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Clasificación JEL: E32, E61, E65, N16.
Introducción
El presente artículo tiene como objetivo principal analizar las dinámicas político-económicas que afectaron a la Argentina pos-convertibilidad, particularmente durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (entre 2008 y 2011). Para tal efecto, se abordan dos ejes: el modelo de acumulación y la construcción de hegemonía a éste vinculado, haciendo énfasis en las principales conclusiones que pueden extraerse del enlace de ambas dimensiones.
Tras abordar la perspectiva teórica y delimitar algunos aspectos claves de la configuración del modelo pos-convertibilidad y el surgimiento del kirchnerismo como sujeto político, el texto se abocará al análisis del periodo arriba referido. Se inicia con el conjunto de núcleos estructurales del modelo para luego indagar tres coyunturas donde se visibiliza la relevancia de la dinámica política de la política económica, la cual implica resaltar la trama política e ideológica de toda construcción hegemónica, ligada a la disputa de proyectos de sociedad y al cambio en las relaciones de fuerzas, que se expresa en la elaboración e implementación de las políticas económicas, incidiendo sobre el modelo de acumulación. Dichas coyunturas son: las retenciones y el conflicto agrario, la formulación del plan-anticrisis ligado al proyecto de gobierno y el proceso de radicalización de las políticas públicas orientadas a recomponer la hegemonía. Así, las conclusiones expresan un punteo que invita al debate, articulando las distintas dimensiones políticas, ideológicas y económicas para pensar la actualidad argentina.
Delineando el enfoque teórico
Entendemos que un modelo de acumulación constituye un recorte espacio-temporal del proceso de reproducción ampliada del capital en el que se observan un conjunto de relaciones sociales regulares, que interactúan de modo relativamente coherente entre sí durante un periodo determinado, ligadas a tres núcleos constitutivos: 1) las políticas económicas, 2) las variables económicas, y 3) las fracciones de clases, observando las relaciones de fuerzas; 2 a su vez, un modelo se diferencia de otro por el distinto orden de prelación de las relaciones y variables que aparecen como relevantes y características.
Hasta aquí se sostiene que un análisis más acabado del proceso de acumulación requiere del abordaje de elementos propios del plano de la política y la ideología. En este sentido, se analiza la construcción de hegemonía, entendiéndola como la dirección política, ideológica y cultural de un grupo social sobre otros (Gramsci, 2003). La hegemonía conforma una relación social que atraviesa distintas dimensiones: parte de un sustrato material ligado a la posición de las clases en la estructura y se realiza en las superestructuras, a través de una concepción del mundo que encarna la visión general y expresa los intereses del grupo dirigente, construyendo consensos y concesiones, al tiempo que se plasma de formas diversas en el sentido común, en las prácticas cotidianas y, en su momento más desarrollado, en una forma particular de Estado.
Es este sentido que el análisis se centrara en el kirchnerismo como fuerza política dirigente, caracterizando el proyecto de gobierno que comenzó a conducir el Estado. Entendemos que el Estado, como señala Poulantzas (1981), sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la clase o fracción hegemónica, reviste una autonomía relativa, en tanto asegura el interés político general del conjunto del bloque en el poder, organizando el “equilibrio inestable de compromisos” (Gramsci, 2003) entre las distintas fracciones de clases.
Las políticas económicas constituyen una acción estatal que incide en la configuración y el mantenimiento de un modelo de acumulación, en tanto el Estado cumple un rol importante en la orientación económica global, estableciendo “reglas de juego”, y en la gestión de parte del excedente, disponiéndolo, asimismo, a construir hegemonía, distribuyendo recursos en pos de armonizar a las fracciones de clase en vinculación con los cambios en sus relaciones de fuerzas. Estos cambios son abordados siguiendo la propuesta de Gramsci (2003), indagando las relaciones de fuerzas sociales, estrechamente ligadas a la estructura, objetivas, analizando a los grupos sociales en relación a el desarrollo de las fuerzas productivas, viendo la función y posición que ocupan en la producción misma. Esto implica un análisis del poder económico de los grupos sociales que luego se complementará con el abordaje de los principales aspectos de las relaciones de fuerzas políticas, a través de las disputas hegemónicas.
En este punto, la categoría de populismo reviste particular interés para comprender las lógicas de construcción del kirchnerismo como sujeto político. Así, por un lado, se retoman los aportes de Laclau (2005), entendiendo al populismo como una lógica político-hegemónica vinculada a la articulación de demandas, que implica la delimitación de un adversario en un proceso de conformación identitaria y emergencia de sujetos al calor del antagonismo. Por otro lado, se recupera una segunda vertiente de análisis del populismo de anclaje socio-económico, a partir de la idea de pacto populista (Rajland, 2008) que remite a la estrategia, gestada en países del capitalismo periférico, basada en conformar un pacto que tiene al Estado como gestor fundamental procurando construir consensos y armonizar los equilibrios inestables entre distintas fracciones dominantes y subalternas.
De este modo, se entiende que en el despliegue de la acumulación capitalista gravitan elementos de orden ideológico-cultural que inciden en la conformación de las políticas y en la dinámica conflictiva a partir de la cual se abren paso.
La configuración de la Argentina pos-convertibilidad
El surgimiento del kirchnerismo como sujeto político tiene como antecedentes, por un lado, la recuperación de varias de las demandas populares plasmadas en la crisis del neoliberalismo de 2001, proponiéndose a sí mismo como momento de sutura y superación y, por otro lado, las políticas fundacionales comenzadas en 2002 por Eduardo Duhalde que dieron origen a un nuevo modelo de acumulación.
