Del Estado Autoritario al Estado fallido

 

México: país de desapariciones forzadas

 

José Reveles*

 

* Periodista y coordinador de la Cátedra Granados Chapa, UAM-Cuajimalpa, México. [jreveles44@gmail.com].

 

Artículo recibido el 22-09-14.
Artículo aceptado el 28-04-15.

 

Resumen

En nuestra maltrecha democracia, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Burgos" en Iguala, Guerrero, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, visibilizó una violación cotidiana de derechos humanos. 43 dice mucho más que la mención de 130 mil ejecutados con violencia en México; es más contundente 43 que citar a millón y medio de desplazados; sacude más la conciencia 43 que la alusión a los no menos de 30 mil desaparecidos durante una absurda e inútil guerra al narcotráfico. Los 43 de Ayotzinapa fueron sacudida de conciencias para una energía social contenida durante años y que todavía busca los cauces que transformen esa indignación en acciones organizadas para un cambio radical y pacífico en México. Hay que sumar a esta barbarie a los otros 80 mil centroamericanos tragados por ese triángulo de las Bermudas de la violencia extrema en que se ha convertido la República Mexicana.

Palabras clave: desaparición forzada, derechos humanos, Ayotzinapa, narcotráfico, migración, democracia.

 

Abstract

In our battered democracy, enforced disappearance of 43 students for the Normal "Isidro Burgos" Rural Schhol in Iguala, Guerrero, on de the night of 26 to 27 september 2014, visualize a daily violation of human rights. 43 says a lot more than 130 000 executed mention violence in México; 43 is more forceful tan quote a millon and a half displaced; awareness shakes plus the 43 that the reference to not less 30 thousand disappeared during the war absurd and useless to drug trafficking. Ayotzinapa 43 were shaking consciences for social energy contained in years and still looking make adult that causes indignation in actions organized for a radical and peaceful change in México. We must add to this barbarism to the other 80 thousand Central Americans by the Bermuda triangle of the extreme violence that it has become the mexican republic.

Key words: forced disappearance, human rights, Ayotzinapa, drug trafficking, migration, democracy.

 

La estadística en manos de la autoridad se convierte, casi en automático, en instrumento de manipulación. Así pervertida, se esgrime como punta de lanza para el ataque mutuo entre gobiernos de signo partidario diferente, a partir de resultados desastrosos. Luego, para entretener y tratar de enredar a la sociedad mexicana, se convierte en lamentable herramienta de distracción de lo que importa, de lo central, de lo nuclear en un tema tan sensible como el de las desapariciones de personas, que son delitos de lesa humanidad.

El bombardeo de las cifras -particularmente en los casos de "ciudadanos extraviados o ausentes", como de pronto los llama la autoridad para no pronunciar la frase "desaparición forzada", que implica responsabilidad directa del Estado en un crimen atroz- se lanza sin piedad sobre lo que sigue siendo el gran pendiente de los gobiernos hacia su pueblo: el de las varias decenas de miles de mexicanos y también migrantes desaparecidos en los recientes diez años, sin que el aparato sea capaz de dar respuestas congruentes, precisas y documentadas. La estadística es un enorme distractor cuando se maneja, como es el caso, de una manera irresponsable y displicente.

En sentido contrario, las cifras duras en poder de la sociedad y de los familiares de las víctimas no buscan la espectacularidad mediática. Son escuetas, pero se convierten en reclamo directo, exigencia sin concesiones, arma de lucha por la justicia. Son la prueba de ácido en donde se disuelven, hasta desaparecer, las falsas "verdades históricas".

En nuestra maltrecha democracia, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Burgos" en Iguala, Guerrero, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, visibilizó una violación cotidiana de derechos humanos -por desgracia también sistemática y recurrente desde hacía muchos años- aplicada contra decenas de miles de ciudadanos.

La cifra 43 se tornó emblemática. El grito de ese número macabro, la contabilidad transformada en consigna y coreada en México y en muchos países, el reclamo de "vivos los llevaron, vivos los queremos" marca un parte aguas en el hartazgo de una ciudadanía que debió haberse indignado hace ya varios años. Los 43 de Ayotzinapa fueron acicate, despertador, sacudida de conciencias, espabilador, terapia de shock para una energía social contenida durante años y que todavía busca los cauces que transformen esa indignación en acciones organizadas para un cambio radical y pacífico en México; 43 dice mucho más que la mención de 130 mil ejecutados con violencia en México; es más contundente 43 que citar a millón y medio de desplazados; 43 sacude más la conciencia, que la alusión a los no menos de 30 mil desaparecidos durante una absurda e inútil guerra al narcotráfico que inició en su propia tierra, Michoacán, Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre de 2006. Y es que los 43 tienen nombre, apellido, rostro, historia, vida, trayectoria, familia, contra la masa informe de tantos miles a los que sucesivos gobiernos despojan de individualidad, le colocan número, pero cuidándose de mantenerlos anónimos.

