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En el mundo contemporáneo existe un intenso debate entre la democracia vertical y la horizontal, entre la democracia institucional y la de los de abajo, así como entre lo que conocemos como democracia formal (reducida por lo general a los procedimientos) y una democracia con mayor sustancia que tienda a beneficiar y proteger a la mayoría de la población. Las primeras están claramente vinculadas con los partidos y la representación política en los parlamentos y asambleas, mientras las segundas se promueven entre los movimientos sociales y en los espacios de participación ciudadana. Son dos formas diferentes de hacer política, que implican distintas proyecciones de los consensos y fuertes discrepancias en la forma de construir las decisiones. No obstante, es posible señalar que estos dos tipos de democracia no son necesariamente contradictorios o completamente antagónicos, sino que pueden resultar complementarios y llegar a retroalimentarse. Pero ¿por qué se confrontan y se anteponen?, ¿cuáles son sus límites y cuáles sus alcances? y ¿cómo pueden vincularse y enriquecerse cada una de ellas?
Lo que hace la diferencia son básicamente los actores que se involucran en sus decisiones y la forma e intensidad en los mecanismos de intervención. Asimismo, la periodicidad de la participación, pues si en la democracia institucional se acude a las urnas en intervalos, en la construcción de decisiones de las organizaciones y movimientos sociales la participación es una cuestión cotidiana y permanente. En la democracia representativa son los partidos como actores unitarios en quienes radica la formación de consensos, mientras en la democracia de abajo la participación es abierta a todos los involucrados. Modificar acuerdos en los partidos o entre los representantes políticos resulta en ocasiones sumamente difícil, si no es que una tarea bastante lenta y complicada. Por su parte, en las organizaciones de la sociedad civil las decisiones son muchas veces circunstanciales y siempre fáciles de enmendar o modificar si se llegan a establecer nuevas premisas.
Para disminuir la distancia y paliar esta crítica situación, los partidos han aceptado la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en los espacios institucionales. Existen como tales el referéndum, el plebiscito, la consulta e iniciativa popular, las candidaturas independientes y hasta la revocación de mandato.1 Otro mecanismo para reducir la tensión ha sido establecer vínculos estrechos con diferentes núcleos ciudadanos mediante la cesión de espacios en la representación política. Aunque es evidente que, de acuerdo con sus principios y objetivos, las relaciones tienden a construirse con las colectividades que les son afines, durante años los partidos han desarrollado nexos con diferentes grupos sociales. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el desgaste de las relaciones con los núcleos y grupos corporativos, los mismos partidos han llegado a propiciar o a estimular la conformación de organizaciones civiles y/o sociales que les den cobertura en los ámbitos ciudadanos. Se han creado así asociaciones, fundaciones, instituciones de asistencia privada u organizaciones no gubernamentales con las que los partidos políticos sostienen lazos estrechos y mediante las cuales buscan hoy presentar una cara más amable ante la ciudadanía.
Desde 1997, cuando el partido del gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, el sistema político mexicano se ha desarrollado bajo la centralidad del subsistema partidario. A partir de ese año ha sido el nuevo sistema de partidos, como principal exponente del cambio político, el que ha logrado controlar tanto los espacios de representación como la agenda política institucional. No obstante, desde hace algunos años la ciudadanía y diversos movimientos sociales no sólo han cuestionado, sino disputado esa centralidad cada vez con mayor éxito, mientras el conjunto de partidos políticos acusa un fuerte desgaste y una constante disminución de su presencia y penetración en la sociedad. Es cierto que no se llega a ningún acuerdo importante en el país sin el consenso de los partidos, aunque también podemos observar que algunas de sus decisiones encuentran cada vez mayor oposición y resistencia entre una sociedad civil que se niega a aceptar sin condiciones las negociaciones y resoluciones que lleva a cabo la clase política. El objetivo de este texto surge de la necesidad de profundizar en las características que alimentan esta controversia, desde sus principales supuestos hasta sus posibles aproximaciones y desencuentros, aspectos que constantemente cuestionan la legitimidad de la representación política. Se trata de un debate que día con día adquiere mayor intensidad.
Tal vez el síntoma más evidente de las limitaciones del sistema partidario y de la democracia representativa se puede apreciar ante la ausencia de una consolidación democrática en el país. Lo anterior lleva implícito un distanciamiento de la ciudadanía y cierta desatención sobre las demandas y necesidades que cotidianamente presenta la sociedad. El sistema de partidos no ha sabido ni ha tenido la capacidad para encarar la grave crisis económica, política, social y moral que padece la nación, y su desempeño ante tal situación ha sido prácticamente displicente. Una forma de mostrar esa falta de consolidación democrática es considerando la inestabilidad del propio sistema partidario, que puede observarse mediante la recurrente volatilidad o las constantes fluctuaciones en la competencia electoral (Cuadro 1). Existe un desafecto cíclico de algunos partidos respecto a un electorado que a veces vota por ellos y en la siguiente elección les da la espalda. Con ello se hace evidente que la legitimidad que otorgan las elecciones a los representantes o a las autoridades es meramente temporal, efímera o pasajera y, podría añadirse, provisional.
