado con los derechos sociales, convirtiéndose en un factor de estabilidad social en las sociedades capitalistas contemporáneas (Harvey, 1990: 449-451). Esta interpretación no contradice la idea de que la intervención estatal también es producto de la desvalorización de los activos sociales, es decir, cuando no son negocio para los particulares, por ejemplo, algunas autopistas, hospitales, servicios financieros, etcétera.

¹¹ No hay duda de las potencialidades del método de la economía política marxista aplicado a otros ámbitos del saber; sin embargo, el poner demasiado énfasis en lo económico puede conducir al economicismo (véase De la Garza, 1983).

¹² El espacio permite una pluralidad de relaciones sociales; mientras, el territorio se define por el asiento de actividades, definidas por su localización o distribución en el espacio (Augé, 2004: 141).

¹³ Aquí existe una vinculación entre la política urbana y la social, debido a que la administración pública estatal proporciona servicios como vivienda, transporte, que son de utilidad para la reproducción social de los trabajadores, es decir, tienen un impacto en el bienestar colectivo (véase Montagut, 2004: 20).

¹⁴ Para los fines de este trabajo, la ciudadanía se compone de los derechos políticos, civiles y sociales, su institucionalización es una consecuencia de las luchas sociales, lo que refleja su carácter histórico (Marshall y Bottomore, 1998).

¹⁵ El modelo de ciudadanía social estaba ligado a la condición laboral, al empleo formal, como un sistema de inclusión, cohesión y reconocimiento, ampliando el conjunto de bienes públicos (Alonso Enrique, 2007: 98-99).

¹⁶ La universalidad se desprende de la siguiente consideración: "Todos los ciudadanos están dotados de derechos similares, con independencia de su clase o de su posición en el mercado" (Esping-Andersen, 1993: 45).

¹⁷ De acuerdo con Gosta Esping-Andersen, existen tres modelos de capitalismo de bienestar: el modelo liberal, basado en los mecanismos de mercado, donde la ayuda estatal es limitada y se dirige a los individuos más pobres; el modelo corporativo, sustentado en una red subsidiaria, como la familia o las organizaciones obreras, donde interviene la ayuda estatal cuando la capacidad de la corporación para atender a sus miembros se ha debilitado. En el modelo socialdemócrata, donde las prestaciones se han extendido a toda la población, es decir, se han universalizado (Montagut, 2004: 79-80).

¹⁸ La cuestión social fue definida, por ejemplo en Francia, por las movilizaciones sociales que expresaban el descontento derivado del nuevo orden político emergido de la Revolución Francesa, que no se acompañó de grandes reformas sociales, que deberían garantizar la estabilidad política del nuevo régimen, y al mismo tiempo, un nuevo orden social (Donzelot, 2007: 26).

¹⁹ La sociología del bienestar estudia la administración estatal de las necesidades sociales, cuya legitimidad se deriva de la institucionalización de los derechos sociales, que en una sociedad dominada por el trabajo asalariado se ligan con las protecciones sociales puestas en marcha ante el desempleo, la jubilación y la enfermedad (véase Jessop, 1999).

²⁰ El excluido a diferencia del precario no tiene vínculos estables con los colectivos, por tal motivo es un desafiliado (Castel, 2003). Sin embargo, el precario cuenta con un trabajo incierto. "Aquel que no sabe si mañana continuará teniendo trabajo (...) su inscripción es flotante (...) Aquel que se halla sin trabajo queda igualmente mantenido dentro del juego social debido a los diferentes apoyos que recibe, pero el sentido de su vida resulta marginalizado hasta tal punto que no es evidente que el desempleado pueda aún reconocerse como miembro de la sociedad" (Le Blanc, 2007: 79-80).

²¹ Esta tendencia es parte del llamado universalismo básico donde el Estado no es el proveedor único, sino que para dotar de servicios a la población se debe apoyar en el mercado y en la familia para redefinir responsabilidades y papeles complementarios (VV. AA, 2006: 42).

²² Se volvió a la vieja necesidad de equilibrar empleo con igualdad social debido a que la inestabilidad laboral se alejó de ese principio, dejando de lado el hecho de que el Estado de bienestar tiene como objetivo asegurar el bienestar social de los ciudadanos. Pero no buscar la maximización del crecimiento como lo aseguran los economistas neoliberales (Esping-Andersen, 2001: 89).

²³ En realidad la exclusión social conlleva la idea de desafiliación, es decir, la debilidad y ruptura de los lazos que integran a los individuos a los colectivos, causado en la sociedad del trabajo por la inestabilidad laboral y la debilidad de las protecciones sociales (Castel, 2004).

