1. Definición de los retos nodales del desarrollo económico en México

En México, durante el quinquenio 2020-2024, cada año cumplirán 18 años, en promedio, 2.2 millones de jóvenes, de los cuales 1.6 millones demandarán puestos de trabajo remunerados, sea de inmediato o unos años después, al concluir sus estudios en instituciones de educación superior.¹ Para satisfacer esta demanda de empleos, se dispondrán de 250 mil puestos de trabajo que cada año dejarán vacantes los trabajadores jubilados o fallecidos, de modo que necesitarán generar, en promedio, 1 350 000 nuevos puestos de trabajo remunerados por año.²

Para lograrlo, la economía mexicana debe dejar atrás la inercia neoliberal de un crecimiento económico de 2.3% anual observado durante el periodo 1983-2018, que resultó ineficiente para generar suficientes puestos de trabajo remunerados para las sucesivas generaciones de jóvenes demandantes de empleo. De manera puntual, durante el sexenio 1983-1988 -de acuerdo con las cifras del Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 1980 (^{INEGI, 2019a})- en el conjunto de la economía mexicana sólo se generaron 508 mil empleos remunerados, o sea 85 mil empleos por año a causa del casi nulo crecimiento económico (0.2% anual). Pero durante ese sexenio cada año se requerían poco menos de un millón de nuevos puestos de trabajo remunerados para los jóvenes demandantes de empleo (descontando las vacantes dejadas por trabajadores fallecidos o retirados), de manera que 5.3 millones de trabajadores disponibles no encontraron puestos de trabajo remunerados.³ Durante el periodo 1989-2004 -de acuerdo con las cifras del Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 1993 (^{INEGI, 2019c})-, con un crecimiento económico de 3.1% anual, sólo se generaron 8.1 millones de empleos remunerados, o sea 507 mil empleos por año; pero cada año se requerían poco más de 1.2 millones de nuevos empleos para los jóvenes, de manera que otros 11.2 millones de jóvenes no encontraron ocupaciones remuneradas. Finalmente, durante el periodo 2005-2018 -de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 2013 (^{INEGI, 2019d})-, con un crecimiento medio del Producto Interno Bruto (PIB) a una tasa de 2.2% anual sólo se crearon 6.4 millones de puestos de trabajo remunerados, o sea 460 mil por año, pero cada año se requerían poco menos de 1.4 millones de nuevos empleos remunerados para los jóvenes, de modo que otros 11.4 millones de trabajadores no encontraron empleos remunerados.

Por eso, los seis sexenios cumplidos de experimentación neoliberal dejaron una pesada herencia de rezagos en materia de empleos dignos. De hecho, durante el periodo 1983-2018 sólo se crearon alrededor de 14.7 millones de empleos formales (14.2 millones de los cuales fueron registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE], Secretaría de Marina [SEMAR] y Secretaría de Defensa Nacional [SEDEÑA]),⁴ es decir, alrededor de la tercera parte de los empleos formales que debieron haberse creado para satisfacer los requerimientos de empleo digno de las nuevas generaciones de jóvenes. Como contraparte -según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2018- un abultadísimo contingente de 32 millones de mexicanos, que representaron el 56.6% de la población económicamente activa (PEA), se ubicaron en el empleo informal, caracterizado por su precariedad, sus bajas retribuciones y su carencia de prestaciones de seguridad social. Además, se ha desarrollado un enorme segmento poblacional en el desempleo encubierto: 5.7 millones de trabajadores que no figuran en la PEA, ya que "no buscan empleo, porque no tienen esperanza de conseguirlo, pero se declaran en disponibilidad de trabajar" (^{INEGI, 2019b}), en adición a los 2.5 millones de trabajadores que se ubicaron en el desempleo abierto: buscaron activamente trabajo, sin encontrarlo.

Para colmo, la precarización laboral y la desesperanza del desempleo encubierto han ocurrido a pesar de la válvula de escape de la emigración de trabajadores mexicanos al extranjero: de acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Población (CONAPO), durante el periodo 1983-2018 el saldo migratorio de México fue negativo en 10 940 562 personas, o sea 303 904 por año (^{CONAPO, 2019}).

