Desde lo político

 

Límites y posibilidades de la construcción de ciudadanía en Colombia*

 

Clara Inés García**

 

** Investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Estudios del Territorio de la misma entidad y miembro del Odecofi. Correo electrónico: cigarcia01@gmail.com.

 

Artículo recibido el 13–02–09
Artículo aceptado el 20–07–09

 

Resumen

En algunas regiones de Colombia el conflicto armado ha sido enfrentado por la población civil a partir de procesos de construcción de ciudadanía. Este artículo analiza este proceso en el oriente antioqueño y se pregunta cómo han interactuado las acciones colectivas, las instituciones nacionales, los organismos internacionales y las condiciones de la guerra en el proceso colectivo encaminado a construir nuevos espacios públicos, nuevas identidades, nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad en la región, y cuál ha sido el resultado hasta ahora logrado.

Palabras clave: ciudadanía, movimiento social, instituciones, guerra, región.

 

Abstract

In some Colombian regions the armed conflict has been faced up by the civil population through citizenship processes construction. This article analize this process in the Antioquean east and question the way the collective actions, the national institutions, the international organisms and the war conditions have interacted in the process of constructing new public spaces, new identities, new relations between the state and the society of the region, and what is the result achieved.

Key words: citizenship, social movement, institutions, war, region.

 

La población civil en Colombia ha enfrentado los efectos del conflicto armado de variadas maneras. En algunas regiones lo ha hecho a partir de procesos de construcción de ciudadanía. En este artículo focalizamos el análisis en el oriente antioqueño, donde la complejidad de interacciones entre actores subalternos y dominantes, públicos y privados, locales, regionales, nacionales e internacionales comprometidos en tal proceso, aporta un escenario pertinente para profundizar el análisis acerca de los límites y las posibilidades de la construcción de ciudadanía en países como los de América Latina.

La región del oriente antioqueño se configura a partir de las redes institucionales, políticas, económicas y culturales mediante las cuales Antioquia se inserta en la nación colombiana en los últimos dos siglos. Colinda con Medellín y su Área Metropolitana, y una de sus zonas ("el altiplano") desempeña hoy el punto nodal de amarre con la economía global. El conflicto armado colombiano no había afectado sustancialmente esta región. Sin embargo, en los últimos 13 años los actores armados han cobrado ahí inusitada e intensa presencia y accionar.¹ Lo anterior plantea significativas transformaciones en el plano político e interesantes interrogantes a propósito de la manera como interactúan los actores sociales, las instituciones públicas y los organismos internacionales que ahí intervienen en función de las dinámicas del conflicto armado en la región y las respuestas colectivas frente a él.

La respuesta social a los efectos de la guerra que se organiza en el oriente antioqueño –y que se conoce hoy como "Laboratorio de Paz"– tiene la particularidad de incluir a los más diversos actores sociales, aquellos que en los conflictos regionales de épocas anteriores se habían enfrentado entre sí. Tal es el caso de empresarios privados y trabajadores,² o el de las empresas del sector público energético regional y nacional con los movimientos cívicos locales y regionales. Ahora, esos diversos actores se alían en torno a un proyecto colectivo de "reconstrucción" de la región, que asume como ejes el desarrollo, la gobernabilidad, la democracia y la reconciliación. Que se alíen distintos actores en función de un objetivo común no anula las grandes diferencias, desigualdades y relaciones de poder/subordinación que media entre ellos y que van a configurar un campo de conflicto más en la región: el de las tensiones, oposiciones y negociaciones que se tejen entre las distintas fuerzas y proyectos por imponerse en el proyecto regional que supuestamente los abarca a todos –conocido como "laboratorio de paz del oriente antioqueño". Pero estas diferencias y oposiciones no impiden la emergencia de nuevos espacios para el ejercicio del poder, nuevas modalidades en la práctica de la política y la producción de nuevos sentidos del lugar. Son entonces las geografías del poder y la región misma las que se reconfiguran. Así, la pregunta a la que responde este artículo es: ¿cómo han interactuado las acciones colectivas, las instituciones nacionales e internacionales y las condiciones de la guerra en el proceso colectivo encaminado a construir nuevos espacios públicos, nuevas identidades, nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad en la región, y cuál es el resultado hasta ahora logrado?

En la medida en que la interacción entre la acción de los actores sociales, las instituciones públicas nacionales y los organismos internacionales se estructuran y dinamizan a propósito de los embates que el conflicto armado ha tenido en el territorio y en torno de la construcción de un proyecto regional, adoptamos como enfoque las conceptualizaciones que desarrolla la geografía posmoderna, que coloca el espacio como una dimensión clave para la comprensión de la sociedad, y en especial de los problemas de la desigualdad y el poder. En otras palabras, nuestros interrogantes se forjan en torno de los asuntos que problematizan el propio proceso de construcción social del espacio, en nuestro caso, el de una región.

La clave para pensar la espacialidad es reconocer "la multiplicidad que coexiste", lo cual socialmente se traduce en la diversidad, las varias voces, narrativas o historias que coexisten y negocian cómo compartir un espacio determinado.³ El espacio se constituye en la interacción, y por tanto está en constante proceso de hacerse y rehacerse. Además, asumimos el espacio como una dimensión básicamente política: porque lo múltiple implica la diversidad, las tensiones, los conflictos y, por tanto, lo político; esto es, esa dimensión en que se dan las relaciones de poder, de posicionarse, subordinar, empoderarse, clasificar y excluir, reconocer y dar lugar a alternativas de relacionamiento y organización social.

Además de las categorías propiamente espaciales, acudiremos también a las de acción colectiva y movimiento social –que nos permitan dar cuenta del proceso que se desencadena a partir de 1996 como respuestas sociales a la guerra por parte de actores subalternos. También lo haremos con el concepto de ciudadanía, mediante el cual podremos abordar buena parte del proceso que se forja en la región como respuesta a la guerra, y dentro del cual se imbrican dos dimensiones: la que liga las acciones colectivas y los procesos ciudadanos (no en vano la ciudadanía es históricamente una condición ganada en las luchas sociales)⁴ y la que liga la construcción de ciudadanía a la construcción de institucionalidad.⁵ Por último, el otro concepto del cual nos valdremos será el de representaciones sociales, para poder dar cuenta de las "múltiples voces" que se debaten y pugnan por orientar el proyecto regional que se propone actuar sobre "el desarrollo", "el territorio", "la ciudadanía" y "la reconciliación". Así, a los sentidos del lugar⁶ en los que se dan identidades políticas asociadas al territorio, se accederá con un trabajo acerca de las representaciones sociales. Lo político atraviesa todo: espacio, acciones colectivas, ciudadanía, representaciones sociales.

Cuatro son las cuestiones que abordamos para dar cuenta del interrogante que se propone responder este artículo:

• En primer lugar, una breve introducción que permite contextualizar el análisis.

