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Gestión y política pública

versão impressa ISSN 1405-1079

Gest. polít. pública vol.18 no.1 México Jan. 2009

 

Reseñas

 

El derecho a la existencia y libertad real para todos

 

por Alicia Ziccardi*

 

de Pablo Yanes (coord.), México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del DF-ICU (Grupo Promotor del Ingreso Ciudadano), 2007, 278 pp.

 

* Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

 

El libro condensa no sólo las ponencias sino también los debates y los documentos aportados en la primera reunión convocada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad, en el mes de junio de 2007, a partir de la cual se constituyó el Grupo Promotor del Ingreso Ciudadano en México, grupo en el que, como se puede comprobar en uno de los anexos de esta publicación, participa un amplio y plural número de académicos de diferentes universidades, funcionarios públicos, miembros de organizaciones civiles; en fin, ciudadanas y ciudadanos dispuestos a reaccionar, a buscar alternativas y a trabajar colectivamente para superar las graves condiciones de pobreza y exclusión en la que viven muchos millones de mexicanos y para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Considero sin duda que este libro será en adelante una bibliografía de referencia básica y obligatoria para quienes están preocupados por hacer que las políticas sociales garanticen, como dice claramente el título de este libro, el "derecho a la existencia" y por lo tanto el derecho de los ciudadanos a ser ciudadanos libres.

Este libro es particularmente valioso por diferentes motivos, entre los cuales destaco tres: 1) ofrece un conjunto de ideas muy originales y sugerentes para quienes toman decisiones en materia de políticas públicas, en particular de políticas sociales, para quienes les interesa profundizar el debate académico y, por supuesto, para las organizaciones civiles que trabajan intensa y comprometidamente por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; 2) es una publicación muy oportuna que contribuirá a retomar el adormecido pero indispensable debate sobre los resultados y el rumbo de las políticas sociales que se aplican actualmente en México, tanto en el ámbito federal como en el local y 3) contribuye a avanzar en la formulación de nuevas propuestas, para lo cual es útil conocer tanto el debate internacional en la materia como las experiencias que se llevan a cabo en otros países, particularmente de América Latina, donde la temática de la efectividad y exigibilidad de los derechos sociales es parte sustancial de los proyectos democratizadores del Estado y la sociedad.

El lector encontrará en este libro un conjunto de interesantes artículos que tratan el tema del ingreso ciudadano desde diferentes perspectivas: filosófica, social, económica y política; en los mismos se fundamentan de manera rigurosa y documentada tanto las concepciones que subyacen en torno a esta propuesta denominada indistintamente ingreso ciudadano o renta básica, como la factibilidad de su aplicación en nuestras sociedades, los obstáculos que deben sortearse y las modalidades de operación con que ya se aplica en diferentes países de América Latina, EU y Europa.

Daniel Raventós, catedrático de la Universidad de Barcelona y presidente de la Red de Renta Básica de España, quien participó activamente en esta reunión, ofrece en su artículo una explicación clara de los contenidos y alcances del concepto de renta básica. De manera sintética, el ingreso ciudadano que hace referencia a un ingreso incondicionalmente garantizado por el Estado a todos los ciudadanos es una forma de ingreso mínimo que se caracteriza porque: 1) es universal, 2) se recibe independientemente de otras fuentes de ingresos y 3) no requiere contraprestación alguna. Además, encierra un fuerte componente de igualdad de género, como afirma Maria Julia Bertomeu en otro artículo de este libro, ya que la renta básica permite a las mujeres ganar una cuota de independencia, de autonomía necesaria para acercarse a un ideal de libertad. Reconoce las diversas modalidades de trabajo remunerado, voluntario y doméstico, este último realizado principalmente por mujeres y no retribuido, reconocimiento que contribuye a generar condiciones materiales básicas para el ejercicio de la libertad de las y los ciudadanos en la elección del trabajo al que quieran incorporarse.

Pero lo que estas características indican es que esta propuesta es un antídoto contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, pero también lo es más contra la discriminación y el clientelismo político de que son objeto las clases populares para acceder a bienes y servicios básicos para su sobrevivencia.

David Casassas, de la Universidad de Oxford, explica que la iniciativa de la renta básica surge precisamente en un contexto de ascenso neoliberal y que forma parte de una confrontación ideológica vigente; para él su importancia radica en que constituye una base mínima para mejorar las condiciones de vida y elevar la capacidad de negociación de los asalariados y sus posibilidades para emprender los proyectos de vida en libertad. Ante esto, desde una perspectiva más bien filosófica, Julio Boltvinik dice que el ingreso ciudadano (ICU) favorece el florecimiento humano al contribuir a abatir la mercantilización del trabajo mediante una existencia material garantizada, al permitir la recuperación de la unidad entre la vida y el trabajo, y al revalorar el trabajo manual frente el trabajo intelectual. Pero al mismo tiempo coloca dos temas fundamentales para la discusión: por un lado, que debe considerarse muy particularmente el que esta propuesta se produce en un contexto caracterizado por una creciente movilidad internacional del trabajo y, por otro, relacionado con lo anterior, subraya la necesidad de discutir si el ICU puede ser exitoso en un solo país.

