Ensayos

 

La universidad pública: autonomía y democracia

 

Jorge Olvera García*, Hiram Raúl Piña Libien** y Asael Mercado Maldonado***

 

¹ Universidad Autónoma del Estado de México. E–mail: jorgeolvera62@hotmail.com*, hrpl@uaemex.mx**, asaellmm@hotmail.com***.

 

Envío a dictamen: 09 de mayo de 2009.
Aprobación: 21 de julio de 2009.

 

Abstract

Public universities, as institutions of the Mexican state endowed with academic and administrative autonomy derived from the 3^rd constitutional article, section VII, represent the consequence of a coll egiate ideal in favor of progress to fulfill a socio–cultural function, which must be guided by axiological values and principles, which form the university's raison d'être, supposing a number of responsibilities for those who benefit from said universities. Thus, the collegiate democracy is a relevant topic, since the possession of autonomous governing bodies in these institutions is a right conferred by the Supreme Law, with the possibility that the internal government, and consequently the election of its directors, is ruled by a structure and mechanisms of operation appropriate to and in accordance with collegiate life, without these mechanisms being lent to popular choice and demagogues who dilute the spirit and goals of these institutions.

Key words: university, autonomy, democracy, government, public university, law.

 

Resumen

Las universidades públicas, como instituciones del Estado mexicano dotadas de autonomía académica y administrativa derivada del artículo 3° constitucional en su fracción VII, representan la consecución de un ideal universitario a favor del progreso al cumplir una función sociocultural, que debe ser orientada por valores y principios axiológicos que fundamenten su razón de ser, suponiendo un conjunto de responsabilidades para quienes se benefician de ellas. De esta forma la democracia universitaria es un asunto relevante, ya que el autogobierno en estas instituciones es un derecho que confiere la Ley Suprema con la posibilidad de que el gobierno interno y, por consiguiente, la elección de sus titulares se rijan por una estructura y mecanismos de operación propios y afines a la vida universitaria, sin que estos mecanismos se presten a sistemas de elección populistas y demagogos que diluyan el espíritu y fin de estas instituciones.

Palabras clave: universidad, autonomía, democracia, universidad pública, derecho.

 

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo plantear el origen y sentido de la universidad pública mexicana, establecer con precisión las pautas históricas que le permitieron lograr su autonomía y reflexionar sobre sus procesos democráticos que le permiten elegir a sus autoridades y determinar su destino como conciencia crítica de la sociedad.

Las universidades públicas son instituciones del Estado mexicano dotadas de autonomía académica y administrativa, cumpliendo la función que la Constitución les asigna como rector de la educación en el país, reconociendo, respetando y alentando, gracias a la autonomía, el espíritu libre, creador y crítico. Están dotadas de recursos públicos proveídos por la sociedad a través de sus representantes en un pacto explícito a favor de la educación; lo hace por ser estos lugares laicos y públicos que fomentan la ciencia y la cultura, ofreciendo opciones educativas para la juventud, además de ser un elemento primordial de la movilidad social para transformar al país.

Tienen su origen en distintos momentos históricos, desde el más antiguo, como la Real y Pontificia Universidad de México de la época colonial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creada por Justo Sierra y los siempre valiosos Institutos Científicos y Literarios de Oaxaca y Toluca en el siglo XIX, instituciones de donde se gestarían las universidades públicas.

Su presencia en el marco jurídico mexicano llega con retraso a su existencia práctica, debido a que, en los hechos, las instituciones de educación superior cumplían su misión en un ambiente de libertad y mediana independencia, incluso antes de la concesión expresa de autonomía en el artículo tercero del texto constitucional, teniendo como antecedentes los movimientos autonomistas que logran la ley de 1929 para la Universidad Nacional, y que sirvieron de modelo para un proceso de lucha a favor de la autonomía en el resto de ellas, que paulatinamente fueron dotadas de este principio, por decisión de las legislaciones federal y locales, respectivamente.

Las universidades autónomas por ley representan la consecución de un ideal a favor del progreso al cumplir una función sociocultural: realizar los valores, principios y anhelos que la sociedad espera lograr a través de la educación, y proveer profesionistas, investigadores y académicos, dotando al entorno social de cuadros altamente calificados.

La universidad hace una aportación sustancial y práctica a la sociedad, al generar y difundir el conocimiento, con lo que contribuye a producir y reforzar el análisis y la crítica respecto a la naturaleza, la sociedad y el Estado, promoviendo actitudes de apoyo, cuestionamiento, disidencia y rechazo en función de las demandas culturales, sociales, económicas y políticas de nuestros tiempos.

