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Convergencia

versão On-line ISSN 2448-5799versão impressa ISSN 1405-1435

Convergencia vol.16 no.50 Toluca Mai./Ago. 2009

 

Estudios

 

De agrarista a cacique: la historia de la formación del ejido Río Laja, Dolores Hidalgo

 

Manola Sepúlveda Garza

 

Escuela Nacional de Antropología e Historia. E–mail: manolasepulveda@yahoo.com.mx

 

Envío a dictamen: 28 de abril de 2008.
Reenvío: 06 de octubre de 2008.
Aprobación: 12 de octubre de 2008.

 

Abstract

This work describes the trasition of a agrarian lider at thirtieth into local boss at fifties of XX century and the reason of his defeat. This case exemplifies the difficulties of the land reform in the Bajío and explains also the distorsion of the govermental proj ect of ejido. Y would like to contribute to the study of the agrarian reform and offer my reflection about the system of dominance by the local boss as a form of social and poiitical relaciones that still exist in the mexican country.

Key words: mexican country, agrarian reform.

 

Resumen

El presente trabajo relata el tránsito de un líder agrarista en los años treinta a un cacique ejidal en la década de 1950 y las causas de su derrota. Este caso ejemplifica las dificultades del reparto agrario en el Bajío y también muestra cómo se tergiversó el proyecto gubernamental del ejido. Con este escrito quisiera contribuir al estudio del significado de la reforma agraria y ofrecer una reflexión sobre el cacicazgo como forma de relación sociopolítica todavía existente en el campo mexicano.

Palabras clave: campo mexicano, reforma agraria.

 

Introducción

En el norte de Guanajuato el reparto agrario cardenista se enfrentó a un intenso movimiento social que un poco antes, con los "cristeros", se había expresado en defensa de la religión católica y que durante los años treinta, con los "rebeldes" o del "Cerro", defendía además la propiedad privada, la hacienda y el tipo de relaciones semifeudales existentes en ella.

En aquellos años la gente de esta región (así como en otras partes del centro oeste del país) tuvo una participación activa en contra del proyecto gubernamental que llegó a expresarse con las armas. En efecto, el campo estaba armado. Desde 1922 el gobierno del estado autorizó que se formaran defensas civiles en los ayuntamientos y que los hacendados tuvieran grupos de peones armados;1 pero durante el movimiento cristero y el reparto agrario los terratenientes intensificaron la compra de armamento para proveer a las gavillas de rebeldes que combatían a los representantes del gobierno. Por su parte, éste también equipó a los suyos. En 1930 el gobernador Agustín Arroyo convocó a los agraristas para que se sumaran a las fuerzas del estado, logró concentrar a 730 hombres y con ellos enfrentó diversas guerrillas.2 Durante los años en que se intensificó el reparto (1935–1938) y se daba la tierra, se entregaba un conjunto de armas y se integraba una defensa rural, cuyos miembros pasaban a formar parte de las reservas del Ejército.

Las dotaciones agrarias se dieron en un marco de violencia y de enfrentamientos entre federales, apoyados por un sector minoritario de campesinos, en contra de los diferentes integrantes de la sociedad regional. Tomaron un carácter impositivo y paternalista: recibir la tierra en forma de ejido no sólo era un derecho del campesinado que lo liberaría de la explotación de los patrones, sino una obligación, ya que las solicitudes agrarias se consideraban irrenunciables. Ante esta actitud y la oposición de los hacendados y de los pocos clérigos que persistían en la región, la reacción de los aparceros y peones de las fincas fue estrechar los lazos con sus patrones, abandonar las tierras que pasaban a formar parte de los ejidos y, en algunos casos, hasta dejar sus viviendas y rancherías. Así, la alianza Estado–campesinos no fructificó y los ejidos prácticamente quedaron abandonados.

De 1930 a 1940, para el municipio de Dolores Hidalgo, se firmaron 26 resoluciones presidenciales (24 de dotación y dos de ampliación), y de 1940 a 1950 se firmaron otras tres resoluciones de dotación que desde los años treinta estaban otorgadas de manera provisional (45% de los ejidos existentes en la actualidad). Sin embargo, para 1940 sólo se habían ejecutado 16 resoluciones presidenciales y la cantidad de ejidatarios no superaba a 220 jefes de hogar en todo el municipio. En el transcurso de la década de 1940 se ejecutaron seis resoluciones más y seguramente aumentó la cantidad de ejidatarios, pero, de todas formas, seguían constituyendo una minoría en el contexto municipal.

De 1938 a 1958 los ejidos en Dolores Hidalgo pasaron del abandono y la desolación a ser trabajados "como sea y por quien sea". La idea del ejido como una célula productiva de organización democrática donde la asamblea general era la autoridad máxima y sus integrantes serían poseedores de una superficie territorial equitativa, se tergiversó y se dio una gran concentración de recursos y de poder, de tal forma que muchos de los ejidatarios pasaron a ser un agente más de explotación de los trabajadores del campo.

Aunque cada ejido tiene su especificidad y en 20 años hay reacomodos y cambios tanto en la política del Estado como en los grupos de poder local, he encontrado diversas formas de organización productiva que reúnen como ejidos "blancos" y ejidos "rancheros". Los primeros fueron aquellos que se ejecutaron a fines de los años cuarenta y que estuvieron bajo el control de los propietarios afectados; y los segundos que, con diferentes matices abarcan la mayoría, fueron aquellos donde el presidente del Comisariado ejidal tomó el rol de "patrón tradicional" por dar la tierra en renta a los propietarios afectados o al "partido" a los campesinos. El representante ejidal a veces otorgaba yunta y semillas, pero, en la mayoría de los casos, obligaba a los campesinos a entregar la tercera parte de la cosecha sólo por sembrar en tierras ejidales. Tras este estilo "ranchero" en cuanto a las formas de trabajo y de producción, se presentó la figura del cacicazgo que incluye relaciones sociopolíticas de dominación.