• En segundo lugar, un análisis del proceso de movilización social que se desencadena como respuesta de los grupos subalternos ante las situaciones límite —de vida o muerte— que la guerra les había impuesto; aquí se dará cuenta de la heterogeneidad de actores sociales que lo componen y de la manera como inciden los procesos institucionales que se gestan o desarrollan a escalas superiores en las dinámicas internas a la región y los ciclos de su movilización social.

• En tercer lugar, un análisis de la nueva geografía de poder que se configura a partir de esa movilización social, y que se plantea ya no sólo como respuesta social frente a los actores de la guerra, sino como alternativa a la geografía de poder agenciada por los poderes económicos de la región y sustentada –y jamás cuestionada– por los poderes públicos institucionales.

• Por último, un análisis de los efectos socioespaciales y políticos que tiene la acción de las instituciones públicas (departamentales y nacionales) y las agencias internacionales que avalan y se asocian al proceso del Laboratorio de Paz, sobre la producción de los sujetos políticos empeñados en construir ciudadanía y nuevas relaciones entre la sociedad y el Estado. En otras palabras, abordaremos la tensión interna y los efectos socioespaciales y políticos que la intervención de estas instituciones y organismos producen en el proceso de construcción del proyecto regional planteado por el movimiento social.

 

LA RESPUESTA SOCIAL A LOS EFECTOS DE LA GUERRA

Las acciones colectivas desencadenadas como reacción de la población del oriente antioqueño para lograr neutralizar los estragos de la guerra, tuvieron desarrollos no imaginados por sus actores originales, en virtud de la interacción de fuerzas e intereses públicos, privados, nacionales e internacionales que se fueron articulando y que acabaron resignificando el campo y el sentido de la acción colectiva en la región.

Este proceso se inicia con una movilización de "resistencia"⁷ adelantada por un grupo de alcaldes y las asambleas comunitarias locales que activamente los respaldaban, y cuyas acciones estuvieron encaminadas a "los acercamientos humanitarios" con guerrillas y paramilitares en la búsqueda por amainar los efectos más atroces que su guerra tenía sobre la población civil. Lo novedoso de estos "acercamientos" fue su carácter colectivo y público: colectivo, por cuanto se sustentaron en la acción de las asambleas comunitarias locales que se identificaban ante los grupos armados como la voz "soberana" y "legítima" del "sector social" (local y regional según el caso), ajeno a cualquier interés o compromiso en la guerra y que reivindicaban su derecho a quedar por fuera de ella; público, por el carácter mismo de las asambleas locales y de "la Asamblea Provincial del Oriente Anftioqueño" que se había organizado en 1998 como espacio público articulador, y porque los diálogos con los actores armados contaron con el aval de las autoridades públicas departamentales y el apoyo de la diócesis regional,⁸ a pesar de que este tipo de acciones estuvieran prohibidas por el gobierno nacional. Estos "acercamientos" culminan a finales de 2001 con la producción de un evento que se convierte en el punto de inflexión del proceso: los alcaldes logran del ELN (una de las guerrillas) una tregua unilateral de seis meses en la región. Es un hecho político contundente que evidencia las posibilidades de la acción colectiva en el nivel regional. El Estado nacional, ya en cabeza de Uribe Velez (2002), interviene para cortar de una vez por todas este tipo de acciones que quedaban por fuera del control y de la política pública central frente a los grupos armados, pero sin poder desconocer a ese actor regional emergido de las localidades más marginales y abandonadas de los poderes públicos en la región. Ese reconocimiento le valió negociar con este actor, y así se dio origen al "laboratorio de paz", programa financiado por la Unión Europea con contrapartida del Estado nacional, y que pretende potencializar las capacidades colectivas demostradas mediante el apoyo económico de un proyecto regional de desarrollo equitativo, gobernabilidad, paz y democracia.

En los 13 años que lleva este proceso se ha articulado lo que pudiéramos denominar un movimiento regional por "un oriente", que aboga por la integración territorial con equidad, democracia y convivencia —sus grandes falencias históricas—, y por la construcción de sujetos políticos autónomos. Su lema es: "Otro oriente es posible". Este proceso, que ha convocado diversidad de actores públicos y privados, se enfrenta a otro proyecto regional, el representado por la fuerza de la inercia de las estructuras económicas y políticas, por la acción de los efectos de la guerra y por la orientación política de agentes que propugnan por otro tipo de ordenamiento y desarrollo territorial.

Las fuerzas que jalonan el proyecto "Otro oriente es posible" son heterogéneas. Ellas son: a) los actores que plantean acciones colectivas, tales como las asambleas locales de pobladores urbanos y rurales, los alcaldes organizados en el Consejo Regional de Alcaldes, la Asamblea Provincial del oriente antioqueño,⁹ la Asociación Regional de Víctimas a Ciudadanas (Aproviaci), y la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (Amor); b) el programa de desarrollo y paz (Prodepaz), liderado por las dos empresas nacionales del sector eléctrico¹⁰ y por la Iglesia católica en cabeza del obispo de la Diócesis y por CINEP (organización no gubernamental líder de estos programas en el nivel nacional); c) el Estado departamental en cabeza de sus gobernadores —entre 2001 y 2007— (con sus políticas de participación ciudadana), al igual que el Estado nacional (con su contrapartida a la cooperación internacional de la Unión Europea en "el laboratorio de paz" y su inversión en la población desplazada con dineros del Banco Mundial); d) por último, la Unión Europea con sus aportes al Laboratorio de Paz en la región. Además, diversas ONG de carácter regional, nacional e internacional acompañan el proceso.

Observemos en panorámica lo que la interacción de esta diversidad de actores –subalternos y dominantes, públicos y privados, locales, regionales, nacionales e internacionales— ha significado en términos del proyecto regional alternativo que en el oriente antioqueño se pretende construir, como respuesta social a los actores de la guerra.

 

EL MOVIMIENTO REGIONAL

Al colocar en un gráfico de temporalidades el conjunto diverso de acciones colectivas que se han articulado en el oriente antioqueño en torno de "la construcción de territorio y de sujeto político", "la convivencia", "la ciudadanía" "la reconciliación" y "la equidad", obtenemos a primera vista un resultado sui generis, tal como lo muestra la Gráfica 1:

Son líneas paralelas, de tiempos discontinuos entre sí y cada una dinamizada por actores diversos. Se trata de una combinación desigual de dinámicas de acción colectiva procedente de diverso tipo de actores con diversos objetivos e identificaciones específicas. Además, las acciones colectivas expuestas no son exclusivamente expresiones de protesta o de demandas colectivas frente a otro actor. Estas acciones colectivas también están compuestas de acciones encaminadas a la construcción de propósitos comunes en la que se asocian actores diversos;¹¹ igualmente la conforman acciones encaminadas a la construcción de organización social,¹² o inclusive acciones colectivas dirigidas a dialogar y llegar a acuerdos con los actores armados.¹³Así pensado, más que un "conjunto", esto pareciera ser una yuxtaposición de asuntos diversos. Sin embargo, el análisis nos ha permitido establecer que, a pesar de lo anterior, se ha logrado tejer un hilo común que ata esa diversidad por la vía de un objetivo compartido y que permea todas las demandas sectoriales y sus formas de lograrlas. Ese hilo lo constituye el propósito de construcción de "un oriente" mediante la "ciudadanía", la "reconciliación" y la "provincia".

