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Política y cultura

versão impressa ISSN 0188-7742

Polít. cult.  no.37 México  2012

 

Caracterización y papel de los movimientos populares, indígenas y armados

 

Conflictividad socioambiental en América Latina. El escenario post crisis de 2001 en Argentina

 

Lorena Bottaro* y Marian Sola Álvarez**

 

* Investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina [lbottaro@ungs.edu.ar].

** Investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina [mariansoal@yahoo.com.ar].

 

Artículo recibido el 09-05-11
Artículo aceptado el 07-03-12

 

Resumen

En este artículo presentamos una aproximación a los casos que inauguraron un nuevo ciclo de conflictos relacionados con la defensa de los "recursos naturales" y los territorios en Argentina. Para ello realizaremos, en la primera parte del texto, una breve descripción de los primeros momentos de los conflictos socioambientales que tuvieron lugar, por un lado, alrededor de la instalación de plantas de procesamiento de celulosa al margen del Río Uruguay -en la localidad de Gualeguaychú, litoral argentino-, y por otro, en torno a la llegada de un proyecto para la explotación minera a cielo abierto en la localidad de Esquel, patagonia argentina. En un segundo momento, presentaremos una caracterización de los movimientos sociales de la década de 1990 en Argentina con el objeto de identificar similitudes y divergencias entre estos actores y los movimientos socioambientales propios de principio de siglo.

Palabras clave: conflictos socioambientales, minería a cielo abierto, movimientos sociales, territorio, ambientalismo.

 

Abstract

The purpose of this article is to present an approach to cases which open a new cycle of conflicts related with the natural resources and territory defense in Argentina. For that, in the first part of the text, we make a brief description of initial moments of social -environmental conflicts, which took place because the installation of cellulose processing plants on the Uruguay River bank, in Gualeguaychú and due to the arrival of an open pit mining proyect, in Esquel. Then, we present a characterization of social movements of the ends of 20th century in Argentina to identify similarities and differences between this actors and social environmental movements typical of early twenty-first century.

Key words: social environmental conflicts, open pit mining, social movements, territory, ambientalism.

 

INTRODUCCIÓN

Organizaciones de vecinos que se manifiestan en rechazo a la instalación de basurales en localidades de las provincias de Buenos Aires1 y Córdoba. Cortes de ruta en reclamo por la instalación de pasteras en las costas del Río Uruguay. Movilizaciones contra la minería metalífera a cielo abierto que reúnen a pueblos de uno y otro lado de la Cordillera de Los Andes. Comunidades Mapuche que en provincias patagónicas se resisten a ser desalojados de sus tierras sobre las que se proyectan emprendimientos inmobiliarios. Organizaciones campesinas que se enfrentan a las topadoras para impedir la tala indiscriminada de los bosques y ser desplazados de su territorio en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Córdoba, entre otros. Colectivos que surgen al grito de paren de fumigar y se vinculan con médicos e investigadores para denunciar los efectos de los agroquímicos sobre la vida humana. Voces que se manifiestan contra el monocultivo de soja y eucaliptus en tanto atentan contra la biodiversidad. Vecinos autoconvocados en defensa de los lagos, los ríos y por el derecho a acceder a las costas.

¿Tienen algo en común todas estas expresiones?, ¿cuáles son sus similitudes y divergencias con otras organizaciones sociales?, ¿cuáles son sus formas de organización y qué tipo de acciones realizan?, ¿cuáles son sus objetivos o metas?, ¿articulan sus acciones, de qué manera y con quiénes?, ¿qué ha sucedido para que las cuestiones ambientales antes reservadas a pequeños grupos preocupados por temáticas específicas o a organizaciones de escala internacional se conviertan ahora en el motor de nuevas formas de movilización y participación ciudadana?, ¿qué características de los movimientos sociales que tuvieron lugar en nuestro país en las últimas décadas se encuentran presentes en los nuevos movimientos socioambientales?

Nuestro primer propósito es presentar una aproximación a los casos que inauguraron este nuevo ciclo de conflictos relacionados con la defensa de los "recursos naturales"2 en Argentina, dado que esto nos permitirá adentrarnos en la temática. Para ello realizaremos una breve descripción de los primeros momentos de los conflictos que tuvieron lugar en Gualeguaychú y en Esquel. Luego, presentaremos una caracterización de los movimientos sociales de la década de 1990 en Argentina con el objeto de identificar similitudes y divergencias entre estos actores y los movimientos socioambientales propios de principio de siglo. La identificación de rasgos particulares de estos movimientos, entendemos, aportará a construir algunas respuestas a nuestras preguntas y sumergirnos en el análisis de uno de los movimientos sociales que presenta mayor dinamismo en la Argentina actual: los movimientos socioambientales.

Como señalamos anteriormente, los análisis y reflexiones presentes en este texto tienen su origen en proyectos de investigación más amplios desarrollados desde el 2006. En el marco de estos proyectos privilegiamos una orientación cualitativa de investigación social. Por esta razón, se emplearon técnicas de recolección de información tales como observación participante y no participante en diferentes encuentros y actividades llevadas a cabo por las asambleas de vecinos autoconvocados y diversas organizaciones sociales; entrevistas semiestructuradas y en profundidad a integrantes de dichas asambleas contra la minería a cielo abierto, militantes sociales y ambientalistas de "larga data", funcionarios públicos, entre otros. Asimismo se realizaron análisis discursivos sobre textos y materiales audiovisuales producidos por los actores sociales antes mencionados. También se participó de reuniones e instancias de articulación de estos movimientos. Por otra parte, se utilizaron fuentes secundarias: material periodístico de diarios nacionales, provinciales y locales, información de páginas electrónicas,3 publicaciones especializadas, etcétera.

Para hacer referencia a determinados casos -en especial El no a la mina de Esquel y El no a las papeleras de Gualeguaychú-, se recurrieron a trabajos realizados por otros investigadores.4

 

LOS PRIMEROS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POSTCRISIS DE 20015

A partir de la crisis de 2001, el escenario político social permitió tematizar e ingresar a la agenda política y al espacio público nuevas demandas de derechos económicos, sociales y culturales.6 Estas demandas se expresaron en la proliferación de organizaciones de desocupados, en la recuperación y nueva puesta en marcha de fábricas por parte de los trabajadores, en la emergencia de asambleas barriales, en el surgimiento de novedosos colectivos culturales y en la mayor visibilidad alcanzada por grupos conformados para la promoción de derechos vinculados a la diversidad sexual.

Aún resonando los ecos de este contexto de movilización social, cobran vida dos experiencias colectivas que inician un nuevo capítulo en la tradición de los movimientos sociales en Argentina. Nos referimos al caso Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos —vinculado con las tratativas para la instalación de dos plantas de fabricación de pasta celulosa -y al caso Esquel, en la provincia de Chubut -asociado a las actividades de exploración de una empresa minera para la explotación de oro a gran escala-; ambas experiencias combinan la defensa del ambiente y de los estilos de vida locales con cuestionamientos a las formas tradicionales de representación política y participación ciudadana.

Comencemos por la ciudad patagónica. Durante las últimas dos décadas del siglo XX las actividades tradicionales de Esquel7 habían entrado en crisis. A los aspectos climáticos desfavorables y la caída del precio de la lana se sumaba el proceso de reforma estructural y recorte presupuestario a nivel nacional y provincial que ponía en jaque la economía local. Como resultado, hacia fines de la década de 1990, Esquel se enfrentaba a una crisis social y económica, que se expresaba en altos niveles de desempleo y pobreza.8 Por esos años, se inician las actividades de exploración en búsqueda de minerales en un área localizada a menos de 10 km. de la ciudad de Esquel y en el 2001 se anuncia el descubrimiento de una importante mineralización aurífera.

A comienzos del 2002, en ese crítico contexto económico a escala nacional y provincial y con niveles muy favorables en el precio del oro en el mercado internacional, la empresa canadiense Meridian Gold anunció su interés por llevar adelante el proyecto minero Cordón Esquel. Se trataba de un emprendimiento a gran escala para la explotación de oro a cielo abierto, en el que se emplearían grandes cantidades de explosivos para demoler la montaña y de agua mezclada con cianuro y otras sustancias químicas que permitiesen separar los minerales de la roca pulverizada.