Hay que sumar a esta barbarie a los otros 80 mil centroamericanos cuyas familias salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses (incluso de más al sur: peruanas, ecuatorianas, brasileñas) afirman que se extraviaron mientras cruzaban esta geografía en los últimos diez años, tragados por ese triángulo de las Bermudas de la violencia extrema en que se ha convertido la República Mexicana.

Agentes policiales, soldados y marinos niegan el fenómeno de las desapariciones forzadas, al mismo tiempo que las practican en términos de "normalidad" cuando investigan a presuntos delincuentes por la comisión de los más graves delitos y pueden desaparecerlos de la faz de la tierra.

 

UN GOBIERNO QUE TODO DESMIENTE

Esa negación de las desapariciones forzadas es idéntica y paralela al intento de la Cancillería mexicana por desmentir al relator de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, cuando concluye que la tortura es una práctica consuetudinaria, una sui generis forma de "investigación" de delitos y un método para fabricar culpables, a partir de tormentos extremos, perfectamente documentada en México.

Insisto en que la desaparición de personas es el pendiente histórico más importante de este país. No hay respuestas congruentes para los familiares, pese a la generación de una nueva burocracia que recibe varios nombres, goza de generosos presupuestos, dice acogerse a nuevas leyes que son -como muchas otras medidas y comisiones ad hoc- una real simulación en la medida en que no aterrizan en lo real cotidiano y no sirven para el objetivo central: hallar a los desaparecidos.

En el emblemático caso de la desaparición masiva de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la misma medida en que el gobierno quiso dar por cerrada la averiguación, tomando sólo una de las varias versiones que se pueden cotejar en actas ministeriales (tengo en mi poder cientos de páginas de declaraciones de policías, sicarios y halcones de los Guerreros Unidos y de normalistas sobrevivientes del ataque armado que provocó seis muertes el 26 de septiembre de 2014 y el secuestro masivo que se dio inmediatamente después), la desconfianza y la nula credibilidad se apoderaron de los familiares y de la sociedad toda, que se han concentrado por todos los medios en exigir el retorno con vida de los jóvenes sustraídos en septiembre de 2014.

Pero baste retomar las estadísticas que nos ofreció el propio gobierno para percatarnos de su inutilidad, de su pretensión descalificadora de regímenes anteriores y también confirmación de la incapacidad de dar solución a un problema tan añejo y grave para la democracia y la justicia.

El sexenio de Enrique Peña Nieto se inauguró con la develación que, en febrero de 2013, hizo la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón -ex asambleísta en el Distrito Federal por el Partido Acción Nacional y, tras servir al priismo, en 2015 renunció para ser candidata plurinominal a diputada federal por el Partido Verde-, de que la administración de Felipe Calderón Hinojosa dejó una herencia envenenada de 27 523 desaparecidos en el país.

Sin hacer un desglose de las causas de las desapariciones, Lía Limón, una funcionaria que era capaz de dejar plantados a familiares de las víctimas que llegaban de varios estados de la República, sólo porque ellas buscaron primero a su jefe, el titular de Gobernación, arrojó sobre la mesa una cifra que rápidamente avaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el obsecuente Raúl Plascencia Villanueva, quien a toro pasado habló de 27 243 desaparecidos, entre ellos 2 443 víctimas de desaparición forzada, pues sus casos fueron atribuidos a diversas autoridades. Fueron cifras que se lleva el viento, pues nada ocurrió al respecto.

Tanto Lía Limón como Plascencia Villanueva reaccionaban al informe de Human Rights Watch "Los desaparecidos en México: el persistente costo de una crisis ignorada". La organización internacional tenía registrados en ese entonces no menos de 249 casos de desaparición forzada.