Aun con esta válvula de escape, el abarrotamiento de los mercados de trabajo presionó los salarios a la baja, simplemente por efecto de la "mano invisible del mercado", es decir, por la desfavorable relación oferta/demanda de puestos de trabajo. Y a esta "mano invisible" se sumó la "mano negra" muy visible de la política de contención salarial, que utilizó las tasas de incremento de los salarios como guía de las expectativas inflacionarias (casi siempre superadas por las tasas de inflación realmente observadas), y como factor de competitividad internacional mediante bajos costos laborales. Su efecto combinado fue brutal: los salarios contractuales promedio de las ramas de jurisdicción federal sufrieron un deterioro real de 64.1% durante el periodo 1983-2018; los salarios mínimos generales perdieron el 68.8% de su poder de compra; los salarios reales de la industria de la construcción se redujeron 61.7%; y los salarios manufactureros -que habían incrementado su poder adquisitivo en un respetable 201.7% durante el periodo de operación de la estrategia de desarrollo económico liderado por el Estado (1935-1982)- perdieron el 38.9% de su poder de compra durante los seis sexenios cumplidos de experimentación neoliberal.⁵

Como resultado salarial agregado, el 66.4% de los trabajadores subordinados y remunerados con ingreso especificado, es decir, 24 535 112 trabajadores durante el último trimestre de 2018 (^{INEGI, 2019d}) ganaron desde menos de un salario mínimo hasta tres salarios mínimos (MXN$7 453.2 mensuales), lo que representó para los hogares de estos trabajadores un ingreso mensual muy por debajo de la línea de pobreza, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (^{CONEVAL, 2019}) fue de MXN$2 983.02 mensuales por persona en el medio urbano, o sea MXN$11 932.1 por familia típica de cuatro miembros. Peor aún: el salario mínimo se ubicó debajo de la línea de la pobreza extrema, denominada por CONEVAL bienestar mínimo, definido como el "valor monetario" mensual "de una canasta alimentaria básica", que fue de MXN$1 482.2 por persona en el medio urbano, o sea MXN$5 928.8 mensuales por familia, mientras que el salario mínimo mensual en 2018 fue de MXN$2 484.40. Desde luego, esta pobreza salarial es violatoria de la Constitución mexicana, que en su artículo 123 establece: "los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural".

Esta pauperización de los trabajadores ocurrió de manera causalmente asociada al severo deterioro de la distribución funcional del ingreso. Bajo la estrategia de desarrollo económico liderado por el Estado, que precedió a la neoliberal, la participación de los salarios en el ingreso nacional disponible (IND), había pasado del 26.3% del IND en el periodo 1951-1958 (^{Ortiz Mena, 1998}), al 35.5% en el periodo 1960-1969; y al 41.6% del IND durante el periodo 1970-1982. Pero esta tendencia hacia una mejor distribución funcional del ingreso se revirtió en gran parte bajo la estrategia neoliberal: la participación de los salarios en el IND descendió hasta el 34.2% del IND durante el periodo 1983-1989, alcanzó el 35.7% del IND en el periodo 1990-1999; y disminuyó nuevamente al 33.1% del IND en el periodo 2000-2009 y hasta el 31.4% del IND en el periodo 2010-2018. Al cercenarse brutalmente su participación en la riqueza efectivamente generada, los asalariados de México tuvieron una pérdida acumulada de US$2 127 303 millones (a precios constantes de 2015) durante los 36 años que van de 1983 a 2018.⁶

Por último -en orden pero no en importancia- en el campo mexicano la estrategia económica neoliberal tampoco ha traído consigo mejores ingresos para millones de familias campesinas. Por el contrario, durante el periodo 1983-2018, los productores de maíz perdieron el 53.2% de su poder adquisitivo por tonelada de grano; los productores de frijol perdieron el 34.1%; los productores de soya, el 42.3%, etcétera, con el consiguiente efecto negativo sobre sus niveles de bienestar.⁷

A causa de todo lo anterior, el neoliberalismo económico ha resultado ser una eficiente fábrica de pobres. Cabe recordar que durante los años de operación de la estrategia económica de desarrollo liderado por el Estado (1935-1982), la pobreza -que en tiempos de Porfirio Díaz afectaba a más del 90% de los mexicanos- se había reducido significativamente. De acuerdo con el más destacado especialista en la materia, Julio Boltvinik, la proporción de mexicanos pobres disminuyó del 77.5% en 1963 al 48.5% en 1981 (^{Boltvinik, 1995, p. 49}), magnitudes grosso modo coincidentes con las estimadas por el Programa Nacional de Solidaridad, según el cual la proporción de mexicanos bajo la línea de la pobreza, que en 1960 era del 76.9%, descendió hasta el 45% en 1981 (^{PRONASOL, 1990}).