Desde el gobierno provincial se preveía un proceso sencillo y ágil que rápidamente diera paso a la explotación. En consecuencia, se publicitaba la presentación del Informe de Impacto Ambiental, y casi en simultaneidad la realización de una Audiencia pública. Estas herramientas de control y participación que deberían emplearse para evaluar la viabilidad y aceptación social de un proyecto de las características que presenta un mega emprendimiento minero, fueron utilizadas de manera desprolija por el gobierno provincial para garantizar que la explotación de la mina pudiera ejecutarse.9

Sin embargo, muchos esquelenses que en un comienzo tenían posición favorable al proyecto por las expectativas de reactivación económica general, y especialmente por las promesas de generación de empleo que traería el mismo, comenzaron a preguntarse sobre las características que implicaba un proyecto de explotación minera a cielo abierto. La participación de técnicos, varios de ellos provenientes del ámbito universitario y de ambientalistas de la región, generó un proceso de análisis y difusión de los impactos que generaría la actividad. Entre los que resultaron más resonantes, se destaca el empleo del cianuro ahí donde precisamente se ubica la fuente de agua de la zona y las consecuencias negativas para el medio ambiente de proyectos similares existentes en otras regiones de América Latina.

Los vecinos comenzaron a reunirse en torno a la información, a planificar y a realizar acciones, dando origen a la primera asamblea de autoconvocados contra la minería a gran escala en nuestro país. Es preciso señalar que en muchas ocasiones los integrantes de estas asambleas rechazan la denominación de "ambientalistas", en otras, la utilizan para diferenciarse de otras organizaciones. Por momentos, este término es utilizado por funcionarios del gobierno, medios de comunicación y representantes de las empresas para estigmatizar a estos colectivos.10 En la mayoría de los casos, las asambleas de vecinos autoconvocados están integradas por productores, docentes, artesanos, empleados públicos, jóvenes, adultos, personas de edad que defienden sus territorios "del saqueo y la contaminación". Más allá de su heterogénea composición, en el caso de Esquel, la Asamblea logró constituirse en un espacio de deliberación de un amplio sector de vecinos, quienes fueron construyendo argumentos contra la instalación del proyecto:

Porque la roca que será removida [...] no sólo contiene el ansiado oro, sino que libera otros elementos, tales como metales pesados [...] Los metales pesados son altamente tóxicos debido a que no pueden ser metabolizados por el organismo humano [...] Porque habrá una afectación directa del agua en Cantidad y Calidad. Todo proyecto minero que pretenda instalarse utilizará inmensas cantidades de agua e inutilizará otro tanto [...] Porque en la explotación de oro que se pretenda realizar se empleará un procedimiento que se llama "lixiviación con soluciones de cianuro", lo que representa un peligro potencial para las personas y el medio ambiente al utilizarse en grandes cantidades una sustancia altamente tóxica y contaminante. En el caso de Esquel se pretendía utilizar un promedio 180 toneladas al mes de cianuro de sodio, además de otras sustancias químicas como por ejemplo 12 toneladas de ácido clorhídrico, 12 toneladas de soda cáustica, 1 400 kilogramos de litargirio, etcétera). Porque se trata de un proyecto de beneficios transitorios y "cortoplacistas". Es, ni más ni menos, una clara aplicación del principio "pan para hoy y hambre para mañana" [...] Porque los beneficios económicos que este tipo de emprendimiento le representa al país, a la provincia y nuestra zona son inexistentes comparados con las inmensas ganancias que se llevarán [...] Porque los puestos de trabajo que utilizarían no son tantos y por ende el beneficio en este sentido no es tan importante teniendo en cuenta los riesgos que significa un emprendimiento de este tipo [...] Porque somos muchos -y cada vez somos más- los que estamos cansados de que se disfracen distintos proyectos para que unos pocos (siempre los mismos) obtengan beneficios importantes en contradicción con los intereses del pueblo.11

Además de las masivas movilizaciones y de las variadas actividades orientadas a la difusión de información y concientización (como por ejemplo las campañas por internet, las charlas en las escuelas, las "volanteadas", etcétera) la acción más singular —difícil de ser pensada sin las acciones antes mencionadas- fue la realización de una consulta popular. Siguiendo los pasos de la experiencia de Tambogrande,12 Perú, los vecinos autoconvocados de Esquel organizaron un plebiscito. El mismo se realizó en marzo de 2003 registrándose una concurrencia alta (75% del padrón); y un fuerte posicionamiento frente a la explotación minera, 81% del electorado votó contra la instalación de la mina. Asimismo, la consulta se llevó a cabo en las localidades vecinas donde los porcentajes por el "no" fueron aún más contundentes.13

Mientras el "no a la mina" se fortalecía en el sur y se extendía hacia otras regiones donde existían o se pretendían iniciar explotaciones mineras, en el litoral del país comenzaba a tomar forma un conflicto por la instalación de fábricas de pasta celulosa. En este caso, los dos proyectos cuestionados por la población no se localizaban en territorio argentino sino en Fray Bentos, ciudad ubicada en la República Oriental del Uruguay y comunicada con la ciudad de Gualeguaychú14 a través del Río Uruguay.

La ciudad de Gualeguaychú se había desarrollado, tradicionalmente, con base en la actividad agropecuaria y, especialmente, en torno a la actividad de los frigoríficos que absorbían buena parte de la mano de obra local. El cierre de los mismos en la década de 1970 significó un duro revés para la economía de la zona. Durante la década de 1990, la ciudad se volcó al turismo. La actividad turística alrededor del Río Uruguay y en torno al Carnaval configuró en un enclave local en el que confluyen los intereses de múltiples actores sociales y económicos.15

Estos mismos actores sumados a otros tantos que defendían un estilo de vida ligado al uso y disfrute del río y que se oponían a la contaminación del aire y el agua, fueron quienes se movilizaron en torno a lo que percibían como una "amenaza potencial".16

La primera movilización realizada en el 2005, fue el puntapié inicial para la conformación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú; el intendente de la ciudad fue designado como presidente honorario de la misma. A partir de ahí se desarrolló una activa campaña de sensibilización que incluyó, como en el caso de Esquel, reuniones informativas, visitas a las escuelas y "volanteadas". A fines de ese año, la Asamblea realizó cortes temporarios en la ruta que conduce al puente General San Martín, sobre el Río Uruguay y, desde 2006, cortes de larga duración. Más tarde se adoptaría la decisión de cortar en forma permanente el puente internacional.17

En mayo de 2006, el gobierno argentino retomó la demanda de Gualeguaychú de denunciar al Estado Uruguayo ante la Corte Internacional de Justicia18 por incumplimiento de sus obligaciones transfronterizas en materia de prevención de la contaminación. También se comprometió ante la Asamblea a mantener la "causa de Gualeguaychú" como política de Estado.19

Frente a este escenario, las dos empresas involucradas en el conflicto adoptaron diferentes posturas: Ence —española— decidió cambiar la zona de emplazamiento de la pastera. No así Botnia, empresa de origen finlandés, que optó por continuar las obras, para finalmente entrar en funcionamiento a fines de 2007.

Ambos conflictos han atravesado por diversas etapas y continúan vigentes. La actividad de las empresas o el intento por instalar un proyecto que afecta las formas de vida a partir de la contaminación del ambiente y la reestructuración de las economías locales continúa generando resistencias en la población.

En este marco, las asambleas socioambientales a partir de la movilización, la acción directa y la acción institucional continúan cuestionando y poniendo en agenda pública las implicancias de la instalación de estos emprendimientos no sólo en relación con la problemática socioambiental, sino también en la discusión sobre modelos de desarrollo.20

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIAMBIENTALES Y SUS RASGOS COMUNES CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA DÉCADA DE 1990

Los casos de Esquel y Gualeguaychú, así como otras experiencias de organización y movilización en defensa de los bienes naturales,21 comparten algunos rasgos con los movimientos sociales que tuvieron lugar en América Latina y, en particular, en nuestro país durante la década de 1990.22

En primer lugar, dos de las características más importantes que tienen en común estos movimientos se relacionan con las formas de manifestación a través de la acción directa y la puesta en juego de prácticas de democracia directa. Es así que la realización de acciones como el corte de ruta y la organización asamblearia son rasgos característicos que comparten los movimientos socioambientales y sus predecesores.

Un tercer denominador común está dado por la matriz territorial en la que se inscriben estos movimientos. Desde la década de 1980 el territorio comienza a tener un lugar relevante como espacio de organización comunitaria para los diferentes movimientos sociales. Este aspecto del territorio será resignificado en el marco de las luchas socioambientales debido a que el mismo se convertirá en el centro de las disputas por el uso de los recursos naturales.23

Profundizaremos en las características de los movimientos a partir de cada una de las dimensiones antes mencionadas, comenzando por el modo que utilizan para expresar sus demandas a través de la acción directa. Como su nombre lo indica, la acción directa o extra institucional, es la que se realiza por fuera de las instituciones, generalmente irrumpiendo en el espacio público con el objetivo de hacer visible el problema ante el resto de la sociedad e instalarlo en la agenda pública y mediática. Tiene un carácter disruptivo y, en ocasiones, no convencional.

