Relación entre empresa y gobierno

 

¿Éxito económico o pérdida de estatalidad? Ordenamientos mixtos en tiempos del oro verde

 

Sandra Hincapié Jiménez*

 

* Becaría del Programa de Becas Posdoctorales, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México. [sandramiled@gmail.com].

 

Artículo recibido el 16-09-14.
Artículo aceptado el 14-04-15.

 

Resumen

Este artículo analiza el proceso convergente de reformas estatales y agentes privados legales e ilegales que configuraron un ordenamiento mixto mediante el cual se transformó el territorio regional, se promovió la expansión desregulada de la agroindustria del aguacate y el acaparamiento violento de los recursos y las oportunidades en el suroeste de Michoacán. Para ello definimos los ordenamientos mixtos y en un análisis histórico-contextual presentamos evidencia empírica que explica la configuración, consolidación y expansión del ordenamiento social, posible solamente en la medida que se acoplaron mecanismos legales e institucionales con el ejercicio ilegal de la violencia y la desregulación económica estatal.

Palabras clave: órdenes sociales, reformas estatales, agroindustria, crimen organizado.

 

Abstract

This paper analyzes the convergent process of State reform and legal and illegal private actors that shaped a mixed order through which the regional territory was transformed, and was promoted the desregulation of agro-industry of avocado and a violent hoarding of resources and opportunities in southwestern Michoacán. First we defined the framework and within a contextual historical analysis we present empirical evidence that explains the configuration, consolidation and expansion of the social order, that was possible only to the extent that legal and institutional mechanisms were coupled with the illegal practice of violence and the state economic deregulation.

Key words: social orders, State reforms, agro-industry, organized crime.

 

INTRODUCCIÓN

La expansión y consolidación del crimen organizado en México ha puesto en evidencia las limitaciones de las organizaciones estatales en su capacidad para garantizar condiciones de orden, seguridad y provisión de recursos básicos que legitiman la permanencia y sujeción al pacto colectivo. Mucho se ha especulado sobre la forma de caracterizar estos procesos sociales violentos escenificados en México y particularmente en el estado michoacano en los últimos años. En este artículo se explica que la relación entre organizaciones estatales, criminales y empresariales ha configurado lo que denominamos ordenamiento mixto, el cual ha permitido la transformación del territorio, la concentración de las oportunidades y los recursos, así como la adecuación de condiciones propicias para el desarrollo de uno de los principales productos de exportación agroindustrial de México.

A partir de un análisis histórico y contextual estudiamos la zona aguacatera del suroeste michoacano, la cual permite analizar los efectos en los procesos convergentes de implementación de reformas políticas y económicas, configuración de la agroindustria del aguacate y expansión del crimen organizado. Para nuestro propósito realizamos un análisis empírico que combinó el uso de fuentes primarias (entrevistas, observación, estadísticas oficiales) y secundarias (informes gubernamentales y no gubernamentales, prensa), luego de diversos recorridos en la zona sur de Michoacán entre 2012 y 2014.

 

DEFINIENDO LOS ORDENAMIENTOS MIXTOS

La ciencia política como disciplina fue reacia desde sus orígenes a abordar la pregunta por la configuración del orden en las sociedades modernas dejando a la sociología la tarea de dar repuestas a dichas inquietudes. Sin embargo, este panorama ha cambiado en los últimos años, cada vez más el Estado y las capacidades estatales ocupan un lugar destacado en el debate académico ofreciendo nuevas perspectivas de análisis y señalando los desafíos explicativos que esperan novedosas respuestas a partir del trabajo empírico.¹ Un examen cuidadoso y un conocimiento profundo de los conflictos asociados a la trayectoria histórica de cada orden ayudarían a comprender cómo las organizaciones estatales pueden enfrentar sus dilemas en forma adecuada.

El orden estatal² se define en medio de las luchas de exclusión que terminan por delimitar un "interior" de un "exterior", haciendo coincidir el referente territorial con la unidad macro política que el Estado representa. En ese sentido, la concentración de recursos en las organizaciones estatales va estrechamente unida a la producción social del espacio donde dichas capacidades cobran significado. La espacialización de la dominación política no sólo distingue a dicha "comunidad" de un afuera o un exterior, sino también, que en un proceso complejo de configuración se van delineando los contornos del "adentro", es decir, de las regiones, la delimitación de fronteras internas y su respectiva jerarquización.

Michael Mann llamaba a la proyección del Estado en el territorio "poder infraestructural";³ por su parte, Joel Migdal señalaba que la penetración en el territorio por parte del Estado estaba determinada por las estructuras de auto-organización social, de ahí que, según Migdal, dos Estados podrían tener la misma capacidad estatal en términos de organizaciones y recursos pero los resultados podrían variar por la forma de organización social.⁴

Precisamente, North, Weingast y Wallis, en su libro Violence and Social Orders,⁵ ofrecieron una tipología sobre los procesos histórico-sociales que dan forma al Estado, como resultado de la necesidad de organizar la violencia en la búsqueda por la extracción de recursos. El Estado moderno como organización de organizaciones, según North, surge en el tránsito de lo que denominan "órdenes de acceso limitado" hacia "órdenes de acceso abierto".

Los "órdenes de acceso limitado" son aquellos donde las instituciones estatales son escazas o se rigen desde principios personalistas, ahí las élites económicas, políticas y/o religiosas controlan restringiendo los accesos a recursos, administrando la violencia en forma discrecional para mantener sus privilegios. Por el contrario, los "órdenes de acceso abierto" se caracterizan por los principios de impersonalidad que rigen las instituciones a partir de las cuales se estructuran los accesos a recursos y actividades consideradas valiosas. Para North, sólo unos pocos Estados en el mundo pueden ser considerados como órdenes de accesos abiertos, ya que la gran mayoría han diseñado formalmente instituciones basadas en la impersonalidad, pero su funcionamiento es propio de las dinámicas de los órdenes de acceso limitado, en la medida que coaliciones dominantes continúan limitando el acceso a los recursos reservándolos para los grupos pertenecientes a la élite. La clave explicativa de esta propuesta se encuentra en el estudio de las relaciones a partir de las cuales se regulan los accesos a los recursos estatales, controlando la violencia y logrando que los poderosos no peleen sino que cooperen.