¿Cómo interpretar entonces el cuadro anteriormente dibujado por el conjunto de las acciones colectivas en el oriente antioqueño durante los últimos 13 años? Nos interesa destacar dos cosas: en primer lugar, por qué consideramos que a pesar de esa aparente yuxtaposición y diversidad, se trata de un "movimiento regional"; en segundo lugar, centrar nuestra atención en cómo ese movimiento se construye sobre la base de una interacción entre las acciones colectivas que los actores subalternos protagonizan y las ONG acompañan, con las acciones que actores institucionales —departamentales, nacionales o internacionales–efectúan en función tanto del proceso de conflicto armado en la región como de las respuestas sociales que desde los sectores de base ahí se generan; y que especialmente ese contexto de guerra hace que la movilización social regional esté sujeta a cambios en coyunturas y escenarios más drásticos de lo común y, por tanto, a recomposiciones internas.

Un movimiento social no está configurado sólo por las acciones disruptivas de protesta o por manifestación de demandas y reivindicaciones ante terceros. Un movimiento social también está configurado por otro cúmulo de acciones colectivas ciudadanas, pues al fin y al cabo los derechos no sólo se plantean como "demandas frente a"; también se practican en los hechos, se construyen espacios y formas de hacer política, unas veces en interacción con las instituciones, otras de manera autónoma. Aquí comparto la afirmación de Manuel Garretón cuando analiza el giro dado por la movilización social en la América Latina de nuestro tiempo, a la cual la ve definida por "un principio muy difuso de oposición [que] se basa no sólo en la confrontación sino también en la cooperación. Por consiguiente, no se dirige a un oponente o antagonista claro, como solía suceder con las clásicas luchas sociales".¹⁴

Encontramos entonces que ese conjunto de acciones colectivas que observamos durante los últimos 13 años en la región como procedentes de actores diversos –unos sectoriales (mujeres, víctimas), otros territoriales (alcaldes, asambleas)– y en líneas de tiempo discontinuas unas de otras, podríamos comprenderlo como "un movimiento regional" en virtud del proyecto común al que apunta cada quien desde su propia esquina: la construcción de la convivencia, la ciudadanía y la provincia forman un núcleo duro por todos compartido; estos temas transversalizan la producción de los sujetos políticos que conforman el movimiento regional.

A esos tres asuntos –articulados– se han dedicado los actores sociales analizados a partir de los diversos tipos de acciones colectivas en el tiempo:

• El territorio y "la provincia" –el oriente antioqueño– son en buena parte la clave de dicha articulación, por la fuerza que aportan como identificadores del conjunto. Pues hay una memoria colectiva producida por agravios de décadas anteriores,¹⁵ memoria en la que se formó una conciencia acerca del valor cultural, político y económico del territorio y de cómo éste puede ser objeto de proyectos económicos y políticos contrapuestos. Esa memoria se reactiva y resignifica en el presente con los desastres que la guerra genera entre esas mismas comunidades. Así, el territorio se convierte en aglutinador en un doble sentido: a) porque deviene objeto a defender de unas condiciones adversas –de la destrucción que causa la guerra y de las "deudas históricas" que no se han saldado por parte de los poderes nacionales y departamentales; b) porque es savia que fluye por diversas redes sociales (forjadas por décadas de actividades de organizaciones comunitarias y de instituciones) y que posibilita la convocatoria y la acción conjunta. Es así como las asambleas locales se aglutinan en lo que autodenominaron "Asamblea Provincial"; las mujeres de Amor, instalan igualmente una "mesa provincial de gestión pública con perspectiva de género"; y las víctimas se organizan en una Asociación Provincial. Prodepaz tiene como su lema igualmente "la provincia"; la Asociación para el desarrollo local también se autodenomina "provincial" (Adeproa).

• Por su parte, la nueva conciencia de lo que significa la construcción de ciudadanía como forjadora de sujetos políticos, permite encarar diversas reivindicaciones sectoriales: las situaciones de opresión y acallamiento que produce el conflicto armado, que llevan a las víctimas de los distintos actores armados a proclamarse como Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanas; las viejas jerarquías y exclusiones políticas a las que han estado sometidas las mujeres las llevan a priorizar programas de formación y de prácticas ciudadanas –"de la casa a la plaza", entre otras; también permite a la población subalterna en general, rural y urbana, clientelizada por centurias, encontrar en "la participación ciudadana", motivos para aglutinarse y luchar en las asambleas locales. Y así se cumple lo que Foweraker señala para los regímenes autoritarios, pero que en nuestro caso cabe también aplicárselo a nuestras sociedades jerarquizadas, clientelizadas y de altos niveles de exclusión y violencias. Aquí, las demandas de los movimientos sociales también se han ido "corriendo progresivamente a la demanda por derechos" y "la ciudadanía" se ha convertido en el paraguas que abarca y le da sentido al conjunto de las demandas sectoriales. Así, "las luchas específicas y los derechos universales se ligan a partir del proceso de ciudadanía: las primeras catalizan las segundas".¹⁶

• Por último, "la reconciliación" ha sido desde el primer momento el distintivo mediante el cual pobladores, asambleas, mujeres, víctimas, ONG y laboratorio de paz se han planteado frente a las políticas militaristas del Estado. Es el reconocimiento del "otro", del ilegal armado como parte que ha de volverse a ganar para la sociedad con el convencimiento de que hay que hacerlo por la vía política.

Por otra parte, el proceso de producción de sujetos colectivos que acoge la reconciliación y la construcción de ciudadanía y de territorio como eje fundamental para la desactivación de los factores de la guerra, está sujeto, en mayor medida que otro tipo de movimientos, a cambios de coyunturas y reconfiguración de los escenarios y, por tanto, a la emergencia de nuevos actores, cambios en las correlaciones de fuerza y a consecuentes transformaciones en la composición interna del propio movimiento y en los temas claves de la movilización a lo largo del tiempo. Ese factor también explica el tipo de movimiento regional que en este caso se forma.

Así fue como los alcaldes, que fueron figura protagónica para el despegue del movimiento en el momento más crítico de la situación humanitaria en la región, y en el lapso en que se gesta el laboratorio de paz (1996–2003),¹⁷ desaparecen del escenario tan pronto cambia la coyuntura, con la relativa neutralización de la crisis de "seguridad" que la política nacional de seguridad democrática de Uribe Vélez insufla y la renovación de los alcaldes en el 2004 que ya no sienten la urgencia y el compromiso político de los anteriores.

