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Gestión y política pública

versión impresa ISSN 1405-1079

Gest. polít. pública vol.17 no.2 México ene. 2008

 

Gestión y organización

 

Política pública, reorganización institucional y elección por calidad en la educación superior de Baja California

 

Public-policy, Institutional Reorganization and Quality Election in Baja California's Tertiary Education

 

Patricia Moctezuma Hernández*

 

* Patricia Moctezuma es profesora titular de Políticas Públicas en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es investigadora nacional y becaria UABC al desempeño académico. Calzada Tecnológico 14481, Mesa de Otay, Unidad Universitaria, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Tijuana, Baja California, 223920. Tel. (664) 682 0832. Correo-e: moctezuma@uabc.mx.

 

Artículo recibido el 22 de septiembre de 2006.
Aceptado el 21 de noviembre de 2007.

 

Resumen

En este trabajo se concluye que el crecimiento y consolidación del Sistema Estatal de Educación Superior de Baja California (SEES) entre 2000 y 2006 es más resultado de la política pública federal orientada, desde la Secretaría de Educación Pública, a incentivar los esfuerzos de las instituciones de educación superior por consolidar la calidad por la vía del cambio organizacional de las instituciones y la acreditación de programas educativos, que de la coordinación estatal realizada por la autoridad educativa en materia de diversificación. Este proceso se ejemplifica con el impacto de la política pública federal en la Universidad Autónoma de Baja California y con el impacto del crecimiento y consolidación de ésta en los indicadores estatales y en la preferencia de los demandantes de educación superior.

Palabras clave: administración de la enseñanza, reformas de la educación, política de educación y planificación.

 

Abstract

ln this work we conclude that, between the years 2000 and 2006, the growth and consolidation of the Sistema Estatal de Educación Superior de Baja California (SEES) resulted, mostly, from the Secretaría de Educación Pública policie's that stimulated efforts of the tertiary education institutions to consolidate their quality trough organizational change and the accreditation of educative programs, rather than the effect of the state coordination made by the educative authority. Given the lack of an approach that bonds quality by considering the view of multiple actors in the construction of the education governmental policy. This process is exemplified by the federal public policy impact on the Universidad Autónoma de Baja California and by the growth and consolidation of this university in the state indicators and the tertiary education users' preferences.

Keywords: educational administration, educational reforms, education policy and planning.

 

INTRODUCCIÓN

Los cambios en las instituciones de educación superior (IES), tanto a nivel académico como organizacional, generalmente están ligados a cambios contextuales en los que las instituciones buscan posicionarse como un factor estratégico para el desarrollo. En consecuencia, la evaluación de los cambios de las IES debe considerar los impactos en el ámbito local y propiciar visiones sistémicas de competitividad que permitan superar respuestas dicotómicas en torno a la cantidad o la calidad del SEES o las instituciones que lo integran. Una estrategia para construir un SEES que propicie la equidad a través de la cobertura con calidad, debe considerar el incremento del valor público y social que detona la reorganización de las IES y las redes para el desarrollo local en que éstas participan (Ruiz Durán, 2004).

El objetivo de este trabajo es explicar el importante crecimiento de la matrícula del SEES de Baja California entre 2000 y 2005. Para ello se sostiene la hipótesis de que el modelo de diversificación institucional del SEES se ha agotado, mientras que por la vía del cambio organizacional de las IES se están logrando mayores niveles de cobertura con calidad y transparencia. Esta hipótesis se prueba a partir de reconstruir el proceso histórico de articulación entre las políticas públicas federales, estatales e institucionales; analizar información agregada y desagregada sobre matrícula, absorción y calidad de las IES de Baja California; y actualizar para 2005 una encuesta realizada en 2000, orientada a medir la percepción de los usuarios directos de las IES con relación a disponibilidad de información, facilidad de acceso y razones de elección (Moctezuma, 2005). Los resultados sugieren que el proceso de crecimiento del SEES a través de su diversificación, ha estado limitado por un enfoque de equidad más asociado a la percepción que a la demostración de la calidad educativa. Sin embargo, el crecimiento y consolidación del SEES entre 2000 y 2005, es resultado principalmente del esfuerzo de la política federal por incentivar la demostración pública de la calidad y de las instituciones públicas por consolidarse en tal tarea, particularmente en la UABC. Al mantenerse en la lógica de que la calidad resulta tan sólo de la diversificación sin incentivar su demostración, la política estatal en la materia se priva de la posibilidad de construir un enfoque innovador de política pública local vinculado a la calidad, que considere de manera integral la opinión de los distintos actores en la definición de la política gubernamental estatal para el SEES.

