Argumento histórico

Durante el siglo XIX, las candidaturas independientes en México eran muy comunes, ya que la época posindependentista, caracterizada por una falta de desarrollo económico, social y político, no estimuló la formación de partidos políticos con una organización institucional sólida. Ni siquiera después de la Reforma y del triunfo de la República en 1867 el país contó con partidos políticos estables, por el contrario: “a partir de su primera reelección, en 1884, el general Porfirio Díaz puso en práctica su política de conciliación, consistente en liquidar a los grupos políticos existentes para empezar a forjar su gobierno personal y omnipotente”.⁸ Sin embargo, con la caída de Díaz y la era maderista con la que inicia el siglo XX, el proyecto de la modernidad encarnado en la Revolución Mexicana coincidió eminentemente con la consolidación de las instituciones democráticas, entre éstas, la de los partidos políticos.

“Promulgada la nueva Constitución de 1917, y expedida la Ley Electoral de 1918 que consagraba a los partidos políticos como elementos importantes del proceso electoral, se abrió una nueva época que alentó el desarrollo de nuevos partidos políticos”,⁹ de modo que, aunque las candidaturas independientes permanecieron en las leyes electorales de 1916, 1917 y 1918 (esta última fundamentada en la Constitución de 1917), empleándose términos como “candidatos no dependientes de partidos políticos” o “candidatos independientes” como sinónimos, dicha figura ya no cobró relevancia en el sistema electoral debido a la facilidad con que se podían crear nuevos partidos políticos.¹⁰Las candidaturas independientes fueron reemplazadas por los partidos políticos como parte de la consolidación del proyecto de la modernidad en México, sin embargo, la institucionalización coincidió con la agrupación de las fuerzas revolucionarias en una sola, bajo la idea de la superación de las facciones a partir de la creación del partido que portaría el proyecto nacional mexicano. Reflexionando sobre los países latinoamericanos, Giovanni Sartori describe lo que sucedió:

El espíritu de unidad política y de unanimidad nacional contra las divisiones y las luchas de partidos tiene siempre una profunda resonancia en la opinión pública, sobre todo en los países latinos, en los que el sistema de partidos funciona mal, sobre todo después de una guerra que había reforzado la unión patriótica: la idea original fue utilizar ese espíritu antipartidarista al servicio de un partido.¹¹

Fue así como en gran medida, las candidaturas opositoras provenían de escisiones del partido gobernante, el cual pasó de ser el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938, y convertirse finalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, año que coincide con la Ley Electoral,¹² que culminó con la consolidación del régimen político y del único partido gobernante al terminar con la existencia de la figura electoral de las candidaturas independientes, tal y como lo estableció en su artículo 60: “Solamente los partidos podrán registrar candidatos”, aunque ha de aclararse que en la Constitución no existió, hasta 2007, precepto alguno que obligara a los estados a seguir la prerrogativa partidista, lo que permitió la existencia de algunas candidaturas independientes a lo largo de la historia, las cuales se mencionarán más adelante.

Consolidada la “cuasidemocracia”¹³ del partido único que permitía la existencia de otros partidos políticos, a condición de que no fuesen realmente competitivos, los resquicios de las candidaturas independientes apenas sobrevivieron en el caso de Salvador Nava, quien primeramente buscó la candidatura priista para la alcaldía de San Luis Potosí en 1958, pero al serle negada, decide impulsarla a través de la Unión Cívica Potosina, obteniendo el triunfo de la alcaldía por la que gobernó de 1959 a 1961. No obstante, con la acelerada modernización económica y social del país después de la primera mitad del siglo XX, al grado de convertirse en la nación con mayor crecimiento económico en América Latina en el periodo de 1940-1976, la situación unipartidista debió transformarse ante el consecuente “reclamo democrático”, luego de que José López Portillo surgiera como candidato único a la Presidencia de la República, propiciando así, de acuerdo con José Woldenberg, la reforma electoral “desencadenante” de 1977, que estimularía la participación institucional de nuevas fuerzas políticas y desataría nuevas demandas de apertura en los procesos electorales al declarar a los partidos políticos como “entidades de interés público, además de dar paso a su constitucionalización, es decir, al reconocimiento de la personalidad jurídica de los partidos en plural y a su importancia en la conformación de los órganos del Estado”.¹⁴

