Memoria colectiva y conciencia social

 

Memorias sociales y Estado en Santa Fe, Argentina, 2003–2008*

 

Luciano Alonso**

 

** Profesor asociado ordinario de las Universidades Nacionales del Litoral (Santa Fe) y de Rosario (Rosario), Argentina. Departamento de Historia/CESIL–Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria Paraje El Pozo, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: lalonso@fhuc.unl.edu.ar.

 

Artículo recibido el 05–01–09
Artículo aceptado el 05–04–09

 

Resumen

El movimiento argentino por los derechos humanos fue particularmente exitoso en promover las memorias sociales sobre el terror de Estado de la década de 1970. Actualmente, la intervención en la materia de diversas agencias estatales pone en tensión la misma integración del actor colectivo. El presente texto analiza un caso particular a propósito de la puesta en escena de actos de memoria para apreciar los modos en los cuales la implicación estatal desplaza el protagonismo del movimiento de derechos humanos y diluye la memoria de las luchas pasadas.

Palabras clave: movimiento de derechos humanos, Estado, memorias sociales, políticas de la memoria.

 

Abstract

The Human Rights Argentine movement was particularly successful in the generation of social memories about the State's terror of 1970's. At the present time, diverse state agencies intervene in these matters and put in risk the integration of the collective actor. The present text analyzes a particular case about the staging of commemorations. Thus it estimates how the interference of the State displaces the Human Rights movement and dissolves the memory of the previous fights.

Key words: human rights movement, State, social memories, memory policies.

 

UNA IMPLICACIÓN ESTATAL RESPECTO DE LAS MEMORIAS DE LA REPRESIÓN

¿Cómo puede medirse el éxito o fracaso de un movimiento social en el marco de una determinada estructura de oportunidades políticas? ¿Es la progresiva institucionalización de alguna de las cuestiones por las que pugna el actor colectivo un índice de su reconocimiento social o la inclusión de sus demandas en la normalidad política lleva necesariamente a diluir sus cualidades de innovación y movilización? Sin duda, las respuestas que se den a esos problemas generales deben ser matizadas en función de contextos y temáticas concretas. Pero la aceptación parcial por parte de algunas agencias estatales de las demandas del movimiento por los derechos humanos en la República Argentina es un buen ejemplo de la forma en la cual las estructuras de dominación incorporan sesgadamente aspectos desarrollados por las agencias de resistencia, desactivando su potencial de subversión del orden y de construcción social alternativa. Esto es, de cómo el reconocimiento puede suponer un debilitamiento.

Contra una lectura simplista de esos procesos debe señalarse que aquello que generosamente llamamos "Estado" se encuentra fragmentado en dimensiones y densidades muy diversas, además de estar cruzado por proyectos y vínculos personales o colectivos e interpenetrado con asociaciones secundarias o empresas privadas. A su vez, actores contestatarios o al menos disidentes tienen posibilidades de aprovechamiento de instituciones de nivel inferior, muchas veces a contrapelo de las líneas políticas definidas desde los altos cargos de conducción. El Estado se (de)muestra así como un momento de la relación de fuerzas o como un campo configurado en función de pujas específicas, pero no como un actor corporativo o burocrático uniforme.¹

En el campo específico de las políticas de memoria sobre la represión del ciclo de movilizaciones populares de 1960–1970, diversas formas de intervención fueron adoptadas en los niveles nacional, provincial o local del Estado argentino por agencias encuadradas en la órbita de los respectivos poderes ejecutivos o legislativos, que se articularon con o se diferenciaron de los regímenes de verdad promovidos por el movimiento de derechos humanos o establecidos mediante procedimientos judiciales ordinarios o sui generis (como los "juicios por la verdad").² Todo ello, sin dejar de advertir que distintas dependencias estatales como reparticiones administrativas, escolares o militares tuvieron sus propias tendencias y formas de intervención en la materia por fuera de las decisiones de gobierno.

En las presentes páginas se analiza el desarrollo de homenajes a víctimas del terror de Estado desplegado en la década de 1970 y/o a militantes del movimiento social aludido en la ciudad de Santa Fe –ubicada en la zona del Litoral argentino–,³ hacia el periodo 2004–2008. Encuadrado en estudios más generales sobre la historia reciente del movimiento por los derechos humanos y su relación localizada con distintas dimensiones del Estado, este trabajo propone un acercamiento de corte etnográfico con técnicas de observación participante para identificar los nuevos componentes de un proceso de implicación del Estado en la producción y circulación de memorias sobre la represión.⁴ El estudio de los modos de escenificación puede mostrar la complejidad de las articulaciones entre las agencias estatales y otros actores, a la vez que dar cuenta de la fragilidad de un movimiento social que ha sido concebido a escala internacional como un modelo de resistencia.

Por cierto que el movimiento argentino por los derechos humanos fue particularmente exitoso en instalar una noción de justicia en amplios sectores sociales y brindar a otros actores elementos para pensar sus propios reclamos y su relación con el Estado.⁵ Durante 25 años colaboró en la ampliación de los márgenes democráticos del Estado de derecho, llevando adelante luchas incesantes contra la impunidad de los represores y por el establecimiento de un régimen de verdad sobre lo acontecido.⁶ El proceso de esos conflictos políticos e ideológicos se entrelaza con el devenir de las políticas estatales respecto de la verdad, la memoria y la justicia, que desembocó en los últimos años en la asunción de esas cuestiones pendientes por el Estado nacional.

Desde la restauración republicana de 1983 en adelante no hubo una política uniforme en materia de derechos humanos ni un modo de construcción de memorias sobre el particular que no estuviera sujeto a vaivenes, negociaciones y compensaciones. Si hubo una línea hegemónica en la esfera de los gobiernos nacionales desde un primer momento, ésta fue marcada por la llamada "teoría de los dos demonios", construcción imaginaria según la cual extremismos de signo político contrario y violencia equivalente se habrían abatido sobre una sociedad argentina desconocedora de las dimensiones del horror y mayormente ajena a la confrontación entre guerrillas izquierdistas y militares derechistas. Tal representación sirvió de base para el nuevo sentido común "democrático" hasta inicios de la década del 2000, acompañada inicialmente de medidas que buscaron desactivar la conflictividad militar exculpando a los criminales. Luego vendría la lenta emergencia de una nueva configuración imaginaria y una reactivación de las vías judiciales, en función de una nueva relación de fuerzas en la que la corporación militar prácticamente se vio imposibilitada de actuar como tal. El acceso en 2003 a la Presidencia de la nación de Néstor Kirchner constituyó un vuelco importante en la política de derechos humanos, en tanto el nuevo jefe de Estado se presentó a sí mismo como representante de una generación golpeada por el terror militar y promovió diversas iniciativas para generar memorias críticas sobre la represión y las conductas mayoritarias de la sociedad argentina durante la década de 1970.⁷ Pero también es correcto afirmar que ese éxito se inscribió en una secuencia temporal mayor iniciada con gestos o acciones de gobiernos anteriores y que se superpuso, articuló o contrapuso con las actitudes de muy diferentes agencias y niveles estatales.

