Introducción

El propósito del artículo es analizar los territorios ilegales mexicanos como un orden social, caracterizado por la violencia, transformada en una cadena que relaciona las acciones de sus habitantes, autoridades y organizaciones criminales, en un contexto de lucha económica por las rentas o beneficios, originados por los negocios ilícitos, ahora vinculados con el tráfico de drogas.¹

Para cumplir con el objetivo establecido, me he apoyado en conceptos sociológicos,² como puntos de vista que ayudan a interpretar una realidad social caracterizada por la llamada ilegalidad, que se ha confundido con la criminalidad visualizada como causa de la expansión de la desigualdad social, generada por el modelo económico neoliberal.

Los conceptos teóricos a los que se recurre permiten observar lo siguiente: la presencia del Estado mexicano en la vida cotidiana regional como violencia y la existencia de una guerra económica también violenta, pero articulada con el despojo y la apropiación ilegal de ganancias de las organizaciones criminales asentadas en el territorio.

Las acciones de despojo y de apropiación ilegal de ganancias son parte del proceso de acumulación capitalista por desposesión; lo que ha sido activado por el modelo económico neoliberal en el plano internacional,³ pero algunas de sus manifestaciones nacionales son la expansión de la pobreza y el uso frecuente de la violencia estatal para expropiar beneficios y propiedades de los afectados por las recurrentes crisis económicas a favor de las grandes corporaciones privadas. La acumulación por desposesión se orienta por la lógica económica de la ganancia pero sin límites derivados del orden legal, sino de una lucha regulada a partir de acuerdos específicos sobre la manera de distribuir las rentas entre los que ejercen el despojo o mediante la imposición de formas particulares de practicar la dominación, combinando consenso y violencia sobre la población.

En México, la acumulación por desposesión ha adquirido la forma de una guerra económica, donde participan grupos criminales y autoridades,⁴ que han normalizado la violencia; en otras palabras, tanto la sociedad como el gobierno han dejado de sorprenderse de las transgresiones constantes a la ley, causada por la violencia y que ha sido observada como un problema público menor.

Sin embargo, una característica de la guerra económica desatada por las organizaciones criminales mexicanas es que no tiene una ideología de cambio político ni mucho menos del orden social, es decir, sólo interesa apropiarse de la mayor parte del usufructo, manera en que algunos grupos criminales se han integrado al comercio globalizado de los narcóticos.⁵

Aunque algunas de sus ganancias ilícitas se han canalizado a las actividades económicas, que forman parte de la globalización desde abajo, configurada por una economía que produce y comercializa copias de mercancías para los consumidores pobres, cuyas marcas son propiedad de las grandes corporaciones internacionales.⁶

Por otro lado, el Estado mexicano participa en la cadena de la violencia al permitir las transferencias de rentas a los grupos criminales,⁷ lo que se inscribe en la tendencia general desreguladora neoliberal de lo informal, lo cual significa que en los territorios ilegales, también identificados con los márgenes del Estado, existe una regulación, basada en estructuras tradicionales como la familia, el corporativismo y el clientelismo.⁸

Sin embargo, la presencia del Estado en los territorios ilegales es selectiva, ocasional y contradictoria; sobre todo cuando la violencia interpersonal muestra que los lazos sociales configurados a partir de lo informal son resultado de la presencia de una diversidad de intereses promovidos mediante la violencia, lo que da como resultado un contexto de violencia plural,⁹ y que ha favorecido la presencia de una democracia electoral, que convive con diversos grupos armados, es decir, ahora el Estado mexicano no tiene el monopolio de la violencia física.