Cuadro 1 Volatilidad agregada en México
| 1988 | 18.63 |
| 1991 | 15.71 |
| 1994 | 17.13 |
| 1997 | 12.20 |
| 2000 | 11.20 |
| 2003 | 5.03 |
| 2006 | 13.84 |
| 2009 | 16.65 |
| 2012 | 7.88 |
| 2015 | 17.30 |
| 2018 | 28.66 |
Fuente: elaboración con base en datos de la Comisión Federal Electoral (1988), IFE (1991-2012) e INE (2015 y 2018).
En la disputa entre las formas de hacer política y la controversia sobre los tipos de democracia, subyace tanto la necesidad de alcanzar una democracia de calidad como la urgencia de avanzar en los fundamentos de la consolidación democrática. La transición democrática en México, es decir, la puesta en marcha de nuevas reglas electorales, la apertura a la participación de diversas fuerzas y el respeto a la decisión de los electores, no han sido suficientes para arribar a un estatus de democracia que garantice mejoría económica a la población, seguridad pública y derechos a los ciudadanos. En todo caso, el desempeño de la democracia electoral no alcanza para considerar un amplio y claro sentido de la democracia liberal.2
Los partidos se encuentran entre las instituciones políticas más desprestigiadas y en las que menos confían los ciudadanos. Ciertamente la situación que viven los partidos en México no es exclusiva de nuestro país, sino que es una condición que experimentan a escala mundial, prácticamente en todos los países en los que impera la democracia liberal los partidos padecen del alejamiento ciudadano. Es importante tomar en cuenta que en el mundo occidental los partidos han tenido una gran transformación, en la que se ha modificado su concepción como organizaciones de integración de masas, pasando por la etapa de fuerzas atrapa todo,3 hasta llegar a las formas privatizadoras y gerenciales de la política que hoy los caracteriza. De ser instancias políticas intermediarias entre la sociedad y el Estado, llegaron a convertirse en instrumento de intereses particulares y de pequeños grupos vinculados con el Estado, por lo cual Katz y Mair4 los denominaron partidos cartel. En el continuum que va del Estado a la sociedad, los partidos se alejaron de esta última para aproximarse en muchos sentidos al Estado. Se transformaron de fuerzas inclusivas en formatos exclusivos, donde la militancia y los incentivos colectivos (proyecto político, programa e ideología) aparecen como una piedra en el zapato. Una interrogante que guía nuestro trabajo es ¿qué pasó con los partidos o, en cierta medida, qué fue lo que les pasó por encima que los terminó alejando de la ciudadanía? Una evolución en su desarrollo que marca una profunda distancia entre la idea de ser instrumentos de la sociedad hasta resultar simples vehículos de la contienda y el mercado político.
Para explicar este acertijo es preciso señalar que fueron las condiciones de la competencia lo que los llevó a este callejón sin salida. La necesidad de competir en un medio restringido y compulsivo por los votos de los electores y, en consecuencia, por los recursos y cargos públicos, los condujo al imperativo de recurrir al uso de prácticas que reducen la política a mercadotecnia, a meras simulaciones y tergiversaciones de lo que pueden ser la oferta política y las demandas públicas.5 A fin de cuentas, el dinero sepultó a la ideología. La reducción de la disputa política al corto plazo implicó apartarse de las visiones que le dieran sustento a los proyectos de nación, mismos que dejaron de ser la brújula de sus quehaceres cotidianos.
En todo este proceso de cambio la representación política se trastocó. Quedaron marginados sus aspectos sustanciales respecto a los aspectos procedimentales que vinculan la representación con la democracia. Las funciones de integración y movilización, agregación y representación de intereses quedaron relegadas ante la importancia creciente del reclutamiento y la nominación de candidatos, así como la organización del parlamento y el gobierno. La crisis de la representación política, que se ha caracterizado como una crisis de confianza en los representantes, ha generado una pérdida de legitimidad no solamente de los partidos políticos sino también de las propias instituciones y del régimen político que se identifican con la democracia representativa.6
Las transformaciones de la representación política
La idea de representación política tiene una larga historia y ha sido en su interpretación un tanto problemática o disputable.7 Desde su aparición en la antigua Grecia hasta los albores del siglo XXI, la referencia al concepto nunca ha tenido un asidero incontrovertible. Desde luego, esto ha sido por su carácter dinámico, producto de una relación cambiante entre los representantes y representados. Sin embargo, ha sido básicamente la disputa entre la idea de mandato o la autonomía de los representantes lo que ha configurado la tensión entre los dos polos de la relación. En la representación existe una condición que implica el respeto de los representantes en relación con los intereses del representado. Empero, existen también prerrogativas y cesión de atribuciones por parte del principal hacia los representantes que implica que éstos están en condiciones de tomar decisiones sobre lo que a su buen juicio convenga.
La representación política en la modernidad se desarrolla con la presencia de los parlamentos. En estos espacios identificados con la pluralidad se concreta la representación de los diferentes intereses de la sociedad. El concepto se entreteje en una referencia a las características de la estructura social, además de una relación con sus dimensiones funcionales.8Es en la diversidad de la representación en donde se reflejan los distintos intereses de la sociedad como también de los planteamientos que se proponen llevar adelante los diferentes cuerpos sociales. De alguna manera la sociedad se reproduce en el parlamento, incluyendo sus anhelos, demandas y deseos.