La acción directa como forma de expresión de los movimientos sociales se encuentra relacionada con la crisis que durante la década de 1990, sufrieron las instituciones y organizaciones que tradicionalmente funcionaron como canales de expresión, tales como los partidos políticos y los sindicatos.

El escenario de profunda crisis socioeconómica y gran desocupación que acentuaba la asimetría de fuerzas entre los actores (movimientos sociales, empresarios y el Estado) fomentó que la acción directa, mediante el corte de ruta, se convirtiera en la herramienta de lucha privilegiada de los movimientos sociales.24 Varios de estos movimientos surgieron como respuesta a la consolidación del "modelo neoliberal", entre los que se destacan los grupos piqueteros y los trabajadores de "empresas recuperadas", ambos tienen su origen en la segunda mitad de la década de 1990.25

Los cortes de ruta surgieron en el norte y sur del país realizados por las organizaciones de trabajadores desocupados a raíz de la privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Los denominados "piquetes", posteriormente se extendieron a todo el territorio nacional, cobrando una especial relevancia en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires.26

De esta manera, los cortes de ruta alcanzaron un fuerte e inmediato efecto político y se multiplicaron en los medios de comunicación. Se transformaron, entonces, en la forma más típica de expresión de la acción directa que se sumó a otros repertorios de acción27 tales como las marchas, los escraches,28 las carpas29 y los acampes.30

Por su parte, los movimientos socioambientales también utilizan en su repertorio de acción los cortes de ruta -en contextos provinciales con gobiernos generalmente afines al desarrollo de proyectos de gran envergadura (ya sean éstos de minería a cielo abierto, pasteras o represas, entre otros)- esta forma de expresión utilizada por las asambleas socioambientales mantiene la propiedad de hacer visible el conflicto en otras escalas —provinciales o nacionales. Para el caso de las papeleras, el corte del puente internacional que une a los dos países fue lo que mantuvo el conflicto en la agenda de los medios de comunicación.31 Por otro lado, el corte de ruta también tiene otras funciones que pueden ser ilustradas con los "cortes selectivos" realizados por las asambleas contra la megaminería a cielo abierto. En los conflictos vinculados con la megaminería las asambleas socioambientales realizan cortes que impiden el paso a vehículos relacionados con la actividad minera, ya sean de las empresas o de organismos públicos. En este sentido, uno de los "cortes selectivos" más prolongados fue el llevado a cabo por las asambleas de Chilecito y Famatina en la provincia de La Rioja para impedir la explotación del cordón serrano de Famatina. Este corte que comenzó en 2007, impidió el acceso al cerro donde la empresa Barrick Gold, SA., una de las compañías mineras más grandes del mundo y de origen canadiense, había comenzado con la etapa de exploración para implantar ahí un emprendimiento minero de gran envergadura. El bloqueo estaba destinado tanto a miembros de la empresa como a funcionarios del gobierno provincial.

La segunda dimensión de los movimientos sociales se vincula con su dinámica de funcionamiento interno y la forma organizativa que deriva de la misma. Democratizar las decisiones a partir de lograr mayor participación cuando los canales políticos o de representación tradicionales no son suficientes es un desafío que se proponen los movimientos sociales. Para ello han procurado generar canales abiertos de participación, debate y toma de decisiones que, en la mayoría de los casos, se ha realizado a partir de la organización asamblearia. En esta forma de participación el objetivo es que todos los miembros de la organización tengan voz y voto en cuestiones que involucran el devenir de la misma. Además tiende a evitar los liderazgos personales y las decisiones poco participativas y no consensuadas.

La democracia asamblearia fue una práctica especialmente presente en la organización cotidiana de los movimientos de trabajadores desocupados durante la década de 1990. Sin embargo, fue a partir de la crisis de 2001, específicamente luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre,32 que la asamblea como espacio privilegiado de participación política se expandió a otros sectores sociales a partir de las asambleas barriales, fundamentalmente localizadas en la Ciudad de Buenos Aires, algunas ciudades del conurbano bonaerense y centros urbanos del interior del país.

Una de las principales características distintivas de las asambleas barriales fue su alto grado de heterogeneidad en relación con las edades, género, inserción laboral, nivel educativo o experiencias políticas previas de sus integrantes.

Las asambleas estuvieron compuestas principalmente por las clases medias de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se destacaban comerciantes, empleados y profesionales del ámbito público y privado, muchos de ellos empobrecidos y con un alto grado de inestabilidad laboral, así como también un conjunto de desocupados de diferentes procedencias, y jóvenes, muchos de los cuales realizaban su primera experiencia política.33

En un proceso de consolidación y expansión entre 2002 y 2003, las asambleas barriales entablaron importantes vínculos con otros actores sociales relevantes en este periodo, como las organizaciones de trabajadores desocupados, los cartoneros y las fábricas recuperadas. Estos vínculos "pendularon" entre la solidaridad y el conflicto.34 A pesar de ello, las asambleas junto con otras organizaciones sociales, posibilitaron luego del 2001 la apertura de un nuevo ciclo de participación política en el que uno de sus ejes articuladores se constituyó en la autonomía respecto de los partidos políticos, los sindicatos y el Estado.35

En el transcurso de la primera década de este siglo la experiencia asamblearia cobra un nuevo significado en el marco de los conflictos socioambientales. En este sentido, la asamblea se presenta como la forma de organización y acción que se dieron los vecinos nucleados en torno a las diversas problemáticas ambientales,36 que se suman a los casos de Gualeguaychú y Esquel antes presentados. Si en el caso de los conflictos vinculados a proyectos mineros que se suceden a posteriori del conflicto de Esquel, podemos observar, en algunas regiones, el surgimiento de tantas asambleas como localidades afectadas o potencialmente afectadas, para el caso de las papeleras, un rosario de asambleas se conforma en las localidades próximas a la costa del Río Uruguay (Colón, Concepción del Uruguay, Ubajay, entre otras).

En los movimientos socioambientales la autodenominación como asambleas remite a la identidad del movimiento. Por un lado, lo diferencia de las organizaciones ambientalistas que tradicionalmente se ocuparon de estas temáticas y, por otro, acentúa los rasgos constituyentes de estos colectivos: la organización horizontal y autónoma.

En este sentido, la consigna "que se vayan todos" —expresión acuñada en la movilización del 2001 y que aludía a la crisis de representatividad, a la pérdida de confianza y credibilidad de la clase política- es reeditada en el conflicto de Esquel.37 La autonomía emerge como un valor pero también como una "tarea" o ejercicio de preservación, aunque circunscripta, fundamentalmente, a la relación con los partidos políticos y el Estado. Como consecuencia estos actores no pueden participar como tales de la composición interna de las asambleas ni de las instancias de articulación inter-asamblearia. Esto no excluye que en determinadas coyunturas algunas organizaciones establezcan vínculos estratégicos para la realización de acciones institucionales con el propósito de incidir políticamente.

En tercer lugar, en el marco del proceso de territorialización de los sectores populares el territorio se presenta como el eje que organiza la vida de los individuos. La matriz territorial así constituida tiene consecuencias definitorias para los movimientos sociales de la década de 1990. La crisis socioeconómica que atravesó nuestro país por aquellos años y la implementación de políticas sociales focalizadas en los más pobres facilitaron la conformación de un entramado político, económico y social cuya inscripción territorial por excelencia fueron los barrios populares.