 

POLÍTICAS ESTATALES Y FEDERALES PARA LA CONFORMACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SEES EN BAJA CALIFORNIA: 1957-2006

Baja California se constituye en el estado 29, con el decreto del Congreso de la Unión del 31 de diciembre de 1951, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1952. Como parte del plan de trabajo dado a conocer durante su toma de protesta como candidato en 1953, Braulio Maldonado Sández, en el último de sus veinte puntos básicos, se refirió a la necesaria "creación de la universidad fronteriza de Baja California, así como de centros culturales como bibliotecas, museos y salas de exposición" (Miranda, 1983). Definida como una institución de servicio público, descentralizada de la administración pública del Estado y con plena capacidad jurídica, se envió el anteproyecto de Ley Orgánica de la UABC, a la II Legislatura Constitucional del estado para su aprobación, promulgándose el 28 de febrero de 1957. Esta fundación brindó una perspectiva más amplia al esfuerzo de las escuelas normales ya existentes, para formar profesores de educación básica y atender la creciente demanda del nivel educativo superior (Piñera, 2007). Son tiempos de un crecimiento demográfico sin precedente en la entidad, pues durante los años cincuenta la población del estado se incrementó 14.2 por ciento, al crecer a una tasa anual de 8.7 por ciento, muy por encima de la media fronteriza que fue de 3.6 por ciento (Estrella, 1994, 46). La tarea emprendida por Braulio Maldonado fue congruente con la política educativa nacional del presidente Adolfo Ruiz Cortines de aumentar y mejorar el número de escuelas y al profesorado, mantener el impulso a la alfabetización, desarrollar las instituciones de educación superior, tecnológica y universitaria y mejorar la educación especial, agrícola e industrial (Solana et al, 1997). Casi en paralelo con el inicio de la educación superior, en 1959 se creó la Dirección General de Educación Pública, sustituyendo a la Dirección de Acción Cívica y Cultural que se había instituido en 1953, a la cual, en 1955, el Gobierno Federal le asignará patrimonio propio para el funcionamiento del sistema educativo estatal.

Dos elementos ayudan a explicar el hecho de que la UABC surgiera descentralizada, con unidades académicas en Tijuana, Ensenada y Mexicali. El primero de ellos es que el Instituto de Ciencias y Artes de Mexica-li, creado en 1953 y renombrado en 1956 como Instituto de Ciencias y Artes del Estado (ICAE), no se transformó en universidad como ocurrió en otros estados de la república. Ello hubiera sido una influencia importante para que la universidad tuviera una sede única, al menos en su origen. El segundo aspecto es que dada la reciente fundación de Baja California como estado, su endeble estabilidad política y el desarrollo relativamente joven de sus tres principales ciudades (Castrejón y Pérez, 1997, 73), la universidad tenía que surgir diversificada en su oferta educativa, respondiendo a las necesidades de las comunidades del estado como elemento de cohesión.

Además de las condiciones del estado que propiciaron la creación de la universidad, las políticas de desconcentración y federalización de la educación superior de los presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, crearon doce (31%) de las actuales treinta y nueve universidades públicas durante la década de 1950. Éste fue el periodo de mayor crecimiento de las universidades públicas estatales (UPES) en la historia de la educación superior mexicana y en la frontera norte del país. Durante esta década, en la zona fronteriza del norte de México se crearon las universidades autónomas de Chihuahua (1954), Tamaulipas (1956), Coahuila (1957), Baja California (1957), y el Instituto Tecnológico de Sonora (1955) como institución universitaria autónoma. Años antes se había creado la Universidad Autónoma de Nuevo León (1933) y la Universidad de Sonora (1942) (Moctezuma, 2003).

Durante el periodo presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964), se observó la aplicación de un principio federalista ortodoxo que buscó la unificación nacional del sistema de educación superior (SES), pero a la vez evitó su uniformidad y centralización. Ello permitió reconocer la heterogeneidad de las organizaciones que conformaban la oferta de servicios educativos del nivel superior y la gradualidad con que se iba conformando el SES en los diversos espacios regionales. Por otra parte, la intención explícita de evitar su uniformidad, tuvo un escaso impacto en las universidades públicas, ya que si bien se crean nuevas, éstas siguen patrones similares a los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tanto en organización como en oferta de programas, que durante ese periodo tiene una gran influencia en la organización y contenidos de los planes de estudio ofrecidos por las UPES, así como en las estructuras académico-administrativas por facultades y escuelas de las instituciones creadas durante esas dos décadas (Torres Coto, 1991, 25).