Diversos autores han realizado un extenso análisis del desarrollo histórico de la representación política en la época de la democracia liberal,9en los que coinciden en la tipificación de tres modelos o etapas claramente diferenciadas. La primera tiene que ver con el parlamentarismo, la segunda con la democracia de partidos y la tercera, la actual, como una democracia de “audiencia”,10o “modelo electoral”,11 presente desde la década de 1980.
Para comprender la dinámica de la representación en los diferentes modelos, es importante retomar el hilo conductor que se desarrolla en torno a la polémica de la noción del mandato imperativo o la del control de los legisladores, además de la idea de que los legisladores electos no representan a un distrito o circunscripción en particular sino al conjunto de la nación.12
¿Qué tanto los representantes suscriben y responden a los intereses de sus representados?, ¿deben ser solamente sus mandatarios y recibir instrucciones? Al llegar al parlamento ¿deben preocuparse únicamente de los asuntos nacionales y pueden desligarse de las demandas específicas de quienes los eligieron?, ¿su autonomía les permite tomar cualquier decisión o deben mantener una interlocución permanente con sus representados? Estas y otras preguntas se encuentran implícitas en la relación y de alguna manera atraviesan los diferentes modelos de representación.
El parlamentarismo surge a partir de la elección de los representantes en la que éstos sostienen una relación esencialmente personal y de confianza con los representados.13 El vínculo se desarrolla en espacios reducidos y en estructuras sociales perfectamente acotadas, en donde mediante el voto censitario14 se inhibe la participación de amplios sectores de la población. El representante establecía relaciones directas con sus electores y pronto quedó establecido que los integrantes del parlamento eran libres de votar según su conciencia y su juicio personal. De ahí el célebre discurso que Edmund Burke dirigió a los electores de Bristol en noviembre de 1774:
Dar una opinión es derecho de todos los hombres; la de los electores es una opinión de peso y respetable, que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención. Pero instrucciones imperativas, mandatos que el diputado está obligado ciega e implícitamente a obedecer, votar y defender, aunque sean contrarias a las convicciones más claras de su juicio y su conciencia, son cosas totalmente desconocidas en las leyes del país y surgen de una interpretación fundamentalmente equivocada de todo el orden y temor de nuestra Constitución.15
Asimismo, agregaba:
El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros debe sostener, como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino una asamblea deliberante de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde deben guiar no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. Elegís un diputado; pero cuando lo habéis escogido, no es el diputado por Bristol, sino un miembro del Parlamento.16
En general, se partía de una premisa: “El pueblo o la nación no puede tener más que una sola voz, la de la Legislatura nacional [...] el pueblo no puede hablar, no puede actuar más que a través de sus representantes”.17 Eso es lo que se va a definir en la Constitución francesa de 1791, con lo cual el mandato imperativo se prohíbe al transformarse el cuerpo representativo en organismo del Estado. El parlamento deja de ser un simple canal de intermediación para ubicarse en el centro del organismo estatal. Además de representar, se convierte en gobierno, por tanto, requiere de autonomía para funcionar a favor del Estado. En ese sentido representa a la nación.18
En la teoría es fundamental si la representación puede carecer de un fundamento electivo. Al definirse que los representantes no pueden ser revocados, el único control que existe o que tiene la ciudadanía sobre ellos, es el de la elección como sinónimo de autorización.19De ahí la lucha por terminar con el voto censitario y alcanzar el sufragio universal; por ello, al ampliarse el cuerpo electoral se trastoca la relación personal entre electores y representantes, y aparecen entonces los colores partidarios. Se termina la confianza en los representantes individuales y nace la esperanza en los partidos, con lo cual surge la democracia de partidos y el desarrollo de éstos como estructuradores de la voluntad popular. En buena medida el voto era resultado de una expresión de la identidad de clase, en donde el voto no se reducía a una decisión en las urnas, sino que era una forma de manifestar el sentimiento de pertenencia en la que los miembros de la sociedad se reconocían.
Surge entonces la etapa de la democracia de partidos, en la que la representación se transforma en representación política de intereses sociales, en particular los de la clase obrera, que dan cauce a la moderna representación de los partidos de masas. Van a ser los partidos que desarrollan la integración y agregación de intereses los que van a alcanzar un enorme éxito político al ofrecer políticas estatales que los beneficien.20 Este modelo de representación de la democracia de partidos alcanzó su cúspide cuando se reconoce el Estado de partidos, en donde los partidos adquieren estatus constitucional después de la Segunda Guerra Mundial.21 Los electores no votan por un candidato sino por un partido que represente sus intereses, y que son los medios de articulación de la voluntad política de los ciudadanos.
