Hispanoamérica

 

De las autonomías a la pluralidad de las repúblicas: ¿destino ineluctable?*

 

Germán A. de la Reza*

 

* Profesor–investigador, UAM–Azcapotzalco, e investigador externo del Centro de Estudios Europeos, UNAM. Correo electrónico: delareza@correo.azc.uam.mx.

 

Artículo recibido el 06–05–09
Artículo aceptado el 30–11–09

 

Resumen

El presente artículo analiza la fragmentación de Hispanoamérica en una pluralidad de países luego de su Independencia. Con ese fin toma en consideración ocho factores o niveles de causación, entre administrativos, económicos y políticos. Sus secciones buscan sustanciar la hipótesis del carácter sistémico y multifinal de la desintegración de la antigua Colonia española.

Palabras clave: Independencia hispanoamericana, atomización de Hispanoamérica colonia, sistemas de trabajo coloniales, comercio colonial, divisiones administrativas.

 

Abstract

This article analyzes the fragmentation of Hispanic America in a plurality of countries after its Independence. To that end it takes into consideration eight factors or causation levels (administrative, economic and political). Its sections seek to substantiate the hypothesis of the systemic and multifinal nature of the disintegration of the former Spanish colony.

Key words: Hispanic–American Independence, Hispanic–American atomization, colonial labor systems, colonial trade, administrative divisions.

 

INTRODUCCIÓN

Al revés de la América sajona, cuyas Trece colonias primero se confederaron y luego se fusionaron dentro de un régimen federal, o del caso más cercano del Brasil, que por unos años encabezó al imperio portugués y logró controlar un intento de escisión en 1826, la Independencia de la América española condujo a su fraccionamiento en una pluralidad de repúblicas. Entre 1809 y 1823, cuatro virreinatos, dos de ellos creados en el siglo XVIII, se transformaron en seis países: el Imperio Mexicano, Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, Paraguay y Perú. Ese último año Centroamérica se separó de México y en 1838 fue sustituido por cinco pequeñas entidades, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Al sur, la guerra entre el Brasil y Buenos Aires se saldó con la creación del Uruguay, la tercera y última escisión del antiguo Virreinato de la Plata después del Paraguay y el Alto Perú (Bolivia). En 1830, Colombia, la potencia emergente, sucumbió a sus contradicciones dividiéndose en tres países: Ecuador, Nueva Granada –incorporando a Panamá hasta 1903– y Venezuela, esta última progresivamente mermada por la expansión británica en la Guyana. Entre la proclamación de la Junta de Charcas en 1809 y la disolución de la Federación del Centro, la parte continental de Hispanoamérica había estallado en quince repúblicas.¹

¿Determinismo autonómico o proceso que modeló las fronteras republicanas en función de medios y objetivos variables? En el presente artículo se analizan las causas por las cuales las autonomías más acotadas prevalecieron en la definición de las nuevas soberanías. En su conjunto, se busca sustanciar la hipótesis del carácter sistémico y multifinal de la desintegración hispanoamericana.² Con ese propósito se examinan ocho aspectos de la transición de la colonia a la república: autonomías administrativas, arraigo municipal, discontinuidad en las formas de trabajo, fracturas comerciales, crisis económica en la Independencia, fronteras aduanales, acuerdos comerciales externos, e incomunicación de las nuevas repúblicas. Su compleja y dilatada evolución no puede ser tratada en el espacio de un artículo sin incurrir en riesgos de generalización e insuficiencia. Sin embargo, la problemática del fraccionamiento tampoco podría abordarse sin considerar la interrelación de distintas causas y niveles de causación. Para acotar el análisis, no se atienden las causas de la Independencia ni el problema de la formación de las naciones, sobreentendiendo que éstas son posteriores al periodo estudiado.³ Tampoco se estudian los aspectos integrales del fraccionamiento, sino aquellos relevantes para el objetivo del presente trabajo.

 

ESTADO ECONÓMICO

Según Alexander von Humboldt, la población de América en 1825 (incluyendo a Canadá, Estados Unidos y Brasil) era de 34 millones 284 mil habitantes.⁴ Lockhart y S.B. Schwartz calculan que de ese contingente le correspondían a Hispanoamérica 12 millones 557 mil habitantes.⁵ E.B. Burns arriba a un resultado similar, 12 millones 250 mil distribuidos en doce países, lista de la cual excluye a Ecuador, Paraguay y Uruguay.⁶ J.F. Rippy, en cambio, eleva la cifra a 16 millones 790 mil habitantes, aceptada por algunos historiadores.⁷

Las discrepancias, notables en el caso de los grandes agregados, no lo eran menos cuando se trataba de las repúblicas. De acuerdo con Rippy, en 1823 Colombia tenía 2 millones 790 mil habitantes (sin Ecuador); Burns estima esa población en 2 millones 9 mil (1825), mientras que el censo oficial de 1827, realizado en 37 provincias, la amplía a 2 millones 379 mil 888 habitantes.⁸ Esas variaciones, importantes para una serie de mediciones subsecuentes, eran inevitables. Según explicaba el propio Simón Bolívar:

[...] mil circunstancias hacen fallidos [los censos], sin que sea fácil remediar esta inexactitud, porque los más de los moradores tienen habitaciones campestres y muchas veces errantes, siendo labradores, pastores, nómadas, perdidos en medio de los espesos e inmensos bosques, llanuras solitarias y aisladas entre lagos y ríos caudalosos. ¿Quién será capaz de formar una estadística completa de semejantes comarcas?⁹

Uno de los cálculos afectados por esas variaciones era el bienestar hispanoamericano en vísperas de la Independencia. Según P. Bairoch y M. Lévy–Leboyer, el producto por habitante de Hispanoamérica y el Brasil en 1800 era de 245 dólares (a precios de 1960), monto ligeramente superior al producto estadounidense, 239 dólares.¹⁰ Es probable que la estimación subestime la población iberoamericana y, en consecuencia, infle las cifras de su bienestar.¹¹ Con todo, el dato es significativo por cuanto erradica la conjetura de una primitiva debilidad económica frente a Estados Unidos. Las mediciones de la desigualdad en la distribución de la riqueza, otro dato inseguro, arrojan resultados que pueden considerarse convergentes. De acuerdo con L.L. Johnson, la brecha entre ricos y pobres en Buenos Aires disminuyó en el periodo 1800–1830 como producto de la desaparición de las fortunas ligadas al régimen colonial y creció durante el rosismo a la par que se expandía la producción ganadera. Para este autor, la diferencia entre el menor y mayor ingreso era parecida a la registrada en Estados Unidos.¹² Con base en el coeficiente Gini, J. Gelman confirma la idea de que las disparidades económicas de Buenos Aires eran similares a las estadounidenses, además de las británicas.¹³

 

SISTEMAS LABORALES

La situación del ingreso dice muy poco sobre las relaciones económicas que se encargaron de fracturar regiones y países del continente. Un mejor acercamiento lo proporciona el entramado de formas de trabajo de la Colonia.¹⁴ La primera de estas formas, denominada encomienda o concesión real, fue organizada al amparo de las Leyes de Burgos de 1512–1513 y reformada por las Nuevas Leyes de 1542. Consistía en una comunidad de indígenas entregada a los españoles como recompensa por los servicios prestados al rey. A cambio de una cantidad anual en metales preciosos o especies, el encomendero tenía el encargo de proteger y adoctrinar a los indígenas. Considerada como la "primera clave de la sociedad indiana",¹⁵ la encomienda derivó en una excesiva presión laboral y, junto con la mala alimentación y las epidemias, provocó la destrucción de una parte de la población nativa. A finales del siglo XVII entró en crisis y fue abolida en 1791.¹⁶

De conformidad con lo dispuesto en reales cédulas del 21 de abril de 1574 y del 24 de noviembre de 1601, el repartimiento, otro importante sistema laboral, tuvo como propósito aprovechar las concentraciones indígenas para el trabajo rotativo y obligatorio a favor de los hacendados y de las ciudades (servicios ordinarios y extraordinarios). Para su reclutamiento, los conquistadores se sirvieron del coatequitl en México y la mita en el Perú, regímenes ancestrales de producción colectiva.¹⁷ En varias zonas de Hispanoamérica representó la institución económica más importante hasta finales del siglo XVII y en algunos casos (Potosí y Huancavelica, entre otros) sobrevivió a la Independencia. Legalmente suprimida por las Cortes de Cádiz, fue restablecida por la monarquía absoluta y luego derogada en la Independencia. Su presencia en América fue desigual, extensa y desarticulada. Su dinámica coercitiva "repartía, desmenuzaba y desmembraba las poblaciones indígenas",¹⁸ con excepción del repartimiento de mercancías y dinero, el cual vinculaba la producción indígena a distintos mercados regionales.¹⁹

Un sistema con el cual se confundía el anterior fue la reducción. En su primera etapa, las Leyes de Burgos ordenaron el traslado de los indígenas cerca de los poblados españoles para facilitar su adoctrinamiento. Más tarde, empero, los abusos de estos últimos y las necesidades de empadronamiento llevaron a la Corona a promover las concentraciones indias. Su forma varió según las regiones en las que se instituyó, siendo las reducciones jesuitas del Paraguay las que alcanzaron mayor desarrollo y relevancia.²⁰ El peonaje, por su parte, consistió en servicios gratuitos prestados por los nativos en las haciendas mediante el régimen de endeudamiento. Tuvo mayor presencia en las regiones no mineras del Perú, México y Bolivia, y también sobrevivió a la Independencia en la zona andina y en Centroamérica. Su amplia presencia en México estuvo asociada a las actividades agrícolas rurales hasta su final abolición en 1917.²¹ En Nicaragua contribuyó al desarrollo de la industria cafetera también hasta el siglo XX.²² Su dualidad como trabajo libre y compulsivo le permitió sobrevivir a diversas prohibiciones al tiempo que sometió poblados enteros al arbitrio de los hacendados.