Como resultado de las políticas para estimular la desconcentración de la educación superior mexicana, la matrícula de la licenciatura en la frontera norte del país pasó de representar 11 por ciento del total nacional en 1960, a 14.7 por ciento en 1970. Por su parte, Baja California contaba con 3.5 por ciento de la matrícula de la región y la UABC con 2.4 por ciento. A nivel estatal, en ese año la UABC se había consolidado como la de mayor importancia, pues en 1970 concentraba 68.8 por ciento de la matrícula y de la oferta de los programas de licenciatura, coexistiendo únicamente con el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS-1961) que funcionaba en Mexicali (Mungaray, Sánchez y Moctezuma, 1997).

Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, aparecen criterios orientados a reconsiderar las formas de financiamiento de la educación superior, argumentando sobre los costos crecientes del financiamiento educativo y la necesidad de un reordenamiento público en las relaciones entre gobierno y universidad. En 1968 el gobierno actuó violentamente contra la universidad, pagando un alto precio que incluyó la desestabilización del sistema político en su conjunto (Clark, 1991). Este cambio en las relaciones del gobierno y la sociedad da lugar a un proceso nacional de masificación de la matrícula, que en Baja California se atiende a través del crecimiento de la UABC y de la oferta particular de educación superior, pero también con la diversificación del sistema a través de la creación de Institutos Tecnológicos en Tijuana (1971) y Mexicali (1981). Para 1980, la UABC concentra 80 por ciento de la matrícula de educación superior del estado, aun cuando el número de IES pasó de 2 a 5 durante la década (Mungaray, Sánchez y Moctezuma, 1997).

Con las reformas administrativas promovidas durante el periodo del gobernador Roberto de la Madrid Romandía (1977-1983), se aprueba una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, mediante la cual se crea la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS). Adicionalmente, resultante de la reforma administrativa que a nivel federal promoviera el presidente José López Portillo, desde 1978 se instaura la Delegación Federal de la SEP, como parte del proceso de descentralización administrativa de las funciones públicas. Este mismo año se aprobó la ley para la coordinación de la educación superior a nivel federal. Sin embargo, fue en 1986 cuando se publicó en el periódico oficial del poder legislativo local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, donde se redefinen las competencias de la SEBS; y fue en 1995 cuando se publicó su Reglamento interno, que en su artículo 15 definió como responsabilidades del Departamento de Educación Superior: a) organizar y controlar técnica y administrativamente a las escuelas de educación superior, tanto oficiales como particulares; b) coordinar sus actividades con otras dependencias y organismos que impartan el mismo nivel de enseñanza en el Estado; y c) organizar, controlar y desarrollar actividades de investigación e información para mejorar continuamente los rendimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje para la vida social y familiar, de acuerdo con los términos de la Ley de educación en el estado, que fuera publicada en 1992 y que deroga la Ley de educación de 1975.

En todo este tiempo, el SEES de Baja California se ha construido con iniciativas institucionales externas, federal o particularmente promovidas, pero también con iniciativas locales (ver cuadro 1). De esta forma, cada institución, dependiendo del subsistema público o particular al que pertenece y su disponibilidad de recursos y relaciones, ha instrumentado su propio modelo de organización.

Tanto la UNAM-1967, a través del Instituto de Astronomía y el Centro de la Materia Condensada, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN-1997), a través del Centro de Investigación de Tecnología Digital (CITEDI), actúan conforme a las legislaciones específicas de las instituciones a que pertenecen. Una situación similar presenta la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-1978), con campus en Tijuana, Ensenada y Mexicali, que como organismo desconcentrado organiza su funcionamiento con base en directrices centralmente acordadas.

Los institutos tecnológicos de Tijuana (1971), Mexicali (1981) y Ensenada (1997), funcionan bajo la figura de organismos públicos desconcentrados con normatividad y mecanismos de control centralizados en materia de currículum, contratación de académicos y designación de directivos. Su modelo de organización está orientado a estrechar los lazos de cooperación entre empresa y escuela para la formación de los estudiantes a través de prácticas profesionales en las empresas después de cierto tiempo formativo.

Los centros públicos de investigación dependientes del CONACyT en Baja California, CICESE (1973) en ciencias naturales y exactas y COLEF (1982) en ciencias sociales, se organizan con base en criterios de alta exigencia del sistema en cuanto a calidad y competencia, pues una gran concentración de personal científico se dedica a desarrollar investigación básica y aplicada. Este tipo de instituciones se organizan como órganos desconcentrados que dependen de directrices nacionales supervisadas y aprobadas por un órgano de gobierno con representatividad local y/o sectorial según sea el caso. Aunque muestran diferencias debido a sus vocaciones científicas, presentan características comunes en cuanto a su orientación a transferir el conocimiento generado a través de posgrados de alta calidad, de convenios de asistencia con las empresas y gobierno y de programas de divulgación hacia la sociedad.