La universidad pública asume la reivindicación de impartir la educación universal gratuita y obligatoria, como un derecho para todos sin distinción de credos, razas o posiciones económicas. La educación es concebida como una condición que fomenta la libertad, permite el acceso a formas superiores de empleo, ingreso, bienestar y productividad, abriendo canal es para la participación social y el acceso a los espacios públicos.

 

La universidad pública: un fenómeno cultural

Pocas instituciones han logrado sobrevivir con tanta fuerza a las convulsiones que agitaron la vida de la humanidad, pocas han persistido con un fin certero, claro y entendido como prioritario; sobreviviendo revoluciones, obstinaciones, conflictos —internos y externos—, divisiones y ahora carencia de recursos, desprestigios, masificación y no poca carga de dificultades operacionales. Consideramos a la universidad como la institución central de la vida educativa de México; sus frutos y generaciones han forjado la vida nacional.

Pensar en la universidad es ubicar un espacio común de cientos de miles de mexicanos, que participan dentro de sus comunidades universitarias, activa o pasivamente, a nivel nacional o local de forma constante, a través de la educación, la investigación o la difusión de la cultura, una visión que tiene orígenes en el pasado medieval, que se inserta en la modernidad y expande sus alcances, ante los grandes cambios que vivió el mundo, hasta llegar a nuestros días como un baluarte de libertad y pluralismo.

Su génesis, inscrita en la vida misma de los países, transita como una fuente invaluable de libertad, creación y comunidad, forjando un espacio neutral, lugar privilegiado y sede del saber, que reúne todas las visiones, propuestas y acciones en beneficio colectivo. Pensar ese campus es volver la mirada al antiguo studium generale, que se entendía como el espacio con instalaciones adecuadas para estudiar, y que reunía a estudiantes de diversas partes del mundo.

Esta idea de corporación, llamada universitas, que aglutinaba en su seno a un número de miembros para lograr ciertos fines, ve en la universitas magistrorum y en la universitas scholarium a la más fructífera y perdurable corporación medieval (Tamayo, 1987: 110), obteniendo un lugar predominante en la historia.

El desarrollo universitario por toda Europa occidental tras el siglo de las luces configura dos modelos general es de organización: uno, el anglosajón, que construye centros de enseñanza como producto de la iniciativa privada y sujetos a las reglas del mercado apartados de la esfera estatal; y otro, napoleónico, donde las funciones universitarias forman parte del Estado como una gama más de los servicios que éste presta, sujetas a cierto control y con una peculiar relación entre universidad y Estado.

El modelo originario con proyecciones mundiales se incorpora sufriendo adaptaciones, ajustes y movimientos propios en nuestro continente, forma parte de la sociedad y cultura, desarrollando una historia propia con modalidades y capacidades particulares. Este modelo unifica en una misma visión al Estado y a la universidad, compartiendo un fin superior: la educación de la sociedad.

La universidad surge como un espacio de conciencia que bien puede ser definido como un campo idealizado donde caben progresistas, científicos, creadores y soñadores, que proyectan el concepto de una comunidad ideal basada en la libertad, la tolerancia y la razón. "Se concibe y actúa según un ideal educativo o paideia, un poder espiritual de papel emancipador. Se asume como sede de la razón, de la búsqueda de la verdad por una comunidad de cultura" (Kaplan, 2002: 152–153).

Según Alain Touraine, llamamos universidad a un establecimiento que ampara e integra tres funciones: producción, transmisión y utilización de los conocimientos (Touraine, 2000: 535), dicha institución tiene la misión de diseñar los aprendizajes y enseñanzas de la sociedad, educar a sus generaciones convirtiéndose en un lugar de investigación que crea y organiza las propuestas de la comunidad, una entidad donde confluyen profesores, investigadores y estudiantes en un espacio de tradición y constante renovación.

Regulada por el Estado que surge de la voluntad popular a través de los legisladores, es una organización particular con sus propios esquemas, métodos y lineamientos, que articulan su vida interna y le dan legitimidad para conseguir sus fines; además, representa una comunidad peculiar por sintetizar la diversidad social al amparo de un proyecto superior con el espíritu de mejorar la sociedad, promoviendo: a) la producción de conocimiento por medio de la investigación; b) la enseñanza del conocimiento científico a través de la formación de profesionistas; c) la aplicación de la ciencia a través de acciones en beneficio social, y d) la difusión y extensión como elemento que le une e identifica con la sociedad.

 

La autonomía universitaria: un proceso de lucha y conquista

El significado de autonomía implica cuestiones de orden jurídico, económico, académico, social y político. Autonomía no sólo implica la "potestad que dentro del estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios" (Diccionario Real Academia, 2007: 201). Esta concepción genérica se traduce en determinación específica cuando considera el contexto normativo en el que se emplea, como pueden ser los ámbitos con los que se relaciona, tanto material, personal o territorialmente; así suele hablarse de la autonomía de la voluntad, autonomía municipal, autonomía de la acción, autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros (Roldan, 2002: 250).