En este sentido, Denis Merklen en el 2005 señala que frente al proceso de empobrecimiento y de desafiliación masivo, los sectores populares hallaron en el barrio un refugio capaz de operar tanto como un lugar de repliegue como de inscripción colectiva. En este marco, el barrio comenzó a cumplir funciones que otras instituciones ya no podían cumplir tan eficazmente, a la vez que se convirtió en un soporte para una solidaridad de base territorial.38

En este contexto, las organizaciones sociales a partir de la acción colectiva comenzaron a tener un protagonismo cada vez más importante en la reproducción de la vida de los sectores populares. Es así que las organizaciones piqueteras desarrollaron actividades de vasto alcance en las comunidades en las que se encontraban implantadas territorialmente: merenderos y comedores comunitarios, instalaciones educativas, emprendimientos productivos, huertas comunitarias, entre otras.39

Sin embargo, estas experiencias no fueron desarrolladas sólo por los grupos piqueteros, un sinnúmero de organizaciones sociales de distinto tipo (ONG, grupos religiosos, fundaciones, sociedades de fomento, entre otros), algunas de larga trayectoria en trabajo comunitario, inscribieron sus actividades en el espacio barrial. En varios casos estas actividades estuvieron fuertemente vinculadas con la gestión de las políticas sociales focalizadas, y en otros, se desarrollaron de manera autónoma e independiente del Estado. En este contexto, también los emprendimientos productivos, las redes de trueque y comercio justo, las mutuales, cooperativas y fábricas recuperadas, entre otras experiencias con una fuerte inscripción territorial, cobraron un nuevo impulso a partir de la crisis de 2001.

En este sentido, la inscripción territorial de los sectores populares apunta a dar cuenta de las transformaciones y heterogeneidad de los sectores populares, de las formas de organización y la generación de nuevos espacios identitarios en torno al barrio en un contexto de fuerte descolectivización de las clases trabajadoras.40

Por su parte, en los movimientos socioambientales el territorio continúa siendo un eje central, pero esta vez desde un lugar diferente y que trasciende la escala barrial.

Para analizar la resignificación que se produce en torno al territorio en los movimientos socioambientales es necesario hacer mención de un rasgo particular que presenta la fase actual del capitalismo relacionado con la centralidad que en ésta cobran los recursos naturales. Esta centralidad se ve reflejada en el aumento de la demanda de materias primas y en la disputa por el control de recursos estratégicos (agua, minerales, semillas, tierra) a escala mundial. Los procesos de transformación económica ocurridos después de la década de 1980 en América del Sur implicaron la reprimarización de las economías, fundamentalmente en lo que concierne al predominio de la producción de petróleo, minería y productos agrícolas como componentes principales de las exportaciones. Este proceso fue activado en la primera década del presente siglo por los altos precios de los productos en los mercados internacionales.41

De esta manera, en determinadas regiones se consolida una matriz productiva de corte extractivista, basada en la sobreexplotación de recursos naturales y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como "improductivos". Una de las consecuencias de esta inflexión es la potenciación de las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, así como el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales (definidos como "bienes comunes").42

Los movimientos socioambientales presentan, en relación con el territorio, un carácter defensivo y suelen iniciarse a partir de reclamos puntuales. Sin embargo, luego tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento al modelo de desarrollo y la necesidad de la desmercantilización de aquellos bienes considerados comunes.43

En este marco, los "recursos naturales" aparecen resignificados como "bienes comunes" que garantizan y sostienen las formas de vida en un territorio determinado.44 Las acciones de defensa a las formas de vida a nivel local son las que dan lugar a movilizaciones en zonas urbanas y rurales donde sus habitantes perciben que estos bienes están amenazados. Así, en algunos territorios, los nuevos colectivos están integrados por hombres y mujeres que nacieron y se criaron en esos pueblos y ciudades donde la migración hacia la ciudad capital u otros centros urbanos es un fenómeno frecuente. En ellos, la valoración del territorio está ligada, entre otras cuestiones, a la historia familiar, comunitaria e incluso ancestral (territorio heredado). En otros, involucra a quienes habiendo hecho la opción de abandonar los grandes centros urbanos del país, han elegido los lugares hoy amenazados. Se trata de sectores medios, algunos de ellos profesionales, motivados por la búsqueda de una mejor calidad de vida o de jóvenes que optaron por un estilo de vida diferente en el cual la relación con "lo natural" y el ambiente desempeña un papel central (territorio elegido). En otros casos, la concepción del territorio "heredado" y/o del territorio "elegido", va convergiendo con la concepción del territorio propio de las comunidades indígenas y campesinas (territorio originario). Cualquiera sea el caso, lo que se pone en juego aquí son los derechos territoriales. Así, no se trata exclusivamente de una disputa en torno a los "recursos naturales", sino de una disputa por la construcción de un determinado "tipo de territorialidad"45 inserta, a su vez, en un modo de concebir el desarrollo.46

 

LAS PARTICULARIDADES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIAMBIENTALES

Sumado a las características antes mencionadas, identificamos tres dimensiones que en los movimientos socioambientales cobran especial relevancia: una importante apelación a la acción institucional, la generación de un saber contraexperto y la multiescalaridad en la que se desarrollan los conflictos.47

Por su parte, los movimientos socioambientales recurren frecuentemente a la acción institucional, es decir, al empleo de mecanismos y procedimientos previstos constitucionalmente o establecidos por organismos del Estado. Esta forma de acción se expresa, generalmente, en demandas al poder judicial y al legislativo, tales como recursos de amparo, presentación de proyectos de ley, los cuales son presentados en los diferentes niveles del Estado (municipios, provincias y nivel nacional). La realización de consultas a la población mediante mecanismos plebiscitarios es también una demanda de los movimientos que requiere de la apertura de canales de participación por parte del Estado.

Para el caso de los movimientos contra la minería a gran escala, entre las demandas institucionales se encuentra la derogación y anulación del actual Código Minero y demás leyes sancionadas durante la década de 1990 que promueven la inversión trasnacional en la explotación de los recursos mineros a través de otorgamientos de beneficios y exenciones impositivas.48

En el nivel provincial, esta demanda se cristalizó en la sanción de leyes provinciales y ordenanzas municipales49 que prohíben la actividad minera a cielo abierto y la utilización de cianuro y otras sustancias potencialmente contaminantes en algunas provincias.50 Estas legislaciones dan cuenta del poder instituyente de los movimientos y tanto su promulgación como la vigencia de las mismas son producto de acciones institucionales sostenidas por la acción directa. La recolección de firmas, las marchas, los eventos culturales y performance (intervenciones artísticas en el espacio público), la participación en festivales y fiestas conmemorativas a nivel local y provincial fueron y son fundamentales en la defensa de una legislación protectora. Es preciso señalar que estas leyes provinciales se encuentran continuamente amenazadas por el accionar de los Estados locales que, de diferentes maneras, intentan derogarlas ya que no les permite avanzar con la actividad minera en el territorio provincial.

Una de las formas más típicas de acción conjunta de los Estados provinciales y las empresas mineras se ha cristalizado en los últimos años en la judicialización y criminalización de las asambleas de vecinos autoconvocados. En este sentido, tanto miembros de las asambleas que se movilizaron contra la instalación de las pasteras, como los que lo hacen contra la megaminería han sido querellados en diferentes causas. Por ejemplo, por su participación en cortes de ruta o por sus declaraciones en los medios de comunicación.51 En algunas provincias, precisamente en aquellas más comprometidas con el modelo minero, como Catamarca, San Juan y La Rioja, el Estado ha llevado a cabo medidas represivas en el marco de diferentes acciones de protesta realizadas por asambleístas.52

Otra demanda que se vehiculiza mediante la acción institucional es la relacionada con la existencia de una legislación orientada a la protección de los glaciares y con la aplicación de la misma. Entre 2008 y 2010, diferentes asambleas y organizaciones ambientalistas trabajaron de manera articulada con legisladores nacionales y provinciales para lograr la sanción de una "Ley de Protección de Glaciares". La primera versión de la ley fue realizada por legisladores con la participación de organizaciones sociales, ambientalistas e instituciones académicas. Esta ley fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso Nacional y vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a fin de ese mismo año. A pesar de ello, el movimiento socioambiental en articulación con otros actores sociales (intelectuales, políticos, académicos, artistas, entre otros) continuaron con la puesta en agenda del tema a escala nacional: se realizaron foros especializados en la temática, conferencias en diversos ámbitos, presentaciones en medios periodísticos, y se prestó asesoramiento a los miembros de los partidos políticos que llevarían los proyectos de ley al Congreso. A pesar del accionar del lobby minero y de los Estado provinciales comprometidos con el modelo que presionaban para que la "Ley de protección de glaciares" no se sancione, los movimientos socioambientales en articulación con los actores sociales antes mencionados lograron que una versión más abarcativa de la "Ley de protección Glaciares" se apruebe en septiembre de 2010.53

Sin embargo, la ley no llegó a reglamentarse en aquellas provincias más comprometidas con la implementación del modelo minero como son los casos de La Rioja, Catamarca y San Juan. En este último caso por la presentación de medidas cautelares por parte de los gremios, las empresas mineras y las cámaras empresariales de la provincia que denunciaron la inconstitucionalidad de ley ante un juez federal. Hasta tanto este tema no se resuelva en la justicia la "Ley de protección de glaciares" no puede aplicarse en San Juan y las empresas mineras continúan con la explotación en zonas donde se han detectado glaciares y/o donde se desconoce su existencia.

