Ensayos

 

Del gobierno por el pueblo a la posdemocracia económica transnacional, global y cosmopolita

 

José Guadalupe Vargas Hernández

 

Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Correo electrónico: jgvh0611@yahoo.com

 

Envío a dictamen: 09 de febrero de 2007
Reenvío: 23 de marzo de 2007
Reenvío: 09 de abril de 2007
Aprobación: 16 de abril de 2007

 

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo analizar el concepto evolutivo y dinámico de la democracia como argumento de legitimidad de la acción de los gobiernos. Se inicia con el análisis del modelo de la democracia sustentada en los valores del liberalismo político y económico, para continuar con el modelo republicano y el señalamiento de las disfuncionalidades de la participación y el ejercicio democrático. Finalmente se concluye con la emergencia de la posdemocracia postnacional que estrecha los vínculos entre la ideología del libre mercado que orienta a la política económica neoliberal y la democracia liberal. Esta posdemocracia se manifiesta como una democracia económica transnacional que promueve el libre mercado y los valores del neoliberalismo y la posmodernidad a escala global y cosmopolita, para justificar el avance de los procesos de globalización económica.

Palabras clave: Democracia, democracia cosmopolita, democracia económica, democracia global, democracia liberal, democracia participativa, democracia representativa, posdemocracia.

 

Abstract

The objective of this work is to analyze the evolutive and dynamic concept of democracy as the governments' legitimacy argument. It begins with the analysis of the democracy model sustained in the political and economical liberalism, then it continues with the republican model and the mention of the participation's dysfunctionalities and the democratic exercise. Finally it ends with the emergence of the post national democracy that tightens the links between the ideology of the free market that directs the neoliberal economical democracy and the liberal democracy. This post democracy is manifested as a transnational economical democracy that promotes the free market and the values of neoliberalism and post modernity at a global and cosmopolitan level in order to justify the advancement of the economical globalization processes.

Key Words: Democracy, cosmopolitan democracy, economic democracy, global democracy, liberal democracy, participative democracy, representative democracy, post democracy.

 

Concepto evolutivo de la democracia

La democracia es un concepto dinámico y evolutivo, cuyos principales modelos son el liberal y el republicano. El concepto de democracia es el principal argumento de la legitimidad de los gobiernos y de la acción gubernamental; por lo tanto, la legitimidad es un prerrequisito de la gobernabilidad democrática. El concepto de democracia es universalista, pero los conceptos clásicos de la democracia han sido nuevamente elaborados para apoyar y mantener el status quo del sistema capitalista.

En los trabajos clásicos de Platón y Aristóteles se asegura que la democracia como forma de gobierno sólo puede sobrevivir en un Estado pequeño. Para Rousseau la democracia es el gobierno de la opinión pública. La Revolución francesa fue propiciada por una movilización popular, laica y radical de los estratos dominados para alcanzar una mayor libertad, igualdad, fraternidad, mayores niveles de vida y participación democrática en los asuntos públicos. Hasta nuestros días, los derechos ciudadanos, sociales y democráticos planteados por la Revolución francesa no han sido conquistados todavía a escala mundial.

La proposición de la paz democrática se fundamenta en la tradición del contrato social, por la cual la naturaleza y funciones de la democracia se definen en relación con la capacidad para habilitar la paz en bien de los ciudadanos. La prospectiva a largo plazo es un mundo de Estados democráticos que viven juntos pacíficamente (Kant, 1991 [1795]).

El colonialismo marcó el destino de muchos Estados hoy independientes con la prolongación de procesos clientelistas calificados por comportamientos corruptos, que desafían la implantación de procesos de democratización y el establecimiento de mecanismos institucionales capaces de controlar el poder político motivado por los intereses de las élites económico políticas, y promover la participación ciudadana que acelere los cambios políticos, económicos y sociales. La independencia de los Estados Unidos de América creó las condiciones suficientes para la emergencia de un concepto de democracia centrado en un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que crea las condiciones de un estilo de vida.

Los movimientos sociales a favor de la justicia social, la liberación de los pueblos y la democracia en los últimos dos siglos se representan por la revolución comunista de 1848 que continuó el movimiento de 1789, y la revolución de 1968, la cual continuó el movimiento revolucionario de 1917.

La teoría realista ayuda a solucionar las fragilidades y los peligros sociales en el contexto de una ideología conservadora y de una teoría elitista de la democracia. La teoría realista de Morgenthau reconcilia el conservatismo y las formas estructurales y elitistas de la democracia en la posibilidad de cambio a través de reformas, más que a través de cambios radicales. Morgenthau (1962a: 369) cree en una democracia que posee sus asuntos públicos vitales, los cuales deben ser debatidos en un foro público en donde los ciudadanos deben ser vistos, escuchados y contados en el intercambio de ideas e interjuego de intereses, de los cuales debe surgir un nuevo consenso.

Sin embargo, este foro público es uno que está formado por las élites intelectuales (Morgenthau, 1970: 236). Schumpeter (1962: 250-283), influyente del punto de vista que considera la democracia minimalista y trata de limitar el papel del público en los procesos políticos, argumenta que la democracia es una competencia entre los miembros de una élite por la gobernabilidad. La teoría elistista de la democracia basada en una ideología conservadora asume un mundo estratificado con una sociedad clasista.

La consideración de que los ciudadanos no son lo suficientemente racionales refleja la concepción conservadora de Morgenthau de que la sociedad no está compuesta de individuos iguales y racionales con el derecho de una participación política total y de su propio destino político. Empero, la estructura ideacional que combina un elitismo separado de la irracionalidad de la gente común, con una creencia en lo orgánico del desarrollo histórico, es más apto para distinguir el conservatismo del elitismo liberal.

Para Morgenthau (1962a), la naturaleza de la democracia es problemática porque contiene una irreconciliable disonancia entre la democrática pretensión y la democrática realidad, debido a la falsedad de la igualdad y la libertad universales, que como principio es sostenido y manipulado por políticos sin escrúpulos para lograr el poder. Además, afirma Morgenthau, las elecciones democráticas demandan demagogia y talentos teatrales. La teoría de la democracia de Morgenthau, como la de Schumpeter, es minimalista y elitista respecto a las expectativas de los ciudadanos. La democracia, como una ideología, es un instrumento para legitimar la concentración del poder dentro de la clase media (Morgenthau, 1972: 55).

En la Posguerra Fría, la democracia está siendo salvaguardada por el capital transnacional. Pero los contextos de los intereses de seguridad preludian la promoción de la democracia, por políticas que prometen estabilidad y alianzas. La democracia tal como es implementada en los Estados Unidos, argumenta Morgenthau (1962b: 45-55), conduce a la anarquía moral y política y al deterioro de la nación. El modelo competitivo-elitista de la democracia occidental (Held, 1996: 197) define en términos de derechos liberales y de elecciones multipartidistas, de tal forma que las élites pueden competir por el poder del Estado sin restricciones burocráticas o legales.

La forma correcta y esencia de la democracia es la ciudadanía total como un público racional, por lo que se debe favorecer la democracia participativa (Habermas, 1998). No obstante hay quienes consideran a la ciudadanía como una masa no racional o irracional, propensa a la manipulación, y que su total participación política es considerada como una amenaza, como por ejemplo Przeworski (1999), quienes tienden a considerar la democracia minimalista y tratan de limitar el papel del público en los procesos políticos.

Según Orozco (2001), democracia es "la capacidad de un grupo o nación de gobernarse a sí mismo mediante procedimientos que garanticen la participación de los ciudadanos para libremente elegir tanto su forma de gobierno como a los líderes que les representen". Democracia es para Castoriadis (1996) "el régimen en el que la esfera pública se hace verdadera y efectivamente pública, pertenece a todos, está efectivamente abierta a la participación de todos". La democracia es en este sentido un régimen político; no hay democracia si hay una esfera específica de apariencia del pueblo.

Norberto Bobbio (1986: 69) sostiene que "con una redundancia se puede definir el gobierno de la democracia como el gobierno del poder público en público", añadiendo: "el régimen democrático ha sido definido como el gobierno directo del pueblo o controlado por el pueblo"; por lo cual resulta válido formular la pregunta acerca de "¿cómo podría ser controlado si estuviese escondido?" El poder del gobierno no puede ser arbitrario sino que tiene que ser limitado. Así, la democracia es entendida como el mecanismo de control que permite la gobernabilidad estable para los mercados internacionales.