La autonomía nace del ejercicio jurídico de una entidad que demanda al poder central la delegación de funciones, atribuciones y responsabilidades, instancias plasmadas en el derecho positivo que le crea y articula. Proviene de un proceso amplio, complejo y no exento de contradicciones, partiendo de la idea de que si bien surgió a nivel de ley, su aplicación práctica estuvo marcada en la figura de la descentralización administrativa, sin dejar de considerarse como organismos auxiliares del Estado.

La idea de que la universidad debe gobernarse y regularse por sí misma es la esencia de la autonomía universitaria. La autonomía es la facultad que poseen las universidades para autogobernarse, tener sus propias normas en el marco de su ley orgánica, designar a sus autoridades, determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra, investigación y para administrar libremente su patrimonio. Ideas que se pueden redondear en palabras del Dr. Carpizo: "La idea de autonomía tiene su fundamento en el hecho de que la cultura no puede desarrollarse sino en el ámbito de libertad" (Carpizo, 1982: 647–648).

Entre los antecedentes de la autonomía universitaria en México, se encuentran el decreto número dos, de fecha 5 de octubre de 1917, que reconoció algunos aspectos autonómicos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, de igual forma, el decreto número 106 de 1923, de la Legislatura Local en el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque dichos decretos no fueron cumplidos íntegramente. Dato significativo es la dotación de autonomía a la UNAM en 1929, que marca un paso sustantivo en la vida de la educación universitaria en México.

Momento máximo de la lucha por la autonomía, que permite definir el papel autonómico de las universidades, se da el 9 de junio de 1980, cuando se elevó el principio de autonomía universitaria a rango constitucional, adicionándole una fracción al artículo 3° de la ley fundamental, el cual señala los fines de las universidades y de las instituciones de educación superior: educar, investigar y difundir la cultura, y estos fines se deben realizar conforme a los principios establecidos en el propio artículo, es decir, en forma democrática, nacional, con conciencia social, de acuerdo con la dignidad humana, fomentando el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

En este artículo constitucional se reconoce la autonomía, y en su aplicación y alcance a través de las leyes que crean y regulan las universidades. Una institución de educación superior será autónoma o no de acuerdo con lo que disponga su ley al respecto, lo cual supone la existencia de universidades que gozan de total autonomía como la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y otros centros educativos que, como organismos descentralizados, dependen más de la esfera gubernamental. Otros ejemplos son las universidades tecnológicas que han tenido gran incremento en los últimos años.

Vale la pena detenernos en los postulados de la autonomía universitaria que nos marca la ley fundamental —fracción VII del artículo tercero constitucional—, ya que el alcance de esta norma deriva en las atribuciones que le son conferidas a las instituciones de enseñanza superior. Dicha fracción nos señala que las universidades a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de autogobernarse, realizando sus fines propios de educar, investigar y difundir la cultura conforme a los principios (fines generales)¹ y criterios,² respetando —condición obligatoria— la libertad de cátedra, de investigación, el libre examen y la discusión de las ideas.

Previas a la constitucionalización de la autonomía universitaria son las leyes ordinarias, como en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo Michoacán en 1917, y en su momento la ley que dotó de autonomía a la Universidad Nacional en 1929. Sin embargo, su redefinición en el ámbito jurídico se presenta con la reforma del artículo tercero de la Constitución Federal de 1980, que establece una nueva forma de organización para la gestión de funciones de los órganos autónomos.

En materia universitaria, la autonomía entraña cuestiones de ámbitos diversos, cambiantes de acuerdo con las circunstancias donde se ubica, herencia histórica e instrumento hacia el futuro, desde distintas ópticas, por ejemplo, el Dr. García Maynez (citado en García Ramírez, 2005: 3) señaló que existen dos vertientes naturales para entender la autonomía universitaria: la ética como atributo del querer, y el jurídico como un derecho subjetivo, es decir, como una dimensión de valores y aspiración del ser universitario, que al tiempo es un derecho otorgado con consecuencias jurídicas.

Según Carlos Monsiváis (2004: 10), la autonomía ha tenido definiciones determinadas a ciertos momentos de crisis: a) capacidad de autogobierno; b) independencia formal o real ante el Estado; c) extraterritorialidad al rechazar la entrada de la policía y del ejército a los planteles universitarios; e) libertad de cátedra e investigación; f) auspicio de las libertades de expresión artística y cultural; lo que demuestra la amplitud de la connotación del término.