Néstor Kirchner llegó a la presidencia de Argentina, en 2003, con un escaso caudal de votos, y dio comienzo a una ambiciosa estrategia de construcción hegemónica modificando sustancialmente las relaciones de fuerzas políticas, basada a su vez en una matriz ideológica de concepción nacional-popular, con un proyecto de gobierno orientado al “crecimiento con inclusión social”.
En materia de política económica, se gestó un modelo que distintos autores denominan como neo-desarrollista (Schorr, 2012; Varesi, 2013; Katz, 2015, entre otros), y cuyos rasgos entre 2003 y 2007 pueden sintetizarse en cinco núcleos.3
En primer lugar, la política de tipo de cambio internacionalmente competitivo alentó la dinamización de las exportaciones, en un contexto de precios favorables a nivel internacional: la relación exportaciones/Producto Interno Bruto (PIB) evidenció su relevancia como vía de realización del capital, pasando del 12% en 2001 al 25% en 2007. Además, el gravamen de las exportaciones mediante retenciones aportó a la recomposición de las cuentas públicas. La recuperación económica conllevó un aumento de la producción industrial, que entre 2003-2007 creció anualmente en promedio por encima del PIB en su conjunto (10.3% vs. 8.8%, respectivamente). Estuvo apoyada por la dinámica exportadora y un fenómeno incipiente de sustitución de importaciones producto de la protección generada por la modificación del tipo de cambio, que permitió también el desarrollo de las PyMEs, claves en el descenso de la desocupación.
Asimismo, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real y junto con el congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los altos precios de los commodities y el nuevo tipo de cambio, dotó de centralidad en la estructura de clases a los agentes productivo-exportadores, que con elevados márgenes de ganancia fueron escalando lugares en la cúpula empresarial (Varesi, 2013).
En segundo lugar, se establecieron importantes políticas de ingresos basadas en aumentos anuales del salario mínimo en términos reales, el impulso a los convenios colectivos de trabajo, el aumento y la extensión de las jubilaciones mínimas y los acuerdos de precios para limitar la inflación. Estas políticas mostraron un efecto positivo, reduciendo la pobreza y la indigencia entre 2002 y 2007, del 57.5 al 21% y del 27.5 al 7.5%, respectivamente, en un contexto de fuerte descenso de la desocupación del 23.5 al 7.2% y de la desigualdad, ya que el coeficiente de Gini pasó del 0.537 en 2003 al 0.485 en 2006. Aun así no se logró modificar estructuralmente la distribución funcional del ingreso y permaneció un alto índice de informalidad laboral.
En tercer lugar, el gobierno de Kirchner mostró una audaz estrategia frente a las empresas de servicios privatizadas, cortando la ola privatizadora a través de la reestatización de algunas de ellas y negociando un nuevo cuadro de tarifas por debajo del aumento de los bienes, a modo de reducir los costos para la industria, y generando subsidios al consumo de las familias sobre los principales servicios como: luz, gas, agua y transporte.
En cuarto lugar, se inició una estrategia de desendeudamiento, sacando a Argentina del default con una importante quita y una reestructuración que disminuía la porción en divisas de la deuda pública, al tiempo que bajaba la deuda externa e incrementaba la deuda interna e intra-estatal, mejorando los indicadores de deuda sobre PIB, exportaciones y reservas. Además, motivó una baja en las tasas de interés locales que resultaron negativas en términos reales, alentando la recuperación productiva y cortando el proceso de valorización financiera característico del régimen neoliberal.
En quinto lugar, se gestó la ruptura del tratado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que objetaba la nueva política económica, ampliando la autonomía relativa estatal en el marco de un cambio en las relaciones de fuerzas internacionales, donde Argentina se alejó de la estrategia norteamericana, rechazando la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (alca) en 2005, y se convirtió en un férreo defensor del nuevo proceso de integración latinoamericano, junto a Venezuela y Brasil.
Así, el gobierno de Kirchner dio forma al nuevo modelo de acumulación, con una mayor intervención y autonomía relativa estatal, fundado en una lógica productivo-exportadora, que a nivel de las relaciones de fuerzas sociales no logró revertir los altos índices de concentración y extranjerización económica, pero habilitó una importante recomposición de las PyMEs y, junto a la mejora sustancial en las condiciones de vida de las clases subalternas, avanzó en una estrategia de pacto social como rasgo clave de su proyecto de gobierno. Se delineaba, así, un nuevo cuadro de relaciones de fuerzas donde el capital bancario-financiero, que constituían el núcleo central del modelo anterior, comenzaban a quedar subordinadas al interior del bloque de poder.
Aspectos estructurales del modelo de acumulación entre 2008 y 2011
Encontramos cuatro núcleos de carácter estructural fundamentales para comprender los alcances y límites del modelo entre 2008 y 2011.
Disímil desempeño industrial
En primer lugar, debemos señalar que asistimos a cierta merma en la evolución de la producción de bienes y una mejora en el ritmo de crecimiento del sector productor de servicios. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2012a) la tasa de crecimiento del valor agregado de los sectores productores de bienes pasó de la tasa anual acumulativa de 9.2% entre 2003 y 2007 al 8% entre 2007 y 2010, mientras que la del sector productor de servicios pasó del 3.2 al 6.3%, respectivamente, casi duplicando su crecimiento.