Con todo esto, la representación adquiere una connotación distinta a la de representantes de la nación, pues al recibir un mandato de los partidos, los legisladores se transforman en representantes de los partidos.22 Se produce ahora un mandato imperativo a partir de los partidos, ya que éstos tienen el monopolio de la representación. Asimismo, se consolida el paso de los partidos de notables a los partidos de masas, en donde, de acuerdo con Neumann:
Los partidos modernos han ampliado constantemente su enfoque y su poder en las comunidades políticas, y su carácter y funciones se han transformado en consecuencia. En vez de ser partidos de representación individual nuestra sociedad contemporánea presencia la existencia de partidos de integración social [...] El primer ejemplo de este nuevo tipo de partido lo presentaron los socialistas del continente europeo. Se ha dicho, bromeando, que su organización iba desde la cuna hasta la tumba, desde las asociaciones para cuidar niños de los trabajadores hasta las sociedades crematorias para los ateos.23
Con el rango constitucional que adquieren los partidos, además del reconocimiento de las leyes del mercado político, se originó una nueva transformación en los partidos y, en consecuencia, surgió una nueva crisis de la representación política. La necesidad de competir por los votos obligó a los partidos a matizar sus rasgos ideológicos para tener una irradiación más amplia y un desempeño electoral más exitoso, con lo cual se terminaron los vínculos exclusivos con determinados grupos sociales y las fronteras del interés de grupo quedaron rebasadas.24 Para Kirchheimer este cambio significó:
a) Posponer de modo radical los componentes ideológicos del partido; b) mayor fortalecimiento de los políticos situados en la cumbre del partido; c) desvalorización del papel del miembro individual; d) rechazo a la “chasse gardée”, de un electorado de base confesional o clasista, que se sustituye por una propaganda electoral encaminada a abarcar a toda la población; e) esfuerzos por establecer lazos con los más diferentes grupos de interés.25
Con el paso de los años, estos cambios conllevaron a modificar las características de los representantes y de las mismas funciones de la representación. Son las transformaciones del Estado, junto con la creciente diferenciación social, además del impacto que han tenido los medios de comunicación, los que va a incidir en la búsqueda de nuevas formas de representación, donde los electores, más allá de los partidos, reclaman un vínculo más estrecho o cercano con los representantes. Si bien los partidos desempeñan un papel fundamental, los electores deciden mediante criterios de confianza, credibilidad o semejanza a los políticos que van a elegir. Los ciudadanos, más allá de sus características socioeconómicas y culturales, echan mano de sus conocimientos, actitudes y percepciones para decidir por quién votar.26
Puede señalarse que actualmente el electorado es más independiente y con menos determinantes estructurales para definir su sufragio. En ese sentido los partidos políticos pasaron de ser fuerzas “atrapa todo” a organizaciones “electoral profesionales”,27 en donde las habilidades y capacidades para analizar el comportamiento electoral se ha convertido en un activo fundamental de los partidos. En la decisión electoral intervienen múltiples factores, entre los cuales se destacan las imágenes, la personalidad y la construcción de escenarios políticos.
No obstante, es importante señalar que en los años recientes la representación política se encuentra vinculada con una red de asociaciones que, al responder a iniciativas colectivas, logra darle una expresión pública a los diferentes grupos sociales. Como la representación no puede reducirse a una élite política circunscrita a los partidos, la sociedad busca una mayor visibilidad para desarrollar su propia agenda. Se trata de vincular la representación política con los distintos modos y formas de representación que surgen en la sociedad. En efecto, es en la correspondencia entre lo social y lo político como el sistema de representación logra convertirse en un mecanismo eficaz y sobresaliente. De la misma forma hay que asumir que la vitalidad de las asociaciones, las acciones comunitarias y colectivas o la exigencia de una participación activa en la vida pública, no será capaz de tener un mayor alcance y efecto duradero si no se articula con la representación política.28 En toda esta lógica se vuelve importante, para los partidos, abrir espacios en la representación política a los movimientos sociales, a las organizaciones no gubernamentales y agrupaciones políticas que tienen una agenda político institucional particular y a veces distinta a la de los partidos.
Los partidos en el México del siglo XXI
Con la transición de la década de 1990 se estableció en México un sistema con tres grandes partidos que desde entonces lograron captar la gran mayoría de los votos. Fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) los que establecieron la alternancia política en el país y quienes han controlado la mayoría de los espacios legislativos. Los opositores al PRI lograron arrebatarle varios gobiernos estatales, así como la mayoría, primero en la Cámara de Diputados (1997) y después en el Senado de la República (2000).29 En el año 2000 el PAN logró quedarse con la presidencia de la República y en el 2006 mandaron al candidato del PRI al tercer lugar en la contienda presidencial.
Han sido estos tres partidos los que han definido las reglas de la competencia y quienes se han beneficiado del arreglo político de la transición. Son ellos los que se han visto favorecidos y, sin embargo, han hecho muy poco para fortalecer los espacios que requiere una democracia consolidada. En ese sentido, su desempeño ha dejado mucho que desear, pues el sistema partidario no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y ha sido bastante errático para desarrollar un ambiente de seguridad pública en el contexto nacional (Cuadro 2). Tampoco han hecho mucho para mejorar la calidad de la democracia, más bien se han servido de ella para distribuirse los espacios que se asignan desde el Poder Legislativo. Es muy evidente cómo estos partidos se reparten las designaciones en la composición de los organismos autónomos de tercera generación, como el Instituto Federal Electoral (hoy INE), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (hoy INAI) o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.30
Cuadro 2 Apoyo y satisfacción con la democracia en México
| Año | Apoyo (porcentaje) | Satisfacción (porcentaje |
| 2006 | 54 | 41 |
| 2007 | 48 | 31 |
| 2008 | 43 | 23 |
| 2009 | 42 | 28 |
| 2010 | 49 | 27 |
| 2011 | 40 | 23 |
| 2013 | 37 | 21 |
| 2015 | 48 | 19 |
Fuente: Corporación Latinbarómetro.
