Escenario

Al volar de noche sobre el Istmo de Tehuantepec, y asomarse por la ventanilla del avión se ven en tierra una miríada de luces rojas, que suelen intrigar al observador. Quienes conocen la región saben que cada luz roja señaliza un aerogenerador de alguno de los parques eólicos que han sido implantados en el territorio de los pueblos originarios Binnizá e Ikoot, cambiando radicalmente el paisaje de la región y el uso del suelo.

En 1994 no había un solo aerogenerador instalado en el Istmo. Fue en ese año cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) subcontrató a la corporación transnacional española de IBEDROLA que inició la construcción del primer parque experimental con siete aerogeneradores, que se redujeron a seis después de que uno de ellos se incendió debido a los fuertes vientos que caracterizan a La Ventosa. Tiempo después vinieron los contratos por parte de la Secretaría de Energía (Sener) con las corporaciones, y los aerogeneradores fueron poblando el territorio a un ritmo pasmoso, llegando a atiborrar algunas zonas, al grado de deteriorar el paisaje que ha pasado de agropecuario rural a un mal remedo de la invasión de los trípodes (actantes centrales en la novela La guerra de los mundos de ^{Herbert George Wells de 1898}).

Hoy en día existen 22 parques eólicos con capacidad de generación de 2 192 Megawatts (MW). A ellos hay que sumar otro tanto de los parques en construcción y ya contratados,² a los que habría que agregar otros 3 683 MW adicionales, estimados por subastarse en la segunda fase de expansión eólica en el Istmo de Tehuantepec.³

Esta implantación de aerogeneradores se ha expandido recientemente a otras regiones del país como: Baja California, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. El origen formal de todo esto fue la firma del gobierno de México al Protocolo de Kioto en 1992, esfuerzo mundial por reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y, por ende, el calentamiento global. Entre las acciones concretas están la generación de energía eléctrica por medios que reduzcan significativamente el uso de combustibles fósiles, por lo que en este protocolo, sobre los parques eólicos, que son la materia de este trabajo, las autoridades del país se comprometieron a estar generando 12 mil MW para el 2020, quedando un umbral de crecimiento considerable de hasta 50 mil MW, de acuerdo a la tecnología vigente (^{Sener, 2012, p. 80}).

Cabe mencionar que la posibilidad de utilizar el viento para generar energía eléctrica es relativamente reciente (^{Price, 2005}). Si bien los aerogeneradores tienen sus albores a principios del siglo XIX, no es sino hasta la crisis de los precios del petróleo de los años setenta que en Dinamarca -como parte del movimiento contra el uso de la energía nuclear, en 1975-, maestros y alumnos de una escuela secundaria del sistema Tvind en Ulfborg, diseñaron y construyeron un aerogenerador nombrado "Tvind"⁴ de apenas 1 MW, éste se reprodujo por todo Dinamarca para abastecer de energía eléctrica a las co munidades organizadas como cooperativas; la innovación tecnológica de los aerogeneradores de hoy en día parte de este modelo de turbina. ⁵ Cabe aclarar que por la elaboración posterior en este texto, en Dinamarca todos los parques eólicos en tierra firme son cooperativas o de gobiernos locales (^{Schreuer y Weismeier-Sammer, 2010}), prácticamente no hay parques privados de corporaciones transnacionales en tierra, aunque sí los hay en el mar (offshore) (^{Jørgensen y Karnøe, 1995}; ^{Danielsen, 1995}; ^{Olesen et al., 2004}).

Dado el compromiso gubernamental de México, y la existencia de estos modernos aerogeneradores, el gobierno se abocó a hacer estudios eólicos por todo el territorio nacional, como el realizado por TrueWind Solutions con el financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de Estados Unidos de América (^{Elliot et al., 2004}), encontrando en la región de La Ventosa, en el Istmo de Tehuantepec, un viento privilegiado de alrededor de 100 kilómetros por hora (28 metros por segundo), incluso excesivo, en ocasiones, para los aerogeneradores existentes, ya que éstos tienen que detenerse a velocidades del viento superiores a los 25 metros por segundo(^{Leithead, 2007, p. 960}). Tan fuerte es el viento, que llega a voltear camiones que circulan por las carreteras de La Ventosa.

En este punto, esta historia podría haber tomado diferentes rumbos: el gobierno podría haber seguido una política pública concertada y participativa, y haber elaborado conjuntamente con la población, comunidades, autoridades y organizaciones un programa regional sobre generación de energía eólica consensado y, por lo tanto, legitimado con quienes viven en la región. De ser así, los parques eólicos se habrían instalado en espacios y en densidades de bajo impacto, generando fuentes de empleo locales, y beneficiando económicamente a los pobladores y a las comunidades rurales y urbanas de la región; de forma similar a como este tipo de parques se crearon en Dinamarca, como cooperativas de pobladores de las comunidades, financiadas inicialmente por la banca, y con apoyos económicos y técnicos del gobierno (^{Diego, 2015}). De haber seguido un camino similar al de este país nórdico, las comunidades del Istmo hoy en día estarían contentas de haber encontrado una utilidad más al viento, más allá de propulsar sus botes de vela de pesca, mejorando con ello sus ingresos y su calidad de vida. Estos parques eólicos habrían venido a reforzar su territorialidad, su autonomía y su gobernanza, generando programas que disminuyeran las desigualdades económicas, sociales y políticas entre la población y sus comunidades.