Esto nos lleva a destacar un segundo aspecto, referido a la disímil evolución de la industria, en tanto el periodo 2008-2011 muestra una tendencia a la ralentización, contrastante con el fuerte dinamismo evidenciado entre 2003-2007. Con el fin de caracterizar ese primer periodo, Schorr (2012: 20) señala que:
Hasta 2007 se registró un crecimiento generalizado, que fue particularmente importante en manufacturas que habían sido muy castigadas por la reestructuración regresiva sectorial del periodo 1976-2001 y que suelen caracterizarse por una presencia significativa de PyMes y elevados requerimientos de empleo: maquinaria y equipo, diversas metalmecánicas, textil e indumentaria, calzado y marroquinería, etcétera. De todos modos (…) en esta etapa no hubo cambios estructurales en el perfil industrial heredado de los años de hegemonía neoliberal. Esto, porque también se expandieron fuerte las ramas predominantes (alimentos, químicas, acero y aluminio, automóviles y derivados del petróleo).
Por su parte, Kulfas et al., remarcan que durante aquella primera etapa: “Se revierte el tradicional divorcio entre producción y empleo industrial que había caracterizado la etapa post-sustitutiva” (2014: 34).
Hacia fines de 2007 empieza a instaurarse un punto de inflexión en el desempeño industrial gestado en un doble andarivel:
a) La pérdida de competitividad del tipo de cambio, que comienza a quedar rezagado respecto de los altos niveles de inflación interna. Con excepción de 2009, el tipo de cambio real siguió apreciándose, principalmente respecto del dólar. Aun así, sería un error pensarlo como el fin de la política de tipo de cambio competitivo ya que, como puede observarse en CIFRA (2012a), el tipo de cambio real multilateral, si bien con tendencia decreciente, resultó en diciembre de 2011 un 41.2% superior al de 1999.
b) La industria fue afectada también por un cambio en los precios relativos internos, en tanto “los precios industriales subieron muy por debajo de la media de la economía, perdiendo parte de lo ganado a partir de 2002” (Porta et al., 2014: 41).
De este modo, la producción industrial cuyo valor agregado había crecido al 10.2% anual entre 2002-2007, disminuyó su intensidad exhibiendo un incremento del 6.2% entre 2008-2011. La pérdida de dinamismo también se evidenció en la elasticidad empleo/producto: “Mientras que en 2001-2007 la elasticidad empleo/producción en la industria fue de 0.5, entre 2007 y 2010 fue de apenas 0.01” (Schorr, 2012: 22). Este freno en la generación de empleo industrial sumado al aumento de la producción derivó en un incremento de la productividad laboral, la cual llegó en 2011 a ser un 40% superior a 2002 (Porta et al., 2014).
Además del desempeño global de este segundo periodo, se identifican dos momentos particulares en su interior, uno ligado más directamente al impacto de la crisis mundial, con un crecimiento de tan sólo el 3.7% del PIB industrial per cápita en 2008 y una contracción del -1.4% en 2009, y otro de reactivación, vinculado a las políticas del plan anti-crisis y la mejora de las condiciones internacionales, con un fuerte crecimiento del 8.9% en 2010 y del 10.1% en 2011.4
Un aspecto problemático del sector que impacta sobre todo el modelo de acumulación es su desempeño en materia de comercio exterior: el superávit comercial de la industria volvió a ser deficitario a partir de 2007 (con la salvedad de 2009). Según Schorr (2012), sólo un puñado de rubros vinculados al procesamiento de recursos básicos sostienen un desempeño superavitario, con una fuerte concentración de divisas, mientras que el resto son altamente deficitarios: en 2010 las primeras cien firmas tuvieron un excedente cercano a U$S 21.000 millones, mientras que el resto del sector tuvo un déficit por U$S 24.000 millones.
Con relación a las políticas públicas, aparecen algunas medidas novedosas en materia industrial, tales como las restricciones a las importaciones, diversos aumentos de aranceles, la búsqueda por redireccionar proyectos de inversión a la esfera productiva pero, en general, las mismas quedaron subordinadas a la decisión de hacer prevalecer en la coyuntura ciertos equilibrios macroeconómicos sin contar con una planificación estilizada (Schorr, 2013). Se nota que si bien se generaron importantes avances en la reactivación del tejido industrial, la ausencia de mayores cambios de carácter estructural dificultó la posibilidad de superar problemas históricos tales como la persistencia de una estructura desequilibrada (Diamand, 1972), que ya no se expresa sólo en relación con la competitividad de los sectores ligados a las ventajas comparativas naturales, sino también a la propia estructura fragmentaria del capital industrial y a las restricciones externas que conllevan tener una balanza comercial deficitaria en dicho sector.
La crisis energética
El proceso de expansión económica generó crecientes demandas energéticas que comenzaron a sobrepasar las capacidades locales, las que habían sido devastadas por las políticas neoliberales, especialmente por la privatización de YPF, la histórica empresa hidrocarburífera estatal, que durante los años noventa fue comprada por la española Repsol. La estrategia de Repsol se había focalizado en sobre-explotar los pozos explorados durante la época estatal de YPF, llevando a un agotamiento creciente de las reservas de petróleo y gas, las cuales entre 1999 y 2007, cayeron el 45 y el 63%, respectivamente (Mansilla, 2008). Repsol se concentró en expoliar los recursos maximizando sus utilidades, financiando su expansión global a costa del vaciamiento de las reservas argentinas, ya que, mientras Repsol obtenía de Argentina el 50% de sus utilidades a nivel mundial, sólo destinaba al país el 20% de sus inversiones.
Esta estrategia, junto a la escasa exploración de las transnacionales que concentran la actividad del sector, generó un nuevo flanco de restricción externa: “El saldo de balanza energética se redujo paulatinamente, hasta tornarse deficitario en 2011. Mientras que el intercambio comercial en 2003 cerró en US$ 4.867 millones, ocho años después, el saldo arrojó una pérdida de US$ 3.029 millones” (CIFRA, 2012a: 10). Los impactos de esta dinámica sectorial generaron serios efectos sobre el conjunto del modelo de acumulación, a través de la balanza comercial.
