La (in)justicia espacial

La teoría de la (in)justicia espacial es útil para explorar cómo las inequidades, la exclusión, la segregación y la polarización social manifiestas espacialmente, se reproducen sobre el territorio por medio de políticas públicas urbanas y rurales, y a partir de los ordenamientos ecológicos y territoriales. Esta teoría se enfoca en los aspectos espaciales de la justicia y la injusticia, en las distribuciones equitativas o inequitativas en el espacio de los recursos y las oportunidades para usarlos. Desde la década de 1960 aparecieron, en la geografía humana, algunos apuntes sobre la relación entre la justicia y el territorio, por ejemplo, modelos de distribución y asignación, para la localización de infraestructuras, desde enfoques de análisis socioespacial cuantitativos,⁹ sin embargo es hasta 2010 cuando Soja publica Seeking for spatial justice (traducido al español como En busca de la justicia espacial en 2014), misma que además de ser una teoría sobre la justicia espacial, es también un ideal y un arma de lucha.

La teoría de Soja¹⁰ se nutre de la justicia social de John Rawls,¹¹ reinterpretada desde el giro espacial; enfatiza el espacio como factor explicativo de procesos sociales, así como la importancia de la dimensión productiva y producida del espacio en la vida social. Rawls habla de ideales igualitarios, distribución justa de los bienes valiosos como la libertad, la oportunidad, la riqueza y la dignidad, pero sin perspectiva espacial.¹² A diferencia de la justicia social y sin rechazarla, la espacial coloca al espacio en el centro del análisis para comprender las condiciones que producen injusticias, siendo esto la particularidad de la justicia espacial.

Paralelamente al trabajo de Rawls, desde finales de la década de 1960, otros autores exploraron el concepto de justicia desde la perspectiva espacial.

Así surgió la propuesta de Bleddyn Davies, Social Needs and Resources in local services, en donde acuña el término de “justicia territorial”, como una meta normativa, que debían seguir urbanistas locales y regionales para un reparto equitativo de los servicios públicos y las inversiones ligadas a unidades territoriales en el Reino Unido.¹³

David Harvey retoma el concepto de justicia territorial en Social Justice and the City, y lo define como la búsqueda de una distribución justa de los recursos sociales.¹⁴ El autor explica cómo se producen las injusticias sociales, y señala que éstas podían reducirse con un diseño de organización espacial que maximizara las perspectivas de las regiones más desfavorecidas. Harvey propone que para alcanzar la justicia territorial, en cada territorio deben cubrirse las necesidades de la población, y asignar recursos para minimizar o reducir las dificultades espaciales provenientes del medio físico y social, es decir, que haya mecanismos institucionales, económicos y políticos para favorecer las condiciones de los territorios menos aventajados. También sostiene que el funcionamiento habitual urbano hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres: los pobres pagan más por los servicios y productos de primera necesidad, como el transporte. Las instalaciones nocivas ocurren con más frecuencia en barrios pobres, mientras que las inversiones atractivas suceden en barrios prósperos, de modo que los ricos suelen ganar las ventajas comparativas de la localización.¹⁵

Otro texto clave para el desarrollo teórico de la justicia espacial es Le Droit a la Ville de Henry Lefebvre, donde se presenta una crítica a la urbanización desde su dimensión política.¹⁶ Lefebvre observó que el funcionamiento cotidiano de la vida urbana diaria genera relaciones de poder desiguales que se manifiestan en distribuciones desiguales e injustas de los recursos sociales en el espacio de la ciudad. Estas desigualdades son clave en la definición de la lucha por el reclamo de diversos derechos a la ciudad: derecho al uso intensivo de la ciudad y a sus lugares, así como al intercambio social.¹⁷ La idea del derecho a la ciudad habla de los derechos humanos en el contexto urbano, de la urgencia de los más necesitados por tomar control en la toma de decisiones sobre la producción social del espacio urbano, para alcanzar un acceso más equitativo de todos los habitantes a los servicios, vivienda y recursos que proporciona la ciudad.

Años más tarde, Harvey también abordó el derecho a la ciudad, el cual define como:

Mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización.¹⁸

El autor argumenta que en la ciudad capitalista, en donde se privilegian los derechos de la propiedad privada, la acumulación de capital y las ganancias, las desigualdades sociales se intensifican, y aunque él no habla de justicia espacial, las injusticias espaciales se acrecientan.