El trabajo libre, significativo al final del periodo colonial, despuntó en zonas correspondientes a las futuras repúblicas de Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, involucrando casi en exclusividad a la capa de criollos empobrecidos. Su desarrollo acompañó el desenvolvimiento de centros portuarios ligados a la metrópoli y fue más exitoso en la captación de migrantes europeos. Esto acentuó su cada vez más diferenciada identidad respecto de los países vecinos. La esclavitud, finalmente, implantada en las costas de Venezuela, Nueva Granada y el Perú, en las islas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, extremó las fracturas sociales y las disparidades económicas de la población. Oficialmente abolida por las constituciones republicanas, la demora en la aplicación de las prohibiciones fue objeto de presiones internas y de campañas internacionales contra el tráfico de esclavos.

Con el declive de la encomienda, después del siglo XVII se desarrolló la hacienda o finca agrícola generalmente latifundista. Su proliferación en Hispanoamérica se debió a la creciente demanda interna y externa de productos agrícolas y a la consiguiente expansión territorial de las estancias de ganado.²³ Sustituyó el atractivo de la minería cuando la tierra empezó a adquirir un alto valor y se intensificó la ocupación de los terrenos disponibles. Bajo la modalidad agrícola prosperó más allá de la Independencia en la mayoría del continente. En cuanto al obraje, otra unidad económica significativa, no pudo sobrevivir en periodo republicano debido a la avalancha de importaciones a bajo precio. Por su mayor producción, se asemejaba superficialmente a las fábricas. Una de sus manifestaciones fue la manufactura de textiles mexicana, cuya producción de paños de lana llegó a abastecer lo fundamental de la demanda local.²⁴

Este mosaico socioeconómico, su multiforme incidencia y los grados distintos de arraigo profundizaron las rupturas internas de la Colonia. Su irreductibilidad obstaculizó las sinergias en tanto que dificultaba las interacciones económicas. El efecto se comprende mejor si se considera a las otras entidades coloniales de América, Brasil y Estados Unidos, donde prevalecieron sólo dos regímenes: trabajo libre y esclavitud. En ambos casos, la continuidad en las relaciones de producción favoreció la articulación interna y la gradual creación de un mercado de bienes, servicios, capitales y mano de obra. Bajo una modalidad propia, la cohesión y riqueza relativamente estable de Río de Janeiro le permitió ejercer una hegemonía sin cortapisas sobre el extenso territorio luso americano, asociándolo a la creación de un mercado interno y a su dinámica exportadora.

En Norteamérica, a su vez, la integración económica de las Trece colonias hizo posible el paso de la débil Constitución confederal de 1777 a la Carta aprobada en la Convención de Filadelfia de 1787, en esencia un estrechamiento de los vínculos entre los Estados y el gobierno central. Con todo, el antagonismo de las formas de trabajo libre y forzado no dejó de crear rupturas importantes. James Madison lo percibió así cuando calificó esa contradicción como la "verdadera división" de Estados Unidos. Contra toda expectativa, el crecimiento económico de la primera mitad del siglo XIX no resolvió la rivalidad, sino que vino a ser dirimida recién en la década de 1860 con ocasión de la Guerra de Secesión. El responsable de ese conflicto, según Henry Adams, era la población esclavista que ocupaba la parte meridional del Río Mississippi y que desde 1800 se perfilaba como el "germen de un imperio independiente".²⁵ Significativamente, la Confederación de los (once) Estados del Sur defendió, además de la institución esclavista, el retorno a la Constitución de 1777.²⁶

 

AUTONOMÍAS ADMINISTRATIVAS

Las divisiones administrativas coloniales representaron el marco de legitimidades más importante del reordenamiento republicano.²⁷ Sin embargo, no fue un mismo tipo de división administrativa el que determinó la demarcación de los Estados independientes. Ese papel lo desempeñó la serie de factores que reforzaron o, alternativamente, afectaron las facultades autonómicas de las entidades coloniales.

El nivel institucional general lo conformaba el virreinato, una delegación de la autoridad del monarca en una circunscripción geográfica más bien amplia. Las atribuciones del virrey abarcaban la jurisdicción civil y penal, el gobierno de todos los oficiales reales, la facultad de convocar cortes y parlamentos, y la gestión de los omnipresentes derechos del rey. Sus facultades fueron sistematizadas durante el reinado de Carlos V, cuando se crearon los virreinatos de Nueva España (1535) y Perú (1543).²⁸ Más tarde, en los dominios del Perú se fundaron los virreinatos de Nueva Granada (1717) y Río de la Plata (1777) con el doble propósito de facilitar la administración colonial, entorpecida por las inmensas distancias americanas, y neutralizar la penetración económica británica, consagrada en los Tratados de Utrecht de 1713 y 1715.²⁹ Ese reordenamiento, que en algún momento involucró la cesión del puerto de Guayaquil a Nueva Granada y de Charcas (territorio que incluía a Potosí) a la Plata, no fue ajeno al posterior deterioro económico del Perú y andando el tiempo estuvo a la base de los primeros conflictos fronterizos sudamericanos.³⁰

La siguiente institución en importancia, significativa sobre todo para el despliegue de las lealtades locales, fue la audiencia o tribunal de justicia. La primera se instituyó en La Española y se reprodujo progresivamente en las demás regiones de América. La presidía el gobernador o el virrey, a quienes asesoraba y con los cuales mantenía una relación de controles recíprocos. Su personal se componía generalmente de cinco a ocho oidores, nombrados entre los hombres más respetados del lugar y, menos frecuentemente, de distritos aledaños. Su relevancia se aprecia mejor cuando se considera que en ausencia del virrey tocaba al oidor más antiguo reemplazarlo. Durante el periodo colonial se instituyeron las audiencias de Buenos Aires, Caracas, Charcas, Chile, Cuzco, Guadalajara, Guatemala, Lima, México, Panamá, Quito, Santa Fe de Bogotá, Santo Domingo, La Habana, Puerto Rico y Puerto Príncipe.³¹ No puede pasar desapercibido el hecho de que los asientos de las audiencias eran urbes en devenir y con el correr de los años se convirtieron en capitales de república. En ese sentido, las demarcaciones de las audiencias sirvieron de base para los Estados, aunque es difícil evaluar su incidencia en la formación de tales espacios.

Otra institución basal de la Colonia, el cabildo, forjó de manera más directa y durable la identidad de los criollos. Su jerarquía se componía de un gobernador o capitán general, alcaldes ordinarios, regidores, un alférez real, un "fiel ejecutor", un alguacil mayor, un procurador y un escribano. Como gobierno político de las ciudades, podía ser cerrado, con reuniones integradas exclusivamente por sus miembros, o abierto, con asistencia de todos los vecinos. Su jurisdicción abarcaba al recinto urbano y la zona rural circundante, cubriendo una amplia gama de funciones: creación y administración del régimen municipal, distribución de tierras y solares, disposiciones de urbanismo y ornato, medidas sanitarias y de limpieza, ejidos y circulación del ganado, abasto de la ciudad, orden público y "protección" de la población indígena. En cercanías de la Independencia, los cabildos abiertos se convirtieron en el vehículo predilecto de las asambleas rebeldes y del debate sobre la creación de los nuevos Estados.

Estas instituciones ejercieron sus atribuciones sobre territorios delimitados con relativa precisión. El Archivo General de Indias contiene en el Fondo del Consejo de Indias (siglos XVI–XIX) una relación pormenorizada de los mapas y las demarcaciones cuyos ítems fueron determinados y corregidos en varias ocasiones. El resumen de la estructura y poderes de Nueva España, establecidos por Carlos II en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, prescribía que:

En la Ciudad de Mexico Tenuxtitlan, Cabeça de las Provincias de Nueva España resida otra nuestra Real Audiencia y Chancilleria, con un Virrey, Governador y Capitán General y Lugar–Teniente nuestro, que sea Presidente: ocho oidores: quatro Alcaldes del Crimen: y dos Fiscales: uno de lo Civil, y otro de lo Criminal: un Alguazil mayor: un Teniente de Gran Chanciller: y los demás Ministros y Oficiales necessarios, la qual tenga por distrito las Provincias, que propiamente se llaman de la Nueva España, con las de Yucatán, Cozumel y Tabasco: y por la Costa de la Mar del Norte y Seno Mexicano, hasta el Cabo de la Florida: y por la Mar del Sur, desde donde acaban los términos de la Audiencia de Guatemala, hasta donde comiençan los de la Galicia, según les están señalados por las leyes de este título, partiéndolos con ellas por el Levante y Poniente: con el Mar del Norte y Provincia de la Florida por el Septentrión: y con el Mar del Sur por el Mediodía.³²

Un aspecto importante de las divisiones administrativas era su compleja relación con las autonomías. En el periodo de mayor sofisticación administrativa la jerarquía colonial llegó a comprender alrededor de veinte instancias intermedias. Además de abultar la burocracia, el hecho reforzaba la relación vertical con España en detrimento de los vínculos con otros centros hispanoamericanos.³³ Las cadenas decisionales daban contenido a ese fenómeno. Los cabildos generalmente preparaban las ordenanzas, las audiencias las aprobaban con el acuerdo del virrey y entraban en vigor por dos años mientras el Consejo de Indias las aceptaba en España. Esto ocurría sobre todo cuando se trataba de asuntos municipales; si tenían mayor relevancia, entonces las decisiones se tomaban, al menos en parte, en la metrópoli. En esas ocasiones no siempre intervenían las audiencias porque las ordenanzas municipales se llevaban directamente al virrey o al gobernador.³⁴ Obsérvese que la creación y gestión de los tributos, así como la regulación de los precios de venta al público, en general autorizados por la Corona, también podían ser intervenidas por el cabildo. De esa manera, el sistema colonial estimulaba la autonomía de pequeños islotes (cabildos, ciudades) y ampliaba el margen de decisión de sus élites.