Esa tendencia de conjunto puede ser interpretada como un proceso de normalización e institucionalización de los reclamos del movimiento argentino por los derechos humanos. Normalización en tanto intento de inscripción de esas demandas en la normalidad política, ajustándolas a reglas propias del Estado de derecho —lo que conllevó reiteradas tensiones al pretender el tratamiento de acontecimientos excepcionales con las tipificaciones de la legalidad republicana ordinaria. Institucionalización, porque supuso la canalización e incluso reorientación de las demandas por diversas agencias gubernamentales, asumiendo modos de relación sociopolítica concretos y estables garantizados por la estructura de la dominación estatal.

El caso de la ciudad y provincia de Santa Fe no fue ajeno a este proceso general. El distanciamiento inicial de las agencias estatales locales y provinciales respecto de las demandas específicas del movimiento de derechos humanos fue cambiando poco a poco desde 1995–1996, a tono con una coyuntura nacional favorable al tratamiento de esos temas y con el impulso de una nueva etapa de movilización social, marcada por la emergencia en la localidad y en otros centros urbanos del país de la agrupación de derechos humanos Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).⁸ Comenzó entonces a perfilarse la instalación de esos problemas en ámbitos como el educativo, aunque recién hacia el 2003 se asistiría a la formación de agencias estatales especializadas en la materia.

En diciembre de ese año asumió por segunda vez la gobernación de la Provincia el justicialista Jorge Obeid,⁹ quien había sido el responsable de la Regional Santa Fe de la agrupación Montoneros en la década de 1970 y se había exiliado durante la etapa de terror abierta con el gobierno nacional de María Estela Martínez de Perón y profundizada con la dictadura militar. En una anterior gestión de 1995–1999 ya había prestado colaboración a colectivos de ex detenidos y compañeros de las víctimas de la represión en lo que hacía a la búsqueda e identificación de cuerpos, pero en plena década menemista su papel fue soterrado y de escasa trascendencia. Su retorno a la primera magistratura provincial se produjo en momentos en los cuales la instalación de las memorias sobre la dictadura comenzaba a asumirse como política de Estado a escala nacional. Su segunda gestión comenzó a utilizar el lema "En Santa Fe los Derechos Humanos son una Cuestión de Estado" y se creó una Secretaría de Estado dedicada a la materia, a cargo de Domingo Pochettino durante el periodo 2003–2007.

El nuevo organismo desarrolló su accionar en un amplio espectro de temas, tomando en consideración las cuestiones relativas a la represión y sus secuelas en el marco de una concepción abarcadora de los derechos humanos. Además de sus acciones sobre la niñez, la identidad o el género,¹⁰ la Secretaría se mostró muy activa en el diseño de una política de memoria que rescataba el recuerdo de los militantes revolucionarios de la década de 1970. En conjunto con diversos actores institucionales como sindicatos, universidades, áreas legislativas y otras dependencias del Poder Ejecutivo, pero sobre todo con el concurso de colectivos de ex detenidos, promovió actos y ediciones sobre las víctimas de la represión. Poco a poco, la flamante repartición fue realizando convenios con otras organizaciones no gubernamentales distintas de las actuantes en la zona santafesina y estableciendo vínculos con sectores políticamente afines.¹¹ En octubre de 2006 Obeid anunció la creación de un Archivo Provincial por la Memoria a cuyo frente estaría Pochettino, destinado a documentar el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el 16 de septiembre de 1955 en adelante.¹²

La intención de los agentes que ocupaban las estructuras del Estado de tomar a su cargo la elaboración de un relato histórico uniforme sobre la represión se transparentó en la creación de una "Dirección Provincial de Reconstrucción de la Memoria Histórica" bajo dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que esas acciones se realizaron desde el primer momento en el marco de una "peronización" discursiva que recuperó sin mayor autocrítica los tópicos setentistas —el enaltecimiento de Eva Duarte de Perón, la militancia peronista como genuinamente popular y otros– y que a la vez eludieron todo cuestionamiento a la gestión económica y social de los gobiernos nacional y provincial, el movimiento por los derechos humanos se encontró frente a la imposibilidad de conjugar acciones con esas reparticiones si quería mantener una línea crítica y autónoma.

En ocasiones se entró en una suerte de competencia en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, como cuando al mismo tiempo que las agrupaciones de derechos humanos y el sindicato docente provincial mayoritario convocaban a un concurso de investigación, la Secretaría llamaba a otro de expresión artística destinado a establecimientos educativos.¹³ Resultó asimismo irritante para las agrupaciones que los abogados que se desempeñaban sin retribución en su ámbito se alejaran para concertar contratos con las dependencias oficiales, muchas veces para actuar contra las opiniones de sus anteriores compañeros.¹⁴ Contra la insistencia del movimiento, no hubo una política integral de protección a testigos de causas vinculadas con el terrorismo de Estado ni se dio tratamiento parlamentario a un proyecto sobre el particular presentado por un partido opositor, al tiempo que siguieron desempeñándose en diversos niveles del Estado funcionarios políticos vinculados a la dictadura militar.¹⁵

La situación suscitada en el periodo 2003–2007 podría ser considerada paradógica: el Estado provincial avanzó en el establecimiento de formas de intervención pública para la promoción de las memorias sociales sobre el terror de Estado, pero eso no se realizó en el marco de una política coherente de derechos humanos ni se reflejó en el apoyo del correspondiente movimiento social a ese gobierno.

 

LOS HOMENAJES A LAS VÍCTIMAS DEL TERROR DE ESTADO

Como lo destacara Ludmila da Silva Catela, los homenajes a detenidos–desaparecidos que empezaron a desarrollarse en Argentina hacia 1994–1996 conformaron una nueva práctica en la cual los recordados fueron en general presentados como seres ejemplares al modo de "mártires sacrificados". En la mayor parte de esos actos de memoria llamaba la atención la escasa o nula visibilidad de figuras obreras frente a la individualización de intelectuales, periodistas o religiosos, al tiempo que se generó una forma específica de acto en homenaje a desaparecidos del movimiento estudiantil y de los cuerpos docentes, aunque no faltaron "proyectos 'englobantes' (...) en nombre de y para todos los desaparecidos".¹⁶

Ese formato de acto conmemorativo se caracteriza aún hoy por la muestra de cuadros, pancartas o paneles con las fotos de los desaparecidos o asesinados e información sobre ellos, la lectura de discursos y de notas de adhesión, la presentación de obras de teatro o de conjuntos musicales, la inauguración de esculturas u otras marcas territoriales y el descubrimiento de placas con listados de nombres. La reconstrucción de la trayectoria individual de cada uno de los homenajeados supone un ejercicio de memoria con el recurso a fotografías, escritos de variada procedencia y testimonios de quienes los conocieron. Durante toda la segunda parte de la década de 1990 esos actos corrieron principalmente a cargo de organismos de derechos humanos e incluso allí donde había una fuerte presencia de los compañeros de los caídos el movimiento tenía una participación preeminente.