Por ejemplo, en Tierra Caliente, Michoacán, las prácticas estatales y sus encuentros rutinarios con los pobladores, desde un punto de vista histórico, han sido de manera arbitraria a partir de recorridos armados en diversas localidades, lo que ha creado una estigmatización negativa de sus habitantes, expresada como un abismo social entre los incluidos y los excluidos.¹⁰

En consecuencia, la presencia estatal en las prácticas sociales de Tierra Caliente ha sido, por un lado, mediante la represión contra una criminalidad que también participa, y por el otro, mediante los programas de asistencia social que ha convertido a una parte de los pobres en "pacientes" del Estado; en otras palabras, existe una dominación aceptada mediante trámites burocráticos para recibir, de acuerdo con los tiempos que dictan las instituciones estatales, el apoyo prometido.¹¹

De este modo, las instituciones estatales tienen una presencia en la vida social mexicana de manera fragmentada y que ha sido reproducida¹² por un sistema de integración/exclusión, que crea desigualdad social porque beneficia a algunos y a otros no los incluye. Desde un punto de vista territorial, dicho sistema concentra ventajas materiales en algunas regiones, mientras en otras sólo acumula precariedad.¹³

Por otro lado, la guerra económica mexicana por las ganancias ilícitas ha reactivado la necesidad gubernamental de establecer modernos mecanismos tecnológicos de vigilancia para la creación de información que ayude a identificar a los diferentes competidores, clasificados como criminales, pero vistos como un riesgo,¹⁴ lo que ha sido otra manera de normalizar el riesgo, que en esta fase neoliberal ha dejado de ser regulado por el Estado-nación.

La hipótesis general del artículo es la siguiente: la violencia que fue ejercida por el Estado social autoritario mexicano formó parte de los mecanismos de control social, lo que en la coyuntura actual no ha dejado de serlo, sin embargo, ahora forma parte de una violencia plural, bajo un régimen político organizado por la democracia electoral.¹⁵

La violencia plural mexicana es generada por el aumento de grupos de autodefensa armada regional, lo que ha fortalecido la creencia colectiva, que ha interpretado a la violencia sólo como un problema generado por la expansión de la ilegalidad.

Al mismo tiempo, la violencia plural ha dejado de ser un evento oculto o semioculto en las instituciones de seguridad del Estado mexicano para volverse público, mostrando las distancias sociales, manifestadas como ausencia de solidaridad con las víctimas, sin identificarse tampoco con las protestas cívicas en contra de la violencia estatal y criminal, sin embargo, algunos ciudadanos han aprobado el ejercicio de la violencia colectiva mediante los linchamientos y a partir de la presencia de las autodefensas.¹⁶

Por tal motivo, la violencia de las autodefensas de Tierra Caliente fue integrada a los mecanismos de violencia ejercida por el Estado para relegitimar su punto de vista punitivo de combate armado contra algunos grupos criminales, y no para romper la cadena de violencia.

Desde un punto de vista metodológico, la información que se utilizó para interpretar que la violencia del Estado mexicano fue reproducida por los grupos armados de Tierra Caliente proviene de la prensa nacional y también de algunos estudios académicos realizados sobre el tema.

Pero las limitaciones del análisis se derivarían del uso de fuentes de información periodística que, de acuerdo con Río,¹⁷ sustituyen la ausencia de suficientes fuentes alternativas para realizar el estudio de algunos conflictos sociales, sin embargo, su importancia también radicaría en que la prensa escrita capta el evento social de manera momentánea a partir de lo que expresaron algunos agentes clave (autoridades municipales, líderes de las autodefensas, pobladores), involucrados en la problemática al presentar determinadas regularidades en sus opiniones, las cuales serían interpretadas por medio de los conceptos teóricos elegidos.¹⁸

El artículo se divide en tres partes. En la primera se analizan las limitaciones que se derivan de considerar la violencia como un rasgo permanente en la construcción histórica del Estado mexicano, sobre todo porque la violencia tiene sus particularidades, que dependen más de eventos como la consolidación de la democracia electoral y también del establecimiento del modelo económico neoliberal. En la segunda se estudia el significado social de las conductas colectivas armadas en relación con la violencia ejercida por el Estado mexicano en la región de Tierra Caliente; así como su intervención en el surgimiento de una fuerza policiaca rural, tomada como un mecanismos institucional de reproducción de la violencia estatal en contra de los grupos criminales locales. En la tercera se presentan las conclusiones acerca de la presencia no uniforme del Estado en los territorios ilegales y, a su vez, sus consecuencias en la construcción de un orden social ilegal.