 

PREEMINENCIA DE LA "PATRIA CHICA"

De sobra conocido, la afirmación criolla tuvo como punta de lanza la americanización de las instituciones.³⁵ Entre 1687, cuando la Corona puso a la venta el cargo de oidor, y 1750, año de la aprobación de las reformas borbónicas, los españoles nacidos en América extendieron su presencia a las esferas económica, administrativa, política, educativa y militar de la Colonia.³⁶ En 1779 ocupaban más de la mitad del Regimiento de infantería de La Habana y tenían notable influencia en prácticamente todas las audiencias del subcontinente. Ya por aquella época empezaron a considerarse una suerte de "patrias" o embriones de "repúblicas". Las aspiraciones de sus élites, como se dijo, se orientaban en el sentido de la gestión soberana y la definición de lo "extranjero" o ajeno a su identidad.³⁷

Consciente de esa situación, a finales del siglo XVIII la Corona española buscó retomar el control americano mediante la centralización colonial y el monopolio ibérico de los altos cargos. La primera medida tuvo como vector el rechazo del régimen de reinos federados y la sustitución del título de "rey de las Españas y de las Indias" por el de "rey de España y Emperador de América". Sintomáticamente, los autores de esas medidas fueron los primeros en referirse a Hispanoamérica como colonia.³⁸

La segunda política tuvo mayor impacto. En poco tiempo decayó la participación de los criollos en el grupo de oidores y alcaldes de crimen (jueces penales); entre 1751 y 1808, de un total de 266 puestos disponibles en las audiencias, sólo 62 fueron ocupados por los criollos. El último año de ese periodo, seis de los 99 funcionarios habían nacido en el distrito y 16 provenían de otros lugares de América; el resto era peninsular. Con todo, la tendencia no era uniforme. En Buenos Aires, por ejemplo, del total de funcionarios contratados en el periodo 1776–1810, 64 por ciento eran peninsulares, 29 por ciento porteños y sólo 9 por ciento provenía de distritos más alejados.³⁹ En la audiencia de Lima, la más enraizada de Sudamérica, la proporción de criollos era mayor; salvo los últimos cuatro años del periodo, gran parte de ellos era oriunda de la Ciudad de los Reyes, llegando a representar en 1774 alrededor de 70 por ciento del total.⁴⁰

El poco éxito de la desamericanización lo ilustra la principal innovación centralista, la intendencia, creada mediante la Real Ordenanza de 1782. Los intendentes tenían como propósito hacer más eficiente la administración, objetivo que los condujo a asumir la responsabilidad hacendística, pero que luego incluyó la subordinación de los cabildos y en algunos casos, la sustitución de alcaldes mayores y corregidores.⁴¹ Reclutados generalmente entre militares y oficiales de hacienda, el rechazo de los hispanoamericanos no les permitió alcanzar una elevada efectividad. Lo propio aconteció con otra institución importante, el ejército, donde la falta de refuerzos llegados de España consolidó irreversiblemente la presencia criolla.⁴² En los primeros años del siglo XIX, esa disparidad alcanzó a la oficialía media, lo que explica la relativa facilidad con la que los contingentes realistas cambiaron de bando durante la guerra de Independencia.

La oposición al desarrollo criollo, las contradicciones y los reveses de la desamericanización pronto se constituyeron en el focal de las reivindicaciones que condujeron a la Independencia. Empero, aunque iguales, las demandas de los criollos velaban por los intereses de sus respectivos distritos, no de las entidades mayores. La búsqueda de preeminencia criolla tenía una racionalidad esencialmente provincial (ciudad, capitanía o audiencia), con débiles lealtades virreinales o hispanoamericanas.⁴³

 

TRAFICO COMERCIAL

Las políticas comerciales de la Corona y sus consecuencias en Hispanoamérica componen un tema demasiado amplio para tratarlo en detalle; baste referirse a dos aspectos principales.⁴⁴ El primero remonta a la segunda parte del siglo XVI, cuando se inicia el intercambio de productos entre México y Perú, las mayores secciones de la Colonia. La relativa complementariedad de sus industrias permitió al primero vender al Perú mulas, azúcar, frutos secos, textiles y otros productos de menor cuantía, y a este último adquirir las mercancías apelando a la plata de Potosí. Con la apertura del tráfico de Manila, México pudo importar géneros de seda de origen chino, tanto para el mercado interno (aprovisionado por la seda poblana de mayor costo), como para su reventa al Perú. La situación le planteó a la Corona un doble problema: el comercio mexicano afectaba su control sobre el mercado de sedas (fabricadas en cantidades importantes en Castilla y Venecia) y, de otro lado, los pagos peruanos mermaban la exportación de plata a la Península. Para revertir ese estado de cosas, a principios del siglo XVIII tomó la decisión, malsana a todas luces, de prohibir el comercio entre los dos virreinatos.⁴⁵

Con esto estructuró de manera durable lo que hasta entonces era sobre todo el resultado de las grandes distancias: la incomunicación económica entre las unidades mayores de la Colonia.

Cuando la Corona volvió a autorizar el comercio entre Nueva España, Guatemala, Nueva Granada y Perú, la medida se aplicó a los bienes producidos en los "respectivos suelos" y se mantuvo la prohibición del intercambio de productos agrícolas que competían con las industrias españolas.⁴⁶ La decisión tendría un efecto igualmente nocivo: buscaba emular el tratamiento que Inglaterra daba a sus colonias al convertirlas en mercados para sus industrias, pero ese objetivo, planteado en 1745 por uno de los ministros más influyentes del rey Felipe V, José de Campillo y Cosío, consistía en hacer que las fábricas fueran el "único asunto que de ningún modo se debía permitir en América".⁴⁷

El segundo aspecto se inició en 1778 con ocasión del decreto de libre comercio, aunque su entrada en vigor en Nueva España y Venezuela en realidad deba situarse alrededor de 1789.⁴⁸ La medida tuvo consecuencias al Perú y la entrada de las sedas de China determinó por su parte el arresto de la producción poblana. Borah, Silk rising in Colonial Mexico, Berkeley, University of California Press, 1943, p. 35. Como consecuencia, los talleres textiles de esa localidad cambiaron seda por lana, actividad regulada por las ordenanzas de gremios para tejedores a partir de 1598. En el siglo XVIII, ese producto decayó como resultado de la aparición de otros centros manufactureros mexicanos y la importación de tejidos de menor costo. Jan Bazant, "Evolution of the textile industry of Puebla, 1544–1845", Comparative Studies in Society and History, vol. III, núm. 1, La Haya, 1964, p. 63. Un caso similar presenta el consumo de harina producida en Caracas por parte de Cartagena y las Antillas, comercio que empezó a florecer en el siglo XVI y cesó una centuria después. C. Parra Pérez, El régimen español en Venezuela, Madrid, Javier Morata, 1932, p. 186. Obsérvese que el deterioro del comercio interno de Hispanoamérica no fue uniforme. Las Indias Occidentales fueron las principales proveedoras de azúcar de todas las colonias del continente, incluyendo las Trece colonias. Las islas caribeñas, a su vez, apelaron sobre todo a las costas del continente para abastecerse de carne, ganado en pie y maderas, entre otros productos. John Mc Cusker y R. M. Russell, The Economy of British America, 1607–1789, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1991, p. 153. benéficas para el flujo trasatlántico de mercancías, sobre todo españolas; América siguió exportando metales preciosos y comprando de la Península productos agrícolas y manufacturas fabricadas en otras naciones europeas.⁴⁹ En abril de 1797, España y Gran Bretaña entraron en guerra y, como medida de presión, la flota inglesa bloqueó el puerto de Cádiz. Poco después, el tráfico de buques mercantes españoles disminuyó hasta que la Corona se vio obligada a autorizar el uso de navíos neutrales para el abastecimiento americano. Ese consentimiento, dictado por la necesidad de evitar disturbios en la Colonia, se reveló trascendental. El comercio externo creció rápidamente hasta convertir a Inglaterra en el principal proveedor de manufacturas de Hispanoamérica y a Estados Unidos en el gran reexportador de y hacia el subcontinente, seguido en importancia por Inglaterra, los Países Bajos y las ciudades hanseáticas alemanas.