Entre 2010 y 2011 las compras de combustibles explicaron el 28.3% del aumento de las importaciones del país. Esto se debió, principalmente, al incremento en cuatro combustibles (gasoil, fuel oil y gas natural licuado y gaseoso) que entre 2003 y 2011 pasaron de representar del 17.3% al 80.4% del total de las importaciones de combustibles y lubricantes. Medido en el conjunto de las compras externas del país, se elevaron del 4.0% al 12.7% (CIFRA, 2012a: 10).
El Estado venía tomando acciones para incidir sobre la crisis energética, en tanto la inversión pública generó el 77% de la nueva oferta eléctrica entre 2002 y 2012, desarrollada principalmente a través de la empresa estatal ENARSA (31% del total) (MECON, 2012). Aun así, el deterioro de la balanza energética avivó un debate cada vez más instalado en la agenda nacional: la necesidad de reestatizar YPF, que finalmente se realizaría a inicios de 2012, dando lugar a una de las reformas estructurales más importantes de todo el modelo acompañada por el decreto 1277/2012 que restituyó la regulación estatal sobre la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos.
Transformaciones en el mundo de las finanzas
Dos políticas claves marcaron al mundo de las finanzas: la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y la continuidad de las políticas de desendeudamiento público. La estatización de las AFJP en 2008 tuvo diversos efectos: a) La eliminación del sistema privado de carácter individual y el retorno al sistema solidario de reparto. b) La conformación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que permitió al Estado utilizar fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para realizar políticas públicas e insertarse en numerosas empresas privadas a través de la participación accionaria que las AFJP tenían en las mismas. c) Generó cambios en los conglomerados financieros, grupos de entidades financieras diversas nucleadas por un banco, que a diciembre de 2010 acaparaban un 74.45% del total de activos del mercado financiero.
Al eliminar la AFJP como entidad financiera se profundizó un proceso general de mayor gravitación de los conglomerados financieros públicos, cuya participación sobre los activos del total de éstos pasó del 24.2% en 2004 al 42.12% en 2010. Otro elemento clave fue la merma de la extranjerización del sector, en tanto la participación de los conglomerados extranjeros descendió bruscamente: del 59.9% de los activos de los conglomerados financieros en 2004 a sólo el 27.35% en 2010, acompañado por el avance del capital privado nacional, con un incremento 15.76 puntos porcentuales, en el mismo periodo, llegando al 26.66% (Kupelian y Rivas, 2011). Si bien la concentración del sector se mantuvo, el avance de la banca pública y sus entidades financieras “hace que funcionen como múltiples empresas ‘testigo’, permitiendo que las autoridades regulatorias y supervisoras puedan ser más eficaces en su misión” (Kupelian y Rivas, 2011: 71). Este proceso de mayor regulación tendría un nuevo hito en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en 2012.5
La estatización de las AFJP también tuvo un impacto relevante sobre la estrategia de desendeudamiento público nacional ya que, como éstas tenían buena parte de su cartera en bonos de deuda pública, el Estado logró la recuperación de dichos bonos.6 Así, continuó bajando la gravitación de la deuda pública en términos relativos al resto de los indicadores, y también se profundizó su cambio de estructura, con un aumento de la deuda intra-estatal, la cual pasó del 1% en 2003 al 38% en 2012, con una participación destacada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, en menor medida, del ANSES (De Lucchi, 2014). En este sentido, aportó el segundo canje de deuda de 2010, alcanzando al 92.7% de la deuda en default de 2001 (tras el primer canje exitoso de 2005).
En este camino, el gobierno impulsó la creación de un Fondo de Desendeudamiento, buscando evitar tres cuestiones: 1) el deterioro del presupuesto nacional; 2) caer en el ajuste el gasto público con consecuencias recesivas, y 3) tener que recurrir al mercado internacional a tasas más altas. Tras un primer intento fallido, se conformó, a través del Decreto 298/10, el Fondo de Desendeudamiento Argentino, con unos U$S 7.504.000.000 de reservas, destinados a la cancelación de los servicios de la deuda pública para 2011.
Clases subalternas: ingresos y situación laboral
El modelo de acumulación tuvo diversos impactos en relación con las clases subalternas. En materia de empleo sus resultados continuaron siendo destacados: la desocupación volvió a descender, luego del pico crítico de 2009, hasta ubicarse en el 6.6% en el II trimestre de 2011, en un sentido similar a la subocupación que quedó en el 8.5% para el mismo año.7
El trabajo asalariado no registrado, que había exhibido una rápida disminución desde 2003, cuando afectaba al 49% de los trabajadores, hasta 2007, continuó bajando pero a ritmos notoriamente menores hasta quedarse en 34.5% en 2011, lo que se vincula a que la reacción de puestos de trabajo registrados disminuyó sensiblemente su tasa de crecimiento anual acumulativa, pasando del 9.9% entre 2003-2007 al 2.3% en el periodo 2007-2010.8 Además, la desaceleración de la evolución de la producción de bienes y el avance del sector de servicios tuvo su correlato: mientras que los productores de bienes creaban empleos formales con una tasa anual acumulativa del 11.4% entre 2003 y 2007, desde dicho año a 2011 lo hizo en sólo 1.6%, de modo contrastante con los sectores de servicios, que pasaron del 9.5% a una desaceleración mucho menor, del 4.5%, en el mismo periodo.