La violencia histórica mexicana

La interpretación que argumentó que la violencia ha sido un rasgo importante en la configuración histórica del Estado mexicano¹⁹ ha justificado su continuidad; pero no ha permitido comprender sus nuevas formas en un contexto regional, reconfigurado por la política económica neoliberal y por la llamada transición democrática, que consolidó un sistema de partidos, basado en el pluralismo y la competencia, favorable a la alternancia partidista en la presidencia mexicana y antes en los diferentes niveles de gobierno.²⁰

Por eso, desde el punto de vista del pluralismo partidista y de la competencia electoral, la violencia fue resultado de la ausencia de acuerdos entre la élite política para realizar reformas institucionales, que se adecuaran a una nueva realidad electoral, que emergió después de la crisis del sistema político, en la década de 1980, mantenida por un partido político hegemónico y autoritario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La anterior interpretación provocó que la violencia fuera vista por algunos intelectuales como una consecuencia de la ausencia de reformas en las instituciones políticas.²¹ Dichas reformas deberían establecer un orden político democrático, considerado como la condición principal para modernizar a un país a partir del desarrollo económico y social. Sin embargo, esa interpretación tenía sus limitaciones porque el proyecto económico neoliberal dejó de apoyarse en la ideología de la Revolución Mexicana de 1910, trasladando ahora su legitimidad al crecimiento económico, bienestar social y seguridad de los ciudadanos, metas difíciles de cumplir en un mundo de economía globalizada e inestable a pesar de la existencia de un orden político democrático.²²

Pero otra causa para explicar la generalización de la violencia criminal provocada por el narcotráfico fue encontrada en la finalización de su subordinación a la política,²³ es decir, al Estado posrevolucionario, sostenido históricamente por el mencionado partido hegemónico.

Lo anterior permite establecer que la cadena de la violencia estaba organizada por la principal institución de seguridad del Estado y que servía para controlar, extorsionar, proteger y combatir a los traficantes que fueron marginados del poder político.²⁴

Ahora se supone que los traficantes de drogas han alcanzado su autonomía política, lo que ha favorecido la guerra económica por el control del negocio, articulada a las prácticas sociales de corrupción e impunidad, destacadas como dos características principales de la historia política mexicana,²⁵ que han convertido a una parte de la élite política organizada en los diferentes partidos políticos en subordinados o beneficiarios de las rentas ilícitas de las organizaciones de narcotraficantes.²⁶

Por otro lado, si los territorios ilegales sólo se definen a partir de las prácticas sociales violentas, el tipo de violencia utilizada es para obtener ganancias particulares para quienes la practican, y esta violencia²⁷ ha sido ejecutada por la delincuencia y también en una guerra civil; en otras palabras, se trata de una violencia depredadora, es decir, un medio apoyado en la fuerza para acumular a partir del despojo. En este caso, se coincide con David Harvey cuando analiza el neoliberalismo como un sistema de acumulación privada, utilizando como base el despojo violento.²⁸ Sin embargo, no se observa en los territorios ilegales un orden socioeconómico ajeno a la globalización, controlada por las grandes corporaciones capitalistas, sino que buscan cumplir con un objetivo común: hacerse ricos. Pero la diferencia es que algunos de los que realizan sus actividades económicas en los territorios ilegales buscan la riqueza por medios informales, no legales, mientras otros, solamente desean sobrevivir, lo que también ayuda a la reproducción del capitalismo neoliberal.²⁹

En el caso de Tierra Caliente existe un orden económico exportador de cultivos (limones, aguacates, papayas y hasta de acero) articulado a la globalización desde arriba para utilizar la expresión de Mathews y Alba,³⁰ organizado también a partir de las actividades de los grupos criminales, que han logrado establecer su dominio en los mercados legales e ilegales de la región. Sin embargo, su capacidad de exportación hacia Estados Unidos y Europa también ha favorecido el cultivo y fabricación de drogas por parte de las mafias que han usado la violencia para extorsionar a los exportadores³¹ y, al mismo tiempo, para tener una mayor presencia social en las comunidades.