La revocación del permiso a los neutrales en 1799 no eliminó su práctica y el Tratado de Amiens de 1802 lo repuso de manera indirecta al relajar las viejas ordenanzas que prohibían el comercio con terceros puertos y el anclaje de navíos extranjeros. Sin sorpresas, hacia 1808 la mayoritaria presencia de los embarques neutrales era un rasgo común a toda la región. En el caso específico de México, 95 por ciento de las exportaciones que se embarcaban en Veracruz empleaba navíos estadounidenses.⁵⁰ Lo propio ocurría con el comercio exterior cubano, el cual tenía a Estados Unidos como a su auténtica metrópoli.⁵¹ También el comercio de Caracas se vio "apuntalado por los buques norteamericanos" y, en vísperas de la Independencia, 72.5 por ciento de ese intercambio apeló a las flotas británicas y neutrales.⁵²

De esta manera, mientras desaparecía el vértice superior de la pirámide colonial y los centros hispanoamericanos se independizaban entre sí, el proceso abonaba la formación de un sistema estelar alrededor de las potencias económicas. El proceso semejaba al reacomodo de las antiguas partes de un sistema desintegrado, ajuste guiado por ejes nuevos; económicos, políticos y militares.

 

ACUERDOS COMERCIALES EXTERNOS

La sustitución del flete y los productos españoles por navíos y productos extranjeros consolidó sus efectos con la temprana creación de acuerdos comerciales con Inglaterra y Estados Unidos. En 1810, un año después del desastre español en Navas de Tolosa, el secretario de Estado norteamericano envió a Joel R. Poinsett a Buenos Aires y Santiago con el propósito de presentar las ventajas del comercio con su país.⁵³ El mensaje se acompañaba del borrador de un tratado de "amistad, comercio y navegación", anticipo de los que más tarde se concluirían con la mayor parte de las nuevas repúblicas.⁵⁴ La iniciativa pulsaba en el atractivo de la liberación comercial y en la necesidad de reconocimiento diplomático de las nuevas repúblicas, buscado afanosamente por los líderes independentistas. A principios de 1825, Diego Paroissien y J. García del Río, ministros plenipotenciarios peruanos en Europa, pudieron informar de ese aspecto a su gobierno. En su comunicado se decía que Gran Bretaña:

[...] ha determinado al fin celebrar tratados comerciales con los gobiernos de México y Colombia, reservándose practicar otro tanto muy luego con el Buenos Aires, con el de Chile después que haya recibido los informes de un connacional sobre el estado de aquel país, y con el del Perú cuando se haya terminado la campaña que debe libertarle para siempre del yugo español.⁵⁵

Semejante paso, se aseguraba, equivalía "a un reconocimiento de la independencia de aquellos Estados".⁵⁶ Como anticipado, el 2 de febrero de 1825, Woodbine Parish, ministro británico en Buenos Aires, firmó con Manuel García dos documentos, uno de comercio y otro de reconocimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La lógica de los acuerdos separados no se detuvo ahí. En la década de 1820, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña dieron instrucciones a sus agentes estacionados en Bogotá, México, Guatemala, Lima, Santiago y Buenos Aires, para que desincentivaran la conformación de una preferencia comercial hispanoamericana. Las instrucciones giradas por el secretario de Estado Henry Clay a sus representantes ante el Congreso anfictiónico de Panamá de 1826, eran claras respecto de este objetivo:

Los Estados Unidos no tuvieron la menor dificultad en establecer [el principio de igualdad entre todos los países del continente] con las repúblicas de Colombia y América Central y se hallan insertos en los tratados con aquellas potencias. Los Estados Unidos de México solos se han opuesto a su reconocimiento, y en sus negociaciones con este gobierno han querido exceptuar aquellos estados americanos que tienen origen español, en cuyo favor México insiste en conceder favores mercantiles que niega a los Estados Unidos. Esta excepción es inadmisible [y el embajador en México] tiene órdenes de dar punto a las negociaciones, si en contra de nuestras esperanzas el gobierno mexicano persiste en la excepción. Lo más extraordinario es que al paso que pretende que ha habido una especie de inteligencia entre las nuevas repúblicas en este punto, no insistía en él Colombia ni la América Central. Ni aun se nombró en todo el curso de las negociaciones aquí, que terminaron en el tratado con la última potencia [...] Este gobierno no puede consentir en semejante excepción; la resistirán ustedes en todas sus formas, si se propone; y se negarán ustedes a todo tratado que la admita.⁵⁷

Los instrumentos legales para bloquear "el giro más conveniente" entre los hispanoamericanos eran dos: el principio de reciprocidad, el cual impedía la adopción de resguardos frente a la avalancha de mercancías importadas, y la cláusula de la nación más favorecida, destinada en última instancia a obstaculizar el restablecimiento de la unión aduanera hispanoamericana anterior a 1810. No sin fundamento, los negociadores de un tratado comercial entre Centroamérica y México, Pedro Molina y Manuel Diez de Bonilla, denunciaron en 1831 que los países de la región habían sido sorprendidos en su buena fe al firmar acuerdos que "ofrecía[n] absoluta reciprocidad", pero daban "por resultado ventajas exclusivas a Inglaterra y Estados Unidos [...] y ningunas" para ellos.⁵⁸ Esta y otras iniciativas que conformaron el llamado pacto de familia, un proyecto confederativo emprendido por México poco después del fallecimiento de Bolívar, no pudieron concretar la preferencia comercial por desinterés de los gobiernos y, más claramente, porque contradecía las estipulaciones de los acuerdos firmados con Estados Unidos.⁵⁹

 

GUERRA DE INDEPENDENCIA

Pocos factores contribuyeron a la desarticulación americana como la guerra de Independencia y la subsiguiente crisis económica. El punto de inflexión no fue producido exclusivamente por el esfuerzo bélico, el endeudamiento o los cambios generados por el fraccionamiento de la entidad colonial. Venía desde atrás y tenía que ver con la masiva transferencia de recursos a la metrópoli, la cual había crecido hacia finales del periodo colonial hasta constituir 69.98 y 62.47 por ciento, respectivamente, del total de los ingresos ordinarios de 1809 y 1810 de la Tesorería General de España.⁶⁰ Los niveles de recaudación de impuestos y el pago de las importaciones fueron tales que provocaron la escasez de circulante en todo el continente, incluso en los centros donde se acuñaba moneda.⁶¹

Con estos antecedentes, el declive de las industrias alcanzó proporciones dramáticas, sobre todo en las zonas antiguamente preponderantes de la Colonia. Entre 1818 y 1823 las ventas mexicanas al exterior disminuyeron de 2 millones 236 mil libras esterlinas a 469 mil, una quinta parte de su valor inicial. En un periodo similar, 1807–1826, las exportaciones peruanas retrocedieron de 1 millón 333 mil libras esterlinas a sólo 94 mil, una catorceava parte.⁶² Otros países de la región también fueron afectados.⁶³ La ganadería yacía en ruinas en partes de Venezuela, norte de México, Río de la Plata y la Banda Oriental debido a que el ganado, los hatos y las estancias habían sido utilizados para la subsistencia de los ejércitos. Las minas, el nervio económico de la Colonia, fueron abandonadas como consecuencia del reclutamiento militar y el encarecimiento de los costos de producción. Entre 1810 y 1819, la extracción de minerales del Cerro potosino se vio afectada por las inundaciones, el derrumbe de minas, la irregularidad en la provisión de mercurio y la migración de los mitayos. Al cabo, la producción de plata se estancó.⁶⁴

La crisis se combinó estrechamente con los efectos del fraccionamiento hispanoamericano. El decaimiento de Potosí, por ejemplo, que trajo la pérdida de influencia de Charcas, determinó el arresto del comercio entre el sur de Bolivia, el norte de las Provincias Unidas y el sur del Perú. Lo propio aconteció con las relaciones comerciales entre el Perú y Guayaquil, sobre todo después de la guerra de 1827, y con el conjunto de las exportaciones del Paraguay, país cuyos accesos fluviales fueron sometidos a bloqueo persistente por parte de Buenos Aires. El comercio recíproco y con terceros países de Venezuela y Nueva Granada también sufrió un cuantioso deterioro por su mayor exposición a las campañas militares de la Independencia. Hacia 1831, el Banco Central de Nueva Granada se hacía eco de esta situación, en particular del declive del intercambio con México y el Perú, "el origen de todos los males". De acuerdo con el informe de ese año, era urgente realizar:

[...] un esfuerzo por revivir el comercio con [ambos países], pues de lo contrario se [dificultarían] más y más los medios de aumentar la circulación de la moneda de plata, principalmente, pues los fuertes del cuño español han sido extraídos por los emigrados peninsulares en la época de la revolución, sin que se hayan reemplazado, y está agotada la fuente de donde sacábamos las monedas de México y Perú.⁶⁵

 

ADUANAS Y SU PAPEL ECONÓMICO

Espoleado por el ritmo de las importaciones y el deterioro de la producción local, el déficit combinado de Hispanoamérica alcanzó en 1825 la cifra de 17 millones de libras esterlinas.⁶⁶ Para equilibrar la balanza comercial los gobiernos recurrieron al empréstito foráneo, convertido en "el arbitrio [...] más expedito para salir de [...] apuros y asegurar [la] independencia".⁶⁷ Huelga decirlo, la medida no resolvió las dificultades sino que las agravó al punto de provocar la primera crisis de la deuda, contraída principalmente con Inglaterra y la Iglesia.⁶⁸ Para salir del impasse, los gobiernos independientes negociaron nuevos préstamos otorgando como garantía el impuesto al comercio internacional.⁶⁹ De esa manera, el proteccionismo nacía en Hispanoamérica no con el fin de alentar la producción local, como había ocurrido en Estados Unidos bajo el influjo de Alexander Hamilton, sino como solución de corto plazo a los problemas presupuestales. Así, la participación de los aranceles en el ingreso fiscal fue creciendo hasta afectar el comercio y el bienestar de la población. En México, entre 1826 y 1831, las aduanas marítimas contribuían con poco más de 48 por ciento a la recaudación federal.⁷⁰ Esa proporción llegó a registrarse en Nueva Granada hacia 1850⁷¹ y, como en México, no implicó sustanciales inversiones públicas ni mejores condiciones para las industrias.