La democracia ofrece métodos e instrumentos para la resolución de conflictos y negociación de intereses, mediante el establecimiento de reglas y mecanismos de establecimiento de reglas, confrontación de opiniones y mantenimiento de los equilibrios. Como sistema de gobierno, la democracia establece un conjunto de métodos y procedimientos justos, los cuales no necesariamente arrojan los mejores resultados para la gobernabilidad ni los más justos para la sociedad.

La concepción de democracia formal como orden social se sustenta en las premisas de la igualdad y libertad de los individuos, que sirven de punto de referencia a la democracia real como resultado de una política desplegada en contingencias que derivan en un orden democrático. La democracia es el espacio donde convergen la igualdad y la libertad, cuya condición necesaria, pero no suficiente, es la participación efectiva en los aspectos procedimentales para la elaboración del sistema normativo.

La democracia se identifica con la política como una manera de ser de lo político y un modo de subjetivación de lo político, para interrumpir el orden de una comunidad por un actor que se define en una identidad colectiva para disputar el espacio de poder. La política se constituye sobre el factum democrático basado en la actualización de la igualdad última como premisa del orden social, una igualdad que no es política pero que se exhibe en seres poseedores de logos capaces de comprenderse mutuamente. La igualdad y la libertad de los individuos dan sentido normativo a la democracia como régimen de vida colectiva contra quienes cometen excesos y producen desigualdades.

Hay democracia si hay actores específicos de la política que no son ni agentes del dispositivo estatal ni partes de la sociedad, si hay colectivos que desplazan las identificaciones en términos de partes del Estado o de la sociedad. Hay democracia, por último, si hay un litigio dirigido por un sujeto que no necesariamente tenga identidad en el escenario de manifestación del pueblo.

La democracia es una forma de describir el estado anterior de la gente antes de que conformen una nación a través de la adopción de la Constitución escrita. Así entendida, la democracia da lugar al constitucionalismo, el cual es un medio para limitar el gobierno de las mayorías en el servicio de la democracia, considerando que la democracia y el autogobierno no se sirven por una estructura que sistemáticamente privilegia las mayorías.

Entendida la democracia como el espacio de expresión de las libertades individuales que requieren condiciones materiales mínimas de bienestar y calidad de vida de las personas, la cualidad democrática debe atribuirse a los procesos, modos de acción y sus efectos y contenidos de acción política de los actores colectivos.

La democracia es un sistema que mantiene y especializa las instituciones y reglas del juego en los procesos de toma de decisiones, mediante mecanismos y procedimientos orientados a legitimar la acción gubernamental. La perdurabilidad de la democracia se define tanto en el ámbito interno de los gobiernos como en el campo de los opositores, desleales, disidentes o insurgentes. Normalmente se piensa que la democracia es local y que a los individuos de una localidad les corresponde tomar decisiones; es decir, la democracia mantiene las decisiones en el ámbito puramente local. Esto es, la democracia es un proceso activo.

El concepto tradicional de democracia ha sido nuevamente elaborado con el fin de apoyar y mantener el status quo del sistema capitalista. La democracia actual es, por lo tanto, una democracia del mercado, y se corresponden al modelo de Schumpeter (1962: 322-324) de democracia. Schumpeter (1962: 369) define a la democracia electoral como "un sistema para llegar a la toma de decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de un esfuerzo competitivo por conquistar el voto popular". El funcionamiento de la democracia depende en buena medida de la construcción del capital social.

Una comunidad cuenta con capital social cuando sus organizaciones se caracterizan por las relaciones de confianza que desarrollan y que hace predecible su comportamiento. Existe una relación significativa entre las democracias consolidadas, la confianza en las instituciones y el desarrollo económico y social. Las relaciones de confianza interpersonal, cooperación y compromiso cívico aprendidas en asociaciones crean un capital social que influye en el desarrollo económico y el desempeño democrático de las instituciones.

Las formas de la democracia son las formas de manifestación de la esfera específica de apariencia del pueblo, de esta subjetivación no identitaria y de esta dirección del litigio. Los Estados nacionales adquieren diversas formas de esfera específica de apariencia del pueblo de las formas de los regímenes políticos como el Estado absoluto, liberal, liberal-democrático, social democrático y el social liberal.

 

Modelo de democracia liberal

John Locke y James Harrington, al igual que Adam Ferguson y Adam Smith de la escuela escocesa del siglo XVIII, realizaron análisis de filosofía política de la sociedad civil como antecedente de la democracia y desde una perspectiva del liberalismo. Los componentes del concepto de la democracia liberal son el control del Estado y de sus decisiones y asignaciones se fundamentan en las autoridades electas, un Poder Ejecutivo limitado por otras instituciones estatales autónomas, el respeto y reconocimiento de derechos a las minorías culturales, étnicas y religiosas, multiplicidad de canal es de comunicación, expresión y representación de los intereses partidistas y de grupos, etcétera.

El sistema democrático es, por lo tanto, un régimen político. Los diferentes niveles de gobierno en los sistemas democráticos contribuyen a balancear los intereses y demandas de una sociedad plural con los centros de poder e influencia, lo cual necesita como requisito la descentralización de las decisiones políticas en los gobiernos locales para ejercer control sobre la política pública local. La política pública legítima se basa en la legitimidad de las instituciones. En el aspecto político se mencionan avances en la democracia, la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de gobierno. La democracia legitima al conjunto de programas y políticas públicas que se generan en el seno de las instituciones de gobierno y que constituyen su actividad fundamental.

Los procesos de legitimación del poder público requieren la aprobación bajo la premisa igualitaria de la totalidad o la mayoría de los miembros de la sociedad como mínimo democrático considerado por los contractualistas como el "momento democrático". Si se considera que la premisa igualitaria es parte de la acción de los sujetos colectivos para exigir el cumplimiento de sus demandas mediante la disrupción del orden, aunque se le reconozca como política a pesar de que confronta al Estado mismo, no se le califica de democrática por ser solamente una parte de la sociedad que exhibe las contradicciones del orden democrático hegemónico.

La implantación de un sistema democrático liberal requiere de cultura política e instituciones. Una cultura política democrática cree en ciertos valores que propician la equidad, la participación, la tolerancia, el sentido de igualdad política, la confianza social y la solidaridad. La igualdad política es la base de la democracia y presupone una distribución equitativa de los recursos económicos y políticos. En el modelo liberal de democracia se conjuntan los intereses particulares de los ciudadanos en la economía de mercado; es, por lo tanto, un instrumento para que los individuos desplieguen sus derechos subjetivos negativos que garantizan el ámbito de actuación y acción política de los individuos, sin que sean coaccionados y les garantizan una igualdad legal.

Las actividades de la sociedad civil consolidan la democracia a partir de formas asociacionistas definidas por valores liberales. A largo plazo, aunque no está exenta de riesgos, la sociedad civil tiene la tendencia a consolidar la democracia, más que a fundarla, aunque éste es un planteamiento cuestionable. Un asociacionismo denso en un medio ambiente político y económico que propicie el respeto de los valores e intereses de todos los actores sociales son las condiciones básicas de todo sistema liberal democrático.

Prats (2001) señala que algunos de los componentes de la democracia liberal consisten en que las autoridades electas tienen la facultad de tomar las decisiones, hacer las asignaciones y el control del Estado, instituciones autónomas estatales limitan al Poder Ejecutivo, resultados electorales inciertos, se reconocen ciertos derechos a las minorías, los ciudadanos son iguales en derechos políticos, tienen libertad de conciencia, opinión, discusión, etc., y usan como canales de expresión y representación de sus intereses a los partidos políticos y a las elecciones, se tienen fuentes alternativas de información, etcétera.

