Introducción

En el horizonte de las conflictividades de la sociedad actual surge una renovada preocupación investigativa por la relación entre acción colectiva y violencia, si consideramos las más recientes olas de protesta y movilización social, así como la persistente presencia de enfrentamientos armados en contextos muy próximos. Las contribuciones de orden teórico de los enfoques predominantes en materia de movimientos sociales, acción colectiva y violencia política -y sus limitaciones- sirven de acicate para analizar esta convergencia y los desafíos interpretativos que supone abordar las particularidades de tales contextos.

En este sentido, el artículo retoma algunos de los elementos presentes en esa relación, a partir del examen de un tipo de violencia asociada al conflicto armado colombiano -la desaparición forzada de personas- que, pese a su magnitud, ha tenido un bajo reconocimiento social y político, a pesar de las persistentes acciones de denuncia por parte de organizaciones de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Precisamente, un elemento central de la relación que establecemos entre violencia y acción colectiva es el referido a las iniciativas individuales y colectivas que dan cuenta de estrategias de sobrevivencia, contestación y resistencia que vale la pena examinar para comprender otras dimensiones de las dinámicas del conflicto colombiano.

Una primera reflexión al respecto fue presentada en el Congreso Internacional de Antropología: Viajes, Tránsitos, Desplazamientos, en el panel “Violencia (s), movilidad humana y derechos humanos”, realizado en 2017 y en el cual se subrayó la importancia que reviste, para el análisis, la persistencia de “hechos graves como la tortura, tratos o penas crueles, desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, así como otras violaciones a los derechos humanos”, pero sobre todo, el compromiso investigativo de “hacer visible tanto los eventos violentos, como a las víctimas, aquellas que en la huida pierden el derecho a la voz”.

Para este propósito, el artículo presenta algunos de los resultados de la investigación desarrollada en el marco del proyecto “Sistematización del proceso de prospección, búsqueda, identificación e inhumación de víctimas de desaparición forzada y de reconstrucción de memoria y atención psicosocial a sus familiares, en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín”, realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en 2015, a instancias de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV). Entrevistas en profundidad, grupos focales y revisión de diversas fuentes documentales subyacen a los hallazgos aquí analizados, los cuales se refieren específicamente al propósito de rescatar de los procesos organizativos de la Comuna 13, la trayectoria de Mujeres Caminando por la Verdad, una organización abanderada de la lucha por la búsqueda de los desaparecidos en el territorio y, en particular, por la atención a su clamor de que la zona conocida como La Escombrera, identificada en el imaginario social como fosa clandestina, fuera intervenida para adelantar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en Medellín.

Con este propósito, el artículo sitúa en primer lugar, los rasgos del conflicto armado colombiano en el ámbito urbano; en segundo lugar, caracteriza el problema de la desaparición forzada de personas en el contexto colombiano; en tercer lugar, describe el contexto específico de la Comuna 13 en el marco de la urbanización del conflicto y en la perspectiva de situar en el campo de La Escombrera un punto de referencia para la lucha por el reconocimiento de la desaparición forzada; en cuarto lugar, analiza la conformación y trayectoria de Mujeres Caminando por la Verdad, en clave de acciones de sobrevivencia, resistencia y contestación. Por último, deja planteada una reflexión en torno a la resistencia y las acciones de memoria presentes en este tipo de iniciativas colectivas.

I. El contexto: la guerra y la ciudad

La complejidad del conflicto armado en Colombia está expresada, entre otras cosas, en la presencia de múltiples y diversos actores y la utilización indiscriminada de distintas formas de violencia. Pese a las dificultades para definir y cuantificar las dimensiones reales de violencia prolongada por más de 50 años la violencia prolongada por más de 50 años, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en distintos informes y bases de datos, ha registrado entre 1958 y 2012 la muerte de por lo menos 220 000 personas; 1 982 masacres entre 1980 y 2012; 23 161 asesinatos selectivos entre 1981 y 2012; 27 023 secuestros entre 1970 y 2010,¹ y 60 630 personas desaparecidas entre 1970 y 2015.²

Desde finales de los años ochenta, los estudios sobre el conflicto armado y la violencia insistieron en considerar la articulación entre factores estructurales, anclados en la historia nacional, con la presencia de nuevos componentes que le imprimieron un sello diferencial a la agudización de dicho conflicto para ese decenio.³ En particular, la expansión de las guerrillas, el impacto del narcotráfico y la emergencia de los grupos paramilitares constituían una expresión de la compleja trama de relaciones que irrumpían en la nueva ola de violencia. Algunos análisis hipotéticos planteaban los escenarios posibles de la evolución del conflicto para la última década del siglo XX, entre los que se avizoraba una polarización extrema, un continuismo conflictivo, una recomposición autoritaria de derecha con aumento del poder militar o una apertura democrática con mecanismos de incorporación de los sectores tradicionalmente excluidos del escenario electoral.⁴

Daniel Pécaut señalaba tres elementos nuevos en el decurso del decenio de los noventa: 1) la presión externa o vigilancia de los Estados Unidos, 2) la imprevisibilidad política a partir de la descomposición de los partidos políticos tradicionales y la consecuente crisis institucional, y 3) los nuevos ingredientes de la violencia derivados de la adopción del neoliberalismo a partir de 1990. En este contexto de violencia generalizada llamaba la atención el proceso creciente de banalización de la misma, en cuanto si bien había afectado a los individuos, casi no alteraba el funcionamiento económico y social de la sociedad, situación que se verá modificada significativamente, en cuanto que la generalización de la violencia hacia finales de los noventa deviene, según la interpretación de este investigador, en un “modo de funcionamiento de la sociedad”.⁵

Para Pécaut, si bien podría explicarse la persistencia de la violencia a partir de un hilo conductor, resulta innegable la presencia de nuevos fenómenos que la hacían diferenciarse de procesos como los de los años cincuenta del siglo XX y de la ola de violencia del decenio de los ochenta. En este sentido, la pregunta por los factores explicativos de la persistencia de la violencia, pese a los cambios importantes vividos a partir del pacto social que supuso el debate constituyente y la promulgación de la Carta Política en 1991, continuó en la agenda de investigadores que han buscado explicar esa presencia histórica del conflicto colombiano y, además, la ola de violencia que acompaña el inicio de esta centuria, la cual sintetiza unos rasgos dramáticos que situaron a Colombia como escenario de una de las más graves crisis humanitarias del mundo.⁶

Esos cambios tienen que ver también con el tipo de interacciones entre las partes enfrentadas, los escenarios del conflicto a niveles regional y urbano, el agrupamiento y tamaño de los grupos armados; y ponen en evidencia un proceso de intensificación o escalamiento que supone una extensión de la confrontación de manera directa o de sus diferenciales impactos sobre el territorio nacional, además de una creciente tendencia hacia la afectación de las áreas urbanas.