Pero estos logros en reducción de la pobreza bajo la estrategia económica de desarrollo liderado por el Estado, no sólo se detuvieron bajo la estrategia económica neoliberal, sino que fueron en gran parte revertidos. De acuerdo con las cifras de ^{Boltvinik (1995)}, la pobreza de ingresos se incrementó desde el 48.5% de la población en 1981, que en números absolutos fueron 33.8 millones de pobres, hasta 67.1 millones de pobres en 1994 y 79 millones en 1996 (a causa de la tremenda crisis financiera y de la economía real de 1995); disminuyó a 74 millones en 2000 y volvió a aumentar hasta 82 millones en 2010 y 91 millones en 2014 (^{Boltvinik, 2018, p. 250}). En suma: bajo la estrategia neoliberal, el número de mexicanos en pobreza de ingresos aumentó en más de 50 millones, al pasar del 48.5% de la población en 1981 al 76% de la población en 2014.⁸

Para colmo, la insuficiente generación de empleos dignos sumada a la dramática caída de los salarios reales y al incremento de la desigualdad y la pobreza, trajeron consigo una severa erosión de la cohesión social de nuestra nación, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes. Hay una relación causal: la creciente inseguridad pública y la reproducción ampliada de la delincuencia tienen como condición estructural la disponibilidad de jóvenes proclives a ser reclutados por la delincuencia, sea organizada o del fuero común. En una acuciosa investigación, el Banco Mundial encontró que "en los países y territorios afectados por la violencia [...] los ciudadanos plantearon algunas cuestiones relacionadas con el bienestar económico individual (pobreza, desempleo) y la injusticia (en particular, la desigualdad y la corrupción) como principales determinantes de los conflictos" (^{Banco Mundial, 2011, p. 9}). De manera específica, "las principales razones citadas para explicar por qué los jóvenes se suman a bandas de delincuentes son muy semejantes: el desempleo predomina en ambos casos" (^{Banco Mundial, 2011, p. 9}). Desde la perspectiva socioeconómica, política y cultural específica de nuestro país, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), realizada por el INEGI, arrojó resultados similares: la percepción ciudadana sobre las causas de la inseguridad y la delincuencia apunta hacia el desempleo (41%) y la pobreza (32.7%), al lado de otras causas como la corrupción (32.2%) y la desintegración familiar (20.8%) (^{INEGI, 2014}). Las ENVIPE posteriores no incluyeron estas percepciones. En suma: los seis sexenios cumplidos de neoliberalismo en México han dejado una pesada herencia económico-social.

De cara al futuro, habrá de hacerse cargo de seis grandes retos del desarrollo: 1) generar suficientes empleos remunerados para las nuevas generaciones de jóvenes que cada año buscarán por primera vez puestos de trabajo; 2) generar empleos adicionales para ir absorbiendo gradualmente a los jóvenes que hoy se encuentran en el desempleo encubierto; 3) absorber gradualmente el enorme rezago de empleos dignos en México; 4) reducir la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso entre los factores de la producción mediante el alza sostenida del poder adquisitivo de los salarios; 5) erradicar la pobreza extrema y reducir significativamente la pobreza moderada; y 6) crear las condiciones económicas para restablecer la cohesión social de México.

2. La precondición para enfrentar con éxito los retos nodales del desarrollo en México

Sin un crecimiento económico a tasas superiores al 6% anual, México no podrá crear suficientes empleos dignos para los nuevos demandantes de empleo y enfrentar exitosamente los demás retos nodales del desarrollo antes definidos. ¿Lo conseguirá durante el quinquenio 2020-2024? La interrogante está abierta, porque hasta el momento la estrategia neoliberal se mantiene sin cambios fundamentales. Ya lo advirtió Albert Einstein: "no esperemos que las cosas cambien, si continuamos haciendo lo mismo".