Los problemas fiscales tuvieron dos consecuencias que vale la pena destacar. La primera era que los aranceles no afectaron de manera homogénea a todos los socios. En varios países, las mercancías provenientes de Inglaterra y Estados Unidos se ampararon en los tratados comerciales y no tuvieron rivales en la región. Los productos hispanoamericanos, en cambio, rara vez beneficiaron de exenciones especiales y debieron competir dentro de una misma rama productiva.

Para explicar el segundo aspecto tomemos el caso de Centroamérica, en cierta manera extremo. En 1823, el Istmo registró una mejoría relativa después del estancamiento ocasionado por el esfuerzo bélico. A pesar de ello, los ingresos del gobierno central mermaron debido a que la captación fiscal iba a los Estados y éstos se negaban a contribuir al fondo común.⁷² Un año después, la capital centroamericana se declaró en la incapacidad de sostener el presupuesto federal, pero los Estados siguieron presionando para acrecentar sus ingresos.⁷³ La explicación de ese desencuentro la daba la ineficiencia recaudatoria y las presiones de la deuda, pero también las características de la Constitución centroamericana. Su primera Carta, así como la de México, Nueva Granada y Buenos Aires, se inspiró menos en el federalismo estadounidense (invocado como principal fuente de consulta), y más en el modelo confederativo propuesto por las Cortes de Cádiz. La importancia de ese hecho radica en que la confederación garantizaba a los Estados elevadas facultades económicas y restaba al centro la capacidad de controlar los territorios bajo su administración. Visto desde esa perspectiva, el desmembramiento centroamericano compartía algunas características con la separación de México. Entre 1804 y 1825, las rentas mexicanas pasaron de 20 millones de pesos a 9 millones 770 mil, ocasionando que el gobierno no pudiera sostener administrativamente su inmenso territorio.⁷⁴ Al mismo tiempo, la Constitución complicaba la acción del gobierno federal al apoyar la preeminencia de los Estados y del poder legislativo. En la última parte de ese periodo, Guatemala se independizó para organizar su propia federación, pero una década después sucumbió a sus limitaciones administrativas y económicas, y dio paso a un nuevo desmembramiento.

 

INDIFERENCIA POLÍTICA Y CULTURAL

Un aspecto final y no por ello menos importante de la atomización fue la incomunicación cultural y política de Hispanoamérica. En las ciudades más grandes se conocían los acontecimientos de otros centros a través de los periódicos o publicaciones que llegaban de Londres o Washington. La llegada de Francisco Miranda a Caracas en 1811 para ponerse a la cabeza de la revolución independentista, por ejemplo, se conoció en Chile a través de The Morning Chronicle de Londres, cuyas notas tradujo y publicó La Aurora un año después de los acontecimientos.⁷⁵ No sin énfasis, la Gazeta de Buenos Ayres declaraba en 1810 que esa capital no guardaba con México "más relaciones que con la Rusia o la Tartaria".⁷⁶ Quince años después, Bolívar reclamaba desde Lima que las partes de la Batalla de Junín las había conocido por los periódicos de Inglaterra, los cuales llegaron casi al mismo tiempo que los "papeles" de Bogotá.⁷⁷

La falta de relaciones políticas acentuó ese desarraigo. Salvo excepciones, las legaciones hispanoamericanas empezaron a operar primero en Estados Unidos y Europa que en los países vecinos. El hecho se debía a la necesidad de abrir canales de comunicación directa con las naciones que ofrecían créditos y reconocimiento diplomático, pero también a la indiferencia sistémica de los antiguos centros de la América española. La designación del representante mexicano en Colombia, país con el cual se había confederado en 1823, es ilustrativa de este factor y de uno adicional: las vicisitudes de la inexperiencia política.

En reciprocidad al nombramiento de Miguel de Santamaría en 1821 como ministro de Colombia, Agustín de Iturbide designó a Manuel de la Peña y Peña el 18 de mayo de 1822. La brevedad del gobierno imperial impidió la ejecución del encargo, aunque una vez proclamada la república, el 31 de diciembre de 1823 Guadalupe Victoria se apresuró a nombrar a Francisco Molinos del Campo. El diputado no aceptó la misión pero aplazó su renuncia hasta 1825, lo cual entorpeció la búsqueda de un sustituto. El 1 de marzo de ese último año, el Ejecutivo designó como ministro a Anastasio Bustamante y como enviado extraordinario a Antonio Bustamante Oseguera. Esta vez fue el Senado el que se opuso a las designaciones por la continua indefinición de Molinos del Campo y porque Bustamante Oseguera había sido partidario de Iturbide. En su lugar se eligió a José Anastasio Torrens, antiguo secretario de la legación mexicana en Estados Unidos. Torrens llegó en 1825 a Bogotá en calidad de encargado de negocios y sin instrucciones precisas, lo cual no le impidió intrigar contra Bolívar, ocasionando su expulsión en 1829. Después de ese incidente, el gobierno mexicano ensayó los nombramientos igualmente infructuosos de Bernardo González y Anastasio Cerezero. Luego de la destrucción de Colombia y su reemplazo por Nueva Granada, Quito y Venezuela, las relaciones diplomáticas entre México y los tres países decayeron hasta desaparecer.⁷⁸

Conviene tener en cuenta que la incomunicación hispanoamericana llegó a operar incluso cuando estaban en juego intereses estratégicos. La ocupación española de la isla peruana de Chincha y la intervención francesa en México, ambas en la década de 1860, se dieron a conocer en los diarios de Buenos Aires tomando en cuenta la opinión del viejo continente, no la de sus aliados naturales.⁷⁹ Luis Gonzaga Cuevas denunciaba por esos años que la "indiferencia [o] desprecio" con que se miraban las repúblicas hispanoamericanas, llegaba "al grado de que en todas se [sabía] lo que ocurre en Europa y en el último rincón del mundo, menos los sucesos de las Repúblicas americanas".⁸⁰

La alta intelectualidad no tuvo un comportamiento diferente. Según el censo de Burns, los principales 63 historiadores del siglo XIX que disponían de formación similar, leían y escribían en francés e inglés, y citaban a autores tanto clásicos como contemporáneos, valoraban el atraso y el sentido que debía tener el desarrollo de sus países natales, apelando casi exclusivamente a ejemplos europeos. Una mayoría desestimaba las referencias hispanoamericanas, y sus historias "nacionales" semejaban a crónicas bélicas o estaban referidas sobre todo a la vida de las capitales.⁸¹

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Entonces, ¿determinismo autonómico o proceso multifinal? Contrario a una corriente de historiadores que defiende la hipótesis de que las autonomías administrativas fueron el antecedente casi unívoco de las fronteras republicanas, la incidencia interrelacionada de diversos factores de la transición a la Independencia muestra la necesidad de una explicación sistémica. La coexistencia de diversas formas laborales irreductibles y en ocasiones antagónicas, fracturó las sinergias de una economía ya de por sí aislada por la subsistencia y el acaparamiento externo. Antes de su crisis posindependista, la economía guardaba correlación con pequeñas entidades cuyas élites comunicaban poco entre sí y se conocían menos. La gobernabilidad virreinal desempeñó un papel insuficiente y en su lugar prevalecieron los cabildos y las demarcaciones de las audiencias, más por carencias económicas, debilidad institucional e inmadurez política que por necesidad autonomista. A esto vino a agregarse la temprana inclusión de las repúblicas en un sistema que le imponía una posición radial y subordinada en la división internacional del trabajo. En ese sentido, puede decirse que el periodo de transición a la república adquirió los ribetes de un proceso multifinal, si bien sus alternativas a la atomización carecieron de viabilidad cada vez que se trató de recrear los espacios virreinales o de fusionar dos o más reinos.

 

AGRADECIMIENTOS

* El autor agradece las observaciones y recomendaciones de dos dictaminadores anónimos.

 

NOTAS

¹ Los territorios insulares de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Filipinas se convirtieron en otras tantas repúblicas décadas después.