Esta intensificación del conflicto en Colombia refleja, en particular, el impacto del proceso de reorganización de los grupos contrainsurgentes ilegales y su expansión territorial. Presencia del paramilitarismo que ha estado asociada a distintos fenómenos -como parte de un proceso de organización de grupos de autodefensa en respuesta a las acciones de extorsión económica de la guerrilla; como estrategia de los sectores dominantes para garantizar la marcha de obras de infraestructura y la seguridad alrededor de las zonas ganaderas o de regiones con algún interés económico significativo; como resultado de la débil presencia estatal en algunos escenarios regionales en los cuales es evidente la disminución de la capacidad ofensiva y defensiva de la fuerza pública-. En este último caso, la organización de grupos contrainsurgentes ilegales ha resultado funcional a una estrategia encaminada a maximizar los resultados de la lucha contrainsurgente, en cuanto se ve asociada a la creación de unidades militares irregulares y al uso de estrategias de guerra no convencionales.

Este fortalecimiento y expansión de las organizaciones contrainsurgentes y los cambios en las estrategias de guerra usadas por la insurgencia, su crecimiento cuantitativo y la extensión de su desenvolvimiento, condujo a una exacerbación diferenciada del conflicto armado en distintas regiones del país. Intensificación que implicó también, el establecimiento de nuevas formas de dominio sobre las localidades, particularmente por parte de las fuerzas contrainsurgentes que buscaban consolidar su presencia a través de la creación de redes sociales de apoyo y de la conformación de entramados mafiosos en la propia esfera de los poderes económicos y políticos del país.⁷

En ese contexto, el conflicto adquirió un rasgo característico: su impacto en las ciudades colombianas. La llamada urbanización del conflicto armado concretó una nueva fase de la guerra irregular en Colombia, bajo la cual las ciudades fueron consideradas objetivos geoestratégicos y no sólo contexto -escenario de actores armados de diverso signo-. María Teresa Uribe señaló que el estado de guerra se prolongó en las ciudades de la mano de la irrupción de nuevos conflictos propios del proceso de modernización -urbanos, económicos, tecnológicos, mediáticos- y la emergencia de nuevas formas de exclusión, de la conflictiva integración de los actores sociales a las ciudades y a los cambios en los procesos productivos y, por supuesto, de las transformaciones culturales de los llamados valores tradicionales.⁸

Las dinámicas bélicas expansivas terminaron cuestionando la división político-administrativa y el ordenamiento territorial de las ciudades, no sólo en lo que se refiere a la circunscripción de las operaciones militares de insurgentes y contrainsurgentes, a una geografía de la violencia o a una geopolítica del conflicto armado, sino, además, a un proceso de disputa por el control de las organizaciones sociales y comunitarias, por los intermediarios locales y por los espacios de acuerdo y micronegociación.⁹

De este modo, la llamada urbanización del conflicto colombiano, más allá de incluir un nuevo escenario para la guerra, expresó una dinámica en la que se

[...] complejizan dinámicas, referentes socioculturales y políticos que expresan una coimplicación de órdenes: territorios bélicos, territorios en disputa y órdenes sobrepuestos e intercambiables, que le dan a las ciudades la sensación de una nueva explosión social, económica y política: una reconfiguración de las territorialidades, las sociabilidades y las identidades urbanas. ¹⁰

En este sentido, se hace perceptible en las ciudades colombianas que los tiempos y ritmos de las violencias urbanas se articulan indefectiblemente a las dinámicas de la guerra irregular de carácter nacional. Es el caso de Medellín, la segunda ciudad del país, donde han tenido presencia distintos grupos armados locales que enlazaron sus acciones de guerra y la utilización de distintas formas de violencia a las de los principales actores con presencia nacional. Además, un rasgo distinguió la generalización de la violencia en la ciudad de Medellín, considerada una de las ciudades más violentas del mundo: el impacto de las acciones del narcotráfico y la consecuente combinación de distintas formas de violencia. Actores y acciones de organizaciones armadas adscritas al Cartel de Medellín, con mayor capacidad operativa y coordinación que las guerrillas, revelaron los rasgos diferenciales de la conflictividad urbana en esta ciudad, en comparación con otras ciudades del país.

Las acciones del narcotráfico, la proliferación de distintas formas de violencia, el sicariato, los elevados índices de homicidios, las acciones de guerrillas y milicias en los barrios periféricos de la ciudad, las distintas formas de economía ilegal, el crecimiento de la informalidad laboral, el desempleo, entre otros fenómenos, son la antesala de un escalamiento del conflicto armado al promediar los años noventa del siglo pasado y hasta entrado el siglo XXI, que encontró en la crisis política del país un contexto explicativo de la urbanización del conflicto armado que tuvo en Medellín un epicentro importante.

Así, un capítulo particular de la exacerbación del conflicto armado aporta Medellín a la situación nacional, con los múltiples actores armados ilegales -guerrillas, estructuras paramilitares, bandas y combos-¹¹ y la desinstitucionalización que supuso la connivencia de las fuerzas estatales con los paramilitares.¹² Este contexto conflictivo violento muestra unas cifras importantes, específicamente en relación con las víctimas del conflicto armado, discriminadas así: 106 916 víctimas de desplazamiento forzado; 19 832 asesinatos selectivos; 2 784 desaparecidos; 221 masacres con 1 175 víctimas.¹³

De manera paradójica, Medellín es también una ciudad que ha logrado resistir y exhibir cambios significativos en medio de la violencia:

Medellín se convirtió, hacia mediados de los años ochenta, en una ciudad agónica, marcada por la puja entre la vida y la muerte. En respuesta a ello, diversos sectores de la sociedad desplegaron un conjunto de acciones colectivas e individuales, sociales e institucionales, para resistir y sobreponerse a los impactos devastadores de estos fenómenos de violencia.¹⁴

Si bien la generalización de la violencia hizo suponer que prevalecían el miedo y la inacción, muchos habitantes de la ciudad iniciaron o dieron continuidad a diversos procesos organizativos, muchos de los cuales sirvieron para conjurar los impactos del conflicto, proteger la vida, permanecer en el territorio e interpelar a los actores armados y al Estado. Organización, movilizaciones, denuncias, gestión de recursos para iniciativas, son también el resultado de las distintas acciones adelantadas por los pobladores de Medellín para sobrevivir y continuar la vida.

