El empeoramiento de las condiciones de seguridad en América Latina y el endurecimiento de los controles con fines de seguridad violentan a diario los derechos civiles de la población. El crimen organizado ha ido ganando terreno, junto con la delincuencia común, la cual se ha ido sofisticando hasta convertirse en el brazo armado del narcotráfico. Se observa el crecimiento de pandillas juveniles en diversas zonas de la región, que vulneran a la población civil. La respuesta de los gobiernos es mayor control policial, que por fuerza repercute en violencia y violación de derechos.

Quienes huyen son víctimas de doble vulneración, por la negligencia de su propio gobierno y por el desinterés de los estados por donde pasan en su huida. Hechos graves como la tortura, tratos o penas crueles, desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, así como otras violaciones a los derechos humanos, continúan siendo utilizadas dentro de la complejidad de actores ya mencionados. Por ello, es necesario hacer visible no únicamente los eventos violentos, sino las víctimas, aquellos que en la huida pierden el derecho a la voz, pues mantener la memoria es la única forma para resarcir a las víctimas anónimas.

Al hacer el recuento histórico se puede observar que tanto Colombia como México comparten una historia de violencia estructural, que ha impactado en la construcción del tejido social. Ambos países han sufrido periodos de violencia de Estado, con resultados nefastos: altos números de desapariciones, detenciones arbitrarias, represión. De manera curiosa, ninguno de estos dos países tuvo gobiernos militares, y, sin embargo, las repercusiones de los llamados periodos de “guerra sucia” han sido iguales o superiores a los de dictaduras militares del Cono Sur. Además, ambos países tienen presencia de crimen organizado (narcotráfico), que a partir de los años ochenta ha ido en crecimiento. Estas bandas criminales han tomado el control de territorios poniendo en riesgo a la población. Los enfrentamientos entre gobierno y narcotraficantes derivan en peligro para los civiles, quienes no tienen otra salida que huir. Además, la inacción gubernamental ha permitido el desarrollo y la sofisticación de las acciones criminales, pues han ampliado su negocio a la trata, con fines sexuales o laborales, y, en el caso mexicano, a la extorsión, desaparición, tortura y asesinato de los migrantes que están en tránsito por aquel país.

La violencia, tanto en México como en Colombia, se ha incrementado desde los años ochenta; desde entonces se percibe que no hay zonas seguras. Aunado a ello, la lógica de seguridad que se ha impuesto desde los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, ha marcado las acciones de ambos gobiernos. Particularmente, en el caso mexicano, el enfrentamiento ha sido la característica de la estrategia gubernamental, con el Ejército y la Marina al frente. El resultado ha sido catastrófico: no hay evidencia de disminución de los índices de violencia y, en cambio, aumentan la impunidad y el abuso de autoridad, lo que conlleva desapariciones, tortura, asesinatos, etc. Sumado a todo esto, la crisis económica que inició en 2008 no ha contribuido a mejorar esta situación.

Los textos que conforman este expediente son resultado de una doble reflexión académica, iniciada en el Congreso Internacional de Antropología: Viajes, Tránsitos, Desplazamientos, en 2017. Esta discusión continuó para consolidarse en un proyecto financiado por la Universidad Iberoamericana: “Viejas y nuevas movilidades humanas: el circuito migración internacional/desplazamiento interno forzados, el caso de México y Colombia”. En este sentido, nos resultó evidente la relevancia de una comparación entre los dos países, para explicar las situaciones de violencia que se están viviendo en ambos, y dar espacio a las víctimas y sus testimonios. Encontramos que es a partir de estas voces como se pueden revisar las arbitrariedades enfrentadas, pero también reconstruir sus acciones para superarlas. El testimonio es un elemento importante como fuente de investigación de los artículos que se incluyen, utilizando, además, fuentes de archivo, hemerografía y secundarias.

El escrito de Adriana González Gil aborda la relación entre acción colectiva y violencia, que surge de las demandas de actores sociales de reconocimiento y reparación, en un contexto conflictivo como es el colombiano. Este artículo se concentra de modo particular en las acciones tomadas por un grupo de mujeres afectadas por la desaparición forzada en el caso de La Escombrera. El texto no solamente aporta elementos para comprender cómo, en un contexto de violencia estructural, pueden surgir procesos organizativos con cierto nivel de éxito. La desaparición forzada es una característica asociada al conflicto colombiano, pero con un bajo reconocimiento social y político, a pesar de las acciones de las organizaciones de víctimas de derechos humanos. Situación que se repetiría en el caso de los migrantes, población invisibilizada por su situación jurídica de irregularidad.

El texto de Cristina Gómez Johnson aborda el tema de la movilidad humana (interna y externa) en México. Partiendo de un contexto de violencia estructural, como el de Colombia, la movilidad estará cruzada por ella y por la precariedad económica que empeora la situación. Sumado a ello, el Estado, con el pretexto de la seguridad nacional, viola por sistema los derechos humanos de su población, vulnerando aún más a los migrantes.

El artículo presentado por Jorge Ruiz Reyes aborda un tema que es característico de sociedades en conflicto, como es la mexicana: fosas clandestinas. Lo hace con la intención de señalar que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de actores estatales y no estatales, al menos en los últimos 12 años. El texto hace hincapié en la importancia de la metodología y propuestas de documentación para determinar responsabilidad penal individual de quienes cometieron los crímenes, pensando en procesos de justicia a futuro en posibles instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional.

Por último, el trabajo de Fernanda Espinosa Moreno analiza el surgimiento público de la “víctima” en Colombia, a partir de la década de los setenta, debido a un proceso de denuncia de violación de derechos humanos ante la Comisión Accidental Sobre Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos, informe presentado en la Cámara de Representantes en 1978, y la realización del I Foro Nacional de Derechos Humanos en 1979. El texto recupera el testimonio de las víctimas de tortura, allanamientos y detenciones arbitrarias, con la intención de resaltar la formalización la denuncia de violación de derechos humanos. Estos dos procesos fueron relevantes, no solamente por la apropiación y el uso de la legislación internacional, sino por amplia participación social. El surgimiento de la víctima facilitó la demanda de justicia y resarcimiento, bandera de la lucha por los derechos humanos. En este sentido, la víctima es un sujeto con agencia, y no nada más un doliente o un daño colateral de procesos de violencia estructural como los que han vivido México y Colombia.