Además, en el contexto mundial, Lorenzo Meyer señala que, con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a fines de la década de 1980, el entorno internacional exigió hacer de las elecciones el punto de partida del derecho a gobernar, lo que abonó a la transición democrática mexicana, una necesidad de la nación ahí donde sólo había un partido y no los partidos políticos en plural, detonando la escisión del partido único que marcaría el irresistible nacimiento (aunque no reconocido), de la competencia política en las elecciones presidenciales de 1988. Sobre todo porque aquellos comicios requirieron nuevas reformas electorales que dieron certeza a la organización de los comicios y confianza en los resultados, luego de la cuestionada elección de ese año; creándose, para ello, el Instituto Federal Electoral con independencia del gobierno, a fin de garantizar el respeto al derecho de voto de los ciudadanos como fuente de su legitimidad.

La transición democrática no podía esperar. Partidos políticos y candidaturas independientes encarnaron el reclamo social que exigía transitar hacia un régimen plural frente al partido único, tal fue el caso de María del Rosario Elizondo Salinas, candidata independiente en 1998 para la alcaldía de Santander en Tamaulipas, quien resultó ganadora frente al PRI, y gobernó de 1999 a 2001, luego del fallo a su favor por parte del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en un acto de: “notorio respeto a la voluntad ciudadana plasmada en el voto, como principio rector del sistema representativo del estado mexicano”;¹⁵ así también fue el caso, en 2001, del primer gobernador no priista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de modo que, aunque en muchos estudios sobre candidaturas independientes se aluda a la negativa de registro de Manuel Guillén Monzón como candidato independiente por el mismo cargo, debe considerarse que no se trataba de una oposición a las candidaturas independientes per se, sino a la consolidación de los partidos políticos en plural y de una posibilidad real de alternancia política frente al unipartidismo priista. Si se piensa en términos electorales estratégicos, si se permitía el registro de Monzón, el voto se dividía para favorecer nuevamente al PRI, debido al pequeño margen electoral por el que el candidato perredista obtuvo la victoria electoral.¹⁶

Para los comicios electorales de 1997 se había establecido una nueva etapa en la relación entre los Poderes de la Unión y se consolidó un sistema político gobernable en la pluralidad, hasta que, en el 2000, por primera vez el PRI perdía las elecciones presidenciales ante el Partido Acción Nacional (PAN). La alternancia se logró, pero ello no garantizó necesariamente la continuidad del partido en el gobierno a la vieja usanza priista, por lo que la confianza lograda a través de las instituciones electorales fue cuestionada nuevamente para las elecciones de 2006; comicios electorales caracterizados por su gran efervescencia política en la que la “izquierda” resurge luego de 1988 para conquistar el terreno electoral, pero esta vez bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en la coalición integrada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia.

Finalmente, el PAN retenía el gobierno, pero a costa de desencadenar nuevas reformas electorales¹⁷ ante una grave crisis de credibilidad por los resultados obtenidos, luego de la minúscula diferencia porcentual de votación entre el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa (35.89%), y el de la coalición PRD-PT-Convergencia, Andrés Manuel López Obrador (35.31%). El cuestionamiento hacia los resultados de la elección presidencial de 1988 se repetía en 2006. Aunado a ello, la memoria histórica por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en 1994, a quien la sociedad mexicana vislumbraba como una renovación política para la nación, revivía como desencanto. Las instituciones pagaron los errores de la mezquindad. Ahora, tres de cada cuatro mexicanos desconfían de las elecciones, y según datos del informe Latinobarómetro 2016, México ocupa la segunda posición en América Latina en señalar que considera que la política ha perdido la credibilidad y no cree que la recupere.¹⁸