²⁴ La precariedad laboral ha dado paso a la sociedad de los servicios. Una sociedad basada en el conocimiento y en el diseño de los bienes (lo inmaterial), así como su comercialización. La calidad, es decir, su adaptabilidad a la demanda utiliza las competencias humanas que aumentan la polivalencia de los asalariados al delegarles responsabilidades (Cohen, 2007: 18-29).

²⁵ Desde el punto de vista sociológico, los derechos sociales, como parte de la ciudadanía, son prácticas sociales relacionales (Somers, 1999: 228).

²⁶ La idea de globalización económica se ha transformado en una nueva vulgata planetaria, propagada por los economistas neoliberales, que pretenden "(...) rehacer el mundo haciendo tabla rasa de las conquistas sociales y económicas que son resultado de cien años de luchas sociales y descritas de ahora en adelante como otros tanto arcaísmos y obstáculos al nuevo orden naciente..." (Bourdieu y Wacquant, 2004: 545-546).

²⁷ El modelo de urbanización de Los Ángeles ha sido identificado con "(...) la ecología del mal. Los promotores no construyen viviendas en el desierto (...), se limitan a limpiar, igualar y pavimentar, conectan algunas tuberías con el río artificial de la zona (el acueducto de California, con subvención oficial), construyen un muro de seguridad y enchufan el producto (...) el desierto no es más que otra abstracción de los signos del dólar y la suciedad. Las escavadoras están transportando hacia el olvido la maravilla natural más importante de la región (...). Para los promotores, los magníficos árboles de Josué, exclusivos de este desierto, no son más que unos enormes e incómodos arbustos, inapropiados para crear la ilusión de hogares ajardinados" (Davis, 2003: XVII).

²⁸ La debilidad o abolición de las regulaciones estatales de algunos procesos sociales y económicos ha creado una sociedad en riesgo, donde la inseguridad afecta tanto a la vida como a las posesiones, favoreciendo la reproducción de situaciones de pobreza (Beck, 2008).

²⁹ El valor de cambio se vincula con las necesidades del capital; mientras que la del valor de uso con las necesidades de las personas. Sin embargo, en el caso de las personas, existen necesidades universales básicas como la salud física y la autonomía para actuar. En este caso, el Estado de bienestar sería una manera histórica de reconciliar dichas necesidades opuestas (Gough, 2003: 20-23).

³⁰ La gobernanza se refiere a una gama amplia de coordinación de agencias sociales diferentes (donde se encuentra el gobierno, los negocios privados o las organizaciones civiles), que buscan lograr objetivos comunes de naturaleza diversa, mediante la resolución de problemas, dejando de lado las jerarquías. Mientras, la regulación se ha identificado con las normas establecidas por una estructura jerárquica, como el Estado, que interviene en la dinámica del ámbito económico y social (Jessop, 1999: 152-154).

³¹ Las consultoras privadas señalan que las ciudades deben ser competitivas y atractivas para invertir "(...) los gobiernos locales deberán hacer planes constantes y sustentables, en el tiempo, para el desarrollo y crecimientos de las ciudades, buscando siempre la equidad y el esparcimiento de sus habitantes" (Castillo y Jiménez, 2009: 41).

³² Esta es una característica de la ciudad postfordista, donde resulta más importante la economía cultural y la llamada recualificación urbana, que no soluciona el problema del déficit de servicios urbanos y vivienda que afectan más a los grupos sociales pobres (Díaz Orueta y Lourés Seone, 2003).

³³ Por ejemplo, en México, la universalidad de la seguridad social no se ha alcanzado porque su cobertura no ha llegado para la mitad de los más pobres, anulando su efecto distributivo; además, de estar fragmentada en sistemas desiguales, por la existencia de sistemas privilegiados para los grupos sociales privilegiados y financiados con recursos públicos (Scott, 2008: 73-74).

 

Información sobre el autor

Miguel Ángel Vite Pérez. Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, España. Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Líneas de investigación: desarrollo urbano, desigualdad social, políticas sociales. Publicaciones recientes: "Reflexiones sobre la mercantilización del patrimonio histórico de la Ciudad de México", en Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona (2010); "México: ¿Hacia un estado gendarme?", en Conflictos y expresiones de la desigualdad y la exclusión en América Latina, Buenos Aires (2009); "La sustitución de la función social por la función punitiva en México", en Instituciones del bienestar y gestión de la precariedad. Una mirada interdisciplinaria, México (2009).