En este trabajo trataré de ilustrar cómo se dio el tránsito de un líder agrarista a un cacique ejidal en Río Laja, uno de estos ejidos que he denominado "rancheros".3 También señalaré cómo este cacicazgo fue destruido por la carencia de alianzas, el abuso de la violencia y la falta de reconocimiento de los límites de su rol. Aunque se trata de un caso particular, no fue el único en el municipio y refleja la tergiversación del ideal zapatista (la tierra es de quien la trabaja) y del cardenista (defensa del trabajo, equidad y colectivismo). En la exposición me apoyo en materiales del Archivo del Registro Agrario Nacional y en entrevistas de historia oral realizadas a los ejidatarios más antiguos del lugar.

A grandes rasgos, Río Laja dio sus primeros pasos como ejido en 1937 con la dotación provitional; desde ese entonces y hasta 1952 fue encabezado y dirigido por Margarito Villegas y su familia. Margarito (1904–1955) era foráneo del municipio, garrotero del ferrocarril y, según dicen, designado por Lázaro Cárdenas para formar el ejido.4 Por el rechazo de los campesinos a la acción agraria, la familia Villegas explotó las tierras de Río Laja y de Soledad Nueva (ejido vecino, ejecutado hasta 1944) utilizando el alquiler y la aparcería.

En los inicios de la década de 1950, Margarito Villegas y su familia eran conocidos como los "terratenientes" del ejido, lo cual no fue excepcional en el municipio durante aquella época. Pero sus abusos de poder provocaron que el gobierno recogiera las armas y desconociera al grupo como parte del batallón de defensa. Río Laja vivió una crisis que culminó con el asesinato de Margarito (1955), la exclusión de toda la familia de la representación ejidal y la incorporación al ejido de un grupo de campesinos señalados como sinarquistas.5 A pesar de los cambios, las autoridades que les continuaron no estuvieron ajenas al caciquismo, a los abusos del poder y de otorgar las tierras en aparcería y renta. La organización del ejido de acuerdo con la normatividad y la conformación de un grupo de ejidatarios más o menos estable se dio hasta los años setenta.

 

Ubicación

Río Laja, ex estación de ferrocarril y el caserío más numeroso del ejido, se sitúa a 12 km al norte de la cabecera municipal. El ejido fue dotado en 1942 con 3,648 has (2000 de ellas aún sin ejecutar). Actualmente, lo integran alrededor de 187 ejidatarios con residencia dispersa en sus 12 fracciones: 147 poseen Certificado de Derechos Agrarios y 40 son posesionarios de la fracción El Mastranto que está en conflicto.

 

Antecedentes

La parte del ejido que se ejecutó en 1948 (1,358 has) fueron tierras de la antigua hacienda de La Soledad y Anexas. Esta finca perteneció a Mateo y Benito Rubio y tenía una superficie de alrededor de 14,400 has de tierras de diversas calidades. En 1893 Ana María Galván de Urquiza compró la hacienda que estaba valuada en 238,367 pesos oro. La nueva dueña tenía otras propiedades en Querétaro y capital invertido en acciones petroleras. En 1918 heredó sus bienes a Antonio Urquiza (esposo), Isabel Galván (hermana) y a Eladia, Concepción y Teresa Gavidia (sobrinas) (ver cuadro).6 Pero Concepción le cedió a su tío Antonio la fracción 5 de la finca.7 Desde entonces, el título de propiedad de La Soledad se aplicó a la familia Gavidia y el de El Rincón (fracciones 5 y 6) a Antonio Urquiza Courtier.

En las diversas fracciones de la hacienda se producía maíz, frijol, trigo, chile, garbanzo y se criaba ganado mayor. Se trabajaba con ayuda de vaqueros, aparceros y peones. Estos últimos recibían de 40 a 50 centavos por jornal.8

Las fincas La Soledad, El Rincón, El Gallinero, San Pablo, La Erre y otras del municipio fueron afectadas con solicitudes agrarias desde 1929 por el coronel del ejército Gonzalo N. Santos, quien era uno de los encargados de combatir a los cristeros de la zona. El coronel, originario de San Luis Potosí, estuvo encuartelado en la estación de ferrocarril de Río Laja y desde ahí extendía sus actividades.9

Los ejidatarios más antiguos y otras personas del municipio recuerdan el inicio de la acción agraria como un acto de violencia e imposición. Nos cuentan: "Las solicitudes agrarias no fueron voluntarias, se hicieron por órdenes del Coronel quien mandó a los administradores de la finca (El Rincón) a que juntaran a la gente de la zona y apuntó como a cien. A dos de ellos (Lázaro Vidia y Eusebio Granados) que gritaron ¡primero muertos que recibir tierras del gobierno! simplemente los mató, pues no se trataba de elegir si se quería o no ser ejidatario".10

Ante la amenaza agraria, los propietarios reforzaron su oposición al gobierno tanto a través del apoyo a las gavillas de "cristeros" (y después, de los rebeldes), a quienes les suministraban sueldos, caballos y armamento, como en el fraccionamiento de sus propiedades iniciadas desde ese entonces. A pesar de las ventas (reales o ficticias), las tierras de La Soledad fueron afectadas por el gobierno para formar los ejidos de Río Laja y Soledad Nueva, y la de El Rincón también para Río Laja y San José de Badillo.