La perspectiva de North es insatisfactoria en varios sentidos: en primer lugar, la explicación tiene un sesgo elitista ya que las instituciones se crean por el acuerdo entre los poderosos y no media ninguna relación con los subordinados ni sus luchas; dentro de este acercamiento no tendría lugar la acción colectiva de los "vencidos". Al hacer énfasis en los pactos entre élites para promover el cambio en las sociedades -otras perspectivas aún más reduccionistas los hacen en torno a los incentivos individuales- se dejan de lado los profundos conflictos sociales subyacentes, que han acompañado los procesos reformistas antes, durante y después de ser promulgados -armados o civiles-, así como los mecanismos de acoplamiento de los órdenes estatales en medio de dichos cambios.

En segundo lugar, North ofrece una explicación global de las formas de ordenamiento de las sociedades que, al igual que las teorías del régimen político, presenta un ordenamiento coherente y homogéneo en todo el territorio estatal, dejando sin explicar cómo funcionan los ordenamientos estatales y cómo logran estabilizarse y perdurar sus instituciones, con amplios territorios locales y regionales donde organizaciones armadas logran coexistir en el tiempo estableciendo formas de ordenamiento compartidas con dichas organizaciones estatales.

Podemos advertir que en países como México estos ordenamientos criminales no logran cambiar los marcos normativos a nivel central, pero sí la capacidad estatal de proyección de dicho ordenamiento en amplios territorios e incluso en sectores fundamentales de la sociedad. En este tipo de Estados, donde otras organizaciones criminales son capaces de ordenar sociedades coexistiendo con las instituciones estatales, se presenta lo que denomino como ordenamientos mixtos.

De acuerdo con lo anterior, planteo que en los ordenamientos mixtos se combinan instituciones que han incorporado amplios marcos normativos de reconocimiento de derechos con prácticas propias de los órdenes sociales de violencia. En los ordenamientos mixtos perviven las formas de regulación política estatal y se mantienen los roles asignados a las instituciones sociales, pero las normas y las reglas se han transformado, institucionalizando con frecuencia nuevos sistemas de ganancia y poder de acuerdo con patrones de autoridad compartida. En ese sentido, conjugan una variedad de mecanismos, formales e informales, para controlar los cambios en los sistemas de ganancia y poder, estableciendo sus propias reglas de distribución y apropiación de bienes y/o libertades que se estructuran de acuerdo con los recursos en disputa.

El análisis de estos conflictos violentos representa una buena oportunidad para explicar que el uso de la violencia organizada gestiona los cambios y redistribuciones de poder, constituyéndose en una opción estratégica a seguir por parte de diversos actores sociales, económicos y políticos para la creación de nuevos equilibrios sociales. En este artículo se examinan los mecanismos que han operado para generar acoplamiento y reproducción de dichos ordenamientos en el municipio de Uruapan-Michoacán.

 

TRANSFORMACIÓN REGIONAL: CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO ORDENAMIENTO

El municipio de Uruapan se encuentra ubicado al suroeste del estado de Michoacán. Jaime Espín ha descrito esta región como un "continuum diferenciado", integrado por dos zonas delimitadas geográficamente: la Meseta Purépecha o Tarasca y el Valle de Apatzingán-Tepalcatepec, donde el municipio de Uruapan y Tancítaro se ubican en la posición intermedia haciéndola centro de las dinámicas económicas y políticas de la región. Esta zona intermedia entre la Meseta Purépecha y el Valle de Apatzingán donde se ubica Uruapan, ha tenido diversos cultivos agrícolas en los ejidos como el maíz, el trigo y desde la década de 1960 se dio inicio a un proceso de conversión en la vocación agrícola de la región hacia la agroindustria del aguacate.

Como fue establecido en las investigaciones de Roger Bartra, el ordenamiento del partido hegemónico en el México rural, durante buena parte del siglo XX, se articuló en torno a una "estructura de mediación" que tenía dos características fundamentales: por un lado, una política agraria que promovía el desarrollo capitalista manteniendo de manera dual, gracias a los repartos agrarios, las condiciones de economía de subsistencia en la pequeña economía campesina y ejidal; por otro, una extensa red de instituciones permitían controlar a partir de la integración política de manera corporativa y caciquil.⁶

Estas estructuras de mediación del ordenamiento estatal priista empezaron a desgastarse durante la década de 1970, lo cual se manifestó en protestas, huelgas, marchas y tomas de tierra, que hicieron evidentes las inconsistencias y contradicciones de la política agraria. Ante la crisis del modelo agrario, en el suroeste de Michoacán se generaron dinámicas contenciosas de organizaciones campesinas que llevaron a la creación de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) en el municipio de Tingambato (entre Uruapan y Pátzcuaro) en noviembre de 1979. Durante la década de 1980 confluyeron en la Unión de Comuneros más de 80 comunidades y ejidos con reivindicaciones como redistribución de tierras, recuperación de bienes comunales o dotación de ejidos.⁷

Paralelo a las intensas movilizaciones populares, en Uruapan se empezó a desarrollar un mercado de productores aguacateros, con capacidad de inversión, que pronto se posicionaron como agentes dominantes que monopolizaron la comercialización a partir de la fundación de las primeras asociaciones regionales de aguacateros, apoyadas en las políticas estatales y configurando un nuevo entramado de relaciones en el ordenamiento local.