Menos de año y medio después, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el 23 de mayo de 2014, redujo mágicamente la cifra de desaparecidos a solamente ocho mil. Dijo que era el resultado de haber revisado los datos con los agentes del ministerio público de todo el país y haber depurado las listas. No pasó ni un mes y, el 16 de junio de 2014, el propio Osorio Chong rectificó los datos y aseguró que había otra lista de ocho mil, para duplicar la que dio en mayo, resultado de nuevas desapariciones.

La aclaración resultó más grave que la información a la baja que pretendió imponer el gobierno de Peña Nieto. Con el tiempo, el Plan de Búsqueda Sistematizada arrojó otra estadística terrible: desaparecieron otros 4 439 mexicanos en 2013 y se ignora el paradero de otros 5 133 en 2014, incluidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por no sé qué artilugios, en septiembre de 2014 el gobierno hablaba de 22 322 desaparecidos y en febrero de 2015 de 23 689 (que incluían a 6 791 mujeres, 28% del total, y 165 extranjeros).

Según ese más reciente reporte, Tamaulipas estaba en primer lugar con 5 540 desaparecidos, Jalisco con 2 152 y el Estado de México con 1 748. Pero esta disputa numérica no tiene sentido alguno, pues bastaría con unos cuantos desaparecidos para describir, sin lugar a dudas, a un país con ausencia de legalidad. Empero, apunto aquí algunos datos relevantes: el gobierno de Coahuila fue el primero en admitir que tenía al menos 1 800 desaparecidos (lo que no se refleja en la estadística oficial federal) y presume que ya ubicó a más de 200. En Jalisco "Familiares Unidos para la Aparición con Vida de los Desaparecidos" menciona más de cuatro mil en esa situación. Por lo menos Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Guerrero y Michoacán podrían pelear los primeros lugares en donde se cometen estas atrocidades.

 

SÓLO 73 HALLADOS; MENTIRA QUE MILES

Llama la atención la sinceridad con la que planteó el problema de las desapariciones en México el que fuera subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, el panista Ricardo García Cervantes, allá por mayo de 2014. Quizás eso explique el porqué renunció al cargo una semana después. Cumplía un año de operar la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuando García Cervantes dijo:

[siempre] existe la tentación de decir "hemos encontrado a tantos miles de personas". Si yo quisiera presumir [le dijo a los periodistas Daniela Rea y Paris Martínez] inflo la cifra sumando todos los hallazgos realizados por el sistema Amber. Para hacerlo, sólo sería necesario confundir a las víctimas de desaparición forzada con las personas que están extraviadas o aquellas que se fueron de casa de manera voluntaria.

De hecho la Unidad de Búsqueda había localizado sólo a 73 víctimas: 45 vivas y 28 muertas. Quienes estaban con vida aparecieron, en su mayoría, en cárceles del país, registrados con nombres falsos. Los 28 sin vida fueron ubicados en fosas clandestinas y fosas comunes (aquí menciono a un altísimo funcionario de las prisiones del país -son 440 entre federales y estatales, con algo más de 230 mil reos, casi todas con un gravísimo problema de sobrepoblación- a quien se le salió decirme: "lo primero con que me encontré aquí es que mil prisioneros no tienen expediente alguno y tampoco están identificados". Por supuesto no me autorizó a citarlo, pero ello habla de un perverso sistema penitenciario ciego, sordo, corrupto y cruel que tritura seres humanos).

Volviendo a García Cervantes, su reflexión resultó profética, pues siete días después el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, daba a conocer que la lista oficial "con casi 27 mil registros" de desaparecidos, se había depurado y solamente quedaban ocho mil. El resto habían sido localizados. No mencionó un solo nombre ni la ubicación geográfica de tantos miles que se habían colado a la estadística, ni el porqué estaban así reportados por las procuradurías estatales, los agentes del ministerio público, las secretarías de seguridad pública federal y de los estados de la República. Creer o no en la versión de Osorio Chong era, pues, un acto de fe. Y exigió otro más cuando habló en el Senado de la República e hizo malabarismos con las cifras:

Del 2006 al 2012 tenemos más de 27 mil (reportes de desaparecidos). Pero los datos siguen: del 2012 al 2014 otra vez hay 16 mil que se han reportado como no localizados. Y quiero decirles que se han encontrado ocho mil vivos y 385 muertos. Y entonces tenemos hoy no localizados en esta nueva cuenta ocho mil nada más.