También ha sido considerada erróneamente como la constitución de un Estado dentro del Estado, la imposición de un grupo por encima del interés de todos. Visión de algunos grupos, que la entienden, según Gilberto Guevara Niebla "como un asilamiento y separación donde lo único que preocupa es la no intervención de fuerzas externas, sobre todo gubernamentales", generando así "una confusión entre autonomía y extraterritorialidad", expresada en una visión de "un mundo aparte sin responsabilidades ni ante la sociedad ni ante el Estado" (Guevara, 2007: 9).

Consideramos a la autonomía como esa capacidad de autogobierno entendida como una garantía para la libertad y la creatividad intelectual para encauzar y vitalizar la cultura. Implica una capacidad propia y una distancia frente a la ingerencia ajena respecto de la vida interna, es una garantía donde el sujeto autónomo, la universidad pública, puede reclamar, ejercer, proteger su autonomía y su poder de decisión y conducción (García Ramírez, 2005: 111). Es una actitud y convicción frente a factores internos que pudieran aspirar a la uniformidad, el control sobre el rumbo o el monopolio elitista del destino universitario. La autonomía se defiende frente a poderes extraños que pudieran limitar el ejercicio de sus funciones primordiales.

Desde el marco constitucional, la autonomía es comprendida como un derecho de la universidad y como una garantía social de los ciudadanos, es un principio que debe guiar las actitudes, valores y conductas de la comunidad universitaria, suponiendo un conjunto de responsabilidades por parte de quienes se benefician con ella. Significa un total respeto del Estado hacia formas de organización y gobierno propios, y el cumplimiento de sus valores supremos como la libertad de cátedra, la investigación, creación y administración de su patrimonio; es, al fin de cuentas, un acuerdo tácito entre los universitarios para vivir en libertad con responsabilidad.

La autonomía significa una "parte de las luchas del pueblo mexicano por su libertad científica, por estar en capacidad de formar los profesionistas, técnicos e investigadores que su desarrollo requiere, y por preservar, renovar y enriquecer su cultura, extendiéndola a los sectores más amplios de la población" (Soberón, 1979), representando un espacio para la libertad de pensamiento que califica la esencia misma del ser universitario.

Perder la autonomía por subordinación ante grupos o intereses, a una cultura política o a una ideología, es en opinión del Dr. García Ramírez (2005) un límite a la libertad. El proceder de docentes o estudiantes en materia de expresión, información y crítica debe ser amplio, ya que la sujeción a una orientación ideológica unilateral en materia educativa significa una supresión fáctica del ejercicio efectivo de libertades y derechos garantizados por ley.

Como señala el rector De la Fuente (2004: 54), "las universidades son el mejor contrapeso que tenemos al pensamiento único, y constituyen el mejor instrumento del que disponemos para atajar los cada vez más preocupantes fundamentalismos, sean éstos, económicos, étnicos o religiosos". Que la comunidad universitaria asuma su compromiso histórico de defender la autonomía, que es al mismo tiempo defender a la universidad pública autónoma; hacerlo es conservar el conjunto de valores universitarios que nos dan origen, rumbo y sentido.

 

La democracia universitaria: un camino ¿hacia dónde?

La idea de democracia está presente en la esencia de la sociedad, su naturaleza y repercusión es un tema recurrente para pensadores y escritores; históricamente significa "el conjunto de reglas cuya observancia es necesaria con el objeto de que el poder político sea distribuido efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos y por otra, el ideal en el cual un gobierno democrático debería inspirarse, que es el de igualdad" (Bobbio, 2000: 39 y 40).

Entendemos por democracia la forma en la que se articula políticamente la sociedad, lo que le da un sentido como forma de gobierno. Igualmente, para Sánchez Bringas y Carbonell (2002) supone la existencia de ciertas instituciones, arreglos y prácticas mínimas que construyan un modelo ideal sobre el cual se consigue el poder político.

Para Sartori (1999: 4) hay una democracia normativa y una democracia ideal, donde en la primera se establecen los marcos indispensables para la convivencia política, y en la segunda, el ideal por el que debería de conducirse la sociedad; es decir, en una los ideales y en otra los hechos. Para Alejandro Goic de la Universidad de Chile, la democracia "implica un acuerdo de los miembros de la sociedad sobre las bases en que ha de descansar la vida en común", entendiéndola como "una forma de fe cívica y secular en la libertad" (Goic, 1998: 2).

Distinguimos dos tipos general es de democracia, una democracia formal y una democracia sustancial; la primera se asocia con una estructura política y un régimen jurídico —el gobierno del pueblo y por el pueblo—, y la segunda posee un sentido más amplio acompañada de motivos ideales para conducir y orientar la vida en sociedad, ante lo cual podemos decir que la democracia no se limita a un asunto de urnas electorales puro y llano, sino que representa un conjunto de principios que articula la vida personal y provee una garantía para el desarrollo social en la vida colectiva de los individuos.