 

Proceso de dotación

La solicitud del ejido fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 30/04/1936. El Comité Particut ar Ejecutivo Agrario (Comité) estuvo integrado por Margarito Villegas, J. Dol ores Téllez y José Jaramillo. El censo (04/05/1936) señalaba que Río Laja era un asentamiento donde existía una estación del ferrocarril que comunicaba a la Ciudad de México con Nuevo Laredo. El poblado tenía 743 habitantes, de ellos 109 jefes de hogar y 210 capacitados en materia agraria.11

El 28/07/1937 la Comisión Agraria Mixta (CAM) propuso que a los 210 vecinos se les otorgaran 3,684 has (215 de riego, 1,258 de temporal y 2,211 de agostadero) tomadas de diversas fracciones de las ex haciendas Rincón de Abasolo, Soledad Nueva y Trancas:

El gobernador firmó la propuesta (11/08/1937) y Cárdenas la aceptó en los mismos términos (13/11/1940) publicándose la resolución en el Diario Oficial de la Federación el 09/01/1942.12 Este tipo de dotación hizo un ejido enorme, con nueve fracciones que abarcaban varios núcleos de población.

 

Dinámica del ejido

La vida del ejido comenzó a partir de 1937 cuando se proporcionaron 1,684 has en forma provisional. Las tierras que le afectaron a la hacienda de Trancas (2000 has) no se otorgaron, ya que era uno de los centros fuertes de oposición considerado "cuartel de rebeldes", y los peticionarios se negaron a trasladarse a ese sitio por falta de garantías.13

Sobre la formación del ejido nos cuentan: "En aquellos años nadie quería entrarle por temor a los rebeldes. Toda la gente tenía miedo. J. Dolores Téllez y José Jaramillo (integrantes del Comité) se hicieron del lado de los patrones, por lo que sólo Margarito Villegas, acompañado de tres de sus hijos y ocho hombres más, se decidieron a tomar las tierras. Para completar los 20 campesinos requeridos para integrar el ejido, Don Margarito les pagó a los campesinos del lugar y fue así que se nombraron a las nuevas autoridades".14 El Comisariado Ejidal (CE) lo formó Margarito Villegas, Erasmo Huerta y Crescencio Rayas, y el Comité de Vigilancia lo integró Miguel González, Everardo Hernández y José Cruz.15 Al grupo de los 12 titulares y suplentes, el gobierno les dio fusiles para defenderse e integrar un destacamento para proteger la línea del ferrocarril. Este grupo pasó a formar parte del 25° Batallón de Defensa del Ejército Nacional.

Los "rebeldes" no se acercaban al poblado por temor a enfrentarse con la defensa militar. Un día llegaron al Calvarito (a un km de distancia), pero no atacaron porque los ejidatarios, con sus familias, lograron huir y refugiarse en la pequeña ciudad de Dolores.16 Hubo agraristas de Río Laja que murieron o resultaron heridos porque salían a combatir rumbo a San Diego de la Unión o por el lado de San Luis de la Paz, y esos lugares estaban muy vigilados por los rebeldes.17

La Defensa Rural fue muy activa en las tareas de apoyo para la labor agraria en el municipio; sin embargo, también hubo abusos: se despreciaba y maltrataba a los campesinos que no aceptaban el ejido y hasta se cometieron dos asesinatos.18 En 1939 se acusaba a Leobardo Rodríguez y a Pedro Álvarez (suplentes del CE e integrantes de la Defensa Rural) de que "armados y fingiéndose rebeldes, atacaron La Tinaja y despojaron a los campesinos de cobijas, dinero y otros bienes... Los vecinos siguieron a los bandidos hasta el poblado de Río Laja y ahí fueron sorprendidos con el botín y llevados con las autoridades del municipio".19

Para 1937–1938 Río Laja era un ejido cuyas tierras estaban "abandonadas en el orden jurídico" como muchas otras en el municipio. Para volver a cultivar las tierras, los funcionarios del gobierno trataron de convencer a los campesinos de que se sumaran al régimen ejidal; pero, dada su resistencia, optaron por dar la tierra en alquiler a los propietarios afectados que sí eran seguidos por los aparceros. Con el producto obtenido se formaba un Fondo de Promoción ejidal, que era administrado por un grupo de autoridades de diversos ejidos y un delegado regional del Departamento Agrario. Con el dinero obtenido se hicieron algunos pagos bancarios, se compraron yuntas para los ejidatarios y un camión para el ejido Tequisquiapan.20 Pasados los años de la presidencia de Lázaro Cárdenas, este fondo cooperativo dejó de funcionar, pero persistieron los permisos de explotación de las tierras ejidales. Con el producto del alquiler se pagaban las deudas bancarias, los impuestos, se le daba una parte al promotor agrario o, simplemente, se lo adueñaban los que controlaban la producción.