Así, la coyuntura formada por el cambio de gobierno central (con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Velez) y su intervención en el proceso del oriente antioqueño como "socio" del nuevo proyecto que se gesta con la cooperación internacional, fortalece a los actores regionales que personificaban las posiciones más contestatarias al Estado (alcaldes de ese entonces y Asamblea Provincial): pues representaban de hecho los interlocutores regionales más visibles y legítimos en ese momento, en el que la prioridad era claramente "política" (2002–2004). Pero, una vez puesto en marcha el Laboratorio de Paz, la intervención de "los euros" y la necesidad de hacer "proyectos" toman la delantera y Prodepaz (como operador del Laboratorio) toma el relevo como actor protagónico en la región. Esto promueve el giro en las prioridades más visibles de las comunidades: del tema "humanitario" y del "conflicto" se pasa al "desarrollo" (2004–2006). La Asamblea Provincial sigue, sin embargo, desempeñando su papel en el plano de "la construcción política del territorio".

Por último, la Ley de Justicia y Paz (2005) –que legisla sobre la desmovilización de los paramilitares y ordena la verdad, la justicia y la reparación– produce otra coyuntura que impulsa a las víctimas a organizarse. Se activa la movilización y organización de este sector social que, aunque restringido por la ley a las víctimas de los paramilitares, en la región catalizó un movimiento regional que incluyó a la totalidad de víctimas: de los paramilitares, de las guerrillas, de los crímenes del Estado y que además desclasifica a "los desplazados" —que el Estado quiere segregar como actor diferente— y los incluye como víctimas. En la medida en que este tema es el tema político nacional por excelencia en el marco del conflicto armado, no es gratuito que en el oriente antioqueño este tipo de movilización asuma también el protagonismo a partir de 2004.

Las mujeres de Amor precedieron el inicio de este movimiento regional, cuando por la nueva constitución de 1991 se abrió paso la igualdad de género.

Sin embargo, se insertaron con fuerza en el movimiento regional que se formó como respuesta social a los efectos de la guerra. Son una línea continua que además teje articulaciones entre actores y espacios públicos de expresión ciudadana.

Tales fueron las coyunturas que coadyuvaron las transformaciones y los relevos en actores y acciones colectivas en la región. El hecho de ser un movimiento que adquiere su sentido en torno a la dinámica, los efectos y condicionantes de la guerra en el territorio, lo hace muy sensible a los cambios de coyuntura que en procesos de guerra suelen presentarse. Esto le confiere a este tipo de procesos unos retos muy complejos para su sostenibilidad y crecimiento. No obstante, también le ha enseñado flexibilidad y capacidad de adaptación.

 

LA CONFIGURACIÓN DE UN "TERCER ESPACIO"

Este movimiento regional tiene un significado político adicional: la capacidad de materializar lo que en la teoría socioespacial se denomina un "tercer espacio".¹⁸ Hemos estado acostumbrados —a partir de la sociología política y, en general, de las ciencias sociales— a concebir y a practicar los conflictos sociales de manera binaria: sectores subalternos frente a sectores dominantes, capitalistas frente a proletarios, negros frente a blancos, pobladores frente a Estado. Y justamente lo complejo y original que nos muestra este movimiento regional –con sus diversos actores sectoriales y territoriales, cada uno con sus propias reivindicaciones, formas de expresión, adversarios particulares y con sus propios y diferentes ritmos, temporalidades y alcances socioespaciales– es la capacidad que han tenido como conjunto de construir un espacio común que, al tiempo que les posibilita propugnar por sus especificidades, les brinda la oportunidad de generar un "tercer espacio" en el que encuentran objetivos comunes que transversalizan sus singularidades y mediante los cuales no sólo fortalecen sus propias y específicas demandas, sino que éstas adquieren mayor sentido y potencia en tanto forman parte de un proyecto colectivo común: las mujeres salen "de la casa a la plaza" gracias a su autoconstrucción como ciudadanas; las víctimas se proponen dejar su condición de desubjetivación por la violencia y de entes pasivos para asumir su posición de ciudadanas con derechos (a la verdad, la justicia y la reparación); los pobladores de las localidades comienzan a liberarse de su ancestral posición de objetos pasivos de las redes clientelares y a aprender una nueva posición política como ciudadanos participantes.

Pero además, dada la base identitaria territorial con que cuentan los habitantes del oriente antioqueño y su reforzamiento a partir del sentimiento de atropello que la guerra infligió a todo lo largo y ancho de su territorio, ese territorio resignificado como "provincia" se convierte en la base en torno de la cual se reivindican unos y otros derechos ciudadanos. La construcción del territorio no se logra sin la construcción de sujetos políticos y ciudadanía. Y la construcción de ciudadanía y de sujetos políticos se hace en torno del logro de la construcción de un tipo de territorio —el equitativo, el democrático, el de la convivencia y reconciliación. Territorio y ciudadanía se retroalimentan y refuerzan en la acción colectiva en el oriente antioqueño.

Observemos en la Gráfica 2, la representación de lo dicho:

Este es un "espacio de representación"¹⁹ configurado con base en las nuevas representaciones que la gente, aglutinada en torno de los actores sociales enunciados, se ha hecho de sí misma y del territorio que quieren construir; representaciones que se nutren de los valores universales de la democracia, pero proponiéndolos en un contexto y con unas consecuencias que implica llevar bastante más allá el estado de cosas dado, cambiar las relaciones vigentes entre la sociedad y el Estado, y entre los poderes económicos y las dinámicas de desarrollo regional. Este "espacio de representación" o "tercer espacio" está hecho también de un cúmulo de prácticas sociales: de las mujeres en sus casas y en los espacios públicos de sus localidades; de las víctimas en los pequeños círculos donde recobran el habla y las ganas de vivir y en los espacios públicos donde reclaman sus derechos, construyen una fuerza organizativa y se solidarizan y apoyan a otras víctimas; de los pobladores que por primera vez conocen el informe de gestión de un alcalde o que comprenden qué es un presupuesto municipal y plantean posibles prioridades de inversión; de los líderes que se abstienen de proclamar sus preferencias partidistas en los espacios donde lo que se quiere es aprender a construir consensos con criterios de interés común.

Este "tercer espacio" es el espacio de las múltiples voces, el espacio en que desde las diferencias sectoriales y partidistas —que suelen estar atrapadas en propuestas sólo sectoriales o sectarias— se construyen en común asuntos compartidos, al mismo tiempo que cada quien lo hace con intereses más específicos. Y este tercer espacio no requiere de "una organización" formal, ni de actores siempre iguales a sí mismos ni siempre los mismos entre sí. Es un espacio en el que se transversalizan las diferencias, en la medida en que la singularidad de lo que identifica a cada actor no sólo no niega, sino más bien afirma y tiene por condición también el logro de los objetivos comunes: ciudadanía, reconciliación y provincia; construcción de territorio y de sujeto político.