En otras palabras, el orden ilegal del cultivo y producción de drogas sintéticas coexiste con una economía regional exportadora, lo que ha favorecido el flujo dinámico de inversiones, donde ha resultado difícil distinguir el dinero lícito del ilícito.

Aunque las compañías trasnacionales en el área operan con permisos legales emitidos por el gobierno federal para la explotación de tierras, en realidad los han usado para ampliar su presencia de manera ilegal sobre las tierras de propiedad comunal y de los pequeños productores, amparados en una supuesta legalidad,³² que no contradice el contexto ilegal creado por los grupos criminales y que les ha ayudado a adquirir poder político y económico, que rápidamente ha formado parte de la cadena de violencia, en la que también participaban políticos locales y policías municipales, es decir, originó un nuevo orden regional, en el que lo legal y lo ilegal son una condición para el dominio de las mafias del narcotráfico.³³

En consecuencia, en Tierra Caliente existen fuertes lazos entre la economía agrícola exportadora y la de las drogas pero con participación del poder político regional; lo que ha creado una situación de despojo y violencia no ajena a la producida por el capitalismo neoliberal.³⁴

Pero cuando a los territorios ilegales se les caracteriza sólo como sitios organizados por actividades criminales³⁵ emerge su estigmatización social al ser considerados como los márgenes del Estado, donde el desarrollo económico moderno no ha llegado y, por tanto, los partidarios de la legalidad buscarían su desaparición mediante dos mecanismos: su formalización por medio del cobro de impuestos y por la apertura de cuentas bancarias, o a partir de la penalización de sus actividades de contrabando y de producción de copias no autorizadas de una diversidad de mercancías.³⁶

Finalmente, los territorios ilegales son resultado de la expansión del neoliberalismo, donde la ausencia de regulaciones estatales redefinió la participación de la autoridad, a partir de un control social violento ejercido por las mafias del narcotráfico. Entonces, la participación estatal se realiza por medio de las instituciones de seguridad pública y sus fuerzas policiacas, cuya presencia en los territorios ilegales garantiza que el negocio de las drogas distribuya sus ganancias sin problemas a sus participantes, incluida la autoridad.³⁷

El pluralismo violento mexicano

El concepto de pluralismo violento permite referirse a un contexto social, donde existen diferentes grupos armados, ello obliga a pensar la violencia como parte de las relaciones sociales, lo que ha estado presente en las diferentes transformaciones que ha sufrido la sociedad mexicana. Pero de manera paralela a la justicia penal formal existe la que se caracteriza por el uso de la fuerza de manera preventiva para lastimar, dañar o castigar con la muerte a los que supuestamente no cumplieron acuerdos y que también han sido clasificados por sus acciones como criminales.

El contexto de la violencia plural en Tierra Caliente³⁸ fue usado por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto para desarrollar una estrategia militar de combate en contra del grupo criminal llamado Los Caballeros Templarios.³⁹ La estrategia militar, según Gil⁴⁰ y Lemus⁴¹ fue la de enfrentar a la violencia criminal de la región mediante la configuración de grupos de autodefensa armada, formados con miembros de las comunidades, que servirían también como informantes a las instituciones de seguridad federal para realizar detenciones de algunos jefes de Los Caballeros Templarios,⁴² lo que debilitaría a la organización criminal. Pero este grupo se debilitó no sólo por los combates que tuvieron contra las autodefensas, sino porque varios de sus integrantes, que eran vecinos de las comunidades controladas por Los Caballeros Templarios, fueron perdonados para integrarse a los grupos de autodefensa, aportando sus armas a la lucha e información, al mismo tiempo, al ejército y a los líderes de las autodefensas para localizar y detener a los sicarios y algunos de sus jefes.⁴³