El segundo rasgo constitutivo y específico de estos movimientos refiere a la generación, construcción y difusión de un saber contra-experto, resultado de un proceso de indagación y aprendizaje sobre conocimientos técnicos y legales del problema en cuestión. Este saber se construye en oposición a análisis de técnicos y especialistas que niegan o minimizan los impactos ambientales.

Si bien en algunas asambleas se destaca la presencia de reconocidos ambientalistas, de larga trayectoria profesional y militante, en su gran mayoría son los "vecinos comunes" de las diferentes asambleas, algunos de ellos profesionales, quienes han debido realizar un aprendizaje acelerado sobre aspectos técnicos y normativos relacionados con el tema en cuestión. De esta manera, en el marco de cada asamblea se conforma un saber experto que rápidamente es difundido al resto de la población.

La información sobre las características de los proyectos y las posteriores tareas de difusión que las asambleas asumen son centrales en las experiencias de resistencia. En el caso de las papeleras, fueron en un principio organizaciones ambientalistas de Entre Ríos y del Uruguay las que alertaron sobre las consecuencias de los emprendimientos celulósicos, intervinieron de manera fundamental en la socialización de los riesgos que sobrevendrían a la puesta en funcionamiento de las plantas. Luego, al conformarse la Asamblea de Gualeguaychú, se constituyó a un grupo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales y científicos. El trabajo de profesionales acompaña con su labor las diferentes fases por las que atravesó el conflicto.54

En el caso de Esquel, y atendiendo a que se trataba del primer mega-proyecto minero al cual se le oponía resistencia en el país,55 la cuestión de la información sobre el método empleado por la minería a cielo abierto fue fundamental para la toma conciencia de los riesgos y para poder comunicárselo a otros habitantes. En Esquel la construcción de ese saber contra experto estuvo a cargo de docentes universitarios, profesionales y militantes ambientalistas. Este saber se construyó en confrontación con el discurso de la empresa e interpelando al de técnicos, geólogos e ingenieros incorporando "otros saberes", por ejemplo, el de las poblaciones originarias y "pobladores de la zona" que mantienen otro tipo de relación con la naturaleza y el territorio.

En tercer lugar, la multiescalaridad56 en la que se desarrollan conflictos socioambientales como los aquí analizados, signa también la actuación de estos movimientos. Las características de este tipo de conflictos les presenta a los movimientos un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos provenientes de diversas escalas (locales, nacionales, regionales y globales). En este marco, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local y lo global tienden a exacerbarse.57

Adicionalmente, las empresas trasnacionales que llevan a cabo actividades extractivas y que generan importantes niveles de afectación al ambiente se localizan en territorios distantes del centro político que constituye la Ciudad de Buenos Aires y, en la mayoría de los casos, también de los centros administrativos y políticos de las provincias. Esta distancia geográfica y simbólica se complementa con una importante dificultad por parte de los vecinos organizados para hacer visible el conflicto por fuera del ámbito local.

Para contrarrestar el aislamiento las Asambleas de vecinos autoconvocados tienden a conformar redes a través de diferentes articulaciones y vínculos que les permite enfrentar el conflicto en sus diferentes escalas. En este sentido, se ha conformado lo que Milton Santos en 2005 denomina una "red de territorios",58 que ha dado lugar a colectivos de organizaciones que se articulan en diferentes niveles: Asamblea Coordinadora Patagónica, Asamblea Socio-ambiental del Noroeste Argentino, Alianza de los Pueblos del Oeste Catamarqueño, Asambleas ciudadanas riojanas, Asamblea mendocina por el Agua Pura, Asamblea Regional Cuyo, entre otros. Asimismo, estas asambleas integran la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) que, desde el 2006, funciona con el objetivo de articular y potenciar las luchas de las comunidades que se agrupan en defensa de los bienes comunes a escala nacional.

En los últimos años, la UAC se consolidó como un actor importante en el marco de los conflictos socioambientales, por la cantidad y diversidad de asambleas y organizaciones que articula, así como por su capacidad de acción en las diferentes escalas en las que estos conflictos se desarrollan. En este sentido, la UAC actúa con el objetivo de lograr la visibilización de distintos conflictos que tienen lugar a escala local, proyectándolos a un nivel regional y/o nacional. Esta proyección la realiza articulando las problemáticas comunes de pequeñas comunidades con problemáticas y asambleas de grandes centros urbanos y desarrollando acciones conjuntas.

Desde su conformación, la UAC ha realizado 15 encuentros, en cada uno de ellos se lleva a cabo una serie de actividades en el espacio público, entre las cuales se encuentran: charlas en las escuelas, proyección de videos en las plazas, entrevistas y difusión en los medios de comunicación local, marchas, escraches, entre otros. Se realizan tres encuentros anuales y cada uno tiene una duración de entre tres o cuatro días. Hasta el momento, la UAC ha tenido lugar en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy, Chubut, La Rioja, Catamarca; el último encuentro se realizó en Colón, Entre Ríos en marzo de 2011.

Por su composición heterogénea, la UAC se ha convertido en un importante lugar de intercambio de experiencias y, por ende, de ampliación de las demandas. Su dinámica asamblearia, en donde se promueve la participación horizontal y directa, la convierte en un espacio de deliberación y reflexión altamente valorado por los miembros de las asambleas socioambientales que la componen.59

 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Como hemos visto, luego de la crisis de 2001 el escenario político y social posibilitó la expansión de diferentes formas de acción colectiva. Éstas se desarrollaron, por un lado, en torno a demandas de derechos económicos que durante la década de 1990 habían sido sistemáticamente violados a raíz de la profundización del modelo neoliberal; por otro lado, a partir de la ampliación de demandas vinculadas especialmente con derechos culturales, identitarios, territoriales y ambientales.

En ese particular contexto se desarrollaron experiencias organizativas que buscaron alternativas a la crisis de representación política y a la debilidad de las instituciones tradicionales para dar una respuesta a la crisis económica y social. En este sentido, las organizaciones de trabajadores desocupados, las asambleas barriales y otros colectivos con similar carácter, fueron importantes experiencias de expresión de democracia directa y participativa en la historia política reciente de nuestro país, y sin duda dejaron su impronta en las experiencias de organización que los sucedieron, entre los cuales ubicamos a los movimientos socioambientales.

Como hemos señalado, la acción directa, la forma de organización asamblearia, y la autoorganización en torno al territorio marcaron el ritmo de consolidación de los movimientos sociales de la década de 1990. Posteriormente, estas formas de organización y acción son reeditadas por colectivos heterogéneos y multisectoriales que despliegan sus acciones en torno a conflictos socioambientales. Estas organizaciones actúan en el ámbito local -generalmente correspondiente a pequeñas y medianas localidades- pero insertos en una dinámica multiescalar.

Es importante mencionar que no sólo movimientos surgidos en el pasado reciente son los que nutren a estas asambleas. También lo hacen colectivos que cuentan con una larga trayectoria en la lucha por el territorio y la reivindicación de su cultura, como son los movimientos campesinos e indígenas. Como señalamos a lo largo del texto, la lucha por el territorio se encuentra en el centro de los conflictos socioambientales y este es un común denominador entre estas asambleas y los movimientos de pueblos originarios y campesinos. En ambos casos se trata de actores que explicitan la tensión entre diferentes tipos de territorialidad, es decir, que hacen visible los diferentes modos de habitar el territorio, de relacionarse con el ambiente y, fundamentalmente, denuncian la amenaza que sufren los estilos de vida locales.

Por su parte, el surgimiento y desarrollo de asambleas nucleadas en torno a conflictos ambientales -recordemos que varias de ellas se acercan a cumplir una década de existencia— ponen de manifiesto que la acción colectiva tiene la particularidad de que es capaz de demostrar a otros que también tienen la posibilidad de actuar. La existencia de redes como la UAC en las que se socializan experiencias y se llevan a cabo aprendizajes y acciones conjuntas, posibilita que pequeñas asambleas con escasos recursos tengan la oportunidad de sumarse a las acciones realizadas a nivel nacional y de visibilizar sus demandas. La resistencia de Gualeguaychú y sobre todo la de Esquel, por mencionar las pioneras, pusieron en evidencia cómo la acción colectiva genera oportunidades para otros.60 El caso Esquel tuvo un efecto multiplicador, que fue despertando a otras regiones donde ya se habían implantado o se proyectaban explotaciones mineras a cielo abierto, constituyéndose en un "exitoso" caso testigo para las comunidades que se iban enterando de su "destino minero".