La displicencia con la cual el titular de la Segob dijo que había "ocho mil nada más", refiriéndose a ciudadanos de carne y hueso denunciados como desaparecidos en el gobierno de Peña Nieto, revela en toda su crudeza el ninguneo oficial para tema tan escandaloso.

Nada qué ver con la seriedad de García Cervantes quien habló exclusivamente de 73 hallados. Por eso debió renunciar, porque era un honesto incómodo, el mismo que aconsejó a su jefe Murillo Karam y al presidente Enrique Peña Nieto consignar al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y a otras dos docenas de sus colaboradores, porque fabricaron culpables, torturaron, recrearon falsos delitos utilizando recursos públicos y la complicidad del duopolio televisivo y los medios en general, tal como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ordenó que fuera puesta en libertad la ciudadana francesa Florence Cassez, en enero de 2013. Ella salió de prisión más de siete años después de que se violaron todos sus derechos fundamentales, delitos por los cuales nadie está en la cárcel. El expediente de consignación de los ex funcionarios perpetradores se mandó al archivo por una decisión política y no jurídica.

Otro reconocimiento de la nula importancia que el gobierno de Felipe Calderón le dio al tema de los desaparecidos que él mismo propició con su desafortunada "guerra contra el narcotráfico", apareció en boca de Murillo Karam al aceptar la renuncia de García Cervantes a quien, dijo, "le ha tocado enfrentar un tema que ni siquiera existía en el mapa (el de los desaparecidos) y lo que hemos logrado es un enorme avance. Lo más difícil es empezar y aquí no sólo empezamos, sino que nos deja un camino trazado".

Claro que Murillo no habló de la simulación del nuevo gobierno, tan explícita en los falsos números de Osorio Chong. Inacción y desprecio en el pasado, engaño y manipulación de estadísticas en el presente. Otra vez García Cervantes tenía razón cuando en mayo de 2013 habló de "una grave crisis humanitaria por la violencia inédita" en México. Las instituciones están claramente debilitadas y carentes de las capacidades que el momento demanda; sólo encontrarán la fuerza e impulso que les falta en la participación de la sociedad. "México atraviesa un momento inédito de desgaste institucional: veo a las instituciones debilitadas y, en muchos casos, incapaces de alcanzar lo que la Constitución les exige".

A mediados de marzo de 2015, la nueva procuradora de la República, Arely Gómez González, también negaba hechos evidentes, con un lenguaje descalificador. A una petición de información del diario La Jornada, respondía que "por más aberrantes que resulten" las desapariciones de 43 normalistas de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurridas en Iguala, no se pueden considerar un delito de lesa humanidad.

"En el presente asunto no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que, si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados" (el énfasis pertenecen al documento emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) y publicado por el diario el 22 de marzo).

Todo parece indicar que la PGR se equivocó, al argumentar como si se tratara de una imputación de "genocidio", como la que enderezó el Comité 68 en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las matanzas del 2 de octubre en Tlatelolco (él era entonces secretario de Gobernación) y del 10 de junio de 1971, ya durante su mandato, y no por una desaparición forzada colectiva.

La PGR simplemente no cumplió con la recomendación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de que la información sobre el tema Ayotzinapa "pertenece a la sociedad mexicana, que tiene derecho a pedir cuentas de la investigación y sus resultados".

Alegó la PGR que los documentos sobre el caso (había ya 105 detenidos por seis homicidios y 43 desapariciones ocurridos durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014) "están clasificados como reservados". Y en todo caso la información pública que se podría consultar eran los boletines de prensa y las conferencias del anterior procurador Jesús Murillo Karam, quien además exhibió videos y declaraciones de algunos encarcelados.

 

AYOTZINAPA ESPERA LA VERDAD

Muy difícil la tiene Arely Gómez, la nueva procuradora de la República: tendrá que decidir si sostiene "la verdad histórica" de su antecesor Jesús Murillo Karam de que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, cremados y convertidos en cenizas en el basurero de Cocula y luego en bolsas negras arrojados a un río... o rescatar otra versión, igualmente con asesinato masivo, pero en Pueblo Viejo, en las afueras de Iguala, ambas contenidas en declaraciones de los supuestos sicarios. O más valdría no avalar ninguna de las dos. De hecho, estoy seguro que Arely tiene una tercera y más digna opción: desacreditar ambas versiones, puesto que fueron contadas de manera interesada y desde la perspectiva convenienciera de integrantes del grupo delincuencial y sus cómplices policías municipales o -lo más probable- inducidas bajo torturas policiales para ofrecer una versión que deslinde a la autoridad federal de los hechos en un país como México, en el que la Cancillería le dice a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que aquí no se tortura.