Por eso hay que recordarlo: la estrategia económica neoliberal, aplicada en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se apegó al clásico decálogo de políticas económicas prescritas a los países en desarrollo por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante la década de 1980, que John Williamson sintetizó más tarde bajo el nombre de Consenso de Washington. Este decálogo comprendió: la liberalización del comercio exterior, de la inversión extranjera y del sistema financiero; la orientación de la economía hacia los mercados externos; la privatización de las empresas públicas como fin en sí mismo (es decir, sin adoptar siquiera, en las áreas de interés público, las medidas precautorias y el marco regulatorio para asegurar su mejor funcionamiento y el de los respectivos mercados); la desregulación de las actividades económicas; la estricta disciplina fiscal (esto es, el equilibrio ingreso/gasto público como fin a ultranza, que cancela el papel activo de la política fiscal para regular el ciclo económico); la erradicación de los desequili brios fiscales previos, pero no mediante una mayor recaudación tributaria sino a través de la reducción de la inversión y el gasto públicos (que trajo consigo la supresión o reducción de programas de fomento económico general y sectorial); un sistema fiscal con bajas tasas marginales de impuestos a los ingresos mayores (que se plasmó en la reducción de las tasas máximas de Impuesto Sobre la Renta [ISR]); y un adecuado marco legislativo e institucional para resguardar los derechos de propiedad (que se reflejó en reformas a las leyes agraria, de inversión extranjera, de propiedad intelectual, etcétera).

La diligencia con la cual la tecnocracia neoliberal mexicana aplicó este decálogo dejó asombrado al propio John Williamson, que entre 1988 y principios de 1989 encontró en México: fuerte "superávit fiscal primario"; austeridad fiscal "extrema"; bajas tasas máximas de ISR; orientación de la economía hacia el exterior; apertura comercial acelerada; "impresionante liberalización" de la inversión extranjera; liberalización de las tasas de interés; privatización de empresas públicas; y desregulación de las actividades económicas (^{Williamson, 1991}).

Al decálogo clásico del Consenso de Washington, se agregó la ortodoxia en política monetaria, restringiendo la función de ésta a la estabilidad de precios y rechazando la función heterodoxa de la política monetaria sobre el crecimiento sostenido del PIB y del empleo. (Puesta en marcha desde el gobierno de MMH, la ortodoxia monetaria fue amarrada en 1993 con la reforma de la Ley del Banco de México, asignando a éste como mandato macroeconómico único el control de la inflación, contrario sensu del mandato dual que tienen los bancos centrales de Estados Unidos y Canadá: sobre el control de la inflación pero también sobre el crecimiento del PIB y del empleo). La tecnocracia neoliberal aseguraba que este paquete de políticas económicas conducirá al país hacia una era dorada de mayores tasas de crecimiento de la economía, el empleo y el bienestar.

Sin embargo, a seis sexenios cumplidos de aplicación de la estrategia económica neoliberal, la era dorada resultó ser una utopía: durante el periodo 1983-2018, el PIB per cápita apenas creció a una tasa media de 0.7% anual, con un crecimiento acumulado de 30.5% en 36 años; mientras que durante el periodo de aplicación de la estrategia de desarrollo liderado por el Estado (1935-1982), el PIB per cápita creció a una tasa media de 3.2% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 348% en 48 años (véase Cuadro 1).

Desde luego, el lamentable desempeño de la economía mexicana durante el periodo 1983-2018 no cayó del cielo: fue, precisamente, el resultado inmanente de la estrategia neoliberal. Por una parte, las reformas estructurales apegadas a las prescripciones del Consenso de Washington (la apertura comercial unilateral, abrupta e indiscriminada, combinada con el achicamiento de las políticas activas de fomento económico general y sectoriales, y con la liberalización de la inversión extranjera y del sistema financiero), a las que se sumó una casi crónica sobrevaluación del peso, provocaron la pérdida de eslabones completos de las cadenas productivas, destruidos por el crecimiento vertiginoso del componente importado; eo ipso, generaron una creciente desvinculación entre la economía de mercado interno y un sector exportador que, lejos de ejercer un efecto de arrastre sobre la planta productiva mexicana, transmite sus efectos multiplicadores sobre la producción, la inversión y el empleo fuera del país, tendiendo a convertirse en industria cuasi maquiladora (o, lo que es lo mismo, en una economía de enclave); profundizaron la brecha tecnológica y de productividad entre los distintos sectores y ramas de la economía mexicana, trayendo consigo una escasa generación de empleos en el sector formal y un creciente empleo precario en el sector informal de la economía (de baja tecnología y productividad), así como un ensanchamiento de las desigualdades en el desarrollo regional y en la distribución funcional del ingreso, con una dramática proliferación de la pobreza.