Lo que Soja deduce de sus predecesores es que el funcionamiento cotidiano de la ciudad genera relaciones de poder que se proyectan en distribuciones desiguales e injustas de los recursos. Soja da cuenta de cómo la política de construcción de vías de comunicación y sistemas de transporte público, y en general de los servicios urbanos, con mucha frecuencia y en diversos lugares del mundo, se ha distinguido por ser injusta, inequitativa y por beneficiar de manera desigual a la población, privilegiando con más frecuencia a los grupos dominantes.¹⁹

Soja distingue que la (in)justicia espacial se presenta de forma endógena y exógena. Las geografías exógenas injustas son producidas por imposiciones de poder. Un ejemplo es el Apartheid en Sudáfrica, sistema de control, dominación y opresión derivado de “estrategias espaciales de segregación y establecimiento de fronteras”.²⁰ Las geografías endógenas injustas se derivan de las decisiones locales relacionadas con la localización de servicios, infraestructura, proyectos, y sus consecuencias en la distribución espacial, evidenciada en la ya mencionada distribución inequitativa de los servicios urbanos básicos, como el transporte público, las clínicas y los centros educativos, o bien en la ubicación de vivienda. Estas geografías son resultantes del modelo de desarrollo. Siempre habrá desigualdades marcadas en el espacio geográfico, y aunque algunas no tengan importancia social, las diferencias distribucionales son factores que contribuyen a la creación y mantenimiento de desigualdades individuales y sociales y, por tanto, contribuyen a las injusticias sociales y espaciales.

La injusticia distributiva, que se deriva de las geografías endógenas, es la expresión más básica y principal manifestación de la injusticia espacial. En este contexto enmarcamos el acceso a los recursos urbanos, al suelo para vivienda y a la vivienda misma. La ZMCM es una muestra de la injusticia espacial en varios temas, entre éstos en lo que se refiere a la disponibilidad de transporte y vías públicas (véase el mapa de la red del metro y del metrubús, se observa la concentración de su cobertura en la Ciudad Central), pero también en el acceso a la vivienda, objeto de este estudio. La falta de acceso a vivienda en los primeros contornos de una metrópoli como la de la Ciudad de México, implica también la falta de acceso a los servicios: transporte, empleo, salud, educación, entretenimiento; la población asentada en las zonas más periféricas carece de servicios.²¹

Como señalamos, la justicia espacial es una teoría para estudiar la justicia desde el espacio y el espacio desde la justicia, pero también es un marco de acción de política, proyectada actualmente en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, elaborada en 2005 después de una serie de reuniones del Foro Social Mundial.²² El derecho a la ciudad establece que la ciudad es para la gente y no para los negocios.²³ La carta, basada en los preceptos de solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social, ha permitido establecer objetivos específicos para alcanzar/luchar por la justicia espacial, en vez de objetivos amplios como la lucha contra el neoliberalismo. Y, aunque los gobiernos metropolitanos la han firmado, no están obligados a cumplirla. Entre otros aspectos, la carta señala:

[... ] que la ciudad no es una mercancía, sino un espacio de desarrollo humano de interés colectivo y con una función social, que abarca el suelo y todo régimen de propiedad del suelo [... ] Propone contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable para fortalecer el tejido social y el ejercicio de la ciudadanía; y promover una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria.²⁴

En relación con la vivienda, la Carta propone inhibir la especulación inmobiliaria y adoptar normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización, así como realización de proyectos de vivienda social. Idealmente la Carta contribuiría a alcanzar la justicia espacial. Sin embargo, esto no ocurre porque el gobierno no está obligado a cumplirla; además, en la lógica económica neoliberal, el suelo es una mercancía y objeto de especulación. La expulsión de las clases populares de las zonas centrales de las ciudades es un fenómeno que está sucediendo en gran parte de las ciudades del mundo (fenómeno denominado “gentrificación” en los países anglosajones), incluidas las de América Latina, y aunque en cada ciudad han operado mecanismos particulares, el fenómeno consiste en desplazar progresivamente a los sectores menos adinerados fuera de las áreas centrales.²⁵

La zona metropolitana de la ciudad de México

La ZMCM es el resultado de la influencia progresiva del proceso de urbanización de la ciudad sobre su periferia, incorporando nuevas áreas ya sea como zonas predominantemente habitacionales, o como centros de actividad económica entre los cuales la población se desplaza de manera cotidiana, conformando un conjunto de unidades político-administrativas contiguas, integradas social y económicamente.²⁶

Por la dinámica en la que se ha configurado la ZMCM se pueden agrupar en la Ciudad Central y en cuatro contornos, el último de más reciente metropolitización (Mapa 1).