2. El problema: la desaparición forzada de personas

La desaparición forzada¹⁵ de personas en Colombia tiene antecedentes desde los años setenta del siglo pasado; sin embargo, sólo en 1991 la Constitución Política en su artículo 12 señala explícitamente su prohibición y no es hasta la promulgación de la Ley 589 de 2000 cuando constituye un delito penal, tipificado como tal junto al desplazamiento forzado, el genocidio y la tortura. Una vez incorporado como delito en el Código Penal, Ley 599 de 2000, se da inicio a un registro sistemático de los casos denunciados,¹⁶ aunque sólo en 2010 la Fiscalía General de la Nación creó una Unidad Nacional de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado de Población, encargada de las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el reporte del Registro Único de Víctimas de la UARIV, el universo de víctimas registradas en el país en 2015 ascendía a 7 821 641, de las cuales 160 645 ¹⁷personas fueron registradas en la modalidad de desaparición forzada. Medellín, capital del departamento de Antioquia, reporta 4 984 personas declaradas como desaparecidas entre 1985 y 2015.¹⁸

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), tras un riguroso estudio del fenómeno y a partir de la contrastación de diferentes fuentes de información, reconoce las dificultades para contar con una cifra certera de las proporciones del problema. Sin embargo, en sus más recientes informes señala que a pesar del subregistro existente fue posible documentar un total de 60 630 casos de personas desaparecidas entre 1970 y 2015.¹⁹

El proceso de reconocimiento de la desaparición forzada como delito asociado al conflicto armado colombiano, ha sido el resultado de diversas intervenciones y acciones de orden institucional y social. Las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de desaparición forzada iniciaron desde años atrás una acción pública de denuncia, documentaron casos de manera “artesanal” y propiciaron debates públicos sobre la naturaleza política de este delito, al asociar su ocurrencia a otras acciones de persecución de actores sociales y políticos por parte de actores institucionales como los organismos de seguridad del Estado.

Considerado delito de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas en Colombia ha estado dirigida, en especial, contra campesinos, agricultores y obreros, en función de una práctica de “control territorial” que acompañó buena parte de la trayectoria del conflicto armado, bajo la cual bastaba ser habitante de una región en disputa para convertirse en víctima.²⁰ Precisamente, este fenómeno adquiere diferentes dimensiones en función de las dinámicas del conflicto en diferentes periodos -con una generalización entre 1982 y 1990 y un crecimiento inusitado entre 1996 y 2005- y, en diferenciales espacios territoriales, concentrado de modo particular en 15 subregiones del país, entre las que se cuenta el Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá. En relación con los actores del conflicto armado responsables de la desaparición forzada de personas, el CNMH ha señalado que los paramilitares son responsables del 46.1% de los casos, seguidos de las guerrillas con un 19.9%, los grupos posdesmovilizados con un 8.8%, agentes del Estado con un 8%, y un 15.9% de un grupo armado no identificado.²¹

Dadas las dificultades de ponderación cuantitativa del fenómeno de la desaparición forzada, ha sido igualmente difícil contar con información sobre el perfil de las víctimas. Sin embargo, de los trabajos realizados se advierte que hay un número significativo de hombres jóvenes, aunque en el universo de víctimas identificadas hay presencia importante de mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Asimismo, hay información sobre la afectación de grupos étnicos -indígenas, afrocolombianos y raizales-.²² Por su mayor ocurrencia en zonas rurales, se deriva una identificación mayoritaria de campesinos y trabajadores agrícolas, aunque es importante la presencia de obreros, empleados y estudiantes.

En general, se ha señalado que la mayoría de los casos de desaparición forzada son personas militantes de izquierda, activistas políticos y de organizaciones sociales y de derechos humanos. Por supuesto, todos los datos de los balances realizados son susceptibles de variación en razón del proceso de identificación de cadáveres encontrados en fosas clandestinas o todavía sin identificar en cementerios y a la espera de procesos de inhumación e identificación.²³

Lo cierto es que la desaparición forzada en Colombia comporta proporciones alarmantes en el conjunto de los hechos de violencia registrados durante más de cinco décadas de conflicto armado; sin embargo, su reconocimiento político y social sigue siendo insuficiente.

3. El caso: La Escombrera, Comuna 13 de Medellín

La Comuna 13, San Javier, es una de las 16 comunas que conforman la ciudad de Medellín. Se encuentra localizada en la zona centro occidental de la ciudad y la conforman 21 barrios reconocidos por el Departamento de Planeación de Medellín y por otros que aún no tienen este reconocimiento desde la administración municipal.²⁴ Cuenta con una población estimada de 139716 para 2018, cifra que representa aproximadamente el 5.5% de la población total del municipio de Medellín, estimada en 2 529 403 para este año.