Un hito de ruptura con el neoliberalismo se expresó en el impulso a las negociaciones colectivas de trabajo. Éstas, habiendo alcanzado la duplicación del promedio de la década anterior en 2004 con 348 convenios y acuerdos colectivos de trabajo que abarcaron a 1 200 000 trabajadores, tuvieron su punto más alto en 2010, cuando se homologaron 2 038, llegando a 4 200 000 trabajadores. Lo anterior favoreció una disminución de la desigualdad al interior de los sectores asalariados, cuyo coeficiente Gini (tomando el ingreso de la ocupación principal) continuó un firme camino descendente, desde el 0.442 en 2003 al 0.362 en 2012 (MECON, 2012). Este avance se evidencia también en comparación a otros países de la región:
la negociación colectiva cubre al 80% de los trabajadores registrados, algo así como el 55% de los asalariados privados. En México, ese número entre los asalariados llega al 17% y en Chile a un magro 5.6% (…) en Brasil, Chile y México casi la totalidad de trabajadores convencionados lo está bajo acuerdos de ámbito local, municipal o de empresa, mientras que en la Argentina la gran mayoría está cubierta por convenios de actividad que tienden a atenuar la dispersión salarial y a aumentar los básicos generales (Etchemendy, 2011: 158).
Una tensión clave se vinculó al mantenimiento de altos niveles de inflación, que tras saltar a 27.1% en 2008 y disminuir al 14.6% en 2009, debido a los efectos contractivos de la crisis mundial, se ubicó en 23.1% en 2010 y 23.4% en 2011.9
Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2013: 11), “la aceleración del nivel de precios, que se advierte desde 2007, tiene entre sus principales causas a los aumentos de las cotizaciones internacionales de los alimentos y el petróleo (inflación importada) y, en el marco de la intensa puja distributiva desatada a partir del conflicto agrario, al elevado grado de concentración económica (inflación oligopólica)”. Se observa una formación oligopólica de precios: durante el periodo 2007-2010 la variación media de los precios industriales fue explicada principalmente por las ramas altamente concentradas, las cuales contribuyeron al 63.6% de los aumentos (CIFRA, 2013). Esto puso límites a la distribución del ingreso, ya que la participación asalariada sobre los ingresos totales estuvo en 2010, según distintas mediciones, entre 9 y 13 puntos porcentuales por encima de 2003, pero sólo entre 1 y 4 puntos porcentuales con relación a 2001 (Basualdo, 2011).
Asimismo, el conjunto de los salarios reales presentaron aumentos: el de los asalariados registrados aumentó el 59.2% entre el III trimestre de 2002 y el de 2011, mientras que el de los no registrados tuvieron incrementos del 50.3%.10 El ritmo de las dos etapas del modelo también se plasma en la evolución de los salarios reales: mientras que en el periodo de configuración del modelo (2002-2007) las remuneraciones reales de los trabajadores registrados se incrementaron 35.9%, este avance se ralentizó, presentando un aumento del 17.1% entre 2007 y 2011. Similar dinámica presentaron los salarios reales de los trabajadores no registrados, con un aumento del 32.9% entre 2002 y 2007, y del 13.1% entre 2007 y 2011.11 A su vez, persiste un importante canal de heterogeneización salarial según la formalidad o no del empleo, ya que según CIFRA (2012a), el nivel de los salarios de los trabajadores no registrados era menos de la mitad que el de los registrados.
Otra vía de fragmentación de las clases subalternas puede observarse en el disímil desempeño de las remuneraciones reales entre los trabajadores del sector privado y del sector público; mientras los primeros se incrementaron 28.6% entre 2001-2011, y 60.1% desde el dramático año 2002, los segundos lo hicieron en 18.4% en el mismo periodo y 55.4% desde 2002.12
En materia de salarios industriales, Porta et al. (2014) señalan que entre 2002-2012 el salario real presenta un crecimiento del 77%, con una tendencia a la convergencia entre los distintos sectores, favoreciendo la homogeneización. A su vez, recién en el periodo 2011-2012 la participación de estos trabajadores avanzó con relación al producto quedando un 4% por encima de 1997.
Los aumentos salariales conllevaron un incremento del costo laboral, pero éste lo hizo por debajo del aumento de la productividad de los trabajadores:
Entre 2009 y 2011 la tasa de crecimiento de la productividad se aceleró en relación a años anteriores alcanzando en 2011 un valor un 31.6% superior al del final de la convertibilidad. El costo laboral superaba el último año en un 3.8% el nivel de 2001 y el costo laboral unitario se encontraba un 21.2% por debajo de ese umbral (CIFRA, 2012a: 29).
Estos elementos permiten desmentir el argumento utilizado por sectores patronales que buscan poner a los incrementos salariales como principal variable causal del proceso inflacionario. Por el contrario, desde 2007 se hace palpable que la inflación responde primariamente a la concentración económica, con la formación oligopólica de precios que habilita, y a la negativa del gran capital de relegar mayor margen de ganancias, traspasando los aumentos salariales a precios de modo de mantener ventaja en la puja distributiva.
Por otra parte, las jubilaciones siguieron avanzando, en tanto la cobertura previsional pasó del 70.2% en 2001 al 93% en 2010 (MECON, 2012), con base en políticas públicas de inclusión. Además, se sancionó la Ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria a fines de 2008, estableciendo dos aumentos jubilatorios al año, variando según la evolución de índices salariales y de las cuentas públicas.