Aquí radica el impulso de las candidaturas independientes en un contexto del deterioro de las instituciones y del malestar social con la política. No es casual que el máximo impulso de los independientes surja entre 2005 y 2007, tanto en el ámbito federal como en el local, pues mientras Jorge Castañeda Gutman buscaba la presidencia de la República, el estado de Sonora incorporaba dicha figura electoral en sus leyes en 2005 y Yucatán en 2006, de manera que, en esta última entidad federativa, el ex priista y dos veces presidente municipal por ese partido se convirtió, en 2007, en el primer alcalde “independiente” de Yobaín, y de México, elegido constitucionalmente luego de más de 60 años de predominio partidista.

Esta revisión histórica es importante para señalar que la desaparición de las candidaturas independientes en el sistema electoral mexicano obedeció a un proceso de modernización democrática a partir de la consolidación de los partidos políticos, la cual, sin embargo, se desgastó en la “cuasidemocracia” priista, como la tipificó Sartori, y se vulneró aún más, luego de una alternancia partidista “fallida” en la percepción social, ocasionada por la desconfianza hacia las instituciones encargadas de hacer respetar su voto. Por lo que, más allá de la necesidad de contar con más opciones de representación, lo que está en juego para la ciudadanía es la institucionalidad misma, de ahí que la figura del candidato independiente le resulte seductora al parecerle ésta antiinstitucional y antipolítica, argumento político explotado por esta figura electoral, y que a continuación se analiza.

Argumento político

Andreas Schedler sostiene que desde la década de 1980, tanto en Europa Occidental como en América Latina, y particularmente “desde el annus mirabilis simbólico de 1989, han ingresado al ámbito político numerosos partidos antiestablishment político tanto en las democracias antiguas como en las nuevas, [a manera] de imágenes vívidas y multicolores de fracaso político”.¹⁹ Los partidos antisistema²⁰ tienden a adoptar una retórica antipolítica²¹ bajo la figura del “forastero” que se opone a la élite política, sustrayendo su fuerza de la simplificación de la complejidad social, así como del descontento global con las instituciones representativas que toma forma en una crisis de representación política a escala mundial, en mayor o menor medida.

Ante el desprestigio de los partidos políticos y en la contienda por los cargos de representación, las candidaturas independientes en México extraen su fuerza política de una expectativa moral frente a los partidos políticos. Frases como “no es un político profesional”, “candidatura ciudadana” y “candidatura sin partido” se encuentran en oposición específica a estas entidades políticas. Al no pertenecer a un partido político, el candidato independiente se posiciona como una figura neutralmente positiva que le autoriza a descalificar y denunciar lo político, con el fin de mostrarse a sí mismo por encima de él, empleando para este fin, la retórica de indignación basada en la ecuación política: gobierno = oposición = clase política homogénea, clave de la moralización con la que legitima sus aspiraciones electorales. No obstante, si se atiende la definición mínima de Giovanni Sartori: “un partido es cualquier grupo político que presenta a las elecciones [...] candidatos para cargos públicos”;²² así como la norma señalada por Andreas Schedler: “los partidos antisistema son partidos pequeños, a fin de conservar su estatus de ‘forasteros’ del sistema político”; ha de sostenerse, entonces, al igual que José Woldenberg, que las candidaturas independientes son “partidos minúsculos”²³ con fines personalistas o no, que, sin embargo, niegan serlo como parte de su retórica antipolítica electoral.