El poblamiento de la Comuna 13 es el resultado combinado²⁵ de procesos migratorios conocidos en otras regiones del país, pero también de la exclusión social y económica, y muy en especial del desplazamiento forzado de población, provocado por la agudización del conflicto armado en las últimas décadas. A la “urbanización equilibrada” del occidente de Medellín sobrevino la presencia de antiguos asentamiento populares y semirrurales en los que se articularon compraventa de lotes y autoconstrucción de viviendas, y en la segunda mitad del siglo XX, asentamientos por la vía del loteo pirata:

Las diferencias en procesos urbanizadores y en asentamientos ilegales y piratas se sucedieron en la comuna de San Javier, diferenciación que se ha visto acentuada por las invasiones presentadas en la parte alta de la comuna 13 durante la década del 80. Con invasiones de dimensiones significativas para una zona como estas y aún en el contexto de la ciudad.²⁶

Las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Comuna 13 los han situado, históricamente, entre los sectores medios y medio-bajos de la ciudad de Medellín; hacia los años ochenta se vio aumentar su población en zonas de riesgo en la parte alta de la comuna, por la creciente presencia de población desplazada proveniente de diferentes pueblos de Antioquia y, después, de diferentes experiencias de movilidad intraurbana, en especial por causa de la violencia. Exclusión y violencia tienen por tanto una expresión socio-espacial que, junto a la precaria presencia del Estado y sus instituciones, configuraron un escenario conflictivo, inducido, explotado o aprovechado por múltiples actores armados en la Comuna.²⁷ Como lo señala Mary Luz Alzate, la Comuna 13 de Medellín es

un asentamiento conformado por barrios deprimidos social y económicamente, y en el que se ha dado, como en ninguna otra comunidad urbana, la confluencia de micro-poderes autoritarios ilegales del orden local y nacional, con la presencia de grupos de milicia urbana, bandas criminales, denominadas BACRIM, que controlan el micro-tráfico de armas y drogas en estos barrios populares y la pervivencia de células urbanas de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN.²⁸

Su ubicación geográfica, la proyección de importantes obras de infraestructura vial, la comunicación que facilita entre el centro de Medellín y la ruta que conecta con Santa Fe de Antioquia y el golfo de Urabá, ha conducido a considerar esta comuna como un corredor estratégico para el transporte de mercancías, armas y cargamentos provenientes del narcotráfico, generando un enfrentamiento constante entre actores armados al margen de la ley que se disputan el dominio y control de la zona.

Diversos actores armados han hecho presencia en la Comuna 13: los Comandos Armados del Pueblo (CAP), las milicias insurgentes de las FARC y del ELN y diferentes bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La confrontación armada en el territorio ha llevado a una afectación directa de la población civil, situación agravada por la precariedad de la presencia estatal y la adopción de medidas represivas por parte de la fuerza pública.

El escalamiento del conflicto armado, en su versión de urbanización del mismo, como se señaló atrás, adquiere en la Comuna 13 dimensiones insospechadas; la incursión y la ofensiva del paramilitarismo en la ciudad a finales de los años noventa se consolida en esta comuna en el 2000 a través de acciones del Bloque Metro (BM) de esta organización, enfrentada con las milicias de los cap y de las guerrillas, hasta el predominio del Bloque Cacique Nutibara (BCN) que desplaza a los demás grupos armados en una acción conjunta con fuerzas armadas oficiales, que encuentra en la Operación Orión en 2002 un hito emblemático de la “pacificación local” tras el desalojo de las fuerzas insurgentes del territorio.²⁹ De este modo, con el propósito de combatir y erradicar los grupos armados al margen de la ley y tomar el control del territorio, se realizaron una serie de operaciones militares, específicamente en el año 2002 (Tabla 1).

El estudio realizado por el Grupo de Memoria Histórica señala que

Las operaciones Mariscal y Orión fueron acciones sin antecedentes en las ciudades colombianas y causaron un gran impacto en la población por el número de tropas armadas que participaron, el tipo de armamento utilizado (ametralladoras M-60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores) y las acciones contra la población civil (asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados y desapariciones). A raíz de ellas la Comuna 13 se hizo visible para toda la ciudad como escenario de una nueva modalidad del conflicto armado en el país y de lo que en ese entonces se caracterizó como la urbanización de la guerra.³⁰

El despliegue militar de la Operación Orión, especialmente, y su impacto en la ciudad, fue valorado como una victoria para el Ejército y para los gobiernos nacional y municipal de Medellín. Sin embargo, estos sucesos no implicaron el fin del conflicto armado ni la disminución del poder ejercido por actores ilegales en la comuna; continuaron las prácticas de violaciones de los derechos humanos de la población civil, entre los cuales se subrayan las detenciones arbitrarias, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas.³¹

En ese contexto de operaciones militares y consolidación del dominio paramilitar se incrementó considerablemente la desaparición forzada como una estrategia de terror operada de forma sistemática y con total impunidad.³² Distintas organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos en Medellín y familiares de las víctimas de desaparición forzada, denunciaron desde años atrás que muchas de las personas desaparecidas fueron arrojadas a La Escombrera, un vertedero que se encuentra en las laderas de la Comuna 13. El amplio terreno conocido como La Escombrera ha sido un sitio utilizado para botar cientos de toneladas de desechos de construcción durante muchos años, lo cual ha sido fuente de controversias en cuanto a las dificultades para examinar un lugar señalado como fosa clandestina que, pese a las denuncias, no cesó su actividad hasta que se produjo una intervención judicial años después. En 2009 se realizaron los primeros estudios técnicos sobre la viabilidad de la excavación y en 2010 se contrató a un grupo de expertos internacionales en antropología forense con reconocida experiencia en la prospección arqueológica y exhumación de víctimas de desaparición forzada en diferentes escenarios de conflicto alrededor del mundo.³³

Sin embargo, sólo a partir de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Medellín en el marco de los procesos de Justicia y Paz, se dará inicio a una acción en ese sentido:

La situación de La Escombrera, donde se ocultaron y enterraron los cuerpos de centenares de desaparecidos de Medellín, como lo tiene establecido la Sala, constituye una afrenta a las víctimas y una grave violación de los compromisos y los deberes del Estado, cuya aplicación e interpretación debe guiar a esta Sala. Continuar arrojando escombros sobre los desaparecidos, viola el más elemental sentido de humanidad y la Alcaldía tiene la responsabilidad y los instrumentos para superar esta situación. La Sala no puede ser indiferente ante el sufrimiento de las víctimas que reclaman unas mínimas medidas de reparación. Por tanto, se exhortará al Alcalde de Medellín para adoptar y tomar las medidas y acciones que pongan fin a esta flagrante violación.³⁴