Fuente: Manuel Suárez y Javier Delgado “La expansión”, op. cit., pp. 101-142

Mapa 1 Contornos urbanos de la ZMCM 

En el Cuadro 1 destacan los municipios Chicoloapan, y Tecama en el contorno 3, y Tizayuca y Huehuetoca en el contorno 4 con altas tasas de crecimiento demográfico superiores a 7%, frente a las tasas bajas de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (1.6%) de la Ciudad Central.

La Ciudad Central o contorno 0 corresponde a la parte más antigua de la ciudad, al centro tradicional y está conformada por cuatro delegaciones; su dinamismo ha aumentado desde inicios de la década de 1990. El contorno 1 tiene seis delegaciones, de las cuales destaca Iztapalapa por su crecimiento demográfico; se formó entre las décadas de 1930 y 1950 sobre áreas ya urbanizadas dentro del Distrito Federal.

El contorno 2 está integrado por tres delegaciones y cuatro municipios del Estado de México, este contorno es manifestación del proceso inicial de metropolización de la Ciudad de México y corresponde a la etapa de industrialización.

El contorno 3 incluye tres delegaciones y 15 municipios, que se integraron al área metropolitana entre las décadas de 1970 y 1990, algunos de estos municipios eran rurales. El contorno 4 está conformado por 39 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo, ha crecido desde la década de 1990 y refleja el retiro del Estado en la intervención del mercado formal de vivienda (Cuadro 1).²⁷ Los contornos 3 y 4 se caracterizan porque su crecimiento poblacional y conurbación están dados por la construcción de viviendas independiente de las fuentes de empleo;²⁸ en estos dos contornos, especialmente en el 4, la presión demográfica y la especulación del suelo son intensas, aun cuando algunos presentan características rurales y son como un tejido urbano fragmentado espacial, social y culturalmente, que funcionan como islas dispersas.²⁹

Actualmente, la dinámica poblacional de la ZMCM presenta dos tendencias: expansión física de la Ciudad Central hacia las periferias, sobre todo al contorno 3 y la reconversión económica de la Ciudad Central (que incide en el despoblamiento de la ciudad, en particular de la expulsión de población con bajos niveles económico y educativo y la redistribución de la población en las periferias). De acuerdo con Aguilar y Hernández, la Ciudad Central tiene un crecimiento poblacional bajo y en algunos periodos negativos, mientras que el número de empleos aumenta.³⁰ En los contornos 3 y 4, la generación de empleo es limitado respecto al incremento poblacional,³¹ por lo que estos contornos, en términos generales, funcionan como ciudades dormitorio, y sus habitantes se desplazan diariamente hacia los centros de trabajo.³²

En el Cuadro 2, respecto a las tasas de crecimiento de 1970 a 2015 por contorno, los datos indican que la Ciudad Central pierde población entre 1990 y 2005, y comienza a recuperarse desde 2005. Desde el año 2000, el contorno 1 pierde población. Y el segundo contorno también presenta una pérdida de población entre 2000 y 2010. Mientras que en todos los periodos, los contornos 3 y 4 ganan población; destaca la elevada tasa del contorno 4 entre 2000 y 2010. Estos contornos crecen por nacimientos e inmigración y por el despoblamiento de la Ciudad Central y de los primeros contornos en donde el suelo se encarece.³³

Política habitacional en México

El tema del derecho a la vivienda fue un compromiso de los gobiernos posrevolucionarios que se plasmó en el artículo 124 de la Constitución: se establece como obligación de los patrones proporcionar habitación a sus trabajadores. Posteriormente, en 1983 se modifica el artículo 4 para reconocer explícitamente el derecho a la vivienda: “toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, es decir, a una vivienda habitable. La Ley establecerá los mecanismos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.³⁴ Aunque existen diferentes formas de entender lo digno y lo decoroso, estas variables se relacionan con las características de la vivienda y su ubicación, es decir, su proximidad o lejanía a los servicios, centros de estudio y de trabajo, a la calidad de los espacios públicos, del equipamiento y de la infraestructura.