El primer homenaje realizado en la ciudad con ese formato fue el concretado el 23 de marzo de 1998 en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su organización estuvo a cargo de una Comisión por la Recuperación de la Memoria formada especialmente. En su transcurso se produjeron incidentes, al reaccionar algunos de los asistentes frente a la concurrencia del gobernador Obeid –que por entonces promediaba su primer mandato–. Los militantes de HIJOS y de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe (Madres) se opusieron tajantemente al intento de expulsar a Obeid del recinto, alegando que más allá de sus discrepancias no podían negarle la posibilidad de participar del acto.¹⁷ Aunque el movimiento no fue el responsable exclusivo del homenaje, tanto las acciones y los discursos como la solución del conflicto generado implicaron la participación principal de sus miembros.¹⁸

Se desarrollaron en lo sucesivo diversos actos recordatorios con similar formato, que no alcanzaron la misma envergadura. Además, las diferencias de las agrupaciones de derechos humanos y particularmente de HIJOS con otros actores locales se multiplicaron tras la realización de escraches por parte de ese organismo.¹⁹ A partir del segundo año del gobierno de Néstor Kirchner —primero de la nueva gestión de Obeid—, los homenajes estuvieron organizados por colectivos de ex detenidos con el auxilio de las estructuras estatales. Seis actos producidos entre noviembre de 2004 y octubre de 2006 nos permiten apreciar los modos de una intervención gubernamental indirecta; son los realizados el 11 de noviembre de 2004 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, el 10 de diciembre del mismo año en la Escuela de Servicio Social de la Provincia, el 9 de septiembre de 2005 en la Universidad Católica de Santa Fe, en 2006 el 14 de agosto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL –conocida como "Facultad de Derecho"–, el 15 de septiembre en el ex Colegio Nacional "Simón de Iriondo" –hoy Escuela de Enseñanza Media N° 440— y el 25 de octubre en la Escuela Normal Superior N° 32 "General San Martín", estos dos últimos establecimientos secundarios de jurisdicción provincial.

Hubo pautas comunes, como la exhibición de paneles con datos sobre los homenajeados, discursos, presentaciones de grupos musicales o teatrales, descubrimiento de placas recordatorias y distribución de folletería alusiva. Los actos en sí respondieron a las formas de un rito reiterado, corriendo por una línea fundamentalmente emotiva. La lectura de la lista de los homenajeados se respondió en todos los casos con el grito de "¡presente!" y las actividades culturales recuperaron tópicos caros a una memoria de las luchas populares. Desde el primero se apreció una participación destacada de ex compañeros de los caídos y de la Secretaría de Derechos Humanos, pero tanto la exposición pública de ellos como la presencia del organismo oficial fueron variables. Para la difusión de los encuentros se construyó una página electrónica de acceso libre por la internet, que se fue actualizando conforme se sucedían los actos.²⁰

Los organismos oficiales apoyaron los eventos con organización, información y recursos. La Imprenta Oficial de la Provincia colaboró con el aporte de una gráfica uniforme, aunque sólo en una oportunidad apareció su mención y en otra la de la Secretaría.²¹ Los tópicos o constantes de las intervenciones orales fueron: a) la apelación al restablecimiento de una verdad sobre lo ocurrido, b) la invocación de una memoria, c) el reclamo de justicia, d) el rescate de la lucha emprendida por los homenajeados a favor de una sociedad más justa, y e) la defensa de la democracia por oposición a los crímenes del terror de Estado.

Pero más allá del formato general, se registraron variaciones sustanciales. En algunos casos se incluyó sólo a estudiantes y docentes muertos y desaparecidos por la dictadura militar de 1976–1983 y en otros se atendió al período de terror estatal del gobierno justicialista de 1973–1976.²² Los actos de las facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL se distinguieron por la carencia de toda referencia precisa a los homenajeados, diluyéndose su militancia en apelaciones generales a la lucha por una sociedad mejor.²³ Fueron también los homenajes más formales, con profusa asistencia de funcionarios de distintas reparticiones oficiales de la Provincia y de la Universidad. El segundo supuso también la instalación discursiva de un imaginario compartido por los convocantes sobre el papel desempeñado por los abogados, que contra toda evidencia se planteó como fundante del mismo movimiento de derechos humanos.²⁴ El acusado formalismo de las jornadas, la evocación cerrada en la corporación de los juristas y abogados, así como la absoluta ausencia de un discurso político que fuera más allá de la retórica sobre el Estado de derecho –ensalzado en sus instauraciones de 1973 y 1983—, suscitaron la crítica de miembros de agrupaciones de derechos humanos.

El homenaje en la Universidad Católica de Santa Fe tuvo el mismo carácter adocenado de los precitados y multitud de participaciones oficiales, con el agravante de una coexistencia de discursos contradictorios. Se inició con la lectura de un texto sobre la memoria atribuido inicialmente al Subcomandante Marcos y luego a dos compañeros de los homenajeados.²⁵ No sólo intervinieron parientes de los caídos, sino que se invitó a participar a la agrupación HIJOS que se encontraba en esos momentos en proceso de reconstitución. En el texto colectivo que leyeron los representantes del organismo se enfati–zaron los crímenes cometidos desde el Estado con referencia a la represión, secuestro, torturas y asesinatos, y la lucha de sus padres por la igualdad. Por el contrario, en el discurso del rector de la UCSF —el último antes de la actuación de un coro con la cual se cerró el acto— primaron términos como "paz", "respeto", "solidaridad", "verdad", "justicia" y "memoria", en una alocución en la cual se insistió en el rechazo de toda violencia para resolver los conflictos sociales y se abogó por la serenidad y el fortalecimiento de la democracia. A su vez, el Centro de Estudiantes de Derecho de la UCSF distribuyó una hoja fotocopiada con una "Oración por la Patria" que pedía la "...valentía de la libertad /...para amar a todos sin excluir a nadie" y "...la sabiduría del diálogo / y la alegría de la esperanza...".²⁶

En este caso la denominación de las agrupaciones a las que pertenecían los caídos se incluyó en el folleto desplegable, que tuvo una primera edición con 28 entradas y pie de publicación de la Imprenta Oficial de la Provincia, fechado en "otoño de 2005". En una segunda edición se llegó a 39 homenajeados, desapareciendo la referencia del impresor. Aunque los organizadores se presentaban simplemente como compañeros de los caídos, el diario El Litoral, que no había informado sobre otros actos, sacó una pequeña entrada en la cual anunciaba que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia realizaría el homenaje.²⁷

En la Escuela de Servicio Social se asistió a un más logrado intento de recuperar la militancia de cada uno de los nombrados, pero con errores en la denominación de agrupaciones que denotaban los límites de la memoria sobre los conflictos pasados.²⁸ Además de rescatarse a los caídos en tanto militantes y enfatizar la idea de un proyecto de país derribado con ellos, se cortó la calle para dar mayor publicidad a la actividad.