Como parte de los procesos de apertura, el SEES de Baja California ha observado un importante crecimiento de instituciones privadas de educación superior, que se rigen por misiones, principios y parámetros establecidos sobre la base de la competencia de cada uno de los proyectos educativos frente a la sociedad. Las instituciones maduras de fuerte arraigo regional, como el CETYS (1961) y la Universidad Iberoamericana del Noroeste (UIN-1982), la cual se rige por el estándar que marca su propio sistema, buscan establecer parámetros de calidad. Sin embargo, el auge de nuevas instituciones con altos niveles de improvisación, si bien resuelven problemas de matrícula a corto plazo, han empezado a afectar la credibilidad del mercado de este tipo de IES. Esto se debe a su notoria ausencia dentro de las prácticas de aseguramiento de la calidad a través de la acreditación, crecientemente observadas a nivel nacional y estatal, cuestionando el papel coordinador y supervisor de la autoridad estatal en este nivel educativo.

La Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT-1988) y la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC-2006), operan como organismos públicos descentralizados dependientes del Gobierno del Estado de Baja California, con personalidad jurídica propia, pero sectorizados en la coordinación general de universidades tecnológicas dependiente de la SEP, donde se marcan las directrices y se toman las principales decisiones. La UTT se distingue por tener un currículo de dos años orientado a formar técnicos superiores, con una organización que incorpora a empresarios y profesionistas en niveles importantes de la toma de decisiones. Igual que la UPBC, es un modelo educativo concentrado en la formación y el aprendizaje definido y estructurado con relación a la necesidades de los sectores productivos locales y regionales, pues tiende a ir de la mano con las vocaciones productivas que organizan el desarrollo industrial.

No obstante todos los esfuerzos realizados en materia de atención a la demanda de educación superior a través de la diversificación institucional pública y particular, y el crecimiento de la matrícula de primer ingreso atendida, hasta el año 2000 el nivel de absorción de la demanda originada en el nivel medio superior fue en descenso. Esto significaría una fuerte crítica al esfuerzo público de permitir la entrada de nuevas IES particulares con limitada reputación de calidad para atender las necesidades de formación y capacitación profesional del estado derivadas de las presiones demográficas. Por el contrario, el crecimiento de la capacidad de absorción a partir de 2003 (ver cuadro 2) muestra cómo han sido más importantes los cambios organizacionales de instituciones como la UABC y sus esfuerzos de coordinación realizados con la UTT y la nueva UPBC.

El análisis de elasticidad para medir el cambio que el crecimiento de las IES tiene sobre la atención de la creciente demanda de educación superior en Baja California muestra que la diversificación del SEES hasta 2000 no resultó en una mayor cobertura. Se podría pensar que la entrada de nuevas instituciones particulares ocurrió sobre la base de estrucuturas organizacionales tradicionales y que la autoridad gubernamental no promovió cambios en los mismos a través de la coordinación del SEES. Esto se observa en el hecho de que mientras en 1982, que corresponde a la gestión estatal de Roberto de la Madrid Romandía, cada nueva IES se traduce en 2,762 nuevos alumnos atendidos, para 1999, a fines de la gestión estatal de Alejandro González Alcocer y a pesar de la creación de la Dirección de Educación Superior e Investigación en el organigrama de la SEBS, por cada nueva IES creada sólo se atendieron 1,147 nuevos estudiantes en promedio. En la gestión estatal de Eugenio Elorduy Walther, el crecimiento de instituciones educativas fue mínimo y el de la matrícula llegó hasta 6,429 estudiantes por institución (ver cuadro 3). Esto comprobaría la idea de que la diversificación institucional como vía del crecimiento de las oportunidades educativas a nivel superior había llegado a su límite, e inicia un nuevo ciclo de crecimiento asociado a la reorganización de las instituciones públicas, principalmente.