En Río Laja, desde 1938, se trabajaban en alquiler las fracciones de El Lindero, Los Arcos (con Eustacio Araiza, propietario afectado), El Perico (con Miguel Soto) y Jiricuiche. Del producto de las tierras se hacían tres partes: una para quien la trabajaba, otra para quien colocaba las semillas y la yunta, y la última para el CE que ponía la tierra. Según relatos, en cada fracción Margarito tenía encargados, por ejemplo, "en El Lindero era Darío Rodríguez y en Los Arcos, eran Marcos Jante y Cruz Arredondo [...] eran camionadas de maíz y frijol que se llevaban para ser entregadas al Comisariado ejidal".21

De 1938 a 1943, don Margarito también se apropió de la tercera parte de la producción del ejido Soledad Nueva que colinda con Río Laja y que aún no estaba ejecutado. En la explotación de Soledad Nueva también participaba Teresa Gavidia (propietaria afectada), quien cobraba otra tercera parte por apoyar a los campesinos con yuntas y semillas.22

Entre 1939–1942 se agregaron al ejido amigos de Margarito Villegas, gente que había trabajado en el ejército o ayudando al gobierno, y algunos otros de la región que se acercaron. Destacan las familias Villegas, Mendiola, Ordaz, Bocanegra, Grifaldo y García. Sumaban alrededor de 18. Todos eran ejidatarios de "título", pues las tierras eran trabajadas por los medieros. Los ejidatarios más modestos tenían a su cargo cuatro o cinco aparceros, y el CE (familia Villegas) tenía alrededor de 35 medieros y además alquilaba varias de las fracciones del ejido. En aquellos años, éste tenía apoyos del Banco de Crédito Ejidal que el presidente del CE también controlaba, y como los créditos salían a nombre del colectivo, todos tenían que pagarlos hicieran o no uso de ellos.23

Esta información coincide con las denuncias de los grandes propietarios. En 1948 Salvador Azanza (administrador de la hacienda de Trancas y propietario de una de sus fracciones) señalaba: "En Río Laja sólo existen 13 ejidatarios que se aprovechan de todo lo producido en el ejido [...] imitando a los antiguos patrones, tienen a un grupo de aparceros bajo su servicio [...] Margarito Villegas siembra con medieros la mayoría de las tierras embolsándose ganancias muy considerables. Además, él y su hijo Fernando se encuentran prófugos de la justicia por haber asesinado a Alberto Gutiérrez, inspector de policía, quien pretendía quitarle la preeminencia a Margarito Villegas [...]".24

El 15/04/1948 se realizó formalmente la ejecución parcial del ejido. Se dio posesión de 1,358 has, ya que 115 fueron devueltas a Elodia y Concepción Gavidia, y 80 las recogió Isabel Galván como parte de su propiedad inafectable.25 Las 2000 has que se afectaron a la hacienda de Trancas quedaron a disposición del Departamento Agrario por acuerdos entre las autoridades, Salvador Azanza (propietario afectado), Margarito Villegas (CE) y 12 ejidatarios más. Éstos firmaron un documento en el cual se negaban a recibir esa fracción del ejido por su lejanía (15 km) y por no serles necesaria.26 Según relatos, la devolución de las tierras a las hermanas Gavidia y a Isabel Galván fue negociada, con dinero de por medio, por Margarito; y en lo que se refiere a las tierras de Trancas fue por falta de gente interesada en el ejido y para disminuir los conflictos con Salvador Azanza, quien se consideraba el terrateniente más temido del municipio.27

Dados los problemas delictivos en los que se vieron involucrados los hombres de la familia Villegas (homicidios de Alberto Gutiérrez y del hermano del cura de Dolores. El primero por parte de Margarito Villegas, padre, y el segundo por Margarito Villegas, hijo), entre 1950–1952, los ejidatarios de Río Laja dejaron de pertenecer al batallón de defensa y el gobierno les recogió las armas. También se nombraron nuevas autoridades. El puesto de presidente del Comisariado Ejidal fue otorgado a Zeferino Arvizu, quien enfrentó el problema del usufructo del agua para riego que compartían con un propietario vecino. Por este asunto llevaron a prisión a los ejidatarios Cruz Arredondo y Tranquilino Alamilla.28 Estas actitudes radicales eran reflejo de cierta antipatía que las autoridades (y la sociedad regional) tenía con el sector ejidal.

Una demanda insistente de campesinos y de los propietarios vecinos fue la depuración censal. Los informes realizados en 1953 por Manuel Aguilar (comisionado de la delegación agraria) señalaban la caducidad del censo básico, ya que de los 210 registrados sólo siete habían tomado las tierras; de los 203 restantes destaca la existencia de 85 residentes fuera de la región; 58 habían fallecido sin dejar herederos o simplemente eran desconocidos, y 30 eran peones o medieros en el ejido (o en los alrededores) que ignoraban su estatus de ejidatarios. Véase enlistado:29

Además de los siete individuos registrados en el censo básico, en Río Laja había 39 campesinos con parcela. Manuel Aguilar apuntaba el control de recursos por parte de la familia Villegas. "Agustín Villegas tiene 15 medieros, una fábrica de tabiques, renta 80 has de terrenos de labor a Eustacio Araiza y controla a todos los campesinos de la zona; Margarito Villegas (hijo) tiene 12 aparceros y Delfino Villegas tiene 12 medieros [...]". Reiteraba que Margarito Villegas tenía dos procesos por el homicidio de Alberto Gutiérrez, y que su hijo, llamado también Margarito, estaba procesado por el homicidio de un hermano del cura de Dolores.30