Respecto a lo electoral, para Sartori (1997) la democracia debe cumplir como requisitos el derecho universal al sufragio, una convocatoria regular y periódica a las elecciones, libertad de asociación para presentar candidatos, igualdad de oportunidades para los candidatos de acceso a los medios de comunicación y publicidad, neutralidad del gobierno en la organización de las elecciones, garantías para una libre emisión del voto, recuento público de los votos, aplicación de reglas preestablecidas para adjudicar escaños y una instancia independiente con el fin de dirimir los conflictos electorales.

Consolidar la democracia liberal requiere de instituciones, actores y agentes que acepten las reglas del juego, que acepten los principios del liberalismo político y económico. Las instituciones públicas político jurídicas deben determinar los derechos de propiedad y garantizar la libertad contractual para los intercambios y valores, de tal forma que sean legitimadas por las políticas públicas en los sistemas democráticos. En un sistema democrático, los intercambios entre los agentes económicos son costosos e inciertos, sobre todo si no se cuentan con buenos arreglos institucionales.

Este liberalismo económico se apuntala en el mercado como un mecanismo efectivo de regulación que fomenta una cultura global de consumo y en la democracia liberal, como la única forma de organización política capaz de equilibrar las aspiraciones individuales. El liberalismo tiene como centro la doctrina del mercantilismo envuelta en la fina retórica de la democracia. La democracia liberal representativa sustrae de los ciudadanos su derecho de decisión política para establecer la voluntad colectiva.

El desarrollo político o governance ocurre en todas las instancias del sistema político y orienta los cambios con fundamentos en la democracia liberal. Así entendida, de acuerdo con Cruz (2001), la governance constituye "el conjunto de instituciones (patrones, estructuras y reglas de juego) que condicionan y posibilitan la acción política y social, en esa medida se está reconociendo su papel como determinante de capacidades individuales, colectivas y sociales para la toma y aplicación de decisiones políticas y de política pública bajo contextos democráticos".

Un sistema político liberal fuerte orientado hacia la democracia no necesariamente requiere de una sociedad civil también fuerte, pero sí apoyada en valores liberales que fortalecen las estructuras políticas; de tal forma que tienda a equilibrar las diferencias económicas y sociales que crea el mercado.

 

Modelo de democracia republicana

El modelo republicano de democracia se centra en la construcción de las identidades individuales y colectivas a través del diálogo en un espacio público para la participación de los ciudadanos activos, en el cual la política crea preferencias en la búsqueda del bien común considerados como sujetos responsables, libres e iguales en una comunidad. La ciudadanía es considerada como una esfera abierta de participación para la formación de una voluntad política.

La idea original de la democracia, a diferencia del republicanismo, mezcla las esferas privada y pública que se proyectan en el establecimiento de mecanismos institucionales con una tendencia efectiva del poder público y con una mayor tendencia hacia el control, como en el caso de las democracias consociativas o consensuales.

 

Democracia representativa

Las democracias representativas limitan los abusos del poder y respaldan la formulación de políticas públicas que sustentan y estabilizan. La democracia representativa institucionalizada en el estado social del Derecho cumple con los requerimientos de la ética que convierte en inexcusable la lealtad de los decisores. La política emancipatoria rompe con la continuidad de las instituciones opresivas, mediante la reformulación de la cuestión democrática en referencia a las demandas de igualdad de actores políticos que intentan transformar el orden impulsados por imperativos éticos. La democracia representativa limita el margen de maniobra de los operadores políticos y presiona por cambios estructurales y funcionales del Estado-nación.

En la orientación teórica que describe la democracia y la política como orden, la premisa de igualdad exige el consentimiento autónomo y escindido de lo social y lo político para reconfigurarlo como una totalidad homogénea de ciudadanos, y para establecer entre estos ámbitos la intervención política mediante el voto para una representación legítima y representativa. La participación ciudadana en el juego político es la base de todo sistema democrático. Así la participación política es un factor que facilita el desarrollo democrático de las sociedades.

La imparcialidad es una obligación profunda y amplia de los gobiernos democráticos para servir en una capacidad representativa en nombre de todas las personas. La democracia requiere de imparcialidad que obliga al gobierno a mantener mecanismos efectivos, con el fin de dar respuesta a los intereses de todas las personas. El principio de imparcialidad del gobierno se refiere a la obligación que tiene de ser responsivo a los intereses y necesidades de todas las personas.

La acumulabilidad de los bienes que no tiene límites promueve la hiperconcentración del poder económico y político con una sobrerrepresentación institucional cargada a la defensa de sus intereses y privilegios, lo cual lesiona a los sistemas más democráticos, y limita y obstaculiza cualquier alternativa propuesta de un nuevo modelo de crecimiento económico y desarrollo social.

En teoría política, uno de los conceptos de Estado involucra el ejercicio del poder a través de instituciones políticas que garantizan la gobernabilidad, independientemente de que ésta sea democrática, dentro del territorio en el que ejercita este poder. En el concepto weberiano el Estado monopoliza el poder y el uso legítimo de la coerción. Las democracias occidentales le permiten el esparcimiento, los servicios y el entretenimiento para buscar la verdad subyacente detrás del velo de la distorsión y la mala representación, la ideología y los intereses de clase a través de los eventos de la historia contemporánea que nos presentan.

Dieterich (2001: 6) denomina democracia sustitutiva al sistema en el cual los electos por voluntad popular "para ser servidores de las mayorías, se convierten en sus amos, sirven en primer lugar, a las élites dominantes y, en segundo lugar a sí mismos". El sistema democrático es elitista porque un determinado estrato social es controlado por quienes dirigen y toman decisiones basados en principios y programas que involucran recursos y gente, como en el caso de selección de candidatos. Por lo tanto, no representan sino sustituyen a aquellos que les dieron el mandato.

La esencia de la tensión entre democracia y gobernabilidad, de acuerdo con Prats Catalá (2001: 36), estriba en que la "gobernabilidad requiere la representación de actores proporcional a su poder mientras que la democracia ideal requiere la representación de actores proporcional a su número". El elemento clave de la gobernabilidad es la democratización del conocimiento y entendimiento de mecanismos complejos sociales, económicos y de bienestar, y la desmitificación de las alternativas políticas disponibles a los representantes electos (Nath, 2000).

Los mecanismos de participación ciudadana dan fundamento al ejercicio democrático de las estructuras institucionales de gobernabilidad, que facilitan las interacciones entre la sociedad y los ciudadanos. Los mecanismos de participación política en las comunidades políticas democráticas adquieren nuevas dimensiones cuando se busca la representatividad de los ciudadanos. Sin embargo, la utilización de estos mecanismos puede prestarse a la manipulación de la sociedad.

Precisamente, los orígenes de la democracia están en el fortalecimiento de instituciones políticas de representación, la defensa de los derechos humanos, la existencia de fuentes de opinión, y la protección de los derechos humanos y colectivos de los ciudadanos (Ortega Ortíz, 2001: 29).

Por lo tanto, es necesario perfeccionar el sistema democrático para corregir sus funciones y desajustes en la representación, las instituciones políticas deben promover el cambio institucional hacia formas mas democráticas, sistemas de representación y participación, de tal forma que maximicen los intercambios entre los actores. El cambio político democrático establece compromisos que instrumenta la solución de conflictos. Esto a pesar de que se conciba a la democracia como el sistema de gobernabilidad más conveniente para la resolución de conflictos y diferencias entre los distintos actores económicos, políticos y sociales en un marco que privilegia la libertad individual. Puede argumentarse que los cambios institucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados, mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables.

Los regímenes políticos son arreglos institucionales que facilitan las diferentes interrelaciones entre los actores. La creación de nuevas estructuras que democraticen los espacios para la participación ciudadana activa capaz de transmitir la agregación de los intereses individuales en forma representativa de la voluntad general. Una combinación de la democracia directa con algunas expresiones controladas de democracia representativa traería beneficios que podría ayudar a la gente común a expresarse y sentirse representada, y a ganar independencia sin que abandone sus derechos políticos.

 

Democracia participativa

Los requerimientos de la democracia, de acuerdo con Dahl (1998), son la participación efectiva, la igualdad del voto, la posibilidad de un entendimiento informado y la existencia de un sistema institucional, necesarios para lograr la igualdad política de los ciudadanos con igual capacidad para influir en las políticas del Estado.