Durante esta coyuntura de emergencia del nuevo ordenamiento, la crisis inflacionaria de la década de 1970, los bajos precios del maíz y del trigo obligaron a los campesinos y ejidatarios a combinar sus actividades agrícolas con la labor artesanal, o emplearse de obreros como medio principal de subsistencia. Mientras tanto, los subsidios que habían sido distribuidos durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) fueron concentrados en un pequeño grupo de empresarios posicionados en la Asociación Local de Productores de Aguacate de Uruapan, así como en la Unión Regional Agrícola del Estado de Michoacán, favoreciendo sus propios intereses al monopolizar los recursos de la Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT) y de Fideicomisos Instituidos en relación con la Agrícultura (FIRA).⁸ Los ejidatarios que habían empezado a crear sus propias huertas de aguacate quedaron desde el inicio incorporados de manera subordinada a las relaciones de producción y comercialización del aguacate en el municipio.

Aquí puede observarse un primer momento del ordenamiento local basado en la concentración de las oportunidades por parte de actores poderosos para posicionarse en forma dominante en el nuevo campo de relaciones. Los recursos estatales destinados al fomento de la agricultura, que se tradujeron en créditos y asistencia técnica durante la década de 1970 y aquellos que se mantuvieron durante la de 1980, fueron monopolizados por los empresarios aguacateros posicionados en las asociaciones y utilizados en proyectos productivos donde reinó la corrupción. Como lo ha documentado Daniel Hernández para el caso de la Unión de Crédito Agrícola e Industrial de Michoacán (UCAIM): "[...] algunos de sus directivos aprovecharon los privilegios de contar con información de primera mano, acapararon créditos, eludieron auditorías administrativas o sustentaron sus proyectos sin financiamiento real, valiéndose solamente del capital de los mismos socios".⁹ Al finalizar la década de 1980 fueron encontradas en lugar de ganancias, grandes pérdidas por la ineficiencia de la producción debido a la dispersión de las huertas y el control de las asociaciones con gran influencia en las organizaciones de gobierno.

En este escenario de concentración de las oportunidades, las principales reformas estatales de la década de 1980 se encaminaron hacia la eliminación de subsidios y desregulación económica, lo que permitió a las asociaciones regionales crear verdaderos monopolios con total autonomía, dado su posicionamiento e influencia política. Lo anterior fue así en la medida que, al ser eliminados buena parte de los subsidios y créditos estatales para la formación de nuevas huertas de aguacate, los ejidatarios no tenían una base de apoyo, mientras las empacadoras no sufrieron pérdidas ya que transfirieron los costos económicos de la baja de precios a los productores.¹⁰ Los empresarios aguacateros posicionados en sus empacadoras acapararon las oportunidades y recursos estatales, los ejidatarios trataron de buscar alternativas ante la concentración de los empresarios (como fue el caso del ejido de San Francisco) creando sin éxito sus propias empacadoras con créditos de Banrural. Además de los recursos estatales de subsidios, las élites empresariales del aguacate en Uruapan también monopolizaron la comercialización de aguacate en la Central de Abastos de México, dejando la producción de aguacate de los ejidatarios en manos de bodegueros y mayoristas. Al finalizar la década de 1980 las empacadoras de los ejidatarios estaban en quiebra debido al elevado endeudamiento con el banco y los reducidos márgenes de ganancia, convirtiéndose para 1990 en subcontratistas maquiladoras al servicio de las grandes empacadoras.¹¹

Con las reformas neoconservadoras que desaparecieron subsidios, programas de ayuda social y permitieron el dominio de las grandes empacadoras, el aguacate dejó de ser un buen negocio para las pequeñas huertas de los ejidos. Los altos costos de producción por el aumento de precios en fertilizantes y demás insumos, unido a la baja demanda por la crisis económica en que se hallaba sumido el país, llevó a la sobreproducción bajando aún más el valor del aguacate y haciéndolo un cultivo inviable, de ahí que los campesinos se vieran obligados a buscar otro tipo de empleo para solventar sus gastos de subsistencia; muchos, ante la poca flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, encontraron en la siembra de pequeños cultivos de marihuana una posibilidad de incrementar sus ingresos.¹²

Mientras para los campesinos los cultivos representaban una compensación ante la desaparición del gasto social del gobierno, para los inversionistas, comerciantes e intermediarios en el mercado de drogas de uso ilícito, los cultivos representaban la posibilidad de importantes ganancias que reinvertían en la economía legal regional. En medio de la crisis económica y ante la ausencia de políticas estatales que brindaran protección a los campesinos, los cultivos de marihuana y amapola se extendieron convirtiéndose en un recurso complementario y medio de ascenso social.¹³

 

REFORMAS ECONÓMICAS: FIEBRE DEL ORO VERDE Y CONCENTRACIÓN AGROINDUSTRIAL

La reforma al artículo 27 de la Constitución en 1992, la desregulación de la actividad forestal a través de la Ley Forestal de 1992 y el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en 1994, fueron reformas estatales determinantes en la transformación regional del suroeste michoacano. En 1992 se declaró el fin de la reforma agraria, pero más allá, a través de la reforma al artículo 27 de la Constitución, se permitió la privatización de las tierras ejidales y de manera indirecta a las propiedades comunales que unidas representaban 50% del territorio laborable en México,¹⁴ ya que hasta ese momento los ejidos al igual que las comunidades agrarias eran formas de propiedad colectiva y no podía ser objeto de ningún tipo de intercambio mercantil.¹⁵ Unido a lo anterior, la Ley Forestal de 1992 desreguló la actividad forestal en sus distintas fases (incluyendo el transporte de madera), legalizó el rentismo forestal minimizando la necesidad de conservación y uso sustentable de los bosques.¹⁶ La desregulación comercial iniciada en la década de 1980 y el TLCAN permitieron la importación de alimentos a gran escala, produciendo un desequilibrio en la balanza comercial, llevando a la pauperización de las condiciones económicas de los campesinos y creando una relación de dependencia para cubrir las necesidades alimentarias de la población.¹⁷

