Gobernanza y políticas públicas

 

Organizaciones sociales: nuevos actores políticos en Guerrero

 

Dulce María Quintero Romero y América Libertad Rodríguez Herrera*

 

* Profesoras–investigadoras de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Correos electrónicos: dulcenic@yahoo.com.mx, america_rodriguez–herrera@hotmail.com.

 

Recepción del original: 28/04/08.
Recepción del artículo corregido: 24/08/08.

 

Resumen

Se retoma la discusión sobre la participación política como elemento fundamental en la configuración de esquemas de desarrollo. Se analiza Guerrero, una entidad con importante presencia histórica en las luchas nacionales, pero, sobre todo, un espacio en el que la pobreza, los cacicazgos locales y los abusos del poder estatal y federal han propiciado acciones de resistencia capaces de reconfigurar procesos organizativos novedosos, las cuales irrumpen con fuerza en el siglo XXI. Las organizaciones ciudadanas locales emergen en el escenario político en su lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia en el marco favorable de la acción medioambiental y de derechos humanos nacional e internacional.

Palabras clave: resistencia, organizaciones sociales, derechos humanos, participación política, desarrollo.

 

Abstract

The discussion is in the political participation as fundamental element in the configuration of schemes of development. We analyze Guerrero, an entity considered as an important figure in the arena of national struggles, but above all, an area where poverty, local chiefdoms and abuse of state power and federal actions have caused resistance capable of reforming new organizational processes, emerging with force in the XXI century. The civil local organizations emerge in the political scene in its fight against the impunity and the search of justice in the favorable frame of environmental action and human rights nationally and internationally.

Keywords: resistance, social organizations, human rights, politic participation, development.

 

El siglo XXI está enmarcado por la liberación financiera y las nuevas tecnologías. Las pautas que establece la globalización generan un fuerte impacto en las realidades locales, en donde a la par de las exigencias de mayor competitividad y desarrollo individual se integran redes humanas de solidaridad para enfrentar las consecuencias de los procesos de cambio que lejos de igualar oportunidades sólo expanden la pobreza.

Estas redes de acción social en Guerrero se ven fortalecidas por la larga historia de procesos de resistencia regionales, en los cuales de nueva cuenta emergen formas de organización novedosas que, desde diferentes frentes, articulan distintos escenarios para la vida pública. Los protagonistas de estos procesos son las organizaciones sociales.

La aparición de dichas organizaciones se vincula con una lucha contra el abuso y la opresión que a finales del siglo XX surgen en la entidad a raíz de una serie de acontecimientos, entre ellos: la guerra sucia para aniquilar al movimiento guerrillero de los años setenta; la activa participación política electoral de nuevos sectores de izquierda en los procesos de 1988–1989; la lucha del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CNPNAB) para suspender la construcción de una hidroeléctrica en su territorio a inicios de la década de los noventa; la movilización espontánea de los ciudadanos de Acapulco en la defensa de la reserva ecológica y recreativa del Parque Ignacio Manuel Altamirano en Papagayo en 1992;¹ la matanza de 17 campesinos del vado de Aguas Blancas por policías en 1995; la muerte de 11 personas, primordialmente líderes indígenas, por elementos del ejército en los hechos de El Charco el 7 de junio de 1998; así como el encarcelamiento y tortura de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dirigentes de los campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero en mayo de 1999. Estos hechos acrecentaron el reclamo de justicia y activaron la participación de organizaciones de la sociedad civil en los espacios públicos.

La intervención de estos nuevos protagonistas en la vida política, antes ocupada por los partidos y sindicatos, es fundamental pues representa no sólo un espacio de reclamo y denuncia ante un desarrollo injusto, sino también una propuesta clara de cómo la sociedad articulada demanda una mayor participación en la agenda pública mediante la activación de movimientos sociales que, llenos de particularidades y rasgos distintos, confluyen en una lucha por el reclamo de sus derechos humanos.

Frente a las condiciones adversas que ofrece el escenario neoliberal, esta nueva oleada de luchas se manifiesta de manera clara en la acción del movimiento indígena por el reclamo de su autonomía y su permanencia en un mundo intercultural; en el movimiento campesino que, además de buscar nuevas condiciones de supervivencia, emprende la defensa de su territorio y el aprovechamiento de sus recursos naturales; en el movimiento ecologista, predominantemente rural, que asume la defensa de los bosques y de los espacios naturales frente a un turismo voraz; y en el movimiento a favor de los derechos humanos que se consolida a partir de la operación de una red de organizaciones de la sociedad civil.

Lo valioso de este proceso es que quienes participan en estos movimientos no operan ni desarrollan su lucha de manera independiente; por el contrario, entrecruzan y conjugan su acción social tanto al interior como al exterior de la región. Además, presentan un común denominador: sus acciones se fundamentan en la propuesta a favor de los derechos humanos, ante la cual resulta necesario asumirse como sujetos de derecho, capaces de participar en acciones concretas que les lleven a impulsar un desarrollo regional más justo en esta entidad.

 

EL MOVIMIENTO INDÍGENA

En el siglo XXI, los indígenas de Guerrero han logrado superar el aislamiento que les impuso un territorio agreste y difícil en el que por años permanecieron confinados. Esta circunstancia territorial, a la par de la existencia de cacicazgos e injusticias, también permitió que se desenvolviera con mayor facilidad su lucha de resistencia.²

Así, luego de un importante proceso organizativo a partir de la década de los noventa –en el marco que les ofreció la conmemoración del quinto centenario de la llegada de los europeos a tierras mexicanas y el surgimiento del movimiento zapatista–, nahuas, amuzgos, mixtecos, tlapanecos y demás grupos de indios y no indios de Guerrero emprendieron un movimiento en busca de nuevos esquemas de desarrollo sustentados en sus derechos ambientales, culturales y colectivos, partiendo de una participación comunitaria que los acercara a una racionalidad ambiental, propuesta que intentan hacer realidad en proyectos de desarrollo comunitario.³ Para alcanzar este objetivo, ahora están dispuestos a enfrentar a la autoridad y construir nuevos procesos de entendimiento profundo en una lucha a veces pausada, pero siempre constante y decidida que merece ser retomada.⁴

Con la cancelación de la presa de San Juan Tetelcingo en el Alto Balsas (suspendida en octubre de 1992 por el presidente Carlos Salinas de Gortari), que los llevó a proponer proyectos de desarrollo para la región⁵ y a constituir el proyecto de autonomía indígena denominado Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias —conocida públicamente como Policía Comunitaria—,⁶ los indios de Guerrero entendieron que podían pasar de los reclamos a los hechos y emprendieron entonces la discusión para la elaboración de la Agenda Estatal de Desarrollo y la Autonomía de los Pueblos Indígenas en el 2005, en la que demuestran los avances de su trabajo comunitario y dejan claro que son ellos quienes están dispuestos a asumir las pautas que determinen su presente y futuro, confrontando las políticas indigenistas que han sido rebasadas no sólo por las demandas de los pueblos indígenas y las limitaciones presupuestarias para atenderlas, sino también por la incompetencia para desarrollar programas que respondan a las necesidades contemporáneas de los pueblos indígenas en el marco de la globalización y el neoliberalismo.

El movimiento indígena no sólo reclama subsidios y apoyo. Están dispuestos a ser ellos quienes determinen el aprovechamiento y el destino de la riqueza biótica que han salvaguardado desde hace muchos años. Unos pugnan por que se respete su decisión de llevar a cabo procesos para el aprovechamiento racional de los recursos; otros se oponen a lo que consideran la "mercantilización de la biodiversidad" y quieren hacer valer el derecho a participar de una parte de la regalías de los procesos de etnobioprotección, como la comunidad de Carrizalillo, que recibe recursos por las acciones de protección que realiza.⁷

Para ello han emprendido una lucha abierta y decidida por hacer valer su autonomía, sobre todo en lo que se refiere a la facultad que les asiste en el diseño de estilos particulares de vida. De este modo, se han dado a la tarea de instrumentar formas particulares de organización social –como la Policía Comunitaria de la Costa Montaña– que en la mayoría de los casos chocan con el sistema jurídico mexicano, a la par que propugnan por las elecciones libres para sus autoridades (policías comunitarios, presidentes, comisarios municipales, comisarios ejidales).