Por otra parte, la ortodoxia macroeconómica neoliberal, que erige el control de la inflación y el cumplimiento de las metas de balance fiscal en objeti vos prioritarios a ultranza, ha mutilado el papel contracíclico de las políticas fiscal y monetaria (id est: aumentar el gasto público y abaratar el crédito para estimular la actividad económica cuando ésta cae en recesión o se enfila hacia ella), trayendo consigo los repetidos ciclos de freno y arranque de la economía mexicana, al tiempo que la utilización de la política cambiaria como instrumento antiinflacionario ha traído consigo el pesado fardo de la casi crónica sobrevaluación del peso mexicano, con efectos adversos sobre la competitividad de los productores nacionales frente a sus competidores ex tranjeros tanto en los mercados externos como en el mercado interno (frente a las importaciones).

La razón abstracta del fracaso neoliberal puede resumirse así: las realidades de la economía (en general) y del comercio internacional (en particular) no se ajustan al modelo teórico del neoliberalismo. Las imperfecciones de los mercados, los rendimientos crecientes a escala, los factores institucionales que condicionan el desarrollo y la difusión del conocimiento y la tecnología, así como las sinergias del desarrollo de sectores productivos específicos (fenómenos que han sido rigurosamente analizados por la investigación económica, justificando las intervenciones gubernamentales (^{List, [1841] 1979}; ^{Schumpeter, [1911] 1997}; ^{Wade, 1999}; ^{Reinert, 2007}; ^{Chang, 2004}; ^{Rodrik, 2011}), están fuera de la visión neoliberal. Como señaló Paul ^{Krugman (1986, p. 21)} hace ya más de tres décadas: "el modelo idealizado en que se basa la defensa clásica del libre comercio ha dejado de ser útil. El mundo es más complejo y no hay duda de que las complejidades plantean, en principio, la posibilidad de una política comercial e industrial activa y exitosa". Por si fuera poco, la importancia crucial de las políticas macroeconómicas activas (monetaria, fiscal y cambiaria) en la inducción del crecimiento fuerte y sostenido del producto nacional y del empleo, están también fuera de la visión neoliberal. Por ello, el lento crecimiento de la economía mexicana durante el periodo 1983-2018 no es algo extrínseco a la estrategia económica neoliberal, sino su resultado intrínseco.

En consecuencia, México no logrará un crecimiento económico mayor de 6% anual si no pone fin a la estrategia neoliberal. Por eso resulta muy inquietante que -por lo menos hasta ahora- la nueva administración mantenga sin cambios fundamentales la estrategia neoliberal: liberalización del comercio exterior, de la inversión extranjera y del sistema financiero; austeridad fiscal extrema; bajas tasas de ISR sobre los ingresos mayores; ortodoxia macroeconómica que privilegia el control de la inflación y del balance fiscal, por encima del crecimiento del PIB y del empleo; orientación de la economía hacia los mercados externos; las desregulaciones y privatizaciones previamente realizadas se mantienen, así como el marco legislativo neoliberal heredado. Los cambios de estilo y proyectos especiales observados en 2019 no alteran los fundamentos del neoliberalismo.

Como resultado, 2019 será otro año perdido para el desarrollo: el PIB per cápita cerrará con una caída de 0.9% respecto a 2018. Además, al momento de cerrar este texto, el gasto público en salud ha descendido 9.7% durante el periodo enero-agosto de 2019 respecto a igual periodo del año previo; el gasto público en educación cayó 9%; y el de ciencia y tecnología se redujo 16.3%; la inversión pública en infraestructura de comunicaciones y transportes disminuyó 32.5%, etcétera. Esto no es desarrollo. Einstein tenía razón: las cosas no cambiarán si continuamos aplicando la estrategia neoliberal.

3. Hacia una nueva estrategia de desarrollo económico: sus principios e instrumentos fundamentales

Un crecimiento económico de 6% anual o mayor -necesario para enfrentar los retos nodales del desarrollo en México- es factible, puesto que corresponde al potencial que estructuralmente tiene la economía mexicana bajo una certera estrategia de desarrollo. De hecho, un crecimiento económico de esta magnitud fue observado durante el periodo de aplicación de la estrategia de desarrollo económico liderado por el Estado, que estuvo vigente -con variantes de izquierda y de derecha dentro de los límites de la estrategia- desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) hasta 1982. Sus instrumentos fundamentales de política económica fueron los siguientes: en primer lugar, políticas de desarrollo general que incluyeron la formación de recursos humanos mediante un sistema de instituciones públicas de educación y de atención de la salud; la acelerada construcción pública de infraestructura; la formación de un sistema financiero funcional al desarrollo mediante la creación de un sistema de bancos nacionales de desarrollo y la regulación desarrollista del sistema de banca comercial (regulación de las tasas de interés, reservas obligatorias depositadas por los bancos comerciales en el banco central y cajones de asignación selectiva de créditos); el desarrollo de un sector energético nacional mediante grandes empresas públicas de petróleo (PEMEX) y electricidad (CFE); y, desde luego, la creación de un marco legislativo e institucional para regular el sano funcionamiento de los mercados.