Para fatalidad de estas comunidades, el gobierno decidió seguir un camino radicalmente opuesto al mencionado anteriormente, haciendo a un lado a la población originaria por medio de una política gubernamental de arriba hacia abajo, centralizada, y dando todo su apoyo político a corporaciones transna cionales para la implantación de una multiplicidad de parques eólicos que están desposeyendo del territorio a las comunidades indígenas y generando problemas políticos, ecológicos, económicos, sociales y culturales, dando a cambio una retribución a una parte minoritaria de la población por la renta de la tierra que es exigua si se compara con las ganancias obtenidas por estas empresas.

El presente trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre las implicaciones de los sesgos de la voluntad política del gobierno de México en contra de los pueblos originarios y a favor de las corporaciones transnacionales en relación con la implantación de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec.⁶ Lo anterior ha derivado en la instrumentación de una política gubernamental vertical, centralizada y autoritaria, contraria a lo que debiera ser una política pública concertada con las comunidades indígenas que habitan en la región, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por el gobierno mexicano el 5 de septiembre de 1990.

Metodológicamente el enfoque seguido es cualitativo inductivo con gran parte del trabajo de campo de estilo etnográfico que consistió en varias estancias, iniciadas en julio de 2012, durante las cuales se participó en la cotidianeidad de la gente y se llevaron a cabo entrevistas formales e informales con líderes y pobladores; la observación directa de hechos ayudó a comprender la situación derivada de la implantación de los parques eólicos. Desde 2015, la autoría ha participado como miembro del grupo asesor de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), situación que le ha permitido acceder a información derivada de reuniones con autoridades gubernamentales, con las organizaciones en resistencia y con juristas involucrados. Parte de la evidencia fáctica se ha referenciado con artículos periodísticos locales y regionales, con el fin de que los lectores puedan consultarlos vía Internet. Cabe mencionar que toda la información tanto producto de entrevistas como periodística ha sido confirmada por medio de la triangulación con informantes clave.

El artículo inicia con "La trama" de esta estrategia de desposesión territorial mediante la cual el Istmo de Tehuantepec oaxaqueño fue repartido por medio de "contratos de cobertura amplia" a corporaciones transnacionales, sin el conocimiento de estos hechos por parte de la población local. Posteriormente, se presenta la estrategia aplicada por parte de las corporaciones transnacionales para lograr la anuencia de los presidentes municipales, así mismo de la población, para la implantación de los aerogeneradores. El segundo apartado "Los despertares" aborda el impacto ecológico, territorial y productivo de los primeros aerogeneradores, que en conjunto dio origen al movimiento de resistencia de las comunidades originarias contra esta implantación. En el tercer apartado "Desigualdades en los beneficios económicos y los vicios contractuales" se habla de la inequidad en la distribución de los ingresos económicos de los parques eólicos entre los dueños de la tierra y sus comunidades y las corporaciones transnacionales; también se expone lo sesgado de los contratos de arrendamiento a favor de las corporaciones transnacionales. En el siguiente apartado: "De las sospechas a la resistencia" se narra cómo a partir de la circulación de información sobre la estrategia gubernamental y de las corporaciones transnacionales y el sentimiento de agravio⁷ que generó en los pobladores, se fue urdiendo la organización comunitaria y regional en contra de los parques eólicos hasta abarcar prácticamente toda la parte baja del Istmo.

Los apartados "Vaciamiento del apoyo jurídico regional para el movimiento de resistencia" y "Cambio de escenario con la reubicación del juez del Séptimo Distrito", se refieren a la estrategia gubernamental y de las transnacionales para enrolar⁸ a abogados, notarios y jueces locales y regionales a favor de los parques eólicos, evitando su apoyo legal al movimiento de resistencia.

La violencia física y simbólica, así como la criminalización social de los líderes del movimiento de resistencia se trata en el apartado: "Amedrentamiento, represión, agresión física y criminalización social", donde es expuesto el caso de una lideresa del movimiento como ejemplo vívido de las implicaciones de esta estrategia gubernamental para intentar debilitar el movimiento de resistencia. En el apartado "Aceptación de los parques eólicos por parte de la población y de algunas comunidades" se elabora sobre la diversidad de respuestas de los actores locales hacia los parques eólicos, existiendo comunidades y habitantes que los consideran una opción para resolver su precariedad, ante la ausencia de otras alternativas viables. El último aparatado temático "La paradójica historia del parque eólico comunitario de Ixtepec: ni cuando se quiere se puede" expone el intento de una comunidad del Istmo por establecer un parque eólico comunitario; y que pese a todos los intentos gubernamentales por desactivarlo el proyecto sigue en pie y muy bien podría ser la alternativa a la estrategia privatizadora excluyente que se ha seguido. Finalmente, en las reflexiones se habla sobre la relevancia de los hechos relatados en el debate teórico conceptual referido a la política gubernamental y la política pública.