En este "tercer espacio" caben, además, otro tipo de diferencias: no sólo las que podemos denominar como "sectoriales (mujeres, víctimas) sino aquellas definidas en función de orientaciones políticas específicas con relación al propio objetivo común o sectorial. Así, en el caso del movimiento de víctimas —por ejemplo— conviven dos orientaciones: las acciones que construyen espacios de encuentro entre víctimas y victimarios en las localidades; de otro lado, el que asume el trabajo de reconciliación como posible (en la presente etapa) sólo en el nivel de las subjetividades de las víctimas consigo mismas y con la sociedad y el Estado que les debe garantizar sus derechos, dejando para un verdadero pos–conflicto la otra parte de la reconciliación –entre víctimas y victimarios.

En otras palabras, el tercer espacio no sólo se configura a partir de transversalizar, de engarzar las diferencias a partir de objetivos comunes, sino también de asumir y no excluir diferencias más sustantivas (de orientación política) de quienes participan de él.

Pero hay más; encontramos otros elementos adicionales que nos permiten reforzar la afirmación acerca de que en el oriente antioqueño se ha forjado un "tercer espacio": las prácticas a partir de las cuales éste emergió. Se trata de la Asamblea y el Consejo Provincial del oriente antioqueño, el primer actor social que en este proceso se configuró con visión regional, pero lo hizo a la manera como se construye un "tercer espacio": al autoproclamarse como Consejo y Asamblea Provinciales (1998), este actor utiliza "la provincia" como una representación que alude a un deseado reordenamiento del territorio nacional (que el Estado no ha querido acordar) con una redistribución de poderes a favor de las poblaciones y sus autonomías y realiza un acto en el que convierte "la provincia" en un proyecto político. Este actor ejerció el poder de convertir una "representación del espacio " dominante (región) en un "espacio de representación", esto es, en un lugar que, utilizando las clasificaciones del poder dominante, va más allá de ellas y las resignifica con un contenido político nuevo, alternativo, no binario ni excluyente. Los "terceros espacios" juegan como una política del lugar ejercida mediante actos de reconstrucción y reposicionamiento de los actores subalternos.²⁰

Al lado la proclamación del proyecto territorial como un proyecto provincial, el Consejo y la Asamblea Provinciales utilizan una segunda vía para constituirse, y que también pertenece a lo que denominamos "terceros espacios". Pues en 1998, año en que el Estado había estatuido por ley²¹ el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Departamentales y Municipales de Paz,²² un grupo de líderes sociales de la región acompañados por conciudadanía (una ONG regional centrada en el trabajo por la ciudadanía), deciden formar su propio "consejo provincial de paz", como figura de hecho –no de derecho, pues la provincia no es reconocida como entidad territorial–, y como espacio que se distingue del resto de consejos de paz del país por su autonomía con respecto del conjunto de las instituciones públicas estatales. En él se aglutinan delegados de las comunidades locales organizados en asambleas comunitarias municipales. Es otro acto político de configuración de un tercer espacio: sin confrontar al Estado, se va "más allá" de lo legalmente establecido; sin confrontar al Estado, se acoge una figura que él mismo creó, pero se resignifica su contenido y papel políticos al atribuirle, en la práctica, características y posibilidades propias, acordes con la orientación que sus gestores quieren darle a la construcción de la ciudadanía y de los sujetos políticos en el territorio.

Sin embargo, dadas una serie de restricciones que como actor ha tenido la Asamblea Provincial,²³ al no poder convertirse ella misma en el espacio público aglutinador de la discusión regional a partir de la deseada pero no lograda representatividad del conjunto de la sociedad civil en las asambleas locales que la conforman, sí fue capaz de generalizar un discurso ciudadano, de autonomía y de construcción de sujeto político y de un autorreconocimiento como provincia, que el resto de actores claves del movimiento regional adoptó como propio. Lo vimos en las páginas precedentes. Y este es un punto más que le da fortaleza a ese "tercer espacio": nadie es "dueño" del mismo

 

LAS DOS CARAS DE LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL

En los acápites anteriores se han resaltado las interacciones mediante las cuales se configuró un movimiento regional que se logra articular en torno de la construcción de un "tercer espacio" que, como geografía de poder alternativa, se plantea frente a las geografías de poder dominantes: las de la guerra y las de los poderes políticos y económicos tradicionales. En ello han estado comprometidos, principalmente, los actores subalternos de la región (asambleas comunitarias y provincial, mujeres y víctimas), además de las ONG y entidades como Prodepaz. Estos actores han jalonado con los lemas de la reconciliación, la ciudadanía, la provincia, un proyecto regional de desarrollo y democracia que posibilite ganarle el pulso a la fuerza de la inercia de tres procesos sociales que operan en contravía: a) el de la economía y su "mano invisible", que no hace sino ahondar las desigualdades socioespaciales entre un altiplano cada vez más rico, industrializado y urbanizado y un resto (el más grande territorialmente) más pobre y marginado de los beneficios del desarrollo;²⁴ b) el de los procesos políticos institucionales nacionales, que han promovido y reforzado durante dos centurias el asistencialismo y el clientelismo, y obstaculizan o limitan la construcción de ciudadanos; c) el de los procesos de violencia política y de guerra que, en etapas históricas diversas, han segado la vida de quienes jalonan y son miembros de movimientos sociales y actores políticos alternativos,²⁵ y restringen así la emergencia y consolidación de procesos de formación de sujetos políticos colectivos alternativos.

En la interpretación de ese proceso hemos subrayado no sólo los efectos políticos y socioespaciales que emergen de la acción colectiva en la región, sino también la manera como inciden las coyunturas creadas por la intervención de actores de carácter departamental, nacional o global. Ese proyecto colectivo por "la provincia", "la ciudadanía", "la reconciliación" conforma el núcleo duro de la fuerza que efectivamente construye sentidos del lugar, redes y proyectos que contribuyen a fortalecer al conjunto del oriente como región y a señalar y combatir las tendencias que lo fracturan y que obstaculizan la construcción de ciudadanía y actores colectivos alternativos. Pero la incidencia que tienen los procesos más estructurales de política pública e intervención de los poderes globales que se forjan en escalas socioespaciales mayores, sobre la construcción de sujetos políticos y de territorio, es también múltiple y heterogénea: pues, si por una parte contribuyeron a fortalecer y financiar un proyecto regional que aglutinara diversidad de actores, y a impulsar las iniciativas por la participación ciudadana; también introdujeron prácticas y discursos con claros efectos a favor de la geopolítica dominante. Cinco son los ámbitos en que principalmente se manifiestan dichos efectos:

a) El acuerdo y la puesta en marcha del Laboratorio de Paz coincide con la nueva coyuntura creada por la política pública con relación a la guerra. Esta política tiene dos componentes centrales: "la seguridad democrática", política militar contra los grupos armados ilegales, y la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de los paramilitares. El primero de los efectos fue la disminución significativa de los índices de violencia (homicidios, masacres, secuestros, destrucción de pueblos) y con ello, una razón para que, en el espacio público de las asambleas comunitarias, las percepciones y los intereses colectivos tendieran a abandonar el conflicto y sus efectos como el centro de su acción. En primer lugar, y según la percepción de quienes lideran en la región el proceso de construcción de ciudadanía y de nuevas maneras de hacer y concebir la política (frente a la clientelar, faccional y asistencial), la reducción drástica de los índices de violencia acaba "despolitizando" el proceso asambleario. Pues para enfrentar los efectos de la guerra, los pobladores tomaron conciencia de la necesidad de actuar conjuntamente, hacer oír su voz, hacerse reconocer como actores y luchar por derechos (los humanos y los humanitarios en primera instancia); además tomaron conciencia de sus distancias con el mismo Estado y sus instituciones con respecto a cómo enfrentar el conflicto armado (por la vía política vs la militarista). Pero cuando esta motivación declina, el compromiso masivo frente a la acción colectiva decrece significativamente y otros objetivos más acordes con el devenir cotidiano de la vida y administración local tienden a sustituirlos: la participación ciudadana en los planes de desarrollo municipal.

Desaparecida la situación límite, que había colocado a la acción colectiva jalonada por las asambleas comunitarias en una clara dimensión de lo político (construirse como actor colectivo para hacerle frente a los actores armados en el plano del diálogo, enarbolar principios democráticos universales –los más universales y que les permitían no asociarse a "las instituciones" públicas involucradas con la guerra–, clamar por derechos —humanos y humanitarios—, buscar alianzas y enfrentarse a ciertas directrices del Estado), el actor colectivo se debilita (convoca menos masivamente) y sustituye objetivos de la acción.

b) En la reorientación de la actividad de las asambleas comunitarias confluyen, además de la baja sensible de los índices de violencia, el apoyo que éstas comienzan a recibir de la Gobernación de Antioquia que vio en el proceso del oriente antioqueño y sus asambleas "un modelo" digno de replicarse en el resto de municipios del departamento, pero ahora a favor de la elaboración de los planes de desarrollo municipales y departamental. Si bien este apoyo institucional le da al proceso asambleario algunos recursos políticos y financieros que le permiten cierta sostenibilidad, le resta de hecho el interés y la participación masiva de la etapa anterior. Con "la participación ciudadana" en las asambleas comunitarias ya no se tratan asuntos de posiciones políticas frente a los actores armados y el Estado; ahora se tratan los asuntos que cotidianamente las colectividades habían tramitado mediante las redes del clientelismo tradicional. Ahora la participación ciudadana tendría que cualificarse para cumplir su cometido político –la construcción del ciudadano. Y a eso se dedican los líderes regionales de las asambleas y las mujeres, acompañados por las ONG. Sin embargo, la realidad del proceso dista mucho de lo pensado. Efectivamente las asambleas lograron un lento aprendizaje, de reducido alcance. En palabras de quienes han participado en ellas, así se percibe:

El alcalde de pronto da informes de gestión, cosas por el estilo [...] hicieron un taller donde la tesorera fue y explicó cuál era el presupuesto del municipio; al menos están enterados de mucha cosa que se maneja en la administración municipal, del presupuesto, ya reclaman; nos están diciendo qué es un presupuesto participativo, nos están enseñando; desde la asamblea se da la oportunidad de ir conociendo ciertas cosas; esas asambleas están dadas a eso, se fortalecen más en algunos temas, aprendan más en algunos temas; por lo menos la gente ya opina y aporta a los programas de gobierno, a los presupuestos; pero le volvimos a crear esa confianza de la gente hacia la administración; ya las administraciones van viendo que hay comunidad inquieta que quieren saber qué están haciendo ellos allá [entrevistas varias, 2007].

Además, a la hora de evaluar los procesos asamblearios, y a pesar de haberse desplegado la acción institucional y de las ONG en todos los municipios de la región, sólo una minoría de localidades pueden mostrar una historia asamblearia de algún significado. De 23 municipios, podemos afirmar que no tienen existencia efectiva más de l0 asambleas. En el debilitamiento paulatino de las asambleas municipales juega por tanto el cambio de coyuntura de la guerra y de la política pública asociada, tanto como la manera en que se articularon el apoyo institucional y el trabajo ciudadano de base. Si bien es parte consustancial de cualquier proceso exitoso de participación ciudadana, el que éste sea resultado de la dialéctica virtuosa entre la acción de la sociedad y la institucionalidad, tal como lo demuestran de hecho las experiencias latinoamericanas y se desprende de la teoría de la democracia,²⁶ en el caso del oriente antioqueño esta aparente dialéctica virtuosa no se dio en el sentido esperado. Pues aunque el apoyo institucional de la gobernación encuadró a las asambleas en el proceso de elaboración de planes de desarrollo, la fuerza efectiva que pudieron construir los procesos locales en sus asambleas dependió, en este ámbito de lo institucional, netamente de la voluntad individual de los alcaldes de turno, voluntad que ni siquiera dependía de su filiación política con el partido del gobernador. Además, con la participación ciudadana la gobernación no pretendía nada más que apoyar sus propios programas, y no construir efectivamente actores políticos alternativos. De hecho los propios pobladores perciben en la actualidad que el principal factor que le da fortaleza o debilidad a las asambleas municipales es el apoyo o no de la más inmediata autoridad local —el alcalde: por "la credibilidad" que la autoridad municipal le aporta a la asamblea en su convocatoria y por "el apoyo financiero" que ésta requiere para sus actividades y funcionamiento. Es justamente la situación inversa a las asambleas de la primera etapa: su fuerza residía –y así se percibía por los mismos protagonistas– en el poder de convocatoria que tenían los objetivos a lograr, en lo masivo de esta convocatoria que garantizaba su legitimidad y fuerza, y en su autonomía respecto de cualquier actor institucional.

La construcción de ciudadanía implica un proceso de transformaciones en una doble dirección: transformar las subjetividades políticas en la sociedad, al tiempo que cambiar, en instituciones y funcionarios públicos, las formas en el ejercicio del poder y en la producción de políticas públicas. Así, uno es el resultado cuando se produce el círculo virtuoso como en el caso del Brasil, en las localidades donde se cuenta con el apoyo del Partido de los Trabajadores, y otro el resultado cuando esta asociación política no se da. Este último caso es el que se presenta en el oriente antioqueño, donde el apoyo de la gobernación no va más allá del logro de sus propios intereses muy lejos de pensar en el fortalecimiento efectivo de actores alternativos y autónomos.

c) La situación anterior se viene a reforzar con la propia posición de ambigüedad que muestran los líderes asamblearios de la región respecto de "la política", y por tanto en relación con determinadas formas de institucionalidad. Estas ambivalencias se refieren a las parálisis y omisiones que se tienen, en el ámbito de las asambleas, respecto de "la participación política" alternativa (esto es, la participación en posiciones de representación política y de debates que comprometan posiciones de un partido o agrupación política contestataria). Hay vivencias colectivas profundamente arraigadas que asocian la toma de dichas posiciones con un gran "riesgo":

[...] es un asunto en el que el proceso social siempre ha tenido limitantes, no se arriesga en ese escenario de participación política que genera dos asuntos graves: primero, no participar del poder local; pero segundo, se aplaza mucho más en invertir en cultura política [...] que es de las grandes demandas de un proceso social para la paz.