En segundo lugar, políticas de fomento económico sectorial para impulsar el desarrollo de sectores y ramas productivas consideradas prioritarias, mediante paquetes de instrumentos promocionales de la industria manufacturera que incluyeron: regulación nacionalista del comercio exterior, otorgamiento de créditos preferenciales a las actividades prioritarias (a través de la banca nacional de desarrollo, o de la banca comercial mediante créditos con tasas de interés preferenciales fijadas por el Banco de México); subsidios y estímulos a industrias nuevas y necesarias; exenciones fiscales a industrias exportadoras y a inversiones elegibles; sistema de compras de gobierno favorable a la industria mexicana; asociación gobierno-empresarios, con capital de riesgo, en proyectos industriales específicos; inversiones directas del Estado en industrias estratégicas (petroquímica, fertilizantes, acero, etcétera); además de las políticas agropecuarias asentadas en una reforma agraria que transfirió a los campesinos alrededor de la mitad de las mejores tierras agrícolas del país y desplegó múltiples instrumentos específicos de fomento sectorial: grandes inversiones públicas en infraestructura de riego, investigación y transferencia de tecnología; sistema de precios de garantía, crédito preferencial y seguro agrícola, etcétera.

En tercer lugar, políticas de regulación de la inversión extranjera directa para subordinarla a los intereses nacionales, orientándola hacia ramas no reservadas exclusivamente al capital nacional o hacia ramas donde sólo podía acceder en asociación con capital nacional, así como para inducir la transferencia de tecnología a las empresas nacionales.

En cuarto lugar, políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) activas y prudentemente manejadas (con excepción de los años setenta y primeros de los ochenta, cuando se perdió la mesura en las políticas cambiaria y fiscal, como veremos enseguida). La ideología económica y social de la Revolución mexicana, plasmada en el contrato social de 1917 y consolidada bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, había asignado al Estado estas funciones desechando la ideología liberal del laissez-faire, laissez-passer (^{Vernon, 1967}; ^{Solís, 1970}; ^{Hansen, 1971}; ^{Wilkie, 1978}; ^{Ortiz Mena, 1998}; ^{Cárdenas, 1996}; ^{Villarreal, 1988}; ^{Reyes Osorio, 1974}; ^{Romero Sotelo, 2019}).

Bajo esta estrategia de desarrollo liderado por el Estado, el PIB de México se incrementó 15.9 veces (1,592.7%) durante el periodo 1935-1982, al crecer a una tasa media del 6.1% anual (véase Cuadro 1). No se trató de un "milagro económico", sino de un desarrollo conscientemente construido. De hecho, la historia económica internacional muestra que todos los países de mayor tradición industrial -como Inglaterra, después Estados Unidos o Alemania y otros- basaron sus estrategias de desarrollo en políticas comerciales, industriales y de innovación; en fuertes inversiones en infraestructura, educación y salud; en sistemas financieros funcionales a la industrialización y el desarrollo; y en políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) activamente impulsoras del crecimiento económico sostenido (^{List, [1841], 1979}; ^{Chang, 2004}; ^{Reinert, 2007}; entre otros). Lo mismo hicieron los países de nueva industrialización, como Corea del Sur y Taiwán; y más recientemente lo están haciendo las economías emergentes de desarrollo espectacular, como China (^{Wade, 1999}; ^{González, 2001}; ^{Stiglitz, 2002}; ^{Vogel, 2011} y ^{Rodrik, 2011}).