Las acciones para la defensa de la soberanía sobre su territorio han puesto de manifiesto sus convicciones autonómicas, las cuales, aunque se expresan en estos modestos movimientos locales, sustentan demandas de profundas raíces cuyas repercusiones pueden modificar las fronteras regionales, pero sobre todo nos acercan a una utopía capaz de movilizar la acción social hacia la construcción de una nueva racionalidad productiva y un proyecto alternativo de civilización.

Como lo expresaron en el Encuentro Indígena, Campesino y Popular:

[..] luchamos por cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas que están generando la pobreza y la desigualdad que sufre el pueblo, por tener una vida digna y no tan desigual y lograr que los gobiernos respeten a los pueblos y su mandato, por impedir que el gobierno destruya la cultura indígena y la cultura de resistencia popular a través de sus programas educativos y con la implementación de programas de supuesta ayuda y libre mercado [...] la lucha es contra un sistema de mercado capitalista [...] y también contra los partidos políticos electoreros, que aseguran la continuidad de este sistema capitalista y desigual, de su mercado libre y del neoliberalismo.

En su lucha, los indígenas han tenido que enfrentar obstáculos como las secuelas de la persecución del movimiento guerrillero en sus zonas, primero en el periodo de la década de los setenta en Guerrero, y luego con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), lo que ha propiciado la presencia del ejército en sus comunidades, según asegura la Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos Humanos:

[...] en la Montaña y en la Costa Chica se da un ambiente de hostigamiento, persecuciones y detenciones contra los pobladores indígenas [...] oficialmente se maneja que el ejército está en Guerrero para combatir el narcotráfico y para aplicar la ley de armas de fuego y explosivos, sin embargo, es notorio el asedio a las comunidades donde existe la organización independiente.

Las acusaciones de los indígenas a elementos castrenses se han tornado más directas en los últimos años y van desde la violación a indígenas (como los casos reportados en febrero y marzo de 2002 en Ayutla de Los Libres), hasta el seguimiento de la investigación a los hechos ocurridos en El Charco el 7 de julio de 1998, hecho que mantiene la movilización de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos para dar castigo a los responsables no sólo de la masacre, sino también de los hechos de tortura a los que fueron sometidos los detenidos como parte del combate del ejército a grupos guerrilleros. En todo esto los indígenas han asumido un papel activo con denuncias en foros e instancias estatales, nacionales e internacionales, exigiendo respeto a las zonas donde habitan. En su lucha por hacer respetar sus derechos humanos, los indígenas cuentan con el respaldo de organizaciones no gubernamentales, algunas de extracción netamente indígena, que se han convertido en la voz de la denuncia y verdaderas defensoras de sus derechos.⁸

Asimismo, los indígenas de Guerrero han enfrentado la aplicación de políticas públicas que contravienen sus derechos, como las emprendidas por elementos de la Secretaría de Salud del estado que en sus brigadas de planificación familiar en las zonas indígenas condicionaron la entrega de apoyos económicos y en especie a que los varones se realizaran la vasectomía. Ante tal hecho, representantes de la Organización de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos de la región de Costa Montaña presentaron ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos la denuncia de los casos de esterilización y contracepción forzada llevados a cabo en la comunidad Ojo de Agua en 1999 y en la comunidad de El Camalote de Ayutla de Los Libres en el 2003, aunque hasta el momento sólo ha sido aceptada y atendida la primera recomendación.

Las organizaciones indígenas reclaman también participar en el diseño de la obra pública y en la toma de decisiones locales, lo que ha impulsado un interesante proceso de reconfiguración municipal. Ejemplo de ello es la integración de municipios de alta población indígena como Ilialtenco (2005), José Joaquín Herrera (2004), Cochoapa El Grande (2003) y Marquelia (2002). Uno de los argumentos para el reacomodo político es que los gobiernos siguen planeando las obras de infraestructura carretera sin consulta y sin conocer a fondo la geografía y las vías tradicionales de comunicación, por lo que se hace necesaria la toma de las decisiones en ámbitos locales más reducidos. Por otra parte, estas organizaciones asumen el reclamo de contar con medios de difusión propios que les permitan difundir sus lenguas, costumbres y perspectivas de desarrollo, por lo que en la zona se han puesto en operación radios comunitarias como La Palabra del Agua, que transmite desde el 20 de diciembre de 2004 en la Costa Chica sin autorización del gobierno federal.

A lo largo de estos procesos, las organizaciones indígenas han buscado poner en práctica distintas estructuras de operación, pero la constante ha sido su capacidad para llevar a cabo procedimientos amplios e incluyentes en la toma de decisiones. Una muestra de ello es la Policía Comunitaria, que en 1997 establece las obligaciones y atribuciones de cada uno de los que participan en la organización, para lo cual crea una estructura jerárquica según la cual la Asamblea General de los Pueblos es la encargada de analizar la problemática de la organización, sus avances y acciones; el Comité de Autoridades Indígenas (CAIN) tiene a su cargo la impartición de justicia; y el Comité Ejecutivo se compone de comandantes y policías que se coordinan con el Comité de Autoridades y el CAIN para planear acciones y resolver los problemas que se presenten. Cada uno de los comandantes rinde cuentas a la Asamblea Comunitaria sobre el trabajo realizado en su comunidad a fin de valorar las tareas de los policías comisionados.⁹

Esta posibilidad de discutir, compartir trabajo y evaluar resultados ha permitido que, hasta abril de 2008, el sistema de impartición de justicia estuviera presente en 72 localidades de 10 municipios de Guerrero con 700 policías comunitarios y con una Coordinadora de Mujeres Indígenas Tlapanecas y Mixtecas de la Región de Costa Chica–Montaña para atender, investigar y opinar en torno a la prevención, "reeducación" y justicia de las mujeres.

 

EL MOVIMIENTO CAMPESINO

Otro sector que está buscando desarrollar procesos de organización para revertir el impacto desfavorable de la globalización es el de los campesinos. Su número es considerable pues representan una tercera parte de la población de la entidad, y su característica fundamental es el apego a la tierra que les ha permitido vivir y sobrevivir. Los campesinos se encuentran inmersos en un proceso de lucha constante, pues son ellos quienes, como ya se ha documentado, han estado presentes en los momentos importantes de la vida de México (por ejemplo, la lucha por la independencia y la formación de los Estados nacionales). De ahí que la historia de este país resulte incomprensible si no se consideraran las acciones de este sector.¹⁰

En la nueva dinámica del modelo económico neoliberal, los campesinos han entrado en otro proceso de lucha que parece avasallarlos, en tanto muchos de ellos —los que no han podido emigrar— siguen produciendo y se integran en redes de cooperación y apoyo que les permitan sobrevivir. Por ello Eduardo Galeano¹¹ asegura que actualmente, en América Latina, los movimientos rurales articulan un número de gente mucho mayor que la que incorporan los sindicatos urbanos.

Primero, la participación de este sector se canalizó a la demanda de servicios públicos suficientes o a la demanda de los insumos necesarios para sus labores agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, semillas, créditos); fue así como comenzó la lucha de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra del Sur.¹² O bien, de manera más enérgica, en torno a acciones concretas para el cuidado de los recursos naturales y la defensa de su territorio, y en últimas fechas en defensa de sus derechos como migrantes.

Y es que la política de reducción de las atribuciones del Estado ha colocado al sector campesino frente a una tarea fundamental: el cuidado de los recursos forestales. Ahora que el gobierno se ocupa sólo de supervisar la correcta aplicación de los programas de manejo integral forestal, los dueños de los bosques, campesinos o pequeños propietarios son los responsables de una correcta explotación que garantice su reproducción y el cuidado de los ecosistemas y del medio ambiente. Además, deben llevar a cabo acciones de prevención y combate a las plagas e incendios, combatir los cortes clandestinos, realizar reforestaciones y evitar erosiones, otras acciones a las que se comprometen una vez que tienen autorización para explotar los recursos forestales.