Un Estado democrático aplica con legitimidad el monopolio de la fuerza con una relativa independencia de los intereses socioeconómicos, de modo tal que facilita y apoya la participación social y protege el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos.

En relación con el balance de poderes del Estado democrático que atiende las demandas de los intereses y problemas colectivos, Madi son (1981: 262 [publicado por primera vez en 1787-1788]) sostiene:

Si los hombres fueran ángeles, no habría necesidad de gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no habría necesidad de controles internos ni externos sobre el gobierno. Al construir un gobierno que ejerza el poder del hombre sobre el hombre, la mayor dificultad es la siguiente: El gobierno debe tener poder para controlar a los gobernados al tiempo que debe ser obligado a controlarse a sí mismo. Del pueblo proviene sin duda el control primario sobre el gobierno, pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad la necesidad de tomar medidas auxiliares.

El Estado totalitario ignora límites y controles democráticos al ejercicio del poder, opuesto a los enfoques economicistas, como el de Buchanan (1999), que enfatizan las limitaciones y restricciones en las facultades de la acción colectiva del gobierno. La dirección de una economía planificada responde adecuadamente a las necesidades de la población, la cual se refuerza mediante mecanismos democráticos. Ramos (1994) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantilización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición.

El desarrollo democrático de las sociedades impulsa la sociedad civil. Una sociedad es democrática porque presupone el gobierno democrático, hace del control social por la sociedad civil una forma principal de accountability política, y requiere transparencia de las agencias públicas. Los efectos de estimulación de accountability horizontal y de inducción de accountability societal vertical son importantes para entender la dinámica de la política democrática. Los efectos que se encuentran en las interacciones de los diferentes tipos de accountability son los más relevantes.

Una sociedad civil vigorosa fortalece al gobierno democrático. "La calidad del ejercicio democrático del poder depende de la acción conjunta de dos elementos: Por una parte, de la naturaleza de las instituciones del Estado, la responsabilidad y transparencia de los funcionarios estatales, y por la otra, de la naturaleza de la sociedad civil y su capacidad para ejercer control sobre el aparato del Estado" (UNESCO, 1997:8).

El foco central de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil es restablecer el con trol democrático de las instituciones en las políticas públicas económicas, sociales y de bienestar; pero se pierde control social y rendición de cuentas cuando estos procesos están muy centralizados. Así, propone una relación directa de fortalecimiento mutuo entre la sociedad civil y la democracia. Una sociedad civil marginada no permite el acceso de los ciudadanos al mercado político ni al disfrute de los bienes públicos democráticos. Democratizar la sociedad es crear instituciones con apertura hacia los procesos de participación y deliberación democrática. La desintegración de regímenes unipartidistas ha contribuido a democratizar las estructuras del Estado, lo cual, a su vez, da oportunidad al surgimiento de un sistema social más democrático.

En vez de depender de los métodos estructurados e institucionalizados de participación política, los ciudadanos buscan la democracia directa desde los grupos comunitarios hasta los movimientos sociales; lo cual desarrolla un patrón ecléctico y egocéntrico de acción ciudadana. Esta inevitabilidad es dependiente de los movimientos sociales de resistencia y que realmente mantienen objetivos democráticos.

El impacto político de la comunidad, como una forma en que la sociedad se organiza para lograr sus fines, señala el cambio de una sociedad gobernada por un sistema de democracia representativa a una democracia participativa donde la participación directa de los ciudadanos tiene más relevancia. En esta nueva estructura, la organización comunitaria está tomando un papel esencial como expresión de cambios de una democracia representativa a un sistema más descentralizado, como el de democracia participativa.

La gestión comunitaria de recursos debe crear las condiciones suficientes para la transferencia de funciones del nivel nacional al local, con el soporte estructural de arreglos institucionales que faciliten la participación política en un sistema democrático, de tal forma que reduzca las brechas del crecimiento económico y desarrollo social desigual. La asociatividad forma parte de las virtudes de los ciudadanos que participan en la gobernabilidad democrática y limita los excesos populistas, corporativistas y clientelares de los gobiernos.

La participación ciudadana, mediante mecanismos de representación democrática como un proceso político democrático y como un método de gestión de lo público, tiene diferentes caracterizaciones y connotaciones que el involucramiento directo de los miembros de una comunidad, a través de una democracia participativa en el mismo ámbito de lo público. Los procesos de gestión pública necesitan ser democratizados, mediante la consolidación de la participación de los ciudadanos en la búsqueda de alternativas para una correcta y eficaz toma de decisiones que garantice su aplicación. Las decisiones democráticas son públicas a través de procedimientos especificados en normas legales públicas.

Debido a que el Estado enfrenta un proceso de desplazamiento de los gobiernos, se hace necesario repensar la forma y las jerarquías de decisiones que afectan el desarrollo. Dowbor (1994) propone que el Estado requiere de organizaciones políticas de soporte de partidos políticos y de organizaciones sindicales organizadas para la defensa de sus intereses, y comunidades organizadas para manejar nuestra vida diaria en un trípode de apoyo para la administración de los intereses públicos bajo una democracia participativa.

La recuperación del poder por la sociedad consiste en dar a los procesos democráticos un sentido de gobernabilidad democrática, que confiera al ciudadano participación en las decisiones y en la exigencia de la rendición de cuentas de las autoridades. Tanto una mayor participación ciudadana y una mayor autonomía de los gobiernos lo cales son elementos imprescindibles para consolidar la gobernabilidad democrática, entendida como una cualidad de la sociedad que establece el conjunto de normas que estructuran las interrelaciones entre los diferentes actores estratégicos sociales y políticos y sus representantes, con el fin de regular los procesos de toma de decisiones así como los mecanismos para la resolución pacífica de conflictos.

El papel fundamental de la sociedad civil es constituirse en los agentes del cambio del cambio social, mediante la promoción de la democracia y una mayor participación en los procesos de toma de decisiones públicas. En las mismas formas de organización social que están estrechamente vinculadas con la política, ocurre la estructuración de la sociedad civil que fomenta relaciones asociacionales animadas por ciertos valores ideales democráticos, para dar sustento a la participación ciudadana. Esenciales a la democracia son las posibilidades que tiene la población para tener acceso al conocimiento y el respeto a su derecho a la información que garantizan una participación efectiva.

El incremento notable en los últimos años de las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales consolidan la participación activa de los movimientos de liberación, de derechos humanos y de democratización, en amplios programas de desarrollo económico, político y social. La participación en los procesos políticos de las organizaciones sociales mediante arreglos institucionales que promuevan su democratización y garanticen al Estado su capacidad de regulación, permitirá a dichas organizaciones su participación en la formulación e implantación de políticas públicas.

El Estado debe tener las atribuciones necesarias para establecer las reglas de funcionamiento de los mercados, a través de procesos de democracia participativa. Los mercados regulados requieren de mecanismos de realimentación, en donde los gobiernos democráticos puedan corregir sus propios excesos y los excesos de los mercados financieros.

La estabilidad política y el control de la corrupción son metas que pueden lograrse mediante instituciones compatibles con democracias participativas, con procesos de descentralización política y fiscal. Empíricamente no se han demostrado las correlaciones entre corrupción y nivel de consenso en el poder, dictadura o democracia. La corrupción implica actos de deslealtad y de traición al sistema normativo de una sociedad.

 

La socialdemocracia

Una forma de Estado y gobierno es la democracia política que da sustento a la democracia social y económica. Las fuentes alternativas de información disponibles son una característica de la democracia política, en donde el poder político proviene de los ciudadanos quienes ejercen un control imperfecto sobre el comportamiento que busca el beneficio propio de los actores políticos. En la democracia social, el ethos de la sociedad exige la igualdad de los miembros de la sociedad civil, que en posiciones y estructuras horizontales dan sustento a comunidades y asociaciones voluntarias.

La socialdemocracia impulsa el Estado de Bienestar que perpetúa la injusta distribución del poder; no necesariamente se identifica con la libertad y la justicia social y cuyas relaciones sociales derivan de la explotación del hombre por el hombre a través de los procesos productivos que limitan el desarrollo de las potencialidades de los individuos. La democracia no es garantía del Estado de Bienestar porque los ciudadanos pueden votar por un gobierno que elimine los programas asistenciales. La diferencia entre socialdemocracia y liberalismo es que éste quiere la menor intervención política posible (dejando a la regulación del mercado la tarea de poner orden) y la socialdemocracia tiende a regular la mayor cantidad posible de aspectos de la vida humana.