Los efectos de las reformas fueron definitivos en el cambio en el uso del suelo y la expansión de la frontera agrícola en el suroeste michoacano. Con la reforma al artículo 27 rápidamente se empezaron a fraccionar y vender los predios en ejidos de Uruapan como Santa Catarina y Zumpimito, causando un impacto drástico en la región, ya que la crisis económica había provocado la deserción de buena parte de los pequeños productores de los ejidos. El cambio en el uso del suelo y la propiedad dio paso a un proceso rápido de parcelación, venta, deforestación y tala ilegal. De 39.794 hectáreas cultivadas en huertas de aguacate en 1991, pasó a 75.075 hectáreas en 1995, lo que significa un aumento del 53.05% en tan sólo tres años. Con precios bajos del aguacate, sin subsidios ni asistencia, mantener los costos de la huertas no resultaba atractivo para los pequeños campesinos y ejidatarios, con lo cual muchos decidieron vender sus predios y parcelas, frente a una oferta constante de quienes querían invertir el dinero proveniente de la siembra y comercialización de marihuana en Tierra Caliente: "Sus ganancias las han invertido en muchas hectáreas de aguacate, desde esa época iban y compraban una huerta, después iban y compran otra y otra".¹⁸

Las huertas de aguacate siguieron creciendo a pesar de los bajos precios. Los empresarios se apoyaron en el gobierno federal para facilitar campañas de eliminación de plagas que duraron varios años, con el fin de preparar los cultivos para el cumplimiento de las medidas fitosanitarias necesarias para la exportación a Estados Unidos. Dichas campañas implicaron cuantiosos recursos además de los gastos que generó el cabildeo en agencias estadounidenses durante buena parte de la década de 1990 y que permitió finalmente en 1997, después de cumplir con las condiciones estipuladas, la autorización de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos compitiendo con los subvencionados productores californianos.¹⁹

A partir de la aprobación de las medidas fitosanitarias, los precios aumentaron de manera exponencial y el aguacate en sí mismo empezó a ser un negocio rentable (Gráfica 1). El número de huertas en Michoacán que exportaron a Estados Unidos aumentó de 61 en el periodo 1997-1998 a 497 para el periodo 1999-2000, con un volumen de exportación de 11 729 toneladas, incrementando en 51.1% respecto a 1998 cuando se exportaron seis mil toneladas.²⁰

En este nuevo escenario del mercado de tierras se incrementaron las inversiones en huertas de aguacate. Un ejemplo de cómo la cooperación entre actores dominantes funcionó en la economía aguacatera configurando un ordenamiento mixto, puede observarse en el caso de José Valencia, conocido productor y comerciante aguacatero así como jefe de una de las primeras organizaciones criminales que concentraron la economía ilegal de la región. La familia Valencia, al igual que muchos empresarios uruapaenses provenían del municipio de Aguililla en Tierra Caliente, se volvieron prósperos aguacateros al mismo tiempo que comerciaban con marihuana cultivada en Tierra Caliente y cocaína traída desde Colombia. Esta familia empresarial durante la década de 1990 empezó la expansión del comercio de drogas hacia Estados Unidos por medio, entre otros, de barcos atuneros que llegaban hasta Tijuana; estas actividades eran combinadas con la producción y comercialización del aguacate llegando a ser considerados como los "Reyes del aguacate".²¹ Los Valencia se hicieron conocidos como el Cartel del Milenio, encabezado por Armando Valencia Cornelio, quien fue detenido en 2003. Antes de eso eran recocidos en Uruapan como prósperos empresarios aguacateros, con numerosas huertas de aguacate, la empacadora y comercializadora Avoperla.

La empacadora de aguacates Avoperla, fundada en 1997 y precursora en la exportación de aguacates hacia Estados Unidos, fue una de las pocas empacadoras certificadas y autorizadas para la exportación, "siendo una de las principales compañías empacadoras con capital nacional".²² Los embarques llegan a los puertos de Texas y de ahí se distribuyen por todos los estados. Avoperla es parte de las principales asociaciones de empacadoras y exportadoras de aguacates de la región como la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (UDECAM), y es miembro de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), principal asociación de aguacateros de Michoacán. A pesar del arresto de Armando Valencia Cornelio, la exportadora de aguacates sigue siendo socia de la APEAM y ha seguido en funcionamiento manejada por la familia Valencia Cornelio.

 

PODEROSOS COPERANDO: EXPANSIÓN, CONCENTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO

Armando Valencia Cornelio fue detenido el 18 de agosto de 2003. Su arresto se dio en medio de la disputa por el territorio de Michoacán con el Cartel del Golfo, después de la división interna que se dio en el Cartel del Milenio entre los Valencia y uno de sus operadores en Tierra Caliente, Carlos Rosales Mendoza quien, aliado con el Cartel del Golfo, dio forma posteriormente a una nueva organización llamada La Familia Michoacana.

La Familia Michoacana, dirigida por José de Jesús Méndez Vargas (El Chango Méndez), Nazario Moreno González (El Chayo), Enrique Plancarte (La Chiva), Arnoldo Rueda Medina (La Minsa) y Servando Gómez Martínez (La Tuta), fue beneficiaria de la extracción de rentas producto de la regulación aguacatera y el monopolio local, después de 2006 cuando reivindicó su autonomía frente a los antiguos aliados (primero el Cartel del Golfo y después los Zetas). A partir de ahí, La Familia logró un férreo control coercitivo, político, económico y social en gran parte del estado, que llegó incluso en Tierra Caliente -base de sus operaciones- a formas de legitimación social basadas en el fervor religioso.²³

La relación entre agroindustria del aguacate y organizaciones criminales no se limita a la inversión de excedentes producto del tráfico y el lavado de dinero, sino también a la expansión y la organización del mercado agroindustrial en la región. La expansión del crimen organizado ha estado acompañada por la disputa abierta de territorios y extracción de rentas entre organizaciones, logrando convertirse en factor de orden de las actividades económicas de la región, al intervenir en la producción y comercialización para garantizar un buen precio en el mercado. En ese sentido, la amalgama y convergencia de intereses entre actores dominantes, empresarios aguacateros, políticas estatales y organizaciones criminales permitió la configuración de un ordenamiento mixto para la concentración de los recursos y las oportunidades. Entrevistas realizadas en recorridos por la región entre 2012 y 2014 mostraban con gran detalle la forma de acoplamiento entre el ejercicio de la violencia por parte del crimen organizado y el ordenamiento económico-social de la región:

Ellos controlan el corte del aguacate si el precio del aguacate está bajo porque hay mucha fruta o porque se juntó una temporada con otra, entonces ellos suspenden el corte, ellos dan la orden: "No se corta aguacate hasta dentro de 15 días o hasta nuevo aviso". Esperando que el precio suba. Tú puedes cortarlo y sacar pero si te agarran te van a multar, porque ellos multan y la multa son 200 mil pesos entonces pues pierdes todo lo que vendiste. Cuando ya ha subido dos o tres pesos, otra vez dejan cortar.²⁴

Según los entrevistados que participan en la economía aguacatera, todo el circuito de producción desde la siembra, hasta el empacado y la exportación en Uruapan aportaba "cuotas" a las organizaciones criminales encargadas de ordenar la producción en la región.

Sólo en Uruapan hay 120.000 hectáreas de aguacate, entonces cobran mil pesos anuales por cada hectárea a todos y cada uno de los productores. Al final todo el mundo los paga porque no es una cuota muy alta. Si tiene 50 hectáreas son 50 mil pesos, que el aguacate te da, porque un aguacate cuesta cinco pesos producirlo y lo vendes a 18 pesos, tienes un margen de utilidad del 350%, muy alto, entonces ahorita goza de mucho auge y ellos cobran esa cuota que es mínima y también se cobra 10 centavos por cada kilo de empaque, y considerando que se sacan cientos y miles de toneladas semanales para ellos es un gran ingreso.²⁵

Pero además de la seguridad que pueda representar el control territorial por parte de una organización criminal, ante la amenaza de organizaciones consideradas "foráneas" que intentan ingresar al territorio, cumplen a cabalidad con muchas actividades que resultan de suma importancia para el buen desarrollo de los negocios, como dar certezas sobre el cumplimiento de contratos informales, en una región donde los cultivos considerados ilícitos y su comercialización han estado mezclados con actividades económicas legales. La legitimidad de su actuación les había permitido convertirse en administradores de justicia y solución alternativa para la tramitación de conflictos, descongestionando incluso las organizaciones estatales encargadas de dar una respuesta a dichos problemas.

Mi compadre tenía un caso que llevaban cinco años sin resolver porque una señora le debía un dinero, y estaban a punto de embargarle la casa porque no le pagaba. El juicio llevaba unos cinco años, la deuda era por 700 u 800 mil pesos, ya iban a rematar la casa que valía unos dos millones. La señora decía que era una injusticia y fue a buscar que le ayudara "la Tuta", el profesor, el caso es que se llevaron a mi compadre, se fueron los dos con abogados y todo, hicieron un juicio rápido. Ellos le explicaron y le expusieron lo que había pasado y mi compadre le contó que llevaba cinco años esperando que le pagara, entonces el profe le dijo en el juicio después de una hora: "A ver, a ver. La sinvergüenza es Usted, pa'que nos anda hablando, el señor tiene razón". Porque la que originalmente había mandado a pedir la ayuda era la señora para que no le quitaran su casa, pero el profe le dijo: "Le va a pagar 500 mil, le va a dar el carro y le damos tres meses para que le pague el resto, o cuánto tiempo necesita" [la señora dijo que cuatro meses]. Bueno entonces cuatro meses y son 100 mil de los abogados y páguelos ya mismo. Entonces el juicio que llevaba cinco años se resolvió en hora y media.²⁶

Otro empresario entrevistado en 2013 afirmaba en ese mismo sentido:

A través de algunos licenciados van y se ofrecen los servicios, porque, por ejemplo aquí se usan mucho los pagarés y de repente uno tiene unos pagarés pero la ley no procede porque si no tiene nada que le quiten, nada que le embarguen pues entonces ya te amoló [...] porque hábilmente no puso nada a su nombre, porque pensaron que si se fregaba algo pues pusieron las cosas a nombre de la esposa o del hermano, o del que sea, entonces si lo embargan pues no tiene nada y ya prácticamente ya perdiste tu dinero, no hay manera, y para demostrar un fraude pues está chingón [...] entonces así es como se están manejando y resolviendo las cosas.²⁷

Aunque en la literatura se afirma que con las reformas económicas de la década de 1990 se dejó la regulación de la producción a las fuerzas del mercado,²⁸ lo cierto es que las organizaciones criminales han cumplido una labor excepcional de regulación y control de precios. Aquí podemos evidenciar que la cooperación entre actores dominantes (empresarios aguacateros y organizaciones criminales) fue incentivada por medio de mecanismos institucionales (reformas económicas), y que el ejercicio de la violencia privada contribuyó a la concentración de las oportunidades y los recursos en pocas manos configurando un ordenamiento mixto.

La total desregulación por parte de las organizaciones estatales de los productores y empresarios aguacateros llevó al crecimiento desmedido y sin control de las huertas de aguacate en Michoacán, en medio de la tala indiscriminada de bosques por la fiebre del "oro verde". El cambio en el uso del suelo al remover la capa vegetal original y dedicar la tierra a la actividad agroindustrial del monocultivo del aguacate se ha desarrollado sin ningún tipo de permisos de las autoridades oficiales, lo que provocó daño en el ecosistema de la Meseta Purépecha y todo el eje neo volcánico de inmensas proporciones que fue denunciado por diversas organizaciones en su momento.²⁹

Sólo hasta el 2005 los empresarios aguacateros a través de sus asociaciones aceptaron iniciar, de manera independiente, la elaboración del padrón de productores de aguacate en todo el estado de Michoacán, con el fin de realizar un diagnóstico y conocer con precisión la totalidad de predios dedicados a ese cultivo, la superficie, los propietarios, el régimen de humedad, la edad del huerto y la ubicación geográfica de los predios.³⁰ Lo anterior no impidió que la depredación de bosques siguiera en aumento, ya que para el 2010 el número de predios dedicados a la agroindustria del aguacate superaba las 100 mil hectáreas. Como puede observarse en la Gráfica 2, es evidente el aumento en el número de hectáreas de aguacate sembradas en el país entre 1990 a 2010; Michoacán pasó de tener sembradas 34.794 hectáreas de aguacate en 1991 a 75.075 hectáreas en 1995 y esta cifra casi se triplica al 2010 cuando alcanzó la cifra de 107.058 hectáreas sembradas, lo que representa 79.7% del total nacional, según datos de SIAP-Sagarpa.