Las asambleas socioambientales y organizaciones que se nuclean en la UAC podrían estimarse en alrededor de setenta. Se encuentran hoy presentes en gran parte de las provincias de nuestro país, en localidades con geografías muy diversas y con matrices sociopolíticos disímiles. En estos territorios las asambleas socioambientales cuestionan y denuncian la explotación de los "bienes comunes" por parte de un modelo extractivista llevado adelante por las empresas trasnacionales y el Estado (en sus diferentes niveles) que minimizan los impactos negativos en términos ambientales, sociales y económicos.

En este contexto, los movimientos socioambientales alertan sobre la necesidad de llevar a cabo un debate en el que se discuta el derecho al territorio y el respeto a los estilos de vida presente en los mismos. Esto es, un debate que privilegie el derecho a decidir sobre el para qué, el para quiénes y el cómo de un territorio determinado y en el que se ponga en agenda pública qué modelo de desarrollo nos resulta deseable como sociedad. Un debate pendiente y necesario en el que los derechos ancestrales de la tierra, los derechos a decidir sobre los estilos de vida —tanto para las comunidades campesinas e indígenas como para los habitantes de los pueblos y ciudades del "interior" del país— y el derecho a un ambiente sano de la población y las generaciones futuras sean el punto de partida.

 

NOTAS

1 Algunos de los análisis y reflexiones vertidos en el presente texto son el resultado de la participación de las autoras en el proceso de investigación conjunto en los proyectos: "Actores sociales, demandas de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina contemporánea" (2006-2009) y "Modelos de desarrollo, actores, disputas y nuevos escenarios en la Argentina contemporánea" (en curso desde 2010) dirigidos por la doctora Maristella Svampa.

2 Utilizaremos el término "recursos naturales" —entre comillas— en función de la discusión acerca de su denominación. Véase nota al pie núm. 21.

3 Dentro de los numerosos sitios electrónicos que brindan información sobre la temática, recurrimos al sitio de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel [www.noalamina.org], el cual se destaca por ser el más completo, riguroso y actualizado.

4 En este sentido, el propósito fue identificar elementos que permitiesen trazar el recorrido de los movimientos socioambientales, especialmente en la década pasada a través de algunos estudios de caso específicos.

5 La crisis de 2001 refiere a una profunda crisis económica y de representación política que tuvo lugar en Argentina hacia fines de dicho año. El 19 y 20 de diciembre de 2001 así como en los días subsiguientes se produjo en la Ciudad de Buenos Aires y en diversos centros urbanos del país una intensa movilización popular que provocó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Jornadas de saqueos a supermercados en barrios populares, y cacerolazos protagonizados por las clases medias, configurarán —junto con los cortes de ruta llevados adelante por los movimientos de trabajadores desocupados— un escenario de alta movilización social. En este artículo cuando utilizamos como temporalidad post crisis de 2001 hacemos referencia a los acontecimientos que tuvieron lugar en el contexto inmediato posterior a la crisis entre 2001 y 2003. En este corto periodo se producen grandes cambios que van desde una sociedad altamente movilizada durante el 2002 (movilización que no escapaba a la fragmentación, poca articulación y competencia entre los distintos actores movilizados) hasta el 2003, cuando la fragmentación de los movimientos sociales se acentúa. Y luego de una "gran embestida represiva" por parte del gobierno (durante el 2002 y los primeros meses de 2003) contra las organizaciones sociales, va a predominar la apelación y el pasaje a la "normalidad institucional" de Maristella Svampa en 2003. Sobre este tema véase Maristella Svampa, "Movimientos sociales en la Argentina hoy. Piquetes y asambleas. Tres estudios de caso", 2002, CEDES, Buenos Aires, pp. 1-48 [http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo07.pdf], fecha de consulta: 20 de febrero de 2011;         [ Links ] Maristella Svampa, "Las dimensiones de las movilizaciones sociales en Argentina: un balance necesario", 2003, pp. 1-8 [http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo17.pdf], fecha de consulta: 10 de marzo de 2011;         [ Links ] Maristella Svampa, "Política y movilización: el análisis de la dinámica asamblearia", en Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, siglo XXI, Clacso, Buenos Aires, pp. 20-238.         [ Links ]

6 Este fue el tema general de investigación desarrollado por el Área de Sociología entre los años 2006-2009 en el proyecto anteriormente citado. Para la elaboración del presente artículo se tomaron como referencia varias de las publicaciones generadas por integrantes del área en dicho marco así como otros trabajos anteriormente editados, a saber: Mariana Barattini, "Politicidad, matriz territorial y organizaciones sociales: estudios de caso", en Gabriel Kessler, Maristella Svampa, e Inés González Bombal (coord.), Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad, Buenos Aires, Prometeo/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010;         [ Links ] Lorena Bottaro, "El desafío de recrear la cultura del trabajo desde las organizaciones de trabajadores desocupados: el caso del movimiento Teresa Rodríguez", tesis de licenciatura en Política Social, Argentina, Universidad Nacional de General Sarmiento [http://www.urbared.ungs.edu.ar/textos/Tesis.Politica%20Social.pdf], fecha de consulta: 2003;         [ Links ] Lorena Bottaro, "Organizaciones sociales, representaciones del trabajo y universo femenino en el espacio comunitario", en Gabriel Kessler, Maristella Svampa, e Inés González Bombal, (coord.), Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad, Buenos Aires, Prometeo/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010;         [ Links ] Marina García, "Las asambleas barriales, esas delicadas criaturas", tesina de grado, Universidad Nacional de General Sarmiento (inédito), 2002;         [ Links ] Maristella Svampa, "Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales: las asambleas barriales", El Ojo Mocho. Revista de crítica política y cultural, núm. 17, Buenos Aires, 2002.         [ Links ]

7 La ciudad de Esquel se encuentra en la provincia de Chubut, Patagonia argentina, y cuenta con una población de 28 486 habitantes (Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001).

8 Mariana Walter, "Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003)", Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, vol. 8, pp. 15-28 [http://www.redibec.org/IVO/rev8_02.pdf], fecha de consulta: 9 de abril de 2010.         [ Links ]

9 Para profundizar en lecturas sobre este proceso puede recurrirse a Mariana Walter, "Nuevos conflictos ambientales...", op. cit. pp. 15-28; y Ana Mariel Weinstock, "No todo lo que (brilla) vale oro. El caso del 'No a la mina' de Esquel", Argumentos. Revista electrónica de crítica social, núm. 7, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires [http://argumentos.sociales.uba.ar]         [ Links ].

10 Agradecemos esta y otras observaciones por parte de quienes evaluaron este artículo para su publicación en la revista.

11 Fragmentos de un documento de la Asamblea de vecinos autoconvocados por el "No a la Mina" en Esquel [http://www.noalamina.org/], fecha de consulta: 17 de junio de 2010.         [ Links ]

12 En Tambogrande, distrito localizado al Norte de Perú, se produjo un conflicto a partir de la pretensión de la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation de explotar un yacimiento de oro, plata, cobre y zinc. Lo distintivo de este caso radica en la utilización de la consulta vecinal como mecanismo para expresar la opinión de la población. Ahí, las organizaciones involucradas en el conflicto impulsaron una consulta vecinal en junio de 2002. El resultado fue contundente, 98.65% de la población votó por el No a la incorporación de la actividad minera en Tambogrande. El 70% de la población censada se acercó a las urnas, mientras que en las elecciones convencionales, cuando el voto es obligatorio, lo hacen 40%. Un desarrollo sobre este caso puede verse en Teresa Subías Grau, María Jesús Beltrán, y otros, "El éxito de Tambogrande", Revista de Ecología Política, núm. 30, diciembre, Barcelona, Cuadernos de debate internacional, 2005, pp. 95-166.         [ Links ]

13 Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, "La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes", en Maristella Svampa y Mirta Antonelli (comps.), Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos, 2009, p. 127.         [ Links ]

14 Gualeguaychú se encuentra en la provincia de Entre Ríos, Litoral argentino, y cuenta con una población de 76 220 habitantes. Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2001.         [ Links ]

15 María Gabriela Merlinsky, "Nuevos repertorios de acción colectiva y conflicto ambiental: una cronología del conflicto por la instalación de las plantas de celulosa en el Río Uruguay", Nuevo Mundo Mundos Nuevos, cuestiones del tiempo presente, 2008, puesto en línea el 16 enero 2008 [http://nuevomundo.revues.org/16412], p. 6.         [ Links ]

16 Ibid., pp. 6-7.

17 Gabriela Delamata, "El movimiento asambleario de Gualeguaychú: construcción y reclamo (internacional, nacional y trasnacional) de un derecho colectivo", presentado en el Seminario "Política y pasteras en el Río Uruguay: medio ambiente, modelos productivos y movimiento social", 16 de noviembre, Universidad Nacional de San Martín, 2007, p. 1.         [ Links ]

18 La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Pueden recurrir a ella todos los países miembro de las Naciones Unidas. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

19 Gabriela Delamata, "El movimiento asambleario de Gualeguaychú...", op. cit., p. 1.

20 Conflictos socioambientales similares, que involucran disputas por el territorio y modelos de desarrollo en pugna, se expanden por otros países del Cono Sur. Para citar algunos ejemplos: el caso de Tambogrande, en Perú, y Pascua Lama, en Chile. También relacionado con la minería a cielo abierto, la reciente movilización en Uruguay. La lucha Mapuche por el territorio en el sur de Chile y el movimiento de los afectados por las represas en Brasil, son algunas de las reivindicaciones socioambientales que recorren la región.