Pero a la par de ocuparse de los bosques, responsabilidad que han asumido los campesinos ecologistas, también han emprendido acciones para la defensa de su territorio, como es el caso de los habitantes de la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en donde, abusando del desconocimiento de la población, una empresa canadiense se mostró interesada por la ocupación de tierras, para lo que arregló un pago irrisorio a fin de establecer ahí yacimientos de la explotación de metales con ganancias exorbitantes.

Otra de las luchas emblemáticas del sector campesino en la región es la emprendida por los comuneros y ejidatarios opositores a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, macroproyecto propuesto para realizarse a 28 kilómetros al noreste del puerto de Acapulco como parte del sistema hidrológico de Costa Chica que almacenaría el agua del río Papagayo.

En los últimos años, la zona ha pasado a ser motivo de una disputa enmarcada por los nuevos movimientos campesinos que ya no sólo defienden la tierra como medio de producción, sino como medio de supervivencia. La defensa de su territorio se fundamenta en el reclamo de sus derechos para decidir sobre sus formas de vida y de gobierno. Su acción social no es sólo contra una decisión o una política de Estado, sino de frente a un proyecto de desarrollo neoliberal que busca sobreponer los intereses de los capitales mundiales por encima de sus derechos.¹³

Las acciones emprendidas por los opositores de La Parota han convertido al movimiento en una trinchera de resistencia popular desde la que participan, además de los campesinos afectados, organizaciones y redes nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientalistas, así como organizaciones de la sociedad civil que desde el plano jurídico y ambiental han logrado detener el proyecto.¹⁴

 

EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

Si bien los grupos ecologistas tienen una fuerte presencia en diferentes puntos del estado desde hace muchos años, no fue sino hasta febrero del 2005 cuando asumieron una acción más articulada al circular por vía electrónica un documento denominado Un programa por la tierra guerrerense.

Dicho documento, elaborado por 50 ambientalistas de Guerrero, proponía acciones concretas al gobernador entrante, Zeferino Torreblanca Galindo. Se trataba de 10 propuestas y compromisos en materia de política ambiental y recursos naturales en general, y en particular para el bosque de Guerrero.

La propuesta, que recibió la atención esperada, fue una muestra clara del interés de estos grupos por ir más allá del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, y evidenció la existencia de un frente capaz de transformar las instituciones por unas verdaderamente democráticas y con sentido social que garanticen la correcta aplicación de la justicia, limiten los abusos del ejército e impidan la aplicación torcida de la ley.

Los ecologistas de Guerrero han entendido que su trabajo de acción y concientización debe ir más allá de sus comunidades y que la solidaridad con pares locales, regionales e internacionales es valiosa en esta tarea. Sus acciones alcanzaron relevancia mundial en este siglo, cuando los casos de sus líderes –Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Felipe Arreaga y Albertano Peñalosa, entre otros– mostraron a la opinión pública mundial el precio que, con su libertad o su vida, han tenido que pagar los campesinos ecologistas por el cuidado de los bosques.

Esta lucha por defender los recursos y enfrentar los intereses de los caciques locales, de los políticos y de las grandes empresas trasna–cionales, ha llevado también a las organizaciones ambientalistas a integrar redes de trabajo, formales e informales, sobre las que han avanzado para favorecer el cuidado de las zonas boscosas, el desarrollo de proyectos productivos sustentables y, sobre todo, las acciones concretas para el cuidado de los recursos naturales frente a los grandes complejos turísticos que buscan las ganancias financieras sin considerar las pérdidas de la riqueza biótica.

Un ejemplo emblemático de esta lucha fue lo ocurrido en Acapulco en 2005, cuando un grupo de ambientalistas se enfrentó a los intereses de la empresa Aca Extremo, que con el apoyo de las autoridades (contaba con permiso de una Unidad de Manejo Ambiental de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Economía, además de autorizaciones de Semarnat y Profepa) pretendía establecer en noviembre de ese año un parque de aventuras en la Isla de la Roqueta.

Los ambientalistas se movilizaron hasta lograr que el gobierno municipal procediera a la clausura de los trabajos de construcción y un diputado local los apoyó con la solicitud para que se revocara el permiso expedido por la uma. El 24 de noviembre tuvieron acceso a los detalles del proyecto y determinaron mantener su oposición saliendo a las calles y buscando el respaldo de organizaciones internacionales.

El 14 de diciembre, Greenpeace comenzó una campaña electrónica contra el proyecto hasta que se logró su cancelación. Sin embargo, las autoridades acusaron a los ambientalistas de dañar la imagen de Acapulco mostrando al puerto como un lugar en el que no existen condiciones seguras para los inversionistas. No obstante, la posición de las organizaciones que trabajan en favor del medio ambiente, tanto en este caso como en otros, ha sido la misma: el desarrollo turístico de Acapulco no puede, por ningún motivo, realizarse a costa del medio ambiente.

 

LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Otro frente de lucha es el que realizan las organizaciones para la promoción y defensa de los derechos humanos, cuya lucha va desde el apoyo a los familiares de los desaparecidos y los afectados por la guerra sucia, hasta la búsqueda de castigo a los responsables de hechos violatorios que han empañado la historia de Guerrero.

Resulta interesante la vinculación de estas organizaciones de defensa de los derechos humanos con integrantes de la Iglesia católica. Tal es el caso del sacerdote Orbelín Jaramillo Diego, quien a su paso por la parroquia de San Miguel Arcángel de Coyuca de Benítez fundó el Centro de Derechos Humanos "La Voz de los Sin Voz", encabezado por Hilda Navarrete Gorjón, miembro de una familia afectada por la guerra sucia. Más adelante, en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, como sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro, Jaramillo Diego fundó el Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza A.C.¹⁵ Asimismo, la diócesis de Tlapa participó en la constitución del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyo trabajo resultó fundamental en la integración de la Policía Comunitaria.

Como parte de sus acciones, han presentado denuncias en las instancias estatales y nacionales de defensa de los derechos humanos y ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que las organizaciones de Guerrero, encabezadas por su simil nacional, el Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro", impulsaron el caso de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas en 1995. La CIDH resolvió que se les debían imponer las sanciones penales correspondientes a quienes resultaran responsables (CIDH, Informe 49/97 referente al caso 11.520).

Otro punto de atención para las organizaciones de derechos humanos es el caso de El Charco, en donde organizaciones sociales como la OCSS y el Movimiento Independiente de Pueblos Mixtecos han trabajado en la reconstrucción de los hechos para exigir el castigo de los responsables. Asimismo, han realizado trabajos de sistematización y seguimiento de cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos denunciados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en donde los afectados, en su mayoría indígenas, reciben asesoría jurídica para llevar ante la ley estos y otros abusos. Asimismo, han participado activamente en la elaboración de algunas propuestas jurídicas como la Ley de Amnistía estatal, publicada el 11 de noviembre del 2002; y la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, aprobada en septiembre de 2005 y con la cual hasta el 2007 se logró documentar 37 casos en los que aparecen como responsables de desapariciones forzosas en la entidad servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, desde directores generales y comandantes hasta jefes de grupo y elementos de la Policía Judicial del Estado.¹⁶

Sin duda, una labor fundamental de estos grupos ha sido el trabajo para recuperar la confianza social en torno a la justicia, ya que luego de la amarga experiencia de la guerra sucia –en la que los pobladores de algunas zonas enfrentaron una violación sistemática a sus derechos humanos—, las organizaciones trabajan en la conformación de los ciudadanos activos que se requieren para el diseño de una política de desarrollo más justa y equitativa.

Para lograr este objetivo, trabajan atendiendo las denuncias de violaciones a los derechos humanos y, de manera especial, buscando construir nuevas formas de entendimiento capaces de favorecer tanto la participación de las víctimas como el respeto por parte de los encargados de la procuración de justicia. En esta labor ha sido fundamental el trabajo de promoción y defensa, pero sobre todo el seguimiento a los casos y la solidaridad encontrada en estos procesos por parte de otras organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que han permitido que el discurso de los derechos humanos deje de ser meramente declarativo y se consolide a favor de una cultura local de respeto a los derechos.