Pero más allá de discutir si fue una estrategia militar del gobierno mexicano, los grupos de autodefensa mostraron que la violencia interpersonal como parte de una cadena reproducida en la esfera pública -dejando de lado las sombras del Estado-,⁴⁴ se ha transformado en un poder punitivo particular para combatir al crimen y también para poner en marcha el proceso de acumulación por desposesión contra los criminales o sus víctimas.⁴⁵

En febrero de 2013, el poder armado de las autodefensas en Tierra Caliente se manifestó y encontró su legitimidad en la opinión del entonces presidente municipal de Coalcomán, Rafael García Zamora: "¡Y era insoportable la situación! A todos nos extorsionaban [Los Caballeros Templarios] Hasta en el municipio teníamos que darles 10% del presupuesto cada mes [...] Lo aceptamos [...] pero ya no lo hicimos [porque] se metieron con nuestras familias, violaban y se llevaban a nuestras esposas, a nuestras hijas".⁴⁶

Podría interpretarse la queja como una rebelión contra los métodos de expoliación puestos en marcha por el grupo criminal Los Caballeros Templarios, lo que obliga a pensar que la violencia era una práctica cotidiana, que no causa dudas; sin embargo, se ha mostrado que esa organización criminal fue capaz de construir un orden local alternativo⁴⁷ al estatal al cumplir con la tarea básica de dotar a las comunidades de seguridad pública y servicios públicos.⁴⁸

Una administración de justicia paralela generada por un orden informal, que influyó en la vida ordinaria de la gente al aceptarla o enfrentarla; pero que se parece más a la justicia estatal en el sentido de que ambas no descartaron los métodos violentos para cobrar su protección.⁴⁹ Estado mexicano, cuando tenía bajo su control al narcotráfico, cobraba su protección y a veces castigaba con cárcel y muerte a los traficantes de drogas que no aceptaban la subordinación a sus directrices.⁵⁰

Pero también lo sucedido en Tierra Caliente, desde otro punto de vista, mostró que el gobierno de Peña Nieto intervino en el conflicto mediante un mecanismo informal como lo fue la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por el entonces comisionado, Alfredo Castillo Cervantes, renovando la cadena de violencia regional, mediante el uso del ejército y la policía federal.⁵¹

Al final, el comisionado institucionalizó la violencia al transformar a las autodefensas en una policía rural local, lo que representó una mayor presencia gubernamental, que se había desdibujado por una debilitada policía municipal, desplazada por Los Caballeros Templarios o convertida en su colaboradora.

Además, el uso de la información proporcionada por las autodefensas de parte del gobierno federal fue para reforzar su discurso de guerra contra el crimen y, al mismo tiempo, sirvió para encarcelar al secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna -quien también se desempeñó como gobernador provisional, durante la ausencia por enfermedad del entonces gobernador, Fausto Vallejo-, apoyado en evidencias videograbadas,⁵² mostraron la complicidad informal entre la administración del gobierno de Michoacán y Los Caballeros Templarios, misma que se rompió cuando el orden ilegal y sus prácticas informales dejaron de proporcionar seguridad y bienestar a las comunidades, mostrando más las limitaciones del orden legal y formal para garantizarlas.⁵³

Sin embargo, lo sucedido en Tierra Caliente son prácticas iliberales,⁵⁴ es decir, acciones que desde el punto de vista legal son ilegítimas, pero que están articuladas a la economía global por redes de lo ilícito a escala local o regional, apoyadas en la violencia, lo que niega la vigencia del orden legal.

Desde otro punto de vista,⁵⁵ el poder económico existe en un espacio global, extraterritorial y generador de incertidumbres, sin que la política pueda imponerle controles porque su actuar sólo influye en los intereses locales, donde no hay límites entre lo legal e ilegal, para responder a los problemas reales de los individuos.