Mediante Sentencia del 24 de septiembre de 2015 el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, obligaba a la Alcaldía de Medellín a suspender las actividades de desecho de material en La Escombrera, a tomar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros y a rehabilitar ese espacio a partir de un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados allí.³⁵ El testimonio del exparamilitar Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, se constituyó en elemento clave para las acciones que posteriormente se iniciarían en La Escombrera y para confirmar las percepciones que sobre el lugar se habían alimentado entre los vecinos y familiares de las víctimas y así dar inicio a las labores de prospección arqueológica. En su testimonio señaló:

En esa escombrera sí se empezaron a hacer fosas, pero no porque nosotros hayamos escogido el terreno, sino porque era una fortaleza de la guerrilla. Cuando entramos, en el fuego cruzado empezaron a caer los primeros muertos. A unos los ocultábamos, otros tocaba dejarlos ahí porque la Fuerza Pública estaba encima. Casi todo lo que hicimos fue en pelea, hombre a hombre, fusil a fusil. Y sí, también sacamos gente de las casas, o los bajamos de buses, otros que había que matar los traíamos de otro lado y se los entregábamos a seis muchachos que permanecían en la Escombrera, y ellos se encargaban de hacer lo pertinente.³⁶

Desde noviembre de 2008 se había firmado un convenio de cooperación para la búsqueda de fosas comunes en el occidente y el oriente de Medellín, para lo cual se recomendaba el cierre definitivo de La Escombrera; sin embargo, continuó el flujo diario de volquetas cargadas con los desechos de las obras civiles que se ejecutan en la ciudad.³⁷ La decisión del cierre, temporal o definitivo, de este lugar fue un tema de gran controversia que sólo se atendió en el momento de dar inicio, tras más de diez años del clamor de las familias de las víctimas, al proceso de prospección, búsqueda, identificación e inhumación de víctimas de desaparición forzada y de reconstrucción de memoria y atención psicosocial a sus familiares, iniciado en julio de 2015, a partir de un convenio entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior. Este proceso, sin embargo, realizado hasta diciembre del mismo año, no arrojó resultados positivos, en el sentido de que no fueron encontrados restos de cadáveres de víctimas tras los meses de excavación.

4. La Resistencia: Mujeres Caminando por la Verdad

En el año 2001, en el marco de crecientes enfrentamientos entre diferentes grupos armados en la Comuna 13, algunas mujeres de la comunidad buscaron, en la hermana Rosa Cadavid, misionera y líder de la Obra Social Madre Laura,³⁸ ser escuchadas. En ese ejercicio establecieron vínculos de confianza, conformando así un primer grupo de mujeres que entre lastimadas e indignadas por la violencia centraron su quehacer en recuperar la presencia de los habitantes de la Comuna en el espacio público, que se había perdido o desdibujado por el miedo a los actores violentos. Este grupo se llamó Mujeres Sembradoras de Esperanza y se formó a partir de una acción de voz a voz entre las señoras y la comunidad. Esta forma de organizarse, bajo el amparo de la Obra Social Madre Laura, le permitió ganar confianza a esta organización religiosa entre la gente de la comuna, convirtiéndose en un referente de ayuda solidaria. Sin embargo, el grupo se vio afectado por las acciones militares del 2002, que llevaron a detener su labor e, incluso, a que algunas enfrentaran el desplazamiento forzado intraurbano.

Después de las operaciones militares el panorama general en la comuna era desgarrador. Sin duda, las acciones militares generadoras de miedo y desconfianza lograban su cometido. Como lo señalan Arenas y Lifschitz, “la violencia ejercida sobre la población busca descomponer los lazos comunales, desarticular los espacios de convivencia, cooptar los escenarios de decisión”.³⁹ No obstante, algunas mujeres empezaron a llegar a la Obra Social Madre Laura en busca de asesoría para los casos de los que eran víctimas: asesinatos de familiares y vecinos, torturas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias, desplazamientos y desapariciones forzadas. Estas mujeres y algunas del grupo anterior insistieron en la conveniencia de organizarse, de juntarse para conjurar el miedo y favorecer acciones cotidianas transformadoras de la situación de zozobra. Es así que conformaron Mujeres Caminando por la Verdad, nombre que adoptarían más tarde. Nuevamente, la acción de la hermana Rosa Cadavid favorece la comunicación y la constitución de vínculos entre las mujeres y la Obra Social. Asimismo, se inicia un proceso de articulación con otras organizaciones sociales que dieron apoyo a la iniciativa de Mujeres Caminando por la Verdad.⁴⁰ La Pastoral Social, Corporación Sumapaz y Corporación Jurídica Libertad están en el inicio de este proceso organizativo, a quienes se sumará más adelante la Corporación AVRE.

La Corporación Sumapaz trabajó con el grupo de mujeres en función de asesorar el proceso organizativo; la Corporación Jurídica Libertad asesoró la parte legal -trámites de demandas y procesos jurídicos- y apoyó el trabajo de la naciente organización en temas de derechos humanos; la Corporación AVRE inició un proceso de acompañamiento psicosocial con atención psicológica individual y trabajos grupales.

En el momento inmediatamente posterior a las operaciones militares en la comuna, no se hacía alusión a los casos de desaparición forzada; la única referencia a este problema se hacía mediante rumores que mencionaban la pérdida de familiares a través de mensaje cifrados y comentarios implícitos. Las mujeres se referían a los casos diciendo sin más: “se lo llevaron” o “se perdió”. En la naciente organización de mujeres, el tema de las desapariciones era sólo uno de los tantos problemas a tratar, por lo demás, en extremo complejo y no contaban con elementos apropiados para abordarlo. De manera precisa, la dificultad de nombrar la desaparición forzada está en la base de su explicación o caracterización como fenómeno sociológico. Como lo señala Elsa Blair:

Sus descripciones, la reconstrucción de eventos, el reporte sobre los hechos acaecidos, las cifras que hoy alcanza y los testimonios de las víctimas de los que se valen para aclararlo, dejan ver lo que se podría nombrar como una “sociología de la desaparición” que permite apreciar -con mayor profundidad que su misma definición jurídica-, las características del fenómeno y su naturaleza y dan un panorama muy amplio de lo que constituye este delito y las maneras como se configura.⁴¹

En medio de esas dificultades en el año 2008, otra religiosa, la hermana Gloria Castaño, estudiante de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, empezó a establecer comunicación con las mujeres y familiares de personas desparecidas. Ella adelantaba su trabajo de grado en materia de atención psicosocial a víctimas y quería abordar, específicamente, el tema del duelo en casos de desaparición forzada y sus implicaciones traumáticas, en tanto que se trata de una experiencia caracterizada por la ausencia de la víctima y la incertidumbre sobre su estado: “la elaboración del duelo sin tener un cuerpo presente”. Para facilitar su labor, algunas mujeres de la naciente organización brindaron su apoyo a la religiosa a fin de contactar personas afectadas por la desaparición de sus familiares.