La trama

Primer acto: se ha mencionado una reunión que tuvo el entonces presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con Iñaki Urdangarin -el entonces yerno del entonces rey de España-, al que desde finales de 2011 se le sigue un juicio en España por corrupción. Se plantea que en dicha reunión hubo acuerdos de intención de atraer a las compañías eléctricas españolas para que invirtieran en la implantación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. ⁹

Segundo acto: sin informar a la población de la región, el gobierno siguiendo una política gubernamental vertical, centralizada y excluyente organizó cuatro reuniones en los años 2000, 2001, 2002 y 2004, a las que fueron invitadas algunas corporaciones transnacionales para, cual si fuera tierra virgen y despoblada "territorio indómito" (baldíos se diría en el porfiriato), estas corporaciones se repartieran el Istmo, y así poder dar inicio a las contrataciones de la Sener para la implantación de estos parques. El Mapa 1 uno presenta este reparto del territorio Binnizá e Ikoot.

Fuente: tomado de ^{Rojas, R. (2012)}.

Mapa 1 Distribución inicial de los parques eólicos de las corporaciones transnacionales en el Istmo de Tehuantepec 

Tercer acto: repartido de esta manera el espacio físico, sin el conocimiento de los pobladores originarios y de sus comunidades, el siguiente paso fue cabildear a la población y a las autoridades municipales sobre las bondades de estas inversiones privadas para la población y sus comunidades. Así, estas corporaciones se dieron a la tarea de informar sobre las bondades y los beneficios de estos parques, ocultando los impactos negativos y las inequidades en la distribución de los beneficios. Este convencimiento de razón o de cohecho incluyó el financiamiento de "velas",¹⁰ rifas de autos,¹¹ donaciones de equipamiento médico,¹² deportivo y pesquero,¹³ y hasta entretenimiento infantil con payasos.^14,15Se puede decir que esta estrategia de convencimiento fue en sus inicios muy exitosa, ya que dichas corporaciones lograron su aceptación en varias de las comunidades y autoridades, entre ellas cabe mencionar a: La Venta, Unión Hidalgo, Santa María del Mar, San Dionisio del Mar, y las autoridades municipales de Juchitán de Zaragoza que pertenecen a la COCEI y que tienen mucha presencia y relevancia en la región. De esta manera lograron que las autoridades municipales de varios municipios firmaran el cambio de uso del suelo, logro significativo, ya que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución estas autoridades son las únicas facultadas para autorizar dicho cambio, sin el cual los contratos otorgados por la Sener no hubieran salido del papel. Aunado a lo anterior también lograron contratos de arrendamiento en asambleas comunitarias, con autoridades de bienes comunales, con ejidatarios, con posesionarios, con propietarios privados apócrifos,¹⁶ y con autoridades como las municipales de Juchitán, que carecen de legalidad para la firma de este tipo de contratos.

Los despertares

Todo pareciera ir "viento en popa", hasta que parte de la población local, sus organizaciones, y en algunos casos sus autoridades tradicionales, agrarias y políticas, fueron tomando conciencia de la magnitud y de las consecuencias del cambio regional, al ver surgir altas densidades de aerogeneradores y casetas de vigilancia que limitaban sus actividades productivas y controlaban su libre tránsito. Fue entonces que empezó a circular información por la región de las posibles consecuencias de esta nueva implantación. Se mencionó la contaminación de las lagunas por fugas de aceite y mal manejo del mismo. Unos cuantos generadores tuvieron fallas y se incendiaron derramando y quemando alrededor de 300 litros de aceite cada uno contaminando el aire, el suelo y el agua, poniendo en entre dicho el tema de la seguridad y la limpieza de esta forma de generar electricidad; los pescadores empezaron a encontrar manchas de aceite en la laguna superior atribuidas a derrames de aceite de los aerogeneradores con fatales consecuencias para la vida acuática, así como el impacto de en la reducción de los cardúmenes de peces y de sus volúmenes de pesca. Sobre esta situación, Carlos Beas, líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), escribió en noviembre de 2012:

Nadie duda que la energía eólica es una forma limpia para generar electricidad, pero en el caso del Istmo hay algo sucio pues basta preguntarse dónde se depositan los 300 litros de aceite que lubrican los rotores de los cerca de 700 aerogeneradores [hoy cerca de dos mil] que operan actualmente en esta región. Es cierto y preocupante el señalamiento que hacen los pescadores binniza del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo cuando reportan la repentina aparición de manchas de aceite en la Laguna Superior.

Por su parte, biólogos difundieron entre la población la alta mortandad de aves y murciélagos debido a la acción de las aspas de los aerogeneradores en una región de tránsito migratorio de muchas especies volátiles. Lo cierto es que no hay datos fidedignos al respecto.¹⁷ Este impacto ecológico pareciera ser relevante, ya que las empresas tienen cuidadores de los parques que entre sus funciones están recoger, más no reportar y sí ocultar los cadáveres de estos intrépidos voladores que terminan su vida en las aspas de estos gigantes de metal.¹⁸ El nivel de desforestación, así como las modificaciones a los cauces de los riachuelos y ríos es también de tomar en cuenta, ya que todo árbol maduro de cierta altura rivaliza por el viento con los aerogeneradores y debe ser derribado, igual pasó con la vegetación que se encontraba en lo que ahora es la base de los aerogeneradores, y por donde corren las líneas de transmisión eléctrica.

Hay situaciones extremas, como es el caso del parque de Eólica del Sur que se encuentra detenido por un amparo promovido por varias organizaciones sociales, cuya MIA fue elaborada por un despacho liderado por el actual subsecretario de la SEMARNAT (habiendo por lo tanto conflictos de interés), y que plantea la remoción del 100% de la vegetación local; es decir, el impacto será devastador y la MIA ya fue aprobada (^{Córdova et al., 2015}).