Desde la década de 1990 empezaron a surgir nuevos partidos que se establecieron al lado de los tres principales. Algunos han buscado su registro como negocio político y otros claramente como negocio económico para disfrutar de las prerrogativas. Su desempeño ha sido bastante mediocre, ya que si bien algunos de ellos han logrado mantener su registro como partido político nacional al rebasar penosamente el umbral que ha pasado del 1.5 al 3%, nunca han alcanzado realmente éxito político, ni se han consolidado como fuerzas políticas nacionales. Funcionan, como señalara Sartori,31 con la posibilidad de servir para conformar una mayoría legislativa, pero nunca para definir la estrategia de la competencia. Sobreviven gracias al descontento y rechazo creciente respecto al PRI, el PAN y el PRD pero, sobre todo, por las maniobras de mercadotecnia que realizan en las temporadas electorales, con el casi único fin de conservar su registro. Están ubicados claramente a la derecha o a la izquierda de la geometría política y han buscado algún recoveco para ubicar y conquistar a un núcleo de electores que les permita permanecer en el sistema de partidos.
Hay casos paradigmáticos como el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual obtuvo su registro en la elección de 1997 y, desde entonces, nunca ha vuelto a competir en solitario. En el año 2000 apoyó la candidatura presidencial de Vicente Fox coaligándose con el PAN. Como no consiguió mucho a cambio, desde 2003 decidió vincularse con el PRI, del cual ha recibido muchas ventajas. Los gobiernos del PRI han decidido como estrategia competir con dos partidos (el PRI y el PVEM), y este último es utilizado como mecanismo de simulación para tener más diputados de los que le corresponden.
Otro caso es Nueva Alianza, partido que surgió con el apoyo del sindicato magisterial y, en particular, de su ex lideresa Elba Esther Gordillo. A este partido no le genera ningún resquemor aliarse un día con el PRI y al otro con el PAN. Simplemente está a la búsqueda de espacios políticos, sea en los congresos estatales o en algunas regidurías en los cabildos municipales. Nueva Alianza ha competido con su propio candidato en las elecciones presidenciales, logrando mantenerse en la lid electoral gracias a la enorme cantidad de recursos que le inyectan a sus campañas.32
Todos los partidos emergentes funcionan con una cúpula que se beneficia de las prerrogativas y sus dirigentes son casi siempre los mismos, los cuales se rotan en los puestos principales con tal de cumplir los requisitos legales de renovación. Son también quienes ocupan los pocos puestos de representación que les corresponden y evitan a toda costa hacer del conocimiento público cómo ejercen las prerrogativas que reciben. En la elección federal de 2015, los partidos diferentes a la triada PRI-PAN-PRD obtuvieron en conjunto 33.41% de los votos (INE, 2015),33 lo cual no es nada despreciable y son votaciones que algunos partidos ponen en la mesa para negociar posibles coaliciones.
Con la elección de 2015, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) surgió a la palestra política encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces ha participado y competido exitosamente en las contiendas electorales y puede señalarse que ha incidido notablemente en las estrategias electorales. Su presencia ha generado cierta inestabilidad y volatilidad en el sistema partidario y en la elección de 2018 este partido se convirtió en la primera fuerza política del país.
Es así como el sistema de partidos que surgió de la transición en México se encuentra en una severa crisis política. Los tres principales pierden votos y sufren del rechazo ciudadano día con día. Los demás hasta ahora han servido de comparsas, pero no han impulsado ninguna alternativa coherente y sustantiva. En la disputa electoral existe una simbiosis pues no presentan diferencias sustanciales y reducen las campañas a la mercadotecnia, muchas veces no para distinguirse o para presentar propuestas, sino para establecer una guerra sucia con el fin de descalificar al adversario. Privilegian la figura de sus candidatos antes que las ideas políticas. Sin embargo, la crisis e inestabilidad del sistema partidario no es por la falta de eficiencia en la disputa electoral, sino porque el sistema ubicado en la centralidad política no ha sido incapaz de revertir la desastrosa situación en que se encuentra el país. Alberto Azziz34 ha señalado que hemos pasado de un sistema de partido hegemónico a un sistema hegemónico de partidos, con lo cual se refiere a que la pluralidad partidaria en México solamente los había beneficiado a ellos y se habían desentendido de las demandas que presenta la sociedad.
Lo cierto es que la consolidación democrática no va a llegar a buen puerto si se sustenta únicamente en la democracia formal que tiene a los partidos como su punta de lanza. Las instituciones de la democracia requieren de revitalizarse y de que la democracia liberal resulte verdaderamente eficaz.35 En este sentido, no se puede suponer que el funcionamiento de la democracia dependa solamente de unas instituciones políticas adecuadas. Ni la riqueza ni las buenas instituciones crean por sí mismas democracia. Se requiere también de prácticas y de una cultura política participativa. Esa es la disyuntiva en que se encuentra el país. De tal suerte, la formalidad democrática y la vida institucional deben alimentarse de la participación de la sociedad civil, pero no solamente en los intervalos electorales.