La política de bienestar socialdemócrata centra la responsabilidad en el Estado para desmercantilizar la provisión de los beneficios sociales sobre la base de principios de universalidad, igualdad y cobertura global. Este modelo de bienestar es incompatible con el apremiante avance del capitalismo desregulado, ante cuyas presiones de adaptación, la orientación del bienestar social de la socialdemocracia activamente han redireccionado la aplicación de recursos y servicios a las familias jóvenes.

Pero al mismo tiempo se critica que estos avances del capitalismo sirven de argumentos para regatear los beneficios laborales de retiro a las edades convencionales y flexibilizar el trabajo, lo que ha dado origen a un aumento en la pobreza, incremento del desempleo y bajas tasas de ahorro e inversión. La discriminación y la exclusión social son dos fenómenos que demeritan los sistemas democráticos e impiden los procesos de institucionalización democrática. El avance de la democratización social requiere de procesos de transformación socialista.

 

Democracia delegativa

El concepto de democracia delegativa es acuñado por O'Donnell (1994) para caracterizar a las democracias latinoamericanas, como estructura y proceso que debilitan las instituciones públicas democráticas, la representación de los actores estratégicos es escasa y concentran el poder político en la persona del presidente electo. Las democracias delegativas simulan tener las características de una democracia liberal, pero con instituciones políticas débiles que son aprovechadas por los políticos que ejercen el poder con flagrante violación de los derechos humanos.

Esta situación ha dado lugar a la degradación de sistemas democráticos, tipificados como democracias delegativas, las cuales se han implantado en muchos países, comparado con los ya establecidos en las democracias europeas. Los elementos de la democracia delegativa contribuyen a la fragilidad de las instituciones y a la inestabilidad del sistema político, a diferencia de los elementos formales de la democracia liberal.

En la interpretación de Prats (2001), para Lipset (1959), las pseudodemocracias son los regímenes políticos cuyas instituciones políticas formalmente democráticas enmascaran la realidad de una dominación autoritaria. Las pseudodemocracias en los regímenes políticos con instituciones democráticas legitiman gobiernos autoritarios. Por sí mismas, las instituciones democráticas no garantizan el éxito de la aplicación de las políticas públicas.

Son, por lo tanto, "categorías de regímenes políticos que se encuentran entre la democracia electoral minimalista y los sistemas genuinamente autoritarios". Así la democracia es un valor institucionalizado que no cubre las expectativas de la ciudadanía, la que se fomenta por la receptividad a las demandas de los electores, la rendición de cuentas y el derecho que tienen los electores a destituir a los gobernantes electos (Sartori, 1999: 91).

 

Posdemocracia

La ausencia de una ideología alternativa al capitalismo globalizador, desde el colapso del comunismo en 1989, estrecha los vínculos entre la ideología del libre mercado y la democracia liberal, entre la política económica neoliberal y la democracia liberal en un proceso de ownership o corresponsabilidad, y legitima el sistema político resultante. Como un mecanismo económico, el capitalismo puede ser adoptado como un instrumento democratizador que posibilita legitimar un gobierno.

La modernidad implica el desarrollo democrático y, por lo tanto, es "la adopción del principio de que los seres humanos individual y colectivamente (esto es, como sociedades) son responsables de su historia" (Amín, 2001). Este desarrollo democrático bajo un sistema capitalista presupone que la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo.

No obstante, la modernidad es la ideología del sistema capitalista que se declara a sí misma como la defensora de los derechos individuales por sobre los derechos de la sociedad. Los conceptos de democracia relacionados con la noción de capitalismo coinciden con la definición de modernidad, con implicaciones que datan de la Ilustración y que todavía no alcanzan su máximo potencial de desarrollo. Así, la fe se ha ajustado para cumplir con los requisitos de los valores de la modernidad, el laicismo y la democracia.

La posmodernidad de la cultura política se caracteriza por una fragmentación de valores compartidos por las colectividades y el distanciamiento de los ciudadanos a las instituciones, marcado por una creciente desconfianza que provoca crisis de las democracias institucionalizadas. El diseño de instituciones político-jurídicas que garanticen el intercambio mediante la libertad contractual y los derechos de la propiedad es una condición que opere el libre mercado. Actualmente se plantea como problema la pérdida de la confianza en las instituciones y en el liderazgo (Pharr y Putnam, 2000). Los niveles bajos de confianza de la ciudadanía en las instituciones sociopolíticas debilitan el sistema democrático de una sociedad, debido principalmente a factores sociológicos, culturales y del contexto económico político, entre otros.

El proyecto político de la globalización pretende instaurar este liberalismo transnacional con su consorte, el capitalismo liberal democrático, o neocapitalismo como el único modelo de desarrollo (Gill, 1995). Las fallas en la prevención y administración del impacto negativo de las fuerzas globales actúan en las realidades locales, y encuentran medios culturalmente apropiados para responsabilizar a las instituciones para ser más democráticas, eficientes y que rindan cuentas al bien público.

En el sistema capitalista, la democracia tiene serios problemas de legitimación. La democracia liberal representativa que promueve el neoliberalismo económico como la forma idónea de organización política queda marcada en una profunda crisis de legitimidad.

La democracia liberal legitima encubiertamente al capitalismo en el dominio del hombre por el hombre, mediante los procesos de elaboración de las normas jurídicas que implementan las políticas económicas formuladas en beneficio de los intereses de las estructuras del poder económico de grandes corporaciones y del capital financiero especulativo transnacional, que dominan el mercado internacional. Por lo tanto, se da una estrecha relación de interdependencia entre los gobiernos nacionales y las grandes corporaciones transnacionales en beneficio de éstas, y que se manifiesta en la generación de profundas desigualdades sociales incompatibles con el sistema democrático. Así, los principios de la lógica que impone el capitalismo transnacional de libre mercado resultan ser totalmente incompatibles con los principios y fines de la democracia.

Los sistemas de representación democrática están balanceados a favor del poder político que ejercen los grandes intereses y que nulifican las bondades de la democracia liberal, porque inciden en la falta de compatibilidad entre los conceptos de igualdad moral y jurídica con una creciente y profunda desigualdad social. Esta desigualdad social vulnera los procesos democráticos, crea dependencia de los más ricos, quebranta los lazos de fraternidad comunitaria y la desesperación de los que menos beneficios y oportunidades tienen del sistema económico, a pesar de que las distribuciones sociales y genéticas son un activo común de la comunidad en la cual se ejercen y se reconocen.

No obstante, desde una perspectiva procedimental, la democracia liberal representativa no satisface los requerimientos de un sistema político democrático, en la que todos y cada uno de los miembros de la comunidad participan activamente en los procesos de elaboración de normas.

Esta conceptualización de democracia liberal representativa es contraria en la actualidad cuando los ciudadanos no participan en la elaboración de normas, que luego están obligados a cumplir. Este modelo de democracia liberal representativa se halla en agotamiento, en parte, debido a que las decisiones de la mayoría se convierten en una dictadura de una clase política que se supone es capaz de canalizar las preferencias individuales. Por otro lado, si la dictadura del trabajo domina, la democracia tampoco puede florecer. La exaltación del individualismo es una característica de los procesos de modernización capitalista que tiene implicaciones en las propuestas de las instituciones democráticas, la familia, etcétera.

La orientación de los valores posmateriales contribuyen a la formación de nuevos movimientos sociales activos y participativos en los procesos democráticos. La nueva izquierda se empieza a gestar con la revolución del 68, dando importancia a la democracia plural y participativa centrada en el poder de los ciudadanos, y más tarde, en 1996, se reorientan hacia las luchas contra el proyecto hegemónico neoliberal. Las banderas de esta "Nueva Izquierda" son la democratización de las instituciones y una "ciudadanía activa" de la sociedad global, de una ciudadanización que identifica al individuo como el elemento fundamental e irreductible del poder político.