Los pobladores están también preocupados por el impacto que estos aerogeneradores, a esas densidades y con esa cercanía a sus poblados, puedan tener en su salud, debido al ruido y a la energía electrostática producida. Además del malestar generado al verse sitiados por éstos, así como el deterioro en el paisaje, un tema central en la autorización de estos parques en Dinamarca, Holanda y Alemania, por mencionar algunos ejemplos, y que en México se ha desdeñado completamente.

Todos estos problemas muy bien pudieran aminorarse si los parques eólicos se manejan adecuadamente. La contaminación de aceite se puede reducir, si el aceite usado es reciclado en plantas tratadoras y si es biodegradable. La muerte de murciélagos y de aves podría reducirse si se hace un estudio y se eliminan los aerogeneradores que están en las rutas migratorias y de vuelo; esto se hace en California, Estados Unidos. La desforestación y bloqueo de escorrentías pueden reducirse si se prioriza mantener la biota existente. El impacto electromagnético y en el paisaje también podrían aminorarse de regularse la instalación de los parques de acuerdo a estas cuestiones, tal y como se hace en Dinamarca. Todo lo anterior requiere de una política pública con un enfoque más participativo e incluyente de la población local y de un criterio sustentable, que no suele armonizar muy bien con la política gubernamental vertical de arriba hacia abajo y con los intereses de corporaciones transnacionales en países de menor desarrollo económico como México.

Desigualdades en los beneficios económicos y los vicios contractuales

Aunado a los problemas anteriores, los pobladores involucrados se dieron cuenta de la tremenda inequidad en la distribución del ingreso generado por la venta de esta energía eléctrica, ya que a quienes les había ido mejor en la negociación se les había ofrecido un pago por la renta de su tierra equivalente al 1.5% del ingreso bruto de la venta de esta energía, mientras que las corporaciones dueñas de estos parques se quedaban con el 98.5% por este concepto.¹⁹ En claro contraste, Gemma ^{Mackenzie (2012)} reporta que en Reino Unido, la compañía Resolved Renewables ofrece una participación del ingreso bruto de 15% a dueños de la tierra que celebren contratos de arrendamiento a 20 años, para la instalación de aerogeneradores.

Revisando la letra chica de los contratos de arrendamiento de sus tierras, la mayor parte de las cláusulas favorecían al arrendatario, quien pasaba a controlar el acceso al predio y no al usufructuario, dueño o poseedor de la tierra. Sobre estas cuestiones cabe señalar que estas empresas tienen contratos de arrendamiento en España, en Reino Unido y en Estados Unidos, lugares en los cuales plantean cláusulas distintas a las aplicadas en el Istmo de Tehuantepec, en México, entre las que cabe mencionar: la posibilidad de la recisión del contrato por parte del arrendador; el control del acceso al parque por parte del arrendador; el control de la lectura de los medidores de la energía producida por parte del arrendador, el incremento de la renta por inflación, por supuesto, nada de lo anterior se incluye en los contratos del Istmo.

Aún más, los contratos de arrendamiento en el Istmo habían sido firmados considerando únicamente la información dada por las empresas, sin asesoría legal, y haciendo uso del español, siendo que mucha de la población tiene por lengua materna el Binnizá y el Ikoot, y tiene dificultades para comprenderlo.

A la par de esta inequidad, en la distribución de los beneficios económicos, la CFE tuvo a bien subir el cobro por consumo de los recibos luz de un sin número de hogares en el Istmo, generando con ello un movimiento de resistencia a las altas tarifas de consumo. Resistencia que se vino a entreverar con la generada por la forma, magnitud y posibles consecuencias de la implantación de los parques eólicos. Como corolario, la gente decía: "están generando la luz en nuestras tierras, y nos la van subiendo de precio, ni ese beneficio tenemos de las eólicas" (^{López, 2017}).

De las sospechas a la resistencia

Las sospechas y dudas sobre el avatar de los parques eólicos se empezaron a dar desde un principio en la comunidad de La Venta. Quienes firmaron los contratos de arrendamiento no recibieron por parte de los promotores de la empresa "Maderas y Granos" una copia de los mismos, y cuando la solicitaron se les negó. Así las cosas, cuando la memoria falla, no se acordaban bien a bien el sentido y la trascendencia de las cláusulas que habían firmado. Esta situación vino a generar un serio malestar entre quienes habían firmado -que se organizaron como Grupo Solidario La Venta-, y fue tocando puertas como lograron con el apoyo de varios asambleístas solicitar una copia de los contratos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Al revisar los documentos obtenidos por este medio se dieron cuenta de las implicaciones de cada una de las cláusulas de los contratos sesgadas a favor de la empresa. Esta toma de conciencia llevó a los ejidatarios que todavía no habían firmado los contratos de arrendamiento a no hacerlo, ante lo que la empresa tuvo que modificar el plano del parque eólico La Venta II (^{Flores, 2015, p. 83}).

La situación en La Venta trascendió a otras comunidades como Unión Hidalgo y Juchitán de Zaragoza, que estaban en proceso de arrendar sus tierras para la implantación de otros parques eólicos. Las inconformidades de los pobladores originarios sobre la información sesgada que habían recibido a favor de los parques por parte de sus promotores, la falta de entendimiento del español, y más aún del español escrito en un lenguaje "legaloide" de los contratos, y las estrategias de las empresas en las comunidades para generar una buena impresión financiando "velas", rifas, equipamiento urbano y médico, y cuestiones similares, fueron generando un sentir adverso entre muchos de los pobladores, pues se sentían embaucados.