La democracia debe ser un sistema de vida que va más allá de la confrontación de la participación ciudadana en las urnas, la confrontación de partidos y la celebración de comicios; en el ámbito universitario debe plantearse desde el punto de vista sustancial, sin perder de vista que la idea de una universidad, basada en el interés de la sociedad, debe responder no al interés político sino al "mejoramiento económico, social y cultural" que establece nuestro artículo 3° constitucional.

En las universidades, la democracia no debe entenderse solamente como un criterio electoral, donde pervirtiéndose por las formas de la política tradicional se busque el poder dentro de las aulas o se agote en un ejercicio de mera elección popular. Corresponde un sentido decisional de mayor extensión y alcance que el electivo, ya que conlleva una responsabilidad mayor en virtud de perseguir fines superiores al representativo político, como la de enseñar, investigar y difundir el conocimiento y la cultura.

La democracia y la autonomía universitaria no deben verse como la inclusión de la institución en la dinámica de vaivenes ideológicos políticos. Sería contaminar el mundo académico del posicionamiento ideológico y postulados de los partidos, sería pervertirlo con sistemas y mecanismos de reparto del poder. Rompiendo el equilibrio entre las afinidades profesionales y científicas, sustento de las relaciones internas de los centros de enseñanza, por nuevas alianzas de tipo ideológico o político en la búsqueda de poder.

La creciente importancia de las universidades públicas las convierte en el blanco de los intereses políticos, siendo campo y objeto de la competencia ideológica y política, donde es vista como área de batallas y botín de intereses particulares para grupos que tienen el poder o aspiran a él. Permitirlo sería insertar a la universidad en la arena del debate político como un elemento más, y no desde la posición privilegiada que tiene como un actor respetado por la sociedad e indispensable para su desarrollo, que busca dar respuestas (positivas, negativas o alternativas) a la sociedad, en donde grupos e instituciones acudan al alma mater para plantear problemas y recibir de ella propuestas y soluciones, dando opiniones académicas y eminentemente científicas.

La institución no puede aislarse ante los problemas que aquejan a la sociedad, muchos de ellos de naturaleza política y de conflicto. Hacerlo sería dar la espalda a la sociedad que nos da cobijo; no podemos entender la autonomía como un argumento para abstraernos en castillos de cristal —como afirmara Raymond Aron—, enclaustrándonos en un ámbito de neutralidad o indiferencia ante los problemas de nuestro tiempo.

Por su propia naturaleza, la universidad pública es una estructura atípica dentro de las organizaciones políticas, pues sus fines y objetivos la alejan del contexto tradicional de la lucha por el poder y los conflictos que éste genera; eso le permite estudiar, ponderar y debatir científicamente en su seno los fenómenos que impactan la realidad social. Pero es una institución que no debe formar militantes, guerrilleros o integrantes de sectas, sino un espacio social que se esmera por dotar a sus integrantes de los mejores instrumentos teóricos y científicos que les permitan apreciar el mundo con plena tolerancia y unirse creativamente y con tolerancia en la diversidad sociocultural.

Aún antes de las olas democratizadoras de final es del siglo XX la universidad ejercía un alto grado de democratización interna, lo que se ve reflejado en los movimientos universitarios en busca de la autonomía, la constante lucha por la libertad de cátedra, la apertura como espacio de difusión cultural e incluso la lucha contra el autoritarismo en el turbulento año de 1968, expresiones todas de una aspiración de democracia más allá del simple acuerdo y reparto del poder.

Estas luchas son el mejor símbolo para entender a nuestras universidades públicas como semilleros de la democracia, al permitir la libre expresión y el concurso plural de la ideas. La democracia es una aspiración que se ejercita en la vida cotidiana, atendiendo principios superiores que nos son comunes, como un cuerpo que fraternamente consigue sus logros, sin la necesidad de confrontar o marginar al oponente.

La capacidad de consenso, acuerdo y negociación que ha posibilitado el desarrollo del conocimiento se basa en este postulado democrático, que faculta a todos los integrantes de la comunidad para asumir, con responsabilidad y en ejercicio de sus derechos, el compromiso de la educación superior de calidad, canalizando sus impulsos, no en la lucha, sino en la transformación y creación.

Es un espacio institucional único en su tipo, donde las dinámicas de funcionamiento han introducido en sus estructuras modelos de participación, en el que todos los sectores de la comunidad forman parte de sus estructuras de gobierno, lo cual queda demostrado en la constitución de los componentes fundamentales de autoridad universitaria, por órganos colegiados (Consejo Universitario o Junta de Gobierno) y el debate y la aprobación de buena parte de las decisiones fundamentales.