Por eso los políticos son irrelevantes para las personas, que ante un problema de inseguridad y de bienestar global, buscan certezas en órdenes emergentes. En este caso, las autodefensas mostraron que mediante el uso de la violencia podían destruir el orden establecido por Los Caballeros Templarios.

Sin embargo, no pudieron construir uno ajeno al uso de la violencia armada debido a que aceptaron su transformación en una fuerza armada local, bajo los lineamientos del Estado mexicano.⁵⁶

Mientras, José Manuel Mireles Valverde, entonces líder de las autodefensas de Tepalcatepec, no aceptó el plan de desarme del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, justificando su rechazo sobre lo que el orden constitucional mexicano no ha podido garantizar: protección y justicia a la ciudadanía: "[...] el gobierno federal [debería restablecer] el estado de derecho en Michoacán y [limpiarlo] de criminales".⁵⁷

En consecuencia, tampoco comprendió que el Estado mexicano ahora es parte de los procesos de extracción de rentas, que es un mecanismo económico de acumulación del capitalismo neoliberal, lo que no necesita de una presencia uniforme del Estado mediante un amplio aparato administrativo en el territorio; sobre todo en un contexto de ejercicio del poder de una manera discontinua e indirecta por medio de diversos agentes económicos y armados en el plano local y regional,⁵⁸ lo que ha relativizado las fronteras entre lo legal e ilegal e impide una distinción clara entre lo público y lo privado.⁵⁹

Por tal motivo, en el territorio mexicano existen grupos criminales de diferente tamaño y capacidad para delinquir y ejercer la violencia contra sus competidores -las fuerzas de seguridad del gobierno y algunos grupos de la sociedad- en el negocio lucrativo del narcotráfico, cuando se han transformado en participantes en sus diferentes cadenas de valor.⁶⁰

Lo anterior muestra que el uso permanente de la fuerza y la militarización de la seguridad por parte del Estado mexicano no ha podido detener la violencia derivada del negocio del narcotráfico; sin embargo, ha provocado su traslado a la región centro y sur así como a las periferias de algunas zonas metropolitanas, manteniéndola en los territorios rurales de Tierra Caliente y del estado de Guerrero.⁶¹

La fragmentación, atomización y diversificación en los negocios delictivos, que ya no sólo se limitan al tráfico de drogas, significa que existe una alta incertidumbre en el mercado, derivada tal vez de su criminalización trasnacional y también al nacimiento de nuevos tipos de drogas.

Pero la fragmentación de los grupos delictivos también es consecuencia de que no existe un Estado uniforme y continuo en el territorio, lo que se ha interpretado como una presencia limitada del Estado en periferias urbanas o en localidades rurales,⁶² lo que fue la causa de la "epidemia de autodefensas", que comenzó en enero de 2013, para que después se convirtieran en policías comunitarias.

Sin embargo, cabe destacar que las policías comunitarias son reconocidas de manera formal o informal por las autoridades gubernamentales. Esta característica ha permitido reforzar el argumento de que el Estado no está ausente, sino que su presencia ha sido invocada para realizar tareas o funciones de seguridad que el Estado no puede ejercer de manera uniforme y continua mediante una presencia mayor por medio de su burocracia.⁶³

Por otro lado, un intermediario autorizado por Los Caballeros Templarios para comprar mariguana de la región, dio a conocer la manera en que el dinero de lo ilícito se ligaba con las actividades políticas: "Trabajamos con todos los partidos [políticos]. Apoyamos las campañas políticas. ¡Qué caras son! [mientras permanece sentado junto al escritorio del alcalde... y más tarde agregó] el cultivo de enervantes se ha convertido en una opción de autoempleo para casi todas las familias campesinas en la región".⁶⁴

Lo anterior es una evidencia de algunas de las formas en que las autoridades y los diferentes tipos de policías participan en el negocio del narcotráfico, lo que también se ha realizado a partir del cobro del derecho de paso para los cargamentos de mariguana, que se dirigen al territorio de los Estados Unidos.