La construcción de una clase política es el primer elemento de la retórica antipolítica que consiste en la desaparición del código binario democrático basado en el principio: gobierno versus oposición, a fin de desencadenar una desdiferenciación simbólica del universo de los actores políticos, descritos como una clase homogénea, una partidocracia, a menudo: “un cártel excluyente donde los partidos no compiten entre sí porque siempre están coludidos”.²⁴

Al no ser parte de esa clase política que sólo vela por sus propios intereses, el candidato independiente tendría como único compromiso la búsqueda del “bien común”, debido a su sentido natural de justicia que le llevaría a luchar activa y responsablemente en contra del “mal común” encarnado por la partidocracia. El candidato independiente se torna en el héroe éticometafísico por antonomasia que, al no ser egoísta, puede prescindir de su propia “voluntad particular” para sólo atender a la “voluntad general” de la sociedad en su conjunto. La oposición entre sociedad civil y Estado se fundamenta en torno a “la concepción cristiano-religiosa del mundo que despolitizó la individualidad humana para considerarla desde un punto de vista ético-social;²⁵ y la política se coloca, así, como “la raíz de todos los males sociales”, lo que significa que es una actividad sucia a la que el héroe y la sociedad inmaculados han de enfrentar con “justo derecho”.

Se configura, así, el “triángulo antipolítico” descrito por Schedler: la clase política (malvada), la sociedad (víctima inocente) y en este caso particular, el candidato independiente (héroe redentor) quien defiende a la sociedad de la clase política. Lo interesantes es que ser el representante de la sociedad exige una absoluta unanimidad para ser el único contendiente en la batalla electoral, pues la “voluntad general” es indivisible. El independiente ha de instaurarse como el Todo (sociedad civil) frente a la Nada (partidista), de modo que optar por él en la contienda electoral, no es cualquier cosa, sino la decisión de decir un “No” a la clase política; es decir, la elección se convierte en lo que Jorge Castañeda Gutman ha denominado: un “plebiscito sobre la partidocracia”, tema que se analizará como argumento electoral, más adelante.

Con el anterior supuesto, el candidato independiente ha de violar el derecho que lo justificó, en tanto el derecho del ciudadano a contar con diversas opciones de representación, pues su tendencia es la de negar la pluralidad del sistema electoral que lo incorpora, de modo que compite con los partidos pero niega la competencia al colocarse por encima de éstos y declararse el único y legítimo representante de la “sociedad civil” (como si ésta pudiese ser homogénea); por lo que para un partido antisistema como él, su tarea ha de ser la de “hacer creíble que se opone sólo a la élite política y no al sistema liberal-democrático”.²⁶ No obstante, para defenderse, la retórica antipolítica del candidato independiente puede alcanzar su nivel más acabado, a partir de la confusión entre moral y derecho, invocando para este fin, la máxima de los derechos humanos como límite infranqueable al poder representativo, de modo que para esta figura electoral, su prerrogativa a ser elegido representante no es representación, sino autogobierno;²⁷ y quien cuestiona a un candidato independiente, cuestiona al poder de la ciudadanía y a los derechos humanos.

La noción descriptiva de la representación descrita por Hanna Pitkin, que tiene como fin que “los ciudadanos elijan entre ellos mismos y como ellos mismos”²⁸ es el principio de esta retórica, por la cual, en la búsqueda de identidad y similitud entre el representante y el representado suele encontrarse la gran paradoja democrática. A mayor identidad, mayor representación, pero la democracia queda en juego, pues la tentación siempre queda latente en el líder hecho a imagen y semejanza de la voluntad soberana del pueblo, quien no duda en pronunciar: “El pueblo soy yo”. El lema del monarca absoluto: “El Estado soy yo” coincide con el absoluto líder democrático. Con mandato democrático o sin él, Hobbes y Rousseau se encuentran.