Hace poco más de una década, al concluir una acuciosa investigación sobre las economías que después de 1950 lograron crecer a tasas de 7% anual o mayores durante 25 años o más, de modo que poco más que quintuplicaron su PIB cada 25 años, la Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo, patrocinada por la Fundación Hewlett, por varios gobiernos europeos y el Banco Mundial, e integrada por 22 expertos, entre ellos dos premios Nobel de Economía (Michael Spence y Robert Solow) afirmó: "Los gobiernos de las economías de alto crecimiento no fueron puristas del libre mercado. Ellos probaron una amplia gama de políticas para contribuir a diversificar las exportaciones o mantener la competitividad, entre ellas, políticas industriales para promover la inversión en nuevos sectores y medidas de regulación del tipo de cambio, respaldadas por un conjunto de controles de capital y acumulación de reservas" (^{Commission on Growth and Development, 2008, p. 7}). Además, "ningún país ha logrado mantener un crecimiento rápido sin tener al mismo tiempo tasas de inversión pública -en infraestructura, educación y salud- extraordinariamente altas", lo cual "sentó las bases para la creación de nuevas industrias y aumentó las tasas de rentabilidad de las empresas privadas" beneficiadas por "tener empleados sanos y educados, caminos transitables y electricidad confiable" (^{Commission on Growth and Development, 2008, pp. 5-6}).

Por eso, para enfrentar exitosamente el reto de crecer a una tasa mayor de 6% anual, México necesita transitar hacia una versión 2.0 -es decir, corregida y aumentada- de la histórica estrategia de desarrollo económico liderado por el Estado. Lo que básicamente habrá que aumentar son los objetivos e instrumentos faltantes en la estrategia de industrialización; y lo que habrá que corregir son las políticas macroeconómicas que desembocaron en la crisis de la deuda de 1982.

Para empezar, una estrategia de industrialización liderada por el Estado, centrada en la sustitución de importaciones, no fomentaba con suficiente vigor la exportación de manufacturas -como sí hicieron los países primeramente industrializados (Inglaterra, más tarde Estados Unidos, etcétera, y después Japón), así como los países de nueva industrialización del este de Asia (Corea, Taiwán, etcétera) y en la actualidad lo hace en gigantesca escala China- a fin de propiciar un financiamiento endógeno de la industrialización, a través de una balanza comercial equilibrada o superavitaria en manufacturas. Además, el industrialismo mexicano adolecía de una insuficiente promoción de la producción interna de bienes de capital mediante más agresivos programas de fomento del aprendizaje y desarrollo tecnológico propio, así como de los encadenamientos productivos internos (a diferencia de Estados Unidos o Alemania, más tarde Japón y las economías de industrialización reciente (NICS, por sus siglas en inglés), y actualmente China, que tempranamente fomentaron las industrias de bienes de capital, incluyendo industrias de alta tecnología, así como sus clusters o conglomerados industriales), de manera que ambas debilidades estratégicas generaban una brecha de divisas crónica en el comercio exterior manufacturero.

Mientras las políticas macroeconómicas (monetaria, cambiaria y fiscal) se manejaron con mesura asegurando la sostenibilidad del crecimiento económico -cosa que ocurrió desde el gobierno de Cárdenas (1934-1940) hasta la época del desarrollo estabilizador (1958-1970)-, los desequilibrios en la balanza comercial manufacturera se mantuvieron bajo control, compensándose en gran parte con exportaciones agropecuarias. Pero en los años setenta y primeros de los ochenta, el manejo imprudencial de las políticas macroeconómicas agravó la brecha de divisas manufactureras.

Por una parte, la política de peso fuerte de los presidentes Echeverría y López Portillo -es decir, el llamado "populismo cambiario"- condujo a la sobre-valuación casi crónica de la moneda mexicana. Durante el periodo 1971-1975 la paridad peso-dólar estadounidense se mantuvo constante en MXN$12.50, no obstante que la inflación mexicana alcanzó el 12.1% anual contra el 6.8% anual en Estados Unidos durante dicho periodo. En consecuencia, se produjo un crecimiento de las importaciones a un ritmo mayor que las exportaciones, generándose un enorme déficit de cuenta corriente que alcanzó el 4.9% del PIB en 1975 y obligó a la macrodevaluación de 1976, con la cual el déficit corriente se redujo al 1.9% del PIB en 1977. Sin embargo, durante el gobierno de José López Portillo bajo la divisa de "un presidente que devalúa, se deva-lúa", volvió a provocarse una fuerte sobrevaluación (la paridad peso-dólar pasó de MXN$22.58 en 1977 a sólo MXN$24.51 en 1981, no obstante que la inflación acumulada durante ese lapso fue de 198.6% en México contra 59.6% de Estados Unidos), provocándose nuevamente -no obstante los enormes ingresos petroleros- un creciente déficit de cuenta corriente (hasta el 6.5% del PIB en 1981), que incrementó la adicción al ahorro externo y desembocó en la crisis de la deuda de 1982 (véase ^{Calva, 2000}).