La dinámica política de la política económica
Hay tres momentos donde la dimensión político-hegemónica tuvo una influencia destacada en el modelo de acumulación. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) debió enfrentar dos coyunturas críticas en sus inicios: el conflicto agrario de 2008 y el impacto de la crisis mundial en 2009, durante las que se plasmó la incidencia del proyecto político y la matriz ideológica del oficialismo, coronados por un tercer momento de radicalización política.
El “conflicto del campo” y la conformación de la alternativa opositora
El conflicto agrario se originó en marzo de 2008 con la sanción de la Resolución 125 que estableció un sistema de retenciones móviles, variando según precio internacional, para cereales y oleaginosas, con un aumento para soja y girasol (y una leve merma para trigo y maíz). Esta medida se realizó en un contexto de fuerte incremento del precio de la soja del 118% en sólo un año.
La política de retenciones estaba orientada, por un lado, a generar un efecto antiinflacionario para que la combinación de altos precios internacionales y tipo de cambio competitivo no impactaran de lleno en el precio de las mercancías a nivel local. En el caso de la soja, si bien es un producto destinado en un 95% a la exportación, su alta rentabilidad generó un avance sobre otros cultivos ligados al consumo nacional, como el trigo y el girasol (cuya producción decreció 8 y 33%, respectivamente, entre 1996/1997 y 2006/2007, mientras la soja crecía 331%), también conllevó un aumento del precio de la tierra y amplificó un conjunto de problemas socio-territoriales ligados a la sojización.13 Por otro lado, esta política se orientó a captar parte de las rentas y ganancias extraordinarias obtenidas por el sector, en virtud del contexto nacional e internacional favorable, con el fin de derivarlas a otras fracciones sociales.
La aplicación de las retenciones móviles motivó una rápida respuesta de las patronales agrarias y del conjunto de actores vinculados al agro-negocio, dando lugar a la gestación de un genuino antagonismo, en tanto se traspasó el grado gremial de la disputa llevándose a una dimensión específicamente política, en base con la constitución de dos polos beligerantes con sus respectivas construcciones identitarias, alcanzando a poner en cuestión elementos centrales tanto del modelo de acumulación como de la hegemonía vigentes.
Fue de esta forma que se originó el conflicto agrario más largo de la historia argentina que derivó en la primera derrota política y económica del kirchnerismo. El planteamiento inicial de “la 125” contenía varias debilidades: no hacía diferenciaciones entre los distintos agentes (por ejemplo, según tamaño y ubicación geográfica) y careció de una estrategia adecuada de comunicación y construcción de consensos. El polo agrario logró establecer una fuerte unidad en torno a la demanda central contra las retenciones, significándolas como una agresión intervencionista del Estado hacia el sector, recuperando a nivel ideológico las máximas del Estado mínimo y la visión del “campo” argentino como motor del desarrollo. A su vez, el avance político de este polo tuvo como sustrato largos años de un triple proceso de concentración: de la tierra, del capital y de los procesos de gestión y organización productiva (Varesi, 2014), que llevaron a que en 2008 sólo el 6% de los agentes económicos, principalmente los más grandes propietarios, pools de siembra y empresas agropecuario-financieras, que producen más de 1 500 toneladas por campaña, concentraran el 54% de la producción sojera total.
El gobierno de CFK trazó una estrategia basada en una doble lógica del populismo: 1) Como lógica política articuló demandas, delineando su propia identidad delimitando al adversario en el campo de antagonismo, que aparecía definido como gobierno nacional=pueblo=democracia vs. oligarquía=dictadura=neoliberalismo. En este sentido, CFK identificó la protesta agraria de 2008 con la de febrero de 1976, que constituyó un preludio del golpe de Estado origen de la última dictadura y a las primeras reformas neoliberales. 2) Como pacto populista, procuró articular intereses y agentes de clases dominantes y subalternas, dirigidos desde el Estado, señalando que las retenciones eran una pieza importante para redistribuir los excedentes, ligado al funcionamiento del modelo neo-desarrollista, captando renta agraria para impulsar el proceso de reindustrialización, aumentar la inversión pública, desendeudar al país e implementar las políticas sociales.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía.
Gráfica 1. Estructura de la producción primaria de soja por estratos, año 2008 Toneladas/campaña según estrato
Sin embargo, las dificultades iniciales del gobierno nacional para establecer distinciones entre los agentes agrarios y sumar a la masa de pequeños productores, y el destacado rol de los principales medios de comunicación a favor de las patronales agrarias, dieron lugar al fortalecimiento del polo agrario en las relaciones de fuerzas políticas, aglutinando un conjunto amplio de actores, añadiendo a los partidos opositores, gestando una primera alternativa conservadora y liberal al kirchnerismo que no sólo logró derrotar en las calles y en el Congreso la medida de retenciones móviles (cuando ésta fue enviada para ser tratada como ley), sino que también se mostró triunfal en las elecciones legislativas de 2009, dejando en un estado crítico al gobierno de CFK.
El plan anti-crisis como comienzo de la recomposición
La crisis mundial comenzó a traslucirse localmente a través de dos vías principales:
a) En materia de comercio exterior: se constató la caída tanto de las cantidades como de los precios de las exportaciones, cortando su crecimiento continuo desde la devaluación, y conllevando una disminución del superávit comercial, del 27% en enero de 2009 respecto al año anterior (Lozano, 2009). Esta situación comenzó a revertirse lentamente acompañando la variación del precio de los commodities, mostrando el carácter dependiente de la matriz exportadora nacional.
b) El ajuste en los planes de producción de las empresas: con una caída en la Inversión Bruta Interna Fija que en el primer trimestre de 2009 llegó al pico más fuerte de reducción de la variación anual desde 2002: un -14.2%, y una triplicación de los montos de fuga de capitales, que junto al deterioro del comercio exterior llevaron a un magro crecimiento del PIB del 09% anual en 2009, retracción industrial y fuerte desaceleración de la construcción, derivando en un aumento del desempleo, alcanzando el 9.1% en 2009.