 

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL SEES DE BAJA CALIFORNIA

El alto índice poblacional de Baja California, influido por fuertes corrientes migratorias altamente correlacionadas con los nuevos patrones de localización industrial, comercial y de servicios derivados de la reestructuración económica regional del país, genera una alta demanda de servicios educativos en todos los niveles (Estrella, 1998, 380). La cobertura de educación básica a 98 por ciento de la población de 6 a 13 años, ha terminado por presionar la planeación de las instituciones para satisfacer la demanda de educación media superior y, a partir de 2001, impactar fuertemente la demanda por educación superior. Para las autoridades estatales, evitar que el nivel de educación superior sea un cuello de botella al crecimiento económico, es un gran reto. Por ello, que la matrícula se incremente de cuarenta a casi sesenta mil estudiantes entre 2000 y 2005 es sumamente notorio. Al analizar el avance del SEES en materia de cobertura, como se observa en el cuadro 4, 50 por ciento se debe al crecimiento de la UABC a través de su proceso de cambio organizacional y 50 por ciento al esfuerzo de IES de regímenes diferentes, en especial de IES particulares a través de los 171 Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados por la autoridad educativa estatal durante 2004-2005 (Poder Ejecutivo Estatal, 2005, 136). Tal esfuerzo ha permitido crecer 5.3 puntos porcentuales en materia de cobertura de atención a jóvenes de la cohorte de 19 a 23 años, pasando entre 2001 y 2005 de 15.5 a 20.8 por ciento (Estrella, 2007).

Los cambios organizacionales realizados por la UABC para incrementar la cobertura se han concentrado en la creación de troncos comunes por áreas disciplinarias, la implementación de nuevas modalidades educativas y la creación de extensiones en centros poblacionales no atendidos a través de troncos comunes y nuevas carreras. El crecimiento ha sido a un ritmo de 5.8 por ciento anual y con una magnitud del orden de 41.3 por ciento entre 2001 y 2005 (Sevilla et al., 2006). Como se observa en el cuadro 4, ante el crecimiento del egreso del bachillerato, producto de una mayor cobertura en ese nivel, el crecimiento de la atención a la demanda realizado por la UABC, al hacerse con calidad, frenó el crecimiento de la atención por instituciones particulares, a pesar de la gran cantidad de RVOES otorgados por la autoridad educativa estatal y estimuló a que el resto de las IES públicas del SEES ampliaran sus espacios. Por ello es que pese a haber tenido un importante crecimiento en su atención anual, que pasa de 7,500 a 12,000, y en su aportación total de 50 por ciento del crecimiento total, la UABC disminuye su peso en la atención de la matrícula total de Baja California, de 61 a 55 por ciento y de 77 a 73 por ciento de la matrícula atendida por IES públicas.

Consistente con los procesos de planeación institucional con más de veinte años de vigencia en México, las políticas públicas de educación superior durante 2000-2006, profundizaron su impacto al continuar con el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) y el Programa Instucional para el Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP); actualizando el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); y de manera innovadora motivando a las IES, de los diversos regímenes institucionales públicos, a desarrollar Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y a concursar en el Fondo de Apoyo a las Reformas estructurales de las Universidades Públicas Estatales e Instituciones Afines (FAEUP), creado en 2002. Quizás el más importante impacto de estos programas y fondos, es que se han traducido en crecientes recursos extraordinarios para las universidades públicas estatales (UPES), lo que ha permitido mejorar la calidad e incentivado reformas institucionales que están promoviendo mejores prácticas académicas, administrativas y de gestión (SEP, 2005).

Este cambio organizacional es notorio a partir de la reforma administrativa de mayo de 2003, realizada por la UABC, y su impacto académico a partir de agosto del mismo año, producto de la implementación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que permite imprimir nuevos rasgos de competitividad por calidad a la educación superior de Baja California (Mungaray, 2004). Algunos nuevos rasgos de su competitividad interna se originan de la reestructuración de los cuerpos académicos (disminución de su número y organización por grupos de trabajo reales) y la renovación del trabajo de los cuerpos colegiados (academias, comisiones dictaminadoras, consejos técnicos y comisiones del Consejo Universitario), la implementación de los programas de movilidad estudiantil y académica, la consolidación de los procesos de acreditación de todos los programas educativos (PE) de licenciatura por organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES-www.copaes.org.mx), o por los Comités Interinstitucionales de la Educación Superior (CIEES-www.ciees.edu.mx) y el crecimiento acelerado de los programas de posgrado reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del CONACyT, de los convenios de colaboración académica nacional e internacional y del peso de los profesores con posgrado, con perfil promep y en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Desde el punto de vista de la acreditación como mecanismo de elevación de la calidad y rendición de cuentas, se ha generado la cultura institucional para que de los sesenta programas educativos evaluables que ofrece la UABC 100 por ciento estén acreditados o reconocidos por su buena calidad (ver cuadro 5).