En su trabajo a favor de los derechos humanos, los actores locales han podido llegar más allá de la promoción y defensa e incursionar en el análisis y la reflexión para el planteamiento de nuevas políticas públicas que puedan favorecer un desarrollo más justo y equitativo. En esta área resulta relevante el desempeño del Comité Coordinador de los espacios de análisis y participación de los derechos humanos en Guerrero, en donde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y la Red de los Derechos para Todos, colaboran en la elaboración de un "Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero", a fin de poner en práctica acciones de gobierno para atender este renglón, hacer un recuento de los principales problemas en materia de derechos humanos y trabajar en una agenda que establezca las necesidades en este rubro, especialmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.

En materia de seguridad pública, las organizaciones están alertando sobre los riesgos de apostar al equipamiento de las corporaciones policiacas para atender a esta demanda, y en su lugar reclaman la asignación de más recursos para el gasto social a fin de atender el origen del problema. Han rechazado que la militarización de las instituciones garantice la seguridad y niegan que con ello puedan lograrse mejores resultados en el combate al crimen organizado. Mediante su participación constante en los medios de comunicación, Tlachinollan ha propuesto reencauzar la política en materia de seguridad pública partiendo de una restructuración a fondo sobre la forma en que operan las corporaciones policiacas.

De esta forma, indígenas, campesinos, ecologistas y organizaciones sociales están trabajando en el planteamiento de nuevas propuestas de desarrollo, las cuales no pocas veces son resultado de intensos debates y procesos de reflexión en reuniones, foros y encuentros con los cuales están construyendo una nueva forma de lucha de resistencia más acorde a la problemática política y socioeconómica actual.

Y es que hasta hace poco las manifestaciones de resistencia se daban de manera dispersa y eran percibidas la mayor parte de las veces como problemas locales. Cada agresión se sufría localmente y los movimientos enfrentaban sus problemas de manera aislada, sin reconocerse en experiencias de otros lugares ni tener información sobre la enorme cantidad de afectados que padecen problemas similares. Este aislamiento de percepciones y luchas impedía comprender el verdadero alcance de la figura global que constituyen la violación a los derechos humanos y la destrucción del ambiente; sin embargo, en el siglo XXI, en Guerrero, el trabajo de indígenas, ecologistas, defensores de los derechos humanos y, muy especialmente, campesinos opositores a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, son una muestra de la forma en la que se está transformando la nueva lucha de resistencia.

Así, por ejemplo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa (CECOP) reclama su defensa a la tierra y niega toda posibilidad de "participar de la lógica mercantilista de quienes hablan de generar un polo de desarrollo para los guerrerenses, aunque lo que en realidad buscan es beneficiar a las grandes empresas trasnacionales". Este grupo ha sido la voz discordante en el discurso oficial sobre los "beneficios de La Parota", y su presencia no sólo ha permitido ampliar la reflexión y discusión sobre el tema, sino que ha conformado un movimiento de amplio alcance gracias al respaldo de las organizaciones de derechos humanos y defensoras del medio ambiente. Fueron estas mismas organizaciones las que en Guerrero, en apoyo a su derecho a decidir, promovieron en el 2007 la creación de la Coordinación Estatal por la Defensa del Territorio, como resultado de lo discutido en el Foro Por los Caminos de la Resistencia.

De este modo, los campesinos han encontrado que no están solos en su lucha y han transformado sus estrategias constituyendo grupos de ciudadanos —con alta representatividad en sus comunidades, pero articulados con otros— e integrando redes que alcanzan los escenarios internacionales de denuncia y se convierten en acciones políticas colectivas de mayor envergadura.

Estamos entonces frente al "cosmopolismo" que reseña Santos¹⁷ cuando hace referencia al entretejido internacional que buscan hacer grupos con intereses comunes para enfrentar los efectos dañinos de las formas hegemónicas de globalización, para lo cual, a partir de la conciencia de nuevas oportunidades de creatividad y solidaridad internacional, emprenden una lucha de mayor impacto. Estamos ante la presencia de la lucha altermundista que, tal como comenta Susan George,¹⁸ se propone la construcción de otro mundo integrando alianzas y combinando el conocimiento con la política.

Y es que ante el panorama de atomización, la lucha se va modificando hacia la integración de varias iniciativas de convergencia y de organización en todo el país. Pero el cambio no está sólo en la forma de operación de la lucha, sino en los fines mismos de ésta. Vemos así cómo la defensa de la tierra pasa a ser una lucha fundamentada por el territorio, en donde la concepción de comunidad y los derechos a la decisión y a la autodeterminación adquieren otro sentido. Es así como la convergencia de los opositores de La Parota con los grupos ambientalistas, de derechos humanos y organizaciones de izquierda, les permite a los primeros fortalecer su frente de resistencia contra la presa y ligarse a otras luchas similares en otras partes del mundo, en donde los pueblos y movimientos han cobrado conciencia de que sólo la organización conjunta de todos con todos puede garantizar el cumplimiento de sus demandas y poner a discusión un modelo de desarrollo que, en favor de la ganancia, depreda irracionalmente el medio ambiente.

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CONTEMPORÁNEA

Hemos constatado que resistiendo y luchando por la defensa de sus derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y su identidad territorial, algunos sectores han emprendido procesos de participación y organización que, por momentos, han permitido que su demanda del bien común transforme al territorio en un sujeto colectivo con un nuevo significado de pertenencia, como ocurrió con el movimiento indígena en los años noventa, el de los campesinos ecologistas a finales del siglo XX o los opositores a La Parota en el XXI.

Cuando ello ocurre, quienes intervienen en la búsqueda de la justicia son capaces de asumirse como sujetos de derechos con el consecuente fortalecimiento de una sociedad civil capaz de reclamar y exigir frente al Estado. Se asumen como ciudadanos activos dispuestos a participar en la vida pública, y aun cuando esto sea por periodos cortos o en escenarios muy locales, lo que cambia es el impacto debido a los nuevos procesos de comunicación. Y es que independientemente de su permanencia o repercusión, el trabajo desarrollado por quienes participan en estos procesos de lucha se transforma muchas veces en acciones emblemáticas que tienen un fuerte impacto en su comunidad, pues demuestran la posibilidad de que "algunos" puedan vincularse a los reclamos de otros en la gestación de un ciudadano interesado por lo público.

Esto indica importantes avances en la cultura política de algunos sectores de esta región de México, considerando que ésta comprende no sólo la forma en que la población organiza y procesa sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político, sino que también tiene que ver con: a) la forma en se construyen organizaciones e instituciones políticas; b) la visión con la que el imaginario colectivo se asume en torno a los asuntos del poder, en la que cobra relevancia la contraparte de éste, sobre todo en el ámbito no del sometimiento y la obediencia, sino de la resistencia y la lucha frente a él; y c) la forma en que los sujetos reaccionan y las expectativas que esto provoca, especialmente en la configuración de una nueva propuesta hacia un desarrollo distinto.

Consideramos que se está gestando un proceso de transformación de la cultura política en la entidad, muy ligada a las realidades regionales y a una historia de resistencia.¹⁹ Lo anterior se manifiesta en los procesos de organización ciudadana que en la actualidad, en torno a la lucha por los derechos humanos y el cuidado al medio, aportan elementos importantes para que algunos sectores tengan una mayor disposición a participar más activamente en la vida política.

Como fenómeno dinámico y complejo, la cultura política no sólo comprende los conocimientos, percepciones, actitudes y conductas con los cuales los individuos valoran, interpretan y definen su relación con el poder, las instituciones y los procesos políticos, sino que está vinculada además a los procesos de organización, a la posición que los sujetos asumen frente a él, y a las expectativas y aspiraciones que se entrelazan con la construcción de utopías. En muchos casos, todo esto promueve cambios importantes en su práctica política.