Los homenajes que más debían ajustarse a los parámetros de las agencias estatales por responder a una forma determinada por el Ministerio de Educación, o sea los del ex Colegio Nacional y de la Escuela Normal, fueron sin embargo aquellos en los que se expresaron más claramente las cuestiones relativas a las militancias pasadas y que aparecieron mejor articulados con los organismos de derechos humanos. En tanto actos escolares, las direcciones de los establecimientos tuvieron un papel muy destacado en su organización, por lo que llamativamente podría afirmarse que las intervenciones dispersas de agentes estatales habilitaron discursos algo más explícitos que los promovidos desde la Secretaría de Derechos Humanos y los agentes asociados.

En el ex Colegio Nacional se representó antes del homenaje una obra dramática de contenido impactante, que recreaba una sesión de tortura. El acto en sí se realizó en el patio, con la presencia masiva de los estudiantes del turno matutino, y en el escenario se ubicó una caricatura en alusión a los dictadores. La primera participación estuvo a cargo de cinco docentes que presentaron un proyecto de recuperación de memorias como modo de intervención pedagógica en el colegio. La segunda consistió en la lectura de un escrito por parte de la presidenta del Centro de Estudiantes, que no sólo remarcó la importancia del conocimiento sobre los crímenes de Estado sino que terminó su discurso con frases fuertemente deudoras de la semántica identitaria de HIJOS y otras agrupaciones de derechos humanos: "No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Por nuestros 30 mil hermanos".²⁹ Luego vino el turno de dos familiares de los homenajeados –identificadas claramente como profesoras de historia y ex integrantes del movimiento de derechos humanos– que leyeron un texto en el que se hacía referencia a la memoria como constructora de hechos sociales y la necesidad de una agencia social continua, aludiendo al compromiso revolucionario de sus padres. El folleto respectivo salió un tanto de la línea seguida hasta el momento e incluyó un dibujo de un alumno del establecimiento y una cita del historiador italiano Alessandro Portelli sobre la reivindicación de justicia y verdad como modo de mantener abierta la memoria.³⁰

En el caso de la Escuela Normal Superior, el acto se realizó fuera del horario escolar y en la masiva concurrencia predominaron los familiares o compañeros de los homenajeados por sobre los alumnos del establecimiento. La folletería no sólo llevó pie de la Imprenta Oficial sino que en su frente se incorporaron los logotipos de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y del gobierno de la provincia.³¹ La representación teatral se incluyó dentro del acto en sí, con una estética formalista, y el lugar central de las alocuciones correspondió a integrantes de Madres Santa Fe. El discurso leído por la presidenta del Centro de Estudiantes Secundarios fue fuertemente deudor del presentado en el ex Colegio Nacional y en general de las conversaciones previas con integrantes de HIJOS —de lo cual se dejó constancia en su lectura—, con algunas variaciones de importancia. Por un lado, un mayor énfasis en la democracia actual y sus posibilidades, conjugada con la esperanza en una "Patria Libre" y un "País sin exclusión"; por el otro, un final en el cual se rezaba: "No a la ley de Obediencia Debida. No a la ley de Indulto y Punto Final. No olvidamos. No Perdonamos. NUNCA MÁS".³²

Solamente en un caso, entonces, se mencionó explícitamente a "la revolución", aunque más no fuera de manera tangencial. Como presencia constante de un silencio, hay que señalar que en ninguno de los actos se hizo mención a la lucha por el socialismo, aunque vagamente se aludiera a las aspiraciones a la igualdad y a la justicia social. En todos, se trató a los homenajeados como "luchadores por la democracia", un concepto poco relevante en el campo semántico de los sesenta y setenta si no iba adjetivada como popular, proletaria, socialista o expresiones por el estilo.

En todos los actos, la realización de los recordatorios se vio facilitada por la articulación entre áreas del gobierno, los ex detenidos o sus allegados y autoridades de instituciones educativas, con la eventual participación de actores vinculados al movimiento por los derechos humanos. Para llevarlos a cabo se fue documentando la trayectoria de distintos militantes santafesinos abatidos por el terror de Estado, mediante procedimientos de pesquisa documental y recogida de testimonios. Un equipo contratado por la Secretaría de Derechos Humanos compiló luego un volumen de factura colectiva que reunió historias de vida, recuerdos y fotografías de los homenajeados, con la promesa de un volumen subsiguiente y la clara implicación del Estado en la producción de conocimiento con pretensiones de veracidad.³³

 

DISTINCIONES Y RECORDATORIOS: LAS MISMAS TENSIONES CON OTRO GOBIERNO

En el marco de los recordatorios por los 30 años del golpe de Estado, los homenajes a las víctimas de la represión se alternaron en muchas localidades del país con actos de reconocimiento a la resistencia de los organismos de derechos humanos. En Santa Fe las discrepancias entre el movimiento y el gobierno justicialista frustraron esa posibilidad. Las tensiones llegaron a tal punto que Madres Santa Fe no concurrió a los homenajes que les ofrecieron la Gobernación y la Cámara de Diputados en marzo de 2006 y abril del 2007. ³⁴

Aquietada la frecuencia de eventos hacia el 2007, el recambio de gobierno del 10 de diciembre de ese año implicó una renovación en la forma de intervención estatal. Las elecciones provinciales y municipales fueron ganadas por el Frente Cívico y Social, amplia alianza electoral centrada en el Partido Socialista y en grupos de la Unión Cívica Radical que abarcaban desde la activa participación de la derecha con el Partido Demócrata Progresista hasta un menos trascendente apoyo por izquierda del Partido Comunista. Diversos indicios podían sugerir una profunda implicación de las nuevas autoridades con los intereses del movimiento de derechos humanos y con el desarrollo de memorias sobre la represión: la vicegobernadora Griselda Tessio se había desempeñado en modo destacado como fiscal federal en causas referentes al terror estatal, al tiempo que la gestión socialista había creado el primer "Museo de la Memoria" del país 2001 en la órbita de la Municipalidad de Rosario y un "Bosque de la Memoria" en el parque Scalabrini Ortiz de esa ciudad.³⁵

A tono con un intento de acercamiento, el tradicional acto conmemorativo del 24 de marzo de 2008 fue convocado por las agrupaciones de derechos humanos, pero en realidad organizado conjuntamente con la municipalidad y el gobierno provincial. Las reparticiones oficiales aportaron volantes, sonido, iluminación, personal y presumiblemente hasta el cachet de los artistas participantes. Una locutora oficial guió el acto, indicando a los presentes las actividades a realizar a cada momento. Cuando un grupo de militantes de la Federación Juvenil Comunista quemó un muñeco que representaba a un represor, se lo llamó a silencio y la pantalla gigante de video no transmitió imágenes del acontecimiento. Asistieron las máximas autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Hermes Binner y la vicegobernadora, y recibieron un especial agradecimiento. Las consignas y los discursos giraron mayormente sobre el concepto de democracia, aunque los organismos reunidos en el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia leyeron un discurso consensuado en el que se mencionaban multitud de antecedentes de las luchas populares y revolucionarias.³⁶

