A partir de la década de 1980, la evaluación de políticas y programas públicos ha adquirido mayor relevancia como una práctica esencial de la administración pública en la mayoría de los países occidentales. La centralidad de la evaluación como parte de los procedimientos cotidianos de los gobiernos, ha traído como consecuencia que tanto los métodos como las técnicas, e incluso el uso de los resultados de la práctica evaluativa, hayan evolucionado rápidamente.

El creciente uso de la evaluación responde a la articulación de dos procesos principales. El primero tiene que ver con las reformas institucionales y administrativas impulsadas por los países para resolver las crisis del Estado de las décadas de 1970 y 1980. El segundo proceso se da en la década de 1990, a raíz de la pérdida de legitimidad de los gobiernos, y se traduce en el surgimiento de un modelo gerencial o posburocrático de administración pública, llamado “nueva gestión pública” (NGP). Este modelo persigue un óptimo desempeño del sector público, a partir de la eficiencia y eficacia de sus resultados, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Para alcanzar estos fundamentos, esta corriente promovió a la evaluación como una herramienta de la gestión pública orientada a resultados.

Al menos en América Latina, un tercer proceso se intensifica en los albores del siglo XXI. La presión ejercida por diferentes actores sociales, que comenzaron a demandar transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos, posicionó a la evaluación no sólo como un mecanismo de corrección de las políticas y programas, sino también como una forma de exigirle al gobierno rendición de cuentas.

La evaluación es un componente esencial del ciclo de las políticas y no debe confundirse con el monitoreo de acciones. Se concibe como una investigación aplicada, de tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación de un método sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar una realidad, así como aportar elementos al proceso de toma de decisiones, que permitan mejorar los efectos de la actividad evaluada; es decir, la evaluación busca conocer la eficacia, eficiencia, resultados e impacto logrados previstos o no. Este conocimiento contribuye a mejorar el diseño de la política o a elaborar acciones futuras complementarias y brindar la oportunidad de rendir cuentas a la sociedad sobre la actuación gubernamental. Puede cubrir todo el proceso de la política o programas o sólo algunas de sus etapas.

La evaluación ha sido impulsada por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y se ha desarrollado de manera diferenciada en países de América Latina. Estados Unidos se caracteriza por su experimentalismo pre-tayloriano en el campo educativo y el Reino Unido en materia de servicios públicos ha presentado avances desde hace ya un siglo. En el caso de México se destaca un enfoque positivista en los programas federales que reciben recursos fiscales y están sujetos a reglas de operación, especialmente en el campo de la política social. Actualmente también se cuenta con evaluaciones que valoran los logros de los programas ambientales.

Estudios referidos a evaluaciones de políticas y programas públicos de carácter ambiental han identificado dos enfoques principales: el de “arriba hacia abajo” conducido por expertos, y el de “abajo hacia arriba” basado en la participación de los distintos actores involucrados. El primero tiene sus raíces en el reduccionismo científico y usa específicamente indicadores cuantitativos. Este enfoque pretende cuantificar las complejidades de los sistemas dinámicos, pero no enfatiza, necesariamente, la variedad de perspectivas de los receptores de los impactos de las políticas y programas.

El segundo enfoque metodológico se basa en una filosofía de participación, encuentra su soporte en las ciencias sociales y promueve la inclusión de indicadores cualitativos en la evaluación. Esta corriente enfatiza la importancia de entender el contexto de evaluación con el objeto de evaluar en función de los objetivos y prioridades de los agentes, argumentando que la sustentabilidad es un prerrequisito de la política ambiental y, por lo tanto, su diseño e implementación debe ser un proceso continuo de aprendizaje entre éstos.

A nivel local se destaca la experiencia de la Ciudad de México con Evalúa DF, que ha tratado de aplicar un enfoque constructivista en sus evaluaciones y de desarrollar una práctica diferente a la federal. Aunque también hay otros gobiernos estatales que han enfocado sus esfuerzos a diseñar e instrumentar un sistema de evaluación orientado a mejorar los programas públicos, es el caso de Jalisco. En este número de la revista se encuentra un artículo que analiza este sistema.

La evaluación de programas y políticas públicas como eje central del presente número de Política y Cultura, es abordado por los autores a partir de diversas vertientes, por una parte, se analiza el papel ejercido por los evaluadores durante las últimas décadas en México, a su vez, la importancia de la participación de la ciudadanía en la evaluación de programas públicos, la necesidad de discutir las evaluaciones de impacto y sus métodos en América Latina y el rol de nuevos actores en los procesos evaluativos, como es el caso de las redes de evaluación trasnacionales.

De esta manera, se brinda a los lectores la posibilidad de tener un acercamiento a casos particulares de evaluación a partir de multiplicidad de análisis desarrollados con la aplicación de métodos, técnicas y aportes teóricos sobre la evaluación. Esperamos que los artículos de este número contribuyan al debate y análisis de los avances y desafíos de la evaluación de políticas y programas públicos.

Comité Editorial