Pero, como en toda propuesta que implica un cambio económico, social, político y cultural muy profundo, la primera tarea que debe emprenderse es demostrar y convencer a diferentes sectores de la sociedad sobre la factibilidad de la misma. En este sentido, fue de fundamental importancia la presencia en este seminario del senador brasileño Eduardo Suplicy, quien en sus intervenciones en los días en que estuvo en la ciudad de México se encargó de transmitirnos su entusiasta e incansable compromiso para transformar la situación de pobreza en la que viven más de 200 millones de latinoamericanos. El senador sin duda es un auténtico promotor de esta propuesta en su país y en la región, y en sus presentaciones se encargó de exponer las diferentes modalidades que tiene la renta básica en los países donde ya existe. En particular el caso del estado petrolero de Alaska en EU, donde se creó por primera vez en 1982, es decir hace un cuarto de siglo y donde se otorga una renta de aproximadamente 2 000 dólares a unas 700 000 personas que viven legalmente en este territorio, con un mínimo de residencia de seis meses, lo cual hace de Alaska "el Estado más igualitario de los Estados Unidos".1 También expuso el caso de Brasil, donde el presidente Lula promulgó la ley 10.835 que creó el ingreso básico ciudadano a partir del año 2005, el cual se aplicará de forma gradual hasta alcanzarse plenamente a partir de 2010.

Estos son ejemplos emblemáticos, pero que demuestran la viabilidad de la propuesta y que deben difundirse de manera amplia porque arrojan luz ante las dudas que suele generar la puesta en práctica de la misma. Esto lo hace explícito Daniel Raventós en este libro, al señalar los múltiples cuestionamientos que provienen tanto de los sectores de izquierda como de los de derecha: unos porque consideran que la reforma fiscal que se requiere es poco viable, otros porque la renta básica significa colocar dinero extra en el mercado y puede ser inflacionaria, porque fomenta el parasitismo, porque es difícil de financiar y requiere una reforma fiscal que no están dispuestos a apoyar, etcétera.

Pero la importancia del ICU para las políticas de desarrollo social en México ya comenzó a analizarse y está contenida en este libro. Pablo Yanes subraya en su trabajo que el ICU se concibe como un derecho social inscrito dentro del impulso de políticas redistributivas que son esenciales para romper el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad. Para este autor el ICU en México debería ser el eje de esas políticas y contribuir a transitar hacia un Estado social de derechos, basado en el rechazo a las políticas focalizadas y condicionadas, como las impulsadas desde el gobierno federal.

Enrique del Val califica el ICU como un proyecto alternativo e importante frente a las políticas neoliberales y a la pésima distribución del ingreso que hay en México. Considera al ICU pertinente en países como el nuestro, ya que el combate a la desigualdad y la pobreza depende de la concepción que tengamos del crecimiento, el cual no puede buscarse a costa de destruir el medio ambiente y las fuerzas productivas, pagar salarios de hambre y crear situaciones de desinversión. Pero además enfatiza que debe combatirse la desigualdad y no sólo la pobreza con programas asistencialistas del tipo Conasupo, Coplamar, Solidaridad, Progresa y Oportunidades, los cuales requieren mucha burocracia y cuentan con fondos muy escasos. Para Del Val el ICU podría enfrentar la falta de cobertura efectiva de esos programas y sus limitados resultados, los cuales se deben, entre otros factores, a la focalización, el manejo clientelar y la corrupción que están presentes en los mismos. Propuso que los recursos de estos programas podrían ser canalizados a iniciativas como el ICU, además de sumarles los cuantiosos subsidios especiales que otorga la SHCP a las grandes empresas.

En el ámbito de la ciudad de México Martí Batres señala que un antecedente importante del ingreso ciudadano es la pensión universal para adultos mayores de 70 años que ya abrió brecha a pesar de que al principio y durante varios años fue ideológicamente criticada, sin que fuese sometida a una evaluación seria y rigurosa sobre sus fundamentos, sus objetivos, sus alcances, sus costos y sus resultados. Asimismo, deja claro que en la ciudad de México hay espacio para impulsar el ingreso ciudadano con base en esa experiencia y también por contar con la Ley de Desarrollo Social, que amplía el concepto de ciudadanía al incorporar los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales en el marco de la equidad y la diversidad.

En esta misma línea Pedro Moreno y Eduardo Marrufo proponen en su trabajo generalizar programas como el de adultos mayores del gobierno del Distrito Federal, incluyendo a los connacionales que viven fuera del país para establecer un nuevo paradigma del bienestar humano y social y elevar la política del ingreso universal a rango constitucional. Finalmente, Óscar Conde avanza en la propuesta al presentar un primer ejercicio realizado a partir de la aplicación de un modelo que permite medir la factibilidad financiera de universalizar el ingreso ciudadano a menores de 18 años y a los adultos mayores, quienes representan 40 por ciento de la población nacional.

En síntesis, este libro sobre el ingreso ciudadano señala un posible camino para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria a partir del despliegue de una intensa acción social del Estado que contribuya a generar mayor cohesión social. Por ello se recomienda leerlo y revisarlo cuidadosamente; en él se ofrecen originales ideas para redefinir el rumbo de la política social del país, una tarea que exige concentrar toda la creatividad y la energía social posibles, así como todos los recursos humanos y gubernamentales de que se disponga. Se trata nada menos de emprender la tarea de rediseñar la acción social del Estado a fin de contrarrestar los efectos negativos que ha generado el debilitamiento de las sociedades basadas en el trabajo remunerado, en la percepción de un salario digno y en el acceso a la seguridad social que él mismo garantizaba. Y en esta ruta un camino posible y factible es el que señala la propuesta del ingreso ciudadano, en la cual la acción social de los diferentes ámbitos de gobierno debe expresar la inmensa responsabilidad social que deben desarrollar para hacer efectivos los derechos y las libertades del conjunto de la ciudadanía.

 

NOTA

1 Vandeborght, Y. y Van Parijs, P. (2005), L'allocation universalle, París, La Découverte, p. 25.         [ Links ]

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