21 El término "bienes naturales" o "bienes comunes" o "bienes naturales comunes", "viene a contrarrestar la visión utilitarista de los bienes de la naturaleza como mercancía, como 'recursos' para las actividades económicas, que implica el desconocimiento del resto de sus atributos —que no pueden representarse mediante un precio de mercado, incluso aunque algunos lo tengan. Entendemos así que la denominación 'bienes naturales comunes' excede a la de 'recursos naturales', ya que, como sostiene Wagner, estaría considerando también los servicios ambientales de la naturaleza, y su valor simbólico, de existencia y de legado". Lucrecia Wagner, "Problemas ambientales y conflicto social en Argentina: movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los inicios del siglo XXI", tesis doctoral [www.eumed.net/tesis/2011/lsw/], fecha de consulta: 21 de enero de 2011.         [ Links ] Los movimientos socioambientales generalmente utilizan estas denominaciones desde una perspectiva crítica a la visión mercantilista de la naturaleza.

22 Para retomar las características más importantes de los movimientos sociales durante la década de 1990 utilizaremos las dimensiones analizadas por Maristella Svampa en "Movimientos sociales y nuevo escenario regional. Las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina", Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, Siglo XXI Editores/Flacso, 2008.         [ Links ] Para ilustrar las dimensiones remitiremos, como ya dijimos, por un lado al conflicto de Gualeguaychú, singular en lo que respecta al nivel de rechazo de la población en torno al funcionamiento de plantas de celulosa, mientras que para ejemplificar los movimientos contra la megaminería recurriremos a algunas de las diversas experiencias que proliferaron en el transcurso de la primera década de este siglo y que presentan denominadores comunes con el caso Esquel.

23 Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, "La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes", en Maristella Svampa y Mirta Antonelli (comps.), Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, op. cit., pp. 29-50.

24 Maristella Svampa, "Movimientos sociales y nuevo escenario regional...", op. cit., p. 79.

25 Héctor Palomino, "Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. Entre la informalidad y la economía social", Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina, núm. 184, Caracas, 2003, p. 116.         [ Links ]

26 Maristella Svampa, y Sebastián Pereyra, Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos, 2003.         [ Links ]

27 En la teoría de los movimientos sociales los conceptos repertorios de acción o repertorios de confrontación, son introducidos por el paradigma de la interacción estratégica, cuyos principales expositores fueron C. Tilly y S. Tarrow. Estos conceptos se refieren a las formas en las que se expresa la acción colectiva. En este sentido, Tarrow señala que "cada sociedad tiene una reserva de formas familiares de acción, conocidas tanto por los activistas como por los oponentes, que se convierten en aspectos habituales de su interacción". T. Tarrow, "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales", en D. McAdam, J. McCarthy y M. Zald (coords.), Movimientos sociales, perspectivas comparadas: oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales, España, Istmo, 2009, pp. 71-99.         [ Links ] Por lo tanto, los diferentes repertorios de acción colectiva se encuentran enraizados en la sociedad en la que se desarrollan, impregnados por la cultura, la historia y la trayectoria de movilización, etcétera. Estas formas son aprendidas por los movimientos sociales y desarrolladas en diferentes territorios de resistencia.

28 El escrache consiste en una manifestación pública que busca romper con el anonimato de los responsables de un hecho valorado como repudiable. Se trata de una acción directa introducida por las organizaciones de derechos humanos, orientada a señalar las viviendas de los represores de la última dictadura militar. En el caso de los conflictos socioambientales, los escraches han estado dirigidos a funcionarios vinculados a las áreas de medio ambiente, diputados, empresarios, entre otros.

29 El conflicto docente que tuvo lugar desde 1997 introdujo una nueva modalidad de protesta. Para manifestar la oposición a la reforma educativa, reclamar un incremento del presupuesto y del salario docente, instalaron una carpa en la Plaza de los Dos Congresos en la que los docentes se turnaban para hacer ayuno. La denominada "carpa blanca" duró dos años y fue una de las expresiones de resistencia más importante a las reformas neoliberales del Estado durante la década de 1990.

30 Los acampes formaron parte del repertorio de acción, principalmente, de las organizaciones piqueteras que frente a reclamos puntuales como puestos de trabajo y/o planes sociales, entre otros, instalaban campamentos frente a distintas dependencias estatales con el objetivo de obtener una respuesta favorable frente al reclamo.

31 Gabriela Delamata, "El movimiento asambleario de Gualeguaychú...", op. cit., pp. 2-3.

32 Con respecto al surgimiento de las asambleas barriales, Hernán Ouviña, señala: "Sería erróneo suponer que las asambleas barriales surgieron como consecuencia directa y unívoca de los acontecimientos sucedidos el 19 y 20 de diciembre. No obstante, podemos establecer esta fecha como condensación de un momento histórico que da origen a la auto-organización vecinal especialmente en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, del conurbano bonaerense y otras regiones céntricas del país". Hernán Ouviña, "Las asambleas barriales y la construcción de lo 'público no estatal': la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Informe final del concurso: movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Programa Regional de Becas Clacso, 2003.         [ Links ]

33 Maristella Svampa, "Movimientos sociales y nuevo escenario regional. Las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina", op. cit., p. 119.

34 Para profundizar en lecturas sobre la relación entre las asambleas barriales y otros actores sociales relevantes en el contexto de movilización y crisis socioeconómica 2001-2002 véase Hernán Ouviña, "Las asambleas barriales y la construcción de lo 'público no estatal': la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" [bibliotecavirtual.clacso.org.ar/.../JOV%2002%20MOVIMIENT OS%20SOCIALES/ouviña%20artículo.doc], fecha de consulta: 20 de octubre de 2010;         [ Links ] Aida Quintar, Tomás Callelo, y Federico Fritzsche, "Movimientos piqueteros de trabajadores desocupados y asambleas vecinales autoconvocadas. Elementos para un análisis de las nuevas formas de la protesta social en Argentina", Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 119 (103), 2002 [http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119103.htm], fecha de consulta: 15 de agosto de 2010;         [ Links ] Maristella Svampa, "Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales: las asambleas barriales", El Ojo Mocho. Revista de crítica política y cultural, núm. 17, Buenos Aires, 2002;         [ Links ] Maristella Svampa, "Movimientos sociales y nuevo escenario regional. Las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina", Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, Siglo XXI Editores/Flacso, 2008;         [ Links ] Marina García, "Las asambleas barriales, esas delicadas criaturas", tesina de grado, Universidad Nacional de General Sarmiento, inédito;         [ Links ] Carolina Schillagi, "El vínculo entre asambleas barriales y organizaciones de desocupados. Relatos e imágenes en la prensa escrita durante el año 2002", en Sebastián Pereyra, Germán Pérez, y Federico Schuster, (comps.), La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001, La Plata, Ediciones Al Margen, 2009.         [ Links ]

35 Maristella Svampa, "Movimientos sociales y nuevo escenario regional. Las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina", Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, op. cit., p. 148.

36 Estas problemáticas remiten a cuestiones diversas como la contaminación urbana, los impactos de las grandes obras (represas, autopistas, proyectos inmobiliarios), la utilización de agroquímicos, la deposición de residuos, entre otras. En torno a ellas se conformaron numerosas asambleas, entre las que —a modo ilustrativo- podemos mencionar: Asamblea Ambiental de Luján, Asamblea Binacional de Afectados por Yacyretá, Vecinos Autoconvocados por la Vida —Berazategui , Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres— Bariloche, Asamblea Villa Ciudad Parque los Reartes, Paren de Fumigar, entre muchas otras.