Luego de eso, las afinidades del movimiento por los derechos humanos con las autoridades fueron limitadas y hasta tangenciales. En el mes de agosto la histórica dirigente de Madres Santa Fe, Celina "Queca" Zeigner de Kofman, recibió una distinción de la Cámara de Diputados de la Nación, a instancias de un legislador del Partido Socialista.³⁷ Más tarde se produjeron algunas diferencias de criterio entre el gobierno y el movimiento santafesino, fundamentalmente respecto de la marcha de los juicios a represores y del papel a cumplir por la Secretaría de Derechos Humanos –rebajada de rango por la nueva administración, que la incluyó dentro de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las discrepancias se tornaron más evidentes frente a los festejos en torno al 10 de diciembre de 2008, cuando se cumplieron 25 años del llamado "retorno a la democracia" en Argentina y 60 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para ese momento la colocación de marcas territoriales había asumido formas novedosas en varias ciudades del país. La identificación de centros de detención, de lugares donde habían sido asesinadas víctimas del terror de Estado o de ámbitos en los cuales militaron o vivieron detenidos–desaparecidos, comenzó a realizarse con intervenciones urbanas llamativas. Placas de cerámica multicolores, aplicaciones de vidrio y metal, cartelerías con diseños de avanzada y otras formas movilizadoras y sugerentes fueron desarrolladas por actores plurales, muchas veces vinculados a colectivos de ex detenidos y a agrupaciones de derechos humanos, pero otras pertenecientes a diversas dependencias estatales o comisiones autárquicas. Con la intervención de artistas plásticos y diseñadores, o con la participación colectiva de vecinos, amigos y parientes, se fueron fijando elementos materiales que actúan como recordatorios muy diferentes de las placas oficiales.³⁸

Para el 10 de diciembre citado el gobierno provincial organizó el acto de colocación de una placa en la sede de la Comisaría 4ta. de la ciudad de Santa Fe, que había servido como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. El recordatorio fue altamente ritualizado, con la presencia de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y la actuación de un coro universitario. La placa descubierta no incluyó alusiones al terrorismo de Estado pues los representantes del gobierno en la comisión consultiva que trata sobre políticas de memoria en la Secretaría de Derechos Humanos se negaron a incorporar esa expresión.³⁹ En el momento álgido del acto se manifestaron tensiones, cuando las autoridades obligaron a quitar volantes contrarios a un senador provincial que habían sido pegados junto a la placa,⁴⁰ o cuando los asistentes corearon los nombres de los homenajeados produciendo una alteración en el protocolo. Pero las discrepancias quedaron en mayor evidencia cuando tras finalizar el acto se retiraron el gobernador y la vicegobernadora, mientras gran parte de los militantes se quedaba en el lugar y hacía uso del micrófono para apelar abiertamente a la identidad política de los caídos y denunciar las inconsistencias de la política oficial, especialmente en un discurso leído por una integrante de la agrupación HIJOS.⁴¹ Al contrario del intento de integración del 24 de marzo, ahora la palabra disruptiva quedaba fuera de la escenificación oficial.

El mismo día los niveles provincial y municipal del Estado organizaron homenajes en los que no se incluyó a los organismos de derechos humanos con actuación en la ciudad. En Santa Fe el gobierno municipal agasajó a ex integrantes de la APDH como miembros de la "primera agrupación santafesina de derechos humanos" –en una errónea atribución de precedencia–, en tanto que el provincial hizo lo propio con ex integrantes de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en la ciudad de Rosario. A lo largo de la semana se realizaron diversas actividades bajo organización de la Municipalidad de Santa Fe, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la Comisión Provincial de Memoria y Justicia y el Senado de la Provincia de Santa Fe, en una demostración de la articulación entre diversas dependencias estatales en la promoción de la memoria. En todos los casos los repertorios discursivos se apuntalaron nuevamente sobre la noción de "democracia", estableciendo un contrapunto con la "dictadura" y evacuando toda referencia concreta a las movilizaciones y luchas que ésta vino a clausurar.⁴²

Los modos de implicación del Estado en la escenificación de las memorias sobre la represión variaron en cierta medida entre la gestión justicialista y la socialista/radical, con una mayor articulación con los colectivos de ex detenidos en la primera y una organización consultada con distintos actores pero de decisiones más centralizadas en la segunda. Pero ambas experiencias pueden ser pensadas en el sentido de una asunción por parte del Estado de la organización de los actos y de la colocación de marcas territoriales. Las dos se inscriben en un movimiento general de paso entre el desentendimiento oficial respecto de la generación y circulación de memorias sobre la represión —en articulación con la difusa noción de "derechos humanos" y con el problema de las reparaciones y la aplicación de justicia—, a una implicación activa que incluye la formación de unidades administrativas especiales a tales fines y la ritualización de homenajes y distinciones.

 

CONCLUSIÓN PROVISORIA: QUÉ MEMORIAS Y QUÉ OLVIDOS

Aunque se trate de un proceso abierto, la tendencia reseñada muestra una suerte de "estatización de la memoria", mediante la progresiva inclusión de cuestiones relativas a los recordatorios del terror de Estado en las agendas oficiales. A veces con el concurso de actores vinculados a una gestión o a otra, organizadas por niveles o instituciones gubernamentales muy diversas, las escenificaciones estatales de la memoria han reemplazado en la localidad las convocatorias antes autónomas y contestatarias del movimiento por los derechos humanos. Las intervenciones aquí analizadas supusieron mayormente una dilución de todo contenido político en la alusión a las agrupaciones setentistas y una disminución progresiva de la participación de las agrupaciones, que culmina en su ausencia o en una participación disminuida. La omnipresencia de la noción de democracia en esas escenificaciones es correlativa a la ausencia casi total de conceptos como revolución, socialismo o liberación.

Quizás en el abandono parcial de las denominaciones que identificaban a los caídos, en la absoluta falta de alusión a que casi todos ellos habían abrazado la lucha armada, en los pequeños deslices de la memoria respecto de los nombres de sus agrupaciones se pueda apreciar uno de los grandes triunfos del terror de Estado y el correlativo abandono de toda perspectiva antisistémica por ex militantes setentistas devenidos en funcionarios. Es cierto que la misma pluralidad de los actores individuales y colectivos que convocan a ese tipo de actos impone que, en función de la diversidad actual y de la unidad contra el terror pasado,⁴³ se dejen de lado los recuerdos puntuales que aludirían a anteriores divisiones o que representan líneas de acción política alejadas de las que hoy predominan. Es también habitual que muchos de los familiares que aportan datos para una mínima reconstrucción de la vida de los detenidos–desaparecidos y asesinados no deseen recordar la parte más conflictiva, que hace a la opción por la resistencia armada.