Es cierto que durante muchos años el PRI, como cabeza del sistema de partido hegemónico en México y como parte destacada de los partidos de integración de masas, incluyó en sus espacios de representación política a una buena cantidad de liderazgos obreros, campesinos y del sector popular. Los sectores sociales del partido obtuvieron muchas diputaciones durante la larga etapa de hegemonía del PRI. No obstante, cuando las oposiciones empezaron a ser competitivas, esos espacios empezaron a reducirse y los núcleos corporativos tuvieron que dejar sus candidaturas a otros grupos que contenían mayor diversidad social. De hecho siguen participando, aunque con una presencia bastante disminuida.
Hoy son otras las fuerzas sociales que aparecen en la representación política. Junto a los dirigentes sociales de los sectores del PRI, aparecen dirigentes empresariales, propietarios o representantes de medios de comunicación, liderazgos de la sociedad civil, directivos de organizaciones no gubernamentales, luchadores de derechos humanos, de derechos ambientales, así como representantes de instituciones de asistencia privada y de una amplia gama de organizaciones sociales. Pero ahora no solamente el PRI, sino los demás partidos como el PAN, el PRD o Morena, han abierto sus espacios de representación a las distintas formas de organización social. Cada tres años aparecen entre las listas de candidatos muchos dirigentes de la sociedad civil.
Esta ha sido una forma de abrir la agenda política institucional a las demandas de la sociedad y es el camino para permitir cierta simbiosis entre las representaciones política y social. Todos los partidos, aunque unos más que otros, han asumido que la presencia de la sociedad civil en el parlamento tiende a mejorar la percepción que se tiene del Congreso y de la clase política. Sin embargo, los partidos aún tienen el control de la agenda legislativa (a partir de la Junta de Coordinación Política), y dejan muy pocos espacios para los asuntos que interesan a las organizaciones sociales.
El futuro de la democracia
Esta parte final del texto tal vez sea mejor iniciarla con la pregunta ¿tiene algún futuro la democracia, en particular la mexicana? o deberá deambular entre las vicisitudes del complejo comportamiento electoral de los ciudadanos. Es evidente que la democracia institucional, la democracia formal y representativa no tiene mucho futuro si no se profundiza la democracia liberal, básicamente mediante el ingrediente de la participación ciudadana y con el fin de alcanzar una democracia de calidad. Asimismo, si no se entiende y considera la metamorfosis de la legitimidad democrática y, sobre todo, si no se asume la revaloración que ha tenido en los últimos tiempos la misma idea de ciudadanía y presencia de la sociedad civil. La globalización y, en particular, las ganancias del gran capital, al pasar por encima de las conquistas económico sociales logradas a lo largo del siglo XX, generan precarización laboral, exclusión social y migraciones masivas en busca de nuevos horizontes. Con ello, los límites a la democracia liberal están a la orden del día, en donde las instituciones políticas no logran garantizar la seguridad de los ciudadanos, conculcan los derechos humanos y se desentienden de rendir cuentas a la sociedad.
Es importante destacar que la democracia no se reduce a ideas o propósitos, sino que es una forma de organización política que se sustancia en estructuras sociales concretas, en donde se plantean exigencias democratizadoras y participativas por parte de los ciudadanos y de los grupos y sectores organizados. En ese sentido, la democracia tampoco es solamente un régimen de gobierno que asegure una representación soportada en el voto ciudadano y la competencia política, sino también una forma de sociedad en la que los principios de igualdad y libertad se encuentren activos en el tejido social. En tal virtud, el desarrollo de la democracia no puede limitarse a debates ideológicos, ya que debe abarcar componentes de la estructura social y cultural que traduzcan determinados ideales y objetivos políticos.36
Entonces, en qué sentido puede evolucionar y perfeccionarse la democracia en el siglo XXI. En primer término, tiene que asumir cuatro características estructurales de la democracia liberal: la existencia de un Estado, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, la competencia política entre opciones electorales y la responsabilidad de los gobiernos.37 El Estado ha de tener en cuenta los intereses, la idea de justicia y las identidades de los ciudadanos y demostrar que es capaz de gobernar en ausencia de corrupción y de manera responsable. El componente liberal de la democracia inicia con la necesidad de garantizar que quienes detentan el poder (partidos, parlamentos, gobiernos, administraciones, policías, ejército, etcétera) no hagan nada incorrecto, en particular que no vulneren los derechos y libertades de los ciudadanos y que no se excedan en sus competencias. Con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y protección efectiva de los mismos se mantiene la estabilidad de las democracias liberales. Desde luego, también depende de que los ciudadanos hagan realmente uso de esos derechos. Un tercer criterio que permite evaluar la calidad de la democracia liberal es la existencia de una garantía de competencia política entre partidos, en donde se renueve periódicamente el poder político. Un último criterio del carácter liberal de la democracia tiene que ver con la responsabilidad o rendición de cuentas (accountability) de los gobiernos, y de los partidos, coaliciones o grupos parlamentarios que los sostienen. Son estas cuatro características las que nos permiten tener una idea de si la democracia liberal se cumpe o si se distorsiona, con lo cual es posible valorar la calidad de la democracia en un país determinado.38
Otro asunto clave de la democracia contemporánea es la legitimidad, sobre todo ahora que estamos ante la presencia de una mutación del régimen representativo, donde se modifica la relación entre dirigentes y dirigidos.39 Aunque con las elecciones libres se renueva la credibilidad de la democracia, la desconfianza ciudadana persiste. El voto, y con ello la autorización de los gobiernos mediante los comicios, supone una legitimidad de quienes asumen el cargo, y es sin duda un paso esencial para el soporte de cualquier gobierno democrático. Pero a diferencia del pasado, el voto no es una simple autorización para tomar libremente decisiones políticas hasta la siguiente contienda electoral, pues con la vitalidad alcanzada por la disputa política, la legitimidad requiere de una constante revalidación. Ahora a los mandatarios ya no se les otorga una confianza absoluta, por lo cual se encuentran obligados a mantenerla con sus acciones públicas de manera permanente.