La "verdad histórica" de Murillo Karam lo expuso al ridículo y a la máxima ausencia de credibilidad. Y es que había que mantener intocada la versión de la sospechosamente inocente inacción de soldados, marinos y agentes federales a como diera lugar. Todos ellos -con total dominio de hasta el último rincón de la vida igualteca- no se habrían percatado de las escandalosas balaceras y persecuciones durante una noche de violencia armada contra normalistas, población civil desarmada y contra los jovencitos de un equipo de futbol, "Los Avispones", que también viajaban en un autobús celebrando su victoria en un juego esa misma fatídica noche.

Esas dos contrapuestas "verdades" del secuestro y supuesta liquidación física de los normalistas aparecen en actas ministeriales, vertidas por los presuntos criminales del Cartel de los Guerreros Unidos y sus compinches y socios policías municipales, en más de 400 páginas que tengo en la mano.

Solamente una salomónica decisión de investigar todo el caso desde el principio daría satisfacción a la exigencia de los padres de los 43 jóvenes secuestrados en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y desde entonces incorporados al terrorífico mundo de los miles de desaparecidos mexicanos. Pero el caso es que los normalistas se ubican en el sitial más visible de todos los ausentes forzados de las últimas décadas, tanto por la indignación ciudadana, como por la movilización masiva de protestas en México y en múltiples países para exigir la aparición con vida de los jóvenes, por la capacidad de interlocución que los padres han alcanzado ante instancias internacionales y en organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos. Y porque, además, el secuestro masivo tuvo la virtud de exhibir la desnudez del sistema, la ineficacia del gobierno, la corrupción extrema que, como se comprobó en Iguala, había legalizado ya su poder en las urnas al cobijo de un presunto partido de izquierda, el de la Revolución Democrática.

Esta vez la delincuencia organizada no llegó a tratar de corromper, bajo la disyuntiva del famoso "plata o plomo", a un gobierno constituido. Así suele hacerlo ante municipios débiles o acorralados por la violencia. Les impone a las policías en listas previamente elaboradas que van a servir más a las mafias que a la gente, e incluso es el grupo criminal el que en muchas ocasiones cubre la nómina de esas policías corruptas.

Más bien la ya muy organizada delincuencia compró una franquicia partidaria en Iguala. Sus representantes se cobijaron bajo el paraguas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) guerrerense y nacional; aportaron recursos económicos (con dinero ilícito) a la campaña para gobernar Guerrero de Ángel Heladio Aguirre Rivero, un viejo priista reconvertido, sólo de fachada, en neo izquierdista. Así, los esposos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa emprendieron un cogobierno en el que no eran tan sólo ellos dos tomando decisiones administrativas y políticas al estilo de Vicente Fox y Martha Sahagún, sino cogobernando en un sincronizado ejercicio del poder entre ellos y una de las más poderosas ramificaciones del que fuera poderoso árbol genealógico de los hermanos Beltrán Leyva: los Guerreros Unidos.

Mientras el caso Ayotzinapa-Iguala se transformó en el auténtico horno crematorio en el que se aniquila y se convierte en cenizas el prestigio del gobierno mexicano, el "cansado" ex procurador de la República Jesús Murillo Karam se fue a lidiar con terrenos y construcciones, con planeación urbana e inmobiliarias, pues fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Igual hizo un tránsito de chapulines extrema el ex virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, quien ahora es titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), para seguramente consolidar su experiencia en los juegos mediáticos que operó cuando fue procurador mexiquense -ahí donde la pequeña Paulette desaparecida apareció muerta en la misma cama en donde daba entrevistas a Televisa su madre-, para tratar de hacer aparecer como enfrentamiento una masacre como la de Apatzingán en la madrugada del 6 de enero de 2015; luego subprocurador de la República -ya se dedicaba a nombrar delegados sin autorización de su jefe momentáneo, Jesús Murillo Karam y éste logró deshacerse del colaborador incómodo-, o como procurador federal, esta vez sí, pero no de la PGR, sino del Consumidor, antes de ir a armar el desbarajuste preelectoral michoacano y allanar el camino para que, soterrados y perseguidos los Caballeros Templarios, puedan reinar ahí el Cartel de Jalisco Nueva Generación y grupúsculos locales protegidos.