Argumento sociológico

La retórica antipolítica pierde credibilidad cuando se enfrenta a la compleja realidad social. Alguna vez Germán Pérez Fernández del Castillo comentó que si asumimos la existencia de una estructura autorrefencial bajo la desaparición del código binario democrático (gobierno y oposición), en la idea de una clase política homogénea, entonces se está obligado a afirmar que tampoco hay evolución ni cambio social; se sostendría, entonces: “la denuncia de que estamos francamente sometidos al hechizo de un operacionalismo burdo que desecha lo posible y por eso no logra comprender las opciones”;²⁹ es decir, se hablaría de una sociedad premoderna que únicamente configura un sistema hegemónico o de dominación. Y aunque, en efecto, en la concepción actual de la política y de la democracia, Estado y sociedad civil se funden, lo hacen para describir a un sistema político sin centro, caracterizado por una relación de interdependencias donde los partidos políticos no son los únicos que canalizan las demandas de la sociedad.

El espacio de lo público vuelve a ser un espacio ocupado y utilizado por la propia sociedad. Esto se ha visto materializado en la cada vez más evidente incursión de sectores no gubernamentales en la gestión pública, sobre todo en aquellos espacios en los que “aparentemente” los gobiernos han dejado de participar; lo cual, más allá de generar un ambiente de franca rivalidad, se observa como complementariedad. En este sentido, aparece el importante fenómeno denominado gestión colectiva del conflicto social junto al gobierno colectivo de la sociedad, es decir, la creación acéfala y plural de la realidad política mediante un proceso continuo de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los diversos grupos de interés. En él, el gobierno del Estado ya no es un primus inter pares.³⁰

De acuerdo con Danilo Zolo, en la actualidad la esfera de la actividad partidista se caracteriza por una compleja red de vinculaciones transversales y de intercambios visibles e invisibles (agentes negociadores), que, aunque extiende su esfera de acción, desencadena que: “los partidos no reúnan meramente las demandas políticas que surgen de la sociedad y les dan un poder organizacional y competitivo, porque es precisamente mediante la superación de otras demandas como logran establecerse en la arena política”,³¹ ya sea por parte de los grandes agentes económicos, financieros, medios de comunicación; o por la propia sociedad organizada en sindicatos y organizaciones profesionales, culturales, religiosas y éticas, así como por cualquier grupo con capacidad de negociación para ser incluido en la agenda política.

La complejidad del sistema político en la globalización significa que “la esencia y la ubicación social de lo que una vez se llamaba dominio cambie, sobre todo porque cambian las condiciones de posibilidad de centralizar las operaciones de decisión”.³² Ello implica, además, que el sistema se vea en la necesidad de superar demandas políticas en un tiempo de velocidad funcional que contrasta con otros sistemas como el tecnológico y el económico, de ahí el descontento global con la política. Al respecto, Peter Sloterdijk escribe: “Cada observador de lo que pasa en las capitales modernas se da cuenta de que no basta, en lo que hace a la eficacia, con que los representantes del pueblo tomen asiento y se reúnan en comisiones durante largos días de trabajo con una especie de disposición ciega al rendimiento”.³³ En efecto, en el actual sistema político, la democracia ha de tomar como medida de su eficacia política, al éxito económico,³⁴ por lo que, más allá de contar con más opciones de representación, la ciudadanía busca la respuesta más eficaz a sus condiciones materiales de vida, de ahí que “los peores males de la democracia representativa, incluidos el clientelismo y el populismo, no vienen sólo de su carácter político; organización jurídica o sistema de partidos, sino particularmente de una economía incapaz de satisfacer las exigencias de la propia democracia”.³⁵

Lo anterior es fundamental para comprender que la evolución democrática de la representación, y particularmente de los partidos políticos, no implicó el paso del individuo inmaculado hacia su corrupción en grupos organizadosoligárquicos o “partidocracia”, tal como lo destaca la retórica antipolítica del candidato independiente. Por el contrario, los rasgos evolutivos de la democratización demuestran que frente al peligro del poder político con el que nace la idea de representación, la inmunidad de la sociedad civil se torna obsoleta, más aún la del individuo, quien actúa de manera organizada en medio de la complejidad social: “incluso aquellos que operan dentro de grupos políticamente autónomos están sometidos a restricciones funcionales impuestas por la lógica organizacional de los sistemas de gran escala”,³⁶de modo que, quien alega que actuará de manera individual, pierde de vista que su actuación ha de ser grupal; y en permanente intercambio e interdependencia con los múltiples subsistemas del complejo sistema político.