Al considerarse que existe un consenso para el ejercicio del cargo, se asume que es legítimo un gobierno que tiene la mayoría de votos de un cuerpo electoral. En este sentido puede considerarse que existe una legitimidad de carácter procedimental, una legitimidad de origen. No obstante, hoy también se plantea relativizar o desacralizar el sentido específico de la elección. En la teoría clásica los electores tenían como función legitimar a los gobernantes y otorgarles esa condición por un amplio periodo. Ahora ya no es el caso, sobre todo cuando el mandato electoral contiene más de un universo, por no encontrarse estructurado por organizaciones disciplinadas, con programas claros y definidos o con divisiones sociales perfectamente distinguibles. Por eso es necesario diferenciar entre la legitimidad de los gobernantes y la legitimidad de sus acciones, que tienen un carácter eminentemente sustancial. Anteriormente la elección vinculaba estas dos dimensiones, pero ahora ese alcance se encuentra más restringido. Hoy la elección no es más que una forma de designación, pero las políticas que los gobernantes aplican se ponen a prueba en forma continua y debe alcanzarse con ellas una legitimidad cotidiana.40
El tercer aspecto que es necesario considerar para analizar el futuro de la democracia se refiere al concepto moderno de ciudadanía como elemento activo y ya no pasivo de su significado. Hoy, a diferencia del pasado, la ciudadanía se encuentra en el centro de la escena pública y es al mismo tiempo el sujeto y el objeto fundamental de las democracias actuales. La misma difusión que ha tenido el término en los últimos tiempos permite ilustrar los cambios de la vida democrática y la polémica en torno a la gramática social de la misma.41 La concepción de Marshall sobre la ciudadanía (innovadora desde luego cuando terminó la Segunda Guerra Mundial), ha resultado un tanto sesgada y presenta una versión del liberalismo demasiado estrecha. Por un lado, reduce las garantías a la igualdad de todos los individuos ante la ley y a la justicia procedimental y, por otro, la idea de ciudadanía política se enmarca en una ciudadanía pasiva, reducida a sus actividades privadas, atenta a sus derechos, pero sin conciencia de sus obligaciones para la comunidad política.42 En ese sentido, el liberalismo conservador formuló una concepción de la ciudadanía en estado mínimo y neutral, suficiente nada más para una realización de los fines individuales.
Hoy se habla de una ciudadanía neo-republicana que se replantea el concepto de comunidad política y retoma su vertiente activa. En esta formulación (donde los sujetos se caracterizan por tener atributos y relaciones), la comunidad política no es un mero agregado de individuos, sino una entidad real que les permite efectivamente vincularse. El ciudadano es concebido como un ser eminentemente participativo tanto en la dinámica de las asociaciones cívicas como en las deliberaciones y en la acción política directa. Así, el ciudadano se convierte en el verdadero protagonista de la comunidad política, la cual debe entenderse como conjunto de normas y valores construidos en la deliberación permanente.43
Al profundizarse estos tres aspectos de la vida política, lo que se encuentra en cuestión es a fin de cuentas el modelo hegemónico de la democracia −la democracia liberal-representativa−, que si bien es el modelo preponderante en el mundo global, solamente es capaz de garantizar una democracia limitada con una creciente distancia entre representantes y representados. Esta forma de democracia se encuentra en disputa con la democracia participativa, que se fortalece mediante una dinámica en la que sus protagonistas luchan en contra de la exclusión social, por el aseguramiento de los derechos civiles, y por una democracia de mayor intensidad, horizontal antes que vertical. Todo ello implica cuestionar una gramática social de exclusión y proponer, como alternativa, otra más inclusiva. Esto se refiere a procesos que implican la incorporación de temáticas hasta ahora marginadas por el sistema político, la búsqueda de una redefinición de identidades y al aumento de la participación, básicamente a nivel local.44
La política institucional, bajo el pretexto de que se trata de una sobrecarga de demandas para el Estado, ha buscado mediante el neoliberalismo desentenderse de las exigencias sociales. Por un lado, el Estado aduce una crisis fiscal para evitar solucionar las demandas y, por otro, la democracia representativa no considera tales planteamientos dentro de su agenda o simplemente busca darle largas al asunto. No obstante, ante las políticas restrictivas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la sociedad civil ha buscado introducir la forma de darle cauce a esas demandas. Hasta ahora el único camino posible ha sido a partir de hacerse cargo de que la participación es la forma de hacerse escuchar y alcanzar un mínimo de respuestas por parte de las autoridades.