La democracia necesita de una ciudadanía activa en los asuntos públicos y en la política para alcanzar altos niveles de legitimación y para convertirse en la fuerza que guía a una sociedad. Una ciudadanía activa en el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales y un Estado de Derecho legitimado son requisitos de un sistema democrático. El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en un Estado de Derecho y un sistema democrático constituyen la base de los procesos de descentralización y el control social.

Apoyados por los movimientos de la Nueva Izquierda presionan por cambios en los estilos de la política democrática, mediante formas de acción política no convencional de democracia directa por sobre las formas de la democracia representativa, lo que resulta en una crisis de los valores de la democracia (Dalton, 2002).

La reconfiguración política transnacional queda en función de ciertas limitaciones al ejercicio de la democracia liberal posnacional, que entra en contradicción con los requerimientos institucionales de soberanía nacional, autonomía, procesos de representación y participación ciudadana, debilitan los lazos de solidaridad e identidad social, y, por lo tanto, se erosionan los procesos de legitimación y responsabilidad democráticas, como en el dilema de las mayorías múltiples.

Habermas (1994) sustituye la identidad nacional por la identidad posnacional con fundamento en el Estado de Derecho y la democracia. Por ende, la discusión de la democracia posnacional es una discusión que nos compete a todos los ciudadanos, y no nada más a quienes la imponen en nuestro espacio como una forma dominante de gobernabilidad.

En un proceso político instrumental se agregan las preferencias de los ciudadanos en el sentido más restringido del término. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura, en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. La falta de participación y debate de los ciudadanos en los procesos políticos de integración no contribuyen a crear una identidad social que sea el fundamento a una democracia posnacional.

Para estos grupos minoritarios con intereses hegemónicos, la participación democrática de las mayorías pobres constituye una carga pesada difícil de tolerar. Si por democracia debe entenderse "el gobierno del pueblo", la participación de los individuos en las decisiones que les afectan es casi nula, por eso el concepto de democracia en la lógica del capitalismo transnacional resulta inoperante.

Para Tezanos (2002), en la búsqueda de la democracia posliberal participativa:

Es necesario avanzar nuevos pasos en el proceso histórico de desenvolvimiento democrático, para remontar los riesgos de crisis social relacionados con los procesos de dualización so cial y deterioro del trabajo [...] Lo que está ocurriendo en nuestras sociedades revela que algo está fallando en los procedimientos establecidos de representación política y que existen demandas nucleares para el futuro de la convivencia que no están siendo bien solucionadas [...].

 

Crisis de partidos políticos

En las democracias liberales, los partidos son los intermediarios entre la sociedad y el gobierno descubriendo, aunando y seleccionando intereses. La gobernabilidad de la sociedad está en riesgo por los procesos de informalización de la política democrática que ha modificado los vínculos de lealtad entre el Estado y la ciudadanía. Este riesgo es agravado, además, por los partidos políticos que pierden el rumbo ideológico y programático, lo que les impide ejecutar sus funciones de representación y organización de la política democrática que los faculta para la acción política.

La crisis de los partidos políticos se manifiesta en la crisis de la democracia representativa formal, como expresión de la soberanía popular ejercida por un pueblo que no es consciente de que la soberanía le pertenece y debe ejercerla a través de sus representantes.

La principal causa de la crisis de los partidos políticos es el surgimiento de formas no democráticas de legitimación, que los vuelve incapaces de promover los cambios sociales. De esta manera, se subordina al Estado, a la sociedad e incluso al régimen de partidos y a la democracia misma. Las disfunciones de la democracia deslegitiman la autoridad, sobrecargan y desequilibran la acción gubernamental, fragmentan los partidos políticos y estimulan el "parroquialismo nacionalista" e inciden en la falta de gobierno, y puntualizan la necesidad de governance o gobernanza (Prats, 2001) para lograr la gobernabilidad.

La ambigüedad en la definición ideológica y política de los partidos y organizaciones políticas limitan los alcances de la democracia formal, porque excluyen a importantes estratos sociales que no coinciden con causas específicas. Sin embargo, es necesario que existan instituciones que desarrollen las funciones de la democracia equivalentes a las que realizan los partidos políticos, para desempeñar las funciones de agregación de intereses y la organización del debate en cuanto a las políticas públicas. Por lo tanto, los sistemas democráticos también tienen limitaciones para ofrecer políticas públicas sustentables.

La fragmentación y dispersión ideológica, política y organizativa de los movimientos sociales de resistencia ha provocado una implosión del pragmatismo al interior de los partidos políticos, cuyos efectos supeditan la democracia electoral a los intereses y prerrogativas de los grupos de la élite político burocrática, que tratan de mantener el poder estatal. La fuerte presencia tradicional de los empresarios en los partidos políticos en sistemas conservadores encuentra su contraparte en la organización política de los trabajadores en las democracias sociales.

Algunos de estos nuevos movimientos sociales no solamente mantienen conexiones internacionales con movimientos similares en otros países, también mantienen ligas con partidos políticos progresistas, agencias no gubernamentales internacionales y organizaciones religiosas internacionales con quienes desean formar alianzas, con el fin de promover sus temas específicos, así como metas más general es de justicia social, redistribución económica y democratización política.

 

Procesos de globalización económica y empresas globales

Cualquier análisis sobre la globalización necesariamente implica estudiar la naturaleza de las relaciones entre el sistema capitalista y la democracia, es decir, de una globalización económica y su relación con una globalización política. La globalización económica o apertura económica está relacionada con las prácticas de una economía capitalista, basada en la liberalización del mercado; mientras que la globalización política está referida a la práctica de los valores democráticos.

La apertura y la integración económica reducen los costos de transacción en los mercados nacionales y los costos de integración política, mediante la formulación e implantación de políticas que se orientan a homogeneizar las diferencias individuales, por lo que la democracia funciona mejor en los Estados pequeños. Sin embargo, tanto en el caso de los Estados federales que tienden a ser más grandes que las democracias unitarias, no hay una diferencia en el tamaño en las autocracias y las democracias federales. Consustancial a los procesos democráticos es la homogeneidad de los pueblos, pero la realidad mundial es otra muy distinta. Entre más grande es un Estado tiende a ser más heterogéneo.

Las instituciones de la economía global necesitan, para su legitimación política y social, solucionar dentro de un sistema democrático los problemas de los efectos distributivos sociales y ambientales perniciosos que provoca, asegurando la primacía de los gobiernos nacionales y locales como los pilares de la gobernabilidad económica global.

El punto central de la globalización es su compatibilidad con la democracia y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La dimensión política de la globalización apuntala su expansión en todas las regiones y países, promoviendo su democratización. Pero esta democratización no se apuntala en una transformación socialista. Para que los procesos de democratización avancen, se requiere de procesos de transformación social.

Por lo tanto, en muchos de los casos no tienen éxito en la transformación de la naturaleza de las relaciones de poder o no contribuyen como se espera en la construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa. La democracia no está interesada en la participación popular para el establecimiento de la agenda de desarrollo económico, político y social, sino más bien en buscar la legitimación del proyecto económico puesto en boga por los políticos.

Los argumentos de que un Estado soberano hace posible los procesos democráticos y que los procesos de globalización debilitan la soberanía del Estado democrático, son muy cuestionados por críticos que argumentan, a su vez, que los Estados no son tan soberanos ni los procesos de globalización no son la fuerza que representan (Hirst, 2000). Un Estado deja de ser democrático cuando tiene que sostenerse por la fuerza o mediante la supresión de los derechos democráticos. El papel del Estado democrático entra en conflicto con el capitalismo posindustrial globalizador entre los procesos de mercantilización y desmercantilización de la política social. Offe (1990) entiende por desmercantilización el "retraimiento y desacoplamiento de un número creciente de áreas sociales y grupos (fuerza de trabajo excedente) con respecto a las relaciones de mercado".

Los proponentes de la globalización son las naciones más desarrolladas y fuertes, las mismas que más se están beneficiando desproporcionadamente de los procesos. Estas mismas naciones son, la mayor parte de ellas, democracias que tratan de conseguir una mayor justicia social. El gobierno global asume la lógica dual del Estado-nación en una economía global (Roblnson, 2000).