En el caso de Guerrero, los cambios en la participación política que algunos sectores han promovido en distintos momentos de la historia favorecieron que los guerrerenses asumieran "procesos críticos de significación", es decir, que cambiaran el papel que tenían frente a condiciones injustas y adversas y, por ende, que modificaran su relación con el poder y con los otros ciudadanos. Sin duda, gran parte de los sucesos de resistencia emprendidos por algunos sectores de la población de esta región no tuvieron como propósito cambiar la forma de concebir la participación en la vida pública (elemento de la cultura política) o incidir en ella, pero han aportado elementos para transformar su práctica política con nuevos entendimientos, no sólo hacia el poder sino hacia su convivencia dentro de la colectividad.

En estos procesos, la búsqueda colectiva para conformar nuevos códigos de interpretación de la realidad facilita la disposición de los sujetos para emprender la construcción de una ciudadanía distinta, ligada al ejercicio de los derechos, con la cual se asumen poseedores de una serie de atributos como personas y, por tanto, se apropian de una posición de igualdad y respeto frente a otros, así como de una nueva forma de ver a la autoridad y a los demás, pero sobre todo a ellos mismos.

Esto se relaciona con la capacidad organizativa de los sujetos y dinamiza sus posibilidades de transformación social, como puede observarse en la integración de redes de compromiso cívico en organizaciones de base por medio de la solidaridad, la participación cívica y la integralidad, como propone Putman.²⁰ Si bien las organizaciones siempre han estado presentes en la región, la integración de algunas de ellas resulta verdaderamente innovadora, como es el caso del movimiento cívico de los años sesenta, el movimiento de los campesinos ecologistas en la Sierra de Petatlán o la Policía Comunitaria de los poblados indígenas de la Costa Montaña.

Con estas reflexiones no se pretende hacer una apología de estos procesos organizativos como elementos que indiscutiblemente están generando un proceso de transformación constante de la sociedad guerrerense, pues hemos de reconocer que en algunos casos estas mismas organizaciones han tenido un proceso de participación importante en lapsos breves debido a la falta de consistencia, la cooptación de sus líderes por los gobiernos o la escasa claridad de sus propósitos, lo que sin duda ha facilitado los mecanismos de sometimiento frente al poder. Además, en otros casos su carácter efímero o emergente les ha impedido consolidar procesos de participación amplia, por lo cual sus repercusiones son momentáneas y se limitan a quienes forman parte del grupo. Pero también hay casos en los que las organizaciones sociales asumen procesos importantes de significación, como la operación de la Policía Comunitaria de la Costa Montaña, la presencia de los casos de Guerrero ante organismos internacionales con la intermediación de Tlachinollan y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, o la suspensión de la presa La Parota por las gestiones de sus opositores.

Son esos grupos, con un fuerte discurso y acción de compromiso social, los que con su trabajo ha favorecido la reflexión de otros sujetos sobre lo que representa el respeto a sus derechos, lo que los acerca a la posibilidad de hacer algo para reclamarlos. En la búsqueda de cambiar el estado de las cosas, estas agrupaciones de ciudadanos han transformado su nombre y sus características en una larga lista en la que figuran organizaciones de colonos, frentes ciudadanos, grupos de guerrilla, militantes de izquierda, organizaciones no gubernamentales, grupos defensores de los derechos humanos, ecologistas y demás.

La historia de resistencia, que sin duda ha influido en los procesos organizativos en la entidad, también ha pasado a ser parte de una historia compartida de lucha. En la revisión de los procesos de disputa reseñados por historiadores de la entidad, encontramos nombres recurrentes de personajes o grupos que lo mismo estaban en la lucha de los bosques²¹ con las organizaciones campesinas, que con los grupos guerrilleros en los años setenta; o bien otros que impulsaron tanto la toma de tierras en la Costa Chica y la toma de las alcaldías en 1989 exigiendo el respeto al voto, que la conformación de un frente común por la defensa del territorio en el 2007. Ello demuestra que la práctica política se construye y se ejerce en todos los ámbitos de nuestra vida, aunque resulta más visible en los espacios de participación ciudadana.

Otro elemento importante del trabajo realizado por quienes participan de los procesos de lucha es que se convierten en un referente regional y se integran a la riqueza histórica del territorio continuamente reseñada y recreada por los pobladores. Los campesinos de la Costa Grande refieren con orgullo las hazañas de Lucio Cabañas y su guerrilla, los de Tierra Caliente la bravura de los Salgado, y los indígenas de Guerrero no podrán olvidar que en 1992 fueron ellos, en el Alto Balsas, quienes pararon la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo.

Además, en luchas recurrentes como la defensa a los recursos naturales y los bosques, existe una amplia historia en la que el trabajo de estos grupos ha tenido una presencia cada vez más significativa, sobre todo en el contexto de la modernidad en el que la preservación de la naturaleza tiene mayor significado. Por ello, la lucha de los campesinos ecologistas de la sierra, la de los indígenas del Balsas o la de los opositores a La Parota son punto de atención para organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL DESARROLLO DE GUERRERO

El análisis del desarrollo de las organizaciones sociales contemporáneas de Guerrero, sus antecedentes históricos y la forma en que se articulan en nuevos movimientos sociales da cuenta de procesos de avance y retroceso en la estabilidad dinámica y en el desarrollo político, pero también permite ubicar la forma en que los ciudadanos de distintos sectores asumen una participación política más activa y cómo muchos de ellos regresan a la lucha en la arena pública formando parte de su experiencia de resistencia, lo que sin duda se asocia a un proceso de avance político en esta región.

Y es que, como advierte Boisier,²² el desarrollo regional comprende el bienestar regional, social e individual, de tal suerte que el progreso de una región conlleva a la transformación sistemática de un territorio regional en un sujeto colectivo; al progreso en una comunidad —entendido éste como un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y el logro de una percepción de pertenencia regional—; y a un progreso individual capaz de remover las barreras que impiden a una persona determinada y miembro de una comunidad alcanzar su realización como ser humano. Ello se vincula con la discusión de Wences,²³ quien aseguraba que las acciones de lucha en favor de los derechos humanos eran una parte fundamental de la "conciencia democrática", a la que consideraba factor subjetivo del desarrollo y elemento fundamental de cambio social.

Así pues, existen elementos para fortalecer el amplio debate de algunos teóricos del desarrollo sobre la posibilidad de construir una cultura política democrática que no necesariamente tenga como precedente el desarrollo económico, ya que existen evidencias de que el desarrollo político se sustenta en la práctica ciudadana y en la capacidad de los sujetos de organizarse y participar en la toma de decisiones trascendentes de su vida en sociedad. En ese sentido, como propone Wences,²⁴ la cultura de la resistencia puede desempeñar un papel fundamental.

El desarrollo político, como eje central de un desarrollo realmente justo, debe estar relacionado con el fortalecimiento de una cultura política que nos acerque a la posibilidad de tener una mayor participación en la toma de decisiones, no sólo en los asuntos del Estado, sino en todos los ámbitos en los que el ser humano desarrolla alguna actividad. Consideramos que la participación ciudadana no puede circunscribirse sólo a un ámbito de la acción política de la comunidad, y ésta es la causa por la cual la intervención activa de los sujetos se está llevando a cabo más allá de los partidos y las organizaciones políticas. Sin duda, ello refuerza la propuesta de los estudiosos de la cultura política que han incursionado en la aplicación de nuevas metodologías –como es el caso de este trabajo– en las que el reto es examinarla más allá de lo electoral y lo partidista.

De hecho, en Guerrero, al margen de la disputa electoral de los cívicos en la década de los años sesenta y de los perredistas a finales de los noventa, la organización para una propuesta de cambio por mucho tiempo se orientó a enfrentar los esquemas autoritarios en la "lucha contra el uno" que propone Touraine²⁵ y retoma Wences,²⁶ trátese del partido único, el gobernante único, el cacique regional único, etc. Esto se liga a la lucha por la vigencia de los derechos humanos, íntimamente relacionada con la cultura política de la participación ciudadana que busca la transformación social hacia nuevos esquemas de convivencia más igualitarios.