Tomando en cuenta la información de COPAES, para 2006 en Baja California sólo cinco IES tienen registro de carreras acreditadas. Sin embargo puede observarse que la UABC junto con el ITT, el ITM y la UTT, conforman el plano de calidad demostrable más claro del Estado, pues sólo dos instituciones particulares se han involucrado en procesos de acreditación: CETYS (8) y Centro Universitario Xochicalco (1). Esto genera un ambiente de competencia por calidad al interior del SEES, que sustituye la tradicional competencia por el posicionamiento mercadotécnico característico de la diversificación. A nivel de posgrado las diferencias son más elocuentes, pues en Baja California existe una de las estructuras de oferta de alta calidad de este nivel educativo más importante del país. Hay que señalar, sin embargo, que sólo es la oferta pública que ofrecen COLEF y CICESE, UNAM, UABC, IPN e ITT, la que configura el mapa de calidad educativa a nivel posgrado de la entidad.

Respecto a la demanda atendida por la UABC a partir de sus cambios organizacionales, es notorio que de no haber crecido en su capacidad de atención, el rezago de la oferta pública frente a las opciones particulares habría crecido. También es notorio que el crecimiento de la demanda por estudiar en la UABC es resultado, tanto del crecimiento de la cobertura y egreso de jóvenes del nivel medio superior, como del crecimiento del prestigio de la propia UABC debido a la acreditación total de su oferta educativa de nivel licenciatura, al reconocimiento público de la misma y al prestigio construido con base en esta calidad educativa acreditada y en una larga presencia social en la comunidad de Baja California.

Cuadro 6

 

EVALUANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SEES DE BAJA CALIFORNIA 2000-2005

La equidad tiene como condición un adecuado sistema de información y promoción que facilite la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior en general, y al conjunto de opciones que cada IES proporciona en materia de carreras y programas, servicios complementarios, becas de todo tipo y mecanismos de selección en particular. Por un lado, que los jóvenes deseosos de formarse en una opción profesional tengan acceso como usuarios al servicio de este nivel educativo significa acceder a información con oportunidad, independientemente de su nivel socioeconómico, edad o género, para conocer el nivel de oportunidad de ingreso a la carrera profesional que desea. Mientras en condiciones de diversificación institucional es necesario que el Estado promueva y coordine las políticas institucionales de ingreso a las IES bajo principios de equidad, en condiciones de cambio organizacional, tal actividad recae fundamentalmente en las IES, pues las señales que más importan a los jóvenes y sus familias son el prestigio y la certidumbre que una calidad educativa acreditada genera en términos de una mayor probabilidad de inserción laboral exitosa.

De acuerdo con la encuesta de opinión de los estudiantes sobre el procedimiento de admisión a la educación superior realizada en 2000 (Moctezuma, 2005) y actualizada en 2005, alrededor de 75 por ciento opina que es sencillo obtener información acerca de las IES, si bien el procedimiento de ingreso no lo es tanto, ya que uno de cada dos lo califica como complicado o difícil. Esta complicación del ingreso se relaciona más con la alta competitividad académica para ingresar a las opciones públicas, particularmente a la UABC, que con la competitividad mercadotécnica que las IES particulares anuncian, pues entre 2000 y 2005 el nivel de competencia creció de 34 a 45 por ciento entre los jóvenes demandantes de espacios en la educación superior.

Cuadro 7

Lo anterior plantea que además de una oferta insuficiente frente a la demanda, los procesos de selección para atraer usuarios les presentan más dificultades a las instituciones particulares que a las opciones públicas, pese a la amplia presencia de las primeras y el importante número de RVOES otorgados recientemente. En los últimos años, los procesos de acreditación a los que se ha sometido la UABC como universidad pública de amplia tradición y preferencia, están ejerciendo mucha presión a través de la oferta de programas acreditados, diferenciándose del resto de las IES y modificando el patrón de preferencia de los usuarios. De hecho, entre los jóvenes que accedieron a la educación superior, el prestigio de la IES creció en importancia como primera opción de elección entre 2000 y 2005, al pasar de 55 a 63 por ciento de sus razones. Mientras que en 2000 la cercanía de la opción educativa y el consejo de familiares y amigos fueron la segunda y tercera opción de elección de 20 y 22 por ciento de los jóvenes, en 2005 tales razones habían cambiado, en el mismo orden, al consejo de familiares y amigos y al costo de inscripción para 18 y 24 por ciento de los entrevistados respectivamente. Se podría inferir que múltiples opciones educativas particulares de variada calidad y costo han perdido competitividad en la preferencia de los demandantes de educación superior, que de manera creciente le exigen al mercado calidad demostrada, alto prestigio y bajo costo.