Para que existan condiciones de habitabilidad debe haber coordinación entre la política habitacional y la política urbana.³⁵ Coulomb señala que en términos generales hay una mejoría en las condiciones de vivienda en el país en los últimos 25 años, en cuanto a hacinamiento, calidad de los materiales y acceso a servicios domiciliarios;³⁶ sin embrago, en los contornos 3 y 4 de la ZMCM, la ubicación de viviendas nuevas no siempre ha resultado en condiciones de habitabilidad y, más que mejorar la calidad de vida de sus habitantes, los ha perjudicado.³⁷ Un ejemplo es el caso del fraccionamiento La Trinidad, de Casas Geo, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México, en el contorno 4. El fraccionamiento, y otros similares, construidos para población de bajos recursos económicos con acceso a crédito hipotecario, no cumplen con condiciones de habitabilidad, por lo que 40% de las viviendas está abandonado. Este tipo de fraccionamientos han sido atractivos para familias jóvenes en busca de vivienda accesible (a un precio aproximado de 220 mil pesos), pero la vida cotidiana se complica porque están lejos de lo básico y hay un déficit de transporte suburbano.³⁸

De acuerdo con la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (2005), la acción habitacional y su política han tenido diversas etapas:³⁹ en la década de 1930, el Estado inicia su intervención directa con la creación de organismos públicos como la Dirección de Pensiones Civiles, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (1933) y el Banco de Fomento a la Vivienda (1943). Fue un modelo de asistencia directa gobierno-trabajador, y se limitó a fuerzas armadas, empleados federales y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Departamento del Distrito Federal (DDF), el cual quedó facultado para construir viviendas en 1934 y el IMSS ya operaba programas de vivienda en arrendamiento.

Para las décadas de 1950 y 1960, por el crecimiento demográfico, se crearon instituciones públicas como el Instituto Nacional de Vivienda, con funciones de planificación y coordinador de los diferentes niveles de gobierno, y que facilitaban la asistencia a muy diversos sectores sociales. En 1963 se crearon el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi) y el Fondo de Garantía y Apoyo a los créditos para la vivienda (Foga) para fijar los criterios credicticios a los bancos que financiaban vivienda y establecer las especificaciones que deberían cumplir los programas de construcción habitacional accesibles a la población asalariada. En esta etapa comenzó el crecimiento vertical de las ciudades. Ejemplo de ello son las primeras unidades habitacionales como el Conjunto Urbano Presidente Alemán, Presidente Juárez, Nonoalco-Tlatelolco, las unidades habitacionales Esperanza, Jardín Balbuena e Independencia.

Durante la década de 1970 y principios de la siguiente aparecen instituciones especializadas en el financiamiento de la vivienda para los trabajadores bajo la lógica de que el Estado era responsable de impulsar la actividad habitacional. Y debido al crecimiento demográfico y a la migración campociudad se crearon el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) en 1972, para beneficiar a los trabajadores de menores salarios haciéndolos sujetos a créditos para facilitarles el acceso a la vivienda. También se creó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda (Indeco), para cuantificar y satisfacer las necesidades de vivienda por entidad federativa. En 1981 surge el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), como alternativa para atender a la población de menores recursos y con trabajos en el sector informal y sin acceso a otros organismos de vivienda. De acuerdo con Puebla, uno de los motivos por los que en este periodo el Estado incrementó su participación, es tal vez la crisis de legitimación que vivió después de 1968, y también la pérdida de capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, a partir de la cual “mostró” mayor interés por los problemas sociales y respondió con mayor intervencionismo.⁴⁰