Esta situación les motivó a organizarse regionalmente en lo que llamarían Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra (FPIDT), que se encargó de informar a los pobladores de las comunidades donde la Sener había dado "concesiones",²⁰ sin que ellos lo supieran, o donde ya estaban en el proceso de arrendar sus tierras, como fue en los casos de: La Ventosa, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Tierra Blanca e incluso La Venta.

La organización de la resistencia contra la implantación de los parques eólicos de las corporaciones transnacionales fue tejiendo redes desde lo local hasta lo regional; para el 2009 diversas organizaciones locales conformaron una organización regional, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), integrada inicialmente por la asamblea general del pueblo Binnizá de Álvaro Obregón, la asamblea de comuneros y el movimiento de resistencia de Santa María Xadani, la asamblea de comuneros y el comité de resistencia de Unión Hidalgo, la asamblea del pueblo Ikoots de San Dionisio del Mar y la asamblea de comuneros de San Mateo del Mar.

De forma coordinada con la APIIDTT, en el municipio de Juchitan de Zaragoza en 2007 se crea la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) para tratar de salvar parte de su territorio y de sus lugares sagrados invadidos por varios parques eólicos. Esta organización trabajará de forma coordinada con la APIIDTT y otras organizaciones locales.

La política gubernamental de abrir todo el territorio del Istmo a la inversión privada se ha agudizado al elegirlo como una de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE),²¹ así como la apertura por la CFE de la Segunda Fase de Expansión Eólica del Istmo, antes mencionada, que abre la licitación para más parques eólicos por 3 683 MW adicionales, que implica triplicar la capacidad de generación de electricidad a los ya existentes, a lo que habría que agregar el conocimiento de la concesión de varias minas a cielo abierto en la región de Ixtepec, Zanatepec, San Miguel Chimalapas y Tapanatepec; la ampliación de las vías férreas que unen Coatzacoalcos con Salina Cruz para crear un corredor interoceánico de transporte de carga por medio de contenedores, y la instalación de oleoductos y gasoductos como el de 200 kilómetros entre Salina Cruz y Jáltipan (Veracruz), y la lista sigue creciendo. Para hacer frente a esta escalada de intentos de implantación de proyectos eólicos, mineros y de otro tipo.

En septiembre de 2016, organizaciones sociales y comunidades Binnizá (zapotecos), Ikoots (mareños), Ajuuk (mixes), Slijuala Xanuc (chontales) y Tzoque (zoques), se integran en una red social que ellos mismos denominaron Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO).²²

Vaciamiento del apoyo jurídico regional para el movimiento de resistencia

La resistencia jurídica de las comunidades y organizaciones regionales del Istmo que se oponen a la forma en que los parques eólicos se han ido apropiando de su territorio, se ha enfrentado a la cooptación de abogados y notarios de la región por parte de las empresas eólicas que se han convertido en uno de sus principales empleadores, en relación con la elaboración de contratos de arrendamiento y con respecto a todas las cuestiones jurídicas relacionadas a la implantación de los parques eólicos.

Por ejemplo, el caso del abogado que inicialmente llevó el caso del amparo contra Mareña Renovables, y que al final no compareció en una audiencia, perdiéndose este recurso que tuvo que reiniciarse con otro abogado (a partir de entonces éste empezó a hacer trabajos para la empresa citada). Otro caso es el de la Notaria No. 7, encargada de elaborar los contratos de arrendamiento de varios de los parques eólicos.²³

De esta forma, el movimiento de resistencia ha ido perdiendo el apoyo jurídico en la región requerido para "ir a contradecir" ²⁴ a las corporaciones eólicas, así como a las autoridades gubernamentales que las apoyan, ya que no tienen manera de que un notario público de la región de fe de hechos, y ha tenido que recurrir al apoyo jurídico de organizaciones de la sociedad civil de cobertura nacional como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), así como de algunos abogados litigantes de fuera de la región que están del lado de estas luchas reivindicativas de los derechos humanos y ciudadanos. Es gracias a esta red de apoyo jurídico que se ha podido interponer amparos en contra del proceso de desterritorialización, así como defender en los juzgados a los pobladores locales que luchan en contra de éste y que han sido criminalizados por el Estado acusados de robo de energía eléctrica y de secuestro de la vía pública, entre otras cosas.

Cambio de escenario con la reubicación del juez del séptimo Distrito

El amparo de la comunidad de San Dionisio del Mar, antes mencionado, en contra de la empresa Mareña Renovables que pretendía implantar en la barra de Santa Teresa un parque eólico de 496 MW, fue finalmente interpuesto ante el juez del Séptimo Distrito de Salina Cruz quien, a pesar de las presiones de esta empresa y de los gobiernos estatal y federal, tuvo a bien considerar válidos los argumentos esgrimidos por los demandantes, 1 165 integrantes del pueblo Binnizá, y otorgar el amparo el 11 de diciembre de 2015, ordenando la suspensión definitiva del parque eólico (^{Díaz, 2015}).