Debemos señalar que las luchas político–electorales –especialmente las de 1988 y 1989— permitieron el acercamiento y contacto de diferentes grupos sociales a lo largo de todo el estado y los llevaron a un proceso de reflexión sobre los caminos que había que tomar para lograr un cambio. De ahí que varios autores ubiquen en este periodo el despertar cívico de esta región de México y aseguren que en él se sentaron las bases para terminar con los gobiernos priístas en la entidad en 2005.

La historia de Guerrero muestra que el desarrollo político hacia cauces de mayor participación social no ha sido evolutivo ni en ascenso permanente, como ocurrió en la guerra sucia de la década de los años setenta, cuando la represión y el acoso a los disidentes representaron un estancamiento en los intentos de "hacer algo para la transformación social". Sin embargo, aunque de manera lenta y menos visible, los procesos de organización social continúan, lo que sin duda se relaciona con la existencia de una cultura de la resistencia en la región que no ha vacilado en hacer el intento una y otra vez.

También observamos cómo, luego de estos periodos de represión, los procesos de organización resurgen por varios elementos: ya sea porque los factores que dieron origen a las protestas no son atendidos (como en el caso de la guerrerilla y el programa asistencial implementado por el gobierno, que no mermó ni las condiciones de pobreza ni los cacicazgos de la región; o los apoyos a los campesinos de la OCSS luego de la matanza de Aguas Blancas); o porque el autoritarismo gubernamental genera más agravios y descontento, lo que tarde o temprano se convierte en detonante de nuevas luchas. Una muestra de ello son las organizaciones que han surgido en la Costa Grande de Guerrero para reclamar justicia, exigir el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la guerra sucia y los mecanismos puestos en marcha contra ellos, o dar seguimiento al trabajo realizado por la Fiscalía Especial a fin de que los responsables no queden sin castigo.

 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMO NUEVOS ACTORES POLÍTICOS

En la vida política del Guerrero contemporáneo hemos encontrado que son algunas organizaciones de la sociedad civil las que han asumido un papel más contestatario y reflexivo en torno a las acciones del gobierno o del Estado mismo. Son ellas las que, desde sus respectivos frentes de lucha por el respeto a los derechos humanos o el cuidado al medio ambiente, están discutiendo la necesidad de analizar y reflexionar el cauce del modelo neoliberal y la forma en que el Estado mexicano está priorizando los intereses de otros grupos en lugar de atender y responder a los de la mayoría que dice proteger y representar.

Son esas organizaciones las que mantienen la discusión sobre la política de seguridad pública, la militarización, las prioridades de atención a los grupos indígenas y las deplorables condiciones en que emigran los guerrerenses en busca de trabajo, además de atender y dar continuidad a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el seguimiento de los acuerdos internacionales para garantizar una plena vigencia de éstos, sobre todo en materia de educación, vivienda y alimentación. Son ellas las que, a partir de una historia compartida de lucha en diferentes momentos de la historia de la entidad, han sido capaces de trabajar como grupos de reflexión y cuestionamiento, aunque gobernadores como René Juárez (1999–2005) o Zeferino Torreblanca (2005–2011) las hayan acusado de fundamentalistas, reprochando su vinculación con otras organizaciones nacionales e internacionales y argumentando, de acuerdo al más viejo regionalismo, que "los problemas de los guerrerenses deben ser atendidos por guerrerenses".

Tales acusaciones olvidan que la esencia de los derechos humanos reside en su universalidad, de ahí su importancia como parte de una identidad colectiva en la que el bienestar de todos es un compromiso que hay que salvaguardar y promover. Es por ello, sin duda, que las acciones de estos grupos ciudadanos comienzan a cobrar cada vez más fuerza en el debate público. Ello no sólo incide en la aparición de nuevos actores que enfrentan a la autoridad para que cumpla con su obligación, sino que logra transformar la lógica del discurso político al convertir la petición o la solicitud en exigencia. De este modo, "mi bienestar" se transforma en la atención de las necesidades de muchos, y la participación en los asuntos públicos retoma el espíritu de compromiso colectivo.

La intervención de estos nuevos protagonistas de la vida política –antes ocupada por los partidos y sindicatos– es fundamental pues representa no sólo un espacio de reclamo y denuncia ante un desarrollo injusto, sino una propuesta clara de cómo la sociedad organizada demanda una mayor participación en la agenda pública con la activación de procesos de articulación llenos de particularidades (como el movimiento 500 Años de Resistencia Indígena o el Frente de Lucha en la Defensa del Territorio) que confluyen en el reclamo de sus derechos humanos. Es tal la importancia y el reconocimiento de estos grupos que diferentes organismos internacionales les han dado voz como interlocutores válidos, como es el caso de los relatores de derechos humanos y los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Así, las organizaciones de la sociedad civil, que en su mayoría son integradas por ciudadanos sin fines lucrativos (ni económicos, ni electorales), están emergiendo como elementos importantes de la vida política contemporánea. Ellas han trabajado desde la resistencia enfrentando, denunciando y buscando el castigo a los abusos, pero además, a lo largo de este trabajo han podido consolidar grupos importantes de acción social cuyos resultados son sin duda un aporte importante al desarrollo político del estado. Ahí están el acuerdo para la conformación de la Agenda Indígena, la estructura bajo la cual opera la Policía Comunitaria, el trabajo en la defensa de los recursos naturales y —hasta 2008— la casi inminente cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota.

Un rasgo latente en estos grupos organizados es la determinación de actuar, lo que los ha llevado a crear frentes de acción de mayor envergadura a partir de la vinculación con otros ciudadanos. Con sus acciones, la relación entre estas organizaciones de ciudadanos y quienes detentan el poder (gobierno, caciques, uniformados) se ha tornado difícil e incluso peligrosa para quienes encabezan los procesos de participación política (como lo muestran las listas de muertos por motivos políticos que ha documentado el prd, la lista de asesinados de la Organización de Campesinos de la Sierra del Sur, el encarcelamiento de los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán y las órdenes de aprehensión contra los miembros de la cecop), por lo que han resultado de gran utilidad las relaciones de comunicación y solidaridad facilitadas por los nuevos esquemas informativos.

Sin duda, uno de los mayores logros para las organizaciones ciudadanas es la propuesta de participar en el Comité Coordinador de los Espacios de Análisis y Participación de los Derechos Humanos en Guerrero con miras a elaborar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la entidad, así como su intervención en propuestas legislativas para disminuir la incidencia en abusos policiacos (por ejemplo, en el caso de la ley contra desapariciones forzadas).

 

CONCLUSIONES

El proceso participativo que tiene lugar en Guerrero se relaciona con una historia contemporánea de amplia participación social en la entidad, como lo demuestran el fuerte movimiento organizativo de los coperos que se vio afectado por la matanza de productores el 19 de marzo de 1961 –como reseña Bartra–,²⁷ o la lucha campesina emprendida en la sierra para enfrentar al capitalismo depredador de los bosques de los años cincuenta que describe Bustamante,²⁸ lucha que sin duda abonó al movimiento cívico de la década de los años sesenta que Estrada²⁹ analiza como el primer movimiento de lucha democrática a escala estatal con una base social amplia, capaz de incorporar a importantes sectores medios urbanos que, por primera vez, participaron en el movimiento de masas.

Con estos referentes, y luego de la aguda represión de la guerra sucia, la lucha social se activó de nueva cuenta en Guerrero, sobre todo en las dos últimas décadas del siglo XX a raíz de la fuerte efervescencia electoral y la lucha de los ciudadanos para defender su voto y enfrentar la represión política en el "Guerrero violento" que documenta Maribel Gutiérrez.³⁰

La participación social organizada tuvo como contexto una crisis económica nacional en la que el Estado mexicano tomó un ritmo neoliberal que fue debilitando y disminuyendo los recursos destinados a las políticas sociales. Frente a esto, grupos de ciudadanos asumieron un papel más contestatario para reclamar a las autoridades el cauce del servicio público, como ocurrió luego de la liberación del responsable de la violación y muerte de la niña Merle Yuridia (hecho que gestó un importante movimiento ciudadano contra la violencia y corrupción)³¹ o tras el intento de vender una parte importante del principal parque público de Acapulco. Ambos casos pusieron en evidencia actos de corrupción y solapamiento por parte de autoridades.