Por otra parte, el imprudente manejo de la hacienda pública -observado durante el último tramo (1971-1982) de la estrategia de desarrollo liderado por el Estado- desembocó en una creciente brecha ingreso-gasto público. Aunque la expansión del gasto comprendió un significativo incremento de la inversión en recursos humanos (educación, salud, etcétera), así como un fuerte crecimiento de la inversión física del sector público (en construcción de la plataforma petrolera; ampliación de la capacidad instalada de las industrias eléctrica, petroquímica, siderúrgica y metalmecánica, así como en carreteras, obras de riego, parques industriales, entre otros), dicha expansión no fue sanamente financiada mediante una mayor recaudación tributaria, que se habría logrado aplicando la propuesta de reforma fiscal elaborada en 1961 por un grupo de destacados economistas mexicanos, o la elaborada por el brillante economista inglés Nicholas Kaldor (contratado para este fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el mismo año), que habrían permitido incrementar la recaudación tributaria en los tres niveles de gobierno (incluyendo contribuciones a la seguridad social), del 10.3% del PIB en 1960, al 17.1 del PIB en 1970 según la propuesta de los economistas mexicanos, o al 24.3% del PIB según la propuesta de Kaldor (^{Urquidi, 2011}; ^{Izquierdo, 1995}; ^{Ortiz Mena, 1998} y ^{Unda Gutiérrez, 2018}).

Lo peor es que los enormes déficits fiscales operacionales -que descuentan el componente inflacionario del servicio de la deuda pública- se dispararon hasta el 3.8% del PIB en promedio anual durante el sexenio 1971-1976, al 4.8% del PIB en el sexenio 1977-1982, y fueron financiados principalmente con deuda externa, de modo que este manejo imprudencial de las finanzas públicas se combinó con la sobrevaluación cambiaria, conduciendo al país hacia el colapso financiero de 1982, que terminó sepultando al modelo de desarrollo liderado por el Estado al propiciar el ascenso al poder del grupo tecnocrático neoliberal.

Una vez que estalló la crisis de la deuda, la solución idónea consistía en rectificar prudentemente los errores de manejo macroeconómico y reconstruir la economía nacional recurriendo -vía moratoria- a una legítima renegociación de la deuda externa, que hiciera valer la corresponsabilidad de los bancos acreedores y de los organismos financieros internacionales en la crisis de la deuda;⁹ además de realizar, paralelamente, la postergada reforma fiscal progresiva para incrementar la recaudación tributaria en 10 puntos porcentuales del PIB; y, desde luego, redefiniendo la estrategia de industrialización (de la tradicional sustitución de importaciones hacia objetivos más amplios, que incluyeran un mayor fomento de las exportaciones para lograr una balanza comercial manufacturera equilibrada o superavitaria, así como la promoción más resuelta de las industrias de bienes de capital y sus encadenamientos productivos internos). Se habría mantenido la estrategia de desarrollo liderado por el Estado, pero con manejos macroeconómicos prudentes, similares a los observados desde el cardenismo hasta la época del desarrollo estabilizador.

Pero la tecnocracia neoliberal que arribó al poder del Estado con De la Madrid descartó esa alternativa de solución, porque traía su propio proyecto:

aprovechó las circunstancias de la crisis de la deuda para realizar un viraje de 180⁰, de la estrategia de desarrollo liderado por el Estado hacia una estrategia económica neoliberal, basada en los dogmas del fundamentalismo de mercado de Mises, Hayek y Friedman (^{Romero Sotelo, 2019}). Sus resultados están a la vista.

Por eso, parafraseando al joven poeta Octavio Paz, es necesario re-anudar los hilos de nuestra historia: transitar hacia una versión moderna 2.0 de la estrategia nacional de desarrollo liderado por el Estado. Por razones de espacio no se sintentizarán aquí los instrumentos fundamentales de política económica de esta nueva estrategia: un resumen ejecutivo se encuentra en el Manifiesto ¡Reconstruyamos nuestra nación! (^{Consejo Nacional de Universitarios, 2018}); y su versión extensa se encuentra en la colección de veinte libros México: 2018-2024. Nueva estrategia de desarrollo (^{Calva (coord.) 2018 y 2019}).