En la década de 1990 hay un cambio importante porque el Estado dejó de construir y se concentró en la coordinación sectorial y en la promoción habitacional. Con el proceso de descentralización desapareció el Indeco en 1992 y cada entidad federativa formó sus organismos de vivienda. En el Programa Nacional de Vivienda de 1990 del presidente Salinas de Gortari, “se incorpora la capacidad productiva y creadora de los sectores social y privado como complemento a la actividad habitacional del Estado, continuando éste con su papel de rector”.⁴¹ “El papel del Estado en este programa fue el de trasladar la responsabilidad de proveedor de vivienda a diversos agentes que intervinieron en la producción habitacional, bajo el esquema de concertación”.⁴² Actualmente es el sector privado de la construcción quien se encarga de la producción de vivienda y quien se beneficia mayormente. Como efecto indirecto de la modificación al artículo 27, en 1992, más tierras en propiedad colectiva quedaron disponibles para incorporarse al mercado urbano, casi todas ellas en las periferias y alejadas de la Ciudad Central. De manera complementaria, el artículo 115 que señala al municipio como la entidad responsable de la regulación del uso del suelo y las reservas territoriales, así como de otorgar licencias y permisos de construcción y hacer los cambios de uso de suelo, colocó a los gobiernos municipales mayores responsabilidades.⁴³ Asimismo, la Ley General de Asentamientos Urbanos en 1993, otorga a los gobiernos locales mayores facultades para la planeación urbana y de vivienda, además de poder para expedir permisos y licencias para uso de suelo, y la facultad de regularizar la tenencia de la tierra. En este contexto, empresas inmobiliarias como Consorcio Ara, Corporación Geo, Sare Grupo Inmobiliario, Condak, Homex, Hogar, Grupo Sadasi, Pulte y Urbi, crecen y se consolidan.⁴⁴

Esta etapa plantea un cambio estructural en los organismos de vivienda y una forma diferente de financiar el acceso habitacional. El Estado promueve la integración del mercado habitacional e impulso a sectores social y privado en materia de construcción. En parte, con la crisis financiera de 1982, y posteriormente con la de 1994, se transformaron “los procesos que conforman el sistema de producción, financiamiento y acceso a la vivienda en el país”.⁴⁵ Acorde con el proceso de descentralización económica, política y administrativa, el Estado en su adelgazamiento y privatización delegó al sector privado, pero este sector no ha sido capaz de atender las necesidades de grandes mayorías de población de escasos recursos económicos. Otro factor importante, es que desde 2002 se ha facilitado la obtención de créditos hipotecarios,⁴⁶ con la finalidad de que más mexicanos con ingresos de al menos tres salarios mínimos, puedan adquirir su vivienda.⁴⁷ Y por otro lado, se han desvinculado la política habitacional y la de desarrollo urbano, como resultado no se garantizan las condiciones de habitabilidad en gran parte de las nuevas viviendas construidas bajo este modelo de producción masiva.

Hoy se tiene un nuevo paradigma de financiación de vivienda, que impulsa el “modelo chileno”,⁴⁸ y se refiere a la producción masiva de vivienda de promoción privada, que tiene el objetivo de reducir la informalidad y el rezago habitacional (carencia de vivienda, hacinamiento y deterioro material) pero que ha generado nuevos problemas relativos a la mala calidad de los materiales de construcción y a la lejanía de las viviendas, problemas que repercuten en su habitabilidad, llegando incluso algunas a ser abandonadas por sus propietarios. El modelo chileno se ha aplicado principalmente en los contornos 3 y 4, donde hay mayor disponibilidad de suelo, antes agrícola, y a precios menores que en la Ciudad Central y en los primeros contornos; en particular se concentra en los municipios Tecámac (contorno 3), Huehuetoca (contorno 4) y Zumpango (contorno 4). En estos tres municipios se concentró la oferta de vivienda en 61.24% del total de la oferta en la ZMCM entre 2004 y 2014, aunque gran parte de ellas están abandonadas (44.68% en Huehuetoca, 39.70% en Zumpango y 25.56% en Tecámac), debido a la falta de servicios urbanos y a la lejanía,⁴⁹ lo que repercute en la movilidad y por ende en la vida cotidiana.⁵⁰

En este modelo de producción de vivienda, el Estado juega dos roles. Por un lado, conforma el sistema de créditos para la adquisición de vivienda (Infonavit, Fovissste) para mantener un mercado potencial y dinamizar una oferta de vivienda; por otro, conforma un sistema de créditos para los constructores y establece las condiciones para la promoción de vivienda privada, traspasando recursos públicos al sector privado. Así, el Estado impulsa el acceso formal a la vivienda desde un papel de facilitador.⁵¹ Y los gobiernos locales se benefician mediante el cobro de impuesto local y de las licencias y permisos de construcción y uso de suelo. Otra característica es que en el modelo chileno, la localización de la vivienda obedece a su oferta y no a su demanda, en este caso, grandes extensiones de suelo antes agrícola; son poco rentables actualmente para dicha actividad desde el abandono al campo en la década de 1970.