Los testimonios de las mujeres dan cuenta de las dificultades que enfrentó la hermana Castaño para acercarse a ellas, porque el miedo les impedía establecer conversaciones debido a la presencia de actores armados en la zona y lo reciente de los hechos violentos en la comuna. En testimonios recogidos en 2015, se puede apreciar la descripción de acciones cotidianas tendientes a evitar la cercanía con la hermana recién llegada. Decían, por ejemplo: “Yo soltaba a los perros cuando la hermana Gloria llegaba y ella no se iba”; “Yo le tiraba agua a la hermanita; cuando veía que llegaba yo me encerraba y le tiraba agua porque no me gustaba hablar con nadie […] Después de tanto insistir la recibí y fue de mucha ayuda; ella me llevó donde la hermana Rosa”.⁴² Situaciones como éstas nos recuerdan que “el silencio tiende a ser el recurso de muchos, la táctica utilizada para sobrevivir”, pero también que “el silencio no significa ausencia de palabras u olvido, expresa la resistencia que una sociedad impone al exceso de discursos dominantes que justifican la mayoría de esas muertes o violaciones a los derechos humanos dentro de la lógica de un conflicto armado”.⁴³

Después de enfrentar esas dificultades para interactuar con las señoras y establecer comunicación con ellas, la religiosa logró concretar un grupo de 26 personas con hijos o familiares de desaparecidos. Encontró que éstas sentían miedo, angustia y mucho dolor; en un trabajo durante cerca de dos años las acercó al grupo de Mujeres Caminando por la Verdad, donde podían encontrar solidaridad y apoyo psicosocial. De estos encuentros y acciones puede señalarse que se inicia un proceso de fortalecimiento organizativo de las mujeres, a partir de la comprensión de lo vivido y de la convicción de que ese tipo de crímenes no podían volver a repetirse. Acciones cotidianas y encuentros periódicos permitieron, también, la evocación de sus familiares desaparecidos, como acciones de memoria vinculadas al ejercicio de la denuncia y la movilización para demandar atención. En la lógica de la “memoria como resistencia” se advierte que también en este caso “las pequeñas y cotidianas acciones de memoria de los familiares y amigos han hecho que en Medellín se presenten acciones profusas y variadas para llamar la atención sobre el pasado, pero visto desde el presente y con el objetivo de evitar que ocurra nuevamente”.⁴⁴

En esos encuentros se propiciaron acciones de resistencia, expresadas en particular a través del trabajo manual. Los bordados y las manualidades fueron estrategias que permitieron a las mujeres enfrentar sus miedos, reconstruir la confianza, darles voz a sus sufrimientos y cimentar espacios colectivos para compartir sus vivencias sobre lo ocurrido. El tejido devino en un dispositivo para propiciar un espacio de encuentro y reconstruir la memoria del dolor producido por el conflicto, desde un relato individual que se comparte y se torna colectivo. En los términos de Lifschitz y Arenas, refiriéndose a las mujeres de Mampuján: “Muchas de ellas no conseguían hablar de los hechos, no encontraban un espacio para hacerlo. Al bordar y charlar en pequeños grupos, lograron reconstruir su memoria y plasmarla. En el artefacto se gestiona el silencio, a la espera del momento propicio para que esa historia encuentre un público dispuesto a escucharla”.⁴⁵

En ese proceso, la desaparición forzada se convirtió en la principal bandera de lucha de esas 180 personas que conformaron la organización Mujeres Caminando por la Verdad, de las cuales, para el 2015, participaban de forma activa entre 60 y 80 mujeres, la gran mayoría de más de 50 años. De esa manera, el problema de las desapariciones forzadas devino en objetivo fundamental para la movilización. Con marchas, plantones y vigilias empezaron a visibilizar el problema. Mujeres Caminando por la Verdad empieza a declarar que en esas montañas de la Comuna 13 están enterrados sus desaparecidos; que lugares como La Escombrera fueron utilizados por los grupos armados como cementerios clandestinos. Para la comunidad, todos los rumores acerca de las desapariciones dejan de ser historias que parecían sacadas de la ficción, y la institucionalidad toma cartas en el asunto en materia de investigación.

Se puede apreciar entonces el tránsito de acciones silenciosas, cotidianas hacia acciones contestatarias, disruptivas y de denuncia. En un primer momento, las mujeres se juntaron para vencer el miedo; algunos testimonios recuerdan que “unían esfuerzos para que la población superara la intimidación de los grupos armados”; se trataba de “ejercicios preventivos”, como ellas mismas los llaman, para contener el incremento de la violencia.

Después de las operaciones militares del año 2002 se produjo un tránsito de las acciones preventivas a la realización de denuncias directas en compañía de organizaciones defensoras de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH). Estas denuncias estaban estrechamente vinculadas a las diferentes formas de victimización a las que se enfrentaba la población de la Comuna, asociadas sobre todo con los asesinatos selectivos, las amenazas, los desplazamientos masivos, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias. Los colectivos sociales de la Comuna se articularon en torno a un mismo objetivo: la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos de violencia. Entre los años 2003 y 2006 las mujeres de la comuna decidieron hacer visible su dolor: “empezaron a reunirse en el centro de la ciudad, apoyadas por la Obra Social Madre Laura y la Corporación Jurídica Libertad. Sacaban sus trabajos y se paraban en cualquier parte del espacio público para decir ¡a nosotras nos están atropellando!”⁴⁶

En este sentido, el vínculo que establecemos entre violencia y acción colectiva toma forma; claramente, el contexto violento en que estaban inmersas las mujeres no inhibió formas de acción individual y colectivas, despliegue de movilización y denuncias y reivindicación del derecho a la reparación. La capacidad y posibilidad de transformar ese contexto adverso fue el resultado de resistencias, prácticas cotidianas, interacciones y negociaciones, en la perspectiva de fortalecer el proceso asociativo en el que estaban comprometidas.