37 Este lema no se hace presente desde el inicio del conflicto sino que emerge en momentos del plebiscito y se fortalece como consigna a lo largo del proceso, Mariana Walter, "Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003)", op. cit., pp. 15-28.

38 Denis Merklen, Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática. Argentina 1983- 2003, Buenos Aires, Gorla, 2005, p. 136.         [ Links ]

39 Héctor Palomino, "Las experiencias actuales de autogestión en Argentina...", op. cit., p. 118.

40 Gabriel Kessler, Maristella Svampa, e Inés González Bombal (coord.), "Introducción. Las reconfiguraciones del mundo popular", en Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad, Buenos Aires, Prometeo/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010, p. 12.         [ Links ]

41 Hernán Ibarra Crespo, "Presentación", Ecuador Debate, núm. 79, Quito, 2010, p. 3.         [ Links ]

42 Maristella Svampa, "Movimientos sociales y nuevo escenario regional: inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina", Cuadernos de Socio-Historia, 19/20, La Plata, Argentina, marzo de 2008, pp. 1-26.         [ Links ]

43 Maristella Svampa, y Marian Sola Álvarez, "Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina", Ecuador Debate, núm. 79, Quito, 2010, p. 45.         [ Links ]

44 La definición de territorio aquí empleada se nutre de las lecturas de geógrafos brasileros tales como Carlos Walter Porto Gonçalvez, Geografías: movimientos sociales. Nuevas territorialidades y sustentabilidad, México, Siglo XXI Editores, 2001;         [ Links ] y Milton Santos, "O retorno do territorio", Reforma agraria y lucha por la tierra en América Latina, territorios y movimientos sociales, Observatorio Social de América Latina, año VI, núm. 16, enero-abril, Buenos Aires, Clacso, 2005.         [ Links ]

45 Carlos Walter Porto Gonçalvez, Geo-grafías: movimientos sociales..., op. cit.

46 Maristella Svampa y Marian Sola Álvarez, "Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo...", op. cit., p. 119.

47 Sobre estos temas véase Maristella Svampa, Marian Sola Álvarez, y Lorena Bottaro, "La problemática de la minería metalífera a cielo abierto...", en Maristella Svampa y Mirta Antonelli (comps.), Minería trasnacional..., op. cit., pp. 123-180.

48 La reforma constitucional de 1994 implicó un cambio profundo en relación con la explotación de los "recursos naturales"; por un lado, consagró la provincialización de los "recursos naturales" (gas, petróleo, minerales), que dejaron de depender del Estado nacional; por otro lado, marcó la renuncia del Estado a la explotación de aquéllos, lo que dio paso a una obligada privatización. En el caso de la minería las exenciones al capital trasnacional consistieron: en la estabilidad fiscal por 30 años, exención del pago de derechos de importación, deducción del 100% de la inversión del impuesto a las ganancias, no obligación de liquidar divisas en el país, y un pago máximo de regalías del 3% al valor boca mina declarado por la empresa minera que explota el yacimiento, entre otras.

49 Entre 2003 y 2011, ocho provincias sancionaron leyes que prohíben algún aspecto de la minería metalífera a cielo abierto que utiliza sustancias tóxicas. Entre éstas se encuentran: Chubut (2003), Río Negro (2005 -anulada en el 2011), La Rioja (2005 -anulada en el 2008), Tucumán (2007) Mendoza (2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008), San Luis (2008) y Tierra del Fuego (2011). Algunos de los municipios que dictaron ordenanzas tendientes a prohibir algún aspecto relacionado con el proceso de la minería a cielo abierto son Lago Puelo y Esquel (Chubut), Sierra Colorada (Río Negro), San Carlos, Tunuyán y Tupungato (Mendoza), Famatina y Chilecito (La Rioja) y varios municipios del Valle de Punilla en Córdoba. Un recorrido sobre los procesos de resistencia que dieron lugar a estas leyes en cada provincia —hasta el 2009-, puede encontrarse en Maristella Svampa, Marian Sola Álvarez y Lorena Bottaro, "Los movimientos contra la minería a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el "efecto Esquel" y el "efecto La Alumbrera", en Maristella Svampa y Mirta Antonelli (comps.), Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos, 2009, pp. 123-180.         [ Links ]

50 La prohibición de ácido sulfúrico es crucial para algunos proyectos de cobre o uranio.

51 Algunos ejemplos de la judicialización: en 2005 integrantes de la asamblea de Esquel fueron querellados por la empresa Meridian Gold por difundir audios que contenían información acerca de la estrategia de la empresa para quebrar la resistencia de los vecinos e instalarse en la provincia. Por otra parte, en 2008 en La Rioja, integrantes de la "Asamblea ciudadanos por la vida" fueron procesadas por realizar un corte de ruta y no permitir el paso a funcionarios provinciales de minería al campamento que la empresa Barrick Gold. Asimismo, en 2010, diez integrantes de la "Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú" fueron querellados por el gobierno nacional por el corte de la ruta internacional 136 en el marco de una causa penal.

52 La última represión violenta, para el caso de las movilizaciones contra la megaminería, fue la sufrida por los integrantes de la "Asamblea El Algarrobo" en la provincia de Catamarca, en febrero de 2010. En aquella oportunidad el gobierno provincial con fuerzas policiales locales, grupos de élite provinciales y efectivos de infantería, con perros y equipos especiales, reprimió a los integrantes de la asamblea que mantenían un corte de ruta contra la instalación de la megaminera Agua Rica, en Andalgalá, Catamarca.

53 La ley aprobada reconoce como objeto de protección no sólo al ambiente glaciar sino también al periglaciar: "A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de 'recursos' hídricos con suelos saturados en hielo" (artículo 2). A partir de esta definición, por un lado quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones de los glaciares y periglaciares, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, entre otras, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera (artículo 6) y, por otro "Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25 675 —Ley General del Ambiente—, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente".

54 Por mencionar un ejemplo, en diciembre de 2010, se publicó la "Advertencia de profesionales de la salud locales por emisiones de la pastera Botnia-UPM". El comunicado que lleva la firma de casi 200 profesionales —médicos, bioquímicos, farmacéuticos, entre otros— señala: "Ya se han producido alteraciones físicas, químicas y biológicas en el Río Uruguay desde la puesta en funcionamiento de la planta y que fueron demostradas por los 80 científicos argentinos que trabajaron en la presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nos referiremos a las emisiones atmosféricas, es decir, las emanadas de las chimeneas de las plantas, ya que está científicamente comprobado que el mayor problema para la salud de las poblaciones aledañas a las mismas son los contaminantes presentes en esas emisiones". Solicitada para su publicación el 3 de enero de 2011 en el diario Junio Digital [http://www.diariojunio.com.ar]         [ Links ].

55 El primer proyecto, que entró en funcionamiento en 1997, se encuentra ubicado en la provincia de Catamarca. Las primeras movilizaciones en las localidades próximas al mismo diferían en su contenido de las que presentaran los movimientos socioambientales, dado que las demandas estaban orientadas al reclamo de puestos de trabajo. En un segundo momento, y transcurridos más de cuatro años de la explotación minera, las demandas se orientaron a obtener una participación en el cobro de regalías. Sin embargo, la difusión de las primeras consecuencias ambientales, así como la frustración en términos de desarrollo económico generadas por la explotación de Minera La Alumbrera, cambiaron el sentido de las movilizaciones hacia mediados de la década pasada. Véase Maristella Svampa, Marian Sola Álvarez y Lorena Bottaro, "La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes", en Maristella Svampa y Mirta Antonelli (comps.), Minería trasnacional..., op. cit.

56 S. Sassen propone el concepto de "multiescalaridad" para hacer referencia a la reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización. Una sociología de la globalización, Buenos Aires, Katz Editores, 2007, pp. 1-323.         [ Links ]

57 Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, "La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes", en Maristella Svampa y Mirta Antonelli (comps.), op. cit., pp. 29-50.

58 Milton Santos, "O retorno do territorio", op. cit.

59 Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, "La problemática de la minería metalífera a cielo abierto...", op. cit., pp. 29-50.

60 T. Tarrow, "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales", en D. McAdam, J. McCarthy y M. Zald (coords.), Movimientos sociales, perspectivas comparadas, España, Istmo, 2009, pp. 71-99.         [ Links ]