Ante los problemas actuales en la agitada vida política de nuestro país, la universidad pública es la representación de un modelo particular de democracia. Una instancia que no pertenece a ningún régimen, partido, clase o grupo económico en la búsqueda de la dominación política, sus metas se encuentran en el consenso de la vida universitaria como instrumento al servicio de la sociedad. Es una institución que representa el espíritu de la sociedad para lograr, mediante el estudio y la reflexión, mejores derroteros de desarrollo. Por lo mismo su quehacer implica criticar los excesos en el ejercicio del poder de gobiernos y partidos, y ponerse de lado de los intereses más caros de la sociedad.

La democracia universitaria es un asunto relevante porque la idea de autogobierno de las universidades públicas autónomas por ley es un derecho constitucional que les concede la posibilidad de una estructura interna con facultades de gobierno y la consiguiente elección de sus titulares, y, a su vez, es una garantía, porque salvaguarda la autonomía limitando el acceso de agentes extraños en lo concerniente a la toma de decisiones.

La democracia en la universidad pública debe entenderse como un proceso que supone "una articulación racional, una armonía constructiva, no exenta de posiciones discrepantes" (Zavalza, 2002: 74–75), sujeta al plebiscito cotidiano —más allá de las elecciones— de la comunidad universitaria, para la conducción de la vida académica y administrativa, donde el gobierno interno se rige por una estructura y mecanismos de operación propios.

Desde el punto de vista formal, la democracia, como medio para el ejercicio del poder, busca procurar un bien común, basado en la soberanía popular para definir su destino político a través de la participación ciudadana en las decisiones políticas por medio del voto, con la consecuente elección de representantes populares que son renovados periódicamente. Integra al mismo tiempo separación de poderes, libertad de expresión, asociación y formación de partidos políticos, elementos que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico estructuran el sentido actual de la democracia.

El fin de la "sociedad política" es el bien de la colectividad, donde la educación juega un rol trascendente, que en cierta medida es destinado a la universidad como su objetivo específico, para cultivar, transmitir y difundir el conocimiento y la cultura; lo que nos lleva a inferir que en sentido estricto, la tarea particular de la institución no consiste en articular políticas destinadas a satisfacer necesidades sociales, como lo hace el Estado, aunque su producto educativo contribuya a ello, lo que constituye una diferencia entre lo que persigue la "sociedad política" y la "sociedad universitaria".

En relación con la "sociedad universitaria", entendida ésta como una entidad total, la consecución de sus fines gira exclusivamente alrededor del espectro educativo, un camino a través del cual contribuye a éste, con la formación y generación de conocimiento, que en consecuencia tiene efectos sociales.

Apoya esta reflexión García Ramírez (2005: 115), cuando se refiere a esta sociedad universitaria como "un producto y garantía del pacto social interno entre los integrantes de la comunidad misma, que al tiempo es parte del pacto social externo, entre la comunidad nacional y la universitaria", apuntalando a la universidad en dos campos: primero, el del fin educativo en sí mismo (principio superior), y segundo, el de la responsabilidad social.

A diferencia de la "sociedad política", la universitaria está constituida por elementos claramente definidos, que poseen derechos y obligaciones correspondientes a los roles de académicos, estudiantes o trabajadores, dentro de la cual cada uno asume un papel y una responsabilidad de acuerdo con sus derechos y quehaceres, lo que no es apreciable en la "sociedad política" por la pluralidad de objetivos e intereses.

Otro rasgo importante de la sociedad universitaria es el carácter eminentemente académico de los integrantes de la comunidad, quienes están ligados por convicción a la actividad de su casa de estudios, con una vocación definida y un espíritu de pertenencia, al que se suma el rasgo de permanencia temporal de los estudiantes.

Para cumplir esa misión, la institución ejerce una "democracia del saber", mediante la cual ordena su vida interna bajo criterios académicos, basados en la experiencia, capacidad intelectual y docente, valores éticos y prácticas creadoras, con base en normas establecidas por ella misma, que ponderan antecedentes en el desempeño y la productividad y son juzgados por sus pares, es decir, por la propia comunidad. En esencia, este proceso es democrático al surgir de la propia colectividad soberana, que determina los requisitos y condiciones de elegibilidad, bajo criterios cualitativos e intelectuales, y no por condiciones de raza, credo, riqueza, estatus o ideología.

Estas consideraciones —cualidades y aptitudes intelectuales— revisten a la universidad con características distintas del modelo general de la sociedad política, ya que en ésta todos los ciudadanos tienen derechos de participación política, para elegir y ser elegidos en sufragio igualitario. En la comunidad universitaria no todos sus miembros ostentan similar jerarquía, ni asumen iguales responsabilidades y obligaciones, ni poseen los mismos derechos para elegir y ser elegidos.