Yo lo llamaba en la conversación pasada "la paz política a la que aspiramos en esta región", que tiene que ver con una muy fuerte inversión en los nuevos gobernantes que piensen una región diferente y unas formas de participación en política diferentes [entrevista a Pedro Chica, 2007].

Y por tanto: "adolece o carece el proceso social de la formación de cuadros políticos para pelear, competir en la gobernabilidad pública" (entrevista a Rubén Darío Jaramillo, 2007).

En esas ambivalencias se dan dos tipos de vivencias, temores y representaciones colectivos: en primer lugar, la intolerancia política característica del país que da muestras permanentes de violencia.²⁷ Y en segundo lugar la idea expandida entre el común de la población y la juventud acerca de lo que significa "la política":

Nos han dejado como una idea errónea de lo que es la política. Entonces si usted le habla a un joven de política, inmediatamente se previene, y dice que eso sólo lo hacen los ladrones, los bandidos de cuello blanco. Esa es la idea inmediata que se hace un joven cuando usted le habla de política [entrevista a Yorman y Jennifer, jóvenes San Carlos, 2007].

El resultado de esta ausencia y de la debilidad que aún mantiene el proceso de participación política en la formación de ciudadanos se tiene a la vista en los resultados electorales recientes (finales del 2007) para alcaldías y concejos. Gana de manera aplastante la vieja maquinaria política. El proceso asambleario no ha podido remover nada en el campo de la democracia representativa y la cultura política que la domina, a pesar de haber actuado sistemáticamente en la elaboración de agendas ciudadanas, en el voto programático y en los diplomados para candidatos a alcaldías y concejos en la región.

d) La cooperación europea con su cantidad de "euros", y los dólares del préstamo que el Banco Mundial da al Estado colombiano para "la contrapartida" con que éste se asociaba en el Laboratorio de Paz, reforzaron la reorientación de las prioridades colectivas hacia la elaboración de "proyectos". En primer lugar, el cúmulo de las formalidades en formatos y requisitos jurídicos y organizativos que cualquier actor debe llenar para competir por los recursos, absorbió las energías colectivas en la elaboración de propuestas que la mayoría de las veces no pasaron.

En segundo lugar, "los euros" también fueron percibidos por los líderes del proceso social como factor que cambió las prioridades del proyecto regional: éstas pasaron de políticas a económicas. Lo que ahora prima en el panorama del "proyecto regional" son los proyectos de seguridad alimentaria y de producción de ingresos para los desplazados por parte del Estado nacional, y los proyectos en los ámbitos del "desarrollo", de la "gobernabilidad" y de la "cultura de paz" que muchas veces se perciben como oportunidades para la irrigación de actividades e ingresos en los municipios. De hecho hay un núcleo de líderes y pobladores que trazan fronteras en su identificación como "Laboratorio de Paz", para afirmar su identidad como "laboratorio de paz oriente antioqueño": "nosotros éramos laboratorio de paz desde antes que llegara la Unión Europea". Así se "desidentifican" del programa Laboratorio de Paz que denominan "euros" y frente al cual esperan sobrevivirán cuando este programa termine. La tensión se presenta así entre un programa institucional que se percibe como despolitizador, en la medida en que su efecto fundamental ha sido el de concentrar la atención de los actores locales y regionales en el acceso a los recursos económicos y en la factura de proyectos y el llenado de formalidades, frente a un proyecto político de construcción de territorio y sujeto político que tiene en la ciudadanía, la reconciliación y la provincia sus principales objetivos.

e) La participación del Estado nacional en el Laboratorio de Paz se concentra en el programa de Acción Social de la Presidencia para los desplazados y la población más vulnerable, programa que tiende a fragmentar las posibilidades de acción del colectivo, a orientar sus expectativas por visiones meramente asistencialistas y a reducir las posibilidades de sus proyectos a multitud de microatenciones de "seguridad alimentaria" o de "producción de ingresos" sin ninguna posibilidad de proyección a futuro. Además, con "sus clasificaciones" pretende fragmentar al gran actor social "víctimas", sectorizándolo en compartimentos estancos, cada uno de los cuales queda delimitado y restringido al acceso de sus derechos y beneficios por caminos jurídicos, organizaciones e instituciones especificas y diferentes unas de otras: unos son los desplazados, otros las víctimas de los paramilitares, otras las víctimas de las guerrillas y para rematar, las victimas del Estado no han sido aún reconocidas.

En otras palabras, la intervención de las instituciones públicas nacionales y departamentales y los organismos internacionales en "el desarrollo", "la gobernabilidad" y el drama "humanitario", tiende a despolitizar la orientación del proyecto regional general y a fragmentar las acciones de tal manera que, como acción de conjunto aquella no puede concentrarse en el norte propuesto por los actores subalternos de la región. Los efectos socioespaciales de ello son entonces dispersadores y despolitizadores.

En definitiva, la fuerza de las diferencias al interior del proyecto regional que propugna por la construcción de un Oriente, tiene dos caras: la que participa por él a través de ese "tercer espacio" que transversaliza las diferencias y que une en torno de un proyecto político de "provincia" en la integralidad de sus dimensiones materiales, políticas y simbólicas; y la que participa a través de la inercia de los poderes políticos y económicos tradicionales que, si bien en un momento clave posibilitaron el fortalecimiento de un proyecto regional, en los hechos lo mina desde adentro mediante lo que pudiéramos denominar también "una resistencia" a los objetivos políticos y de transformación que identifican públicamente al proyecto regional. La cooperación internacional fortalece procesos sociales y ciudadanos en espacios delimitados, pero dentro del ámbito de fuerzas general regional, acaba también haciéndole el juego al proceso despolitizador y fragmentador de las instituciones públicas nacionales.

 

NOTAS

* Este documento es el resultado de la investigación que, como parte de la agenda, desarrolla el Centro de Excelencia del Programa de Ciencias Sociales de Colciencias: Observatorio para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional (Odecofi), y como aporte del Grupo de Estudios del Territorio, del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia.

¹ Como guerrillas están: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos orígenes remontan a la década de 1960. Tuvieron en los departamentos de Santander, Antioquia y Arauca sus principales nichos históricos. Importantes líderes de esta agrupación procedían de la Iglesia católica: el "cura Pérez" (su cabeza durante las primeras décadas), el "cura Laín", y el padre Camilo Torres, los más visibles. Las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), también con orígenes en la década de 1960, de raíz campesina y con proximidades ideológicas en sus orígenes al Partido Comunista. Como paramilitares, tuvieron presencia en la región varios grupos pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

² En los conflictos sindicales concentrados principalmente en Rionegro —el centro regional— y en la empresa cementera Rio Claro, en zona rural apartada.