Argumento electoral. A manera de conclusión

Si bien en la retórica antipolítica del candidato independiente se sostiene una noción descriptiva de la representación que tiene como principio que los ciudadanos elijan entre ellos mismos y como ellos mismos; es decir, que elijan no a un político profesional ni a un experto, sino a un ciudadano común que les signifique una opción a quienes buscan fuera del sistema partidista una alternativa que responda a sus demandas y aspiraciones; en la legislación electoral vigente en México se encuentra, por el contrario, una noción de la representación que nada tiene que ver con el ciudadano común. Conceptualmente destaca el retorno a los fundamentos del parlamentarismo clásico del siglo XVIII, basados en el tipo de representación simbólica, lo que significa que el representante es por definición independiente³⁷ puesto que no está sujeto a encargos del electorado que lo eligió; él es el “aristoi”,³⁸ el individuo que, con redes que parecen no ser políticas, destaca por sus dotes personales: reputación, educación y autosuficiencia económica que lo hacen “incorruptible”, y con el mejor juicio para la disertación y el debate público, de donde viene su juicio “independiente” para actuar en beneficio del pueblo como un todo, llamado “bien común”. Esta noción de la representación de la edad de oro del parlamentarismo privado del siglo XVIII, puede analizarse en académicos como Santiago Corcuera y José Luis Vargas Aguilar, tal y como se expone a continuación:

Los legisladores han dado muestra de pertenecer a “vacadas”, pues no parecen ser dueños de su propia inteligencia. Son verdaderos enajenados. Su raciocinio lo han enajenado, es decir, entregado, al líder de la bancada. Casi siempre votan “en bloque” [... ] ¡Qué frescura traería a los poderes legislativos mexicanos la presencia de legisladores independientes que se pronuncien sin estar enajenados por intereses partidistas! Eso sí fortalecería al sistema de partidos.³⁹

A menos que sea un disidente, el candidato independiente generalmente es una figura pública, con recursos propios, pero no un político profesional, lo cual le genera la confianza del electorado, por eso tenemos deportistas, presentadores y otros candidatos propuestos por los partidos que comparten el escenario político con estos disidentes.⁴⁰

Acertó la sentencia de la CIDH del 6 de agosto de 2008 sobre el caso Castañeda Gutman, cuando se lee en el numeral 189: “Es evidente que para construir una candidatura independiente y realizar proselitismo se requiere capacidad económica, lo que implica una desigualdad frente a aquellos que no la tienen”, lo cual se ve corroborado cuando la legislación mexicana establece en la Ley general de instituciones y procedimientos electorales (LGIPE), en su artículo 368, punto 4, que quien quiera obtener su registro como candidato independiente deberá acreditar su propia asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. Lo anterior permite que la sociedad civil se considere como una empresa a título personal, recalcando la preeminencia económica del candidato independiente competitivo en el sistema electivo de representación, una ventaja que no desaparece y además se ve favorecida con las contribuciones para la financiación de campaña.

Otro elemento de la legislación electoral que propicia que el candidato independiente no sea un ciudadano común, concierne a la recolección de apoyo ciudadano⁴¹ para obtener su registro como tal; apoyo que debe ser tan amplio que sólo un “político profesional” que conoce el funcionamiento de la “máquina partidista” puede obtener; o bien, de obtener ese apoyo ciudadano, desvela la complicada red de agentes con gran capacidad de negociación que lo respaldan y lo hacen “competitivo” dentro del sistema electoral. En este sentido, al no pertenecer a ningún partido, el candidato independiente puede servir a cualquiera, condición favorecida por la ley, al no dejar claras las condiciones de transparencia para la contienda electoral,⁴² lo que abre la posibilidad para que cualquier poder fáctico establezca a su candidato, llamado “independiente”.⁴³