Pero sería no sólo injusto sino también incorrecto leer esa clausura del sentido de las luchas pasadas como resultado de transacciones personales o puro efecto de la hegemonía política de uno u otro conglomerado electoral. En 1987 Perry Anderson sintetizó los resultados del terror estatal y de la derrota de los proyectos populares de una manera que permite comprender ese halo general de amnesia que nubla los homenajes recientes:

Hoy en día el socialismo se ha transformado virtualmente en un término tabú en la política sudamericana (...) Las relaciones de producción capitalistas se volvieron mental y materialmente intocables por el momento, bajo la amenaza de una vuelta al terror militar si dichas relaciones llegasen a ser puestas en juego (...) en su conjunto —políticamente, podríamos decir— estas experiencias (de terror de Estado) han sido exitosas respecto de su objetivo final. Su mensaje a las clases populares fue este: "pueden tener democracia si respetan al capitalismo, si no lo aceptan, se quedarán sin democracia y tendrán que seguir aceptándolo de todos modos". / Este mensaje ha sido escuchado.⁴⁴

Con seguridad que esa observación no es tampoco explicitación de una causa suficiente, pero nos obliga a tener en cuenta la llamativa desaparición de toda mención a la revolución y el socialismo no sólo con referencia al futuro, sino incluso al pasado. El actual bloqueo discursivo asume la ideología de los derechos humanos y la apelación a la democracia como cierre de todo debate genuino sobre lo ocurrido. En ese sentido, el movimiento social ha colaborado en la afirmación de un imaginario democrático, pero el conjunto de las representaciones hegemónicas quedó con enormes silencios.

La gran mutación del papel del Estado frente al movimiento de derechos humanos –que tuvo en nuestro país una centralidad en la resistencia distinta de su papel en otros Estados sudamericanos– hace que este último se presente cada vez más descentrado en la organización de los homenajes, en su participación y en la presencia de sus discursos. En casos como el de Santa Fe, el establecimiento de la agenda de los recordatorios y sus puestas en escena quedan ahora en manos de otros actores, como son las agencias estatales o las instituciones educativas oficiales o privadas —que por definición de su papel sociopolítico se alejan del imaginario de cambio revolucionario de aquellos a los que se homenajea. El reconocimiento de una demanda culmina así en un soslayo de quienes mantuvieron viva esa memoria social.

Los militantes setentistas participaron de imaginarios revolucionarios y socialistas; diríamos hoy, emancipatorios. Los nombres de sus agrupaciones y la historia de sus derrotas son parte de su lucha contra la injusticia. El terror de Estado acabó con sus vidas y clausuró ese horizonte; clausura que se reitera en nuestros reflejos condicionados al silencio y en la confianza en que el Estado se ocupará de su memoria de manera efectiva. Al respecto es oportuno recordar un célebre y terrible diálogo entre un torturador y un torturado, incluido en una famosa novela de George Orwell. Allí, en un marco de estatización no ya republicana sino totalitaria, se dice que: "El que controla el pasado controla el futuro; y el que controla el presente controla el pasado... ¿dónde existe el pasado?... En la mente. En la memoria de los hombres".⁴⁵

 

NOTAS

* El presente trabajo se inscribe en las acciones del Proyecto CAI+D 2006 Acción y dispositivos de control social en el escenario santafesino, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, y es derivación de los temas tratados en una tesis de maestría con orientación en sociología política dirigida por el doctor Waldo Ansaldi.

¹ En sentidos diferentes, abonan esta visión general sugerencias de Michel Foucault, Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977–1978), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006,         [ Links ] clases del 1 y 8 de febrero de 1978, y Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978–1979), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 95–96,         [ Links ] y de Pierre Bourdieu, El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, caps. 3 y 8.        [ Links ]

² Los "juicios por la verdad" o "juicios de la verdad histórica" fueron una estrategia adoptada a iniciativa de una docena de fiscales federales argentinos para reanudar investigaciones sobre el terror de Estado cuando ya se había cerrado la vía judicial con las leyes exculpatorias del periodo radical de Raúl Alfonsín (23.492 de caducidad de plazos en 1986, apodada de "Punto Final", y 23.521 en 1987, de "Obediencia Debida") y los decretos del justicialista Carlos Menem (10.022 de paralización de procedimientos pendientes en 1989 y 2.746 de indulto a los condenados en 1990). Legalmente estas acciones tenían escaso sustento y su efecto práctico era nulo porque no conducían a la imputación y juzgamiento de los represores, pero las pruebas reunidas resultarían de principal importancia años después, cuando se rehabilitara la posibilidad de persecución judicial de los crímenes de Estado.

³ La ciudad de Santa Fe es la capital del tercer Estado provincial argentino, que lleva el mismo nombre y contaba en 2001 con más de tres millones de habitantes (una cuarta parte de la población de la Provincia de Buenos Aires y casi la misma cantidad que la de Córdoba). La población del Departamento La Capital (ciudad de Santa Fe y localidades cercanas) llegó en ese año a 489.505 habitantes (fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, http://www.indec.mecon.ar/).        [ Links ]

⁴ La observación participante se utilizó para el estudio de todos los actos reseñados. Agradezco la colaboración de María Virginia Pisarello y a Araceli Boumerá en el relevamiento de los actos de la Universidad Católica y del ex Colegio Nacional, respectivamente, así como a Andrea Raina el aporte de materiales documentales sobre el de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a Xenia Alonso la cobertura fotográfica del acto de la Escuela Normal Superior. La documentación citada corresponde a la recogida para esas oportunidades, reunida en la Facultad de Humanidades y Ciencias –UNL–, o a publicaciones de circulación masiva.

⁵ Sebastián Pereyra, "¿Cuál es el legado del movimiento de derechos humanos? El problema de la impunidad y los reclamos de justicia en los noventa", en Federico L. Schuster et al., Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2005.        [ Links ]

⁶ Según autores tan poco dados a una concepción "dura" de la verdad como Michael Hardt y Antonio Negri: "Determinar y hacer pública la verdad del pasado reciente —atribuyendo a los funcionarios estatales la responsabilidad de actos específicos y, en algunos casos, exigiendo reparación– se presenta ... (tras una experiencia de terror de Estado) como la inevitable condición previa para cualquier futuro democrático..." (Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2001, p. 151).        [ Links ]

⁷ Aunque este aspecto no se desarrolle en el presente escrito, es importe destacar que el gobierno kirchnerista desplegó una profusa actividad en materia de memorias sobre el terror de Estado mediante actos públicos, ediciones de libros y discos, constitución de museos y memoriales, instalación de placas en ámbitos donde funcionaron centros de detención y otras acciones. Se carece aún de un análisis integral de esa política, pero algunos elementos pueden apreciarse en la secuencia de actos conmemorativos de los 30 años de la dictadura (cf. v.g. Diario La Nación, 10, 15, 16, 23 y 25 de marzo de 2006).         [ Links ] Para la socióloga Maristella Svampa, la política de memoria del kirchnerismo respondía —o responde, de entender su continuidad en la presidencia de Cristina Fernández— a una estrategia de "doble discurso", en tanto "Kirchner se acuerda del pasado, pero no del presente" y desarrollaría una represión selectiva de las protestas sociales (Diario La Nación, 30 de septiembre de 2006).        [ Links ]