En noviembre de 2008 el entonces presidente Felipe Calderón en una visita a Uruapan entregó 311 millones de pesos al sector agropecuario y pesquero de la región, tomó protesta de la nueva Junta Directiva de la APEAM y firmó, junto a los empresarios aguacateros, un convenio de "Desarrollo Sustentable del Sector Aguacatero en el Estado" con el objetivo de detener el "avance ilegal en el cambio de uso de suelo". El nuevo presidente de la APEAM, Alejandro Álvarez del Toro, aseguró que el convenio buscaba:

[...] hacer la demarcación del área de cultivo; se revisará cada año, pero lo que ya existe, se conservará [...] Todo esto con la intención de que podamos mantener los mantos freáticos que abastecen a las huertas ya establecidas; darles esa seguridad, esa garantía. Va a implicar incluso que podamos replantar árboles en todas las cuencas que abastecen de agua a la sección aguacatera.

Según nuestras entrevistas y de acuerdo con las observaciones durante el trabajo de campo realizado en la zona, a partir de esa fecha las organizaciones criminales fueron fundamentales para hacer cumplir dicho compromiso, al establecer multas a quien tumbara los bosques con el fin de sembrar huertas de aguacate. En 2010, la producción de aguacate en aumento constante en Michoacán representaba 85.9% del total nacional, seguido por el estado de Jalisco, que aporta 2.7% al total de producción nacional (SIAP-SAGARPA). Estas cifras de producción se corresponden a las 107.058 hectáreas sembradas hasta el 2010; sin embargo, las cifras han aumentado, pues la UNAM campus Morelia, a través de los centros de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) y de Investigaciones en Ecosistemas (CIECO), ha revelado que la superficie estimada de siembra de aguacate al 2011 es de 130 mil hectáreas; lo que indica que en los últimos 30 años se ha incrementado hasta en 10 veces el área del cultivo de aguacate.³¹

 

DISPUTAS POR LAS RENTAS Y NUEVOS EQUILIBRIOS REGIONALES

Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón se decidió emprender una cruzada que declaró la guerra al crimen organizado iniciando con el Operativo Conjunto Michoacán, durante el cual se realizó un gran despliegue militar con más de siete mil operativos en la región, realizando incautaciones, arrestos, asesinatos, destrucción de cultivos de marihuana.³² A pesar de la militarización de la región por parte del gobierno federal, las organizaciones criminales consolidaron su capacidad de dominio y ordenamiento regional en total impunidad.

La estrategia militarista del gobierno de Felipe Calderón fracasó en su intento de romper con los equilibrios construidos en el ordenamiento regional. Después de una fractura en el seno mismo de La Familia Michoacana en 2010, los Caballeros Templarios continuaron como uno de los actores dominantes en el orden social michoacano. Precisamente, hace pocos meses fue revelado el video de una reunión de Sergio Roberto Guerrero, presidente en ese momento de APEAM, con Servando Gómez Martínez "La Tuta", líder de los Caballeros Templarios, donde también estaban el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, y el tesorero del mismo municipio, Omar Soto Gil; los dos últimos fueron detenidos acusados de secuestro y extorsión, mientras Sergio Roberto Guerrero se vio obligado a renunciar a la presidencia de APEAM después de hacerse público el video.³³

El establecimiento coordinado de actores dominantes configurando un ordenamiento mixto en la zona aguacatera no se extendía de la misma forma en todo el territorio del sur michoacano, ya que las prácticas de poder y dominio, incluido el ejercicio de la violencia, se establecen de manera diferenciada en las poblaciones locales dependiendo del grado de control territorial. En ese sentido, la búsqueda de mayores rentas por parte de los líderes locales o "jefes de plaza" de los Caballeros Templarios llevó a un agotamiento de las comunidades locales, especialmente de aquellas localidades periféricas del área de dominio central como Cherán en la Meseta Purépecha y en otros casos de las localidades disputadas por otras organizaciones criminales en los límites del estado.

En el caso de Cherán, ante la ineficacia o connivencia de las organizaciones estatales frente al crimen organizado, los habitantes del municipio asumieron la seguridad del municipio el 15 de abril de 2011 enfrentando a los comandos armados Templarios, expulsaron a la policía y al alcalde municipal, acusados de ser cómplices de las organizaciones criminales. Amparados en la figura de usos y costumbres reconocida constitucionalmente, reclamaron su derecho a la autodeterminación de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales para la elección de autoridades municipales.³⁴ Su efectiva estrategia de resistencia permitió establecer legalmente al Consejo Mayor de Gobierno Comunal y organizar su propia Policía Comunitaria, que se encarga de la seguridad de la zona, aunque en el proceso han sido asesinados más de 15 comuneros a manos del crimen organizado.³⁵

En los límites con el estado de Jalisco, los Caballeros Templarios enfrentaron la disputa territorial del Cartel de Jalisco Nueva Generación, el cual surgió precisamente con el desplazamiento hacia Jalisco del Cartel de Los Valencia conocidos como "Los Reyes del aguacate" o el "Cartel del Milenio" anteriormente citados. En este escenario de enfrentamiento entre cárteles, las disputas terminaron por quebrar las lealtades, los pactos establecidos de facto y emergieron formas de resistencia o enfrentamiento frontal a los Caballeros Templarios.