Durante el año 2008 se llevaron a cabo diferentes acciones reivindicativas por los desaparecidos. En primer lugar, se realizó una conmemoración en La Escombrera, en la que el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad exigió el cierre inmediato del lugar y, con el respaldo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, pidió “que la montaña de escombros no crezca cada día sin saber dónde están las víctimas, que se conforme un equipo especial de forenses para hacer las exhumaciones y el acompañamiento de un organismo internacional en el proceso”⁴⁷. En segundo lugar, se organizó una Vigilia Humanitaria, denominada “Escarbando la verdad, exigiendo la justicia”, con cientos de velas encendidas en la cancha del barrio Eduardo Santos, representando el Círculo de la Memoria. En esta ocasión, “defensores de derechos humanos y habitantes recordaron a cientos de personas asesinadas por grupos paramilitares, cuyos cuerpos se encontrarían en un alto número en La Escombrera”.⁴⁸

De la movilización de los colectivos en 2008 se obtuvo una respuesta positiva por parte del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien contrató el estudio forense con el propósito de determinar la viabilidad de las excavaciones en La Escombrera, las cuales no se realizaron en ese momento por limitaciones financieras dados los altos costos que suponía el proceso. No obstante, las organizaciones sociales y comunitarias no cesaron en su empeño de exigir la búsqueda de las personas desaparecidas; para ese mismo año, jóvenes de distintas partes del país salieron por las calles de la Comuna 13 vestidos como “almas en pena”, con el fin de dignificar a los muertos de la comuna, una actividad conocida a nivel nacional como la Legión del Afecto.

El 16 de febrero de 2012, tras diez años de lucha y resistencia pacífica pero activa, los colectivos de la Comuna fundaron el Comité de Impulso de Acciones de Memoria, “una apuesta social que aporta a la construcción de posibilidades de reflexión y reparación a las víctimas desde la memoria y la no violencia”.⁴⁹ La conmemoración de los diez años de la Operación Orión en octubre de 2012 fue también una acción de memoria importante organizada por este Comité, Mujeres Caminando por la Verdad, Corporación Jurídica Libertad, movice, GIDH y Obra Social Madre Laura. La conmemoración incluyó recorridos por la Comuna 13, donde sus habitantes “ubicaron pendones que preguntaban por los desaparecidos, al tiempo que pedían paz, justicia y el fin de la impunidad. Las dolientes de los desaparecidos salieron a las calles con fotos colgadas del cuello, carteles y siluetas, con las fechas y nombres de sus familiares”.⁵⁰

Durante esta conmemoración de los diez años de la Operación Orión se realizó la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos en la Comuna 13, 2002-2003, en la cual se realizaron recomendaciones técnicas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas que se encuentran inhumadas en La Escombrera.

En el año 2013, a partir del trabajo cotidiano de Mujeres Caminando por la Verdad y ante la necesidad de construir un lugar para el diálogo y la reivindicación de las personas asesinadas y desaparecidas, se inauguró el Salón Tejiendo Memoria. Para la hermana Rosa Cadavid, coordinadora de este espacio, el Salón lleva este nombre porque “en torno al tejido se ha hecho el ejercicio de la memoria […], por medio del tejido las mujeres han contado, han narrado y recuerdan las historias de sus familiares y lo que ocurrió con ellos”.⁵¹ El Salón le rinde tributo a los desparecidos con imágenes, fotografías, prendas de vestir representativas, amuletos y cuadernos en los que se reconstruyen sus historias de vida.

En este proceso, donde situamos acciones de resistencia, acciones colectivas de denuncia, movilización y reconocimiento público de lo sucedido en la Comuna 13, las mujeres empiezan a incidir en espacios del orden gubernamental demandando no sólo que se adelanten procesos jurídicos sobre la responsabilidad del Estado, sino también exigiendo verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, en el marco de la Ley de Justicia y Paz:

Después de tanto insistir, porque por todos los medios se empezó a decir, ya [las mujeres] dejaron el miedo, empezaron a decir: queremos que nos escuchen, fuimos a la alcaldía, hablamos en los concejos, se pararon en todos los lugares, participaban en marchas y decían: nosotros somos víctimas en medio del miedo. Ustedes saben que esa situación de violencia no se ha terminado, a veces las han parado y les han preguntado qué venían a hacer aquí y a muchas no las dejaban venir, sin embargo, ellas seguían insistiendo. […] todo eso sirvió para que por fin lograran ellas ser escuchadas y se diera inicio a unos convenios con la Fiscalía General de la Nación […] y con la administración municipal […] fuimos capaces de ir manejando las diferencias de tal manera que pudiéramos centrar nuestro objetivo en las necesidades que tenían las víctimas en la búsqueda de sus desaparecidos.⁵²

Como lo hemos señalado en otro lugar, la acción colectiva

emerge de las relaciones sociales dentro de un campo de límites y posibilidades que los actores (individuos y grupos) perciben y evalúan; ello supone abordar los procesos a través de los cuales los actores sociales llegan a una definición interactiva y compartida del significado y los objetivos de su acción, en el camino de construir un nosotros, las más de las veces dentro de procesos de negociación de intereses opuestos, lo que confiere identidad a la acción.⁵³

La experiencia acumulada por Mujeres Caminando por la Verdad responde a la pregunta ¿de dónde sale la visión de víctima pasiva de las mujeres?, planteada por Elizabeth Jelin para el caso argentino, en tanto que su recorrido por distintas formas de acción, resistencia y memoria informa sobre impactos de la violencia en las relaciones de género y desafía ese estereotipo que refuerza una mirada excluyente bajo la cual se “victimiza a las mujeres” y se “feminizan a las víctimas”.⁵⁴