En la era de la desconfianza se ha propuesto organizarla a partir de tres modalidades: la democracia de control, la soberanía de obstrucción y una política de juicios, que en sí constituyen una propuesta para enfrentar a la democracia representativa con un contrapoder que Rosanvallon propone llamar contrademocracia.45 No se trata de una política contraria a la democracia sino una forma de oponerse a la representativa mediante los poderes indirectos diseminados en el cuerpo social, esto es, la democracia de la desconfianza frente a la democracia de la legitimidad meramente electoral.
La idea de control sirve para obligar a los representantes a cumplir con sus compromisos, mediante un seguimiento de sus acciones. La obstrucción es para impedir que se plasmen e impongan proyectos negativos para la sociedad. Finalmente aparece la judicialización de la política, buscando establecerle un juicio a la autoridad cada vez que sea necesario. En esto se activan las figuras de pueblo-controlador, pueblo-veto y pueblo-juez. Así, mientras los partidos y la política institucional se erosionan, se desarrollan los grupos de interpelación. Son medios que tienen los ciudadanos más allá del voto para expresar sus reclamos.
Si bien se cuestionan arduamente los confines de la democracia representativa, la intención de la democracia participativa es ampliar el canon democrático, mediante la coexistencia y complementariedad entre las dos formas de democracia. Por su parte, la democracia representativa argumenta en contra el problema de las escalas, esto es, que si bien pueden tomarse decisiones directas en pequeños espacios, a la hora de trasladarlos a millones de ciudadanos las cosas ya no aparecen tan fáciles. La idea de coexistencia indica que mientras la democracia representativa puede seguirse aplicando en el espacio nacional, la democracia participativa puede llegar a desarrollarse en los espacios locales.46 La idea de complementariedad es mucho más compleja, en el sentido de que diversas formas como la deliberación pública pueda llegar a sustituir el proceso de representación tal y como es concebido por la democracia representativa. Los representantes pueden ser elegidos por consenso y su autorización es tan válida como la que se surge mediante una elección.
Reflexiones finales
El modelo democrático hegemónico, con los partidos políticos como elemento centralizador de la política, da cada vez más muestras de agotamiento. La democracia formal y representativa a partir de una autorización electoral evidencia un distanciamiento de la ciudadanía y en las sociedades occidentales se vive un desencanto con las formas institucionales y el mismo desempeño de la democracia. En un país como México, la situación se ha tornado más aguda ante la complejidad de la inseguridad, la incertidumbre y la crisis económica y moral que padecemos. Lo cierto es que muy pocos creen que el sistema político tenga la capacidad o los elementos necesarios para responder y revertir la crítica situación. En realidad, pareciera que no estamos muy lejos de llegar al punto de exigir que se vayan todos (el resultado de la elección presidencial de 2018 adquiere este significado de hartazgo). Los cambios culturales en la sociedad reivindican la necesidad de asumir un compromiso con el entorno social, pero las formas tradicionales de hacer política no parecen contribuir a las soluciones.
Existe hoy una lucha tácita entre las formas de democracia representativa y participativa, antes que una coexistencia entre los dos tipos de procedimientos para llegar a la toma de decisiones. Una forma que se debilita y otra que no alcanza a conformarse como alternativa, pero que álgidamente se ponen en duda y descalifican. Los partidos políticos y sus dirigentes, seriamente cuestionados y descalificados por la forma en que se apropian de los recursos públicos, se disputan la autorización de la ciudadanía para imponer sus proyectos e intereses. Su legitimidad, como puede ser vista, no pasa de los primeros cien días de gobierno. Por su parte, la democracia participativa se encuentra a expensas de las descalificaciones en los medios de comunicación, ya que sus formas y reivindicaciones se contraponen al autoritarismo institucional. Cualquier movimiento de la sociedad civil tiene que enfrentar a los poderes institucionales y nadar contra la corriente del orden establecido. No obstante, la amplia cantidad de espacios que ha generado la sociedad civil ha empezado a construir una nueva gramática social para encauzar sus reivindicaciones.
En ese sentido es posible afirmar que la democracia sí tiene futuro. Pero un futuro que requiere de buenos resultados sociales, de mejores formas de vida, más humanas y dignas, de menos desigualdades sociales. Esos resultados solamente pueden ser producto de procedimientos en los que la participación se ubique en la antesala de las decisiones, libres, abiertas y mayoritarias de los involucrados. Para todo ello tiene que darse una nueva cultura de la democracia, tolerante, a partir de sujetos activos y no súbditos pasivos en espera de que algunos dirigentes o representantes tengan las respuestas y soluciones. No es fácil someter a los grandes poderes, pero solamente una ciudadanía activa y una sociedad fortalecida podría hacerle frente.