En 1989, la caída del comunismo soviético aceleró los procesos de transformación. Hubo necesidad de replantear la transformación social asumida por los grupos de izquierda y defendida por los grupos guerrilleros de la década de los setenta. Ahora, ante el nuevo panorama, la lucha política parecía ser la solución más prudente, así que aceptaron impulsar el cambio con procesos electorales y con participación abierta en las movilizaciones sociales que reclamaban justicia, democracia e igualdad. De este modo, la lucha organizada pudo ir más allá de lo electoral, como señala Hilda Navarrete,³² quien desde su organización La Voz de los Sin Voz asumió la defensa de los afectados de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1998).

Al finalizar el siglo XX, la preocupación por la conservación ecológica y la lucha por los derechos humanos y la justicia fueron los principales ejes de discusión y acción de algunos sectores sociales, los cuales trabajaron atendiendo los reclamos de justicia para los afectados por la guerra sucia y dando seguimiento a las acciones para esclarecer el caso de Aguas Blancas o los abusos de elementos del ejército en algunas zonas del estado. Ello propició el fortalecimiento de importantes movimientos ciudadanos (de indígenas, campesinos, ecologistas y defensores de los derechos humanos) que comenzaron a integrarse en nuevos frentes de lucha, fenómeno que, como ya se mencionó, De Sousa³³ denomina "cosmopolismo". Algunos de los principales éxitos de estos movimientos son la denuncia ante organismos internacionales de los casos de violaciones, la batalla legal que mantiene suspendido el proyecto de La Parota y la determinación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que organismos sociales participen en el "Diagnóstico sobre los derechos humanos en Guerrero".

Contrario a lo que pudiera suponerse, la globalización, en su papel difusor de las nuevas tecnologías, ha contribuido también a la toma de conciencia y a una mayor participación de los sectores sociales, los cuales han transformado su estructura y operación hacia la integración de redes que trabajan por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el cuidado a la ecología y los derechos humanos. Gracias al buen uso que de ellos han sabido hacer algunos sectores, el Internet y las modernas tecnologías de la información han favorecido el crecimiento y los alcances de los procesos ocurridos en Guerrero a partir del año 2000.

Hasta hace algunos años, las manifestaciones de resistencia en Guerrero se daban de manera dispersa y eran percibidas en su mayoría como problemas locales. Las agresiones se sufrían localmente y los movimientos enfrentaban sus problemas de manera aislada, sin enriquecerse con las experiencias de otros lugares ni contar con información sobre otras personas afectadas por problemas similares. Ese estado de aislamiento impedía hacer un frente común contra la violación a los derechos humanos y la destrucción del ambiente, pero casos como la oposición a la construcción de la presa hidroeléctica La Parota son muestra de cómo se está transformando la nueva lucha de resistencia.

En el escenario de las nuevas luchas campesinas a las que hace referencia Javier Delgadillo,³⁴ los opositores de La Parota reclaman la defensa de su territorio y se niegan a "participar de la lógica mercantilista de quienes hablan de generar un polo de desarrollo para los guerrerenses, aunque lo que en realidad buscan es beneficiar a las grandes empresas trasnacionales". Esta postura ha sido, indudablemente, un punto de convergencia con organizaciones ecologistas y de derechos humanos que se han unido a la lucha y han demostrado a los campesinos que no están solos. Éstos, por su parte, han transformado sus estrategias para hacerlas más amplias, hasta llegar a la integración de redes internacionales de denuncia que constituyen acciones políticas colectivas de mayor envergadura.

Estamos, sin duda, ante el comienzo de lo que habrán de ser nuevas formas de organización y actuación social, las cuales resultan una posibilidad alentadora para que entidades como Guerrero puedan enfrentar sus rezagos sociales en mejores condiciones.

 

NOTAS

¹ El hecho ocurrió cuando las personas que acudían cada mañana a caminar y hacer ejercicio en el conocido Parque Papagayo advirtieron que el acceso a una zona del predio se había cerrado. Poco después se enteraron de que esto tenía su origen en la determinación del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu de entregar una parte del céntrico parque al empresario Moisés Assaduet para el establecimiento de un espacio comercial. Numerosas protestas ciudadanas surgieron y dieron forma a los Guerreros Verdes, una de las primeras organizaciones ecologistas de la entidad, que finalmente logró impedir la transacción (Dulce María Quintero Romero, "José Francisco Ruiz Massieu y el periodismo en Guerrero", México, Gobierno del Estado de Guerrero, 2002, pp. 41–46).

² Dulce María Quintero Romero y Rosalío Wences, "Los movimientos sociales en Guerrero en la defensa de sus derechos humanos", en Rosalío Wences et al. (coords.), Problemática territorial y ambiental en el desarrollo regional, México, AMECIDER, UAGRO, ININEE, 2005, pp. 377–396.        [ Links ]

³ Enrique Leff, Saber ambiental, México, Siglo XXI, PNUMA, 2000, pp. 118–139.        [ Links ]

⁴ Gustavo Esteva, "Sentido y alcances de la lucha por la autonomía", en L. Sanan Mattiace, Rosalba Aída Hernández y Jan Rus (eds.), Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas, México y Copenhague, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) e International Works Group for Indigenous Affairs, 2002, pp. 365–401.        [ Links ]

⁵ Como el argumento del proyecto hidroeléctrico eran las tierras desaprovechadas e improductivas (igual que sucedería más tarde en el caso de la presa La Parota), el gobierno les exigió una propuesta de proyectos de desarrollo, misma que llevaron a cabo con el apoyo de organizaciones sociales de acuerdo con lo reseñado por Eustaquio Celestino Solís, "Dos enfoques en el desarrollo del Alto Balsa", en Tomás Bustamante Álvarez y Sergio Sarmiento Silva (coords.), El Sur en movimiento. La reinvención de Guerrero del siglo XXI, México, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, uagro e Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri", 2001, pp. 418–427.        [ Links ]

⁶ Creada el 15 de octubre de 1995 durante una asamblea en Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, a iniciativa de los 41 pueblos que integran el Consejo de Autoridades Indígenas y con la participación de organizaciones sociales para atender sus necesidades de impartición de justicia. En su origen se concibe como una organización autónoma e independiente del sistema judicial, y así se protocolizó ante un notario (Ileana Morales Almaguer, "La policía comunitaria de la región Costa Montaña. Un proyecto de autonomía indígena", en Beatriz Canaval y José Joaquín Flores (coords.), Montañeros: actores sociales en la montaña del estado de Guerrero, México, El Atajo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2004, pp. 259–282).        [ Links ]

⁷ Dulce María Quintero Romero y Rosalío Wences Reza, "El papel de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la construcción de una cultura democrática en Guerrero", en Rosalío Wences et al. (coords.), Dimensiones sociales y ambientales del desarrollo regional, México, AMECIDER, UAGRO, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 2005, pp. 182–204.        [ Links ]

⁸ Las denuncias contra elementos del ejército han propiciado un clima de hostigamiento para algunos defensores indígenas que dan seguimiento a su caso, por lo que la coddehum emitió la recomendación 14/2006 para que se otorgaran las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Otilia Eugenio e Inés Fernández (lideresa indígena que da seguimiento al caso y una de las mujeres violadas). En octubre de 2007, ambas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mostrar en audiencia que a más de seis años el caso sigue en total impunidad debido a una serie de irregularidades en la integración de las averiguaciones previas, ante lo cual se reconoció que el Fuero Militar es incompetente para conocer del caso del abuso sexual de las indígenas (Dulce María Quintero Romero, Informe presentado en la Sesión Especial del Vigía Ciudadano del Ombusman, ciudad de México, 15 de mayo de 2008).        [ Links ]