Este mismo proyecto, con el mismo número de aerogeneradores y de capacidad de generación, y el mismo número de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue trasladado después al municipio de Juchitán de Zaragoza, rebautizado como Eólica del Sur. La empresa, los gobiernos local, estatal y federal consideraron que con este cambio sería más viable la implantación de este parque, no obstante, tuvieron que enfrentar la resistencia de una parte importante de la población y de tres organizaciones regionales fuertes: la APIIDTT, la APPJ y la UCIZONI. Después de una desafortunada experiencia con el proceso de consulta encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sener, y por las autoridades municipales, donde se esperaba que este proceso se ciñera a los principios establecidos por la OIT de acuerdo al Convenio 169, y donde en una asamblea a modo se aprobó la implantación de este parque eólico (^{CEMDA, 2016}),²⁵ estas organizaciones optaron por solicitar otro amparo ahora en contra de este nuevo intento. El amparo fue finalmente concedido por el mismo juez, el 11 de diciembre de 2015, poniendo en un paréntesis la implantación de Eólica del Sur.

El éxito logrado en las instancias judiciales regionales pareciera haber encontrado una estrategia para hacer frente a este proceso de desposesión (^{APIIDTT, 2013}). Sin embargo, no tardó el gobierno en modificar el tablero judicial a favor de los parques eólicos, al transferir al juez Isaías Corona Coronado desde el Istmo de Tehuantepec hasta el estado de Tamaulipas en febrero de 2016. De esta manera, el funcionario fue sustituido por el juez Carlos Alberto Osogobio Barón, un jurista sin experiencia en casos de controversia presentados por pueblos originarios y, por los hechos, con la voluntad de apoyar a las empresas transnacionales, ya que sin recabar las pruebas que se suelen presentar de oficio, consideró improcedentes los actos reclamados por 1 165 integrantes de los pueblos Ikoot y Binnizá, mismos que sí había considerado procedentes para aceptar el amparo el juez anterior (^{APIIDTT, 2016}).²⁶

Tras los hechos, el Consejo de la Judicatura tuvo a bien transferir al juez Osogobio a otra región -en un año el Juzgado Séptimo ha tenido tres distintos jueces-. En esencia y en los hechos, el sistema jurídico mexicano no goza de autonomía. Los jueces son transferidos, reubicados, asignados de acuerdo a criterios o intereses ajenos a los de los habitantes de la región. Esta práctica ha sido cuestionada por la Fundación para el Debido Proceso radicada en Washington D.C., mas en México esta práctica -mal vista internacionalmente-, es la norma legal con dudosa legitimidad jurídica, pero siendo funcional al Poder Ejecutivo, ya que de esta manera puede apartar de una región a un juez que no favorezca a sus intereses como lo fue el caso del juez Isaías Corona Coronado.

Amedrentamiento, represión, agresión física, amenazas y criminalización social

Ante la organizada resistencia que han emprendido las comunidades Binizaá e Ikoot, y de sus organizaciones regionales -en contra de la pérdida de su territorio por medio de la implantación de los parques eólicos-, los distintos niveles de gobierno han recurrido a criminalizar socialmente a quienes han intentado dirigir este movimiento social regional. Es relevante ilustrar esta criminalización social siguiendo uno de los casos más publicitados.

Una de las personas que más visibilidad ha tenido en esta lucha ha sido Lucila Bettina Cruz Velázquez de la APIIDTT, quien no obstante de gozar de "medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca desde el 14 de noviembre de 2011, por haber sido agredida por la policía estatal", el 22 de febrero de 2012 mientras participaba en Santa María Xadani en una protesta por la detención de Filiberto Vicente Aquino "Fili", acusado de "robo de energía eléctrica", fue detenida por presun tos miembros de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes sin identificarse y sin orden de aprehensión, ante solicitud expresa de la abogada que se encontraba presente, desconociéndose el motivo de la aprehensión, así como su paradero; todo ello fuera de la legalidad y de los derechos ciudadanos garantizados por la ley y por la Constitución mexicana.

La detención fue relacionada con su participación en la resistencia de pobladores de Unión Hidalgo, algunos de los cuales ya habían firmado contratos de arrendamiento de sus tierras con DEMEX y exigían su revocación. Bettina fue detenida días antes de la segunda reunión agendada con DEMEX. La causal oficial de su detención fue por su "su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad".

El juez ordenó la libertad bajo fianza de Bettina Cruz (salió libre dos días después de su detención). Mas estar libre bajo fianza conlleva a un vía crucis del criminalizado, ya que tiene que acudir periódicamente a hacer acto de presencia y firmar los documentos que así lo acrediten en la capital del estado que se encuentra a seis horas de Juchitán de Zaragoza, lugar en el que ella reside.

La situación de Bettina se complicó a partir del mes de octubre de 2012, cuando empezó a recibir amenazas de muerte, mismas que llegaron a obligarla junto con su familia a salir del estado de Oaxaca por un tiempo, situación que dificultó el "rito" de hacer acto de presencia ante el juzgado (^{Díaz, 2012}). Conviene citar parte de un comunicado de la APIIDTT que da una idea del clima de violencia existente en la región relacionado con la resistencia por parte de las comunidades y sus organizaciones ante la implantación de los parques eólicos:

Hacemos un llamado urgente, pues estas amenazas de muerte en contra de la defensora Bettinna Cruz, se dan en el marco de un aumento de agresiones en la región en contra de personas que defienden los derechos humanos, como el intento de asesinato al defensor Isaúl Celaya, la brutal agresión en contra Moisés Juárez Muriel que fue emboscado por dos hombres y golpeado con piedras hasta quedar desfigurado.