Stiglitz (2002) conceptualiza al actual proceso de globalización como un sistema de manejo global sin gobierno global. Instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial y otras conforman un sistema ad hoc de manejo global, pero está muy lejos de ser un gobierno global y carece de un mecanismo democrático de rendición de cuentas. Los problemas en la realidad son que estas instituciones supranacionales no ejercitan la democracia necesariamente, aunque sí la exigen a los Estados-nación, a los que vulneran su soberanía política.

La globalización impulsa la desregulación de la economía internacional que obliga a los Estados nacionales a perder el control de la política económica, a reestructurar las instituciones públicas para reducir y, en su caso, eliminar los sistemas de bienestar y protección social; lo cual, a su vez, exacerba la capacidad del Estado para dar respuesta a las demandas sociales con las consecuentes crisis de legitimidad democrática.

Los Estados imperiales apoyan directamente a las instituciones financieras internacionales, porque les sirven como instrumentos de penetración y control en los Estados neocoloniales; los que se alinean conforme a los lineamientos requeridos para convertirse en los garantes de la defensa de los intereses de los capitales transnacionales. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática, que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados; esto implica que la democracia no es una disciplina racional.

En la arena económica internacional, las decisiones en las instituciones financieras se toman bajo la influencia directa de la comunidad financiera, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales, quienes buscan obtener mayor independencia de los aparatos democráticos de los Estados nacionales. Se apoyan en las decisiones de los tecnócratas de instituciones financieras internacionales antidemocráticas que imponen sus directrices a los gobiernos con su consecuente pérdida de soberanía.

Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Por lo tanto, las decisiones democráticas populares tienen poca influencia en las decisiones de los centros nacionales e internacionales de poder y de distribución de recursos. El sistema capitalista es profundamente antidemocrático, porque niega los principios de la democracia y se cimienta en la desigualdad entre los individuos, cuyo origen es la explotación del hombre por el hombre mismo.

Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Las instituciones financieras internacionales que actúan como agentes de la élite económico política, redefinieron el desarrollo en los ochenta como "una participación exitosa en el mercado mundial", que incluye una política de amplia liberalización (Robinson, 2000), basado en la "rearticulación de cada país a los mercados mundiales a través de la introducción de nuevas actividades económicas ligadas a la acumulación capitalista".

Los países que se someten al programa de ajuste estructural aceptan la construcción de instituciones afines a los intereses del capitalismo transnacional, a cambio de recibir apoyo financiero. No obstante, esta ayuda financiera discrimina porque se otorga solamente a aquellos países que cumplen con la condición de la cláusula de democratización. Bajo la premisa de que la globalización representa una constricción, los gobiernos aplican políticas que dan prioridad a la creación de empleos precarios y que incrementan la desigualdad, refuerzan la desafección democrática, debilitan la identidad colectiva y con ello los lazos solidarios.

Los procesos de globalización neoliberal incrementan las desigualdades sociales, que debilitan al sistema democrático, agudizan sus contradicciones y lo hacen incompatible con el capitalismo. La mayor parte del mundo ha sido atrapada entre las garras de una ideología hegemónica del libre mercado, pregonada por la globalización con graves consecuencias para la democracia, la continuidad colonial de la explotación y deterioro de los recursos físicos.

La estrategia de la globalización no es la de compartir, sino la de competir, arrebatar, golpear a los otros con el objeto de tener un mejor acceso a los recursos globales, mediante el uso de mecanismos del mercado y apoyados en las instituciones globales que no son democráticas. Tanto es así que a medida que avanzan los procesos de globalización, se acrecientan las tensiones sociales que amenazan con perturbar las prácticas democráticas.

Los procesos de globalización económica afectan la democratización de las estructuras del Estado bajo un proyecto hegemónico diseñado por las élites económicas globales representado en las instituciones financieras internacionales, con el apoyo de las élites económicas locales. Queda así la democracia atrapada en las redes de los intereses corporativos globales, los cuales interceptan la democracia con el apoyo de expertos entrenados en las ciencias económicas para lograr sus propios fines. La democracia interceptada es una democracia secuestrada por élites de expertos tecnócratas que toman decisiones en el interés de todos los ciudadanos sin tomar en consideración las decisiones de las mayorías.

La democracia interceptada toma los asuntos que deben ser debatidos en un foro público por todos los ciudadanos en las decisiones y en la formación de las políticas que les afectan, como una tarea que solamente es competencia de las, élites económicas e intelectuales, quienes ajustan el diseño e implementación de las políticas públicas al cumplimiento riguroso de un proyecto económico hegemónico, impuesto por las instituciones financieras internacionales.

La teoría de la democracia interceptada con el enfoque de la economía política internacional comparativa para analizar el fenómeno de la globalización, tal como lo conceptúan las agencias internacionales, como el Banco Mundial, tiene muchas limitaciones. La principal es que ofrece un marco de referencia opuesto, de acuerdo con el análisis de Birchfield (1999), quien examina la globalización económica neoliberal desde la perspectiva de la teoría de la democracia; y, además, critica la ideología del mercado para deslegitimar el pensamiento político como un punto de partida para la acción democrática.

No obstante, algunos principios del capitalismo no necesariamente promueven la democracia, tales como aquellos que son "concebidos como la expresión de demandas de la razón" (Amín, 2001), entre otros, la propiedad privada, la competencia de los mercados, principios de emprendedores, etc. Los efectos de la cruel competencia entre los agentes económicos que mediatizan la democracia, se pueden mencionar: los efectos distributivos por los desplazamientos tributarios del capital monetario que tiene una mayor movilidad que el trabajo y el desplazamiento de los ingresos medios a los ingresos bajos.

Este orden democrático caracterizado por inestabilidad e incompleto es casi un imposible, porque es el resultado de procesos políticos de lucha, cooperación y conflictos entre las diversas partes; por lo que resulta ser hegemónico y sujeto a la voluntad arbitraria de los vencedores. La democracia se iguala al mercado y se fundamenta en la "razón" que privilegia la propiedad privada; es, por lo tanto, una democracia basada en calificaciones de propiedad privada que queda reservada a ciudadanos que además son empresarios.

Pero todavía la política económica internacional que sustenta la globalización no es democrática. La reducción del dominio público a favor de un mercado que en principio es desigual, resulta ser antidemocrático. Mientras que promueven los valores democráticos apoyan dictaduras de los Estados clientes que reprimen movimientos democráticos para beneficiar a sus empresas y productos. El déficit democrático deslegitima la economía de la globalización, hace innecesarios e innaceptables los sistemas democráticos y degrada la gobernabilidad. Además este déficit democrático es debido, en parte, a la carencia de políticos responsables que resuelvan los problemas.

El fenómeno de la globalización social se hace presente por la explosión de organizaciones no gubernamentales (ONG's) en actividad. Esta forma de globalización es un proceso a través del cual los ciudadanos toman ventaja del desarrollo de las telecomunicaciones y el transporte, para integrar y fomentar la acción colectiva de nuevos grupos y movimientos sociales que contrarrestan el poder económico y político de las grandes corporaciones transnacionales y que, además, mantienen verdaderamente objetivos democráticos. La sociedad multigrupal se estructura en grupos que se autogobiernan. En una economía y sociedad de la información, la acción colectiva de los actores sociales para renovar e innovar procesos de organización social posibilita la profundización y afianzamiento de las formas democráticas y en la consecución del desarrollo social.

El nuevo pensamiento crítico es asumido por las redes que forman los nuevos movimientos sociales para la defensa de la justicia, la democracia y la independencia de los pueblos. El conocimiento basado en redes fortalece la conexión inherente entre acceso de información, democracia, derechos humanos, protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, mediante la provisión útil de información para la solución de problemas, alienta la participación comunitaria para una mejor organización de intervenciones del desarrollo y para mejorar las relaciones entre varios grupos de interés para el desarrollo (Nath, 2000).