⁹ Esteban Martínez Sifuentes, La Policía Comunitaria, un sistema de Seguridad Pública Comunitaria Indígena en el estado de Guerrero, México, Instituto Nacional Indigenista, 2001, pp. 27–51.        [ Links ]

¹⁰ Tomás Bustamante Álvarez, La tragedia de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las políticas forestales, México, Fontamara, 2003, pp. 17–52.        [ Links ]

¹¹ Eduardo Galeano, "América Latina en la era de la globalización, resistencia de siempre y nuevos movimientos sociales", Revista Electrónica Intercambios, año 2, núm. 20, "Los movimientos sociales y la globalización", 2000. Disponible en http://www.rimisp.cl/boletines/bol20/        [ Links ]

¹² En su lucha, los campesinos ecologistas de la OCESP decidieron enfrentar a una de las empresas madereras más grandes del mundo, Boise Cascade, con sede en Idaho, Estado Unidos, país en el que sus actividades se vieron limitadas —al igual que en Canadá— por no obedecer las leyes ambientales. A su llegada al país en 1995, la empresa contó con el apoyo del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien le facilitó un acuerdo mediante el cual se le otorgaba la concesión y derechos exclusivos de compra y explotación en los ejidos de la Costa Grande, donde comenzó la tala más agresiva que recuerdan los campesinos. A partir de ese momento, los troncos de pino y abeto llegaban las 24 horas del día a la planta de Papanoa en un lucrativo negocio en el que, además de la empresa, resultaron beneficiados caciques y funcionarios. Las presiones de los ecologistas provocaron la salida de la Boise Cascade en 1998 y las represalias contra los caciques beneficiados por ésta (Jimena Camacho, Lumbre en el monte. La historia de Rodolfo Montiel y la lucha de los campesinos ecologistas en Guerrero, México, Itaca, La Jornada Ediciones, 2004, pp. 35–39).        [ Links ]

¹³ Javier Delgadillo Macías, Enfoque territorial para el desarrollo rural en México, México, El Colegio de Tlaxcala, CRIM–UNAM y UCDR–Universidad Autónoma de Guerrero, 2006, pp. 19–23.        [ Links ]

¹⁴ Respaldados por una red de comunicación y apoyo con otras organizaciones, los comuneros de La Parota han participado en la integración de frentes importantes de lucha para enfrentar las acciones del gobierno y de los promotores de la presa. En el propio territorio en disputa, la comunidad de Aguas Calientes, anexa a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, se integró en octubre de 2004 al Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), el cual no tiene precedentes en el país pues aglutina a más de 70 organizaciones. Por medio del Mapder, el CECOP ha obtenido información actualizada sobre el cauce que toma la protesta contra los proyectos hidrológicos a escala mundial para sistematizar una forma de operación efectiva que fortalezca su movimiento.

¹⁵ El párroco, quien trabajó afanosamente para que se diera castigo a los responsables de la matanza de Aguas Blancas, fue hallado muerto en una carretera próxima al puerto de Acapulco el 13 de mayo del 2000.

¹⁶ Un desglose de la aplicación de esta propuesta impulsada por la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos A.C. y el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" es detallada por el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en el artículo de Hipólito Lugo Cortés, "La desaparición forzada de personas en el contexto actual", en Dulce María Quintero Romero y María de Lourdes Beltrán Lara (coords.), Educación y derechos humanos en el desarrollo, CODDEHUM, ESIME Culhuacán–IPN y UAG, México, 2008, pp. 111–132.        [ Links ]

¹⁷ Santos Boaventura de Sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Colombia, 1998.        [ Links ]

¹⁸ Susan George, Otro mundo es posible si..., Barcelona, Icaria, Interpón Oxfam, 2003, pp. 39–60.        [ Links ]

¹⁹ Dulce María Quintero Romero, De la cultura de la resistencia a una de la participación cívica, política y democrática en Guerrero, tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Guerrero, 2008, pp. 420–430.        [ Links ]

²⁰ Robert Putman, "La comunidad próspera. El capital social y la vida pública", en Zona Abierta, núms. 94/95, 2001, pp. 89–104.        [ Links ]

²¹ Tomás Bustamante Álvarez, La tragedia de los bosques de Guerrero..., op. cit., pp. 127–174.

²² Sergio Boisier, "Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente", Revista Eure, año 1, vol. 30, núm. 90, Santiago de Chile, septiembre, 2004, pp. 27–40.        [ Links ]

²³ Rosalío Wences Reza, "Al rescate del factor subjetivo en el desarrollo", ponencia presentada en el VI Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México, celebrado en el Instituto Tecnológico de Acapulco, los días 24 y 26 de octubre de 2001.        [ Links ]

²⁴ Rosalío Wences Reza, "Universidad y derechos humanos", en UNESCO, Educación superior en derechos humanos en América Latina y el Caribe, UNESCO, ser, UNAM, Universidad Iberoamericana, 2003, pp. 207–225.        [ Links ]

²⁵ Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, Buenos Aires, FCE, 1997, pp. 27–60.        [ Links ]

²⁶  Rosalío Wences Reza y Dulce María Quintero, "Pobreza y democracia: ¿una contradicción? El caso del estado de Guerrero", ponencia presentada en la 18^th Pacific Regional Science Conference, celebrada en Acapulco los días 1–4 de julio de 2003.        [ Links ]

²⁷ Armando Bartra, Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande, México, Era, 2000, pp. 75–89.        [ Links ]

²⁸ Tomás Bustamante Álvarez, La tragedia de los bosques de Guerrero..., op. cit., pp. 127–174.

²⁹ Alba Teresa Estrada Castañón, Movimiento anticaballerista: Guerrero 1960. Crónica de un conflicto, México, Universidad Autónoma de Guerrero, 2001, pp. 101–109.        [ Links ]

³⁰ Maribel Gutiérrez, Violencia en Guerrero, Ediciones La Jornada, México, 2000.        [ Links ]

³¹ Para los acapulqueños fue impactante saber del abuso sexual y asesinato cometido por el integrante de una de las familias más prominentes del puerto, pero fue más escandaloso aún saber que el responsable quedó en libertad cuando, en 1988, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernesto Díaz Infante Aranda, en su calidad de visitador o encargado de la Inspectoría del Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Chilpancingo, Guerrero, presionó al magistrado Gilberto Arredondo Vera para que resolviera de manera favorable el juicio de amparo promovido por Alejandro Braun Díaz, quien obtuvo su libertad mediante el pago de quinientos mil dólares al magistrado Díaz Infante por medio de su abogado, Enrique Fuentes León (Dulce María Quintero Romero, José Francisco Ruiz Massieu y el periodismo en Guerrero, México, Gobierno del Estado de Guerrero, 2002, pp. 29–35).        [ Links ]

³² Para la luchadora social, el reencuentro en los plantones durante la toma de los ayuntamientos en pugna fue determinante: "por las noches compartíamos experiencias y agravios. Nos dimos cuenta de que muchos estábamos en lo electoral como un medio de cambio y comenzó la organización de los campesinos, de los afectados por la 'guerra sucia'. Cuando los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática llegaron a un acuerdo político para liberar los inmuebles, nosotros entendimos que después de tanta lucha no podíamos regresar a las comunidades con las manos vacías, con una sindicatura o regidurías para el partido. Por ello regresamos a seguir trabajando para cambiar las cosas" (Dulce María Quintero Romero, De la cultura de la resistencia a una cultura de la participación cívica..., pp. 204–218).        [ Links ]

³³ Boaventura de Sousa Santos, entrevista realizada por el equipo periodístico Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, publicada por U.N. Periódico, marzo de 2003. Disponible en http://www.comminit.com/en/node/67092

³⁴ Javier Delgadillo Macías, Enfoque territorial para el desarrollo rural en México, México, El Colegio de Tlaxcala, CRIM–UNAM y UCDR–Universidad Autónoma de Guerrero, 2006, pp. 19–23.        [ Links ]