Un minucioso e irrefutable reportaje, con declaraciones de 39 testigos, de Laura Castellanos (publicado simultáneamente por la revista Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena Univisión) rescata la verdad histórica, esa sí, de la balacera de Apatzingán del 6 de enero de 2015, que no fue tal porque no hubo fuego cruzado, sino una masacre contra autodefensas y sus familiares, la mayor parte inermes, que ocupaban el palacio municipal. Fue perpetrada por policías federales, arrojó al menos 16 muertos y decenas de heridos en aquella madrugada del Día de Reyes. La descripción de la matanza de Apatzingán (abril 19 de 2015) se suma a Tlatlaya (con 22 jóvenes ejecutados por el ejército) y Ayotzinapa y sus 43 desaparecidos de septiembre de 2014.

¡Vaya paquete que el cansado Murillo le heredó a la procuradora Arely Gómez! Después de la "verdad histórica", ¿qué va a hacer ella con esto que reportaron los agentes federales y los marinos que capturaron en Cuernavaca a Osvaldo Ríos Sánchez, alias El Gordo, y a su hermano Miguel Ángel?: "Que se encontraban arrepentidos de la muerte de los estudiantes, ya que ellos, junto con los del Cartel Guerreros Unidos, los mataron". Dicen que por los rumbos de Pueblo Viejo, en Iguala, y no en el basurero de otro municipio, el de Cocula.

Participó en la masacre el grupo denominado los "policías bélicos", selecta corporación de agentes municipales de Iguala al servicio del Cartel de los Guerreros Unidos. Los "bélicos" se autonombraba el equipo de los mejor armados, los más supuestamente entrenados, los más corruptos también.

Según lo que ellos y otros compinches contaron, cerca de 18 "ayotzinapos" fueron conducidos a las inmediaciones de Pueblo Viejo, en las afueras de Iguala, y obligados a cavar tres fosas. Luego asesinados, tirados en los recién horadados huecos y finalmente también bañados con diésel para prenderles fuego. Solamente que ahí es francamente imposible que se hayan podido reducir a cenizas. Las autoridades exhumaron algunos de esos restos en los alrededores de Pueblo Viejo. A siete meses de esta desaparición masiva se ignora si algunos de los cuerpos de los normalistas están todavía sepultados en las cercanías en donde han sido ubicadas muchas otras fosas con más de 80 cadáveres nuevos y antiguos en la región. Parece una serie de terror pero entre esas decenas de cuerpos las autoridades mexicanas no hallaron a uno solo de los 43 normalistas. O los peritos mexicanos no están a la altura del reto de ubicar correctamente el ADN, o se les obligó a rendir falsos informes.

No solamente en Pueblo Viejo, sino también en Las Antenas, La Joya y La Laguna, en donde la autoridad ya había dado por terminada la búsqueda, familiares de la organización "Los Otros Desaparecidos" puso a finales de abril 15 banderillas en sitios en donde habría probables fosas. Estamos frente al hecho insólito de que los familiares de desaparecidos van por delante de la autoridad en las búsquedas y ubican fosas y cadáveres, como cinco cuerpos exhumados en el paraje El Maizal. Todo solamente en Iguala.

Si acaso había restos de alguno de los normalistas entre los primeros 38 hallados en Pueblo Viejo o los más de 80 en total por todo Iguala, el gobierno ocultó la información. Y si no había vestigios de los "ayotzinapos" -como despectivamente los nombran los declarantes-, es que los delincuentes mintieron. Pero de eso tampoco se ha dicho nada públicamente. Los datos se manejan con el máximo sigilo. Lo grave ocurrirá cuando se descubra que la verdad estaba ahí desde el 4 de noviembre, una semana después de la masacre, y que fue ocultada por la autoridad.

Lo único desechable para la sociedad es la inverosímil "verdad histórica" de Murillo Karam, tan imposible de probar que en la Universidad de Innsbruck, en Australia, los peritos sólo hallaron ADN posiblemente de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos, en un pequeño hueso. Se están haciendo nuevas pruebas, con el riesgo de que, si no hay resultados positivos, se perderá irremisiblemente el material genético. ¿Pudo haber sido sembrado ese hueso?, es una de las decenas de preguntas que siguen sin respuesta oficial. Estamos ante el caso paradigmático de que un gobierno "mata" oficialmente a 43 jóvenes, a pesar de lo cual las familias y la sociedad continúan exigiendo, más de siete meses después, que si "vivos se los llevaron, vivos los queremos".