La emergencia de nuevos movimientos sociales de resistencia a los procesos de globalización que vienen aparejados con la implantación del modelo de desarrollo socioeconómico neoliberal requiere de nuevos planteamientos conceptuales y metodológicos, para el análisis de los procesos democráticos y políticos en su fase posnacional. El denominado movimiento de los altermundistas no está en contra de los procesos de globalización, sino que busca otra alternativa más justa, democrática, humanista y digna para toda la humanidad.

Lo que aquí se propone es una crítica a la hegemonía de la globalización neoliberal con su correlativa democratización, que ha servido de fundamento a quienes resisten y se oponen a su avance y profundización, por considerar que tiene de su parte todas las relaciones de fuerzas que orientan las decisiones económicas de quienes dominan el mundo.

 

Democracia global y cosmopolita

El concepto de democracia tradicional ha sido abandonado para reelaborar uno nuevo que apoye y mantenga el sistema capitalista. Se vive un periodo de transformación global radical, bajo la consigna de dos términos: lograr el establecimiento de un mercado global libre y el imperio de un sistema democrático. Es decir, la mercadización y la democratización. Este proyecto político de la globalización se sostiene en una combinación de libre mercado, democracia representativa y pluralidad cultural. Las elites económicas que gobiernan en las democracias de mercado realizan campañas intensas para convencer a la ciudadanía mundial en el mito de un poder sin precedentes.

El planteamiento de una democracia global acepta la existencia de limitaciones y déficit democráticos a niveles nacionales y locales, lo que dado lugar a la degradación de los sistemas democráticos, y se ha tipificado como una democracia delegativa o democracia limitada. La concepción de la democracia global imprime los beneficios de la sociedad a favor de los grandes intereses económicos privados. La democracia global concibe a los intereses privados económicos como los beneficiarios directos de la sociedad.

Laïdi (2000) argumenta que la mundialización pone en juego dos mecanismos, el deterioro de la democracia representativa y la ausencia de un instrumento que ofrezca a los Estados-nación una cerca o barrera simbólica. De hecho, el problema con la democracia global no es un problema de falta de gobernabilidad, como resultado del debilitamiento del papel del Estado por los procesos de globalización económica, sino por la desigualdad que está creando entre los diferentes países y entre la población al interior de cada Estado; es, pues, una democracia de carácter económico.

La nación cosmopolita funciona solamente con una democracia cosmopolita que se mueve en dirección mundial, pero que también desciende a las organizaciones sociales locales. El surgimiento de un nacionalismo cosmopolita formador de identidad posnacional es la consecuencia directa de identidades nacionales, que están en apertura a entornos que exigen más tolerancia y pluralidad ideológica, y que se basa en los principio universalistas del Estado de Derecho y de la democracia.

La democracia no es exclusiva del Occidente del siglo XX que solamente pule los filos del capitalismo. Held (2004) argumenta a favor de una democracia social cosmopolita global como un sistema que implica las garantías de la seguridad humana universal y el sistema de libre mercado generalizado, el cual se caracteriza por elementos sociales liberales y globales. La democracia social puede ser más universalmente aceptada porque maneja las ambigüedades de la religión y la cultura, la cual es más cosmopolita porque incluye a las primeras religiones cosmopolitas que han sobrevivido a los imperios seculares del mundo. La democracia social cosmopolita reconoce el lugar central que tiene la religión en las relaciones internacionales, que sirve de inspiración para el activismo global.

El Estado de Derecho sustentable en una democracia radical se define como el ideal en el que la ley se aplica igualmente a todos los individuos, es decir, en forma de isonomia que incluye a gobernantes y gobernados por igual. La concepción cosmopolita de un gobierno democrático concibe al ciudadano como persona dentro del Estado; pero, además, capaz de mediar entre una diversidad de tradiciones nacionales, comunidades políticas y estilos de vida alternativos. En los principios de la diversidad se acepta el ejercicio de la democracia que no admite excepciones.

El modelo proteccionista del Estado benefactor y el modelo del Estado neoliberal o de libre mercado están agotados, y la socialdemocracia se apresta a proponer la reconciliación entre los anteriores en el modelo de la "tercera vía" para la nación cosmopolita, una nación activa, construida sobre un significado diferente al del Estado nacional. Mientras que la idea de una "democracia cosmopolita" resulta una mera utopía y la mercadización global ya es más una realidad, aunque la desigualdad entre los Estados nacionales es muy profunda que prácticamente hace imposible un avance conjunto.

La democracia cosmopolita se expande para regular la eficacia de la economía mundial. Ésta enfrenta la problemática derivada de la regulación de los mercados financieros, por eso no es posible que se deje el proyecto de un orden mundial democrático y equitativo a los erráticos mercados mundiales.

En el nuevo orden globalizado, la sociedad pluricultural requiere de una forma de identidad de nacionalismo cosmopolita que sustente las bases de una democracia social.

 

Conclusiones

El sistema político requiere un nuevo equilibrio sustentado en las decisiones democráticas que aceptan las nuevas expresiones de pluralidad social de la nación, a través de las instituciones públicas. El retorno a las instituciones para procesar los conflictos convalida la fuerza institucional de la democracia y legitima los gobiernos. El consenso para recuperar la capacidad de cambio debe surgir de una pluralidad que reconozca y dé certeza al ejercicio de los derechos de todos los militantes de partidos políticos con diferentes signos ideológicos; pero conscientes en la necesidad de actualizar y transformar al sistema de instituciones políticas, con el fin de lograr una mayor gobernabilidad democrática.

Este nuevo proceso de institucionalización debe orientarse a conciliar eficiencia con justicia, democracia con eficacia y libertad con bienestar social. Cuando no existen instituciones políticas fuertes que alienten la competencia entre los partidos políticos y fortalezcan las normas burocráticas y profesionales, la ideología nacionalista no es revisada.

Los diferentes actores tienen diversas posiciones respecto al universalismo y al cosmopolitanismo democrático. El multilateralismo de las instituciones internacionales crea un multicentrismo de instituciones democráticas, que incluyen la ciudadanía y la soberanía que se convierte en soberanía global liberal como visión de una gobernabilidad multinivel y multiestratos. Las estrategias políticas de los principales actores de los procesos de democratización, tales como los Estados nacionales, las organizaciones regionales, las corporaciones multinacionales, y las organizaciones no gubernamentales (ONG's), juegan un papel importante para apoyar a pesar de las complejidades del mundo occidental.

Las organizaciones no gubernamentales transnacionales han declarado significativamente menos preocupación por las democracias nacionales que con la democratización de las relaciones entre los Estados en las instituciones internacionales, por lo que la democracia nacional ya no es vista como el debate central. Para algunas ONG's la democracia es una cruzada política legítima, y para otras es el anatema de la heterogeneidad cultural y de las necesidades prácticas de desarrollo; para la mayoría de las ONG's es una dimensión amplia de una posdemocracia económica, transnacional, global y cosmopolita, que influye la orientación de muchos elementos de la sociedad civil, pero ausentes de las prioridades establecidas. Muchas organizaciones no gubernamentales transnacionales son más anti-globalización que pro-democracia, y sus esfuerzos para la promoción de la democracia son limitados.

La propuesta de gobernabilidad democrática económica, transnacional global y cosmopolita es un sistema de multinivel, multicentrado y multiestratificado, en donde la democracia a ras de tierra es imposible porque requiere de representantes de representantes de representantes, los cuales aunque sean elegidos democráticamente son removidos de sus bases.

 

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Información sobre el autor

José Guadalupe Vargas Hernández. Profesor investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Profesor del Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán, Jalisco. Profesor investigador invitado de la School of Public Administration, Carleton University, Canadá. Maestro en Administración de Empresas con especialidad en Dirección Industrial (Pacific States University). Doctor en Administración Pública (Columbia States University), Doctor en Economía (Keele University, England). En 2004 obtuvo el Premio Internacional de Global Business and Economic Development; y en 2002 el premio Allies Academies, nominado por la International Business Academy. Sus publicaciones más recientes son: "Un Estado mutante: del Estado neoliberal al Estado Postneoliberal", en Fermentum, año 16, núm. 47, 2006; "Gobernabilidad de la sociedad", en Política y Estrategia, núm. 104, 2006; "Modernidad y postmodernidad en América Latina", en Estudios Centroamericanos, vol. 61, núm. 696, 2006.