En la vida académica no es necesario ejercer derechos electorales a través de la mediación de partidos políticos, o agentes que representen y encaucen la opinión de la comunidad universitaria y aspiren así al poder político. Aquí el concepto de participación es más amplio y sustancial que el simple derecho al voto, ya que cada integrante ejerce sus derechos con plena independencia de sus pares, aquellos que los representen y aquellos que ejerzan la autoridad. Es un acuerdo implícito a favor del saber, la cultura, el intelecto y la moral sobre preferencias ideológicas o creencias de sus miembros, buscando la conquista del saber y no la conquista del poder.

Al formar parte de una comunidad, los universitarios debemos hasta cierto punto renunciar al activismo político en nuestra casa de estudios, lo que no significa abandonar las preferencias ideológicas. Así, en ejercicio de la autonomía, las universidades públicas por ley deben generar la mayor participación a su alrededor garantizando la transparencia, al tiempo que su gobierno es ejercido por académicos, de acuerdo con lo que la misma ley establece, con el fin de velar por el cumplimiento de sus fines y principios.

La búsqueda de la convivencia armónica entre los integrantes no implica cancelar el concepto de soberanía popular, por medio del voto universal, ni las modalidades de participación propias de la sociedad política. No debe limitarse o considerar con diferente estatus a los diversos miembros de la comunidad, o apartar a cierto grupo de las responsabilidades de la conducción universitaria. Gracias a la visión colegiada y representativa basada en aptitudes y conocimientos, el gobierno de las universidades queda en manos de universitarios con trayectoria y pertenencia, capaces de sintetizar en proyectos concretos las aspiraciones de su comunidad.

La comunidad del saber no puede regularse por fórmulas demagógicas y populistas, el poder de decisión debe descansar en quienes ya están formados como académicos. En el espectro nacional de la universidad pública las formas populistas de sufragio directo y universal han sido proscritas de sus leyes y estatutos. Estas fórmulas sólo conllevan al atraso y a la degradación de los principios para lo cual fueron creadas. Solamente cuatro universidades en el ámbito nacional aún observan la votación universal para elegir a sus autoridades unipersonales: la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro", la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Guerrero.

Según Gilberto Guevara Niebla (2007: 8), profesor de Filosofía de la UNAM y líder del movimiento estudiantil de 1968, hablar de autonomía universitaria no es un tema político, sino deontológico; "la verdadera autonomía universitaria es la que se funda en la operación en las autorregulaciones, pero sin rechazar, ni al mercado, ni al Estado", por eso "los fundamentos de la autonomía no hay que buscarlos en las leyes o reglamentos, sino en las actitudes, valores y conductas de los universitarios" (Guevara Niebla, 2007: 8).

Afianza esta visión el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova cuando afirma que los universitarios debemos luchar "por organizar el autogobierno de la universidad en función de sus objetivos universales y nacionales, con autonomía en sus grupos de trabajo científico y humanístico, técnico y artístico para que alcancen los más altos niveles de la creación y la inteligencia"; lo anterior, según el distinguido universitario, "sin confundir la disciplina con el autoritarismo ni la democracia universitaria con la democracia de los pocos, con los pocos y para los pocos, sino con el respeto de todos los universitarios a las reglas que ellos mismos se impongan para alcanzar los objetivos de la universidad" (Casanova, 2004).

Nos preguntarnos si cambiar el sistema de elecciones de autoridades convendría a los intereses de la institución porque tradicionalmente ha implicado un proceso desgastante, costoso en términos de divisiones internas, intenso, porque en el tiempo que duran las campañas se descuidan recursos y atención. Al final salen perdiendo todos por el divisionismo que generan y el pago de facturas, donde el dirigente ganador se somete a los intereses particulares del grupo que lo apoyó. ¿No sería más pertinente conformar una terna y someterla al H. Consejo Universitario para analizar la pertinencia de tal o cual candidato que pueda desarrollar el plan de gobierno de cada organismo académico? De hecho este procedimiento no es nuevo y se aplica en muchas universidades de alta calidad.

Observamos que universidades como la UNAM o la UAM prescriben en su normativa mecanismos de representatividad de forma indirecta y cuya decisión la asumen grupos de notables (Junta de Gobierno o Colegio Académico), que proponen de manera responsable y con un matiz académico al rector o a sus máximos colegios sobre los aspirantes idóneos a dirigir estas entidades autónomas. Hay casos como la propia UNAM que practican la reelección como una forma de evitar que la universidad dedique más atención a procesos de elección interna que se han visto resultados nacionales, no son la vía para la calidad de estas instituciones sui géneris. Por ello subrayamos que la tendencia nacional deberá ir hacia la proscripción de privilegiar el acceso a estas responsabilidades del matiz académico antes que el político. Las universidades en su dinámica actual deben inscribirse a procesos que abarquen calidad, competitividad y pertinencia, y no se inmiscuyan en falsas panaceas que en los años setenta ofrecían las llamadas universidades "populares". Es preciso observar el fenómeno que recién aconteció con la transformación de la ley de la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución que observó durante muchos años un modelo de "democracia", y que al reformar su ley recientemente tendrá que abordar el reto de una universidad moderna y viable en el concierto nacional.