La PGR informó que el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, no pudo identificar los otros 15 restos encontrados en Cocula, Guerrero, presuntamente pertenecientes a normalistas desaparecidos el 26 de septiembre. En un comunicado, la dependencia explicó que la institución europea presentó sus conclusiones sobre el caso, en las que determinó que "el calor excesivo ha destruido el ADN mitocondrial en los restos, por lo menos hasta el punto en que los métodos rutinarios no pueden emplearse con éxito".

El procurador entonces Murillo Karam, se afianzó en esa dificultad para identificar los restos y confirmó que la dependencia solicitó a la Universidad de Innsbruck recurrir a un nuevo método que la propia institución ofreció sin costo, conocido como "Secuenciación Masivamente Paralela", cuyo proceso implicaría al menos tres meses y sus resultados no se garantizan.

La Universidad, por su parte, advirtió que esa nueva técnica implica un riesgo: "que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional de ADN que ayudaría en el proceso de identificación". Un disparo al aire que las autoridades mexicanas aceptaron con alivio.

"El calor excesivo ha destruido el ADN y el ADN mitocondrial en los restos, por lo menos hasta el punto en que los métodos rutinarios no pueden emplearse para un análisis exitoso", detalló la PGR sobre las conclusiones del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria.

La institución austriaca ofreció aplicar, sin un costo adicional, una técnica novedosa llamada "Secuenciación Masivamente Paralela" (Massively Parallel Sequencing MPS, por sus siglas en inglés), que podría servir como una herramienta útil para seguir investigando estos restos.

Hay oportunidades de que la MPS proporcione resultados útiles para ayudar a identificar víctimas. No podemos adelantar un estimado sobre el éxito, pero las especificaciones técnicas de la MPS son más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente [...] El principal riesgo es que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional de ADN que ayudaría en el proceso de identificación [explicó la Universidad de Innsbruck, sobre las oportunidades y riesgos de la aplicación de esta técnica].

Hoy se da por cierta la identificación científica del hueso que perteneció a uno solo entre los 43 normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio, el cual habría sido hallado junto a otros restos calcinados a la vera del Río San Juan, junto al basurero municipal de Cocula. De acuerdo con la PGR, integrantes del grupo Guerreros Unidos habrían asesinado a los jóvenes, se deshicieron de los cuerpos de los normalistas cromándolos en el basurero de Cocula y, reducidos a cenizas, los habrían tirado al río.

Empero, los expertos forenses argentinos se deslindaron del presunto descubrimiento, diciendo que ellos no estuvieron en el momento en el que se incorporaron restos a una bolsa negra supuestamente hallados en el río de Cocula. Por lo tanto, no avalan que se trate de residuos autentificados en el lugar. La PGR aportó referencias del embalaje realizado por las autoridades mexicanas, en donde se indica que la responsable de la recolección y colocación en los recipientes es la bióloga Acela Valdez González.

La incredulidad social es de tal manera poderosa, que la PGR ha caído en múltiples contradicciones por tratar de explicar lo inexplicable.

 

QUE LOS LIQUIDARON EN OTRO SITIO

¿Qué hará con esta declaración de Ramiro Ocampo Pineda, jefe de 20 "halcones" desde hacía cuatro años, muy diferente de la "verdad histórica" de Murillo Karam?

Que El Choki, El Chaky y La Mente habían efectuado los levantones. Que andaban unos chavos de 20 a 30 años en un autobús que se habían robado de la central camionera y que les habían reportado que eran estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pero venían a hacer desmadres a Iguala y que dentro de ese grupo venía gente armada del cartel de Los Rojos, que nos buscaban sorprender, por lo que El Choky y sus chavos los interceptaron y detuvieron a los camiones, llevándose a las personas que lo circulaban. Cuando los bajaron, uno de los estudiantes se resistió y entonces se desató la balacera. Al resto se los llevaron ellos y los policías que llegaron como refuerzos [...] Se los llevaron por la brecha que va para Pueblo Viejo, donde se encuentra una gasolinera, donde compraron diésel.

Ahí se los entregan los policías y entre todos privaron de la vida a los estudiantes, los enterraron en tres fosas y les prendieron fuego por órdenes del jefe de sicarios apodado "El May".