Ahora bien, mientras que en Europa, siguiendo el recetario del FMI, se salvaban a los bancos y se descargaba el ajuste sobre los sectores populares, con contracción de la inversión pública en salud, educación, cultura y salarios, en Argentina se instituyó un plan anticrisis, en vinculación con la matriz ideológica del proyecto del gobierno, centrado en la defensa del empleo y la producción, que amplió el gasto público como dinamizador económico y social, estimulando la demanda.
Algunas de las medidas fundamentales fueron:
a) Un incremento de la devaluación para proteger la producción local y dinamizar exportaciones, junto al establecimiento de un vasto sistema de control de importaciones.
b) Exenciones y rebajas de impuestos para impulsar la inversión, más moratorias impositivas.
c) “Blanqueo de capitales” para promover la repatriación de ingresos no declarados en el exterior.
d) La cuadruplicación de recursos del Programa de Recuperación Productiva, que otorgaba a empresas en crisis subsidios para completar salario, con la obligación de sostener el empleo, y constituyó el principal programa del plan.
e) Un masivo plan de obra pública, que invirtió fondos en infraestructura vial, hábitat social, energía, minería y transporte público.
f) Medidas sociales como el aumento del salario mínimo, planes de incentivo al consumo, la creación de 1 000 cooperativas y la Asignación Universal por Hijo, entre otras.
Fuente: elaboración propia en base a Indec y CIFRA (2013).
Gráfica 2. Tasa de crecimiento interanual del PIB a precios constantes
Este conjunto de medidas mostraron capacidad para confrontar los principales efectos de la crisis mundial, conllevando dos años de fuerte expansión del PIB: 9.2% en 2010 y 8.9% en 2011, mientras que, según MECON (2012), el PIB mundial lo hacía en 5.1% y 3.8%, y el de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 6.6% y 5%, respectivamente.
La tasa de inversión alcanzó el 22.8% del PIB en 2010 y el 24.5% en 2011, constituyendo el pico más alto no sólo de toda la pos-convertibilidad (cuyo promedio fue del 21% entre 2003-2012), sino de toda la historia económica nacional.14 Con esta reactivación económica, impulsada a su vez por el fuerte apoyo que cobró el consumo privado,15 el desempleo volvió a reducirse quedando en 7.2% en 2011.
Aun así, el panorama económico no careció de claroscuros, en tanto la persistencia de altos índices de extranjerización generó que la reactivación económica se tradujera en 2011 en un nivel récord de utilidades y dividendos (U$S 7.331 millones) conseguidos por las empresas transnacionales, con el problema que fueron crecientemente remitidos al exterior llegando al 70% de los mismos, consumiendo el 45.5% del saldo positivo de la balanza comercial. En este contexto, se impusieron fuertes controles para la compra de divisas que tuvieron un efecto positivo en el corto plazo, revirtiendo hacia fines de 2011 la tendencia a la creciente fuga de capitales16 (CIFRA, 2012b), logrando salvar los equilibrios en el sector externo. Por otra parte, el superávit fiscal total del sector público nacional (no financiero) comenzó a deteriorarse y convertirse en déficit (1.7% del PIB en 2011), ligado a la ampliación del gasto público como dinamizador económico y social.17
Radicalización progresista y recomposición hegemónica
Frente a la pérdida de adhesiones al interior de la clase dominante y la conformación de la alternativa opositora, el kirchnerismo profundizó la estrategia de disputa contra sus adversarios y procuró recostarse sobre los sectores productivos aliados y, crecientemente, sobre las clases subalternas iniciando un proceso de radicalización progresista. Esto se dio en un marco de profundización de la alianza con los gobiernos populares y de izquierda en la región que derivó en el fortalecimiento y ampliación del Mercado Común del Sur (Mercosur) y, posteriormente, en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y el acercamiento a los BRICS, en especial con China y Rusia.18
La derrota en el conflicto agrario de 2008 había evidenciado la necesidad de disputar la construcción de información, ideas y sentidos. En este contexto, se dio impulso y sanción a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual n°26.522, la cual representó una iniciativa democratizadora por su contenido anti-monopólico, derivado de la limitación y distribución de licencias que establecía, llevando al recrudecimiento del conflicto que el oficialismo ya mantenía con los grupos concentrados de la comunicación, como el Grupo Clarín, que ya había sido afectado por la estatización de la televisación del fútbol y su posterior emisión gratuita. Además, se gestó una fuerte disputa en torno al principal insumo de la prensa escrita, a partir de la incidencia estatal en Papel Prensa.
A su vez, se amplió el peso del Estado en el modelo de acumulación a partir de nuevas estatizaciones como las de Aerolíneas, las AFJP, la Fábrica Militar de Aviones, entre otras.
En educación, se pasó de una inversión del 3.64% del PIB en 2003 a 6.50% en 2012, orientando recursos a la inserción educativa de los sectores populares y realizando una fuerte inversión en universidades y en investigación científica. En política social se destacó la Asignación Universal por Hijo, que en 2010 y 2011 abarcó a más de 3.5 millones de personas, llegando al 30% de los menores de 18 años. Esta política se amplió en 2011 hacia una asignación por embarazo.
Se conquistaron nuevos derechos civiles como el matrimonio igualitario, convirtiendo a Argentina en el primer país de Latinoamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la Ley de Identidad de Género, la cual permite a toda persona la rectificación registral del género y el cambio de nombre.