Cuadro 8

Otra implicación se encuentra en la creciente importancia del nivel educativo medio superior en cuanto a información y orientación vocacional, pues entre los estudiantes entrevistados, el consejo vocacional de orientadores y profesores promedio crece en la primera y tercera opción y prácticamente se consolida como el tercer elemento decisivo para tomar la decisión de qué estudiar.

La decisión individual de elegir una carrera a nivel superior se relaciona con factores personales asociados a valores de mercado, familiares y sociales, así como a ciertas habilidades que se desean adquirir. Al preguntar las tres razones principales por las cuales los estudiantes eligen su carrera, como primera opción han predominado tanto el prestigio de la carrera, con 24.5 por ciento, como la alta demanda en el mercado, con 24.2 por ciento. Como segunda razón, la elección también se centra en valores asociados al mercado, ya que eligen una carrera por tener alta demanda de mercado, con 17.4 por ciento, y por un valor académico asociado al plan de estudios, con 15.5 por ciento, lo cual es reafirmado en la tercera razón (ver cuadro 9). En general, en los estudiantes están más presentes los criterios de mercado que los académicos a la hora de seleccionar una opción de formación profesional, lo cual es indicativo de que tienen más claridad de los resultados que esperan que de los medios y esfuerzos que requieren para lograrlo. Es destacable el hecho de que mientras los estudiantes tienen mucha claridad de los valores de mercado que buscan, la orientación al mercado profesional de los planes de estudio dista mucho de estar clara en su contenido y en su forma, pues en general predomina la organización excesivamente escolarizada de los planes y programas de estudio. Esto significa que si bien la calidad académica de las instituciones se relaciona con la calidad de sus modelos académicos y con la eficiencia en los procesos de administración, esto se valida por el nivel de articulación y adaptación de cada IES a su entorno y por la inserción de sus egresados en el ámbito productivo y social, percibido a través de su desempeño en el medio laboral.

Esta visión de mercado de los usuarios directos de las IES acerca de lo que esperan del SEES, se asocia claramente a los retornos económicos esperados del costo de oportunidad sacrificado por realizar una formación de nivel superior. Así lo demuestra la importancia de las opciones seleccionadas en cuanto a beneficios esperados por los estudiantes. Cuando se elige la primera opción, tener mejor posición económica es predominante para 39 por ciento de los entrevistados. Le siguen tener mejor desempeño profesional, ser mejor padre de familia y ser mejor ciudadano en ese orden (Moctezuma, 2005). En cierto sentido, se podría deducir que al menos para la mayoría de los jóvenes que son usuarios directos de la educación superior en Baja California, la preferencia por el éxito sigue el orden económico, profesional, familiar y ciudadano.

 

REFLEXIONES FINALES

El modelo de administración de la educación superior en México en las últimas décadas ha transitado de uno de descentralización diversificada a uno más estructurado y sistematizado que promueve la competitividad y complementación con incentivos hacia la cobertura con calidad y la rendición de cuentas. Ello ha implicado reformas en la estructura pública federal y en las IES públicas y privadas, buscando adaptarse al nuevo contexto de apertura y a las dinámicas de desarrollo local abiertas con la globalización. El SEES de Baja California presenta una amplia diversificación expresada en la diferenciación de los subsistemas educativos que lo componen, tanto por su régimen administrativo como por su especialización académica y forma en que se vinculan con su entorno social y productivo.

Es de amplia aceptación que el avance en la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación y su enseñanza, difusión y aplicación, permite ampliar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de producción y distribución en calidad y eficiencia de los bienes y servicios. El desarrollo regional de un sistema competitivamente endógeno con base en sus recursos estratégicos implica mejorar la organización industrial a través de mecanismos de innovación y coordinación institucional entre industrias, empresas, gobiernos e IES. Al influir en las agencias gubernamentales para inducir políticas y redes institucionales que permitan mayor cohesión y consistencia en los procesos de desarrollo local (Arellano y Cabrero, 2000; Mayer-Stamer, 2002), las universidades representan eslabones estratégicos para la construcción de las redes locales y regionales como generadoras y difuso-ras de conocimiento y de valor público (Altbach, 1995; Ruiz Durán, 2004).

El análisis comparado de IES innovadoras privilegia el enfoque de demanda para adaptar estructuras y operaciones institucionales (Clark, 2000). La amplia presencia de empresas mundiales en Baja California, puede ser una razón que se relacione positivamente con la búsqueda de un recurso humano de alta calidad y capacitación y una creciente complementación con el sistema productivo de California (Mungaray, Moctezuma y Varela, 2001). De las habilidades para el ensamblaje que caracterizaron los primeros tiempos de la industria maquiladora, se ha pasado a la necesidad de habilidades para el manejo de técnicas e instrumentos de precisión y alta tecnología. Esto ha tenido un fuerte impacto sobre la oferta de educación superior del estado, que se ha ido orientando cada vez más hacia la formación de recursos humanos con capacidad técnica y gerencial para actividades relacionadas con inversión extranjera, como potenciales endogenizadores comunitarios de lógicas mundiales de crecimiento (Vargas, 1999).