Algunos de los municipios de disputa entre las dos organizaciones criminales fueron precisamente Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, donde surgieron nuevas organizaciones armadas denominadas "Autodefensas" que supieron articular el cansancio de empresarios agroindustriales y establecer nuevas coordinaciones y pactos entre actores dominantes para la extracción efectiva de rentas a menores costos sociales.

El 24 de febrero de 2013 hicieron su aparición pública las autodefensas de los municipios de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y La Ruana; a las que cuatro meses después, en mayo de 2013, se sumaron los municipios de Coalcomán, Chinicuila y Aguililla bajo una misma estructura de mando. A diferencia de Cherán, estas organizaciones armadas empezaron a disputar el territorio controlado por los Caballeros Templarios extendiendo su radio de acción desde estos municipios hacia la zona aguacatera de Uruapan. El avance territorial se realizó de manera efectiva ante la total indiferencia de las Fuerzas Armadas de todos los ámbitos de gobierno locales, estatal y federal. El acopamiento territorial de las "Autodefensas" se fue extendiendo hasta llegar a la zona aguacatera de Tancítaro en noviembre de 2013 y Uruapan a finales de enero de 2014.

Una vez posicionados en Tancítaro -municipio que hace parte del eje aguacatero junto con Uruapan- empezaron a "recuperar" huertas de aguacate que los Caballeros Templarios supuestamente habían despojado, y el 16 de enero de 2014 en plaza pública hicieron una entrega simbólica a los "legítimos propietarios" de 25 huertas de aguacate que suman alrededor de 265 hectáreas.³⁶ Según los líderes de las autodefensas, en el municipio de Tancítaro los "nuevos propietarios" apoyan a las autodefensas y están dispuestas a dar entre 50% y 80% de la cosecha a la organización armada para su financiamiento. Así lo expresó Jesús Buccio Cortés, el "Comandante 5":

Nos están apoyando con el 80% y nosotros vamos si la persona está necesitada y tiene sus problemas, pues con el 50% se les entrega su huerta y la persona que tiene poquito se le entrega con su frutita; hay personas que se quedan conformes con que hayan recuperado su huerta, "ahí está toda la fruta ayúdense", y como es gente del municipio, no sólo nos ayudan con eso, están unidos con nosotros.³⁷

En este acoplamiento de nuevos equilibrios entre actores dominantes, muchos de los aguacateros que antes pagaban las cuotas a los Caballeros Templarios, ahora hacen sus "aportes voluntarios" a las "Autodefensas".

Una vez decantado el nuevo equilibrio regional entre organizaciones armadas, el gobierno federal presentó una estrategia para pacificar la región a través del Plan Michoacán, con el que buscó legalizar las "Autodefensas" e incorporarlas como Policías Comunitarias legalmente constituidas. Así, las organizaciones estatales tomaron la posición de reguladoras entre agentes poderosos, posicionándose entre ellos como dominante al utilizar recursos jurídicos para tal fin -al iniciar procesos judiciales y llevar a la cárcel a quienes se opusieran a la coordinación estatal como en el caso de Hipólito Mora (liberado posteriormente cuando decidió someterse y unirse a las Policías Comunitarias) y José Manuel Mireles.

 

CONCLUSIONES: ORDENAMIENTOS MIXTOS, RECONFIGURACIÓN ECONÓMICA Y CRIMEN ORGANIZADO

En este artículo analizamos la configuración del ordenamiento social alrededor de la economía agroindustrial del aguacate en el suroeste michoacano. Explicamos que en esta región hubo una convergencia de intereses entre organizaciones estatales, empresarios y organizaciones criminales dando lugar a un proceso que hemos denominado ordenamiento mixto y que permitió la expansión agroindustrial regulada, a través de mecanismos legales e ilegales, para la concentración de las ganancias y las oportunidades en pocas manos.

Las reformas estatales de desregulación económica, eliminación de subsidios y favorecimiento al desarrollo agroindustrial, posibilitaron el posicionamiento de los grandes empresarios que acapararon las oportunidades en la agroindustria del aguacate, en detrimento de los campesinos, ejidatarios y comuneros. En este contexto de crecimiento económico organizaciones criminales con capacidad de control territorial producto del ejercicio ilegal de la violencia, estuvieron ligadas a la expansión agroindustrial al convertirse el auge aguacatero en posibilidad de inversión, lavado de activos, así como de incrementar las ganancias y asegurar el paso a la economía legal sin riesgos.

En esta amalgama de intereses entre organizaciones criminales, políticas estatales y empresarios se establecieron mecanismos de ordenamiento donde las organizaciones del Estado compartieron con las organizaciones criminales diversas actividades típicamente estatales como la captura y distribución de rentas, la regulación de la violencia e incluso la administración y aplicación de justicia para el cumplimiento de los contratos. Esta amalgama de intereses ha posibilitado la concentración de los recursos entre los actores dominantes.

La capacidad de control territorial del crimen organizado ha sido funcional para la promoción y regulación de la producción agroindustrial en sus diferentes esferas: en la siembra, al promover la presión por la tierra con la tala indiscriminada de bosque para dedicarlas al cultivo de aguacate; en la comercialización, al determinar los tiempos de corte del producto; en el cumplimiento de los contratos, al convertirse en mediador y árbitro de conflictos; en la seguridad, al brindar condiciones de protección y pacificación para el buen funcionamiento del mercado. La transformación regional en los últimos 30 años, de la mano de las reformas económicas estatales, ha tenido como consecuencia inmediata la depredación de los bosques, la presión por la tierra y sus recursos, la eliminación de opositores a la expansión agroindustrial y la persecución a formas comunitarias de resistencia.