Según declaró Martín Alejandro Macedo Barrera:

El Choky alcanzó a chingar a varios ayotzinapos, ya que se estaban poniento muy locos [...] logramos atrapar a 17, los subimos a tres camionetas y los llevamos a la casa de seguridad de la loma donde los matamos inmediatamente, ya que no se querían someter y, como eran más que nosotros, El Choky dio la instrucción que les diéramos piso [...] Yo maté a dos de los ayotzinapos dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos (siete o nueve según otro de los sicarios, Marco Antonio Ríos Berber): están enteritos y enterrados. La forma de matarlos fue hincados y les disparamos en la cabeza.

Ríos Berber narra:

El Chino me mandó que fuera a comprar diésel y como a los 20 minutos regresé con ellos al cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo. Ya habían matado a los tres ayotzinapos que traía El Choky. Los aventaron a un hoyo (que según otro sicario tuvieron que cavar los propios normalistas) y El Choky ordenó que matáramos a los otros 10. Yo le disparé a dos en la cabeza con el arma de La Mente, Gaby mató a otros dos, Choky mató a uno, Vero mató a otro y dejamos vivos a cuatro [...] arrastramos a los seis hasta un hoyo donde, como a los primeros tres, Gaby les roció diésel y les prendió fuego.

En otra fosa fueron puestos los cuatro restantes, golpeados hasta perder el sentido y amarrados. Ríos Berber ya no vio cuando los mataron y quemaron también.

Hay más testigos de asesinatos de jóvenes en Iguala y no en Cocula. Dicen que los normalistas iban de huaraches, pelones y con paliacates. Mientras otros, ya no tan jóvenes, calzaban tenis, vestían jeans y tenían el pelo crecido. Esos, según los sicarios, eran sus enemigos Los Rojos, quienes además traían pasamontañas escondidos en sus calzoncillos.

La autoridad haría bien en reiniciar toda la averiguación. Porque hay declaraciones de los capos Sidronio Casarrubias Salgado y Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, de que se entregaron 300 mil dólares al entonces fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Carrera, al secretario de Seguridad Pública Leonardo Octavio Vázquez Pérez y al director de la Normal de Azotzinapa para permitir que 17 "rojos" se infiltraran entre los estudiantes. Los tres negaron tal versión de los delincuentes.

Hay datos inquietantes entre cientos de páginas de declaraciones ministeriales, como uno relativo a que El Pescado, El Pez o El Fish Johnny Hurtado Olascoaga, líder de la Familia Michoacana en Guerrero, está asociado con "Carlos Ahumada, el argentino que estuvo preso", en dos minas de Guerrero, de donde trafican uranio hacia China, escondido entre otros metales, por los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo, en Colima. Que ambos socios se trasladan en helicóptero a ver partidos de futbol en la Ciudad de México, en Toluca o donde se les antoje.

Más allá de pistas anecdóticas, la verdad es que tenemos gobiernos (Fox, Calderón, Peña Nieto) que combaten a los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico y otros crímenes, capturan capos y decomisan droga y destruyen plantíos en la estadística. Sin embargo, los carteles son cada vez más poderosos. De hecho México produce hoy el doble de la heroína, las drogas sintéticas y la cannabis que obtenían antes del 2005. Y la cocaína, que para nuestra fortuna sólo se produce en Sudamérica, sigue pasando sin problema por nuestro territorio. ¿En dónde está la ganancia o el beneficio de una guerra que provocó ya 130 mil muertos con violencia, decenas de miles de desaparecidos, más de un millón de desplazados y una tragedia que engulle a los migrantes centroamericanos que se atreven a cruzar territorio mexicano?

El dato más inquietante: Iguala, donde los normalistas de Ayotzinapa se evanescieron, es el centro de distribución de toneladas de heroína con las que México se convirtió en el máximo surtidor de Estados Unidos y el segundo productor mundial, 30 veces por encima de Colombia y sólo detrás de Afganistán, desbancando al triángulo asiático y al triángulo dorado mexicano. Estamos hablando de miles de millones de dólares y de la consecuente capacidad del narco de comprar voluntades, autoridades y candidatos en un estado capitalista "crony", mafioso, como sostiene el especialista Edgardo Buscaglia, quien ha estado en decenas de países que ya pasaron por estas espirales de violencia y corrupción.