Articular las relaciones entre los sistemas educativos y los sectores productivos sugiere modelos de interacción entre las instituciones de educación superior con las empresas y las comunidades que reconozcan las diferencias económicas y sociales existentes a la hora de planear la entrega de servicios de calidad (Rodríguez, 1999). Un gran número de instituciones estimula la competencia entre centros educativos y egresados de ellos, lo cual es fundamental en la mejora de la calidad de los procesos formativos de los recursos humanos que requiere el crecimiento económico y el bienestar. El actual nivel de regulación y coordinación estatal observado en Baja California podría ampliarse para resolver el desequilibrio de calidad entre oferta y demanda de las diferentes opciones de educación superior. Igualmente, la planeación de las nuevas opciones públicas o particulares de educación superior debería descansar tanto en la brecha de demanda existente, como en hacerlo con calidad públicamente demostrada para adaptarse a las necesidades de los sectores productivos y sociales transfronterizos y sus problemáticas específicas (Moctezuma y Burgos, 2004).

El cambio organizacional realizado en la UABC, parte de la decisión de realizar una reforma administrativa de clara orientación académica, que re-dirige recursos para el crecimiento de la matrícula en programas existentes y la creación de nuevas unidades espaciales; pero fundamentalmente, acreditando públicamente la calidad de los programas académicos y la transparencia de los recursos ejercidos. Esta reforma permitió alinear la política de la UABC con la política federal de cobertura con calidad para promover la equidad (Rubio, 2006) y con la decisión de las autoridades estatales por aumentar la cobertura en el nivel medio superior y articularla con la infraestructura y la calidad en el nivel superior. Este ambiente de cambio organizacional ha orientado la preferencia económica y social de los jóvenes y sus familias por una educación pública de alta calidad y prestigio y de bajo costo.

Los desafíos de la educación superior en Baja California son constituirse en una verdadera puerta de acceso nacional y local a la sociedad del conocimiento que está marcando la pauta de prácticas de producción y distribución global, bajo un criterio de mejora continua. A pesar de los importantes avances en la UABC a nivel licenciatura y posgrado, del COLEF y CICESE a nivel de posgrado y, en menor medida, de otras IES tecnológicas, el reto de la calidad sigue vigente para todas las IES del SEES y del país (Poder Ejecutivo Federal 2007, 196-199). Ello implica que el sistema estatal de administración y coordinación de la educación superior debe dejar de promover la diversificación y diferenciación institucional y profundizar en los procesos de cambio organizacional en todas las IES, pero especialmente en las particulares, condicionando su operación a criterios de calidad sustentados en la acreditación externa de programas educativos y en esquemas de vinculación que propicien la movilidad laboral de los jóvenes.

En esta perspectiva, es fundamental reconocer los liderazgos institucionales y desarrollar un sistema de información estatal sobre el nivel de calidad y vinculación de los programas educativos de las diversas IES, promoviendo medidas de transparencia y rendicion de cuentas de manera general para apoyar la toma de decisiones de estudiantes y empleadores. Un sistema estatal de información de este tipo, permitiría la transparencia pública del cumplimiento de los estándares de calidad y pertinencia para efecto de poder evaluar la eficiencia de las IES y la eficacia del SEES.

Generar mecanismos de coordinación que permitan operar una efectiva política pública de calidad educativa desde el Estado permitiría eliminar distancias entre el espacio de educación superior y el del trabajo, y evaluar la diversificación institucional y las fuentes de financiamiento en función de criterios de calidad. Se puede concluir, en suma, que los criterios para el diseño de la política pública sobre la educación superior, deben partir de aceptar las características heterogéneas, tanto de las IES como de los usuarios, reconociendo el diferente grado de inserción social, pero a la vez la necesidad de homogeneizar la calidad de sus servicios a partir de procesos de reorganización interna que sean evaluados a través de procesos de acreditación externa.

 

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NOTA

Se agradece el apoyo financiero de UABC a través de la 9a Convocatoria interna de apoyo a la investigación, la asistencia de investigación de Aracely Sosa, Beatriz Navarro y Gastón López Beto, y las generosas observaciones de dictaminadores anónimos de Gestión y Política Pública para mejorar la calidad de este trabajo.

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