Ante los resultados de esta investigación tomó fuerza la idea de hacer una depuración censal que corrigiera esas anomalías. Los ejidatarios protestaron, pues, según ellos, se pensaba incorporar a los trabajadores del ferrocarril, a comerciantes establecidos, al campanero y al sacristán de la iglesia, y a los elementos sinarquistas, muchos de ellos registrados en el censo básico. Afirmaban que este movimiento estaba respaldado por los terratenientes (Manuel Azanza, León Peña y Eloy Marina) y por gente de la Liga de Comunidades Agrarias de Guanajuato.31

Las investigaciones realizadas por el personal del Departamento Agrario retomaron solicitudes de campesinos de diversas fracciones del ejido en las que pedían que se les reconociera como ejidatarios y que se les separara de Río Laja. En 1950, por ejemplo, los campesinos de Jiricuiche solicitaron su incorporación formal al ejido. Argumentaban ser aparceros en esas tierras por más de 20 años y trabajar con el propietario afectado, quien tenía en arrendamiento esa fracción. Con anterioridad, habían pedido el reconocimiento de sus derechos y, para ayudar a formalizar su situación, Margarito Villegas (tesorero del CE) les había exigido el pago de $20 a cada uno, cantidad que ya le habían entregado a Delfino Villegas (presidente del CE) por el mismo asunto.32

En 1952, los campesinos de La Vidriera, El Lindero y Los Arcos insistieron en su reconocimiento como ejidatarios y en su separación de Río Laja. Señalaban estar muy distantes del centro del ejido y proponían juntarse las tres fracciones, regularizarse y obtener sus Certificados de Derechos Agrarios. De esta forma pensaban hacerse sujetos de crédito de lo que siempre habían carecido.33

Solicitaban la separación de Río Laja con un profundo resentimiento en contra de los Villegas y con cierta neutralidad con Eustacio Araiza. Ramón Rosas (campesino de El Lindero) decía que se consideraba ejidatario, aunque reconocía que el grupo era refaccionado (con yuntas y semillas) por E. Araiza (propietario afectado).34 Ponciano Armendáriz, campesino de Los Arcos, insistía en la separación como una forma de liberarse de las injusticias de los "terratenientes Villegas", quienes, según sus palabras, "han convertido en servidumbre a los verdaderos ejidatarios valiéndose de sus influencias y de las armas [...] Hay 20 individuos registrados en el censo básico (CB) que trabajan como medieros y no tienen sus derechos garantizados; existen ocho registrados en el CB que no disfrutan de las tierras por los malos tratos a los que se han visto sometidos".35 Otro campesino, Gabino Gómez, denunciaba la venta de parcelas por parte de la autoridad ejidal. Señalaba que en 1950 obtuvo una parcela en Los Arcos, mediante el pago de $50, y abono animal equivalente a $35; esto fue entregado a Margarito Villegas.36

En los problemas de Río Laja se involucraron tanto la Liga de Comunidades Agrarias (y con ésta, la CNC) como el PRI (Magdaleno Aguilar, secretario de Acción Agraria), cuyos representantes hacían explícito su apoyo al movimiento de los campesinos que pedían su regularización como ejidatarios;37 los Villegas y las autoridades ejidales, por su parte, estaban respaldados por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM). Jacinto López y Lázaro Rubio (del Comité Ejecutivo Nacional de la UGOCM) afirmaban que "tras ese movimiento están los hacendados [...]; esos campesinos han venido militando en las filas del sinarquismo, participaron con los cristeros y son enemigos de la reforma agraria. Denunciaban que los sinarquistas estaban en combinación con el delegado agrario quien ordenó que se pusiera en posesión de parcelas a un grupo de 121 campesinos que fueron tomados en cuenta en la depuración censal [...] Las fuerzas armadas del Estado otorgan garantías para dar cumplimiento al acomodo a esos campesinos".38 Dada esta situación, solicitaban que se retiraran las fuerzas del estado y que no se les diera acomodo a los sinarquistas hasta que no se resolviera el caso en la Dirección de Derechos Agrarios.39

Las protestas de la UGOCM tuvieron cierto efecto, pues no se incorporaron al ejido los trabajadores del ferrocarril ni los comerciantes acomodados, pero sí los llamados campesinos sinarquistas que eran medieros de El Lindero, La Vidriera y Los Arcos y Jiricuiche.40 Este grupo, alrededor de 60 campesinos, tenía el respaldo tanto de los propietarios directamente afectados que siguieron habilitando la producción, como de los terratenientes Manuel Azanza (de Trancas) y León Peña (de La Noria, San Diego de la Unión) y de las autoridades agrarias.

El problema tomó un carácter político porque las autoridades del ejido habían abusado de la confianza otorgada por el gobierno. Fue un conflicto entre líderes con distinta filiación política, quienes con el argumento de hacerles justicia a los campesinos hicieron gala de su fuerza. En efecto, tanto los Villegas como los pequeños propietarios y terratenientes veían sólo sus intereses. Todos se habían burlado de la reforma agraria: los Villegas se habían convertido en capataces de los campesinos; los Azanza habían mandado asesinar a muchos peticionarios, evitaban la formación de los ejidos que quedaron en sus propiedades y vendieron las tierras ejidales. León Peña debía muchas muertes de agraristas y, en esos años, tenía un ejido "blanco", y los otros que afectaron sus tierras, simplemente, no estaban ejecutados. Todo esto y más era solapado por las autoridades agrarias. Para ese entonces, algunos terratenientes se habían rehabilitado y estaban apoyados por el gobernador José Aguilar Maya, quien era francamente antiagrarista.