Pero la violencia acompaña al proceso de producción y distribución del enervante cuando "[...] la gente vende lo que no es [engaña al comprador] o lo que no le corresponde [es decir, hace un negocio personal con el cargamento propiedad de la organización criminal] [o porque] la organización [criminal ha decidido] Te vas a chingar a tu madre. Desapareces. Y cuando la decisión está tomada, no hay vuelta atrás.⁶⁵

En otras palabras, los líderes de Los Caballeros Templarios decidían sobre el futuro de quién o quiénes dejaban de ser de utilidad para el negocio.

Manteniendo el principio de su grupo criminal antecesor, La Familia: "Sólo muere quien debe morir [...] esto es justicia divina",⁶⁶ proclama dada a conocer en sus mantas colgadas en algunos lugares públicos de la región.

Finalmente, en la región la fragmentación social es consecuencia de un sistema de inclusión/exclusión, reproducido en un contexto social de globalización desde abajo, que tiene como base el universo de lo ilegal, y que no se pude reducir sólo a las actividades de expoliación realizadas por los grupos criminales.

Por ello, la desregulación estatal de la producción y comercialización de productos agrícolas ha impactado de manera negativa y diferenciada al campesino de la región, lo que no se ha podido detener con los programas de asistencia social, provocando que la siembra de mariguana sea la opción principal de sobrevivencia para un campesino empobrecido.

Conclusiones

La reproducción de la violencia estatal mediante su fuerza punitiva ha encontrado su justificación en un contexto social de incertidumbre, generado por la expansión de las actividades económicas ilegales, ante la desregulación del poder político y económico que, al mismo tiempo, ha impulsado una situación donde la vigilancia, apoyada en la tecnología, se ha transformado en un mecanismo de control social por parte de la autoridad para vigilar algunas acciones ilegales clasificadas como criminales.

Pero el Estado mexicano neoliberal no tiene una presencia institucional uniforme en el territorio, sino que se apoya en diferentes agentes políticos y económicos para desarrollar sus funciones de gobernabilidad en el plano regional.

La presencia estatal no uniforme en el territorio surge en un contexto donde existen diversos grupos armados que usan la violencia de dos maneras: como un medio para despojar o cobrar impuestos o protección a los habitantes de un territorio en particular y también para combatir la incertidumbre creada por la inseguridad pública, identificada con la supuesta expansión de las acciones criminales que afectan la vida y la propiedad de los pobladores.

Por otro lado, el uso de la violencia armada y organizada por grupos de autodefensa se apoya en la creencia social de que el Estado está ausente y, por tal motivo, no cumple con su tarea de garantizar la seguridad ciudadana, cuando en realidad su presencia es parte de la cadena de violencia, que se ha configurado a partir de su contribución, junto con la de otros agentes que la usan para apropiarse de los altos beneficios económicos, provenientes tanto de la globalización desde arriba como la desde abajo, pero que han dejado de estar regulados por las políticas estatales.

La presencia estatal discontinúa en el territorio mexicano ha sido más evidente en los llamados territorios ilegales o en los márgenes del Estado donde se han desarrollado por décadas las actividades del narcotráfico, criminalizadas por el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo ahora que han adquirido el estatus de un negocio trasnacional con una participación compleja de diferentes intermediarios de ambos países.

El orden social en los territorios ilegales ha sido criminalizado por el Estado mexicano que está presente a través del ejército en diversos momentos histórico de la región de Tierra Caliente; pero en la actualidad muestra el fracaso de sus políticas de modernización de lo rural mediante la apertura económica y su subordinación a la lógica del poder económico, que no puede ser controlado ni moldeado por la política regional ni nacional.

Finalmente, la ilegalidad también ha sido usada por el Estado mexicano para intervenir en los conflictos sociales y reproducir, bajo la ideología de la inseguridad pública, mecanismos de control social punitivos contra los que han sido clasificados como criminales y que viven la globalización desde abajo.