 

Notas

¹ Francis Fukuyama, What is governance?, Technical Report Working Paper 314, Center for Global Development, 2013.         [ Links ]

² Para una discusión teórica sobre el Estado y el orden estatal véase Sandra Hincapié, "Estados débiles o conceptos fallidos. Por una definición teórica del orden estatal", Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, vol. XXI, núm. 61, 2014, pp. 51-83.         [ Links ]

³ Michael Mann, The Sources of Social Power: The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.         [ Links ]

⁴ Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton, Princeton University Press, 1998.         [ Links ]

⁵ Douglas North et al., Violence and Social Orders, Nueva York, Cambridge University Press, 2009.         [ Links ]

⁶ Roger Bartra, "Campesinado y poder político en México", en Roger Bartra et al., Caciquismo y poder político en el México rural, México, Siglo XXI Editores, 1975;         [ Links ] Roger Bartra, Las redes imaginarias del poder político, México, Era, 1981.         [ Links ]

⁷ José Zárate, "La reconstrucción de la nación purépecha y el proceso de autonomía en Michoacán, México", en Willem Assies (ed.), El reto de la diversidad. Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1999, pp. 250-251.         [ Links ]

⁸ Juan Manuel Mendoza, Historia y narrativa en el ejido de San Francisco Uruapan 1916-1997, México, Colegio de Michoacán, UMSNH, 2002, pp. 138-140.         [ Links ]

⁹ Daniel Hernández, "Estrategias de acción política de los empresarios uruapenses", Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XVI núm. 61/62, 1995, p. 90.         [ Links ]

¹⁰ Juan Manuel Mendoza, Historia y narrativa en el ejido de San Francisco Uruapan..., op. cit., p. 186-188.

¹¹ Ibid., pp. 192-195.

¹² "Hasta hace unos 10 o 12 años, los pequeños campesinos, también los obreros, que a lo mejor tenían en el monte una hectárea, dos hectáreas, ellos mismos sembraban su marihuana, ellos mismos la cosechaban, la empaquetaban y se la llevaban a tal parte, ellos mismos por su cuenta, llegaban a Uruapan: - ¿Cuántos quilos traes? -Pues traigo 50 kilos, 100 kilos. La marihuana en esta zona todavía es muy barata, entonces le decían: -Bueno, 50 kilos entonces son 10.000 pesos, o X cantidad. Entonces era un ingreso de dinero extra y no estaban metidos en ningún grupo o en ningún cartel como les dicen. Eso de los grupos o los cárteles empezó hace como unos quince años a organizarse la gente de alguna manera, a querer monopolizar cada uno, pero no falta que de un grupo ya organizado hay gente que sale mal, entonces forma otra célula, y como salen mal entonces ya no se pueden ver y empiezan a pelearse las plazas". Entrevista M2, Michoacán, mayo de 2012.

¹³ Salvador Maldonado, Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán; p. 20;         [ Links ] Victoria Malkin, "Narcotráfico, migración y modernidad", en Zárate Hernández (coord.), La Tierra Caliente de Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2003.         [ Links ]

¹⁴ Gerardo Otero, México en transición: globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil, México, Simon Fraser University/Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2006, p. 31-32.         [ Links ]

¹⁵ Horacio Mackinlay y Gerardo Otero, "Corporativismo estatal y organizaciones campesinas: hacia nuevos arreglos institucionales", en ibid., pp. 143-144.

¹⁶ Leticia Merino, "Las políticas forestales y de conservación y sus impactos sobre las comunidades forestales", Estudios Agrarios, núm. 18, 2001, pp. 97-98.         [ Links ]

¹⁷ Gerardo Otero, ¿Adiós al campo? Reforma agraria. Democracia y formación de las clases en México rural, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2004, pp. 75-76.         [ Links ]

¹⁸ Entrevista Juan M., Michoacán, julio de 2012.

¹⁹ Lois Stanford, "La integración binacional de la industria aguacatera", en Gerardo Otero (coord.), México en transición..., op. cit., pp. 253-256.

²⁰ Idem.

²¹ Ricardo Ravelo, Herencia maldita, México, De bolsillo, 2008, pp. 197-203.         [ Links ]

²² Avoperla [http://www.avoperla.com.mx/], fecha de consulta: septiembre de 2014.         [ Links ]

²³ Sandra Hincapié, "Estados débiles o conceptos fallidos...", op. cit.

²⁴ Entrevista Martínez, Michoacán, mayo de 2012.

²⁵ Entrevista Valencia, Michoacán, agosto de 2012.

²⁶ Entrevista Fernández, Michoacán, agosto de 2012.

²⁷ Entrevista Martínez, Michoacán, mayo de 2013.

²⁸ Gerardo Otero, México en transición..., op. cit.

²⁹ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Impactos ambientales y socioeconómicos del cambio de uso del suelo forestal a huertos de aguacate en Michoacán, México, Publicación Especial núm. 2, 2009.         [ Links ]

³⁰ Ibid., pp. 5-6.

³¹ Ana Burgos, Carlos Anaya, Iván Solorio, Impacto ecológico del cultivo de aguacate a nivel regional y de parcela en el estado de Michoacán: definición de una tipología de productores. Informe final a la Fundación Produce Michoacán (FPM) y la AALPAUM, México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 2011.         [ Links ]

³² Salvador Maldonado, "Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán", Revista Mexicana de Sociología, año 74 (1), 2012, p. 33;         [ Links ] Luis Astorga, Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra, México, Tusquets Editores, 2007, pp. 184-210.         [ Links ]

³³ "Renuncia líder aguacatero a APEAM tras video con 'LaTuta'", Excelsior, México, mayo de 2014.         [ Links ]

³⁴ José Alejandro Luna, Los derechos políticos de las comunidades indígenas: aportes jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2012.         [ Links ]

³⁵ Sandra Hincapié, "Acciones colectivas de innovación democrática local en contextos de violencia", Revista Mexicana de Sociología, año 77 (1), 2015, pp. 129-156.         [ Links ]

³⁶ "Devuelven 25 huertas arrebatadas a Templarios", Excelsior, México, 17 de enero de 2014;         [ Links ] "Los grupos de autodefensa devuelven huertas tomadas por los templarios", CNN México, 17 de enero de 2014.         [ Links ]

³⁷ "Dirigente de autodefensas en Tancítaro revela financiamiento; guardias civiles reciben adiestramiento de federales", Noticias MVS, 16 de enero de 2014.         [ Links ]