El último de ellos registrado el pasado 10 de octubre cuando la Caravana de So lidaridad con la Resistencia del Pueblo Ikojts que se dirigía a entregar alimentos a los comuneros de San Dionisio del Mar que se mantienen en resistencia en contra de la imposición del megaproyecto eólico, y que estaba integrada por 13 vehículos que transportaron a unos 150 representantes indígenas integrantes de organizaciones sociales y observadores internacionales, y quienes fueron agredidos por al menos unos 80 individuos que portando piedras, palos, garrafas de gasolina, machetes e incluso armas de fuego, impidieron de manera violenta el paso de la caravana.

En diciembre de 2014, casi tres años después, Bettina Cruz fue finalmente absuelta de las acusaciones. Este periplo implicó para ella hacer múltiples viajes a la ciudad de Oaxaca para cumplir con la exigencia legal de hacer acto de presencia ante el Poder Judicial.

El relato de lo sucedido a la activista es sólo un ejemplo de la criminalización, amedrentamiento, amenazas de muerte y violencia física ejercida en contra de 50 ciudadanos que han cometido el "delito" de estar en contra de la forma y las implicaciones que está teniendo la implantación de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec (^{Flores, 2016}).

Aceptación de los parques eólicos por parte de la población y de algunas comunidades

Dada la argumentación de este trabajo (crítica de la implantación de los parques eólicos por corporaciones transnacionales), es pertinente mencionar que no toda la población ni todas las comunidades están en contra de ellos. Hay comunidades como: Santo Domingo Zanatepec, Santa María del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Francisco del Mar y San Francisco Viejo que ven en ellos una posibilidad de mejorar su ingreso económico y salir de la pobreza, a pesar de los impactos negativos que puedan tener. Al hablar con los pobladores de las dos últimas comunidades, preferirían poder instalar su propio parque eólico, sin embargo, bajo las circunstancias actuales, no consideran que sea posible. Reflexiones similares suelen dar pobladores de edad avanzada cuyos hijos han migrado y no tienen ya quienes trabajen su tierra, y que ven en los aerogeneradores la posibilidad de obtener una renta por sus parcelas que les permita obtener un "ingreso seguro" hasta su muerte. Cabe enfatizar aquí que la resistencia no es contra la energía eólica en sí, sino hacia la forma y la estrategia con que ésta ha estado siendo implantada en la región que en los hechos está despojando del territorio a los pobladores y a las comunidades originarias.

La paradójica historia del parque eólico comunitario de Ixtepec: ni cuando se quiere se puede

A pesar del escenario adverso, considerado por San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, sí hay comunidades que quieren instalar su propio parque, como es el caso de Ixtepec, una comunidad Binizaá del Istmo de Tehuan-tepec que se interesó desde 2008 en instalar un parque eólico comunitario en sus tierras al ver que éstos se iban construyendo en La Venta, Unión Hidalgo, Juchitán. Desde un principio mostraron interés en un parque eólico propio, comunitario, como los que existen en Dinamarca referidos en este texto. En 2009, las autoridades agrarias de Ixtepec iniciaron pláticas para asociarse con la empresa inglesa Yansa, dedicada a este tipo de coinversiones.²⁷ Para ello siguieron el laberinto burocrático de "serpientes y escaleras" para cumplir con los trámites que les permitieran participar en la licitación abierta por la CFE para distribuir el volumen de MW entre los parques eólicos. El vía crucis de las autoridades de Ixtepec es hasta cierto punto paradójico, pues al asistir al evento de licitación fueron conducidas a una sala, donde permanecieron encerradas, mientras la licitación se llevaba a cabo en otra.²⁸ Este hecho evidencia que la voluntad política gubernamental está a favor de otorgar los parques eólicos a empresas privadas y no a las comunidades, como es el caso de Ixtepec.

En junio de 2011, la comunidad de Ixtepec -por medio de su comisariado de bienes comunales-, asesorados por la Fundación Yansa, interpuso dos amparos contra la CFE, uno por impedirles participar en la licitación del parque eólico, y el otro por las irregularidades en la negociación y construcción de la subestación eléctrica en terrenos de Ixtepec. Ambos amparos después de cinco años no han sido resueltos.

Es relevante mencionar que la propuesta del parque comunitario de Ixtepec, si bien implica un ingreso de la venta de la energía eléctrica a los comuneros, también considera la distribución de los beneficios al resto de la población por medio de obra social, servicios educativos y de salud, entre otras cosas.²⁹

Recientemente, en mayo de 2015, volvió a parecer la CFE en una asamblea de la comunidad para conocer la posibilidad de que la comunidad permitiera la implantación de un parque eólico privado, a lo que los asistentes manifestaron que eso es lo que ellos quieren, un parque eólico pero comunitario, no privado. El siguiente extracto del acta de la asamblea general de comuneros de Ixtepec (23 de septiembre de 2012), aprobada por unanimidad, clarifica su posición:

La asamblea de comuneros de Ixtepec le deja claro a la CFE que no permitiremos que se conecte ningún parque eólico más a la subestación Ixtepec Potencia, ni aceptaremos ninguna actividad ni propuesta más de CFE en nuestras tierras, hasta que Ciudad Ixtepec y las comunidades del Istmo podamos ejercer de forma efectiva nuestro derecho inalienable de uso y disfrute de nuestros territorios, recuperemos el control sobre nuestras tierras y vientos, y se nos otorguen las condiciones y los contratos necesarios para construir parques eólicos comunitarios como el planificado en Ciudad Ixtepec (extracción de la Declaración sobre el megaproyecto eólico transnacional, el proyecto eólico comunitario y CFE, aprobada por unanimidad por la asamblea general de comuneros de Ixtepec, 23 de septiembre de 2012).³⁰

Esta lucha de la comunidad de Ixtepec por lograr la aprobación de un parque eólico comunitario y su negativa de acceder a la instalación de un parque eólico privado por parte de alguna corporación transnacional, no sólo no ha sido considerada por la CFE, sino que esta institución gubernamental ha actuado como si la solicitud no existiera, al incluir en la Segunda Fase de Expansión Eólica del Istmo, anunciada en septiembre de 2015, como uno de los polígonos por licitar a las corporaciones transnacionales, precisamente el que están solicitando los miembros de la comunidad de Ixtepec para la instalación de su parque eólico comunitario, dejando en claro la posición de la CFE y del gobierno en relación con su pretensión de instalar un parque eólico comunitario, y de cierta manera tensando más la situación en la comunidad.

Reflexiones finales

Si hubiera que resumir los hechos presentados a lo largo de este trabajo, en pocas palabras se pudiera escribir que desde el inicio de este periplo eólico hasta la actualidad (junio de 2017), los actores políticos de los distintos niveles de gobierno han manifestado su voluntad y compromiso político a favor de la implantación de parques eólicos de corporaciones transnacionales, haciendo a un lado a los pueblos originarios usufructuarios del territorio, al establecer estrategias, diseñar programas y políticas, y promulgar leyes que los inducen, presionan, obligan, a ceder esta territorialidad, fundamentalmente por medio del arrendamiento de tierras, para la implantación de estos parques eólicos, obteniendo magros beneficios económicos, y teniendo que padecer deterioros dentro de los aspectos ecológicos, productivos, económicos, políticos, sociales, culturales y religiosos.

Quienes representan a las instituciones gubernamentales desde un inicio, al repartir el Istmo entre las corporaciones transnacionales en las reuniones en Huatulco, lo hicieron considerando al Istmo como un territorio indómito, y a la población originaria que lo habita como dispensable, no rentable, y hasta un estorbo para la modernización. Los líderes y las organizaciones que se han opuesto a este "destino manifiesto", que les ha caído encima desde el gobierno federal, han sido objeto de criminalización social, delitos fabricados, detención y cárcel, amedrentamientos, amenazas de muerte e incluso la muerte misma.

Los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec no son un caso aislado. La política gubernamental vertical y centralizada, a favor de los actores capitalistas privados y contraria a los ciudadanos nacionales, ha sido la tónica, agudizada por la entrada del modelo neoliberal a finales de 1982. Siguiendo esta estrategia privatizadora, donde las corporaciones transnacionales han tenido una participación preponderante, el gobierno ha concesionado o facilitado el usufructo de tierras a estas corporaciones para la minería a cielo abierto, el establecimiento de presas hidroeléctricas, la extracción de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica, el extendido de oleoductos y gasoductos, la implantación de desarrollos turísticos y de vivienda, la construcción de aeropuertos y carreteras, el establecimiento de plantaciones forestales, la producción agropecuaria, y la lista continúa.

En todos los casos el proceso de desposesión ha sido similar: reuniones cupulares entre el gobierno y las corporaciones transnacionales invitadas a participar en alguna de las actividades mencionadas; el establecimiento de una estrategia de enrolamiento de los diferentes actores políticos relevantes para el caso; la instrumentación de una estrategia para ensamblar a actores locales y regionales relevantes a esta estrategia, para de ahí pasar a presentar las bondades de ésta ante la población que inevitablemente será involucrada; desplegando ante ella un abanico de "dones" (construcción de infraestructura urbana, equipamiento médico, financiamiento de fiestas, distribución de despensas alimenticias, etcétera), esperando con ello la anuencia de la población hacia la implantación propuesta.

De haber resistencia ante ella, la estrategia de inicio puede tratar de comprar a sus líderes, y de no lograrlo podrá recurrir al amedrentamiento, a la violencia física y/o simbólica,³¹ a la criminalización social; lo importante es que la implantación del proyecto en cuestión logre llevarse a cabo. Este periplo de la intervención no es exclusivo de México, y puede verse por toda América Latina y casi todo el mundo.

Los costos sociales, ecológicos, territoriales y políticos, entre otros, debidos a la implantación de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec (como un estudio de caso de los que pudiera haber muchos otros), producidos por una política gubernamental vertical, centralizada, autoritaria y excluyente de la población involucrada y a favor de los intereses de las corporaciones transnacionales, invitan a reconsiderar el tránsito hacia una política pública descentralizada e incluyente, más aún, devolutiva,³² que evite los agravios a los pobladores locales y fomente propuestas como la del parque eólico de Ixtepec, que devuelva o genere atribuciones a la sociedad civil, a sus organizaciones e instituciones de gobierno, con el propósito de producir Nación desde lo local,³³ desde lo diverso, desde las orillas de ese variopinto social que es México. Para ello, al parecer, todavía habrá que esperar.