En aquel tiempo (1955) Río Laja era cabecera de delegación, tenía 2,057 habitantes y era el asentamiento más importante del ejido.41 Éste ya no estaba encabezado por los líderes agraristas, no estaba armado ni formaba parte del batallón de defensa. Cuatro de sus fracciones se libraron del "yugo" del CE y, en cierta forma, trabajaban como antes de la afectación agraria. Los sectores sociales parecían retomar la vieja armonía, misma que fue reafirmada por la construcción de un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Junto al templo también se edificó una plaza central con jardines, arbolitos y hasta bancas para sentarse. Todo esto invitaba a la reunión y a la conciliación de las partes. El factor religioso que alguna vez los dividió, ahora los volvía a unir.

En 1958 el CE estuvo integrado por Eulalio Ordaz (compadre de Margarito y luego enemistado con él y los suyos), Zeferino Arvizu y Blas García. Este grupo hizo alianzas con los ejidatarios recién reconocidos (ex medieros) y fue así como lograron la mayoría. Los pioneros del ejido integraron el poder secundario del Comité de Vigilancia: Delfino Villegas, Ángel Vázquez y Alejandro Grifaldo.42

La "dinastía" de los Villegas no sólo se había debilitado, sino que había llegado a su fin con el asesinato de Margarito Villegas García (en 1955), cometido mientras dos de sus hijos (Fernando y Margarito) estaban presos en Dolores Hidalgo.43 Los hijos de Margarito, después de obtener su libertad, iniciaron la revancha a través de la lucha por recuperar las dos mil has que afectaban a la hacienda de Trancas. En esa tarea se unieron con Jesús Orta (quien creció en la hacienda de Trancas y luego fue un miembro destacado de la UGOCM) y con otros líderes agrarios de la región; hasta los años setenta comenzaron a ver algunos frutos de sus esfuerzos.

En 1962 hubo elecciones para renovar a las autoridades ejidales. Fernando Villegas (hijo de Margarito) integró una planilla que fue anulada por los ejidatarios por "los atropellos e injusticias cometidas en el pasado". Asistieron a la asamblea 79 ejidatarios, quienes le otorgaron el CE a Andrés Méndez, Rafael Vázquez y Zeferino Arvizu. El Comité de Vigilancia lo integró Eulalio Ordaz, Aurelio Villegas y Eusebio Méndez. El grupo de los Ordaz retomó la autoridad ejidal a partir de 196844 y con cierta alternancia han sido los que continuaron con la administración y el control del ejido.

Los cambios en la estructura de poder no fueron suficientes para resolver las anomalías en el ejido, ni eliminó la práctica de sembrar las tierras ejidales a través de la renta o del trabajo a partido. Para 1960 ningún ejidatario tenía su Certificado de Derechos Agrarios (CDA). El censo realizado el 17de enero de 1955 no había sido aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario, debido a las impugnaciones hechas por parte de las organizaciones que decían representar los intereses de los campesinos en conflicto (CNC, UGOCM). El censo practicado el 2 de julio de 1960 reconocía a 121 ejidatarios; de ellos 71 trabajaban directamente las tierras, 50 eran aparceros y sólo recibían la mitad de la cosecha.45 La regularización de parcelas y la entrega de CDA se resolvió hasta 1973; todavía en ese entonces se hablaba del trabajo de las tierras por aparcería y se reportaban 10 parcelas vacantes que se repartirían dándole preferencia a los hijos de los ejidatarios46 y no a los aparceros que laboraban la tierra.

 

Reflexiones

En Río Laja, igual que en la mayoría de los ejidos del municipio, el reparto agrario cardenista fue rechazado por los trabajadores de las fincas, ya que aceptarlo implicaba realizar un corte profundo con los agentes y estructuras tradicionales (patrones y clérigos) para pasar a formar parte de una estructura burocrática y militar que combatía, y les hacía combatir, contra su propio sector social.

Los pioneros del ejido no eran trabajadores del campo ni siquiera oriundos del municipio, fueron gente de diversos oficios que por la tierra arriesgaron su vida, se ganaron el rechazo de la sociedad local y la marginación, pero no entendieron el verdadero sentido del agrarismo: se apropiaron del ejido y como los nuevos "amos y señores" de sus recursos se sintieron con el derecho de usufructuarlo como mejor les convenía.

Es importante señalar que en Río Laja la representación ejidal, el control del crédito bancario y la jefatura de la defensa rural estaba concentrada en el CE, el cual estaba en manos de la familia Villegas. En términos reales, hasta los años cincuenta no existía el Comité de Vigilancia ni la Asamblea General de Ejidatarios que podrían haber sido puntos de contrapeso para disminuir esa concentración de poder y de funciones.

Por otra parte, la forma en que se organizaron las tareas productivas (hasta fines de los años sesenta) no fue radicalmente distinta de la que mantuvo el sector de propietarios privados en sus fincas: la explotación de la tierra a partir de la renta y de la mediería. Pero, además, y esto no lo explicita el texto del trabajo, el presidente del CE hacía cambios de parcelas; vendía pastos, leña y otros recursos del agostadero; cobraba "el derecho de piso" y "el derecho de pastos" a los residentes que no fueran ejidatarios. Es decir, el presidente del CE hacía lo mismo que cualquier patrón de la región de esos tiempos y de antaño. Por eso Salvador Azanza señalaba que "los Villegas imitan a los antiguos patrones", y Ponciano Armendáriz (campesino de Los Arcos) en sus protestas se refería a los "terratenientes Villegas".