El mercado inmobiliario está en función de las ganancias y los fines de lucro de los inversores privados y no en función de las necesidades sociales.⁵² Incluso, son las empresas inmobiliarias las que terminan ordenando el territorio a partir de criterios que las beneficien económicamente: comprando grandes terrenos en las periferias -en los contornos 3 y 4- y construyendo el mayor número de viviendas posible, casi todas para sectores de bajos recursos que gastarán una alta parte de sus ingresos en la movilidad.

Dado que el suelo es el insumo básico para la construcción de vivienda, sus características (localización, extensión, pendiente, estado del subsuelo) “y su accesibilidad (costo/precio, financiamiento), determinan en gran parte las condiciones habitacionales de los distintos sectores socioeconómicos”.⁵³ En los contornos 3 y 4, las empresas inmobiliarias aún encuentran terrenos a bajo costo, antiguamente tierras agrícolas, en donde pueden obtener ganancias significativas por la venta de vivienda, que -como se dijo- no proporcionan habitabilidad porque en este tipo de construcción no se prioriza la construcción de otros servicios urbanos complementarios (centros de salud, educativos, recreación) y equipamiento, sino que se prioriza la construcción del mayor número de viviendas posible, y muchas de ellas en fraccionamientos cerrados que no se integran a la traza urbana, los costos para los habitantes son altos. Su lejanía se traduce en tiempos y costos de traslados, además de la poca conectividad que suele haber en estos lugares, ya que suelen estar desintegrados de la estructura vial, lo que implica la necesidad de usar transporte privado.⁵⁴

Las empresas inmobiliarias y constructoras son las que resultan con mayores beneficios en este modelo de producción de vivienda, al construir en lugares donde hay disponibilidad de suelo barato en comparación con los precios del suelo en los contornos 0, 1 y 2, sin que importe que los habitantes, en su mayoría, estarán obligados a realizar traslados largos y costosos para acceder al empleo y a los demás satisfactores.⁵⁵

En lo que se refiere a la Ciudad de México, en el 2000 se decretó el Bando II con el objetivo de revertir el crecimiento desordenado de la ciudad: evitar que la urbanización continuara extendiéndose en el suelo de conservación de las delegaciones del sur y del occidente, y repoblar las delegaciones centrales que disponen de buena infraestructura y equipamiento para las viviendas.⁵⁶ En las delegaciones centrales se estimuló la construcción de vivienda para las clases menos favorecidas, en el contexto del lema de la competencia electoral de Andrés Manuel López Obrador (2000), “Por el bien de todos, primero los pobres”, siendo los pobres quienes deben ocupar las delegaciones centrales que ya cuentan con servicios, infraestructura y equipamiento subutilizados, y gozan de excelente ubicación.⁵⁷ Para que así sucediera, se facilitaron las condiciones burocráticas para que los desarrolladores invirtieran en la ciudad central y se daría prioridad a la vivienda social para personas humildes. Pero en realidad, la mayor parte de las viviendas que hizo la iniciativa privada (73%) no estaba destinadas a población de escasos recursos, frente al 27% que realizó el Instituto de Vivienda (Invi). La vivienda de iniciativa privada se concentró en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, mientras que en la Venustiano Carranza se concentró la del Invi.⁵⁸ Al modificarse el espacio urbano por la llegada de clases más pudientes, los servicios se encarecen, lo que motiva a los habitantes tradicionales de la colonia o barrio que aún permanecen, a trasladarse a otras zonas en las que los costos de los servicios son menores:⁵⁹ abarroterías, sastrerías, tlapalerías y ferreterías, son sustituidas por cafeterías, tiendas gourmet, spas, boutiques, por ejemplo.

Como resultado se ha creado una geografía de la injusticia que tiende a reacomodar a la población por nivel educativo y de ingresos, concentrándose en los contornos 0, 1 y 2 la más ventajosa, y en los contornos 3 y 4 la de menor nivel educativo y menores ingresos. Este problema, como explica la teoría de la (in)justicia espacial, tiende a agudizar y profundizar las desigualdades. En el siguiente apartado se muestran los datos estadísticos y el análisis que sostienen este argumento.