La incidencia de las mujeres y el acompañamiento de las organizaciones defensores de derechos humanos y comunitarias de la Comuna, fue lo que posibilitó iniciar el proceso de excavación en 2015, en el cual el trabajo de memoria fue significativo, particularmente en función de las acciones definidas en el Plan de Memoria que Mujeres Caminando por la Verdad ha construido desde su experiencia y, en la perspectiva de lograr incidencia política. La Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Impulso de Acciones de Memoria hacen parte de las organizaciones acompañantes del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, en la ruta compartida de acciones de resistencia a la guerra y al olvido desde la reivindicación y exigencia del derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición y la reconstrucción de la memoria social y colectiva en relación con las personas desaparecidas en La Escombrera. Con este propósito,

se han desarrollado iniciativas tendientes a promover la protección de los derechos humanos, planear el desarrollo desde enfoques alternativos, emprender acciones para la denuncia, visibilizar las situaciones que afectan a los diferentes grupos poblacionales y promover procesos y proyectos de reconstrucción de la memoria del y en el territorio y sus habitantes como estrategias de resistencia, resiliencia y empoderamiento político.⁵⁵

Los testimonios recabados permiten afirmar que los inicios de recuperación de la memoria datan del mismo momento en que la población se enfrentó a las diversas modalidades de violencia; ejercicio de memoria desde la acción cotidiana, desde un sentido colectivo de compartir el dolor, si bien no era un ejercicio intencionado, ni nombrado de ese modo.

En septiembre de 2015, Mujeres Caminando por la Verdad recibió el Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, Categoría Experiencia Colectiva del Año. Este reconocimiento se entrega cada año desde 2012 por parte de la comunidad internacional a través de Diakonia, una organización de origen sueco, y tiene suma importancia, particularmente, por la tendencia que existe en Colombia a estigmatizar la acción de las organizaciones de derechos humanos.⁵⁶ El premio exaltó el papel jugado por esta organización de mujeres en su lucha contra la desaparición forzada de personas, y en concreto por las acciones adelantadas en el año 2015, en el marco del proceso de excavación iniciado en La Escombrera.

Pese a que la intervención en La Escombrera no arrojó resultados positivos respecto a la búsqueda de personas desaparecidas en tanto que no se encontraron los restos de víctimas allí inhumadas, Mujeres Caminando por la Verdad no ha cesado en su demanda a los organismos competentes de continuar con el proceso de búsqueda iniciado durante ese año. En la más reciente conmemoración de la Operación Orión, esta organización hizo entrega de un informe que espera sirva de insumo a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición en la reciente coyuntura.⁵⁷

5. A modo de cierre: la organización como resistencia

La pretensión de subrayar en este artículo la emergencia de un actor colectivo como Mujeres Caminando por la Verdad, está sustentada en la intención de hacer visible este tipo de iniciativas en el marco de la violencia, y superar la tentación de suponer que, en medio de ésta, sólo se produce un desestimulo a la acción colectiva de los actores sociales dada su condición de víctimas. Por el contrario, la transformación del conflicto colombiano ha mostrado que, pese a las circunstancias de precariedad y vulnerabilidad extremas que enfrentan amplios sectores poblacionales, ello no ha impedido la emergencia de diversas acciones de contestación o resistencia e, incluso, en ocasiones, estas acciones han sido estimuladas por las vicisitudes que emanan de la guerra.

Para examinar casos como éste, se trata de situar las circunstancias concretas -más allá de la precariedad y la vulnerabilidad de los actores- que inhiben o estimulan diversas estrategias de acción, contestación o resistencia y distintas expresiones organizativas. Evitamos, de este modo, asumir una postura que niegue por anticipado la existencia de la acción colectiva en medio de la violencia, sin antes examinar los procesos que explican su irrupción.

Para abordar las acciones colectivas y de resistencia emprendidas por Mujeres Caminando por la Verdad, retomamos los planteamientos de María Teresa Uribe en relación con las “formas no ortodoxas de resistencia, no siempre pacifistas”. De acuerdo con su postura, si bien en el contexto colombiano están presentes formas de resistencia social inscritas en las dos perspectivas clásicas -la del rebelde que busca emanciparse y la del ciudadano virtuoso que sigue la ley y hace uso de la protesta pública-, en el marco del conflicto abierto en contextos locales tienen lugar formas no ortodoxas de resistencia social; por eso su llamado a examinar las acciones de resistencia en las condiciones específicas de sus contextos.⁵⁸

Igualmente, resultan oportunos los planteamientos de James Scott para entender la resistencia más allá de la acción convencional, disruptiva y visible, como la capacidad de los actores sociales para desafiar a diario el miedo y la dominación por medio de prácticas encubiertas. Con Flor Edilma Osorio, la resistencia cobra importancia en las organizaciones sociales al asumir a los actores como sujetos de derechos y, en tal sentido, también lo adquieren la relevancia que tiene el recurso de la palabra y de prácticas convencionales-formales, disruptivas, encubiertas y públicas y la restitución de la cotidianidad de los lugares tomados por el miedo.

A partir de estas consideraciones, tratamos de identificar acciones de distinto tipo en el proceso organizativo, que en la práctica devinieron en fórmulas de resistencia a la destrucción del tejido comunitario por efecto de la violencia sostenida y, en particular, por el efecto dramático del terror sembrado a través de acciones violentas como la desaparición forzada de personas. Es claro también que en la coyuntura examinada fue posible identificar momentos de tránsito de acciones silenciosas de resistencia hacia acciones disruptivas; y por supuesto, el proceso de constitución de la opción organizativa, como forma intermedia entre la resistencia y la contestación, en un ambiente cruzado por la intensidad del conflicto.

La emergencia del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, las formas de participación y de movilización adoptados durante estos años, así sea en primera instancia bajo la tutela de organizaciones de derechos humanos o de la orientación y el apoyo de la Obra Social Madre Laura, da cuenta del tránsito de un cierto inmovilismo producido por las afectaciones de la violencia en la Comuna 13 y, muy especialmente, por el impacto de la desaparición de sus familiares, hacia acciones de resistencia y contestación. Encontramos también, en esta experiencia organizativa, el propósito de recuperar procesos previos y desarrollar iniciativas nuevas que contribuyan a hacer visible su presencia pública y a favorecer la incidencia política de estas mujeres, entendida como su capacidad para ser escuchadas y lograr activar acciones institucionales necesarias para garantizar la búsqueda de sus familiares desaparecidos y esclarecer la verdad de su situación.