² La multifinalidad se refiere al proceso en el cual las entidades varían de trayectoria, no obstante partir de etapas similares. Walter Buckley, La sociología y la teoría moderna de los sistemas, Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp. 128–129.        [ Links ]

³ La existencia de un "nacionalismo incipiente" en los tiempos de la Independencia ha sido defendida por John Lynch en varios estudios, particularmente en "Simón Bolívar y la Era de la Revolución", América Latina, entre colonia y nación, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 207–246.         [ Links ] Para una hipótesis contraria y más reciente, véase la colección de estudios coordinada por Antonio Annino y François–Xavier Guerra, Inventando la nación: Iberoamérica. Siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.        [ Links ]

⁴ Alejandro de Humboldt, "Carta a Charles Coquerel", Cartas americanas, Caracas, Biblioteca Ayacucho, segunda edición, 1989, p. 185.        [ Links ]

⁵ J. Lockhart y S.B. Schwartz, Early Latin America: A History of Colonial Spanish America and Brazil, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 338.        [ Links ]

⁶ E. Bradford Burns, The Poverty of Progress. Latin America in the Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, 1980, p. 185.        [ Links ]

⁷ J. Fred Rippy, Historical Evolution of Hispanic America, Nueva York, Appleton Century Crofts, 1945, pp. 106–107 y 127.         [ Links ] Las cifras de Rippy son aceptadas, entre otros historiadores, por Victor Bulmer–Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 21.         [ Links ] El cálculo, según países o regiones en miles de habitantes, es el siguiente: Cuba, Puerto Rico: 800; Nueva Granada: 2 000; Chile: 1 100; Perú, Ecuador y Bolivia: 1 400; Centroamérica: 600; Río de la Plata: 2 300; Nueva España: 6 800; Venezuela: 790.

⁸ José Manuel Restrepo, Exposición que el secretario de Estado del Despacho del Interior del Gobierno de la República de Colombia hace al Congreso de 1827, Bogotá, Imprenta de Pedro Cubides, 1827, pp. 31–33.

⁹ Simón Bolívar, "Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla", Kingston, 6 de septiembre de 1815, Cartas del Libertador, Tomo I (1799–1817), segunda edición, Caracas, Banco de Venezuela y Fundación Vicente Lecuna, 1964, pp. 215–236.        [ Links ]

¹⁰ P. Bairoch y M. Lévy–Leboyer (eds.), Disparities in Economic Development since de Industrial Revolution, Basingstoke, Macmillan, 1981, Cuadros 1.6 y 1.7.        [ Links ]

¹¹ Bulmer–Thomas también observa que esas cifras están sobrevaluadas; no por esto, agrega, el ingreso per cápita hispanoamericano deja de ser superior al resto de lo que hoy se conoce como el mundo en desarrollo. The Economic History..., op. cit., p. 27

¹² Lyman L. Johnson, "The Frontier as an Arena of Social and Economic Change", D.J. Guy y T. Sheridan (eds.), Contested Ground. Comparative Frontier on the Northern and Southern Edges of the Spanish Empire, Tucson, 1998.        [ Links ]

¹³ Jorge Gelman, "Crecimiento económico y desigualdad. La distribución de la riqueza de Buenos Aires durante la época de Rosas", XIII Congreso de la Asociación Internacional de Historia Económica, Buenos Aires, 22–26 de julio, 2002.        [ Links ]

¹⁴ Para esta sección se han consultado las siguientes fuentes: Luis García de Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones españolas, Madrid, Biblioteca de la Revista de Occidente, 1977;         [ Links ] Juan Villamarín y Julia Villamarín, Indian Labor in Mainland Colonial Spanish America, Delaware, Latin American Studies Program, University of Delaware 1975, p. 2;         [ Links ] Ciro F.S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Historia económica de América Latina, vol. I, Barcelona, Crítica, 1979, pp. 151–227;         [ Links ] Celso Furtado, Economic Development of Latin America, A survey from Colonial Times to the Cuban Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, pp. 8–19.        [ Links ]

¹⁵ Luis Navarro García, "La encomienda, primera clave de la sociedad indiana", Juan B. Ruiz Rivera y Horst Pietschmann (coords.), Encomiendas, indios y españoles, Münster, LIT, AHILA, 1996, p. 34.        [ Links ]

¹⁶ El referente bibliográfico clásico sobre esta forma de trabajo en Nueva España, Sudamérica y Filipinas es Silvio Zavala, La encomienda indiana, México, Porrúa, 1973.

¹⁷ Las autoridades coloniales forzaron la migración de indígenas durante periodos largos. Una de las primeras migraciones fue organizada en el Perú por el virrey Francisco de Toledo en 1570, quien movilizó cerca de 13 mil trabajadores con sus familias para la extracción de plata en Potosí. Carlos Sempat Assadourian, "Acerca del cambio en la naturaleza del dominio sobre las Indias: la mita minera del Virrey Toledo, documentos de 1568–1571", Anuario de estudios americanos, vol. XLVI, Sevilla, 1989, pp. 3–70.        [ Links ]

¹⁸ Fray Domingo de Santo Tomás a S.M. en el Consejo de Indias, 1 de julio de 1550, Abdón Yaranga Valderrama, "Las 'reducciones', uno de los instrumentos del etnocidio", Revista Complutense de Historia de América, núm. 21, Madrid, 1995, anexo 1, p. 255.        [ Links ]

¹⁹ Sobre el repartimiento de mercancías en distintos centros de la economía colonial, véanse los siete ensayos compilados por Margarita Menegus, El repartimiento forzoso de mercancías en México, Perú y Filipinas, México, Instituto José María Luis Mora, UNAM, 2000. El estudio de Alfredo Moreno Cebrián, "Entre la piedad y el negocio: los socorros a los indios de Perú y Buenos Aires", analiza la breve extinción del repartimiento de mercancías a fines del periodo colonial y la instrumentación de "socorros" del comercio de mercancías producidas por los indígenas, programas mercantiles controlados en su totalidad por las autoridades virreinales.

²⁰ Para un estudio sobre las reducciones en el Perú, donde la relación con la base social, cultural y económica prehispánica adquirió características propias, véase Yaranga Valderrama, "Las 'reducciones', uno de los instrumentos del etnocidio", op. cit.

²¹ La definitiva abolición del peonaje, inscrita en la Constitución mexicana de 1917, fue preparada por los decretos de prohibición promulgados por el gobierno de Venustiano Carranza en septiembre y octubre de 1914. Herbert J. Nickel, El peonaje en las haciendas mexicanas. Interpretaciones, fuentes, hallazgos, México, Arnorld Bergstraesser Institut, Universidad Iberoamericana, 1997, p. 111.        [ Links ]

²² Véase Jeffrey L. Gould, To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the Myth of Mestizaje, 1880–1965, Durham, Duke University Press, 1998;         [ Links ] Elizabeth Dore, "Debt Peonage in Granada, Nicaragua, 1870–1930: Labor in a Noncapitalist Transition", The Hispanic American Historical Review, vol. 83, núm. 3, 2003, pp. 521–559.        [ Links ]

²³ Gisela von Wobeser, La formación de la hacienda en la época colonial: el uso de la tierra y el agua, México, UNAM, 1983, p. 66.        [ Links ]

²⁴ Véase, entre otros, Richard J. Salvucci, Textiles y capitalismo en México. Una historia económica de los obrajes, 1539–1840, México, Alianza Editorial, 1992.        [ Links ]

²⁵ Henry Adams, The United States in 1800, vol. I, Ithaca, Great Seal Books, 1955, cap. V.

²⁶ La Carta Magna firmada en Alabama por los sudistas preveía salvaguardar la soberanía de cada Estado miembro en la modalidad típica de las confederaciones. Charles A. y Mary Beard, Historia de la civilización de Estados Unidos de Norte América, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft, 1949, p. 486.        [ Links ]

²⁷ Uno de sus corolarios fue el empleo del uti possidetis iure como criterio de demarcación de las nuevas repúblicas. Derivado del principio uti possidetis, ita possideatis, es decir, "como poseías, continuarás poseyendo", se entendía como la conservación de los territorios anteriores a 1810. Propuesto originalmente por Simón Bolívar, figuró en numerosos acuerdos confederativos y de límites. Sobre el papel de la norma en la definición de las fronteras sudamericanas, véase Carlos A. Parodi, The politics of South American boundaries, Westport, Praeger Publisher, 2002, pp. 5 y ss.         [ Links ] Sobre sus orígenes, B. Checa Drouet, La Doctrina Americana del Uti possidetis de 1810, Lima, Librería e Imprenta Gil, 1936.        [ Links ]

²⁸ Nueva España llegó a comprender los territorios españoles de Norteamérica, Centroamérica, Oceanía y partes del Cincuncaribe, es decir, las islas y litorales que circundaban el Golfo de México y el mar Caribe. Sobre la noción política, económica e histórica del Circuncaribe, véase Johanna von Grafenstein Gareis, Nueva España en el Circuncaribe, 1779–1808. Revolución, competencia imperial y vínculos intercoloniales, México, UNAM, 1997, pp. 29 y ss. El Perú, por su parte, abarcaba al conjunto de Sudamérica, con excepción del Brasil.

²⁹ Los Tratados de Utrecht codificaron los acuerdos de paz resultantes de la Guerra de Sucesión española (1701–1714). Por su medio se estableció un nuevo orden internacional regido por la "balanza de poderes" o el equilibrio estratégico de las fuerzas rivales para asegurar la paz continental. En líneas generales, estos tratados expresaban la hegemonía británica.

³⁰ Inspirado en la vieja política peruana, el virrey platense prohibió que Potosí exportara sus metales preciosos a España por cualquier puerto que no fuera Buenos Aires, afectando de esa manera el eje económico compuesto por Lima, Arequipa, La Paz, Charcas y Potosí. Jorge Basadre, "Reconsideraciones sobre el problema histórico de la Confederación Perú–boliviana", Revista Historia de América, núm. 83, 1977, pp. 97–98.        [ Links ]

³¹ La lista sigue un orden alfabético, no cronológico.