⁸ Sobre esa agrupación me remito a Luciano Alonso, "Repertorios de acción y relaciones institucionales en HIJOS Santa Fe, 1995–2003", Temas y Debates, núm. 9, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Rosario, UNR, 2005.         [ Links ] Los organismos de derechos humanos de la localidad fueron Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales (Familiares, con actuación desde 1977–1979 a la actualidad), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, 1981–1986), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH, 1983 a la actualidad), Madres de Plaza de Mayo (Madres, 1987 a la actualidad) e HIJOS (1995 a la actualidad). Sobre el movimiento santafesino, cf. Luciano Alonso, "Variaciones en los repertorios del movimiento por los derechos humanos de Santa Fe", en Adrián Scribano (comp.), Geometría del conflicto. Estudios de acción colectiva y conflicto social, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados de la UNC/Universitas, 2005,         [ Links ] y "El movimiento por los derechos humanos: un actor cambiante", en Gabriela Águila y Óscar R. Videla, El tiempo presente, tomo 12 de la Nueva Historia de Santa Fe, Rosario, Prohistoria/La Capital, 2006.        [ Links ]

⁹ La provincia y la ciudad de Santa Fe fueron gobernadas desde el 10 de diciembre de 1983 hasta igual fecha de 2007 por el Partido Justicialista, con distintas articulaciones o frentes electorales. Entre 1991 y 2003 se alternaron Carlos Reutemann y Jorge Obeid, como representantes de dos líneas peronistas distintas (más tradicional y de derechas la primera, más progresista la segunda).

¹⁰ Folletos desplegables "Derechos de la Mujer" y "Declaración de los Derechos del Niño", Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe (2006). Revista Memoria y Presente, Santa Fe, núms. 1 y 2, 2004.         [ Links ] Folletos desplegables "Conocer tu identidad es un derecho" y "Red Nacional por el Derecho a la Indentidad", de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), 2005, distribuidos por el gobierno provincial.

¹¹ En septiembre de 2004 se firmó un convenio con la agrupación capitalina Abuelas de Plaza de Mayo, organismo que no había tenido antes filiales en territorio provincial y al que se cedió un espacio físico en la ciudad de Rosario. La agrupación Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario y una madre de un desaparecido de Santa Fe prestaron colaboración a la Secretaría y aparecieron asiduamente en los actos oficiales (cfr. Memoria y Presente, núm. 2, Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Santa Fe, septiembre de 2004, pp. 1 y 3;         [ Links ] Diario El Litoral, Santa Fe, 23 de octubre de 2006).        [ Links ]

¹²  Diario El Litoral, 23 de octubre de 2006. La fecha aludida es la del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en su segunda presidencia. Al momento de escribir estas páginas la integración del archivo no se ha concretado.

¹³ Diario El Litoral, 2 de abril de 2005.         [ Links ] El concurso de investigación "Porfiada Memoria" era coordinado por el Proyecto Valija de la Memoria del Equipo de Educación del MEDH, HIJOS y el sindicato Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y destinado a alumnos y profesores de nivel medio y superior, así como a otras instituciones u organizaciones sociales.

¹⁴ Entrevista personal a Celina Kofman, Santa Fe, 2 de febrero de 2005.

¹⁵  Los casos más evidentes fueron los de la jefa de la Policía de la Provincia Comisario Leyla Perazzo, porque estaba sospechada con relación a la apropiación de niños desaparecidos, y del teniente coronel retirado José Alberto Bernhardt, que había integrado el Batallón de Inteligencia 601 y al que los organismos de derechos humanos indicaban como jefe directo de uno de los procesados por crímenes de lesa humanidad (cfr. mensaje grupal vía correo electrónico del Equipo Legal de la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe, 9 de diciembre de 2003, Asunto "Casa DD HH Santa Fe – URGENTE", y Diario El Litoral, 5 de octubre de 2006,         [ Links ] respectivamente).

¹⁶ Ludmila da Silva Catela, No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos, La Plata, Al Margen, 2001,         [ Links ] cap. IV, sección II, "Homenajes", los entrecomillados son de las páginas 175 y 174, respectivamente.

¹⁷ Diario El Litoral, Santa Fe, 24 de marzo de 1998.        [ Links ]

¹⁸ La participación preeminente de HIJOS es visible en una recopilación de filmaciones de actos realizada por el Grupo Matecosido, Santa Fe, 2000.

¹⁹ Los escraches suponen una manifestación callejera que denuncia una injusticia, imputando directamente a una persona o institución una falta —en este caso un delito– mediante la aplicación de recursos expresivos variados. Amén del texto sobre HIJOS Santa Fe citado en la nota 7, me remito sobre los escraches en general a Colectivo Situaciones, Situaciones 5 (+1). Mesa de Escrache Popular, Buenos Aires, De Mano en Mano, 2002.        [ Links ]

²⁰ www.estanpresentes.com.ar, consultas de noviembre de 2004 en adelante.        [ Links ]

²¹  La gráfica del homenaje de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales estuvo a cargo de la UNL.

²²  El primer caso en el Folleto Homenaje a los Estudiantes y Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Muertos y Desaparecidos por la Dictadura Militar (1976–1983), Santa Fe, noviembre de 2004; el segundo, Folleto Homenaje A los Trabajadores Sociales, Estudiantes y Docentes de la Escuela de Servicio Social desaparecidos y muertos en la década del 70, Santa Fe, diciembre de 2004.

²³ Los detenidos–desaparecidos o asesinados de la Agrupación Montoneros fueron mencionados como miembros de la Juventud Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista o el Ateneo Universitario. Más notoria todavía fue la falta de toda mención a la militancia homenajeados del Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejercito Revolucionario del Pueblo (PRT–ERP), como la estudiante María Teresita Serra, que fue recordada en su facultad como "gran amiga, cariñosa, excelente compañera" pero no como militante. Folleto Homenaje a los Estudiantes y Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, op. cit. Cabe destacar que en la localidad de Hernández, Provincia Entre Ríos, de donde era originaria Serra, se erigió un monumento en memoria y homenaje a "la recuperación ideológica y los sueños de toda una generación", pero tanto el grupo escultórico como el folleto editado en ese mismo año no mencionaban la militancia de la estudiante (Folleto Memoria, Justicia y el Mayor Homenaje..., Comisión de Cultura de la Municipalidad de Hernández, 2005).

²⁴  Invitación a las Jornadas de Homenaje, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 14 de agosto de 2006, y Folleto Homenaje Derecho a Estudiantes, Docentes y Egresados Muertos, Desaparecidos y Perseguidos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, agosto de 2006. Sobre la periodización de los organismos de derechos humanos véase nota 7. En los textos de ese homenaje se omitió al abogado Orlando Navarro, quien fuera apoderado del Partido Comunista Revolucionario. Navarro fue homenajeado posteriormente, en un acto realizado en la misma Facultad el 28 de septiembre de 2006 bajo organización de la Juventud Comunista Revolucionaria y con la adhesión de numerosas instituciones estatales y no estatales (volante y cartel Orlando Navarro – Homenaje a 30 años de su muerte, Santa Fe, septiembre de 2006).

²⁵ Folleto Homenaje a los Militantes Asesinados y Desaparecidos de la Universidad Católica, Santa Fe, dos versiones (otoño 2005 y septiembre 2005), tapa; y observación del acto.