El que Río Laja funcionara así, en buena parte correspondió al rechazo inicial que tuvieron los campesinos hacia el proyecto gubernamental y también a la falta de ejecución de la normatividad que regulaba las relaciones al interior y al exterior del ejido: planos y deslindes; control de campesinos que, de hecho, trabajaban la tierra; Certificados de Derechos Agrarios, etc. Con todas estas carencias, las autoridades del ejido quedaban con amplios márgenes de maniobra y no es extraño que adoptaran las formas y usanzas caciquiles de la región tanto en la forma de hacer producir las tierras, como en las maneras de ejercer el poder.

En este caso hemos visto cómo un agrarista se convirtió en cacique ejidal, y por el abuso de las armas entró en conflicto con los otros sectores de la sociedad local. En efecto, el que Margarito Villegas fungiera como los "patrones de antaño" no fue el motivo fundamental de la crisis en el ejido ni de su muerte; varios de los ejidos del municipio funcionaban así. Pero en Margarito había un comportamiento violento y delictivo que acentuó el odio, las revanchas, y éstas se convirtieron en un asunto político. Posiblemente olvidó que el buen cacique (o jefe de mafia) no sólo castiga o trabaja con amenazas, también se debe a los suyos y está obligado a brindarles apoyo y protección.

Sin embargo, Margarito se había enemistado con "todos". Con los agraristas del municipio por haber asesinado a Alberto Gutiérrez (líder importante en aquella época); con los propietarios afectados por la dotación agraria; con los aparceros y trabajadores agrícolas que veían injusto pagar por producir en tierras ejidales. Para ellos el explotador no era el habilitador, sino el CE que cobraba el uso de la tierra como si fuera su dueño. Margarito tampoco tenía el respaldo de sus amigos y compadres que incorporó al ejido. Estaba aislado: sólo le respaldaban sus hijos con quienes, en los últimos años, compartió el poder y la riqueza.

La muerte de Margarito Villegas y la expulsión de su familia del CE disminuyó los conflictos con los propietarios afectados y con sus aparceros que ya habían pasado a formar parte del ejido; empero, no resolvió los problemas de control de recursos y de abusos de poder: buena parte de las tierras siguieron siendo trabajadas por los aparceros, y el nuevo presidente del CE siguió teniendo un rol caciquil como varios de sus homólogos en otros ejidos del municipio de aquel entonces.

La experiencia de Margarito Villegas nos invita a reflexionar sobre los límites de la dominación política de corte caciquil: no llega lejos un cacique que no respete jerarquías, descuide sus alianzas y abuse de la violencia. No está por demás señalar que el cacique es una forma de dominación política cuyos representantes son producto de una unión anómala entre sociedad tradicional y política moderna, y un concepto organizador que "forma parte del gran universo de relaciones clientelares que unen a los actores de peso político desigual provenientes de jerarquías de autoridad duradera" (Knight, 2001: 329).

 

Fuentes

Gobierno del estado de Guanajuato (1991), Guanajuato en la voz de sus gobernantes. Compilación de informes de gobierno (1917–1991), tomo I, México.         [ Links ]

Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 09/01/1942.         [ Links ]

Río Laja, dotación, exp. 23–21640, Archivo del Registro Agrario Nacional, Ciudad de México.         [ Links ]

Río Laja, dotación, exp. 1184; ampliación exp. 3377; San José de Badillo, dotación, exp. 222. Tequisquiapan, dotación, exp. 1142. Archivo del Registro Agrario Nacional, Guanajuato.         [ Links ]

Registro Público de la Propiedad, Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Visitas al ejido de Río Laja y diversas entrevistas de historia oral realizadas en 1995, 1998 y 2000. '

Knight, Alan (2001), "La política agraria en México desde la Revolución", en Escobar, Antonio y Teresa Rojas [coords.], Estructuras y formas agrarias en México del pasado y del presente, México: Registro Agrario Nacional, Archivo General Agrario, CIESAS, Colección Agraria.         [ Links ]

 

Notas

1 Sierra, Arturo, "Informe de Gobierno, 1922, Guanajuato en la voz de sus gobernantes", en Compilación de informes de gobierno, 1917–1991, p. 261.

2 Arroyo, Agustín, "Informe de Gobierno, 1930, Guanajuato en la voz de sus gobernantes", en Compilación de informes de gobierno, 1917–1991 , p. 343.

3 Utilizo el concepto de "ejido ranchero" para señalar que en territorio ejidal se reprodujeron algunos de los rasgos esenciales de las haciendas.

4 Fernando Villegas, ejidatario (hijo de Margarito). Río Laja, 1998.

5 La Unión Nacional Sinarquistas se formó en León, Guanajuato en 1937. Esta organización defendió la libertad religiosa, la familia religiosamente constituida y la propiedad. Fue respaldada por la mayoría de los trabajadores rurales de Guanajuato; cobró su mayor fuerza, a nivel nacional, entre 1938 y 1945.

6 Dolores Hidalgo, Registro Público de la Propiedad, T. XXI, 26/11/1918.

7 04/05/1936. Informe de Gildardo Domínguez, Comisión Agraria Mixta, Río Laja, exp. 1184.

8 Idem.

9 28/09/1968. Al Presidente de la República. De Margarito Santana, presidente del Comité Particular Ejecutivo Agrario de La Concepción. Exp. La Concepción 3331.

10 Santiago Pérez (N. 1913) ejidatario, 2002. Este acontecimiento fue muy conocido y, de hecho, relatado por varios informantes.