³²Recopilación de Leyes de Indias, Ley III "Audiencia y Chancilleria Real de México en la Nueva España", Título XV "De las Audiencias y Chancillerias Reales de las Indias", 1680.

³³ John Lynch, "The Institutional Framework of Colonial Spanish America", Journal of Latin American Studies, vol. 24, 1992, p. 69.        [ Links ]

³⁴ Francisco Domínguez Compañy, "Ordenanzas municipales hispanoamericanas", Revista Historia de América, núm. 86, 1978, pp. 28 y ss.        [ Links ]

³⁵ Sobre el vínculo entre el criollo y las estructuras sociales y económicas hispanoamericanas, véase André Saint–Lu, Condition coloniale et conscience créole au Guatemala 1524–1821, París, Presses Universitaires de France, 1970.         [ Links ] Para una discusión sobre las connotaciones del concepto "criollo", véase Horst Pietschmann, "Los principios rectores de organización estatal en las Indias", Annino y Guerra, Inventando la nación: Iberoamérica. Siglo XIX, op. cit., p. 52.

³⁶ Uno de los objetivos de los reformadores Borbones, hacer más eficiente el aparato institucional americano, se enfrentó precisamente al hecho de que las élites locales eran dueñas de las haciendas, minas, obrajes y otras empresas del continente. Jaime E. Rodríguez O., La independencia de la América española, México, Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1996.         [ Links ] Las reformas borbónicas tuvieron vigencia entre 1760 y 1810. Durante ese periodo, el Consejo de Indias se convirtió en órgano consultivo y en su lugar la Secretaría de Indias adquirió mayor peso; se eliminó la Casa de Contratación, considerada inútil por la liberación del comercio; se crearon las intendencias y los consulados; las universidades renovaron sus contenidos, y se erradicaron los colegios de jesuitas. Los cambios en la enseñanza implicaron la sustitución de la tesis según la cual la soberanía reside en el pueblo por las tesis tiránicas de la Ilustración.

³⁷ Lynch, "The Institutional Framework of Colonial Spanish America", op. cit., pp. 69–81. Según señala Morón, los conceptos más utilizados para señalar a las entidades coloniales fueron pueblo, ciudad, república, país y provincia. Guillermo Morón, "La destrucción de la unidad latinoamericana", Revista Historia de América, núm. 79, 1975, p. 13.        [ Links ]

³⁸ Colin MacLachlan, Spain's Empire in the New World: The Role of Ideas in Institutional and Social Change, Berkeley, University of California Press, 1988;         [ Links ] Rodríguez O., La independencia de la América española, op. cit. p. 34.

³⁹ Lynch, "The Institutional Framework of Colonial Spanish America", op. cit., pp. 77–78.

⁴⁰ Mark A. Burkholder, "From Creole to Peninsular: The Transformation of the Audiencia of Lima", The Hispanic American Historical Review, vol. 52, 1972, pp. 395–415.        [ Links ]

⁴¹ Gobierno de España, Real Ordenanza para el Establecimiento e instrucción de Intendentes de exercito y provincia en el Virreinato de Buenos Aires, Madrid, Imprenta Real, 1782; Manuel de Flon a Miguel Cayetano, 21 de diciembre de 1801, Horst Pietschmann, "Dos documentos significativos para la historia del régimen de intendencias en Nueva España", Boletín del Archivo General de la Nación, segunda serie, vol. 12, núm. 3–4, pp. 399–442.        [ Links ]

⁴² Allan J. Kuethe, Military Reform and Society in New Granada, 1773–1808, Gainesville, Florida, 1978, p. 170;         [ Links ]Cuba, 1753–1811. Crown, Military, and Society, Knoxville, 1986, pp. 126–127.

⁴³ Dicho esto, la identidad hispanoamericana no estuvo ausente del imaginario criollo. Servando Teresa de Mier, entre muchos otros, decía que los hispanoamericanos "tenemos sobre América el derecho mismo que tenían los indios originarios de la Asia [y] el que tienen todas las naciones en sus países". Teresa de Mier, "Nota Sexta", Cartas de un americano 1811–1812, México, Secretaría de Educación Pública, 1987.

⁴⁴ John R. Fisher, El Perú borbónico, 1750–1824, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2000. El autor analiza sobre todo las políticas comerciales españolas y la recuperación de la economía peruana luego del desmembramiento de 1776 gracias a la producción de plata en Cerro de Pasco.

⁴⁵ Woodrow Borah, Early Colonial Trade and Navigation Between Mexico and Peru, Berkeley, University of California Press, 1954.         [ Links ] La prohibición de exportar tejidos novohispanos al Perú y la entrada de las sedas de China determinó por su parte el arresto de la producción poblana. Borah, Silk rising in Colonial Mexico, Berkeley, University of California Press, 1943, p. 35.         [ Links ] Como consecuencia, los talleres textiles de esa localidad cambiaron seda por lana, actividad regulada por las ordenanzas de gremios para tejedores a partir de 1598. En el siglo XVIII, ese producto decayó como resultado de la aparición de otros centros manufactureros mexicanos y la importación de tejidos de menor costo. Jan Bazant, "Evolution of the textile industry of Puebla, 1544-1845", Comparative Studies in Society and History, vol. III, núm. 1, La Haya, 1964, p. 63.         [ Links ] Un caso similar presenta el consumo de harina producida en Caracas por parte de Cartagena y las Antillas, comercio que empezó a florecer en el siglo XVI y cesó una centuria después. C. Parra Pérez, El régimen español en Venezuela, Madrid, Javier Morata, 1932, p. 186. Obsérvese que el deterioro del comercio interno de Hispanoamérica no fue uniforme. Las Indias Occidentales fueron las principales proveedoras de azúcar de todas las colonias del continente, incluyendo las Trece colonias. Las islas caribeñas, a su vez, apelaron sobre todo a las costas del continente para abastecerse de carne, ganado en pie y maderas, entre otros productos. John Mc Cusker y R. M. Russell, The Economy of British America, 1607-1789, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1991, p. 153.        [ Links ]

⁴⁶ Gobierno de España, "Real cédula con disposiciones acerca del comercio y contrabando entre las provincias de Indias, 1774", Luis Chávez (comp.), El contrabando y el comercio exterior en la Nueva España, México, Bancomext, 1967, pp. 141–149.        [ Links ]

⁴⁷ Sus recomendaciones, divulgadas en la forma de manuscrito a partir de ese año, también sugieren eliminar o reducir el monopolio de Cádiz a fin de abaratar los productos españoles y las materias primas importadas. Joseph Campillo y Cosío, Nuevo sistema de gobierno económico para América, Madrid, 1787, segunda edición, Universidad de los Andes, Mérida, 1971, pp. 60 y 70.        [ Links ]

⁴⁸ Grafenstein Gareis, Nueva España en el Circuncaribe, op. cit., p. 96. Inspirador de esa medida fue el conde de Campomanes, fiscal y gobernador del Consejo de Indias durante el reinado de Carlos III. Su propuesta, "libertad absoluta de comerciar a toda la nación", buscaba romper con los monopolios comerciales para alentar el desarrollo económico de la Península. Pedro Rodríguez Campomanes, Reflexiones sobre el comercio español a Indias (1762), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988, pp. 134, 341–348.        [ Links ]

⁴⁹ Antonio García–Baquero, "Comercio colonial y producción industrial en Cataluña a fines del siglo XVIII", Actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España, Barcelona, 1975, pp. 268–294.         [ Links ] Cabe observar que la avalancha de las importaciones, sobre todo después de la Paz de Versalles de 1783, afectó las reservas monetarias y la producción de los virreinatos. En el caso de México se combinó con la escasez de alimentos, ocasionada por la pérdida de cosechas de 1785. Richard L. Garner, "Exportaciones de circulante en el siglo XVIII (1750–1810)", Historia mexicana, vol. XXXI, núm. 4, abril–junio, 1982, pp. 570–571.        [ Links ]

⁵⁰ Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz, 1778–1821: crisis de dependencia, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1978, pp. 250, 241–261.        [ Links ]

⁵¹ Antonio García–Báquero, "Estados Unidos, Cuba y el comercio de "neutrales", Revista de la Universidad Complutense, vol. 26, 1977, p. 132.        [ Links ]

⁵² Manuel Lucena Giraldo, Vísperas de la independencia americana: Caracas, Madrid, Editorial Alhambra, 1986, pp. 379–381.        [ Links ]

⁵³ Robert Smith a Joel R. Poinsett, 28 de junio de 1810, Correspondencia diplomática, Tomo I, Parte I, Buenos Aires, Librería y Editorial "La Facultad", 1930, d. 5, p. 6.         [ Links ] Véase también James W. Gantenbein, The Evolution of Our Latin–America Policy: A Documentary Record, Nueva York, Octagon Books, 1971, p. 78.         [ Links ] Ese año se habían instalado las juntas de Buenos Aires y Santa Fe de Bogotá en julio, Quito en agosto, Santiago en septiembre, y los próceres mexicanos iban a convocar a la rebelión armada en septiembre. Un año antes se habían reunido las primeras juntas independentistas en Charcas y Quito.