Debido al papel central que juega la universidad pública, atrae el interés de aquellos que con el fin de cumplir sus objetivos particulares, casi siempre políticos, la conciben como un lugar para el enfrentamiento, que podría ocasionar efectos negativos como limitar la libertad de cátedra e investigación, la práctica de la razón, del pensamiento y del saber; de modo que nuestras universidades perderían parte de su autoridad moral y espiritual ante la sociedad, valores que constituyen la base de su prestigio y la mayor garantía de autonomía.

La universidad es una institución académica, no un instituto político, donde la vida académica tiene sus propias reglas y valores; si éstos se pierden o se trastocan, la creación se acaba. Los universitarios antes que confrontarnos en la lucha por poder, debemos ocuparnos en buscar la excelencia académica, la gestión de más recursos públicos y creación de nuevas fuentes de financiamiento, con el fin de modernizar nuestra infraestructura y dotar de mayores y mejores servicios educativos a nuestra comunidad.

El fin último de la universidad mexicana, decía Justo Sierra, debe ser estudiar los problemas y necesidades de México y contribuir a resolverlos. Generalmente se habla de la educación superior en términos económicos, y las comunidades éticas pocas veces existen, y cuando existen pocas veces se preocupan por mantener vigentes principios como la libertad, la honestidad, el diálogo, la autoexigencia y el compromiso nacional. Por eso debemos reflexionar sobre los valores, principios, actitudes y fines que tiene la universidad; defendiendo su autonomía defendemos su razón de ser.

Centremos nuestras energías en consolidar la vida universitaria, mejorar las condiciones de la academia y la investigación, abrir más espacios para la difusión de la cultura, fomentar la innovación y la creatividad, impulsar la internacionalización y la cooperación. Conseguir una universidad pública de calidad que luche contra el deterioro de nuestra imagen, que evite la fuga de talentos y que haga frente a las amenazas que hoy la ponen en riesgo.

Dediquémonos a esto, hacer lo contrario sería desfigurar la universidad, volviéndola un campo de batalla para la conquista del poder, rompiendo así el consenso moral, ético y espiritual que permite el desarrollo del saber y la formación universitaria que son, en conjunto, la mayor contribución que hace la universidad pública a la patria.

 

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Notas

¹ Contenidos en el párrafo segundo del artículo 3°: desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; fomentar el amor a la patria, la independencia y la justicia; fomentar la conciencia de solidaridad internacional.

² Ubicados en la fracción segunda: basada en los resultados del progreso científico, democrática, nacional, y que contribuya a la mejor convivencia humana.

 

Información sobre autor(es)

Jorge Olvera García. Doctor en Derecho, Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor definitivo de la Facultad de Derecho de la UAEM. Líneas de investigación: derecho constitucional, derecho universitario. Publicaciones recientes: "Valores y principios constitucionales universitarios", en Estudios en homenaje al Dr. Juan Josafat Pichardo, Toluca, Estado de México (2008); "Comentarios a los artículos 59 y 60 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de México", en Nuestros derechos: exégesis Constitucional del Estado de México, México (2008); "Defensa constitucional de la universidad pública mexicana", en revista Papeles de población, núm. 14 (2008).

Hiram Raúl Piña Libien. Doctor en Derecho, Universidad Autónoma del Estado de México. Líneas de investigación: derecho constitucional, derecho universitario, derecho informático. Publicaciones recientes: El derecho a la autodeterminación informativa y su garantía en el ordenamiento jurídico mexicano, México (2008); (como coordinador, junto con Enrique Uribe) Estudios en Homenaje al Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz La dimensión deonto–teleológica de la Universidad Pública Mexicana del siglo XXI, México (2008); (como compilador) Compilación Legislativa Universitaria, UAEM, México (2009).

Asael Mercado Maldonado. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Líder del cuerpo académico: Nuevo orden mundial: retos políticos y económicos para el siglo XXI. Líneas de investigación: Teoría del conflicto, sociología política, teoría sociológica. Publicaciones recientes: "La crisis de la democracia en México", en Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, núm. 17, Madrid (2008); "La teoría del conflicto en la sociedad contemporánea", en revista Espacios Públicos, núm. 21, México (2008); "Bases para comprender el conflicto canadiense", en revista Espacios Públicos, núm. 22, México (2008).