11 Resolución Presidencial del ejido Río Laja, DOF 09/01/1942; 04/05/1936. Informe de Gildardo Domínguez, CAM, Río Laja, dot., exp. 1184.

12 Idem.

13 15/07/1937, Inf. de Ignacio Rivera, supervisor de la Brigada Agraria, zona norte. Río Laja, exp. 1184.

14 Fernando Villegas, 1998.

15 25/08/1937, Acta de elección de autoridades ejidales. Río Laja, exp. 1184.

16 Fernando Villegas, ejidatario, 1995.

17 Micaela Villegas Rodríguez, N. 1909, ejidataria de Río Laja, 1998.

18 Idem.

19 10/04/1939. Al A. del Ministerio Público de Manuel García, delegado de Promoción Ejidal 10–1, exp. 1184.

20 23/02/1938. A Ricardo Acosta, delegado, de Santiago García, delegado de Promoción Ejidal 10–1. Expediente Tequisquiapan, 1059.

21 Varios ejidatarios de Río Laja: Lino Ordaz (N. 1915), Eulalio Ordaz Bocanegra (N. 1917), Rafael Villegas (N. 1925), Río Laja, 1998.

22 1 3/05/1939. A Enrique Teuffer, delegado del Departamento Agrario, de Rodrigo Sánchez, Jefatura de zona IV del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Tequisquiapan, exp. 1142; 18/09/1944 Al Delegado, de Canuto Alarcón, representante de los ejidatarios de Soledad Nueva, Soledad Nueva, exp. 1142.

23 Varios ejidatarios: Lino Ordaz (N. 1915), Eulalio Ordaz Bocanegra (N. 1917), Rafael Villegas (N. 1925), 1998.

24 20/04/1948. Al Gobernador Constitucional Substituto del Estado, de Benigno Mejía, Secretario de la Comisión Agraria Mixta transcribe carta de Salvador Azanza. San José de Badillo, exp. 222.

25 29/08/1952. A José Villaseñor, delegado, de Zeferino Arvizu, presidente del CE, exp. 1184.

26 15 /04/1948. Acta de ejecución parcial. Río Laja, exp. 23–21640 ARAN–M.

27 Rodrigo Rosas, ejidatario, Soledad Nueva, 2003.

28 17/08/1953. Al Delegado de Zeferino Arvizu, presidente del CE, exp. 1184.

29 Elaboración propia con base en: Manuel Aguilar Milán, "Informe de investigación practicada del 25/08 al 2/09 de 1953", exp. 1184.

30 Idem.

31 06/03/1954. Acta de asamblea, exp. 1184.

32 1 4/02/1950. Al delegado de Isidro Padrón, Santiago Mireles y otros vecinos de Jiricuiche, exp. 1184.

33 04/05/1954. Acta de investigación del ejido de Río Laja, núcleos La Vidriera y El Lindero. Carlos García Domínguez, jefe de la 3era. zona ejidal y asistentes, exp. 1184.

34 Idem.

35 07/05/1954. Acta de investigación, Los Arcos. Carlos García D., Jefe de la 3° zona ejidal. Exp. 1184.

36 09/05/1954. Acta de investigación, Los Arcos. Carlos García D., jefe de la 3era. zona ejidal, exp. 1184.

37 16/07/1954. Al Director de Derechos Agrarios, de Magdaleno Aguilar, secretario de Acción Agraria del PRI, exp. 1184.

38 Al Srio. General del DA, de Jacinto López y Lázaro Rubio del CEN de la UGOCM, exp. 1184.

39 Idem.

40 14/01/1955. Al delegado, de Castillo Villaseñor, jefe del DA. Transcribe quejas de los diputados Jesús Cisneros Roldán y Pedro Ayala; 08/04/1957. A Rafael Carranza, Secretario G. del DA, de Jacinto López de la UGOCM, exp. 1184.

41 Censo de 1957, relación de poblados que integran la delegación de Río Laja. Exp. 1184.

42 1958. Acta de elección de autoridades ejidales. Exp. 1184.

43 Fernando Villegas, Río Laja, 1995 y 1998.

44 21/02/1962. Acta de cambio de autoridades ejidales; 02/07/1968 Acta de cambio de autoridades ejidales. Exp. 1184.

45 25/07/1960. Informe para realizar la rectificación censal de Enrique Villafuerte enviado al Director General de Promoción, Procuración y Quejas. Exp. 1184.

46 08/11/1973. Informe de usufructo parcelario. Exp. 1184.

 

Información sobre la autora

Manola Sepúlveda Garza. Doctora en Etnología, por L'Écoles des Hautes Etudes en Scitnces Sociales, EHESS, París, Francia (1986). Actualmente se desempeña como profesora–investigadora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Ha sido profesora invitada de la Universidad de Tamkang, Taiwán en 1999. En este mismo año obtuvo el Premio de Estudios Agrarios con el trabajo titulado "Políticas agrarias y luchas sociales. San Diego de la Unión, Guanajuato: 1900–2000", que fue editado en 2000. Publicaciones recientes: "Discurso y poder: el cacicazgo rural en México, 1930–1960", en Tercer Coloquio Internacional sobre Discursología, Ekaterinburg, Rusia (2009); "La educación socialista en la Escuela Regional Campesina de Tenería, Estado de México: 1934–1940", en La Colmena, núm. 58, Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México (2008); "Reparto Agrario: un largo proceso de apropiación del ejido. Tequisquiapan, 1930–1970", en La organización social y el ceremonial, México (2006).

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