⁵⁴ Poinsett no sólo buscaba la creación de acuerdos comerciales, sino —y sobre todo– apoyar la penetración política estadounidense. Durante su estadía en Santiago atizó los ánimos contra Francia, instruyendo a las autoridades locales sobre "los arbitrios secretos que se tomaban para reducir estos países al dominio francés". Juan de Egaña, "Apuntes para el Manifiesto que debe hacerse en la Declaración de la Independencia de Chile", Escritos inéditos y dispersos, edición al cuidado de Raúl Silva Castro, Santiago, Imprenta Universitaria, 1949, p. 86.        [ Links ]

⁵⁵ J. García del Río y Diego Paroissien al ministro de Relaciones Exteriores, 17 de enero de 1825, Archivo Diplomático Peruano, El Congreso de Panamá de 1826, edición y prólogo de Raúl Porras Barrenechea, Lima, Imprenta La Opinión Nacional, 1930, pp. 245–47. Obsérvese que las iniciativas comerciales estadounidenses estaban comprendidas en la visión estratégica de ese país. Sobre las características del sistema de inteligencia estadounidense a partir de 1810, véase George B. Dyer y Charlotte L. Dyer, "The Beginnings of a United States Strategic Intelligence System in Latin America, 1809–1826", Military Affairs, vol. 14, núm. 2, 1950, pp. 65–83.        [ Links ]

⁵⁶ Archivo Diplomático Peruano, El Congreso de Panamá de 1826, op. cit., p. 247.

⁵⁷ Instrucciones de Henry Clay a los plenipotenciarios estadounidenses, Washington, 8 de mayo de 1826, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (AHSREM), L.E. 877; Germán A. de la Reza, El Congreso de Panamá de 1826 y otros ensayos de integración latinoamericana en el siglo XIX, México, UAM/Eón, 2006, p. 139.        [ Links ]

⁵⁸ Protocolo de las Conferencias verbales entre Pedro Molina y Manuel Diez de Bonilla, 14 y 18 de noviembre de 1831, Archivo Histórico Diplomático Mexicano, El Congreso de Panamá y algunos otros proyectos de Unión Hispano–Americana, Edición y prólogo de Antonio de la Peña y Reyes, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926, p. 154.

⁵⁹ A principios de 1831, Lucas Alamán, canciller de México, retomó la estafeta del proyecto confederativo bolivariano apelando a una estrategia en varias partes denominada pacto de familia. La primera consistía en la creación de un sistema comercial exclusivamente hispanoamericano. El primer tratado con ese objetivo se firmó el 7 de mayo de ese año en Santiago de Chile. Sus principales normas estipulaban el compromiso de acudir a la siguiente asamblea americana y la creación de una excepción hispanoamericana a la cláusula de la nación más favorecida. A pesar de los numerosos esfuerzos mexicanos, este acuerdo fue el único resultado de la iniciativa confederal. Para consultar los documentos de este episodio de las relaciones hispanoamericanas, incluyendo el "Tratado de Amistad y Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile", véase Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 1962, El pacto de familia. Historia de un episodio de la diplomacia mexicana en pro de la anfictionía, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1962, Estudio preliminar de Francisco Cuevas Cancino, pp. 111–117 y ss.        [ Links ]

⁶⁰ Carlos Marichal, "Beneficios y costos fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760–1814", Ernest Sánchez Santiró, Luis Jáuregui y Antonio Ibarra (coords.), Finanzas y política en el mundo iberoamericano. Del antiguo régimen a las naciones independientes, 1754–1850, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001, pp. 31, 35–36.         [ Links ] Los porcentajes en ambos años son excepcionales; entre 1790 y 1807, la contribución americana fluctuó entre 8.52 y 49.45%.

⁶¹ Sobre la carencia de dinero en Nueva España como producto de las masivas transferencias a la Península, véanse Barbara A. Tenenbaum, "Sistema tributario y tiranía: las finanzas públicas durante el régimen de Iturbide, 1821–1823", Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Las finanzas públicas en los siglos XVIII–XIX, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, El Colegio de México, Colegio de Michoacán, UNAM, 1998, pp. 209–210;         [ Links ] Garner, "Exportaciones de circulante en el siglo XVIII (1750–1810)", op. cit., pp. 570–571.

⁶² Raúl Grien, La integración económica como alternativa inédita para América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 132–133.        [ Links ]

⁶³ Sin embargo, algunas industrias lograron prosperar, como la fabricación de armas, aunque el auge fue de corta duración y no logró satisfacer las necesidades de la guerra. Otra producción que evitó su destrucción fue el saladero, arrastrado por el crecimiento de las exportaciones de tasajo (charqui) de las Provincias Unidas y Uruguay. También mejoraron o lograron sobrevivir la industria textil de México, la producción ganadera de Buenos Aires (cueros, cordobanes, cuernos, lana), la industria de granos y la minería de Chile.

⁶⁴ Enrique Tandeter, L 'argent du Potosí. Coercition et marché dans l'Amérique coloniale, París, Édition de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1997, p. 246.         [ Links ] El problema de las inundaciones se presentó también en México, donde parte de la inversión pública se dedicó al desagüe de las minas. Chowning, "The Contours of the Post–1810 Depression in Mexico", op. cit., p. 132.

⁶⁵ Banco de la República de Colombia, Informe económico, Bogotá, 1831, p. 55.        [ Links ]

⁶⁶ Charles C. Griffin, Los temas sociales y económicos de la época de la Independencia, Caracas, Fundación John Boulton y Fundación Eugenio Mendoza, 1962, pp. 31–43.         [ Links ] El déficit presupuestal mexicano pasó de 1 millón 216 mil pesos en 1826 a 10 millones 712 mil en 1844, víspera de las convulsiones que facilitaron la invasión estadounidense. Barbara Tenenbaum, México en la época de los agiotistas, 1821–1857, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 73.        [ Links ]

⁶⁷ Alejandro Marure, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro–América desde 1811 hasta 1834, Tomo I, Guatemala, Imprenta de la N. Academia de Estudios, 1837, p. 70.        [ Links ]

⁶⁸ F.G. Dawson, The First Latin American Debt Crisis: The City of London and the 1822–25 Loan Bubble, New Haven, Yale University Press, 1990; Margaret Chowning, "The Contours of the Post–1810 Depression in Mexico", Latin American Research Review, vol. 27, núm. 2, 1992, pp. 119–143.

⁶⁹ No en todos los casos. Para lograr un préstamo de 8 millones, en 1824 Centroamérica ofreció como garantía los terrenos de la federación y sus rentas. Jorge Luján Muñoz, "La Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana de 1823–1824", Revista Historia de América, núm. 93, 1982, p. 69.

⁷⁰ Carlos Marichal, "Una difícil transición fiscal. Del régimen colonial al México independiente, 1750–1850", C. Marichal y D. Marino, De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750–1860, México, El Colegio de México, 2001, Cuadro 5, p. 48–51.         [ Links ] Los datos de este cuadro se basan en las Memorias de Hacienda y Crédito Público, años 1827–1832.

⁷¹ Bulmer–Thomas, The Economic History, op. cit., p. 32.

⁷² La estructura impositiva centroamericana era relativamente dispersa: la pólvora y los correos recibían una carga modesta; los impuestos al tabaco, antaño los más importantes, cayeron a un tercio con la reforma de 1824 y pasaron a manos de los Estados; la alcabala marítima creció hasta generar 500 mil pesos anuales, aunque el total recaudado no alcanzaba "a cubrir el presupuesto federal, y menos para amortizar la deuda interior". Marure, Bosquejo histórico, op. cit., p. 80.

⁷³ Archivo General de Guatemala (AGG), Libro 95, expediente 2519 del documento B6.7; Luján Muñoz, "La Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana", op. cit., p. 68.

⁷⁴ Luis Chávez Orozco, Historia de México (1808–1836), México, Patria, 1947, edición facsimilar, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, p. 208.         [ Links ] Sobre la relación entre la soberanía política y fiscal en las postrimerías del virreinato de Nueva España, véase Carlos Marichal, La bancarrota del Virreinato: Nueva España, las finanzas del Imperio español, 1780–1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.         [ Links ] Esa relación, pero en la época republicana, ha sido analizada por Marcello Carmagnani en "Territorialidad y federalismo en la formación del Estado mexicano", I. Bensson, G. Kahle, H. Konig y H. Pietschmann (eds.), Problemas de la formación del Estado y la nación en Hispanoamérica, Colonia, Bohlau Verlag, 1984, pp. 289–305.        [ Links ]

⁷⁵ La Aurora de Chile, núm. 6, Tomo I, Santiago, 19 de marzo de 1812.        [ Links ]

⁷⁶ Gazeta de Buenos Ayres, núm. 27, Buenos Aires, 6 de diciembre de 1810, p. 423.        [ Links ]

⁷⁷ Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander, Lima, 23 de marzo de 1825, Cartas del Libertador, Tomo IV, op. cit., p. 289.

⁷⁸ El primer embajador mexicano efectivamente nombrado en 1853 fue Federico Falqués. Sus principales instrucciones estipulaban la negociación de acuerdos bilaterales y el cobro de la deuda de Colombia. Sin embargo, falleció camino a Bogotá, lugar designado para su residencia. AHSREM, Legación de México 1855–1856, f. 292.

⁷⁹ Robert W. Fraser, "Latin American Projects to Aid Mexico During the French Intervention", The Hispanic American Historical Review, vol. XXVIII, 1948, agosto, pp. 377–388.        [ Links ]

⁸⁰ Archivo Histórico Diplomático Mexicano, El pacto de familia, op. cit.

⁸¹ Burns, The Poverty of Progress. Latin America in the Nineteenth Century, op. cit., pp. 35 y ss.