²⁶ Volante Oración por la Patria, distribuido en el acto.

²⁷ Ibid., y Diario El Litoral, Santa Fe, 8 de septiembre de 2005.        [ Links ]

²⁸ En lugar de Poder Obrero los locutores aludieron al "Partido Obrero" —denominación muy posterior—, en tanto que mencionaron a un inexistente "Partido de los Trabajadores por la Revolución". Teniendo en cuenta que leían sus intervenciones, es de suponer que en la recogida de la información se habían volcado erróneamente esas denominaciones y que no respondían a deslices de la oralidad.

²⁹  Discurso del Centro de Estudiantes del ex Colegio Nacional, mimeo, septiembre de 2006.

³⁰ Folleto A los docentes y alumnos desaparecidos y asesinados que pasaron por las aulas del Colegio Nacional "Simón de Iriondo" – Jornadas de Homenaje, Santa Fe, septiembre de 2006.

³¹  Folleto Homenaje, Santa Fe, octubre de 2006.

³² Discurso del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal, mimeo, octubre de 2006. Hay que destacar algunas inexactitudes de esa alocución: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ya habían sido anuladas por el Poder Legislativo para la fecha del acto y declaradas inconstitucionales por la justicia, en tanto que los indultos —en proceso de revisión en instancias judiciales— fueron establecidos por decreto.

³³  Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Historias de vida. Homenaje a militantes santafesinos. Aporte para la construcción de la memoria colectiva, Santa Fe, Gobierno de Santa Fe, 2007.        [ Links ]

³⁴  En 2006 el gobernador entregó una distinción a Madres y Abuelas con profusión de publicidad oficial al respecto, pero el acto se realizó en la sede rosarina de la administración provincial y sin la presencia de militantes santafesinas (cf. diarios El Litoral, Santa Fe, y Rosario/12, Rosario, 18 de marzo de 2006).         [ Links ] El homenaje de 2007 se motivaba en los 30 años de la formación de Madres en la Capital Federal y la agrupación santafesina rechazó la distinción alegando que "quienes quieren homenajearnos son, en su mayoría, los mismos legisladores que por pertenecer al partido gobernante rechazaron conformar las comisiones investigadoras de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, de las inundaciones 2003 y 2007, votaron la injusta e inconstitucional ley de reparación por la inundación 2003 y rechazaron el pedido de pronunciamiento presentado por la Diputada (provincial) Alicia Gutiérrez de beneplácito por el rechazo de los pliegos de Patti". Siendo diputado provincial durante el periodo constitucional inmediatamente anterior, Domingo Pochettino había votado en contra de la propuesta de creación de una comisión investigadora que se ocupara de las muertes producidas por la policía provincial en ocasión de los tumultos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Su actitud había sido seguida por el bloque justicialista, que evitó también comprometerse cuando Luis Patti, ex comisario acusado de delitos de lesa humanidad, fue electo diputado nacional en 2005 por una lista peronista en la Provincia de Buenos Aires (cf. nota de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, 31 de mayo de 2007, versión digital transmitida por correo electrónico ese mismo día bajo el asunto "Madres de Plaza de Mayo rechazan homenaje".

³⁵ Folleto "Museo de la Memoria/dictaduras, nunca más", y hojas sueltas, Municipalidad de Rosario, 2005.

³⁶ Véase texto completo del discurso en http://argentina.indymedia.org/news/2008/03/589978.php.         [ Links ] Pese a reunir esas alusiones, el discurso fue criticado por varios militantes que criticaron el abigarramiento de datos e ideas contradictorias, y no fue firmado por HIJOS.

³⁷  Semanario Pausa, núm. 15, Santa Fe, 22 de agosto de 2008.

³⁸ La asunción por el Estado nacional de pautas burocráticas para la instalación de marcas territoriales había llegado a su punto máximo en 2006, cuando por Resolución 1309/06 del Ministerio de Defensa se regló la colocación de placas recordatorias en establecimientos militares donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención en el periodo 1976–1983. Véanse las nuevas formas de intervención desplegadas por otros actores en "Baldosas que dejan huellas", Boletín Electrónico, núm. 28, Instituto Espacio para la Memoria (http://www.institutomemoria.com.ar/bole/bole027/080815baldosas.html), consulta diciembre de 2008;         [ Links ] y en Alejandra Buzaglo, "Las marcas en el espacio público. La masacre de Cafferata y Ayolas", y María Rosa Gómez, "Señalizaciones urbanas y trauma colectivo", ponencias presentadas a las V Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 8, 9 y 10 de octubre de 2008.         [ Links ] Véase una visión sobre otras intervenciones en Elizabeth Jelin y Victoria Langland (comps.), Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Madrid, Siglo XXI Editores, 2003.        [ Links ]

³⁹ Comunicación personal de María del Rosario Zurbriggen, representante de la AMSAFE ante la comisión. Sobre las alocuciones oficiales, Diario Uno, Santa Fe, 11 de diciembre de 2008.        [ Links ]

⁴⁰ Volantes "No se olviden de Mercier", sin firma, diciembre de 2008, alusivos a un legislador justicialista que fue ministro de Economía y Hacienda de la provincia durante la dictadura militar.

⁴¹ Videograbación, 10 de diciembre de 2008.

⁴² "Comienza una semana para celebrar la democracia", en Noticias UNL, servicio informativo digital de la Universidad Nacional del Litoral (http://www.unl.edu.ar/noticias/noticia.php?nid=5624), consulta diciembre de 2008.         [ Links ] La misma información en Diario Uno, Santa Fe, 8 de diciembre de 2008,         [ Links ] y distintos medios de papel y digitales. Sobre una posición crítica cf. carta abierta de Hugo Kofman (quien fuera integrante de la APDH hasta su disolución y continúa actualmente participando de Familiares), 9 de diciembre de 2008, versión digital transmitida por correo electrónico ese mismo día bajo el asunto "Por qué no voy al homenaje a la APDH", en la que denuncia la presencia en el acto de un ex integrante de la agrupación muy cercano al frente electoral gobernante que difunde hoy una nueva versión de la "teoría de los dos demonios".

⁴³ O presente, de tener en consideración la desaparición de Jorge Julio López el día 18 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Plata. López era testigo en la causa contra el ex comisario de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz. Para el momento del acto de la Escuela Normal ya se habían realizado multitud de manifestaciones exigiendo su aparición en La Plata, Capital Federal y otras ciudades del país, a las que se sumó el 18 de octubre una marcha en la ciudad de Santa Fe (cf. diarios La Nación y Página/12, 19 de septiembre de 2006         [ Links ]y ss., Diario El Litoral, 19 de octubre de 2006).        [ Links ]

⁴⁴ Perry Anderson, "Democracia y dictadura en América Latina", en Horacio Gaggero (comp.), Estructura social y conflicto político en América Latina, Buenos Aires, Biblos, 1989, p. 253.        [ Links ]

⁴⁵ George Orwell, 1984, Barcelona, Salvat, 1970, p. 188.        [ Links ]