³ Para citar palabras de Doreen Massey: "espacio/espacialidad es la esfera del encuentro de múltiples trayectorias, la esfera donde ellas coexisten, se afectan entre sí, entran en conflicto". "Para reconocer la espacialidad se necesita conocer la multiplicidad que coexiste". Véase Massey, "Spaces of politics", Human Geography today, Doreen Massey, John Allen, Philip Sarre (eds.), Cambridge, Polity Press, 1999, pp. 281 y 283 (la traducción es mía).        [ Links ]

⁴ Joe Foweraker y Todd Landman, Citizenship Rights and Social Mouvements. A compared and statistical análisis, Nueva York, Oxford University, pp. 1–42.        [ Links ]

⁵ Queremos destacar del concepto de ciudadanía los aspectos subjetivos, tanto como los objetivos y los institucionales que contiene: "Ciudadanía es una categoría multidimensional [...] Implica una relación de pertenencia con una determinada comunidad política, una relación asegurada en términos jurídicos [...] pero también denota una forma de participación activa en los asuntos públicos" (Juan Carlos Velasco Arroyo, "Migraciones, ciudadanía y trasnacionalismo", en Javier de Lucas y Angeles Solanes (eds.), La igualdad en los derechos: claves de la integración, Madrid, Dykinson, pp. 355–386.        [ Links ]

⁶ Concepto desarrollado por John Agnew, "Representing space. Space, scale and culture in social science", en James Duncan y David Ley (eds.), Place/Culture/Representation, 1993.        [ Links ]

⁷ Entendemos por ello la acción colectiva que articula prácticas no violentas y que van dirigidas a socavar, o al menos ponerle algún tipo de obstáculo, al poder de quien domina y ejerce la violencia, a obtener un propio sentido de control desafiando el miedo, a reparar y recrear los elementos de cultura e identidad golpeadas o destruidas por la violencia que se usa como método para aplastar la voluntad, y a buscar soluciones a las deprivaciones de la guerra y al conflicto social (véanse Carolyn Nordstrom, A different kind of war story, University of Pensilvania Press, 1997;         [ Links ] Michael Randle, Resistencia civil. La ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos, España, Paidós, 1994;         [ Links ] Paul Routledge, Terrains of resistence. Non violent social movements and the contestation of place in India, Forword by John Agnew, USA, 1993.        [ Links ]

⁸ A diferencia de todos los "diálogos" que en el resto del país los alcaldes realizaban clandestina e individualmente.

⁹ Aglutina a los delegados de las asambleas locales y otras organizaciones sociales de la región.

¹⁰ Interconexión Eléctrica (ISA) y Producción y Comercialización de Energía (Isagen).

¹¹ Es el caso de la Asamblea Provincial, donde se elaboraban los puntos a incluir en el proyecto de "laboratorio de paz" a acordar con el gobierno central, material a negociar posteriormente con la Unión Europea.

¹² Es el caso de algunas de las acciones colectivas protagonizadas por las víctimas.

¹³ Es el caso de "los acercamientos humanitarios" adelantados por los alcaldes, con guerrillas y paramilitares.

¹⁴ Manuel Antonio Garretón, "Movimientos sociales y procesos de democratización", EXCERPTA, núm. 2, abril, Chile, Centro de Estudios Miguel Enríquez, 1996.        [ Links ]

¹⁵ Con la construcción de las hidroeléctricas nacionales, sus impactos socioculturales y económicos y el manejo político desconocedor de las comunidades afectadas, que tuvieron las empresas y el Estado.

¹⁶ Joe Foweraker y Todd Landman, Citizenship Rights and Social Movements. A comparative and statistical analysis, Nueva York, Oxford University, 2004, pp. 1–42.        [ Links ]

¹⁷ Promovieron y apoyaron la formación y generalización de las asambleas comunitarias locales con cuya fuerza hicieron frente a los actores armados y lograron concesiones por parte de ellos —tregua unilateral por seis meses, no asesinar pobladores, liberación de secuestrados—, crearon el hecho político de lograr una tregua unilateral de la guerrilla ELN y negociaron el Laboratorio de Paz con el gobierno nacional y la Unión Europea.

¹⁸ Concepto desarrollado por Edgard W. Soja Thirdspace, Londres, Blackwell, 1996.         [ Links ]

¹⁹ Edward W. Soja, ibid., retomando a Henry Lefebvre.

²⁰ Los conceptos de "representaciones del espacio" y "espacios de representación", forman parte de su teoría sobre el tercer espacio que Soja desarrolla sobre la base de la teoría espacial de Henry Lefebvre.

²¹ Ley 434 de febrero de 1998.

²² Como órganos orientados a coordinar la acción del conjunto de las entidades estatales en sus acciones por la paz y de los representantes de la sociedad civil de sectores orientados en el mismo sentido.

²³ Este tema está ampliamente tratado en Clara Inés García, Daniel Valderrama y Nicolás Espinosa, "Conflicto armado, geografías del poder y reconfiguración regional. Oriente antioqueño 1991–2008", Informe ODECOFI, Bogotá, Colciencias, diciembre, 2008.        [ Links ]

²⁴ Véase Clara Inés García, "Territorio y conflicto. Tensiones y tendencias de la transformación regional. El caso del oriente antioqueño", en Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado, Fernán González (ed.), Bogotá, ODECOFI/Colciencias/CINEP, 2008, pp. 173–193.        [ Links ]

²⁵ Hace 20 años la región vivió dos de estas situaciones: el exterminio de La Unión Patriótica (UP) y el del movimiento cívico regional contra la política pública de servicios de energía eléctrica.

En la historia reciente, la guerra entre guerrillas, paramilitares y Estado ha dejado cientos y miles de civiles y de líderes muertos.

²⁶ Evelina Dagnino, Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil, México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Estatal de Campinas, 2002        [ Links ]

²⁷ Por sólo referirnos a la historia nacional de los últimos sesenta años: a mitad de siglo murieron violentamente 200 mil ciudadanos en un enfrentamiento político–partidista entre los partidos tradicionales de poder. Se ha asesinado a cinco candidatos a la presidencia (dos de partido tradicional liberal y tres de grupos alternativos de izquierda). Se exterminó a la totalidad de un partido alternativo (la Unión Patriótica con más de seis mil militantes asesinados). En cada contienda electoral suben significativamente la tasa de los homicidios políticos. La criminalización de la protesta social es la regla. Y en el oriente antioqueño se exterminó en la década de 1980 al grupo de líderes cívicos que lideró el Movimiento cívico regional. En un país así, muchos líderes alternativos han optado por no identificarse con agrupaciones políticas de ninguna especie y denominar su trabajo como "cívico". De alguna manera el trabajo por "la ciudadanía" se sitúa también en esta frontera.