Dada la legislación electoral que las regula, las candidaturas independientes no significan una extensión democrática de la representación, si por democrática se entiende, la eliminación de cualquier ventaja competitiva (clase, raza, credo), pues favorece una prerrogativa de clase. Por otra parte, si se analizan las cifras de las pasadas elecciones, cuando por primera vez participaron las candidaturas independientes en las elecciones intermedias de 2015, se observa que la retórica antipolítica se desarticula cuando el financiamiento público obtenido para campañas fue equiparable al del partido político con “mayoría legislativa”,⁴⁴ lo que permite que las candidaturas independientes entren a la misma dinámica de la “partidocracia” rentista del erario⁴⁵ que juzga. Sin embargo, el “plebiscito sobre la partidocracia” en esa primera actuación logró el triunfo electoral de los candidatos independientes en los estados de Guanajuato, con José Alberto Méndez como alcalde de Comonfort; en Michoacán, con Alfonso Martínez como alcalde de Morelia; en Jalisco, con Pedro Kumamoto como legislador local de Zapopan; en Sinaloa, con Manuel Clouthier como diputado federal por Culiacán; y en Nuevo León, con Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”, como gobernador de esa entidad federativa. Todos ellos, corroborando, luego de la elección, lo señalado por el Diccionario electoral INEP sobre las candidaturas independientes: “a nivel de los ejecutivos federales y estatales difícilmente podrían gobernar sin el apoyo de un partido; sin embargo, en los cargos legislativos y presidencias municipales podrían representar una valiosa renovación de las clases políticas desgastadas”.⁴⁶ Así, por ejemplo, la popularidad del legislador local Pedro Kumamoto, crece; mientras a menudo se hace hincapié en la no independencia del gobernador Jaime Rodríguez y su dependencia hacia los empresarios, así como se hace referencia a su pasado y su apoyo priista en el ejercicio de su gobierno. Finalmente, como se explicó en el argumento sociológico de este trabajo, el independiente no puede ser “independiente”, debido a la complejidad misma del sistema político; y menos si se trata de un gobernador o presidente de la República.

Lo cierto es que la candidatura independiente del expriista Jaime Rodríguez “El Bronco”, como gobernador de Nuevo León, sirve de ejemplo para ilustrar cómo las candidaturas no significan per se, otra forma de gobernar, pero sí pueden lograr la división del voto partidista hegemónico, provocando su derrota. Electoralmente, las candidaturas independientes guardan un potencial de innovación estratégico, ese es el mensaje de las elecciones intermedias de junio de 2015; sin embargo, inmediatamente nuevas legislaciones locales se aprobaron, conocidas coloquialmente como “Leyes antibronco”,⁴⁷ a fin de evitar la división del voto partidista hegemónico en los estados de la República (en su mayoría, priistas), cerrando el paso con ello, a los militantes de los partidos que quisieran postularse como candidatos independientes; una alternativa ante el déficit de democracia interna de los partidos políticos en el proceso de selección de sus candidatos.

El cuestionamiento vira. Si se presupone que la legislación electoral reformada evita la fragmentación del voto de los partidos hegemónicos y/o el partido gobernante, ¿cuál es, entonces, el papel de las candidaturas independientes en la contienda electoral?, ¿a quién conviene que existan?, ¿a quién perjudican? Las respuestas no son unívocas, pero si se considera que, electoralmente, las candidaturas independientes son divisoras del voto, es muy probable que dichas divisiones sólo debiliten a la fuerza de la oposición, ya que su retórica antiestablishment coincide con ésta. Sin embargo, las candidaturas independientes terminarían funcionando electoralmente pro establishment al sostener un sistema plural por oferta electoral pero antidemocrático porque frena la alternancia del poder. ¿“Cuasidemocracia”?