El conjunto de políticas desplegadas tuvieron como impacto una mejora del Índice de Desarrollo Humano, que mide educación, salud e ingresos, el cual pasó de 0.777 en 2008 a 0.804 en 2011.19
Finalmente, se suscitaron dos hitos que dinamizaron la estrategia de reconstrucción hegemónica. En primer lugar, la muerte de Néstor Kirchner privó al oficialismo del que, junto a Cristina Fernández de Kirchner, fuera su principal líder, pero al mismo tiempo dotó al movimiento de la potencia hegemónica del mito, conllevando una masiva movilización popular. Según Catterberg y Palanza (2012: 23), “la muerte de Néstor Kirchner generó una corriente de empatía entre la Presidenta y una amplia franja de la sociedad que hasta ese momento no había demostrado apoyo hacia el oficialismo, especialmente entre sectores medios y los jóvenes”. Esto nos lleva al segundo hito: con la efectividad mostrada entonces por las políticas anti-crisis y de radicalización, el fortalecimiento de CFK hizo tambalear al alineamiento opositor, haciendo dimitir de la contienda nacional a su principal referente, Mauricio Macri, y culminando en una dispersión de la propuesta conservadora. Las elecciones de 2011 dejaron un saldo histórico para el kirchnerismo con la reelección de CFK con un 54% de los votos, sacando 37 puntos a la segunda fuerza.
Conclusiones
El abordaje de los distintos núcleos y dimensiones involucradas en el análisis del modelo de acumulación y las dinámicas hegemónicas durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011), nos permite alcan zar un conjunto de conclusiones trascendentes para todo el periodo:
El conflicto agrario de 2008 confirma la importancia crucial de la dinámi ca política de la política económica en tanto las limitaciones de la estrategia oficial para lograr volcar a su favor las relaciones de fuerzas políticas en un conflicto, que rápidamente traspasó el grado gremial de la protesta para transformarse en un genuino antagonismo que polarizó a la sociedad, tuvo consecuencias a nivel del modelo de acumulación, limitando al Estado en la captación renta agraria para distribuir a otras fracciones y apuntalar el proceso de re-industrialización. Aquí jugaron también las relaciones de fuerzas sociales: el sustrato estructural de concentración del uso de la tierra, el capital y la gestión del proceso productivo dotó a las patronales del agro-negocio de mayor capacidad ofensiva y junto a los grandes medios de comunicación y los partidos de oposición, dieron origen a la conformación de una alternativa conservadora y liberal.
El análisis del plan anti-crisis muestra cómo el carácter político-ideológico del proyecto de gobierno se constituyó en una amplia batería de política económica, contrastante con el recetario clásico del FMI, y logró resultados positivos en el corto plazo, a través de la reactivación de las variables económicas, que habilitaron un proceso de recomposición hegemónica favorable al kirchnerismo.
El kirchnerismo se configuró en base a una doble lógica del populismo: a) como lógica política, en la articulación de demandas en un campo de antagonismo delineando a los actores ligados al paradigma neoliberal como adversarios, y b) como pacto populista, buscando articular desde el Estado intereses de sectores dominantes y subalternos, constituyéndose en una fuerza tensionada entre sus componentes sistémicos y rupturistas. De la pérdida de aliados en las clases dominantes nace la profundización de las medidas populares y de confrontación con sectores del capital concentrado que definimos como un proceso de radicalización progresista que derivó en la reelección de CFK en 2011.
Pero hay una dimensión estructural del modelo que es insoslayable y trasciende las coyunturas políticas. Si bien hubo notorias rupturas con el neoliberalismo que confirman el despliegue de un modelo neo-desarrollista –fortaleciendo la intervención y regulación estatal, desprivatizando parcialmente, subordinando las previas lógicas de valorización financiera al mundo de la producción y avanzando en la recomposición de ingresos de los trabajadores para sustentar el pacto social–, sin embargo, las continuidades estructurales en relación con el régimen anterior se constituirían en los principales límites para el propio modelo. Ejemplo de esto son: la concentración económica, con formación oligopólica de precios, que sumado a otras deficiencias de la política pública dificultó el control del proceso inflacionario; la extranjerización económica, con drenajes constantes de divisas al exterior; la crisis energética, como frente de restricción externa; los insuficientes cambios en la matriz industrial, con balanza comercial deficitaria y concentración de recursos y divisas en un puñado de grupos concentrados, entre otros. Las limitaciones del Estado para captar recursos de los sectores más concentrados y redistribuir, tanto en términos sectoriales como entre fracciones de clases, generarían crecientes disrupciones que buscaron ser paliadas con los propios recursos estatales erosionando las cuentas públicas, ante la ausencia de un empresariado comprometido con sostener un proceso de desarrollo nacional soberano y con clases subalternas que se iban empoderando, pero sin lograr constituirse en un sujeto popular activo con capacidad de conducción en el campo de la producción.
La posterior combinación del desgaste proveniente de tres periodos consecutivos de gobierno, sumado a diversos desatinos en materia político-económica, enfatizados constantemente por los grandes medios masivos de comunicación y aprovechados políticamente por la oposición, habilitaron que las fisuras a nivel del modelo de acumulación se convirtieran en grietas en las construcción de hegemonía. Esto llevó a una exacerbación del antagonismo, capitalizada por la alternativa conservadora y liberal dando lugar a la derrota kirchnerista de 2015 y la instalación de visión paradigmática opuesta que, conformando la base del proyecto macrista, comenzó a resquebrajar los principales resortes del modelo neo-desarrollista y la estrategia de pacto social.
